La Fiscalía General de la Nación ejecutó varias órdenes de captura contra varios militares, presuntamente vinculados a irregularidades en un contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17.Según confirmó el ente investigador, hasta el momento dos órdenes de captura han sido materializadas en la mañana de este martes 16 de diciembre en el Fuerte Militar de Tolemaida. Las detenciones se dan en el marco de una investigación por presuntas anomalías en la contratación y ejecución del mantenimiento de estas aeronaves de la Fuerza Pública.La Fiscalía no reveló los nombres de los capturados ni los delitos específicos que se les imputarían, mientras avanzan las diligencias judiciales y la recolección de material probatorio. Tampoco se ha precisado si habrá más capturas en las próximas horas.Por su parte, el Ejército Nacional informó que uno de los capturados es un oficial del grado de coronel, perteneciente al arma de Aviación. “En el marco del principio de colaboración armónica entre instituciones y siguiendo las políticas de transparencia institucional, esta unidad militar realizó el acompañamiento a la Fiscalía General de la Nación durante el proceso de captura de un oficial de grado Coronel, perteneciente al arma de Aviación”, dice la comunicación.La institución manifestó que contra el oficial se adelanta un proceso por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.Asimismo, el Ejército señaló que, con el fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos, la autoridad militar competente iniciará de manera inmediata la correspondiente investigación disciplinaria, la cual se adelantará de forma paralela a la acción penal en curso.Antecedentes del contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17El Ministerio de Defensa Nacional sancionó el pasado mes a la empresa Vertol Systems Company tras detectar fallas técnicas y retrasos en el contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17, aeronaves de origen ruso utilizadas por las Fuerzas Militares en labores de transporte, apoyo logístico, atención humanitaria y evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso.De acuerdo con la decisión oficial, la cartera de Defensa declaró el incumplimiento parcial del contrato, al concluir que la firma no respetó los plazos ni cumplió con las condiciones técnicas establecidas. Como resultado, se impuso una sanción cercana a los 9 millones de dólares (USD 8.980.000).Además, el Ministerio ordenó a la compañía reintegrar más de 13,5 millones de dólares (USD 13.586.857), correspondientes a una parte del anticipo entregado, y anunció que hará efectiva la póliza de garantía para recuperar los recursos públicos comprometidos.El contrato contemplaba un anticipo de 16,2 millones de dólares (USD 16.231.700), equivalente al 50 % de su valor total, con el propósito de asegurar la operatividad de la flota Mi-17. Sin embargo, los retrasos reiterados y las fallas en el mantenimiento llevaron al Ministerio a adoptar medidas administrativas para salvaguardar los intereses del Estado.La entidad enfatizó que estas decisiones buscan proteger los recursos públicos, exigir el cumplimiento de los estándares de mantenimiento aeronáutico y reforzar los controles sobre la contratación en el sector defensa. Asimismo, reiteró que continuará con las labores de vigilancia y control para prevenir irregularidades y garantizar la transparencia en la gestión contractual.
La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Cristian Camilo González Ardila, a quien acusa como presunto responsable del delito de homicidio agravado, en el marco de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.De acuerdo con el escrito de acusación, González Ardila habría participado de manera voluntaria en el plan criminal y cumplido un rol clave dentro de la estructura delictiva. Según la Fiscalía, su función habría sido recoger en una motocicleta al adolescente que fue seleccionado para disparar contra el dirigente político, con el fin de facilitar su huida tras cometer el atentado.Los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador indican que, para cumplir ese propósito, el hoy acusado habría recibido una transferencia de dinero, presuntamente destinada a tanquear la motocicleta y desplazarse hasta el punto previamente acordado. El día de los hechos, González Ardila se ubicó en inmediaciones del parque El Golfito, lugar que haría parte del plan de escape.Sin embargo, el plan no se habría ejecutado como estaba previsto. El menor de edad que atentó contra el senador fue alcanzado durante la huida por el esquema de protección de Miguel Uribe Turbay y herido con arma de fuego, antes de llegar al sitio donde presuntamente lo esperaba González Ardila. Ante esta situación, y para evitar ser detectado, el procesado abandonó el lugar.Días después del crimen servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a González Ardila durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de Bogotá. En el procedimiento judicial, las autoridades incautaron varios elementos que, según la Fiscalía, darían cuenta de su posible participación en los hechos investigados.Actualmente, Cristian Camilo González Ardila permanece privado y deberá enfrentar juicio oral como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas calificadas como agravadas.Con esta acusación, ya son nueve las personas vinculadas formalmente al proceso penal por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, entre ellas el menor de edad que ejecutó la acción criminal, quien ya fue sancionado conforme al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La Fiscalía continúa avanzando en la investigación para esclarecer de manera integral los hechos y determinar los autores intelectuales.
Emilio Tapia Aldana, condenado por su participación en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país, quedó en libertad en las últimas horas. Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.Además, en diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, asistió de manera virtual a atender el interrogatorio citado por la Fiscalía que investiga presuntas irregularidades alrededor de la compra de un apartamento de lujo en Bogotá.La jornada se desarrolló en dos momentos de este lunes: 9:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y según su abogado, Juan David León, Roa respondió a todas y cada una de las preguntas del ente acusador pero además, presentó nuevas pruebas con las que busca insistir en su defensa.En esa línea, Roa y su defensa reiteraron que están dispuestos a atender cualquier nuevo requerimiento que se haga por este motivo.Ahora la Fiscalía debe evaluar esta información y determinar el paso a seguir en el proceso en el que, cabe recordar, está bajo la lupa una operación que habría hecho Roa a través de una empresa vinculada al empresario del sector hidrocarburos Serafino Iácono.Uno de los fines de este interrogatorio es aclarar si la transacción fue privada y legítima, o si podría estar relacionada con compromisos o beneficios asociados a futuros contratos de la petrolera estatal, pues según los registros, Roa pagó $1.800 millones pese a que el avalúo alcanzaba los $4.000 millones.Por este caso, la Procuraduría también tiene abierta una indagación preliminar por un posible conflicto de intereses, al considerar que las actuaciones de Roa al frente de Ecopetrol podrían haber beneficiado a compañías con vínculos previos con Iácono.
