Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Una grave escalada de violencia se registró en las últimas horas en Barrancabermeja, donde tres jóvenes fueron asesinados y una mujer resultó herida en distintos hechos ocurridos en menos de 24 horas, generando preocupación entre la comunidad y las autoridades.El hecho más reciente ocurrió en la noche del viernes 9 de enero, cuando fue asesinado Maher Alexander Leal Piñares, de 21 años, en un ataque sicarial perpetrado en la comuna 5 del puerto petrolero.De acuerdo con las primeras versiones, el joven habría sido contactado mediante una llamada telefónica con el pretexto de reunirse con unos amigos. Al llegar al punto acordado, en el sector limítrofe entre los barrios La Candelaria y Miraflores, fue interceptado por varios hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo quedó tendido en un callejón que conduce hacia la parroquia Jesús María.Vecinos del sector alertaron a la Policía tras escuchar las detonaciones. Unidades judiciales realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.Horas antes, otro crimen se había registrado en el sector de La Repunta, donde fue asesinado Carlos Andrés Payares. El cuerpo del joven fue hallado boca abajo en una zona de pastizales, luego de que habitantes del sector dieran aviso a las autoridades. La víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego.A estos hechos se suma la agresión contra Yeraldín Hernández Martínez, de 19 años, quien resultó herida con arma blanca en el sector de Polipolvo del 9 de Abril, en la comuna 7. La joven fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. La Patrulla Púrpura adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.Con estos casos, ya son cinco las personas asesinadas en Barrancabermeja en lo que va del año 2026, una cifra que refleja el deterioro del panorama de seguridad en la ciudad.Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles de los ataques, mientras la ciudadanía exige medidas contundentes para frenar la violencia que golpea al puerto petrolero en el inicio del año.
Bogotá enfrentó un año difícil durante el racionamiento de agua, tras la sequía que azotó a la capital y a municipios cercanos. Por eso, la sola mención de una nueva restricción preocupa a la ciudadanía. A menos de un año de haberse levantado la medida, un reporte de la CAR Cundinamarca reavivó la inquietud en la Sabana, donde crece el temor de un eventual regreso a la regulación del uso del líquido vital si la situación no mejora.Durante más de un año, entre 2024 y 2025, los bogotanos convivieron con turnos, calendarios y un ahorro forzado, luego de que los embalses alcanzaran niveles críticos. Aunque en abril de 2025 el sistema mostró señales de recuperación, hoy las cifras vuelven a generar alerta.¿Regresará el racionamiento de agua en Bogotá?La advertencia más reciente proviene de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que informó que el Sistema Chingaza, principal fuente de abastecimiento de Bogotá y la Sabana, se encuentra en 67,17 % de su capacidad. Entre tanto, el embalse de Chuza, uno de los más importantes, reporta niveles bajos, con 68,09 %.Lo más preocupante es que esta situación no está asociada a una temporada de sequía. De acuerdo con el Ideam, las condiciones climáticas en la región son neutrales, lo que indica que el descenso obedece principalmente al consumo y a la presión constante sobre las fuentes hídricas.CAR enciende la alarma por déficit de agua en la SabanaLa CAR convocó el pasado 6 de enero una reunión de emergencia con alcaldes y representantes de municipios como Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá. El objetivo fue evaluar acciones para enfrentar un posible desabastecimiento hídrico.Durante el encuentro, el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, advirtió que el crecimiento urbano y la alta demanda industrial están superando la capacidad de recuperación de ríos y embalses. “Sin haber empezado la temporada seca ya presentamos déficit de agua”, señaló el funcionario, quien insistió en la necesidad de adoptar medidas preventivas.CAR prioriza consumo humano y pone límites a la industriaLa entidad fue clara en señalar que la prioridad absoluta es el consumo humano. Por ello, no se autorizarán aumentos en las captaciones de agua para empresas o plantas industriales en la Sabana de Bogotá.Entre las acciones planteadas están:Fortalecer los programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA).Impulsar proyectos de circularidad y aprovechamiento de aguas lluvias.Evaluar la construcción de reservorios y la exploración de pozos subterráneos.Promover inversiones para proteger páramos y zonas estratégicas para el recurso hídrico.Aunque no se ha anunciado un nuevo racionamiento, el mensaje es claro: si no se reducen las presiones sobre el agua, Bogotá y la región podrían volver a enfrentar restricciones en el corto o mediano plazo.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 10 de enero de 2026:Lucas Naranjo Mejía, gerente general de Perfek Constructora, dio detalles acerca de los impactos del aumento del salario mínimo en la canasta familiar y vivienda.Mario Guerra, psicoterapeuta, experto en pérdidas y apego, profundizó sobre lo que debemos soltar del 2025 para fortalecer el 2026.Escuche el programa completo aquí:
