No solo ocurre en Bogotá. En el Valle de Aburrá se ejecutó el escape perfecto dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y de donde hace dos días se fugó Darío Arcadio Zapata, alias 'El Zorro', que llevaba preso más de seis años y que, de un momento a otro, desapareció del centro penitenciario sin dejar rastro y con una gigantesca deuda: debe más de 20 años de prisión.La polémica situación ocurrió cuando, según la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, el 8 de diciembre la cárcel estaba en plena fiesta decembrina cuando alias 'El Zorro' habría aprovechado el descuido de las autoridades para fugarse y no como ocurre en las películas con enfrentamientos armados o escondido dentro carros, sucedió de una manera insólita.Las versiones indican que Zapata fue hasta el salón en donde los abogados se ven con sus defendidos y, como si no fuera un peligroso delincuente ni tuviera una condena por cumplir, salió sin levantar mayor sospecha y sin realizar esfuerzos cinematográficos para volver a la libertad. Solamente habría usado una escalera para pasar sobre un muro.Claudia Carrasquilla expresó su preocupación por lo sucedido y por la poca reacción de las autoridades y, además, dejó en evidencia que no es un recluso más de la cárcel La Paz, sino que se trata de un peligroso delincuente con graves antecedentes en el departamento de Antioquia.Le puede interesar: A la cárcel encargada de cobrar rentas criminales en Itagüí: recibía hasta $ 8 millones al día"Conocido con el alias de 'El Zorro' o 'El Flaco', un cabecilla, también de las disidencias de las Farc, que opera en Antioquia, y fue capturado en Valdivia, nada menos que por concierto para delinquir, secuestro extorsivo y desplazamiento forzado", indicó la corporada.Carrasquilla aprovechó la ocasión para criticar que, supuestamente, en la cárcel de Itagüí no haya un sistema de seguridad permanente, según la concejal de Medellín, por órdenes de algunos cabecillas de estructuras delincuenciales que estarían detrás de las polémicas fiestas que fueron el trampolín perfecto para que alias 'El Zorro' se fugara de prisión.De momento, ni la Alcaldía de Itagüí ni la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ni el Inpec se han pronunciado sobre la huida de Zapata que se encuentra prófugo de la justicia y que desde ya es buscado por todo el departamento de Antioquia debido a sus preocupantes antecedentes para la seguridad de la comunidad civil.Por último, hay preocupación en el sector encargado de la seguridad en la cárceles del país, pues ya son al menos 12 fugas que se registran en lo corrido de 2025 en todos los establecimientos del país, pero también varios los casos que dejan en entredicho la labor de control de los guardas en la cárceles.
Once días después del asesinato de una docente en plena vía pública a manos de su expareja, un nuevo feminicidio sacudió la ciudad. Una joven de 22 años fue asesinada al interior de su vivienda en el barrio Fredonia, al suroriente de la capital de Bolívar.De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el pasado sábado 6 de diciembre, su pareja sentimental, un hombre de 40 años, llegó hasta la vivienda , al parecer, en medio de una discusión le causó nueve heridas con un arma cortopunzante .La joven víctima fue trasladada hasta un centro asistencial cercano, sin embargo llegó sin signos vitales. Por su parte, el agresor, quien de acuerdo a la Policía, se entregó tras cometer el repudiable hecho, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías.Le puede interesar: Seis municipios en rojo por feminicidios: Santander registra 13 casos en lo que va del añoLa Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el agresor. Según datos de la Oficina de Asuntos para la Mujer de la Alcaldía de Cartagena, este es el cuarto feminicidio que se registra en el ciudad en lo corrido del 2025.
Hombre que habría abusado y embarazado a su nieta de 14 años fue detenido en Caucasia. La investigación fue liderada por unidades especializadas de la Policía y logró esclarecer la recurrencia de los hechos durante varios meses. En Medio de las festividades de la qpoca de fin de año la Policía Nacional capturó a un hombre de 55 años en Caucasia investigado por el presunto abuso sexual de su nieta, una menor de 14 años que resultó embarazada, al parecer, como producto de las continuas agresionesDespués de recibir las denuncias pertinentes sobre el caso, la policía comenzó el operativo que se ejecutó mediante orden judicial, en el marco de los planes de seguridad de fin de año enfocados en la protección de niños y adolescentes en Antioquia, después de la detención el hombre enfrenta graves cargos por delitos sexuales.La investigación, liderada por unidades especializadas de la Policía, logró esclarecer que estos lamentables hechos se presentaron de manera continua durante varios meses. Los reportes señalan que el capturado habría agredido sexualmente a la menor de forma reiterada, así lo explicó el Coronel Oscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.Le puede interesar: Profesor es judicializado por presunto abuso sexual contra varios de sus estudiantes“Una persona, valiéndose de su vínculo familiar, el abuelo, abusa de una menor. Esta información sostiene ya de manera oportuna y se logra establecer las coordinaciones necesarias con la Fiscalía General de la Nación para expedir la orden de captura”, aseveró.El caso tomó especial gravedad tras la confirmación del embarazo de la adolescente. Las autoridades también investigan si el victimario ejerció presiones y coacción sobre la menor para que guardara silencio.Desde la Policía Nacional hacen un llamado a la comunidad para prestar atención especial a las acusaciones de los menores cuando manifiestan ser abusados, recuerdan que en la mayoría de los casos son los familiares y personas cercanas quienes abusan de los menores de edad e invitan a seguir denunciando estos casos de abuso.
