El proceso que podría dejar sin título de maestría a Leonardo García Botero, rector del Tecnológico de Antioquia, no es la única polémica que afronta la institución de educación superior. Ahora hay cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en un millonario contrato para la alimentación de estudiantes.Se trata de un proceso adjudicado en 2024 por 1.286 millones de pesos que tenía como objeto garantizar 600 almuerzos diarios por ocho meses servidos y entregados en la misma institución en las horas estipuladas. Sin embargo, en una presunta alteración deliberada de este fin, los almuerzos fueron reemplazados por la entrega esporádica de kits de mercado compuestos por productos para preparar, enlatados, bolsas de avena, paquetes de pasta, jabón y hasta crema dental.El abogado Carlos Mario Patiño, denunciante de la situación, advirtió que el cambio del objeto contractual podría derivar en delitos como peculado por destinación oficial diferente, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos.Otro de los asuntos que ha generado dudas respecto a la ejecución del contrato, asegura el denunciante, tiene que ver con los informes de cumplimiento en los que la falta de detalle generan interrogantes sobre la entrega total de los kits de mercado y si los destinatarios fueron efectivamente estudiantes.En los documentos aportados a la plataforma de contratación pública, Secop, hay por ejemplo un listado de verificación de llamadas y entregas. Sobre nombres señados en color azul indican que no pudieron ser contactados porque el número de teléfono no está en servicio y los de color rojo que no les fue entregado el beneficio."Lo que ocurrió realmente fue la modificación del objeto del contrato, una prestación del servicio terminó convertida en un suministro. Las pruebas presentadas en SECOP tienen unas pocas fotografías, unos elementos que son insuficientes para determinar si efectivamente se entregaron todos esos kits y si tuvieron el contenido que desea tener", dijo Patiño.Tras ser consultados sobre el caso, desde el Tecnológico de Antioquia indicaron que la variación del suministro de almuerzos a las denominadas canastas solidarias, “no generó condición alguna que impidiera la participación y selección objetiva del contratista, en tanto que, además de ser conocida dicha alternativa desde el inicio por los interesados, la modificación y el contenido de estas fue previamente concertado con el contratista y el valor del contrato se ejecutó en debida forma, dado que, desde el Comité de Fondo Alimentario se realizó el estudio pertinente en aras de integrar la canasta solidaria con buenos elementos sin generar sobrecosto ni detrimento patrimonial”.Finalmente, la institución señaló que bajo esos mismos argumentos han dado respuesta a entidades como la Contraloría y procesos de auditoría interna, sobre los que hasta ahora no se ha levantado ninguna alerta.
En medio de un operativo de control de movilidad realizado en el sector de Chipichape, en el norte de Cali, varios trabajadores de una obra de construcción que se adelanta en la zona se enfrentaron con agentes de tránsito, luego de que estos inmovilizaran varias motocicletas por mal estacionamiento."Empiezan a increpar a los agentes desde la parte alta de la obra y les lanzan varios objetos, en ese momento salen varias personas de ese lugar, bajan las motos , tuvo que intervenir la policía, la moto de los agentes si fueron tiradas al piso, una moto presenta unos daños y la grúa le dañaron vidrios", dijo Duvier Ossa, coordinador del Centro de Gestión de Movilidad.Actualmente, en el sitio se adelanta una reunión entre agentes de tránsito, trabajadores y representantes de la obra, con el fin de superar el conflicto. Por ahora, se está a la espera del reporte oficial por parte de las autoridades de movilidad para confirmar si hay agentes de movilidad heridos ."Están los representantes de la obra y están hablando con los señores de la grúa y con nuestros agentes para tratar que los ánimos estén calmados, es una situación de intolerancia ya que hubo agresiones verbales", expresó Ossa.
Un día después del atentado terrorista registrado en el barrio Mariano Ramos, en el cual murieron dos suboficiales de la Policía al ser atacados con explosivos, las autoridades avanzan con las investigaciones para ubicar a los responsables.Los primeros resultados se lograron en terreno, donde se encontraron cámaras trampa con las que estos terroristas habrían monitoreado el movimiento de la patrulla para activar los artefactos, y se está haciendo la verificación de videos de seguridad para lograr las plenas identidades de estos sujetos.Ante la incertidumbre que este hecho genera en la ciudadanía, debido al tema de seguridad de cara a la Feria de Cali, el alcalde Alejandro Eder confirmó la llegada de más hombres de la Policía para reforzar la vigilancia en toda la ciudad.“La feria va para adelante, nos va a llegar un refuerzo de 1.100 policías para la feria y ayer justamente llegaron los primeros 150 hombres. Aquí lo importante es entender que en Cali estamos conteniendo una situación muy compleja pues el suroccidente está convulsionado”, señaló Eder.El mandatario nuevamente hizo un llamado al Gobierno nacional para proteger a la ciudad del accionar de grupos armados ilegales en, indicando que actualmente Cali no necesita discusiones por posturas ideológicas, sino un trabajo en unidad.“El Gobierno nacional tiene que priorizar la seguridad de los colombianos en general, no es un tema político ni ideológico, se trata de sentido común”, finalizó Eder.