El arranque de 2026 llegó con un dato histórico: el aumento del salario mínimo del 23,7 %, el más alto de los últimos años. Aunque la noticia debería traducirse en mayor poder adquisitivo para millones de trabajadores, en el sector de la construcción el panorama genera alertas, especialmente para quienes buscan comprar vivienda de interés social (VIS).En la más reciente entrevista de Casa BLU, el gerente general de Perfect Constructora Lucas Naranjo Mejía explicó cómo este incremento impacta directamente el precio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento de las familias.¿Por qué el salario mínimo encarece la vivienda VIS?Naranjo explicó que, en ciudades con más de un millón de habitantes, la vivienda de interés social está indexada a 150 salarios mínimos. Con el nuevo ajuste, una vivienda VIS que en 2025 costaba alrededor de 113 millones de pesos, pasa a costar cerca de 262 millones de pesos en 2026.“El problema es que a la mayoría de las personas no les suben el salario mínimo, sino la inflación, que hoy está alrededor del 5,1 %. Eso hace mucho más difícil adquirir o terminar de pagar una vivienda”, advirtió.Según el gerente, los costos directos representan cerca del 60 % de un proyecto VIS, y de ese porcentaje, el 35 % corresponde a mano de obra, que sí se ve directamente afectada por el aumento del salario mínimo.Solo por este concepto, los costos directos podrían incrementarse en 7,86 %, y al sumar los costos indirectos —también indexados al salario mínimo— el aumento total en construcción podría llegar al 13,1 %, siempre que no haya alzas adicionales en insumos como acero o cemento.¿Qué pasa con los subsidios de vivienda?Más allá del precio final de la vivienda, la principal preocupación del sector es la capacidad de endeudamiento de los compradores. Con inflación al alza, las tasas de interés tienden a subir, reduciendo el cupo que los bancos pueden prestar.“Eso puede generar una cascada de desistimientos, especialmente en familias que compraron el año pasado con un precio y hoy enfrentan uno muy distinto”, señaló Naranjo.En algunas ciudades, los subsidios de las cajas de compensación —que sí están atados al salario mínimo— podrían aliviar parcialmente la situación. Sin embargo, el problema persiste para quienes ganan un poco más del mínimo, ya que sus ingresos solo se ajustan por inflación.“La brecha financiera se vuelve muy difícil de cerrar”, reconoció el experto.¿Sigue siendo rentable construir vivienda VIS?Aunque la vivienda de interés social no ofrece grandes márgenes para los constructores, históricamente ha sido atractiva por su alta rotación. Sin embargo, Naranjo advirtió que, si el Gobierno avanza en desindexar la vivienda del salario mínimo y los números dejan de ser viables, muchos constructores podrían dejar de desarrollar este tipo de proyectos.El gerente hizo una aclaración clave: la vivienda no subirá 23,7 % en todos los segmentos. Mientras la VIS se ve fuertemente impactada por la indexación al salario mínimo, en estratos 4, 5 y 6 los incrementos proyectados oscilan entre 10 % y 11 %.“Lo importante es que las familias hablen con sus constructoras, revisen planes de pago y entiendan que este es un reto más, no el fin del sueño de la vivienda”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
En la madrugada de este 10 de enero llegó al patio taller de Bosa el cuarto tren de la Línea 1 del Metro, una noticia que marca el inicio de una nueva etapa en el cronograma del megaproyecto y que confirma que, a partir de ahora, la ciudad recibirá un nuevo tren cada quince días, hasta octubre.Así lo anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien destacó que el arribo de este nuevo tren refuerza el ritmo de ejecución del proyecto y acerca a la capital a la meta de poner en operación la primera línea del Metro en marzo de 2028. El tren llegó a la ciudad luego de haber salido el pasado 3 de diciembre desde Qingdao, China.