En medio del complejo panorama financiero que afronta la Universidad de Antioquia, preparan la propuesta de un refrendo distrital para que la ciudadanía se pronuncie frente a la transferencia de recursos de EPM a la alma mater. El mecanismo de participación ciudadana requeriría inicialmente de un comité promotor y unas 360.000 firmas válidas.La dificultades de la Universidad de Antioquia para su cierre de caja en 2025, pero además las recientes polémicas al interior de sus Consejo Superior, han llevado a que diversos sectores sociales y políticos de Medellín trabajen en propuestas para lograr solventar el hueco financiero histórico en la institución que ronda los 400.000 millones de pesos.Una de las más recientes alternativas fue planteada por parte del concejal José Luis Marín, quien reveló que avanzan en el estudio y construcción de un referendo distrital para que sea la ciudadanía quien en las urnas se pronuncie frente a la posibilidad que transferencias que año a año realiza EPM a la capital antioqueña vayan directamente a la institución.Le puede interesar: EPM se suma a gremios que rechazan proyecto del Gobierno para regular precio de energíaEl corporado por el Pacto Histórico explicó que se trata de una partida no mayor al 2% y que si se tomara en cuenta el monto transferido por la empresa de servicios públicos en 2025 que fue unos 2.6 billones de pesos, la Universidad de Antioquia estaría recibiendo unos 52.000 millones.“No estamos buscando unos aportes mayores que vayan a generar, digamos, alguna problemática financiera para EPM ni para el Distrito, sino que esos aportes que llegan a la ciudad, pues vayan directamente a la universidad”, aseguró el concejal Marín.Para llevar a cabo el mecanismo inicialmente se requiere la firma de unas 360.000 personas, y luego, a las urnas debe asistir al menos el 25% del censo electoral de la capital antioqueña, alrededor de 450.000 personas, de las cuales la mitad más uno debería votar afirmativa a la pregunta planteada.“Sí, nosotros esperamos finales de este año, inicios del año entrante, presentarle a la ciudad la propuesta con la pregunta construida. Como le digo, estamos siendo muy rigurosos y muy quisquillosos a nivel jurídico porque la pregunta que saquemos debe luego pasar por revisión de constitucionalidad”, aseveró.Los promotores iniciales del referendo esperan que sea un proceso plural y masivo en defensa y rescate de la educación pública, pero que, además, se complemente con la pronta reforma a la ley 30 en el Congreso que actualizaría la manera en la que se destinan recursos a las universidades públicas del país.