La polémica por la muerte de dos niñas envenenadas con talio sigue generando preguntas y nuevas revelaciones. A ocho meses de los hechos, la Fiscalía General de la Nación mantiene como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, señalada de ser la presunta responsable del crimen ocurrido el 4 de abril en Bogotá.Con el avance del proceso, han surgido detalles que complejizan el caso. El abogado de la familia Forero, Majer Abushihab, explicó que el análisis de los elementos probatorios ha permitido a la Fiscalía llegar a conclusiones preliminares, aunque la investigación continúa en curso.Uno de los puntos clave tiene que ver con el domiciliario que entregó las frambuesas contaminadas con el metal tóxico. Según Abushihab, esta persona habría sido instrumentalizada. Su participación, ya esclarecida por las autoridades, permitió seguir una línea que condujo inicialmente a una mujer de cabello rojo y, posteriormente, a Zulma Guzmán, quien hoy concentra la atención del ente acusador.Caso de las niñas envenenadas con talio: nuevas pistas de la FiscalíaDe acuerdo con la versión del abogado, la Fiscalía logró establecer cómo se dio la entrega del producto contaminado y la forma en que el mensajero actuó siguiendo instrucciones telefónicas. Este elemento resultó determinante para reconstruir la cadena de hechos y descartar la responsabilidad directa del domiciliario.La investigación también abrió la puerta a examinar los vínculos personales de los adultos cercanos a las menores, así como episodios del pasado que podrían ayudar a entender el contexto del caso. Aunque no hay imputación formal, la Fiscalía sigue recolectando pruebas técnicas y testimoniales.Zulma Guzmán le pusó un GPS al carro de Juan de BedoutEn medio del proceso judicial, Zulma Guzmán concedió una entrevista a Focus Noticias en la que se defendió de las acusaciones y aseguró tener pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, una de sus declaraciones llamó especialmente la atención de la opinión pública y de los investigadores.Durante la conversación, Guzmán reconoció que años atrás decidió instalar un GPS en el vehículo de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas, con quien sostuvo una relación extramatrimonial. Según explicó, la decisión estuvo motivada por celos y desconfianza durante ese vínculo sentimental.“Yo cometí un error hace muchísimos años, precisamente cuando estaba en la relación con Juan”, afirmó. Relató que, tras una discusión, él la retó a que no sería capaz de saber su ubicación exacta, lo que la llevó a buscar la forma de instalar el dispositivo.Guzmán agregó que el episodio ocurrió cuando visitaron un apartamento relacionado con un familiar de su exesposo, inmueble que estaba siendo remodelado para su venta. Allí, dijo, se le ocurrió colocar el GPS en el carro. Aseguró que Bedout se dio cuenta tiempo después y que el hecho se tomó de manera jocosa, aunque para ella fue vergonzoso, motivo por el cual pidió disculpas y aseguró no haber vuelto a repetir una conducta similar.Mientras tanto, la Fiscalía continúa evaluando todas las declaraciones y pruebas recopiladas. El caso, que conmocionó al país, sigue abierto y bajo estricta reserva, a la espera de decisiones que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.
Ante el paro armado anunciado por el ELN, las Fuerzas Militares activaron un despliegue inmediato de tropas en las regiones con mayor nivel de riesgo, como parte de una estrategia preventiva para proteger a la población civil, la infraestructura crítica y los ejes de movilidad del país. Así lo confirmó el general Juan Carlos Correa, subjefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares, al señalar que desde el primer momento se activaron alertas y análisis estratégicos sobre el comportamiento de este grupo armado.“Desde que el ELN anunció el paro se hizo un despliegue de tropas en las áreas más críticas. Estudiamos sus intenciones, sabemos que es a nivel nacional, pero tienen áreas específicas y por eso desplegamos en ellas”, explicó el general Correa, al detallar que la respuesta militar se basa en inteligencia y en la identificación de los puntos donde históricamente el ELN ejerce mayor presión.De acuerdo con el alto oficial, las zonas con alertas reforzadas incluyen el Chocó, Norte de Santander, Cauca, el Catatumbo y Arauca, territorios donde el grupo armado mantiene presencia activa y capacidad de afectar la movilidad y la seguridad. “El despliegue es en áreas críticas como el Chocó, Norte de Santander, Cauca, lógicamente toda la parte del Catatumbo y la parte de Arauca. Ahí hay unas alertas mayores, pero estamos listos en todo el territorio nacional”, sostuvo.El general Correa también se refirió a las amenazas del ELN contra ciudades capitales, incluidas las principales urbes del país como Bogotá. Aunque aclaró que no existe información de inteligencia puntual sobre un ataque específico, advirtió que el riesgo no puede subestimarse. “Una información de inteligencia puntual no se tiene; sin embargo, ante esa amenaza que es creíble, porque hemos visto que ellos tienen la capacidad”, afirmó.En ese sentido, recordó que el ELN ha demostrado capacidad logística y operativa para ejecutar acciones violentas lejos de sus zonas tradicionales. “Hemos visto que ellos tienen la capacidad de llegar con munición en Cali a hacer un acto terrorista; pueden llegar a una capital”, dijo el general, al explicar que esta posibilidad obligó a reforzar la seguridad también en los principales centros urbanos del país.Como respuesta, las Fuerzas Militares activaron un despliegue coordinado con la Policía Nacional, los entes de control y toda la fuerza pública en las ciudades, con el fin de anticipar cualquier eventualidad y reaccionar de manera inmediata. “Nosotros desplegamos con nuestra Policía Nacional y todos los entes de control y toda la fuerza pública aquí, a nivel central, en las ciudades”, señaló Correa.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que informe cualquier situación sospechosa y destacaron que la estrategia combina presencia militar, coordinación interinstitucional e inteligencia, en un contexto marcado por el paro armado y el aumento de la tensión en varias regiones del país.