Bogotá se prepara para recibir una de las tradiciones decembrinas más esperadas por niños y adultos. Del 6 al 24 de diciembre, la Feria del Juguete se realizará por primera vez en las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín, un cambio de escenario que busca mejorar las condiciones de seguridad y acceso para los visitantes.El evento, que cumple 25 años de historia, abrirá sus puertas todos los días desde las 9:00 de la mañana, con entrada gratuita, y funcionará durante cerca de 12 horas continuas, permitiendo a las familias recorrer con calma los distintos espacios habilitados.En la feria participan cerca de 100 comerciantes, muchos de ellos pertenecientes a familias jugueteras que han mantenido este oficio por generaciones. La oferta incluye desde juguetes tradicionales, como balones, muñecos, peluches y juegos de mesa, hasta opciones más recientes como vehículos eléctricos infantiles, carros a control remoto y pistas de gran formato. Los precios, según los organizadores, arrancan desde los 5.000 pesos, lo que permite acceder a opciones para distintos presupuestos.Más allá de las compras, la feria busca recuperar una experiencia que se ha ido perdiendo con el comercio digital: que los niños puedan ver, tocar y probar los juguetes, mientras las familias comparten tiempo juntos en un entorno pensado para la temporada navideña.El traslado al sector de El Campín responde a la necesidad de ofrecer un espacio más amplio, visible y organizado, en comparación con ediciones anteriores que se realizaban en zonas cercanas al centro de la ciudad. La nueva ubicación cuenta con mayor flujo peatonal y mejores condiciones logísticas, lo que también beneficia a los comerciantes.La Feria del Juguete se suma así a la agenda de actividades decembrinas en Bogotá, consolidándose como un punto de encuentro para quienes buscan celebrar la Navidad en familia, apoyar el comercio local y mantener vivas las tradiciones asociadas al juego y la imaginación.
Hombre señalado de asesinar a un policía que se opuso a un hurto en Medellín, fue capturado luego de ingresar a un centro asistencial para recibir atención médica.En las últimas horas, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de 23 años de edad, quien está señalado como presunto responsable del asesinato de un patrullero de la Policía Nacional en medio de un intento de hurto ocurrido en Medellín.La decisión se produjo a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, luego de que una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputara los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tentativa de hurto calificado y agravado.Según la investigación, los hechos se registraron en la noche del pasado 13 de diciembre en el barrio Manrique, nororiente de la capital antioqueña. De acuerdo con el material probatorio presentado por el ente acusador, Muñoz Saldarriaga se movilizaba como parrillero en una motocicleta cuando presuntamente disparó contra un uniformado de la Policía Nacional que se desplazaba en otro vehículo similar.Las labores de policía judicial establecieron que la víctima, un patrullero de 44 años que vestía de civil, fue atacado luego de oponerse al robo de varias joyas. Como consecuencia del ataque armado, el uniformado perdió la vida en el lugar.Minutos después del crimen, el presunto agresor fue capturado en la entrada de un centro hospitalario cercano, a donde habría llegado para recibir atención médica por unas heridas. Por lo pronto, Muñoz deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Hay preocupación en autoridades e instituciones de salud, especialmente en Medellín, respecto a las reservas en bancos de sangre para atender la demanda por las fechas que se aproximan.La alerta más reciente la levantó el Hospital San Vicente Fundación en la capital antioqueña, quien indicó que la captación de donantes para cerrar el 2025 ha disminuido un 20% en comparación con la que tuvieron durante el primer trimestre del año.Durante fin de año el aumento de emergencias con accidentes o personas quemadas coincide con la baja asistencia de personas a bancos de sangre o jornadas de donación, especialmente por vacaciones.Lina Álvarez, coordinadora del Banco de Sangre del San Vicente, destacó que se requieren donantes especialmente con los tipos O+ y O-, los de mayor predominancia en la población y los que más se transfunden en situaciones de emergencia."Es una necesidad continua, permanente. Todos los días tenemos esa necesidad, todos los días tenemos pacientes que requieren transfusiones. En el mes de diciembre disminuye la captación de donantes. Está dado principalmente por el período vacacional y las festividades".Álvarez también se refirió al alto impacto de las donaciones en diferentes pacientes. La meta para este diciembre es mantener un promedio de 800 y 900 donantes de sangre como en el mismo mes de años pasados."El impacto que tienen las donaciones de sangre en nuestros pacientes es un impacto importante, es un impacto alto porque nos ayuda a salvar vidas. Los pacientes que llegan con hemorragias importantes por accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, los pacientes que son sometidos a cirugías grandes o cirugías mayores que sangran muchísimo lo necesitan", explicó.Desde el hospital recordaron que la sangre aportada por un solo donante puede salvar la vida de hasta tres pacientes, muchos de ellos en situaciones de extrema gravedad y provenientes de diferentes partes del país, al ser el San Vicente un centro asistencial de alta complejidad.