El caso de Samuel Guerrero, el bebé de 15 meses hallado sin vida en las playas de Buritaca, Santa Marta, continúa generando conmoción en el país.A la reciente condena de 36 años de prisión contra su madre, Jenny Zúñiga, se suma ahora el testimonio del padre, Edwin Guerrero, quien habló en Más Allá del Silencio Podcast y reveló nuevos detalles que calificó como un acto de “venganza y egoísmo”.Según Guerrero, el crimen ocurrió después de que solicitara al ICBF y a la comisaría de familia la regulación de las visitas, debido a que Zúñiga —según afirma— no le permitía ver al niño. También señaló que la mujer lo denunció por violencia intrafamiliar, hecho que él asegura nunca ocurrió.Estos son los chats en los que el padre reclamaba a su expareja“Por favor, regúlenme las visitas; la mamá no me lo deja ver”, fue la petición que, según él, desencadenó la decisión de Zúñiga de viajar desde Bogotá hacia la costa con el menor.Días antes del viaje, la mujer le había enviado una fotografía del niño con la cabeza completamente afeitada. Tras varios días sin comunicación y sin conocer el paradero del menor, la confirmación llegó de la peor manera.Guerrero asegura que, al ver la foto difundida por los medios sobre el hallazgo de un bebé muerto en la playa, supo de inmediato que se trataba de su hijo. “Me derrumbé completamente. Lo único que dije fue: ‘Esa bruja lo mató’”, relató.Según su testimonio, Zúñiga presuntamente habría entrado al mar con el niño y lo habría sumergido hasta causarle la muerte. El cuerpo apareció desnudo y boca abajo en la arena. “Al niño no lo botó el mar. Al niño lo dejaron ahí. El mar no hace eso”, afirmó.Dijo que, tras salir del mar, la mujer fue recogida por un mototaxista y llevada a la casa de unos familiares. Cuando le preguntaron si tenía hijos, respondió: “Gracias a Dios, no tengo ninguno”.Edwin también aseguró que, una vez en la terminal de Bogotá, la mujer cambió el número de cédula. “Jenny se fue y lo único que dejó fue una toalla que decía ‘mamá perdón’”, recordó. Añadió que, aunque fue capturada en junio, el proceso se estancó y quedó en libertad por vencimiento de términos.Un video al que tuvo acceso Más Allá del Silencio muestra el momento en el que la mujer desciende de un taxi y camina hacia la playa con el menor. Actualmente, Jenny Zúñiga se encuentra prófuga de la justicia.“Mi hijo cumpliría 5 años. Esta es una historia como de terror porque saber que Samuel no está y que este año cumpliría cinco duele mucho, pero duele más la forma en que murió. Llevo esa herida en el corazón, porque no pude verlo ni en el entierro ni en el velorio. La fiscal me dijo que no estaba en condiciones de verlo, entonces lo único que pude darle fue un abrazo al ataúd”, concluyó Guerrero.
A esta hora integrantes del Colegio Bolivia IED de Bogotá, junto a padres de familia, llevan a cabo una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación, sobre la calle 26.La comunidad educativa y los padres de familia están sumamente preocupada por cuenta de un nuevo memorando de la Secretaría de Educación, que, cierra la posibilidad de matrícula para estudiantes nuevos a partir del próximo año-2026.El Colegio Bolivia IED de Bogotá que tiene 48 años al servicio de los niños, se ha convertido en una alternativa educativa para aquellos menores que tienen discapacidad intelectual. En ese sentido, el colegio atiende a estudiantes con condiciones asociadas, multi-uso, provenientes de procesos de aula regular con antecedentes de inclusión fallidos, instituciones de protección, fundaciones o situaciones de desescolarización.Para poder entregar una educación apta para los niños con estas condiciones, el equipo está compuesto por un grupo interdisciplinario conformado por directivos docentes, docentes de aula, educadores especiales, docentes de área, además de un equipo de apoyo compuesto por Trabajo Social, Psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y orientación.Los padres de los menores que asisten a la institución están preocupados por cuenta de este cierre de matrículas anunciado el pasado mes de octubre; temen que sus hijos deban volver a las aulas regulares, en donde muchos no se han podido adaptar por el ritmo educativo y entorno social.Actualmente, la ciudad cuenta con 12 colegios que ofrecen aulas de apoyo, que educan a niños con las discapacidades anteriormente mencionadas, sin embargo, el Colegio Bolivia es el único que cuenta con e 100 % de los estudiantes con estas condiciones especiales.A esta preocupación se suma el traslado discrecional del rector de la institución, John Pablo Ardila; desde las afueras de la Secretaría de Educación en Bogotá, piden que escuchen a la comunidad y no haya más persecución ni represalias contra integrantes de la comunidad educativa.La concejal Heidy Sánchez, alertó también en el Concejo sobre traslado, que ha calificado como arbitrario: “Grave lo que ocurre en el Colegio Bolivia IED: el traslado arbitrario de su rector, defensor de la educación inclusiva, es una represalia inaceptable y parte de un patrón de intimidación de la Secretaría de Educación contra quienes protegen a sus comunidades. A esto se suma que la Secretaría ni siquiera realizó la tradicional fiesta de cierre para las y los docentes, evidenciando su falta de reconocimiento a una labor esencial. Exigimos respeto, garantías y diálogo real”.La ADE-Asociación Distrital de trabajadores y trabajadoras de la Educación, también rechazó a través de sus redes sociales por medio de un comunicado, el traslado del rector: “Este acto arbitrario no solo desconoce su compromiso con los estudiantes y la protección del modelo pedagógico del colegio, sino que pone en riesgo la estabilidad institucional y el proyecto educativo que hemos construido con esfuerzo y dedicación”.Colegio Bolivia IEDLa institución es reconocida por su trayectoria en la educación de estudiantes con discapacidad intelectual. Además ha recibido distinciones como el Galardón a la Excelencia (2004-2005), la Orden Civil al mérito "Ciudad de Bogotá", además de un reconocimiento del Concejo de Bogotá en 2024 por sus 47 años de servicio.Actualmente, el Colegio Bolivia atiende a 440 estudiantes desde el grado primero hasta el grado once, en las jornadas mañana y tarde. Cuenta con un currículo adaptado, que flexibiliza tiempos, espacios y planes de estudio para favorecer el acceso y permanencia educativa.
