La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (norte) confirmó la condena de un año de prisión y multa de 3.240 a un hombre por un delito de odio al insultar y humillar a un trabajador venezolano por su origen, a quien también deberá indemnizar con 1.000 euros.Los jueces desestimaron el recurso interpuesto por el acusado, aunque la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, informó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).En la primera sentencia, recurrida por el condenado, la Audiencia de Bizkaia declaró probado que el 19 de septiembre de 2023 la víctima, nacida en Venezuela y que trabajaba como técnico de una mercantil de telefonía, acudió a prestar un servicio al domicilio del acusado, ubicado en la localidad vasca de Sestao.El procesado, con ánimo de "menospreciar, humillar y menoscabar la integridad moral" por razón de su origen nacional, profirió afirmaciones como "machupichu de mierda, todos sois iguales, estoy cansado de decirle a Vodafone que no me manden inmigrantes a casa, solo quiero españoles", y "negros de mierda no sabéis hacer nada, vete a tu puta tierra, machupichu", entre otras.Cuando el trabajador tomaba el ascensor para abandonar la vivienda, el acusado "se abalanzó sobre él y trató de golpearle con los puños" al tiempo que le gritaba: "No se te ocurra dar una patada al ascensor que te abro la cabeza, te voy a dar negro de mierda, vete para tu puto pueblo".El acusado recurrió la condena alegando que había sido condenado sin prueba incriminatoria concluyente, ya que él había negado los hechos durante el juicio y el tribunal había dado "plena fiabilidad" a lo narrado por el denunciante sin que existieran, en su opinión, otras pruebas contra él.También mantenía que no se podían integrar los hechos probados en el delito de odio recogido en el Código Penal porque con las expresiones utilizadas "no se muestra rechazo e intolerancia hacia el colectivo latinoamericano
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 3 de febrero:La actriz Michell Orozco habló sobre su participación en la tercera temporada de 'La Reina del Flow' y de las reacciones de los televidentes cuando la ven en la calle. Asimismo, recordó sus inicios y las producciones en las que ha estado.El astrónomo Germán Puerta continuó con el especial sobre la estación espacial internacional y le preguntó a los oyentes: ¿aceptaría una misión completamente aislado con otras personas durante un año?
Cuando se habla de calcio, la mayoría de las personas piensa automáticamente en la leche y los productos lácteos. Sin embargo, este mineral fundamental para la salud también se encuentra en otros alimentos, especialmente en algunas frutas que pueden superar incluso el contenido de calcio de la leche. Esta información resulta clave para quienes son intolerantes a la lactosa, siguen una dieta vegana o buscan diversificar su alimentación diaria.Según datos nutricionales, la leche aporta alrededor de 120 miligramos de calcio por cada 100 gramos. No obstante, ciertas frutas deshidratadas ofrecen concentraciones más altas, convirtiéndose en aliadas naturales para fortalecer huesos y dientes.Frutas con más calcio que la lecheAlgunas frutas destacan por su alto contenido de calcio, especialmente cuando se consumen en su versión seca. Entre las más recomendadas se encuentran:Higos secos: aportan hasta 250 miligramos de calcio por cada 100 gramos, más del doble que la leche.Dátiles: ofrecen cerca de 65 miligramos por cada 100 gramos.Damascos o albaricoques secos: contienen alrededor de 55 miligramos en la misma porción.Un puñado generoso de estas frutas puede cubrir una parte significativa de la ingesta diaria recomendada de calcio, especialmente si se combinan con otros alimentos ricos en este mineral.Además de su aporte mineral, estas frutas son ricas en fibra, antioxidantes y energía natural, lo que las convierte en opciones ideales para meriendas, desayunos o como complemento en ensaladas y batidos. Expertos en nutrición recuerdan que no solo importa cuánto calcio contiene un alimento, sino también qué tan bien lo absorbe el organismo. Por ejemplo, algunas verduras de hoja verde como la espinaca contienen calcio, pero su biodisponibilidad es menor debido a la presencia de oxalatos. En cambio, las frutas secas suelen ofrecer una absorción más eficiente y práctica.Beneficios del calcio para la saludEl calcio cumple múltiples funciones en el cuerpo humano. Entre las más importantes se destacan:Contribuye a la formación y mantenimiento de huesos y dientes fuertes.Favorece la coagulación de la sangre.Permite las contracciones musculares.Apoya el funcionamiento del sistema nervioso y cardíaco.Ayuda en la regulación de la presión arterial.Además, el Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señala que un consumo excesivo de calcio proveniente de fuentes animales podría relacionarse con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de próstata, lo que refuerza la importancia de diversificar su origen en la dieta.Incorporar frutas ricas en calcio a la alimentación diaria es una forma sencilla y natural de cuidar la salud ósea sin depender exclusivamente de los lácteos. No obstante, es importante acudir al médico para organizar correctamente su dieta.
