La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Ya se cumplió un mes de la trágica muerte de Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá. Sus fans no dejan ir tan fácil la memoria del ‘Aventurero’ y sus canciones siguen siendo entonadas en todo el país en honor a su memoria artística y todo el legado que dejó en la música.Durante mucho tiempo, el oriundo de Manzanares habló de su deseo de participar con más artistas y por qué no explorar nuevos géneros, entre esos el género urbano y poder trabajar de la mano de algunos de sus exponentes, como lo hizo en su momento con DFZM cuando lanzó “Tierno” y fue un rotundo éxito. Sin embargo, lo que no sabían sus fans es que alcanzó a cumplirse ese gusto y lo hizo al lado de Maluma, quien fue el que se unió a la ola de la popular y regional colombiana.Así suena “Con El Corazón”, la canción de Yeison Jiménez y MalumaSi bien la canción saldrá de manera oficial el 12 de febrero, a través de su cuenta de Instagram, Maluma mostró un delante de esta “sorpresita”, como dice el propio Yeison en el video, confirmando la salida de esta canción y de esta canción que apunta a volverse en un éxito.Una popular romántica, al mejor estilo del ‘Aventurero’, será la protagonista de esta canción que en pocas horas emocionó a los fans de ambos seguidores que esperan con ansias su salida. Recordando que no es la primera vez que Maluma incursiona en el regional, pues lo hizo en su momento al lado del mexicano Carín León.“Que belleza que hayan dejado este tema”; “Que chimba que salga de una vez”; “No ha salido y ya es un himno”; “Ya la veo en los primeros lugares”; “Ambos se admiraban extremadamente y este año estaban preparado todo para darnos esta gran sorpresa”, fueron algunos comentarios que se generaron tras el anuncio.
Los recursos para atender la crisis por lluvias en el país dependen de la decisión que adopte la Corte Constitucional frente al decreto de emergencia económica, según afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El funcionario indicó que el Gobierno nacional fijó plazo hasta el miércoles 11 de febrero para que se reactive la medida, con el fin de garantizar financiación para las acciones de atención.Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó los alcances del nuevo decreto que prepara el Ejecutivo. Señaló que, tras la suspensión provisional de las medidas adoptadas en la anterior emergencia económica, estas no pueden repetirse en un nuevo acto administrativo.Ante ese escenario, el Gobierno plantea enfocar la nueva emergencia en la obtención de recursos a través de una medida tributaria. La propuesta consiste en la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con un esquema progresivo que excluye a las pequeñas y medianas empresas.De acuerdo con el ministro de Hacienda, el gravamen se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos. Para ese rango, la tarifa sería del 0,6 %, mientras que los patrimonios que superen las 600.000 UVT tendrían una tarifa del 1,2 %.El Gobierno sostiene que esta medida busca asegurar recursos para la atención de la emergencia, mientras se define la situación jurídica del decreto ante la Corte Constitucional.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias requerirá hasta 8 billones de pesos. Para financiar esa intervención, el Gobierno evalúa la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con carácter progresivo, una medida que, según explicó, busca obtener recursos sin afectar a las pequeñas y medianas empresas.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Luego de que se conociera la decisión por parte del Ministerio de Educación en la que anunció la formulación de cargos a la Fundación San José, a la rectora Romelia Ñuste Castro y al exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la inspección y vigilancia permanente dentro de la institución, la reacción por parte de las congresistas que denunciaron este hecho no se hizo esperar.Para la representante Jennifer Pedraza, la decisión por parte de la cartera es insuficiente, pues aseguró que, desde marzo del 2025, el Ministerio de Educación ya venía vigilando constantemente la institución y aun así se presentó esta irregularidad de compra de títulos.“Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero”, señaló la congresista.Asimismo, le pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, que organice una mesa de trabajo con estudiantes y egresados de la institución para hablar sobre las alternativas que tienen frente a la desvalorización de sus títulos universitarios.“Le diría al ministro Rojas que formalmente le hemos pedido que establezca una mesa de trabajo para que le ofrezcan alternativas a los actuales estudiantes de la San José y a los egresados que están viéndose afectados por un Ministerio de Educación negligente y que hoy sus títulos universitarios tienen muy poco valor en el mercado laboral”, agregó.Por su parte, la representante Catherine Juvinao señaló que la respuesta más sensata y que ella esperaba tomara el ministerio sería una intervención a la institución educativa.“Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, como lo hemos denunciado, ameritaba mínimo una intervención”, señaló Juvinao.Además, aseguró que es “cantinflesco” que les pidan a las mismas directivas de la institución que haga planes de mejoramiento, luego de permitir la compra dentro de la institución.“Vamos a ver qué sale de los supuestos planes de mejoramiento que le van a pedir a esta institución. Pero a mí me parece casi que cantinflesco que les pidan a las mismas directivas corruptas que han cometido todos estos actos de conocimiento público que ahora se vuelvan buenas, que dejen de ser corruptas y que dejen de cometer tantas barbaridades”, concluyó.Es importante destacar que, pese a la decisión tomada por el ministerio sobre la inspección y la formulación de cargos, la cartera señaló que dichas medidas no implican el cierre de la institución, por lo que podrá continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas.