El Gobierno a través de su jefe negociador, Álvaro Jiménez, avanza en un proceso de conversaciones catalogado como sociojurídico con el Clan del Golfo, el cual ha generado amplias dudas debido a la naturaleza del grupo. Jiménez aclaró que este no es un proceso de orden político, ya que el grupo es caracterizado por la Fuerza Pública como un “grupo armado organizado a secas”, al cual la Corte Constitucional permite aplicar ciertos criterios de justicia transicional. Este enfoque no es una novedad histórica, pues ya en las décadas de los 90 se adelantaron procesos de sometimiento con grupos narcotraficantes (como el liderado por Pablo Escobar), y el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia tampoco fue determinado como una negociación política.El proceso actual no se inició con el gobierno en turno, sino que tiene antecedentes desde 2016, cuando la administración del presidente Santos, con la participación de la Fiscalía General de la Nación (en su momento a cargo de Néstor Humberto Martínez), adelantó conversaciones buscando el sometimiento a la justicia, aunque sin amplio conocimiento público. El proceso actual se rige por la Ley 2272.AvancesTras dos años de conversaciones, el proceso ha comenzado a producir resultados tangibles. El objetivo central del diálogo es la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la subsecuente construcción de paz en los territorios.En septiembre, se establecieron acuerdos de compromisos que designaron cinco municipios para desarrollar acciones piloto enfocadas en la construcción de paz. Estas acciones buscaban principalmente impedir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y asegurar el compromiso para el desarrollo de la aplicación de sus derechos constitucionales. El 5 de diciembre se suscribieron nuevos desarrollos a estos acuerdos iniciales.Las zonas de transiciónLos desarrollos más recientes del 5 de diciembre incluyen la implementación de acciones piloto de paz en 15 municipios. Estas acciones no implican la ausencia de la fuerza pública, sino todo lo contrario: se espera que se fortalezca la presencia institucional del Estado en dichas áreas. Entre las actividades a desarrollar se encuentra la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante pedagogía con las comunidades, y la verificación, con participación internacional, del no reclutamiento ni utilización de menores en actividades armadas o dinámicas de violencia. También se busca desarrollar actividades que promuevan la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario y la acción contra minas antipersonal.El aspecto más comentado de este acuerdo es la inclusión de tres zonas de ubicación temporal, o "zonas de acción para la transición," en Chocó y Córdoba, con inicio previsto para el 1 de marzo. El negociador Jiménez enfatizó que esto no constituye un "despeje" de municipios, sino espacios dentro del área geográfica municipal donde integrantes del grupo se ubicarán para comenzar su proceso de transición a una condición distinta a la de su existencia como grupo armado.Escuche aquí la entrevista:
Autoridades lograron la incautación de importante material de guerra al Clan del Golfo en el municipio de Támesis, Antioquia. Dentro del operativo las autoridades lograron decomisar un amplio arsenal que contenía, entre otros, fusiles, pistolas y munición.Durante el desarrollo de la estrategia Actuando por Antioquia, la Policía Nacional y el Ejército Nacional en un trabajo articulado lograron dar un duro golpe al Clan del Golfo tras ubicar e incautar un amplio arsenal en zona rural del municipio de Támesis, en el departamento antioqueño. Las operaciones, que se llevaron a cabo en áreas estratégicas del suroeste de antioquia, se enfocaron en desarticular estructuras criminales que pretendían fortalecer su accionar delictivo en la región.En medio del operativo se detectaron varias caletas en diferentes veredas como El Tambor y La Alacena y el sector El Cacique, lo que permitió incautar dos fusiles calibre 5.56 mm, dos fusiles AK calibre 7.62 mm, 1.027 cartuchos con municiones de diferentes calibres, 13 proveedores, además de una pistola Prietto Beretta y un revólver calibre 38. Este golpe permite reducir la posibilidad de ejecutar atentados contra la comunidad y la fuerza pública, así lo explicó el coronel de la Policía Nacional, Mauricio Rico.“La Policía Nacional en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía Seccional desarrolló operaciones logrando la ubicación de un importante arsenal. Esta incautación representa una afectación directa a la capacidad criminal de esta estructura del Clan del Golfo”, dijo.Las autoridades indicaron que las operaciones se mantendrán de manera sostenida en el suroeste antioqueño, con el fin de fortalecer la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los habitantes de este sector. La estrategia integral busca proteger el territorio bajo los principios de seguridad, dignidad y democracia.