El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, renunció a su aspiración presidencial. Olimpo ya había entregado sus firmas ante la Registraduría y el Partido Liberal le había ofrecido un coaval para participar en una consulta interpartidista en marzo, si llega a haber.Sin embargo, Olimpo asegura que aún no hay claridades sobre la consulta y aspirará al Senado por el Partido Liberal.“Después de una reflexión muy profunda he llegado a una decisión muy clara: en este momento puedo servir mejor a Colombia desde otro escenario institucional, desde el Senado de la República. Un espacio donde mi experiencia, mi criterio y mi capacidad de construir consensos son hoy más necesarios que nunca. Por eso hoy anuncio al país mi candidatura al Senado de la República”, señaló Héctor Olimpo.Además, el exgobernador de Sucre también confirmó que buscará llegar a la presidencia del Partido Liberal en la próxima convención nacional. Actualmente, ese cargo lo ocupa el expresidente César Gaviria.Es importante recordar que, en un principio, Héctor Olimpo fue precandidato presidencial por la Fuerza de las Regiones; sin embargo, fue expulsado de esa coalición.
Colombia continúa de luto tras el grave siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre. El accidente se registró en la vía Belén, sector El Chispero, en el tramo que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, donde un bus de transporte escolar se precipitó a un abismo de cerca de 80 metros.El vehículo transportaba a un grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que regresaban de una excursión académica. De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades, el hecho dejó un saldo de 17 personas fallecidas y más de 20 heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran 16 estudiantes y el conductor del automotor.En las últimas horas se conoció la identidad del conductor que perdió la vida en el accidente. Se trata de Jonathan Taborda Lopera, quien trabajaba para Precoltur, firma encargada del servicio de transporte. Su fallecimiento fue confirmado por integrantes de la red de turismo en Antioquia, quienes expresaron públicamente su pesar por lo ocurrido.“En Precoltur lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y conductor Jonathan Alexander Taborda Lopera. Acompañamos con solidaridad y respeto a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”, señalaron a través de un comunicado.Por su parte, la empresa operadora del viaje también se pronunció sobre la tragedia. En un mensaje oficial, informó que el bus transportaba a 34 jóvenes, un guía y dos conductores al momento del accidente. La compañía manifestó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó que ha mantenido comunicación permanente con los padres y acudientes de los estudiantes.“Lamentamos profundamente el grave accidente ocurrido durante el regreso de la excursión. Hemos estado acompañando a las familias, ofreciendo apoyo, orientación y toda la información disponible en este momento de dolor”, indicó la empresa, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo sucedido.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que la Fiscalía adelanta dos líneas de investigación en torno a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, relacionadas con una posible financiación irregular y la eventual superación de los topes electorales.En el marco de esas indagaciones, el ente acusador practicó una inspección judicial en la sede del movimiento político Colombia Humana, como parte de las diligencias de verificación ordenadas dentro del proceso.“Naturalmente, esas diligencias que se programan tienen por objeto despejar las dudas que existen”, señaló la fiscal.Camargo explicó que una de las líneas investigativas busca establecer si la campaña Petro Presidente 2022 sobrepasó los límites legales de gastos permitidos por la normativa electoral, mientras que la segunda se enfoca en determinar si ingresaron recursos de origen ilícito.“Después de la inspección estamos desarrollando el programa metodológico, y hay una investigación preliminar que tiene varios componentes. Incluso tenemos ahora la compulsa de copias que llegó de la Corte Suprema de Justicia, con alrededor de 17 personas mencionadas”, precisó la fiscal.La diligencia, realizada por un equipo especializado de la Fiscalía General de la Nación, tuvo como objetivo revisar documentos contables, registros financieros y soportes administrativos vinculados a la campaña, e indagar sobre la posible responsabilidad del entonces gerente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.En su intervención, la fiscal general enfatizó que el organismo judicial mantendrá una política de rigor y transparencia frente a este y otros procesos. Además, destacó que se llegará hasta las últimas consecuencias.“En el 100 % de las investigaciones, ese es el deber de la Fiscalía: llegar hasta las últimas consecuencias. Es un imperativo de conducta que deben desarrollar los fiscales”, subrayó.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reiteró que Simeón Pérez, alias 'El Viejo', tenía una relación directa con una célula de la Segunda Marquetalia, lo que lo convierte en un eslabón nuevo y determinante dentro de la investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.Camargo explicó que la captura e imputación de alias 'El Viejo' marcan el inicio de una segunda fase en el proceso judicial, al establecer su papel como articulador entre el grupo de sicarios que ejecutó el crimen y quienes habrían ordenado el ataque. “Estamos dando con quien habría sido articulador entre el grupo operativo, que es el grupo de sicarios, y quienes habrían ordenado el magnicidio. Y la evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia”, indicó la fiscal.Según la Fiscalía, los reportes técnicos demuestran que Pérez asistió el pasado 30 de marzo a una reunión política de Uribe Turbay en el suroccidente de Bogotá, donde habría seguido y fotografiado al senador para planear los movimientos del atentado.Las autoridades sostienen, además, que fue él quien entregó el arma homicida a Catherine Martínez Martínez, la joven que posteriormente la puso en manos del adolescente que disparó contra la víctima.La Fiscalía ha insistido en que esa es la ruta que la evidencia ha marcado casi desde el principio: “Si ustedes recuerdan el tema de Catherine, cómo viajaba a Florencia y a qué viajaba, por qué llegaba al Caquetá... Digamos que estas nuevas evidencias que se han encontrado con Simeón están confirmando esas teorías”, señaló Camargo, haciendo referencia al testimonio de alias 'Gabriela', quien afirmó haber sido contactada por integrantes de la Segunda Marquetalia para recibir entrenamiento en manejo de drones y francotirador.Camargo destacó que la investigación cuenta con más de 400 actividades en curso, realizadas por la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y un equipo de analistas que han reconstruido desplazamientos, comunicaciones y material audiovisual. “No se trata del número de diligencias, sino de la calidad. Ha sido un trabajo muy juicioso, sin ahorrar esfuerzos para ponerle cara e historia a cada actor”, subrayó.Frente a la posibilidad de una negociación judicial, la fiscal general señaló que no se descarta un preacuerdo con alias 'El Viejo', siempre que su colaboración permita avanzar en el esclarecimiento total del crimen. “Siempre estamos dispuestos a negociar en la medida en que encontremos buena información que nos permita escalar en el conocimiento de la verdad. Con ‘El Viejo’ aún no tenemos noticias de acercamiento”, concluyó.