Durante el consejo de ministros adelantado en Montería, dedicado a la emergencia de inundaciones en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro denunció que antes de la reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubo un plan para frustrar dicho encuentro.Según el mandatario, fue un general retirado de la Policía, quien, según dijo, "alguien le dio la orden" de ponerle "sustancias psicoactivas" en uno de los vehículos oficiales donde se desplaza, con el objetivo de "destruir" la crucial reunión en Washington. Aseguró, además, que más involucrados fueron retirados.El presidente también aclaró que fueron motivos de seguridad similares los que le impidieron llegar el lunes a tiempo a atender las emergencias en el Caribe. Denunció que hubo un supuesto plan para atentar contra su integridad y que el retraso fue por temor a "un ataque contra el helicóptero" en el que viajaba con sus hijos."Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten", dijo Petro desde la capital de Córdoba durante el consejo de ministros que inició en la noche del lunes y se retomó este martes.Según Petro, por eso anoche no pudo llegar a Montería, donde era esperado, ya que después de dos horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual el aparato tuvo que volar mar adentro.El mandatario no dio detalles de su recorrido, que al parecer comenzó en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde, según dijo en su cuenta de X, estuvo ayer antes de viajar a Montería, en la Costa Atlántica. Hasta ahora ninguna autoridad de los organismos de seguridad ha informado del descubrimiento de un supuesto plan para atentar contra el presidente.A lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, el presidente colombiano ha denunciado varias veces supuestos planes de atentado en su contra.En septiembre de 2024, por ejemplo, señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de terminar ese año en un atentado con un camión cargado con dinamita.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Continúan llegando familias desplazadas desde el Catatumbo hacia la ciudad de Ocaña. La Personería de ese municipio advierte que más de 20 menores de edad están entre los afectados.Son más de 150 personas, agrupadas en 40 núcleos familiares, las que han arribado a Ocaña debido a los combates entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, así como a las operaciones de las Fuerzas Militares en el territorio.Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, dijo que en la Defensoría del Pueblo y en la Personería Municipal están recibiendo declaraciones de 40 familias que han llegado desplazadas desde el Catatumbo. La situación de violencia, las amenazas contra la población civil y las operaciones militares han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado"."Estas personas me indican que vienen del 77, de Filogringo y del corregimiento de Langalia, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones del Ejército, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse", añadió."Hemos visto latente y muy fuerte el desplazamiento masivo, no solo hacia la región de Cúcuta, que está recibiendo población como ciudad capital, sino también hacia municipios aledaños", señaló Diana Vargas, representante de la organización social Tejedores de Paz.Autoridades en el departamento confirmaron que a municipios como Tibú y a la ciudad de Cúcuta también comienzan a llegar familias que huyen del conflicto armado.