La violencia desatada por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional sigue golpeando al departamento del Cesar, donde un adolescente de 13 años resultó herido tras la detonación de una granada de fragmentación en el municipio de Chiriguaná. Los hechos se registraron en la noche del pasado lunes 15 de diciembre, en el puesto de Policía del municipio, donde hombres en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra la estación, causando daños materiales por las esquirlas que dejó en los alrededores la onda del impacto. De acuerdo con Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, el menor resultó con afectaciones especialmente en sus piernas, lo que lo tiene hospitalizado en el centro de salud municipal. Si bien se confirmó que está fuera de peligro, no deja de ser preocupante las secuelas que esto le pueda generar. Le puede interesar: Tres muertos y varios heridos deja paro armado del ELN: van mas de 80 acciones terroristas"Es una familia que esta muy preocupada. El niño está siendo atendido. Nosotros rechazamos como gobierno departamental estos actos que atentan contra los niños. Son actos inhumanos. Estamos evaluando poder establecer una recompensa adicional para poder dar con la captura de estas personas", indicó.Es de recordar que, al respecto, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa hasta por $200 millones para dar con los responsables de estos atentados. De acuerdo con la Policía del Cesar, no solo en la noche del miércoles se presentó este ataque, sino también en Pelaya, donde fueron lanzados, hacia las 9:30 de la noche, tres artefactos explosivos.
La Gobernación de Santander confirmó que hay normalidad en las vías del departamento, luego de los momentos de tensión registrados en la mañana de este martes por la presencia de una bandera y un objeto sospechoso con mensajes alusivos al ELN en la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga. Las autoridades mantienen alerta máxima ante posibles acciones terroristas.De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, sobre las 6:30 de la mañana ciudadanos alertaron sobre la presencia de una bandera del ELN y un tarro atravesado en un camino, a la altura del kilómetro 7, en la ruta San Gil – Curití. Tras la verificación por parte de los organismos especializados, se descartó la presencia de explosivos y se procedió al retiro de los elementos.“Desde la Gobernación de Santander repudiamos estas acciones intimidatorias que generan impacto en la comunidad. Estamos actuando con toda la institucionalidad y con capacidad de respuesta para garantizar la seguridad de los santandereanos”, señaló el funcionario.Le puede interesar: ELN sigue intimidando con su paro armado a varias regiones de ColombiaEn el Magdalena Medio, las autoridades reportaron una baja de presión en el suministro de gas, que muy probablemente habría sido causada por un artefacto explosivo. Al lugar llegaron unidades del grupo antiexplosivos, la Policía, el Ejército y personal de la empresa Petrosantander que confirmó que no hubo interrupción en el tráfico ni en el flujo de gas que abastece la refinería. La situación fue controlada y se mantiene vigilancia permanente en la zona.Frente a este panorama, desde la Gobernación de Santander se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir o contrarrestar cualquier acción terrorista en el departamento. Adicionalmente, en articulación con la Alcaldía de Barrancabermeja, se ofrecen 70 millones de pesos por datos que conduzcan a los responsables del atentado ocurrido en el peaje de La Lizama, donde fue activada una motocicleta con explosivos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación sospechosa a las líneas oficiales y así fortalecer las acciones de prevención y control en todo el territorio santandereano.