Simeón Pérez, alias 'El Viejo', tiene un extenso prontuario criminal, que recientemente lo vincula como líder de una organización delincuencial con epicentro en Bogotá, dedicada al microtráfico, a estafas, falsificación de tarjetas bancarias y homicidios. De hecho, dentro de las pesquisas para esclarecer el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se han logrado judicializar a otras tres personas por esos delitos.Esa organización criminal actúa como una suerte de outsorcing delincuencial, que ofrece sus servicios incluso fuera de Colombia, por eso no se descarta que alias 'El Viejo' haya sido contratado desde Venezuela o desde otro país para cometer el crimen.Simeón Pérez tiene un proceso por narcotráfico en otra ciudad, había sido condenado a 33 años de cárcel por el asesinato en la cárcel La Modelo de Omar Rueda Silva, el 21 de febrero de 1995. Había salido de prisión en 2022 y durante esos largos años en la cárcel pasó por varias penitenciarías como la de Acacías, Meta, en donde habría conocido a alias 'El Costeño', su principal cómplice en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.También se investiga si alias 'El Viejo' participó en el fallido atentado contra el secretario del partido Comunes y exintegrante de las Farc, Gabriel Angel, bajo cuya camioneta fueron ubicados explosivos en julio de 2024.Alias 'El Viejo' había huído de Bogotá tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, a una finca ubicada en Puerto Lleras, en límites entre Meta y Guaviare. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, 'El Viejo' tiene vínculos antiguos con las disidencias y recientemente habría sido el encargado de la logística para el transporte de cocaína entre Caquetá y el departamento del Cauca. También se indaga si su esposa estuvo involucrada con esos grupos delincuenciales.Para los investigadores resulta muy llamativo que Simeón estuviera siguiendo a Miguel Uribe Turbay desde marzo de este año, lo que demuestra que se trató de una operación criminal de largo aliento, por la que se pagó mucho dinero y detrás de la cual habría intereses muy poderosos relacionados con motivaciones políticas.Escuche el informe completo aquí:
La Fiscalía General de la Nación declaró infundada la recusación presenta da por el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, con la que solicitó apartar a la fiscal Lucy Laborde de la investigación que se adelanta contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.La decisión fue adoptada mediante resolución emitida por la directora encargada de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Meza, quien ratificó a la fiscal Laborde en el proceso.En el documento se indica que las supuestas irregularidades expuestas por la defensa no evidencian un interés personal, ni una expectativa real o manifiesta de provecho o menoscabo por parte de la funcionaria, descartando cualquier señal de parcialidad o conflicto de interés. Por ello, la entidad resolvió declarar infundada la causal de recusación propuesta por el doctor Pedro Alejandro Carranza, en calidad de apoderado judicial de confianza de Nicolás Petro Burgos.La controversia se originó en septiembre pasado, cuando el abogado Carranza envió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitando revisar la continuidad de Laborde en la investigación. En la misiva, el apoderado cuestionó la actuación de la fiscal, quien a su vez había manifestado inconformidades con decisiones adoptadas por el ente acusador en este proceso, como la asignación de una fiscal de apoyo.La decisión se da en medio de una reciente controversia entre la fiscal Lucy Laborde, quien lleva el caso en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente y la Fiscalía General de la nación, la cual inició el pasado 22 de septiembre cuando Laborde por medio de una carta denunció presiones indebidas en el caso y advirtió que ella no había solicitado una fiscal de apoyo, la cual fue designada sin la presunta consulta o petición previa de la funcionaria.La decisión de la Fiscalía ante dicha inconformidad fue retirar a la fiscal de apoyo, sin embargo, aseguró en una carta de respuesta que la designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino solo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes.