“El Metro de Bogotá no para de avanzar: esta madrugada llegó a nuestra ciudad el cuarto tren de la Línea 1. Luego de salir el 3 de diciembre de Qingdao, China, el tren ya está en el patio taller de Bosa, donde pronto iniciará pruebas”, escribió el alcalde Galán en su cuenta de X.Con este anuncio, ya son cuatro los trenes que se encuentran en Bogotá, tres de ellos actualmente en fase de pruebas en el patio taller de Bosa. El primero llegó el 11 de septiembre del año pasado, marcando un punto de inflexión en un proyecto que por décadas estuvo estancado.Según informó la Empresa Metro de Bogotá (EMB), con corte al 31 de diciembre de 2025, la Línea 1 del Metro registra un avance general del 70,72 %, que incluye diez kilómetros de viaducto construido. Luego de la instalación del vano S503 el 3 de enero, se superaron los 10.025 metros de estructura elevada.“Otro hito para el Metro de Bogotá: el 3 de enero llegamos a diez kilómetros de viaducto construido. Seguimos avanzando para garantizar que Bogotá tenga Metro”, señaló el alcalde Galán en ese momento.Cada uno de los trenes que irá llegando a la ciudad será sometido a pruebas técnicas, operativas y de seguridad en el patio taller y, más adelante, sobre el viaducto, para garantizar su correcto funcionamiento en las condiciones reales de la ciudad.Paralelo al avance de la Línea 1, el 30 de diciembre de 2025 la Empresa Metro de Bogotá publicó en el SECOP II el proyecto de pliego de condiciones para contratar la consultoría que evaluará los estudios de factibilidad de la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100, sin que ello altere la puesta en marcha del metro en 2028.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
La captura de Zulma Guzmán en el Reino Unido y el inicio formal de su proceso de extradición marcaron un nuevo avance en la investigación por el envenenamiento con frambuesas que cobró la vida de dos menores en Bogotá. Así lo confirmó el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, víctimas en el proceso, quien además reveló que la Fiscalía General de la Nación continúa indagando la posible participación de otras personas en los hechos.Abushihab explicó que, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, las líneas investigativas no se limitan a una sola persona. “Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido; es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas”, señaló. No obstante, fue enfático en aclarar que una de las personas mencionadas en algunos medios no tiene responsabilidad penal. “Particularmente, la persona que llevó las frambuesas no está vinculada; no es cierto. Es una persona que, inclusive, entregó información muy valiosa y muy útil”, precisó.Frente a la captura de Guzmán, la familia de la menor víctima expresó satisfacción por el avance del proceso. “Estamos absolutamente complacidos, primero, con el trabajo muy juicioso de la Fiscalía, y segundo, porque desde mediados de diciembre conocíamos el paradero de la señora Guzmán y estábamos expectantes a que se materializara la circular roja”, manifestó Abushihab. Añadió que la confirmación de que la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas es “una noticia absolutamente satisfactoria para la familia”.El abogado destacó el trabajo de la fiscal del caso, Elsa Reyes, al asegurar que la investigación se mantiene activa. “La doctora Reyes no descansa y vive permanentemente en un ejercicio investigativo alrededor de este caso y de esas líneas investigativas”, afirmó.Zulma Guzmán, de 54 años, fue recluida luego de negar su extradición ante el Tribunal de Westminster. La próxima diligencia está programada para el lunes 12 de enero, cuando se realizará una audiencia preliminar judicial. En esa etapa, Guzmán deberá contratar abogados defensores y Colombia expondrá los argumentos para solicitar su extradición. La justicia británica evaluará, entre otros aspectos, eventuales riesgos para los derechos humanos y la vida de la solicitada. La decisión que se adopte podrá ser apelada ante un tribunal superior.Paralelamente, en Colombia existe expectativa por la determinación que adopte la fiscal Elsa Reyes una vez concluya la vacancia judicial, en relación con la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de Guzmán. Sobre este punto, Abushihab explicó que el trámite de extradición no excluye el avance del proceso penal en el país. “Son actuaciones paralelas. Depende de que se den las condiciones para que la señora Guzmán sea vinculada al proceso y de su voluntad de comparecer”, indicó.El abogado señaló que, de no presentarse, la Fiscalía podría acudir a la figura de la contumacia, dado que la indiciada está plenamente ubicada. Finalmente, resaltó la coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Asuntos Internacionales con las autoridades del Reino Unido. “Ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que consideren apropiado, y nosotros, como víctimas, apoyaremos en un cien por ciento la decisión que adopte la doctora Elsa Reyes”, concluyó.