Cinco días completa la subregión de Urabá antioqueño con graves afectaciones debido a las fuertes lluvias que han azotado sin clemencia a 10 municipios que hoy la pasan muy mal por los daños que los tiene, incluso, sin una casa a donde regresar cuando finalice la atención a las emergencias que dejan un muerto y tres desaparecidos.Uno de los municipios más golpeados es Necoclí en donde hay afectaciones por donde se mire. Idalia Ramos, afectada de la vereda Ecuador, relató que perdió enseres, cultivos y demás cosas, por lo que pidió una intervención urgente del Gobierno nacional."Necesitamos apoyo del gobierno nacional, de la alcaldía municipal, de todas partes que nos colaboren. La vivienda está en el agua, los cultivos están en el agua. Nosotros somos campesinos, necesitamos que nos colaboren. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que los cultivos están bajo el agua. Lo que es plátano, cacao, maracuyá, todo está inundado", expuso.Y uno de los puntos más críticos está en la vía Necoclí - San de Urabá, que conecta al departamento de Antioquia con Córdoba, y en donde un puente colapsó y tiene a toda la población entre la espada y la pared. Nicolás Ramos, insistió que no tiene cómo sacar sus cosechas antes de que se pierdan por completo."El 90 por ciento de las viviendas están bajo el agua. Que hagan presencia en el territorio, porque la verdad es que nosotros, como campesinos que vivimos es de la agricultura, en estos momentos estamos directamente con las manos atadas, no tenemos nada. Lo poquito que a veces las cosechas nos dan, se nos pierden, porque no tenemos vía para donde evacuarlas, para donde sacarlas", opinó.Tan graves son los daños en la infraestructura vial de carácter nacional que, incluso, hay personas como Juan Ramírez que no saben cómo están sus cosas debido a que no ha podido ingresar a su terrenos debido a las fuertes lluvias que no dejan de azotar al Urabá antioqueño."Vengo desde acá, de Necoclí, mi parcela, y vea que no he podido pasar. El motivo de de de esta lluvia, tengo mi cultivo de aquel lado, cacao. Se me ha llevado un cultivo de de coco, que me dijeron, pues, los vecinos de allá, y al al momento no he podido ir para allá porque el puente está caído", aseguró.A pesar de que el foco de las autoridades está en Necoclí el 90 % del Urabá antioqueño está damnificado y es el caso de Arboletes en donde zonas costeras están gravemente afectadas como relató en medio de la tristeza César Vellojín."Nosotros estamos aquí entre el río y el mar, así que imagínese el riesgo. Y en la zona ribereña también hay una una represa bastante grande, un acueducto, que nos reportaron que también está erosionando. Los animales también ya se están enfermando. Es muy triste todo esto, a veces como que se nos van las palabras", indicó.Tan complicada es situación climática en el departamento de Antioquia que hasta la Gobernación confirmó que las ayudas humanitarias están atrasadas por el transporte aéreo ha sido imposible y tras la caída del puente en la vía Necoclí - San Juan de Urabá, los kits tuvieron que ser transportados por la ruta de Caucasia, aumentando considerablemente la llegada de las ayudas.Pero no es el único punto crítico del departamento, también en el municipio de Urrao se tuvo que declarar la calamidad pública debido a las emergencias que dejaron veredas incomunicadas, daños en colegios, afectaciones al servicio de energía y pérdida de cultivo como indicó José Restrepo."Que afectó cerca de 60 familias. Además que el dueño del predio tuvo una afectación de prácticamente el 40-50% de la tierra. La gente hoy debe platicar en los bancos y hay preocupación también en el sector por el tema de la afectación de las cosechas", indicó.Por ahora y teniendo en cuenta que esto solo es el inicio de las fuertes lluvias que van a caer sobre el departamento, avanza la búsqueda de los tres desaparecidos, mientras que se le recomienda a las comunidades estar atentos a crecientes súbitas o movimientos en masa que serán frecuentes en la región durante las próximas semanas.