Hay una nueva polémica que tiene como epicentro la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, esta vez, por cuenta de la radicación de una queja por presunto acoso laboral que elevó la magistrada Cristina Lombana contra el presidente de la Sala, César Reyes.Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron los encargados de radicar esta queja ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se trata de Carlos Roberto Solórzano y Marjorie Zúñiga Romero.Esto, luego de que el pasado viernes 5 de diciembre el presidente de la Sala de Instrucción, César Reyes, no asistiera a la audiencia de conciliación con la magistrada Cristina Lombana que estaba agendada para las 11:00 a.m.“En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Comité agotó la etapa de diálogo y gestión conciliatoria prevista en la normativa vigente, se configura el fracaso de la conciliación, razón por la cual se procede a la correspondiente remisión del asunto a la autoridad competente”, se lee en el documento radicado.Altas fuentes consultadas por Blu Radio confirman que los choques entre los magistrados Lombana y Reyes no son nuevos, y que por esa razón la togada decidió interponer una queja ante la Corte Suprema de Justicia.“En consecuencia, se remite el expediente correspondiente para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, se sirva adelantar las actuaciones a que haya lugar”, aseveró el documento.
Este viernes en la Registraduría Especial de Barranquilla, el partido Cambio Radical realizó la inscripción de candidatos al senado de la república. El acto estuvo precedido por el líder de esta casa política Fuad Char, quién llegó acompañado de su hijo Arturo.El exsenador respondió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamarlo a juicio por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción agravada de su fragante. Afirmó que se siente tranquilo pues “jamás ha comprado votos” y que lleva ocho años en el proceso, con la tranquilidad de que podrá demostrar su inocencia.“Yo jamás he comprado un voto, gracias a Dios nunca he necesitado de ese tipo de de comportamiento, la verdad casi siempre hago mi campaña, siempre la hice aquí en el departamento del Atlántico porque nunca necesité ir fuera de El Atlántico, que es donde la gente me quiere y la gente me conoce”, enfatizó.Aunque a lo largo del proceso judicial que se le sigue en su contra se le ha señalado de haber realizado un acuerdo con la excongresista Aida Merlano para comprar votos en el Atlántico en la carrera para llegar al congreso de la República, Arturo Char negó que tuviera algún vínculo con la hoy condenada por el escándalo conocido como Casa Blanca: “Es una señora con la que nunca tuve relación de ningún tipo. La conocía porque era congresista, pero nunca tuve relación con ella”, puntualizó.Si bien se hablaba de una alta posibilidad de que Arturo Char decidiera lanzarse de nuevo al Senado, este viernes la expectativa culminó luego de que confirmara que no inscribió su candidatura.
Capturan a mujer que tenía en su poder 46 animales en mal estado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Uno de los caninos debió ser hospitalizado por su estado de gravedad, mientras que los demás fueron llevados al Centro de Bienestar animal la Perla, de la AlcaldíaMaltrato animal no son solo los golpes, es lo que demuestran varios casos recientes registrados en Antioquia, que han generado una investigación por parte de las autoridades. Uno de los ejemplos se registró en las últimas horas, cuando la Policía Nacional, el grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, adelantaron una intervención en el corregimiento de San Antonio de Prado.Al llegar los uniformados encontraron un grave panorama: había olor a amoniaco, el lugar no tenía ventilación, las cucarachas, material fecal y orina rondaban por el piso, además de que las cobijas estaban mojadas y estaban hacinados 30 caninos y 16 felinos en malas condiciones, algunos de ellos con dificultades de movilidad, signos de desnutrición, deterioro en su pelaje y parásitos.Durante la diligencia de allanamiento fue capturada una mujer de 64 años, señalada por el delito de maltrato animal. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: "Estos animales se encontraban en condiciones físicas y sanitarias bastante preocupantes, varios de ellos postrados, con afectaciones en su tren posterior, pelaje deteriorado, baja condición corporal e inadecuadas condiciones de higiene. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.", señaló el oficial.Los animales que allí residían presentaban comportamientos nerviosos y sumisos propios de un entorno de maltrato animal, además de que hallaron medicamentos vencidos, recipientes en mal estado y guacales deteriorados, por lo que estos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron valoración médica, registro, desparasitación, vacunación y toda la atención, mientras que uno de los caninos debió ser hospitalizado por su estado de gravedad.La secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, Marcela Ruiz, destacó que la acumulación irregular es un fenómeno relevante dentro de la construcción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal: "La protección y el bienestar de nuestros animales es una prioridad. La acumulación es también una de las problemáticas que estamos enfrentando. Estamos construyendo la política de protección y bienestar animal con la que también buscamos visibilizar estas problemáticas que se presentan y la mejor manera para que podamos concurrir todas las entidades", indicó la funcionaria.Medellín suma cerca de 3.900 rescates y más de 500 atenciones por denuncias de maltrato animal en 2025.