En un operativo contra las estructuras urbanas de las disidencias de las Farc, la Policía y la Fiscalía capturaron en Villa Garzón, Putumayo, a alias ‘El Flaco’ y alias ‘Alexandra’, señalados de haber planeado un atentado con explosivos contra el CAI Lucero, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.Los hechos se remontan al 22 de junio de 2025, cuando una mujer que transportaba un artefacto explosivo en un bolso sufrió una detonación accidental dentro de un establecimiento comercial. La explosión, causada por la acumulación de gases, alertó de inmediato a las autoridades, que lograron su captura en flagrancia. Posteriormente, las investigaciones revelaron que la mujer había sido reclutada por alias ‘El Flaco’, quien coordinaba la acción terrorista desde el sur del país.De acuerdo con la información de inteligencia, ‘El Flaco’ hace parte de la estructura ‘Jorge Briceño’, una de las principales disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’. En 2022, este hombre ya había perpetrado un atentado con un motocarguero bomba contra el Batallón Pantano de Vargas, en Granada, Meta, hecho en el que murieron dos personas. Por ese caso fue capturado y recluido en la cárcel La Picota, pero logró fugarse el 28 de julio de 2024, permaneciendo prófugo durante más de un año.Las autoridades establecieron que, tras su escape, fue nuevamente contactado por miembros de las disidencias para ejecutar un ataque en Bogotá. En febrero de 2025 comenzó a planear el atentado contra el CAI Lucero y el 21 de junio se reunió con dos mujeres para coordinar la acción, realizar vigilancia y definir la ruta de ataque.Después de cuatro meses de seguimiento e interceptaciones, las unidades de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía, lograron capturar a ‘El Flaco’ y a su compañera en Villa Garzón. Durante el procedimiento se incautaron armas, municiones y material de comunicaciones utilizado para coordinar la acción terrorista.En audiencia, alias ‘El Flaco’ aceptó los cargos de terrorismo, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares. Las autoridades confirmaron, además, que tenía vigente una circular naranja de Interpol por fuga de presos.
Todo comenzó en 2018, cuando Aranguren fue designado comandante de la Brigada de Selva No. 27, en Mocoa (Putumayo). A esa misma unidad fue trasladada una subteniente, quien se desempeñaba como oficial de comunicaciones.Según estableció la Corte Suprema de Justicia, desde su llegada la oficial empezó a ser objeto de comentarios sexuales explícitos, expresiones humillantes y comportamientos invasivos, provenientes directamente de su superior jerárquico, el general en retiro Yuber Aranguren.Y es que, con base en los relatos de la víctima, Aranguren no solo la acosaba sexualmente haciéndole comentarios de toda índole, sino que además la amenazaba con hacer que la relación sentimental que ella tenía se acabara: “Ante algunos comandantes de batallón le expresó que era un bizcocho joven […], tómele la foto a eso para las comunicaciones, no le vaya a enviar la foto a su noviecito; esa chimba de relación que usted tiene se la voy a hacer acabar y, si se piensa casar, también la voy a desertar tanto para que no se case”.La sentencia describe un patrón de comportamiento reiterado. Por ejemplo, en reuniones del Estado Mayor, formaciones militares y espacios institucionales, el entonces general, condenado a 3 años y 4 meses, hizo referencias al cuerpo de la subteniente y a su apariencia física, utilizando expresiones de alto contenido sexual y degradante.En uno de los episodios más graves, aprovechó un desplazamiento en su vehículo particular para tocarle una pierna sin consentimiento, conducta que la Corte Suprema de Justicia consideró plenamente acreditada.Estas conductas no solo afectaron la honra de la víctima, sino que la expusieron al ridículo dentro de una estructura jerárquica como la militar.Entre los elementos tenidos en cuenta se incluyeron correos electrónicos enviados a la Oficina de Género del Ejército, grabaciones realizadas por recomendación institucional y testimonios que corroboraron de manera periférica la existencia de la denuncia y su impacto.Yuber Aranguren deberá pagar 3 años y 4 meses de cárcel por este sonado caso de acoso sexual al interior del Ejército, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena.
Las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco solicitaron a la magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, que no se imponga la medida de detención domiciliaria pedida por la Fiscalía y respaldada por la Procuraduría en el marco del proceso por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La solicitud de la Fiscalía se fundamenta, según lo expuesto en audiencia, en la urgencia de proteger a la comunidad, evitar la continuidad del desfalco del erario y prevenir la intervención o afectación del proceso judicial, ante el riesgo de nuevos encuentros o acuerdos con personas actualmente investigadas. Sin embargo, las defensas cuestionaron de manera frontal esos argumentos y sostuvieron que no se configuran los presupuestos legales para restringir la libertad de los exfuncionarios.En el caso del exministro Ricardo Bonilla, su abogado Mauricio Pava afirmó que las conductas descritas por la Fiscalía corresponden a actividades lícitas y legales, propias del seguimiento institucional a proyectos regionales. “Afirmo con toda entonación, en mayúscula y sostenido, que cada una de esas conductas es lícita y es legal. Ninguna de esas conductas es ilegal, ni siquiera sospechosa, es lo que el derecho penal ha llamado conductas neutrales”, sostuvo el defensor, al señalar que ese tipo de seguimiento ha sido realizado por ministros anteriores y continuará haciéndose en el Ministerio de Hacienda. Agregó que varios de los proyectos cuestionados venían estructurándose desde 2021, antes del periodo del exministro.Sobre el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave del proceso, la defensa presentó 