La costumbre de deslizar y cerrar todas las aplicaciones en un iPhone, creyendo que así se extiende la duración de la batería, es una práctica muy común pero totalmente incorrecta. Un desarrollador de iOS con más de una década de experiencia reveló que esta acción genera el efecto contrario, forzando un mayor gasto energético en el dispositivo de Apple.La razón principal es que, al forzar el cierre de una aplicación y luego reabrirla, el sistema operativo iOS debe cargar de nuevo todos los procesos desde cero. Este proceso implica activar intensivamente el procesador, la memoria y otros recursos internos del equipo, lo que se traduce en un pico de consumo energético considerable.En contraste, cuando la aplicación se deja sin cerrar, iOS la mantiene "congelada" o en un estado de suspensión en segundo plano. En este modo, la aplicación no está ejecutando procesos activos, no consume datos ni energía de forma relevante y queda lista para reanudarse casi al instante cuando el usuario la necesita.Y es que el sistema operativo de Apple está diseñado para gestionar de forma inteligente la memoria y la energía, cerrando automáticamente las aplicaciones solo cuando es estrictamente necesario. La intervención manual, por lo tanto, interrumpe ese equilibrio diseñado por la compañía.Las mediciones comparativas muestran que, en la mayoría de los casos, forzar el cierre y posterior apertura de una aplicación resulta más desgastante para la batería que simplemente dejarla en el segundo plano.La recomendación es clara para todos los usuarios de iPhone: solo se deben cerrar las aplicaciones si presentan fallas o si el usuario desea un cierre definitivo. Dejar las apps abiertas no solo optimiza la batería, sino que también garantiza una mejor experiencia de uso al evitar esperas innecesarias por la recarga del sistema.
Bizcocho, el perro que fue víctima de maltrato animal por parte de su cuidador, quien —según declaró— lo agredió por haberse “robado un pedazo de carne” que estaba sobre un mesón, fue acogido por el Departamento de Policía de Antioquia para encargarse de su recuperación. El caso se conoció luego de que en redes sociales circulara el video del brutal ataque, generando indignación a nivel nacional.El agresor, identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, fue imputado por una fiscal de la Seccional Bolívar después de que se presentara voluntariamente ante las autoridades en Yarumal, Antioquia, llevando consigo al animal. Oviedo aceptó los cargos por maltrato animal, aunque fue dejado en libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra y se define la totalidad de la condena.¿Quién adoptó a Bizcocho?Tras conocerse el caso, la Policía de Antioquia se postuló como candidata para recibir en adopción a Bizcocho, junto a otros interesados en brindarle un hogar al canino. Finalmente, la institución fue seleccionada para asumir su cuidado.El Departamento de Policía de Antioquia, bajo el liderazgo del coronel Óscar Rico, se encargó de la atención médica y el proceso de recuperación del perro, a quien llamaron ‘Bizcocho’. Luego de más de un mes de tratamiento por las heridas ocasionadas durante la agresión, la institución decidió formalizar su adopción.El coronel Rico fue uno de los primeros en manifestar su interés en hacerse cargo del canino. No obstante, también hubo otros interesados, como el senador Andrés Guerra, quien había propuesto trasladarlo a una fundación dedicada al rescate y cuidado de cerca de 100 perros y decidió dejarlo bajo el cuidado de la institución, asegurando que Bizcocho queda en buenas manos.Bizcocho llega a su nuevo hogar y estrena nombreFinalmente, Bizcocho fue adoptado por la Policía de Antioquia. Hoy, el perrito inicia una nueva etapa en su nuevo hogar institucional y asume simbólicamente su rol dentro de la entidad bajo el nombre de ‘Coronel Bizcocho’.La Policía de Antioquia anunció a través de Noticias Caracol que Bizcocho “tuvo unas manos cariñosas, caritativas y muy profesionales que ayudaron a su recuperación”, destacando el trabajo realizado durante su proceso de sanación.Asimismo, la institución señaló que el canino recibirá el cuidado y el afecto de más de 600 funcionarios que integran el Departamento de Policía de Antioquia, quienes acompañarán esta nueva etapa de su vida.