La Policía de Santander logró la captura de un hombre de 30 años señalado como pieza clave en un masivo cargamento de estupefacientes que sacudió el suroccidente del país. El operativo, desarrollado en el sector conocido como La Playa, sobre la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, puso fin a la fuga de un individuo vinculado directamente con el transporte de 5.592 kilogramos de marihuana, una cifra récord que evidenció en su momento la magnitud de la estructura logística a la que presuntamente servía.La detención se produjo en el corregimiento de Tienda Nueva, municipio de Betulia, durante un despliegue de control territorial adelantado por la Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional. Al verificar los antecedentes del ciudadano en el sistema, los uniformados detectaron una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Palmira, Valle del Cauca. El sujeto era buscado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, derivado de una investigación que lo sitúa como el responsable de movilizar la imponente carga de más de cinco toneladas del alucinógeno.Los hechos que originaron este requerimiento judicial se remontan al 22 de agosto de 2024. En aquella fecha, las autoridades interceptaron un tractocamión en la vía que comunica a Villa Rica, Cauca, con Palmira, Valle del Cauca. Tras una inspección minuciosa, se descubrió que el vehículo de carga pesada escondía, bajo una modalidad de camuflaje sofisticada, los 5.5 toneladas de marihuana que tenían como destino los centros de distribución regional. El expediente judicial detalla que el hoy capturado habría sido el encargado de custodiar y garantizar el tránsito de este cargamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, destacó que este resultado es fruto de un trabajo conjunto con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación. Según el alto oficial, tras ser presentado ante la autoridad competente, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra el sindicado, considerando la gravedad de los hechos y el volumen de la sustancia incautada.
El comercio exterior se convirtió en uno de los principales motores económicos de Santander en 2025. El departamento logró el mayor nivel de exportaciones no minero energéticas de los últimos cuatro años. Con respecto al año 2024 el crecimiento fue del 40,4 %, impulsado principalmente por el sector agroalimentario y productos tradicionales como el café y el cacao.Según el Balance Exportador presentado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las ventas externas no minero energéticas alcanzaron los 464,9 millones de dólares, una cifra que no se registraba desde 2021 y que marca un nuevo récord para la economía regional.Con este resultado, Santander se ubicó en el puesto 11 entre los departamentos que más exportan en Colombia, mejorando su posición en el ranking nacional y consolidando su presencia en los mercados internacionales.Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos santandereanos, concentrando el 41 % de las exportaciones. Sin embargo, el informe también destaca el crecimiento hacia Asia y África, regiones que registraron los mayores aumentos porcentuales en 2025, con envíos a países como China, Malasia y Egipto.El sector de agroalimentos lideró la canasta exportadora con ventas externas por más de 373 millones de dólares. El café encabezó la lista de productos exportados, seguido por el cacao y sus preparaciones, animales vivos, carne y despojos comestibles, y frutos comestibles."Parte del crecimiento responde a la estrategia implementada con productores y agentes exportadores. Crecimos en las exportaciones y eso gracias a los empresarios que están llevando nuestros productos al mundo", señaló Maria Alejandra Sampayo, vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.En total, 225 empresas realizaron operaciones de exportación desde Santander, en su mayoría micro y pequeñas compañías, muchas de ellas con menos de diez años de creación. Las mercancías santandereanas llegaron a 93 países, utilizando 14 puertos del país.
La emergencia climática que golpea a diversos municipios del departamento ha dejado un centenar de familias afectadas. Por esta razón, la Asociación de Acción Social para Apoyar a Santander (ASPAS), en un esfuerzo conjunto con la Gobernación de Santander, ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para mitigar el impacto sufrido por la pérdida de enseres y medios de subsistencia.La primera dama del departamento, Victoria Eugenia Casallas Lozano, lidera este llamado a la unidad regional, destacando que la magnitud de la situación requiere de una acción conjunta entre las instituciones y la sociedad civil. “Estamos tocando nuevamente los corazones de nuestros santandereanos; infortunadamente hemos tenido que activar esta campaña para poder ayudar a todos aquellos damnificados en este periodo de lluvias”, manifestó Casallas Lozano, enfatizando que cada aporte, por pequeño que parezca, representa un mensaje de esperanza y un alivio tangible para quienes lo han perdido todo.Para facilitar la recepción de las ayudas, la administración departamental ha dispuesto de dos puntos estratégicos de acopio que operarán en jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El primero de ellos se encuentra ubicado en la entrada principal del Palacio Amarillo (Gobernación de Santander) en el centro de Bucaramanga, mientras que el segundo punto está habilitado en la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, en el municipio de Floridablanca, metros arriba de Papi Quiero Piña.Las autoridades han sido enfáticas en las necesidades prioritarias para atender la emergencia. Se solicita a la ciudadanía priorizar la donación de alimentos no perecederos, agua potable, útiles de aseo personal y elementos de limpieza.Asimismo, dada la pérdida de mobiliario doméstico en las zonas inundadas, se requieren con urgencia colchonetas, cobijas, frazadas y ropa usada en buen estado. La campaña también contempla el bienestar animal, por lo que se ha incluido la recepción de alimento para mascotas.El municipio más afectado por el invierno es Lebrija, especialmente en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de alto riesgo luego de una creciente súbita del afluente que lleva el mismo nombre del municipio.La emergencia también se extiende a Sabana de Torres, Rionegro y Florián, donde se reportan inundaciones, deslizamientos de tierra, vías cerradas y centenares de familias damnificadas. En el corregimiento Provincia, en Sabana de Torres, el desbordamiento del río afectó a 80 familias y dejó al menos 167 personas damnificadas. Según el Ideam, las lluvias en Santander seguirán durante este mes.