50 horas de diligencias rendidas ante la Corte y fragmentos que, a su juicio, evidencian que no existió una orden expresa por parte de Bonilla. Según Pava, la propia testigo habría reconocido que no hubo instrucciones explícitas, sino interpretaciones personales derivadas de su iniciativa y falta de experiencia al intentar “mostrar gestión” y un supuesto trato preferencial a congresistas.El abogado también defendió el comportamiento procesal de Bonilla para sustentar la solicitud de libertad. Aseguró que el exministro se ha presentado voluntariamente, ha solicitado ser escuchado por las autoridades y no representa riesgo de fuga, por lo que dijo que no puede imponerse una medida de aseguramiento para responder al clamor social. “Eso no es una razón para una medida de aseguramiento”, enfatizó.Por su parte, la defensa del exministro Luis Fernando Velasco, a cargo de la abogada Rosa Elena Suárez, cuestionó la solidez de la inferencia planteada por la Fiscalía.“No basta con relatar hechos genéricos, ni con aludir a comportamientos ambiguos o socialmente reprochables. La inferencia debe articular de manera lógica y verificable los elementos recaudados con la estructura del tipo penal”, afirmó.En relación con el testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y principal testigo del caso, la abogada sostuvo que no se acreditan elementos mínimos que configuren un acuerdo criminal que involucre a Velasco. Señaló que la Fiscalía no precisó cuándo, cómo, por qué medio ni ante quién se habrían impartido supuestas órdenes ilícitas.La defensa también rechazó la tesis que intenta presentar reuniones en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior como “cónclaves” de un esquema criminal. Según Suárez, esa hipótesis pierde sustento ante la ausencia de pruebas, las declaraciones contrarias de los asistentes y la falta de un vínculo objetivo entre los actos de corrupción atribuidos a Olmedo López y un supuesto liderazgo de los exministros.Finalmente, la abogada cuestionó que la Fiscalía invoque el impacto social, el clamor ciudadano o la desconfianza institucional para justificar la detención, al tiempo que reconoce que no existe riesgo de fuga, de obstrucción, de reiteración ni de afectación a las víctimas.También rechazó que se intente reforzar la solicitud con conductas de terceros, al recordar que la responsabilidad penal es estrictamente individual:“Resulta igualmente improcedente que la Fiscalía pretenda reforzar su solicitud acudiendo a comportamientos de terceros, de terceros además, ajenos a esta audiencia, como la referencia que hizo a los señores Carlos Ramón González Merchan y a César Augusto Manrique. La responsabilidad penal es estrictamente individual, de ahí la imputación subjetiva, y la responsabilidad no admite proyecciones, no admite contagios. Pero fíjese además, señora magistrada, que hoy se empiezan a filtrar aspectos como el de una parranda vallenata en que está González Merchan, mientras Velasco acude ante usted. Lo pretendido sin duda es contaminarla; la tranquilidad de la defensa es que eso no va a ocurrir. Ninguna inferencia adversa puede construirse a partir de situaciones jurídicas que no guarden relación con el ministro acá procesado”.Con estos argumentos, las defensas pidieron a la magistrada Rosero negar la detención domiciliaria, mientras el Tribunal evalúa si los elementos expuestos por la Fiscalía cumplen los requisitos legales para restringir la libertad de los exministros.
La Fiscalía General de la Nación continúa investigando el caso del envenenamiento con talio que provocó la muerte de las menores Emilia e Inés Forero en Bogotá, ocurrido el pasado 4 de abril. Ocho meses después de los hechos, Zulma Guzmán Castro sigue siendo la principal sospechosa, señalada como presunta responsable del crimen.El caso ha generado gran indignación en el país, principalmente por el uso del talio, un metal altamente tóxico cuyo manejo en Colombia está restringido exclusivamente a procesos industriales. Según el abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, las investigaciones analizan múltiples hipótesis que podrían involucrar a más personas además de la sospechosa principal.El posible móvil estaría relacionado con un vínculo sentimental previo entre Zulma Guzmán y Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, con quien habría sostenido una relación extramatrimonial iniciada en Cartagena alrededor de 2018.En entrevista con Los Informantes de Caracol Televisión, el endocrino e internista retirado Julio Portocarrero recordó el caso de Alicia, madre de una de las menores y exesposa de Bedout, quien también presentó intoxicación por talio. “El examen que le hice fue unas pruebas de sangre y orina de talio y resultó positivo. Se inició el tratamiento rápidamente, no hubo necesidad de hospitalizarlo”, explicó el médico. Según Portocarrero, los niveles normales son “menos de 2 microgramos”, mientras que Alicia presentó niveles de “80, 90, claramente altos”.El tratamiento consistió en “medicamentos que ligan el talio en el organismo y se elimina por la orina”, señaló el especialista, quien agregó que los controles posteriores mostraron niveles “cero, no detectables”. La familia confirmó la recuperación inicial. Sin embargo, Alicia sufrió una recaída en Europa debido a la reactivación de un tumor previo, falleciendo el 17 de agosto de 2021 a los 50 años.Un elemento clave en la investigación fue la reconstrucción del envío de las frambuesas contaminadas. La Fiscalía determinó que el mensajero que transportó el paquete no formó parte del plan criminal y se convirtió en testigo crucial. Según el ente acusador, el domiciliario inicialmente se retiró al no encontrar a nadie, pero regresó tras recibir instrucciones telefónicas que indicaban que el paquete era un regalo y mencionaban a un miembro de la familia para que fuera aceptado. Registros telefónicos y de ubicación respaldaron esta cadena de hechos, concluyendo que Guzmán ordenó el envío contaminado.