Uno de los temas principales del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, fue la lucha contra el narcotráfico, en el que a pesar de que hay visiones distintas sobre el problema, se logró un compromiso para trabajar de manera conjunta en contra de ese flagelo.Hubo un acuerdo para que las autoridades colombianas y estadounidenses trabajen juntos para la neutralización de los capos del narcotráfico, que serán denominados objetivos de alto valor conjunto, en particular se mencionaron los nombres de alias 'Pablito', cabecilla del ELN que delinque en Arauca, 'Iván Mordisco', cabecilla de las disidencias de las Farc y alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo.Ese trabajo se va a potenciar fundamentalmente con el trabajo conjunto de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos, que también buscaría la identificación y captura de los que el presidente llama, los integrantes de la Junta Directiva del Narcotráfico, que según el presidente Petro viven en Estados Unidos, en Europa y en países como Dubai.En cuanto a erradicación de cultivos ilícitos, hubo un compromiso para fijar la meta en 30 mil hectáreas para este año, para lo cual, aunque no se habló específicamente de la metodología, habrá combinación de la aspersión con glifosato a baja altura con drones con la erradicación voluntaria acompañada de sustitución por el cultivo de productos legales, a propósito de lo cual, el presidente Petro le mostró al presidente Trump un video mostrando un grupo de campesinos adelantando tareas de erradicación voluntaria.El presidente Petro también mencionó muy someramente en la reunión, cuáles son las herramientas jurídicas para intentar una negociación con grupos criminales y la manera en la que el Estado busca adelantar una persecución armada en su contra.En la reunión, el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio destacó la histórica buena relación existente entre las fuerzas militares y de policía de ese país y las autoridades colombianas y se profundizó en el compromiso de trabajar más de cerca con capacidades tecnológicas de inteligencia binacional.El presidente Gustavo Petro planteó una idea para que las fuerzas armadas colombianas y venezolanas puedan adelantar operaciones conjuntas en territorio venezolano en contra de los cabecillas del ELN, entre ellos alias Pablito.Como lo anticipó el presidente Donald Trump, también hablaron sobre las sanciones, aunque no lo dice específicamente, muy seguramente los temas sobre la mesa fueron la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas y la inclusión de altos funcionarios del gobierno Petro en la lista Clinton.Al final, una buena frase para resumir los resultados del esperado encuentro entre los presidentes Petro y Trump, la trae el editorial del periódico El Tiempo este miércoles: triunfó la sensatez.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El general en retiro, Luis Mendieta, fue secuestrado en 1998 durante la toma de Mitú, en el Vaupés. Mendieta estuvo casi 12 años en cautiverio y en diálogo con Blu Radio se refirió a la primera sentencia de la JEP contra el antiguo secretariado de las Farc. Quienes fueron los máximos comandantes de esa guerrilla fueron condenados por secuestro, sin embargo, cumplirán una sanción propia, es decir, que no irán a la cárcel, pues la JEP consideró que aportaron verdad plena y asumieron su responsabilidad por estos casos.Mendieta señaló que él participó en diferentes audiencias en la JEP y que allí se habló de las sanciones propias y los proyectos que cumplirían los excomandantes de las Farc, en esos espacios, según Mendieta, las víctimas hicieron unos aportes que no sienten que se hayan tenido en cuenta."En esas audiencias las víctimas hicieron una cantidad de requerimientos, de solicitudes y hoy las víctimas quedarán con un sufrimiento porque no ser tuvo en cuenta por parte de la JEP esos requerimientos que se hicieron", señaló Mendieta.Los excomandantes de la guerrilla van a mantener sus derechos políticos mientras cumplen la sentencia. Sobre este tema, se refirió el presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Sebastián Velásquez."Lo primero que debió hacer la JEP al condenar a ocho años de sanciones propias a los máximos responsables es la pérdida de los derechos políticos de estos comparecientes porque se trata de crímenes atroces y de lesa humanidad, si bien es cierto que las Farc cambió la cárcel por verdad, que aún no la debe, pues entonces que asuman sus responsabilidades como condenados", dijo Velásquez.Otra reacción llegó por parte de la ONG Hijos de los Héroes, desde donde se refirieron a las sanciones y a las penas que imponen desde la JEP."Hoy se culmina el proyecto de impunidad para las Farc en la JEP. Es completamente desproporcional la pena impuesta con los delitos cometidos. Lo peor que puede pasar es que, al final, los únicos que reciban cárcel sean los militares que busquen defender su inocencia en la JEP. Recordemos que la condena para las Farc es de solo 8 años de penas restaurativas. Por otro lado, varios militares han manifestado su deseo de defender su inocencia en juicio adversarial. Por hacerlo, ya no solo se enfrentan a penas restaurativas sino a 20 años de cárcel", señalaron desde la organización.