La defensa de Edwin Delgado, propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, fijó una postura clara frente a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio a título de dolo eventual. El abogado Jimmy Erazo aseguró que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso formalmente al cargo al considerar que los hechos atribuidos a su representado no se ajustan al tipo penal invocado por el ente acusador.“Es importante precisar que el día de ayer, en audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso a la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, considerando que los hechos jurídicamente relevantes que imputa no se adecúan al tipo penal de homicidio, en este caso a título de dolo eventual”, explicó Erazo. A juicio del abogado, la conducta atribuida a Delgado, ser pasajero del vehículo, no puede ser considerada un hecho penalmente relevante. “Ser pasajero de un vehículo no son hechos jurídicamente relevantes que se puedan constituir en un homicidio. El derecho penal no está para presionar ni para amenazar”, afirmó.Durante la diligencia, la defensa solicitó al juez que ejerciera un control material de legalidad sobre la imputación. Sin embargo, el despacho judicial consideró que se trataba de un acto propio de la Fiscalía y que existirán otras etapas procesales para discutir la adecuación típica de los hechos. Pese a ello, Erazo reiteró que desde las fases iniciales del proceso se ha advertido que la conducta atribuida a Delgado es, en su criterio, “abiertamente atípica”.La Fiscalía, por su parte, sustentó la imputación señalando que la presunta responsabilidad de Delgado estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero, quien posteriormente salió del país y que para el ente acusador se encontraba en estado de alicoramiento, condujera el vehículo. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría contribuido de manera determinante al accidente que dejó dos víctimas mortales.Frente a esta versión, la defensa la rechazó y explicó un contexto distinto de los hechos. “Esta relación que surge simplemente es una persona que se designa el 31 de octubre; ellos designan y contratan ese servicio a esa persona que prestaba esa opción de conducción para que sea la persona encargada de conducirlos a su domicilio”, sostuvo Erazo. Añadió que la defensa cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan esa versión, entre ellos un video que ha circulado en medios de comunicación, en el que se observa que el conductor llega a recogerlos y presta un servicio de transporte. “En ningún momento esa persona estaba departiendo con mis clientes, simplemente estaba prestando un servicio”, subrayó.El abogado también destacó la actitud procesal de su defendido y de su pareja, señalando que han sido los únicos en comparecer voluntariamente ante la justicia. “La única persona que se ha presentado en este proceso judicial, que fue voluntariamente a la Fiscalía, donde se hizo su arraigo y la individualización de forma voluntaria, es el señor Edwin y su pareja”, afirmó. Según Erazo, ambos han rendido declaración y están dispuestos a aportar todos los elementos probatorios necesarios.Finalmente, la defensa insistió en que el interés de Delgado es que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de quien, a su juicio, sería el verdadero responsable del siniestro. “La disposición está de colaborar con la justicia. Hemos estado en todas las diligencias judiciales y va a comparecer a todas las etapas del proceso penal”, concluyó el abogado.