La Corte Constitucional amparó de manera transitoria y urgente los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud del exrepresentante a la Cámara Gustavo Hernán Díaz, quien está recluido en la Cárcel La Picota pagando una pena por el delito de tráfico de influencias y tiene un diagnóstico de melanoma.La decisión se adoptó tras revisar una tutela interpuesta contra una providencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que había revocado una orden de sustitución de la pena por prisión domiciliaria previamente concedida por un juez de ejecución de penas.El exrepresentante a la Cámara fue condenado en segunda instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 7 de febrero de 2024 por el delito de tráfico de influencias.Posteriormente, el 10 de mayo de 2024, Díaz se entregó voluntariamente a las autoridades y fue recluido de manera provisional en el Comando Departamental de Policía del Casanare; en ese sentido, la vigilancia de la pena quedó a cargo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal.El 20 de mayo de 2024, el exrepresentante condenado por corrupción solicitó la sustitución de la pena por prisión domiciliaria, argumentando que padecía “mieloma múltiple IgG Kappa”, además de otras comorbilidades que afectaban gravemente su sistema inmunológico. El juzgado acogió la solicitud y, mediante auto del 30 de julio de 2024, concedió la sustitución de la pena.Ante el riesgo inminente para la vida digna y la salud del accionante, la Corte Constitucional decidió intervenir de forma excepcional y ordenó, como medida transitoria, la aplicación inmediata de la sustitución de la pena que había sido concedida inicialmente por el juez natural.Esto se traduce en que el Juzgado que tiene el proceso deberá determinar, tras la orden de la Corte Constitucional, cuál es el beneficio que se le otorgará al exrepresentante debido a su grave estado de salud.
Esta decisión la tomó el alto tribunal al resolver una demanda presentada por los padres de crianza de un suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana que murió durante una exhibición acrobática realizada en agosto de 2019, en Rionegro, Antioquia.En el fallo, el Consejo de Estado ordenó reconocerles la pensión de sobrevivientes, el pago doble de cesantías y la compensación por muerte, conforme al régimen prestacional especial aplicable al personal militar.De acuerdo con este proceso, el uniformado fue acogido por sus abuelos maternos desde los primeros meses de vida, luego de que su madre biológica lo dejara a su cuidado. Desde entonces, ellos asumieron de manera permanente su crianza, educación, sostenimiento económico y acompañamiento afectivo, ejerciendo de forma real y continua la función de padres.Pese a ello, la Fuerza Aérea Colombiana negó inicialmente el reconocimiento de las prestaciones, al considerar que la figura de padre o madre de crianza no estaba prevista en los regímenes especiales de las Fuerzas Militares.A esta enorme controversia incluso se sumó la reclamación de la madre biológica, quien alegó vínculos consanguíneos y afectivos con su hijo para acceder a los beneficios económicos.Este fallo es importante porque señala que, aunque la familia de crianza no hubiera sido formalmente declarada ante autoridad alguna, sí se acreditó la existencia de relaciones socioafectivas, de solidaridad y apoyo mutuo, equiparables a las de una familia biológica o adoptiva.
Sigue la controversia por la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la extradición a Estados Unidos del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc autodenominadas Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Geovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', quien tiene un extenso prontuario por narcotráfico.Blu Radio conoció en su totalidad la resolución ejecutiva 421 firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 18 de noviembre, en la que no solamente se revelan en detalle los procesos penales contra 'Araña', sino que explica en detalle los motivos sobre los que sustenta esa determinación.Dice textualmente el documento que “dado que el señor Geovanny Andrés Rojas es uno de los miembros representantes con mayor ascendencia dentro de la CNEB y ejerce un liderazgo principal en este grupo en el departamento del Putumayo y el piedemonte caqueteño, se considera que desempeña un papel significativo y determinante para la implementación efectiva del conjunto de los acuerdos”.Y señala que alias 'Araña' es especialmente importante para el cumplimiento de los acuerdos relacionados con las zonas de ubicación temporal, según dice el documento, “los cuales suscribió de manera directa”.El documento agrega que “la participación del señor Geovanny Andrés Rojas es crucial para la continuidad y el desarrollo de las actividades del proceso, permitiendo la profundización de la garantía de los derechos de las víctimas, particularmente en lo relativo a la verdad, justicia y reparación, previstas inicialmente en el Acuerdo No. 5”, que implica la “creación de la Subcomisión de Garantías Judiciales, enfocada en la situación jurídica de los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y los derechos de las víctimas y su satisfacción”.Escuche el informe completo aquí:
En las últimas horas se conoció una carta firmada por más de 30 senadores, dirigida a las autoridades, en la que solicitan garantías procesales para 11 jóvenes capturados. Según las autoridades, los detenidos serían presuntos integrantes de la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP), banda desarticulada, de acuerdo con lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán el pasado 12 de diciembre.En el documento, con fecha del 1 de diciembre, los congresistas manifiestan su preocupación por la criminalización de la juventud y cuestionan el uso de agentes encubiertos, así como lo que consideran una inflación punitiva en este tipo de procesos. Entre los firmantes se encuentra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.En diálogo con Blu Radio, el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, explicó las razones que llevaron a varios congresistas a respaldar el comunicado. Señaló que, tras una serie de allanamientos y detenciones que coincidieron con el aniversario del estallido social, la comisión recibió información según la cual los jóvenes pertenecen a sectores populares, realizaban trabajo comunitario y denunciaban ser víctimas de persecución y posibles montajes judiciales.“Lo que hicimos fue emitir un comunicado porque estos jóvenes son conocidos por distintos sectores populares y sociales. La intención era evitar imputaciones desproporcionadas, tal como lo han recomendado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y instancias de Naciones Unidas”, explicó Uribe.El congresista recordó que esta comisión bicameral ha documentado miles de casos relacionados con la protesta social y presuntas irregularidades judiciales. Aclaró que el pronunciamiento no busca interferir en las investigaciones, sino garantizar el debido proceso, evitar cargos excesivos y respetar la presunción de inocencia.No obstante, Uribe aseguró que al momento de firmar la carta no tenían conocimiento de que los jóvenes capturados hicieran parte de la PPP. Aun así, insistió en la necesidad de una investigación rigurosa e imparcial.“Esperamos que se haga una investigación seria. Ya hemos visto casos de montajes judiciales, como el de quienes fueron condenados por el secuestro de Gloria Lara y años después el Estado tuvo que pedirles perdón. Los informes de Policía no son prueba definitiva; hay que esperar que avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos”, concluyó el representante.