El Consejo de Estado ratificó de manera definitiva la anulación de la elección del alcalde de Concepción, Santander, Eduard Abril Borrero, al negar la solicitud de aclaración y adición presentada por su defensa frente al fallo que lo sacó del cargo por doble militancia.La decisión fue adoptada mediante un auto del 11 de diciembre de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y está relacionada con la sentencia del 12 de junio de 2025, en la que el alto tribunal concluyó que: “el entonces mandatario incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, causal que dio lugar a la nulidad de su elección para el período 2024–2027”, señala el auto.En su análisis, el Consejo de Estado fue claro en señalar que la sentencia no tenía vacíos ni aspectos pendientes por resolver, por lo que no había lugar a aclaraciones ni adiciones, cerrando así cualquier posibilidad de reabrir el debate judicial.La defensa de Abril Borrero solicitó al alto tribunal que explicara por qué el acuerdo de coalición entre los partidos Alianza Verde, Cambio Radical y En Marcha no fue considerado válido, pese a haber sido recibido por la Registraduría; que se aclarara el grado de responsabilidad del demandado o de la Registraduría Nacional del Estado Civil en ese trámite, y que se precisara la ubicación de una prueba documental citada en la sentencia.Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró que el fallo del 12 de junio ya explicó que el acuerdo no cumplió con los requisitos legales, en particular porque no quedó consignado en el formulario de inscripción de la candidatura. Además, precisó que el proceso de nulidad electoral es de carácter objetivo, por lo que no evalúa responsabilidades personales ni administrativas de los involucrados, ni de las entidades que participan en el proceso electoral.Aunque negó las solicitudes, el alto tribunal advirtió que la presentación de peticiones impertinentes o recursos improcedentes puede considerarse una maniobra dilatoria y dar lugar a multas de entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.Tras la decisión, el municipio de Concepción entra oficialmente en vacancia en la alcaldía. El fallo obliga al gobernador de Santander a ejecutar de inmediato la orden judicial, lo que implica retirar del cargo al alcalde anulado, designar un alcalde encargado y adelantar las actuaciones necesarias para convocar nuevas elecciones, conforme a lo establecido en la ley.
TransMilenio vuelve a ilusionar a los bogotanos con un proyecto que promete transformar la movilidad en el occidente de la ciudad. La troncal de la calle 13, una obra que durante años enfrentó retrasos y tropiezos, finalmente seguirá adelante tras asegurarse la financiación necesaria para su construcción. El anuncio reactiva una de las apuestas más ambiciosas del transporte público en Bogotá en la última década.Se trata de una intervención estratégica que conectará el occidente con el centro de la ciudad y que, además, llegará hasta el límite de la capital con el río Bogotá. La obra, planeada inicialmente durante la administración de Claudia López y retomada por el alcalde Carlos Fernando Galán, apunta no solo a mejorar el transporte público, sino también a renovar el espacio público y transformar la dinámica urbana de este importante corredor vial.La troncal de la Calle 13, un proyecto que revive tras varios intentosEl camino para sacar adelante la troncal no ha sido sencillo. El proyecto fue declarado desierto en tres oportunidades por la falta de oferentes, lo que puso en duda su viabilidad. Sin embargo, en octubre pasado tuvo un nuevo impulso cuando el alcalde Galán anunció la apertura de un proceso de licitación para los tramos 3, 4, 5 y 6.De acuerdo con el mandatario, la nueva calle 13 marcará un punto de quiebre para Bogotá. Según explicó Galán, este corredor cambiará la manera en que la ciudad se relaciona con la entrada de carga, el transporte público y el espacio urbano, consolidándose como una vía estratégica para la movilidad y el desarrollo económico.Uno de los avances clave fue asegurar los recursos para la obra. Gracias a un convenio entre la Nación y el Distrito, firmado en agosto de 2022, ambas partes se comprometieron a realizar aportes anuales hasta 2034. No obstante, como el objetivo es entregar la troncal en 2030, el Distrito gestionó un crédito por 670.000 millones de pesos para garantizar el arranque de las obras.El préstamo fue otorgado por Davivienda y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), con un desembolso de 335.000 millones de pesos por cada entidad. El crédito tiene un plazo de nueve años, incluidos dos años de gracia, y permitirá avanzar en la construcción sin depender únicamente de los recursos futuros.Qué tendrá la nueva troncal de TransMilenio en la Calle 13La nueva troncal tendrá una longitud aproximada de 11,4 kilómetros, desde Puente Aranda hasta el río Bogotá, e incluirá una intervención urbana de gran escala que contempla:Ocho carriles para tráfico mixto.13 estaciones sencillas y una estación cabecera.22,9 kilómetros de ciclorruta.Más de 510.000 metros cuadrados de espacio público, de los cuales cerca de 200.000 serán zonas verdes.20 puentes peatonales y 10 puentes vehiculares nuevos, incluida una megaestructura de tres niveles en Puente Aranda.Además, la incorporación de flota con tecnologías limpias permitirá reducir cerca de 33.908 toneladas de CO₂ al año, aportando a los objetivos ambientales de la ciudad.