Tres integrantes del Resguardo Indígena de Totoró, pueblo Totoroez, fueron secuestrados en las últimas horas por grupos armados que delinquen en el departamento del Cauca. Se trata de Milton Jiménez, Cristina Quiguanás y su hijo Jordy Jiménez, quienes fueron interceptados por hombres encapuchados cuando se movilizaban por la vía hacia la zona de Alta Mira.Según información preliminar, los delincuentes los habrían trasladado hacia áreas limítrofes con Guambía, Mosoco o Jambaló, sectores ubicados en el nororiente del departamento del Cauca. Este caso fue denunciado por el líder indígena y representante a la Cámara por el Cauca, Ermes Pete, perteneciente al Resguardo Indígena de Totoró, pueblo Totoroez, en el municipio de Silvia, quien rechazó lo ocurrido.En la zona donde fueron secuestrados los tres indígenas se enfrentan abiertamente las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que las autoridades investigan si alguno de estos dos grupos estaría detrás de la retención de las tres personas.Ante este hecho, comunidades indígenas, habitantes de Silvia y colectivos sociales solicitan a las autoridades competentes activar los mecanismos de búsqueda y protección, mientras continúan en diálogo con líderes y autoridades del territorio para ejercer presión civil que permita su pronta liberación.Cabe recordar, a propóstio de los más recientes sucesos violentos en el departamento, que comunidades del Cauca se unirán el próximo domingo, 7 de diciembre, en un gran llamado nacional por la paz y la vida, frente al aumento de asesinatos, desplazamientos y amenazas contra líderes sociales, indígenas y afrodescendientes, uno de ellos, perpetrado recién el pasado jueves, cuando tres civiles y un uniformado de la Policía Nacional fueron las víctimas de un atentado con explosivos lanzado desde un dron en Morales, norte del departamento.
Frente al aumento de asesinatos, desplazamientos y amenazas contra líderes sociales, indígenas y afrodescendientes, las comunidades del Cauca, junto con la Arquidiócesis de Popayán y diversas organizaciones sociales, convocaron una jornada simbólica denominada “Día Blanco por la Paz del Cauca”, que busca hacer visible la difícil situación humanitaria que enfrenta la región.El evento central, llamado “SOS humano y luminoso”, se desarrollará de manera simultánea en cerca de 20 municipios del departamento. A las 10:00 de la mañana, habitantes de zonas urbanas y rurales formarán con sus cuerpos la frase “SOS Cauca”, como un llamado colectivo de auxilio y esperanza. Al caer la noche, se encenderán luces y velas blancas en hogares, calles y espacios públicos, simbolizando la unión y el deseo de detener la guerra que afecta al suroccidente colombiano.La iniciativa, de carácter ciudadano y pacífico, reúne a cabildos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes, parroquias, organizaciones sociales, juntas de acción comunal y colectivos culturales, que buscan enviar un mensaje de unidad más allá de diferencias políticas o ideológicas. “El Cauca se cansó de la muerte. Este SOS es por la vida, por la paz y por la dignidad de todos”, señalaron los convocantes.La movilización pretende llamar la atención del Estado y de los actores armados para que cesen los ataques contra la población civil y se garantice la presencia integral del Estado en los territorios. Según la Arquidiócesis de Popayán, la jornada será “un gesto luminoso de fe, esperanza y resistencia frente a la oscuridad que deja la violencia”.En los últimos meses, el departamento del Cauca ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, asesinatos de líderes y confinamientos de comunidades enteras, lo que ha llevado a las organizaciones locales y a la Iglesia a lanzar este llamado urgente a la conciencia del país.El “SOS humano y luminoso” busca no solo rendir homenaje a las víctimas, sino reafirmar que la paz territorial es posible si el país escucha el clamor de las comunidades que, desde sus territorios, siguen apostándole a la vida.
Luego de que diferentes colectivos animalistas cuestionaran la realización de una cabalgata en Yumbo, Valle del Cauca, programada para este próximo 20 de diciembre, desde la Alcaldía de ese municipio manifestaron que no se autorizó dicho evento, ya que actualmente está vigente un decreto que prohíbe este tipo de espectáculos.La cabalgata, que estaba siendo organizada por particulares, según la administración, no contaba con los permisos legales para su realización, lo que estaba causando molestia en varios ciudadanos que no estaban de acuerdo con el maltrato animal."Quiero recordarles a todos los yumbeños que aquí existe el decreto 179 del 2016 que no permite la realización de estas cabalgatas. Por ejemplo, los organizadores no han pedido ningún tipo de permiso, y en el momento que lo hagan lo vamos a negar, porque con esto reafirmamos nuestro compromiso de decir no a las cabalgatas. Por eso, para que terminen las especulaciones, no va a haber esta cabalgata", dijo Edgar Alexander Ruiz, alcalde de Yumbo.Mientras tanto, desde la Gobernación del Valle del Cauca reiteraron que la entidad organizadora del evento solicitó un permiso para un supuesto cierre de calles para un recorrido, pero sin especificar que se trataba de una cabalgata, por lo que es la misma alcaldia de Yumbo la que da el aval para cerrar algunas vías que comunican a Cali con Yumbo."No es cierto que se haya otorgado algún permiso para una cabalgata porque no está dentro de nuestras competencias. Si en este caso tenía un recorrido entre Cali y Yumbo, eran las alcaldías las que tenían que dar el permiso y la viabilidad para un cierre parcial de vía, dejando claro que ese permiso no era para la cabalgata. Ese trámite debía realizarse ante las alcaldías pertinentes, en este caso Yumbo, con el plan de manejo de tránsito y todo lo correspondiente para poder adelantar la actividad”, explicó Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle.Ante esta polémica, se pudo conocer que la cabalgata ya fue cancelada y que, en cumplimiento de la ordenanza 623 del 2023, el departamento ya cuenta con un manual de bienestar que incluye la normatividad que se debe cumplir en el desarrollo de cualquier evento en el que haya caballos.
Un impactante momento de tensión se vivió en el municipio de Dabeiba, Antioquia, luego de que una enorme roca se desprendiera de una montaña y estuviera a punto de caer sobre varias personas que se encontraban en el lugar. La escena, que quedó registrada en cámaras de seguridad, se ha vuelto viral en redes sociales por la magnitud del riesgo que enfrentaron los involucrados.El hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado lunes festivo 8 de diciembre, cuando, tras un deslizamiento de tierra, una gigantesca piedra rodó a gran velocidad por una pendiente. En el video se observa cómo dos hombres reaccionan en cuestión de segundos para ponerse a salvo. Uno de ellos se encontraba sobre una motocicleta y, al notar el movimiento del terreno, decidió abandonarla y huir corriendo junto a otra persona.Aunque ambos lograron salvarse, la motocicleta quedó completamente destruida al ser impactada de lleno por la roca. Segundos después, varios habitantes del sector se acercaron al lugar para dimensionar lo ocurrido y verificar que no hubiera personas heridas.Las imágenes fueron compartidas en la red social X por la cuenta @ColombiaOscura y rápidamente se hicieron virales, superando las 880.000 reproducciones y alcanzando cerca de 1.000 ‘me gusta’. El hecho ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes destacaron tanto la rapidez de reacción de las personas como el insólito destino de la motocicleta.Entre los comentarios más llamativos se leen mensajes como: “La reacción fue lenta, pero alcanzaron a salvarse”, “La moto terminó frenando la piedra y evitando una tragedia mayor”, y “Esa motocicleta terminó salvando más vidas de las que imaginamos”.
Autoridades ya impusieron comparendos por las famosas "guerras de bengalas" en el municipio de Remedios. El gobernador Andrés Julián Rendón indicó que no fue necesaria activar la recompensa para ubicar a protagonistas de estos hechos que fueron sancionados.Autoridades en Antioquia ya emprendieron las primeras acciones contra las personas responsables de generar temor en zona rural del municipio de Remedios en medio de lo que en redes sociales han denominado como "guerras de bengalas".Estas acciones ocurridas en el corregimiento Santa Isabel en las que sus participantes, varios de ellos menores de edad, se lanzan entre sí artefactos pirotécnicos, ya tienen al menos dos personas sancionadas.Así lo confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón, quien destacó que las acciones de la Policía y la administración municipal permitieron imponer comparendos a las personas que habrían participado de estas acciones en medio de la tradicional celebración del Día de las Velitas y por las cuales el mismo mandatario había anunciado 20 millones de pesos de recompensa para individualizar a los protagonistas.Le puede interesar: Incautan en Antioquia 80 kilos de pólvora y 120 botellas de licor adulterado“No fue necesario activar la recompensa porque inmediatamente la policía local y la alcaldía activaron el COVID nacional de Policía, encontraron a las niñas que estaban y les impusieron un comparendo a las mismas”, aseguró.Nuevamente las autoridades de salud en Antioquia invitaron a la ciudadanía a abstenerse de manipular este tipo de elementos no solo por las graves secuelas que pueden producir como la amputación de extremidades o sordera, sino por la misma alerta que ya hay ante el incremento de casos de quemados en los primeros nueve días de diciembre con respecto al mismo periodo de 2024.Según registros de la Secretaría de Salud del departamento, se han reportado 54 lesionados por pólvora, de los cuales 13 son menores de edad. Medellín con 27 registros y Bello con tres son las localidades donde han ocurrido la mayor cantidad de incidentes.