El Gobierno colombiano concedió la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de Frontera, a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, aunque la entrega queda suspendida bajo condiciones de la Paz Total.La resolución ordena la extradición del ciudadano colombiano a petición de las autoridades de Estados Unidos. Es requerido por la Corte Distrital del Distrito Sur de California por los de concierto para distribuir cocaína y narcoterrorismo.No obstante, el artículo segundo de la resolución establece la suspensión de la entrega de Rojas mientras este “contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total” en el marco de la Ley 2272 de 2022.Geovany Andrés Rojas funge como miembro representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional.La entrega de alias ‘Araña’ a Estados Unidos se hará efectiva si sus aportes o su participación en el proceso de paz total "se interrumpa o cesen". En este caso, se procederá al trámite de extradición una vez se cumplan los condicionamientos impuestos al Estado requirente.La resolución también establece que la entrega se llevará a cabo bajo el compromiso de Estados Unidos de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, lo que implica que Rojas no será sometido a desaparición forzada, torturas ni a penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.La decisión del Gobierno se basa en el aval que previamente había dado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para la extradición de Geovany Andrés Rojas.La corte consideró que se cumplían los requisitos constitucionales para entregar al exjefe guerrillero, quien fue capturado en un hotel de Bogotá mientras participaba en la mesa de diálogos.Las pruebas de la justicia estadounidense confirmaron que la organización de Rojas produjo cocaína en Colombia, la envió a México y la introdujo al mercado estadounidense, lo que configura el delito de narcoterrorismo. El alto tribunal advirtió que los Comandos de Frontera han perdido toda legitimidad política y operan como una estructura criminal.
La muerte de las menores Emilia e Inés Forero, a raíz de envenenamiento de frambuesas con talio, consternó a todo el país y las autoridades avanzan en la investigación en donde la principal sospechosa es Zulma Guzmán Castro, quien salió del país días depsués de lo sucedido con destino a Argentina.Apareció Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del crimenLuego de varios días de investigación, finalmente, reapareció la sospechos que se encuentra por fuera del país. La mujer habló y salió en defensa propia sobre esta acusación y dijo que "tenía la manera de demostrar su inocencia", por lo tanto, iba a poner su disputa legal para demostrarlo. Lo curioso, según las autoridades, es que se pronuncia poco después de que se hablara de una posible imputación de la Fiscalía y sin señales pese a tener circular de la Interpol."Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas . Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo", dijo en diálogo con Focus Noticias.Aseguró que "no entendía" porque la inculpaban a ella, pues "no tenía ningún motivo" para hacer algo así. Pero pondrá sus propias pruebas en manos de las autoridades para demostrar su inocencia."La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, ninguna garantía de un juicio justo en estos momentos", añadió.La relación de Zulma Guzmán Castro y la familia BedoutConfesó haber sido pareja sentimental de manera clandestina con Juan de Bedout y aseguró nunca haber conocido a la esposa, pese que algunas versiones la han relacionado con su muerte."Yo lo vi cuando quedó viudo, en noviembre, tomamos un café y él me comentó que ella había muerto de cáncer, ella había tenido cáncer en el 2016 o 2017, creo, y le regresó, pero también ese día me dijo que habían tenido un susto, así me lo dijo, porque a principios de año ya había tenido una intoxicación por una sustancia, no estoy completamente segura de si me nombró esa sustancia talio o si me dijo simplemente que le habían encontrado algo que le había envenenado o le había hecho daño, no estoy segura exactamente que me dijo.",dijo.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó negar la tutela presentada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como 'Pipe Tuluá', con la que busca dejar sin efecto el concepto favorable de extradición emitido el pasado 12 de noviembre a solicitud del Gobierno de Estados Unidos.Tan solo unas horas después de que se confirmara que el Gobierno firmó la extradición de 'Pipe Tulúa', se conoció un escrito remitido a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, quién será la encargada de resolver una tutela que interpuso el máximo cabecilla de 'La Inmaculada'. La Corte explicó que el concepto de extradición se ajustó plenamente a las exigencias constitucionales y legales; por esa razón, sostuvo que no existe vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad personal ni acceso a la justicia, como lo alega el accionante.Marín, el peligroso cabecilla de la banda 'La Inmaculada' que delinque en el Valle del Cauca, es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir, dentro de un proceso penal iniciado en septiembre de 2024.En la tutela, 'Pipe Tulúa' sostiene que la Corte incurrió en defectos sustantivos y fácticos al equiparar delitos que juzga el país que lo pide en extradición con los que fue juzgado en Colombia.Sin embargo, la Sala Penal reiteró que para verificar el principio de doble incriminación basta con que la conducta sea delito en ambos países, sin importar la denominación jurídica, y que los hechos descritos sí encuentran correspondencia en el Código Penal colombiano.La Corte aclaró que el trámite de extradición no es el escenario para analizar de fondo la responsabilidad penal del solicitado ni para evaluar la suficiencia o validez de las pruebas allegadas por el país requirente.Asimismo, descartó que exista falta de motivación en el concepto de extradición y señaló que los argumentos planteados por la defensa ya fueron analizados y respondidos dentro del trámite. Para la Sala, la tutela no puede usarse como un mecanismo para reabrir discusiones ya resueltas ni para expresar inconformidad con una decisión judicial debidamente sustentada.