Durante años, cada temporada de lluvias se encendían las alertas en el norte de Bucaramanga. La creciente del Río de Oro, especialmente en el sector de Chimitá, ponía en riesgo de inundaciones a la Central de Abastos y al asentamiento humano José Antonio Galán.Hoy, ese panorama empieza a cambiar. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) avanza en una obra de mitigación y estabilización sobre el margen derecho del Río de Oro, en un tramo cercano a un kilómetro, entre el Parque Industrial y el barrio Galán, una de las zonas más críticas por su alta vulnerabilidad a inundaciones.La intervención, que cuenta con una inversión superior a los $27.000 millones, busca reducir de manera significativa el riesgo en un punto estratégico no solo para la seguridad de las comunidades vecinas, sino también para la operación logística de la Central de Abastos de Bucaramanga, desde donde se distribuye más del 70 % de los alimentos que se consumen en Santander y gran parte del nororiente colombiano.Desde Centroabastos, el avance de la obra es visto como un positivo frente a una problemática de hace décadas. Así lo explicó Ricardo Arteaga, subgerente Jurídico y Operativo de Centroabastos S.A., al señalar que la intervención representa un cambio profundo para la zona industrial y para las familias que habitan en sus alrededores.“Esa obra es la tranquilidad para más de 15.000 familias que permanecen en la zona industrial de la ciudad. Tenemos un asentamiento, el José Antonio Galán, que cada vez que había temporada de invierno teníamos que abrir la central por la parte trasera para brindarles una protección provisional. Con esta obra hay una tranquilidad adicional que van a tener estas familias”, afirmó Arteaga.En reconocimiento a la gestión que permitió sacar adelante esta intervención, Centroabastos otorgó una distinción al director de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, destacando su liderazgo y el alcance regional del proyecto. A este respaldo se sumó el gremio empresarial del sector de Chimitá, que ha valorado de manera positiva los efectos de la obra tanto para la actividad económica como para las comunidades asentadas en la ribera del río.
Moverse por Bogotá en TransMilenio podría dejar de ser un dolor de cabeza adicional para miles de usuarios que sienten cómo el costo del pasaje golpea cada vez más el bolsillo. En el Concejo de Bogotá comenzó a discutirse una propuesta que apunta a una demanda recurrente de los pasajeros: que el sistema devuelva el dinero del pasaje cuando el servicio falla o el recorrido no se puede completar.La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa un debate que, aunque no es nuevo, sigue siendo parte del día a día de la movilidad en la ciudad: quién asume los costos cuando la operación se interrumpe. El planteamiento surge en un contexto sensible, marcado por bloqueos frecuentes debido a manifestaciones, evacuaciones de estaciones, fallas técnicas y molestias ciudadanas frente a los ajustes tarifarios.En ese escenario, la propuesta busca un cambio de fondo en la relación entre TransMilenio y sus usuarios, trasladando el foco hacia los derechos del pasajero y no únicamente hacia la operación del sistema.Cuándo devolverían el pasaje de TransMilenioDe acuerdo con lo expuesto por el concejal Óscar Ramírez, autor de la iniciativa, la propuesta plantea implementar un mecanismo de devolución automática del valor del pasaje. Este aplicaría en situaciones en las que bloqueos, accidentes, fallas técnicas u otras contingencias obliguen a los usuarios a descender del bus o abandonar estaciones y portales sin llegar a su destino final.Para Ramírez, no resulta razonable que un ciudadano termine caminando o buscando otro medio de transporte luego de haber pagado por un servicio que no se prestó en condiciones normales. El planteamiento apunta a reconocer un principio básico: el usuario no debería asumir el costo de una falla que no depende de él.Bloqueos en TransMilenio y el impacto en los usuariosEl concejal respaldó su propuesta con cifras que reflejan la magnitud del problema. Solo en 2024, TransMilenio registró 339 bloqueos, lo que evidencia que estas interrupciones no son hechos aislados, sino situaciones recurrentes dentro de la operación del sistema.En la práctica, estos episodios se traducen en miles de personas bajándose de los buses en plena vía, estaciones cerradas de manera repentina y trayectos interrumpidos. A pesar de ese impacto, el pasaje no se devuelve y la carga económica recae exclusivamente en el usuario, una situación que, según Ramírez, se ha normalizado sin mayor debate público.Tarifa de TransMilenio y exigencias de corresponsabilidadLa discusión cobra mayor fuerza en medio del debate por un posible aumento de 250 pesos en la tarifa de TransMilenio y del SITP. Frente a ese escenario, el concejal cuestiona que se planteen incrementos sin ofrecer garantías claras sobre la continuidad y calidad del servicio.Ramírez recordó que la definición de la tarifa es competencia del alcalde y no del Concejo, y pidió mayor transparencia hacia la ciudadanía. En su concepto, cualquier ajuste en el pasaje debería ir acompañado de compromisos verificables, como la reducción de fallas operativas y la devolución automática del dinero cuando el sistema no cumple con lo prometido.