Óscar Muñoz era hasta hace poco encargado de negocios de Colombia en Nicaragua. Su nombre fue conocido porque gestionó la renovación de la residencia para Carlos Ramón Gonzalez, exdirector de la DNI señalado como el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD y hoy prófugo de la justicia en ese país.Volvió a sonar porque en diciembre del año pasado pidió recursos a la Cancillería para una parranda vallenata que se realizó en el Teatro Rubén Darío de Nicaragua, a la que asistió Carlos Ramón, a quien se le vio bailando animadamente junto a funcionarios de la embajada. Aunque el ministerio le negó el dinero, la fiesta se hizo.Por estos motivos, el presidente Gustavo Petro ordenó retirar a los funcionarios involucrados; sin embargo, la Cancillería informó que, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en contra de Muñoz, este sería reubicado, no expulsado. Blu Radio conoció que su destino es la embajada de Colombia en Guyana, que fue abierta por el gobierno Petro y está liderada por el embajador sanandresano Graybern Livingston Forbes.En este momento, la embajada de ese país necesita personal y ahí entraría Muñoz. Podría ocupar el cargo de primer secretario que tenía en Nicaragua o asumir un rol del mismo rango. Todo esto a pesar de los cuestionamientos en su contra.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, dos personas, identificadas como Ovier Martínez Vargas, de 51 años y Yineth Soto Sánchez, de 40 años, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camioneta procedentes del Caquetá, fueron asesinadas en la vereda Guanacas, en inmediaciones de la hidroeléctrica de El Quimbo en el centro del Huila.Según las investigaciones, varios hombres portando armas de fuego presuntamente interceptaron el vehículo y habrían obligado al conductor a dirigirse hacia un paraje rural del municipio de El Agrado, donde ocurrieron los hechos. Una tercera persona que acompañaba a las víctimas se encuentra desaparecida.“Un hombre y una mujer pierden la vida por impactos de arma de fuego. Según las hipótesis las víctimas, oriundas del Caquetá, habrían sido atacadas por desconocidos en hechos que, en estos momentos, es materia de investigación. Una tercera persona que se desplazaba con las víctimas habría escapado del lugar y, al parecer, se lanzó a la represa de El Quimbo reportada actualmente como desaparecida”, dijo el comandante de Policía Huila, el coronel Carlos Eduardo Téllez.Datos preliminares suministrados dan cuenta que los ocupantes del vehículo tipo camioneta de placa LUR-121, habrían salido del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá y al parecer se dirigían hacia la ciudad de Medellín.Entre tanto, funcionarios de policía judicial avanzan en las investigaciones con la recolección de evidencias y testimonios que les permita determinar los móviles y poder identificar y capturar a los responsables. Cabe mencionar que otra persona fue asesinada en el casco urbano del municipio de Pitalito.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, defendió la denuncia penal presentada contra tres congresistas —los senadores J. P. Hernández y María Fernanda Cabal, y la representante Lina Garrido— por mensajes en redes sociales que, a juicio del Gobierno, alientan una intervención militar extranjera en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el funcionario sostuvo que ese tipo de llamados no solo serían delictivos, sino que ponen en riesgo las instituciones democráticas del país.Idárraga explicó que Colombia atraviesa un momento institucional definido: “Estamos a seis meses de acabar un periodo presidencial, con infraestructura electoral en marcha, a menos de 60 días de la renovación del Congreso y a pocos meses de elegir un nuevo presidente o presidenta”. En ese contexto, afirmó que “atacar, permitir, favorecer o promover una invasión” por parte de un gobierno extranjero contradice la defensa de la democracia que, dijo, alegan quienes emiten esos mensajes.Según el ministro encargado, la denuncia busca que sea la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia la que determine si hubo conducta punible. “Aun siendo escenarios políticos, hay límites previstos en el Código Penal cuando se ponen en riesgo la existencia del Estado y la estabilidad institucional”, señaló.Ante las críticas que plantean que el debate debía quedarse en el terreno político o electoral, Idárraga respondió que los funcionarios del Gobierno, salvo excepciones, no pueden involucrarse en disputas electorales, y agregó que no existen fundamentos jurídicos para sostener señalamientos como una supuesta persecución judicial internacional contra el presidente. Por eso, dijo, la controversia no es política, sino jurídica.Qué consecuencias legales podrían tener los congresistasConsultado por las consecuencias legales, el ministro indicó que, si la Corte encuentra mérito, las conductas podrían acarrear cárcel, aunque recalcó que solo la justicia puede establecer culpabilidad. “Estas personas deben enfrentar a la justicia con sus argumentos y explicar el sustento jurídico de calificar o promover actos que desequilibran las instituciones democráticas”, afirmó.Idárraga también rechazó comparaciones con declaraciones pasadas del presidente Gustavo Petro en escenarios internacionales. A su juicio, no es un asunto de izquierdas o derechas, sino de estabilidad