Un joven fue capturado en flagrancia en Bucaramanga cuando recibía dinero producto de una extorsión a su exnovia, a quien amenazaba con divulgar fotografías y otra información de carácter íntimo si no accedía a sus exigencias económicas.El procedimiento fue adelantado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en desarrollo de las acciones contra la extorsión. De acuerdo con el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el capturado fue sorprendido en el momento exacto en que recibía $600.000 en efectivo y una manilla de oro avaluada en cerca de $2 millones.Según las investigaciones, “el presunto extorsionista mantuvo una relación sentimental previa con la víctima y utilizaba esa cercanía para intimidarla mediante mensajes enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. En los mensajes le exigía pagos que oscilaban entre uno y dos millones de pesos, a cambio de no divulgar contenido íntimo”, explicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Durante el operativo, las autoridades incautaron el dinero exigido, la manilla de oro y dos teléfonos celulares que, al parecer, eran utilizados para la materialización del delito.El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de extorsión. La Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos a través de la línea 165 del GAULA o la línea de emergencia 123.
En una acción orientada a restablecer el principio de autoridad y garantizar la seguridad de propios y visitantes, la Alcaldía de Bucaramanga, bajo la dirección de la Secretaría del Interior, ejecutó en las últimas horas el sellamiento de tres establecimientos de alojamiento en el sector céntrico.Esta intervención se enmarca en un plan de choque contra la informalidad y el incumplimiento de las normas mínimas de funcionamiento, factores que han venido afectando la percepción de orden en el corazón de la capital santandereana.El secretario del Interior, Luis Alfonso Pinto, fue el encargado de confirmar la medida, explicando que estos cierres no son producto del azar ni de una persecución al gremio, sino el resultado de un proceso de seguimiento donde los propietarios ignoraron reiteradas advertencias. “Estamos del lado de los comerciantes y de los empresarios, pero necesitamos que cumplan con la normatividad para poder ejercer control sobre las actividades y servicios que se le brindan a la comunidad”, señaló el funcionario, subrayando que la formalidad es el único camino para una reactivación económica segura.Las falencias detectadas por el equipo de control urbano son alarmantes. Entre las causas más comunes para el sellamiento se encuentran la falta de permisos vigentes del Cuerpo de Bomberos, la ausencia de certificados de uso de suelo y otros requisitos administrativos de carácter obligatorio.No obstante, el componente más crítico fue el sanitario; la Secretaría de Salud debió proceder con cierres parciales de las áreas de hospedaje al evidenciar condiciones higiénicas deplorables que vulneran la dignidad y la salud de los usuarios. Según los informes técnicos, estos hoteles no cumplían con los estándares básicos para la convivencia humana.La jornada no estuvo libre de incidentes. Durante la diligencia en uno de los establecimientos, se registró un altercado con una ciudadana extranjera que terminó en un caso de irrespeto a la autoridad, lo que obligó a la intervención de la Policía Metropolitana para restablecer el orden.Finalmente, la administración municipal advirtió que estos operativos se intensificarán en puntos estratégicos del centro, haciendo un llamado enérgico a los hoteleros para que regularicen su situación documental y sanitaria, evitando así sanciones que no solo afectan su patrimonio, sino la imagen turística de la 'Ciudad Bonita'.
Un operativo de inteligencia adelantado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga permitió la aprehensión de un menor de 17 años, señalado de ser uno de los principales responsables de una ola de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga.Las autoridades lograron ubicar al adolescente en una finca ubicada en zona rural de Lebrija, en inmediaciones del aeropuerto Palonegro, donde presuntamente se ocultaba para evadir a las autoridades.Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego, la cual quedó a disposición de los investigadores para su respectivo análisis.Según las indagaciones preliminares, el joven estaría involucrado en más de 15 homicidios cometidos en Bucaramanga, Girón y otros sectores del área metropolitana, así como en varios atentados sicariales que dejaron personas heridas.Dentro de los hechos que se le atribuye, la muerte de una menor de 16 años en el barrio San Miguel de Bucaramanga. La víctima era su exnovia.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el agresor, conocido con el alias de ‘Julito’, era expareja sentimental de la víctima y de su hermana, y estaría vinculado a estructuras criminales dedicadas al sicariato en el área metropolitana.“Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al criminal lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando de manera articulada para capturar a los bandidos”, aseguró el oficial en su momento.Las autoridades igualmente lo relacionan con otros episodios violentos registrados en municipios y sectores como Girón, El Páramo, Caracolí, Canelos, Panorama —conocido como La Jaula— y San Miguel, además de ataques armados que no dejaron víctimas fatales.El menor fue puesto a disposición de un juez de responsabilidad penal para adolescentes, autoridad que deberá definir su internamiento en un centro especializado, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer en su totalidad estos hechos que mantienen en alerta a la región.
Una difícil situación económica llevó a más de 200 avicultores campesinos del municipio de Villanueva, en el sur de Santander, a realizar bloqueos intermitentes en las principales vías de acceso a la población, en protesta por el bajo precio al que se está pagando el huevo y las pérdidas que, aseguran, hoy tienen al borde de la quiebra a pequeños productores de la región.De acuerdo con los manifestantes, el cartón de huevos está siendo comprado por intermediarios y grandes empresas avícolas hasta en 6.000 pesos, un valor que no alcanza a cubrir los costos de producción. Los campesinos explican que solo el precio del alimento concentrado, sumado a insumos como vacunas, medicamentos, energía y mantenimiento de las granjas, supera ampliamente ese monto, lo que los obliga a producir a pérdida.José Antonio Bermúdez, avicultor de la zona, señaló que la crisis se ha profundizado en los últimos meses y que muchos pequeños productores ya están a punto de perder sus viviendas por las deudas con el Banco Agrario dado que no tienen como pagar las cuotas: “Estamos trabajando para perder. Mientras a nosotros nos pagan el huevo a un precio irrisorio, los costos siguen subiendo y no hay ningún tipo de apoyo”, aseguró.Durante la jornada de protesta, los campesinos optaron por regalar huevos a conductores y habitantes del municipio como una acción simbólica para visibilizar la problemática y demostrar que el producto no tiene hoy un valor justo en el mercado. Las manifestaciones se desarrollaron con cierres intermitentes, permitiendo el paso vehicular por lapsos de tiempo para evitar una afectación total a la movilidad.Los avicultores denunciaron además una competencia desigual frente a las grandes industrias del sector, que, según afirman, acaparan la comercialización y fijan precios que afectan directamente a los pequeños productores rurales. Por esta razón, hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades del sector agropecuario para que se adopten medidas que regulen los precios y protejan la producción campesina.Finalmente, los manifestantes advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, podrían intensificar las protestas en los próximos días. Aseguran que lo que está en juego no solo es la producción avícola, sino la estabilidad económica de decenas de familias campesinas que dependen exclusivamente de esta actividad en Villanueva y otros municipios de Santander.
En un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fueron capturadas seis personas vinculadas con el hurto de infraestructura del sistema Metrolínea, logrando recuperar varillas, andamios y otros elementos sustraídos.Según las autoridades, los operativos se realizaron en distintos puntos estratégicos de Bucaramanga y su área metropolitana, incluyendo autopistas, lotes y parques de obras de Metrolínea. Durante las acciones, se logró detener a los responsables en flagrancia y recuperar la totalidad de los materiales, que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.El hecho pone en evidencia las condiciones precarias de las instalaciones del sistema Metrolínea, según reportes recientes, solo unas 10 de las 34 estaciones del Metrolínea siguen funcionando, mientras que el resto se encuentra en abandono, con vidrios rotos, robos de componentes y sin vigilancia. Uno de los casos se registró en la autopista Floridablanca–Piedecuesta, donde uniformados interceptaron a tres personas que se movilizaban en una motocicleta y que presuntamente estaban sustrayendo 30 varillas de acero y dos tubos de andamio de un lote vinculado a obras del sistema. El material fue recuperado y los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía.En un segundo procedimiento, durante patrullajes de control, fue detenida una persona que conducía una camioneta tipo platón en la que se transportaban 16 andamios tubulares y 40 varillas de acero. De acuerdo con el reporte, el conductor no presentó documentación que acreditara la procedencia legal del material, por lo que fue capturado en flagrancia.Un tercer operativo permitió la captura de dos personas que se desplazaban en motocicleta y que habrían sustraído 17 varillas de hierro de un parqueadero relacionado con obras de Metrolínea. En este caso también se logró la recuperación de los elementos.Usuarios han señalado que la falta de infraestructura operativa ha afectado la movilidad diaria y genera preocupación por la seguridad en las estaciones. Pese a la llegada de nuevos buses, la recuperación integral del sistema requiere inversiones importantes para rehabilitar las estaciones y garantizar su funcionamiento.Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier intento de hurto o vandalismo, recordando que la participación ciudadana es clave para la seguridad de los proyectos de movilidad del área metropolitana.