En una operación contra el delito de extorsión, el Gaula de la Policía del Magdalena Medio capturó en flagrancia a dos presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado “Los de la M”, quienes intimidaban a un comerciante en Barrancabermeja para exigirle dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.El coronel John Jairo Roa, comandante de la Policía del Magdalena Medio, informó que los detenidos fueron identificados como alias “El Flaco”, de 18 años, y un adolescente de 17 años conocido como alias “El Cabezón”. Ambos fueron sorprendidos en un hotel ubicado en el sector comercial de la comuna 1, desde donde realizaban llamadas extorsivas para exigir $5 millones al comerciante afectado.Alias “El Flaco” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó su reclusión en un centro carcelario. En el caso del menor de edad, la aprehensión se efectuó conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.Durante el operativo, las autoridades incautaron dos celulares, elementos que presuntamente utilizaban para cometer las exigencias ilícitas. La Policía destacó que este resultado representa un golpe directo a una estructura que venía afectando la tranquilidad del sector comercial de la ciudad.El coronel Roa señaló que: “Este tipo de acciones fortalecen la presencia del Gaula y buscan brindar mayor confianza a la ciudadanía durante la temporada decembrina
El pasado lunes 8 de diciembre salió a la luz un video que hoy es clave en una investigación judicial. En el material se aprecia el testimonio de Selena Monsalve, una vigilante de 23 años que denunció haber sido víctima de agresión y acoso sexual por parte de un inspector de Policía en el municipio de Soacha.Según las imágenes reveladas por Noticias Caracol, se observa al funcionario intentando tocar a la mujer a la fuerza. El video se ha convertido en una de las pruebas principales en contra de José Arturo Figueredo, quien, por su cargo, debería encargarse de proteger a la ciudadanía y no hacer lo contrario.De acuerdo con la víctima, los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio, hacia las 5 de la tarde, cuando la Inspección Sexta de Policía de Soacha ya se encontraba prácticamente sola. Solo permanecían ella y el inspector. Tras meses de acoso, Monsalve decidió grabar con su celular mientras cumplía con sus labores, registrando el momento en el que Figueredo intenta propasarse con ella.Acoso en Soacha: investigación contra el inspector de PolicíaDurante Mañanas Blu se confirmó que el inspector, quien lleva más de 20 años en el municipio, fue suspendido por la Personería de Soacha durante tres meses mientras avanzan las investigaciones. Además de la suspensión, la Fiscalía General de la Nación ya recibió la denuncia y estaría cerca de imputarle cargos relacionados con delitos sexuales. Todo esto ocurre seis meses después de que la víctima decidiera denunciar lo sucedido a mediados de año.El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, habló con Blu Radio sobre el caso y expresó que “como alcalde, como padre de familia, rechazamos cualquier acto de violencia sexual, física o psicológica contra las mujeres”, señalando su rechazo al comportamiento del inspector. También recordó que la denuncia se conoció a inicios de junio, pero debía ser tramitada por los entes competentes.Perico señaló que tanto el inspector como la joven fueron trasladados a otras comunas para garantizar distancia física y geográfica entre las partes, reduciendo así cualquier riesgo. Sin embargo, reconoció que los avances del caso se han visto afectados por los procedimientos disciplinarios: “Como ciudadanos quisiéramos respuestas más eficaces y rápidas, pero también estamos sujetos a la arquitectura normativa disciplinaria que nos obliga a llevar el caso a la oficina de control interno”.Denuncia de acoso en Soacha: protección a la víctimaEl alcalde agregó que, como administrador público, no puede juzgar al inspector, pero confirmó que la víctima está siendo acompañada y protegida por las autoridades municipales. Además, explicó que la empresa de vigilancia para la que ella trabaja opera mediante tercerización, lo que evita que el inspector conozca datos sensibles como su lugar de residencia.Finalmente, Perico reiteró que esperan que la Fiscalía avance con celeridad en el proceso penal para que se tomen decisiones prontas y efectivas, mientras la investigación disciplinaria continúa su curso en Soacha.