institucional. “No podemos naturalizar que actores políticos promuevan que un país extranjero interceda sin fundamento jurídico en Colombia”, dijo, y agregó que, si autoridades de otro país consideran que existen méritos para investigar a un mandatario colombiano, corresponde a esas instancias proceder.Frente a los cuestionamientos sobre libertad de expresión y el fuero parlamentario, el ministro sostuvo que, aunque los congresistas tienen amplias garantías para opinar dentro y fuera del Congreso, la jurisprudencia ha fijado límites. Citó decisiones judiciales previas en las que se ordenó enmendar afirmaciones hechas por parlamentarios cuando vulneraron derechos o excedieron esos márgenes.Finalmente, Idárraga negó que la denuncia implique censura. Señaló que en Colombia existe oposición activa y crítica, pero insistió en que no hay “libertad absoluta” para promover acciones que, según su tesis, ponen en riesgo la democracia. “Sin apasionamientos, con respeto, que sea la justicia la que establezca si hay razones de peso para proceder o no”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Policía investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 37 años en España, que falleció tras retransmitir en directo por internet cómo se drogaba y bebía alcohol, en el marco de un supuesto reto que le plantearon otros internautas.El hombre, que vivía en un piso junto a su madre en Cataluña (nordeste), fue localizado sin vida en su casa, tras grabarse consumiendo drogas y alcohol en la madrugada del 30 al 31 de diciembre.La Policía, que está a la espera de los resultados de la autopsia, ha abierto una investigación para aclarar los hechos, según han informado a EFE fuentes cercanas al caso.En el marco de la investigación abierta para tratar de determinar si se puede perseguir penalmente alguna de las conductas vinculadas al contexto de esta muerte, la Policía está buscando testigos, recabando información sobre las personas que siguieron la retransmisión y tratando de acceder a imágenes del directo.El suceso se produce apenas unos meses después del fallecimiento del 'streamer' francés Raphaël Graven en circunstancias similares.Raphaël Graven, conocido en internet como Jean Pormanove, era sometido a humillaciones y vejaciones en Kick, una plataforma de transmisión en directo.
La investigación por el trágico accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, sigue sumando elementos clave. Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en el siniestro en el que murieron 2 personas, entre ellas la motociclista Viviana Marcela Suárez Isaza, habría abandonado el país pocas horas después de los hechos. Así lo confirmó Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia de la víctima, quien advirtió que esta circunstancia no impide que el proceso penal continúe en Colombia.“Tenemos información que, evidentemente, esta persona ya salió del país desde unas horas posteriores a los hechos. Sin embargo, esto no es para que no se pueda juzgar en Colombia, evidentemente sí se puede judicializar y, en su momento, pues, ¿por qué no?, solicitar una orden de captura de manera internacional para que sea traído al país”, señaló el abogado. En ese mismo sentido, hizo un llamado directo al conductor para que comparezca ante las autoridades: “La invitación a esta persona no puede ser otra que se presente ante las autoridades judiciales, porque frente a él también se tendrá que dar la misma audiencia de formulación de imputación, la misma calificación jurídica”.La representación de las víctimas explicó que, aunque el proceso continúa su curso, se dará un margen de tiempo antes de formalizar nuevas solicitudes. “De pronto unos cinco o seis meses para que efectivamente elevar una solicitud de manera formal. Se tendrá que vincular formalmente al señor Rubén Romero Castillo”, indicó Castellanos, dejando claro que su eventual ausencia no lo exime de la responsabilidad penal.En paralelo, la Fiscalía General de la Nación ya adelantó una audiencia de control previo que permitiría avanzar en la localización y vinculación formal del conductor. Según el abogado, esta diligencia tuvo como propósito verificar si Romero Castillo contaba con las capacidades y permisos requeridos para conducir en Colombia. “La Fiscalía adelantó un control previo con el objetivo de determinar si efectivamente esta persona tenía las capacidades o, por lo menos, los permisos en Colombia para manejar y, desde allí, partir con esa posibilidad de inferencia de autoridad o participación”, explicó.Las decisiones judiciales sobre Romero Castillo se producen en paralelo a la imputación ya avalada contra Edwin Delgado, propietario del vehículo, a quien la Fiscalía vinculó por homicidio a título de dolo eventual. El ente acusador sostiene que Delgado permitió que una persona en presunto estado de alicoramiento condujera el automóvil.Sobre este punto, el abogado Castellanos precisó que la consecuencia jurídica de esa calificación es determinante en la pena. “La consecuencia jurídica de que sea un homicidio a título de dolo está básicamente en la pena. La pena oscila entre diecisiete años y tres meses como mínima”. Agregó que la Fiscalía sostiene que no basta con entregar las llaves del vehículo “y que no es solamente que yo entregué las llaves y ya, existe una posición de garante del propietario del vehículo frente a la sociedad y esa comisión por omisión, dejar de hacer algo, evidentemente lo vincula al proceso penal”.Finalmente, se confirmó que la segunda pasajera del vehículo no fue vinculada al caso. No obstante, la investigación continúa abierta, mientras las autoridades evalúan los pasos a seguir frente a la salida del país de Rubén Romero y la eventual activación de mecanismos internacionales para asegurar su comparecencia ante la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, mujer extraditada y señalada por las autoridades de Estados Unidos de blanquear recursos provenientes del narcotráfico. Las propiedades, cuyo valor preliminar supera los 7.300 millones de pesos, quedaron a disposición del proceso de extinción de dominio que adelanta la entidad.De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados corresponden a seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia, en el departamento del Quindío, así como en Cali, Sevilla y Jamundí, en el Valle del Cauca. La investigación determinó que estas propiedades habrían sido adquiridas con dineros de origen ilícito, producto del envío de cocaína desde Colombia hacia destinos internacionales.El expediente señala que los bienes no figuraban directamente a nombre de Forero Álvarez. Por el contrario, estaban registrados a nombre de familiares, personas cercanas y empresas que funcionarían como fachada, las cuales no contaban con la capacidad económica ni financiera para justificar la adquisición de inmuebles, vehículos y negocios de ese valor. Para la Fiscalía, esta estrategia buscaba ocultar el origen ilegal de los recursos y darles apariencia de legalidad.Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en la ciudad de Armenia y posteriormente extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025. En ese país enfrenta cargos relacionados con lavado de activos. La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, recursos que habrían sido canalizados por el sistema financiero internacional y luego transferidos a Colombia.Con la imposición de estas medidas cautelares, la Fiscalía busca evitar que los bienes sigan siendo administrados, vendidos o transferidos mientras avanza el proceso judicial y garantizar que, de comprobarse su origen ilícito, pasen de manera definitiva a manos del Estado a través de la extinción de dominio.
La Contraloría General de la República emitió una alerta tras adelantar la primera auditoría de cumplimiento al Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, FonIgualdad, correspondiente a la vigencia 2024.El organismo de control advirtió una baja ejecución presupuestal, a pesar de que el Fondo recibió recursos por 1.9 billones de pesos del Ministerio de Igualdad y Equidad para su funcionamiento y la implementación de programas sociales.De acuerdo con el informe, del total apropiado para la vigencia auditada, FonIgualdad solo estableció compromisos contractuales por el 25 % del presupuesto, obligó recursos por el 13 % y realizó pagos efectivos por apenas el 3,08 % del valor total destinado.Para la Contraloría, estas cifras evidencian una gestión fiscal deficiente que limita el impacto real de los recursos públicos asignados para reducir las brechas de desigualdad en el país.La auditoría también identificó que 12 de los 25 programas contemplados para 2024 no registraron ejecución alguna. Entre los programas con mayor nivel de ejecución se encuentran Jóvenes en Paz, con un 87 %, y el Programa Nacional del Cuidado, con un 85 %.Sin embargo, el ente de control señaló que, en términos generales, solo se utilizaron recursos para atender el 25 % de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales existentes en el territorio nacional.Según la Contraloría, esta situación afecta de manera directa a poblaciones consideradas prioritarias dentro del diseño de FonIgualdad, como mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas y campesinos, quienes constituyen el núcleo de beneficiarios de los programas sociales financiados con estos recursos.El informe advierte que la falta de ejecución limita el alcance de las políticas públicas orientadas a la transformación social y territorial.Frente a los hallazgos, FonIgualdad explicó que, al tratarse de un patrimonio autónomo constituido mediante un contrato de fiducia mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y una sociedad fiduciaria pública, no le aplica el principio de anualidad presupuestal.Por esta razón, señaló que el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2023 fue ejecutado durante el año 2024.En relación con los gastos de funcionamiento, la entidad reportó una ejecución del 98 %, con compromisos por 13.040 millones de pesos.No obstante, en materia de inversión, la Contraloría reiteró que más de la mitad de los programas no presentaron ejecución durante la vigencia auditada.El análisis contractual también arrojó observaciones. La Contraloría determinó deficiencias de planeación en el convenio del Programa Jóvenes en Paz, suscrito con la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTP) por 175.311 millones de pesos, al evidenciarse una baja ejecución del objeto contractual.Para el organismo de control, estos hallazgos confirman que la gestión realizada en 2024 no permitió que los recursos asignados a FonIgualdad cumplieran plenamente su objetivo de cerrar brechas de inequidad poblacional y territorial.