Este martes se conoció la primera sentencia de la JEP y es contra el antiguo secretariado de las Farc. Quienes deberán cumplir con esta sanción son: Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.Es importante recordar que algunos de ellos ejercen cargos políticos pues, por ejemplo, Catatumbo y Gallo son senadores por el partido Comunes.El magistrado de la Sección de Reconocimiento de la JEP explicó que, tras esta sentencia a ocho años, los exjefes de las Farc mantendrán sus derechos políticos.“No existe incompatibilidad entre la ejecución de la sanción y el ejercicio de los derechos políticos de los comparecientes. No obstante, y hacemos énfasis, se determinó que prima el cumplimiento de la sanción propia sobre la participación en política”, explicó el magistrado Camilo Suárez.Es decir, que cuando alguna actividad política se realice el día en el que los exjefes de las extintas Farc deban cumplir algún proyecto de sanción, deberán priorizar la sentencia y cumplir con los trabajos relacionados con la misma.“El ejercicio del derecho de participación en política no puede emplearse para emitir discursos negacionistas, revictimizantes o contrarios a la sentencia y a las decisiones de la JEP”, explicó Suárez.Los siete exjefes de las Farc deberán cumplir sanciones restaurativas durante ocho años, no irán a la cárcel y las acciones y proyectos que desarrollen deberán estar enfocadas a la reparación de las víctimas.Según la JEP, la extinta guerrilla de las Farc es responsable por más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto armado.
La JEP decidió asumir la competencia para investigar a Rodrigo Granda por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas; quien era conocido como el canciller de las Farc.Esta jurisdicción, además, envió a Granda a la Unidad de Investigación y Acusación pues él no reconoció su responsabilidad en este caso. si la UIA considera que hay mérito, podría adelantar un juicio en su contra.La hija del expresidente paraguayo fue secuestrada en 2004 y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida en una casa de la periferia de Asunción. La justicia paraguaya ha solicitado en extradición a Rodrigo Granda para que responda en ese país por este caso; sin embargo, cabe recordar que recientemente la JEP había abierto la puerta para investigar a Granda por estos hechos."Las pruebas ponen de manifiesto que el compareciente entabló un vínculo que obviamente no era personal sino que tenía que estar relacionado con las actividades insurgentes de las FARC- EP y el brazo armado del partido «Patria Libre». El apoyo no solo se circunscribía a un factor ideológico sino que este tendría que ver también con uno de carácter militar, el mismo que se concretaría en facilitar las condiciones para poder fortalecer su brazo armado y esa colaboración estaba dirigida a superar las fronteras, trascender su doctrina subversiva, internacionalizar el conflicto", explicó la JEP sobre las razones por las que se admitió la competencia.En el mismo sentido, la Sección con Reconocimiento de Verdad decidió enviar el caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, es decir la Fiscalía de la JEP. Si Granda es hallado responsable se podría enfrentar, eventualmente, a 20 años de prisión."REMITIR la actuación adelantada por este caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz —UIA— para que investigue la responsabilidad del señor RODRIGO GRANDA ESCOBAR respecto del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinsky en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la República del Paraguay, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia", se lee en el autoLa jurisdicción, además, explicó que "la vinculación del compareciente con los hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004, desde la óptica de la relación que se presenta con el conflicto armado colombiano no deja espacio a la ambigüedad. Las pruebas ponen de manifiesto que el compareciente entabló un vínculo que obviamente no era personal sino que tenía que estar relacionado con las actividades insurgentes de las FARC- EP y el brazo armado del partido «Patria Libre»", añade la JEP.
La sección con reconocimiento de verdad de la JEP anunciará este martes su primera sentencia contra el antiguo secretariado de las Farc.Los exjefes de la extinta guerrilla deberán cumplir unas sanciones propias de la JEP, es decir que no irán a la cárcel, pues ese tribunal consideró que el secretariado aportó verdad plena y reconoció su responsabilidad por los casos de secuestro que se dieron en el marco del conflicto.La sentencia es contra Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.Estos siete comparecientes deberán cumplir sanciones sobre cuatro ejes temáticos: la búsqueda de los desapariciones, el desminado humanitario, medioambiente y memoria de las víctimas.Cada proyecto tendrá un plazo de vigencia y los comparecientes durante ese tiempo deberán cumplir la sanción. Estas sanciones contarán con el monitoreo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.Es importante recordar que la JEP ha determinado que la extinta guerrilla de las Farc es responsable de más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto armado.La lectura de la sentencia contra los exjefes de esa guerrilla será a las 7:00 de la mañana desde las instalaciones de la JEP en Bogotá.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.Por su parte Sofia Gaviria Correa, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, aseguró que esta apelación era un “descaro”, de los comparecientes.“Las víctimas no podemos quedarnos calladas. Yo invito a los colombianos a que rechacemos esta indignación. El Pacto de La Habana es generoso para los victimarios y ha negado a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Todas las formas de lucha las están utilizando las Farc en este momento y esta es una prueba de que efectivamente pretenden negar la atrocidad que cometieron”, dijo Gaviria.