La advertencia fue emitida por Asocapitales, que alertó sobre la alta circulación de armas ilegales en las ciudades capitales y su impacto directo en la seguridad urbana. En el caso de Bucaramanga, el informe revela cifras preocupantes que ubican a la ciudad entre las capitales con mayor incidencia de delitos cometidos con armas de fuego.Sobre esta situación, Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano de Seguridad de Santander, explicó que el fenómeno está directamente relacionado con la presencia de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, tanto nacionales como transnacionales, que se han asentado en Bucaramanga y su área metropolitana. Según el analista, "es más fácil comprar armas que pán en Bucaramanga, el tema no es nuevo, incluso es faciol hasta comprar una granada porque hay un mercado negro muy activo alimentando las redes delincuenciales de la ciudad".Sumado a que dichas estructuras disputan el control territorial, lo que ha derivado en un incremento de robos, sicariatos y actividades de microtráfico.Acelas señaló que la llegada y consolidación de estos grupos no es reciente y ha venido transformando las dinámicas de seguridad en la ciudad. “El acceso a armas ilegales facilita la violencia y eleva la letalidad de los delitos, especialmente en contextos de disputa por territorios y rentas criminales, que desde hace años viene cada vez en ascenso”, indicó, al tiempo que advirtió que esta realidad exige respuestas integrales que vayan más allá de los operativos policiales.El experto insistió en que, para enfrentar esta problemática, se requieren estrategias estructurales que incluyan control efectivo del tráfico de armas, fortalecimiento de la inteligencia, articulación institucional y acciones sociales que eviten que jóvenes sigan siendo reclutados por estas organizaciones criminales.
Comunidades ribereñas del río Lebrija denunciaron una grave mortandad de peces registrada en las últimas horas, situación que ha generado alarma ambiental y preocupación entre pescadores artesanales que dependen de este afluente para su sustento.De acuerdo con los testimonios de habitantes de la zona como Juan García, el fenómeno estaría relacionado con la apertura de compuertas y "el lavado de la represa de Bocas, infraestructura ubicada en el corregimiento del mismo nombre, en jurisdicción del municipio de Girón, Santander. Este embalse, también conocido como el embalse de la central hidroeléctrica Palmas de la ESSA, opera sobre el río Lebrija bajo un sistema de generación a filo de agua.Según la comunidad, durante estos procedimientos se liberarían aguas con alta carga de sedimentos, lodos y materia orgánica, lo que reduciría los niveles de oxígeno en el río y provocaría la muerte masiva de peces a lo largo del cauce. A esta situación se sumarían, presuntamente, vertimientos de aguas residuales provenientes del área metropolitana de Bucaramanga, Girón y Lebrija, que desembocan en afluentes que alimentan el río Lebrija.Pescadores aseguran que el impacto ha sido severo, no solo en términos ambientales, sino también económicos, ya que muchas familias viven exclusivamente de la pesca y hoy ven afectada su principal fuente de ingresos. “El agua cambia de color y el pescado aparece muerto; así no se puede trabajar”, relataron habitantes de la zona.Ante esta situación, se espera un pronunciamiento de las autoridades ambientales competentes, así como la realización de inspecciones técnicas y toma de muestras que permitan establecer con claridad las causas de la mortandad y determinar responsabilidades. Las comunidades piden acciones urgentes para proteger el ecosistema y evitar que estos hechos se repitan.La problemática vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un control más estricto sobre el manejo de las represas y los vertimientos de aguas residuales, así como un seguimiento permanente al estado ambiental de uno de los ríos más importantes de Santander.