La Alcaldía de Bucaramanga adelanta una la campaña de recolección de ayudas humanitarias para atender a las 58 familias damnificadas por el voraz incendio que arrasó el asentamiento humano 12 de Octubre, en el norte de la ciudad, dejando a 183 personas afectadas y decenas de viviendas destruidas.El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, lamentó lo ocurrido y explicó que, tras la emergencia, el censo inicial pasó de 55 a 58 núcleos familiares, todos los cuales perdieron completamente sus viviendas.Desde el primer momento, la Oficina de Gestión del Riesgo activó la atención humanitaria para mitigar el impacto de la tragedia.“Las familias afectadas han recibido frazadas, colchonetas, cobijas, kits de aseo y de cocina, mercados y carpas, destinadas a cubrir sus necesidades más urgentes mientras se define una solución de fondo”, explicó el funcionario.Rodríguez destacó la solidaridad de los bumangueses, que se ha visto reflejada en la entrega constante de donaciones. Actualmente, la Alcaldía de Bucaramanga dispuso un punto de acopio en la sede administrativa, donde se instaló una carpa para la recepción de ayudas. Allí, los elementos donados son clasificados y posteriormente entregados a las familias del asentamiento 12 de Octubre.Entre los insumos más requeridos se encuentran artículos de aseo, ropa en buen estado y alimentos no perecederos, que resultan fundamentales para atender la emergencia.La caracterización de la población afectada evidenció una situación social compleja. Según la Dirección de Gestión del Riesgo, el 43 % de las personas damnificadas son menores de edad, principalmente niños entre los 0 y 10 años, y una parte importante de los núcleos familiares está conformada por población migrante venezolana.De manera paralela a la ayuda humanitaria, la Alcaldía mantiene un acompañamiento permanente en el sector. Equipos interdisciplinarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social realizan visitas diarias para brindar apoyo psicosocial a las familias, especialmente a niños y adultos mayores, afectados emocionalmente por la pérdida de sus hogares.Actualmente, algunas de las familias que no cuentan con redes de apoyo permanecen en carpas instaladas en el lugar, donde pasan las noches mientras avanzan las acciones institucionales para su atención y recuperación.
Este miércoles se reportó un accidente de tránsito con un vehículo Copetrán de placas WOL 764, con número interno 1561, el cual cayó a un abismo. El bus era conducido por un hombre identificado como Daniel Arias y cubría la ruta Bucaramanga- Arauca. En el momento del siniestro llevaba 16 personas a bordo. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, una persona murió y siete más están heridos. El hecho se registró sobre la vía de La Soberanía alto de Santa Ines, en el sector El Porvenir y El Encanto, exactamente en el kilómetro 60.Sobre las hipótesis del accidente, aún están por establecerse.Tragedias en carreteras del paísUna grave tragedia se registró en el departamento de Antioquia, luego de que un bus que transportaba estudiantes se precipitara a un abismo, dejando un saldo preliminar de al menos 16 personas muertas y 20 más heridas.El accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre de 2025, en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza.De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y transportaba jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, institución educativa ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los estudiantes regresaban de un viaje a la costa Caribe, donde habían celebrado su ceremonia de graduación.
La tragedia que enlutó al país tras el grave accidente de tránsito ocurrido en el nordeste de Antioquia ha puesto la atención en Jonathan Taborda Lopera, conductor del bus de turismo que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño. Taborda, quien trabajaba para la empresa Precoltur, falleció en el siniestro junto a 16 jóvenes que regresaban de su viaje de grado desde Tolú y Coveñas. El accidente se registró en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando el vehículo se precipitó a un abismo de aproximadamente 80 metros en el sector de Remedios. Aunque las autoridades han indicado que se maneja la hipótesis de un posible microsueño del conductor, esta versión fue desmentida por familiares y sobrevivientes, quienes señalaron que el bus habría presentado fallas mecánicas previas al siniestro, relacionadas con la batería, el motor y el sistema de aire acondicionado.Las exequias de Jonathan Taborda se realizaron en la tarde del martes 16 de diciembre, en medio de un homenaje por parte de familiares, amigos y allegados. Durante la despedida, se registraron manifestaciones simbólicas como el uso de bengalas de humo y fuegos artificiales. Los videos del homenaje, difundidos en redes sociales, estuvieron acompañados de mensajes que llamaban la atención sobre el conductor, señalando que gran parte de la atención se había centrado en los estudiantes fallecidos. Algunos de los mensajes compartidos en redes sociales por amigos señalan que: "Ni acá se terminará esta amistad de más de 20 años. Jamás te olvidarémos amigo"."Fue tu ultimo y mejor viaje, amiguit. Gracias porque fuiste un exelecte conductor", dice otro de los mensajes. Uno de los mensajes que más ha llamado la atención indica: "Para quienes lo juzgan, les comento lo que hizo este señor. De su propio bolsillo intentó reparar el vehículo. ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque en horas de la tarde se difundió en redes sociales y en medios de comunicación la advertencia de un posible paro armado de 72 horas. Ahora les pregunto: ¿qué habrían hecho los “santos criticones”? ¿Quedarse? Sí, pero ¿quién asumiría el costo de tres días de hospedaje?".También añade que "él tomó la decisión de regresar a Medellín con la esperanza de llevar sanos y salvos a esos niños. Quienes saben de vehículos, y más aún de motores térmicos, pueden decir qué ocurre cuando un bus circula de noche sin aire acondicionado: los vidrios se empañan por completo. Por eso se mantenía abierta la puerta de ingreso y las escotillas".Finalizó diciendo que es falsoq ue iba a alta velocidad. "Gracias, Cocacolo, porque quienes te conocimos sabemos que hiciste hasta lo imposible por traer a esos niños a salvo y que el destino te jugó una mala pasada. Estuviste detenido 15 minutos antes de la tragedia buscando señal para pedir ayuda. Tenías miedo de amanecer y exponer a esos niños a un posible reclutamiento, secuestro o una masacre. Eres un guerrero, un campeón, un HÉROE".Por su parte, la empresa Precoltur lamentó, a través de un comunicado, la muerte de los 16 estudiantes y de Jonathan Taborda, y destacó su compromiso y vocación de servicio.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló información crucial sobre la investigación en curso contra la banda criminal autodenominada PPP, un grupo dedicado a cometer actos de vandalismo y terrorismo con epicentro en los alrededores de las universidades públicas de la capital. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Galán afirmó que existen indicios de que la financiación de estas actividades violentas proviene de grupos armados ilegales del orden nacional.El alcalde Galán señaló que los indicios apuntan a una financiación que se origina fuera de Bogotá. Específicamente, mencionó que se está investigando un canal a través del cual recursos llegarían desde Medellín para las actividades de los PPP en la capital.Aunque la confirmación de un vínculo directo es responsabilidad de la justicia, el tipo de propaganda y reclutamiento que realiza este grupo, incluyendo el uso de "banderas rojas y blancas", se asemeja a las prácticas de grupos que están siendo investigados y enfrentados por el Estado.El alcalde indicó que hay indicios en dos direcciones, mencionando la hipótesis de que tanto el ELN como las disidencias de 'Calarcá' podrían estar financiando estas actividades, aunque será la justicia quien determine si se confirman dichos vínculos. El objetivo de esta financiación ilegal sería "generar terrorismo y para afectar el orden público" en Bogotá.Capturas por terrorismoEl grupo PPP ha sido vinculado con un modus operandi extremadamente violento, incluyendo el lanzamiento de bombas incendiarias y "papas bomba" contra buses de Transmilenio, poniendo en peligro a decenas de ciudadanos. Galán recordó que el peligro es "realmente grave" cuando se ataca un bus con 50 a 80 personas a bordo. Entre las actividades de terrorismo identificadas se encuentran el ataque con bombas incendiarias a una patrulla de la dirección antinarcóticos en la calle 26 y un caso anterior donde secuestraron un bus de Transmilenio en el entorno de una universidad para luego incendiarlo. La investigación priorizada contra este grupo comenzó luego de que, a mediados de 2023, lanzaran un artefacto explosivo a un policía, afectándolo gravemente hasta dejarlo en estado vegetativo.La Policía y la Fiscalía llevaron a cabo una investigación "sólida" que tomó más de 24 meses y permitió recopilar suficientes pruebas para la captura de 11 personas. Los capturados enfrentan cargos por varios delitos, siendo el terrorismo uno de los principales. El alcalde Galán calificó esta defensa como "totalmente absurda" y ajena al conocimiento de la investigación y las pruebas. Él enfatizó que, con los delitos que se les imputan y las pruebas existentes, pedir la liberación de estos personajes no tiene ningún sentido.Galán insistió en que las actividades del grupo, como lanzar bombas incendiarias a vehículos de transporte público, no son protesta sino terrorismo. Además, confirmó que, según la información transmitida por la policía, los capturados no son estudiantes actuales de las universidades públicas.El alcalde concluyó que la sociedad debe avanzar en un acuerdo básico para no ser permisiva con la violencia, que debe ser sancionada penalmente cuando pone en peligro la vida de ciudadanos y servidores públicos. El expediente judicial debe ser sólido para garantizar que estas personas paguen en la cárcel por los delitos cometidos.Escuche aquí la entrevista: