La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Los organismos de socorro y la fuerza pública intensificaron las labores de atención a las comunidades golpeadas por la emergencia invernal en zona rural de Lebrija, Santander, donde las lluvias y el desbordamiento del río han dejado familias damnificadas, viviendas afectadas y sectores de difícil acceso.En medio de las labores de rescate, la Defensa Civil, con apoyo de campesinos de la región, logró salvar a tres personas que habían quedado atrapadas sobre una camioneta en medio de la creciente. Utilizando cuerdas y chalupas, los socorristas consiguieron ponerlas a salvo, en una operación compleja debido a las condiciones del terreno y la fuerza del agua.De manera paralela, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, junto a un pelotón de Atención y Prevención de Desastres, se desplegaron hacia el centro poblado de la vereda Vanegas para apoyar las labores humanitarias tras el desbordamiento del río, que arrastró viviendas y dejó varias familias afectadas.Durante la jornada, los uniformados ingresaron alimentos, entregaron ayudas básicas y brindaron atención médica prehospitalaria a los habitantes, además de mantener acompañamiento permanente y respaldo institucional en la zona.El coronel Jeisson Albeiro Gerenas Díaz, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5, señaló que el personal continuará apoyando las acciones de gestión del riesgo y asistencia a la población mientras se supera la emergencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la solidaridad ciudadana y a mantener las medidas de prevención ante la temporada de lluvias, especialmente en las veredas donde el acceso sigue siendo limitado.
El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. A diario, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de confirmar si su número fue el ganador, convirtiendo este juego en una referencia para quienes apuestan desde temprano.Número ganador del Dorado Mañana hoyEl número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 7 de febrero de 2026, es el 4848 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.Número ganador: 4848Dos últimas cifras: 48Tres últimas cifras: 848La quinta: 7Últimos sorteos de Dorado MañanaSorteoFechaResultadoDorado Mañana6 febrero 20265554 - 7Dorado Mañana5 febrero 20266073 - 6Dorado Mañana4 febrero 20265146 - 3Dorado Mañana3 febrero 20268537 - 8Dorado Mañana2 febrero 20269801 - 6Dorado Mañana31 enero 20260909 - 9Dorado Mañana30 enero 20268632 - 7Dorado Mañana29 enero 20266425 - 9Dorado Mañana27 enero 20269135 - 5Dorado Mañana26 enero 20264228 - 4¿Cuánto paga el Dorado Mañana?Los premios varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado4 cifras combinado: 208 veces lo apostado3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostadoÚltima cifra (uña): 5 veces lo apostadoDesde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, que amplía las posibilidades de premio cuando coincide con otras cifras del resultado.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, con resultados disponibles después de las 11:00 a. m. No hay sorteos los domingos ni los días festivos.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para hacerlo, el ganador debe:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago ágil, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional chance en Colombia.
A esta hora hay cierre total preventivo de la vía que comunica a la capital antioqueña con la Costa Caribe, entre Yarumal y Valdivia, por una bandera alusiva al Eln que fue instalada cerca a la entrada al municipio de Briceño, la cual podría estar acompañada de un artefacto explosivo.Según confirmó la Séptima División del Ejército, en el sitio ya hacen presencia unidades especializadas antiexplosivos adelantan labores de verificación e inspección para confirmar si en efecto hay algún explosivos, como ha ocurrido en otras ocasiones, y poder descartar cualquier riesgo para la población. Por su parte, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, aseguró que apoyan en el sitio a los uniformados que adelantan esta labor."En el sector de la de la frijolera hay una bandera del ELN, se está determinando si en este punto también se instaló una carga explosiva. Ya unidades del Ejército están a la espera de que personal experto en antiexplosivos haga la verificación. Hay un cierre preventivo de la vía, y estamos, pues, ya pronto a dar el el resultado frente a la a la retirada de la misma, y también la validación, si tiene o no artefactos explosivos, pero ahí ya tenemos unidades de Ejército que están apoyándose para darle tranquilidad a la comunidad y y despeje de la vía total", detalló Muñoz.Por lo pronto, mientras los expertos avanzan en las verificaciones para la seguridad en la zona, el cierre es total en ambos sentidos de la vía.Hay antecedentesVale la pena recordar que esta zona ha sido objeto de este tipo de acciones de manera reiterada. El pasado 29 de enero, el Ejército destruyó un artefacto explosivo con el que el ELN pretendía atentar contra la vía a la Costa Caribe, en jurisdicción de Valdivia, lo que en su momento generó preocupación por la frecuencia de este tipo de acciones en este corredor clave para la movilidad de la región.También el pasado 16 de enero, el Ejército frustró un atentado terrorista en zona rural de Valdivia, donde fueron hallados varios elementos explosivos al parecer pertenecientes al ELN.El hallazgo se produjo puntualmente a la altura de la vereda Palomas, donde soldados encontraron un cilindro de 40 libras, una granada IM26, 600 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad y un chaleco de uso privativo de las Fuerzas Militares.
En diálogo con Blu Radio, Ghisliane Echeverry, la directora del IDEAM, indicó que las lluvias asociadas al reciente frente frío continuarán durante el fin de semana y podrían extenderse hasta el lunes."Las lluvias asociadas a este frente frío van a estar durante este fin de semana, seguramente hasta el día lunes... para la próxima semana también estaríamos esperando lluvias en el sur del país, en la Amazonía, especialmente por entradas de humedad", afirmó la funcionaria.Sobre la intensidad de las precipitaciones en febrero y el impacto en los cuerpos de agua, Echeverry explicó:"Aunque cesen las lluvias en este momento, la respuesta hidrológica tiene un regazo, es decir, aunque hoy dejara de llover, los ríos no van a bajar sus caudales inmediatamente... continuaría todavía los aumentos de caudales durante un tiempo".Para la región Caribe y Andina, la directora del IDEAM entregó un pronóstico esperanzador: "Estaríamos esperando que la próxima semana las lluvias bajen un poco en la región Caribe... y durante el resto del mes de febrero disminuyan de manera paulatina estas lluvias, insisto, principalmente en la región Caribe y en la región Andina"Respecto al Carnaval de Barranquilla, que se celebra esta semana, Echeverry señaló: "Para la próxima semana esperaríamos que disminuyeran paulatinamente sin que se ausentaran de todo, es decir, no vamos a tener totalmente un tiempo seco. Lo que sí esperamos es que no sean de la misma intensidad y con la misma fuerza que tuvimos el fin de semana pasado con el primer frente frío que estuvo afectando el país".Finalmente, sobre la situación crítica de los ríos y la importancia de mantener la vigilancia, la directora concluyó:"Sí, que disminuyan de nuevo, especialmente en la región Caribe y en la región Andina... cada región del país está con comportamientos diferentes, pero en este momento lo más crítico es en el Caribe, sí estamos esperando que disminuya".
Después de una mañana de operativos de rescate, las autoridades confirmaron la recuperación de los dos mineros que permanecían atrapados en la mina La Vidriosa, en zona rural del municipio de Guachetá, Cundinamarca. Las víctimas fueron identificadas como William Montaño, de 35 años, y Óscar Castrillón, de 31 años. De acuerdo con las autoridades, ambos trabajadores fueron hallados sin vida.Según el sexto informe de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el operativo de rescate se reactivó desde muy temprano. A las siete de la mañana ingresó a la mina el equipo de socorristas especializados, que continuó con las labores técnicas en el interior del lugar hasta las 10 de la mañana, aproximadamente, cuando se confirmó oficialmente la finalización del rescate.Las autoridades informaron que los cuerpos serán entregados al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que se adelanten los procedimientos judiciales y forenses correspondientes, mientras se avanza en el proceso legal.Con la recuperación de los dos últimos cuerpos, las autoridades confirmaron que ya fueron identificadas las seis personas que quedaron sepultadas en el lugar. Se trata de Celso Murcia, de 28 años, y Manuel Medina, de 44 años, encontrados el viernes 6 de febrero, así como de Arnold Arias, de 29 años, e Iván Martínez, de 45 años, recuperados en la madrugada de este sábado 7 de febrero.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Corte Constitucional estudiará una demanda en contra del artículo sexto de la Ley de la Paz Total, la cual dice que las discusiones y documentos del 'Gabinete de la Paz' podrán ser confidenciales, "excepto la información relacionada con el uso del presupuesto de los ministerios”.Esta demanda fue presentada por la Fundación Para el Estado de Derecho, y tiene el respaldo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en donde se pide tumbar esta reserva del ‘Gabinete de Paz’.La norma demandadaDe acuerdo con el documento, el mencionado gabinete será convocado por el presidente de la República o por quien él designe, y los asuntos referidos a conversaciones, acuerdos y negociaciones con actores armados que se traten en sus sesiones.Del mismo modo, la información y documentos que se expidan en esta materia, podrán tener el carácter de reservados; excepto lo referido a la información relacionada con la ejecución presupuestal de cada cartera."A sus sesiones podrán ser invitadas las autoridades que defina el presidente de la República. Deberá rendir un informe a la Nación acerca del desarrollo de los diálogos o acercamientos, sin vulnerar los compromisos de reserva pactados en los procesos”, se agregó en el texto.Allí se expuso una presunta vulneración de los artículos 23 y 74 de la Constitución Política, en el que se nombran los derechos de petición al acceso que tienen las personas a la documentación pública.Por su parte, el Gobierno nacional defendió la reserva en estas sesiones, al mencionar que no revelar información, documentos conversaciones de los acuerdos y negociaciones con grupos armados es relevante para la seguridad nacional.Así las cosas, será la magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo quien estudie esta demanda admitida por el alto tribunal en contra de la reserva de las sesiones del Gabinete de Paz.
El Gobierno y la guerrilla del ELN cerraron este sábado el más reciente ciclo de conversaciones, en Caracas, con la firma de un acuerdo sobre la participación ciudadana en la construcción de los acuerdos de paz."Este ya es un consenso para la mesa de diálogos y, por ello, en la búsqueda de la mayor participación posible para las transformaciones necesarias. Adelantamos un proceso histórico sin precedentes", señaló Rodrigo Botero, integrante de la delegación del Gobierno, tras leer la introducción del acuerdo.La inclusión de la participación ciudadana representa el primer punto de seis que han fijado ambas partes en la agenda de los acuerdos de paz.El acuerdo ha generado opiniones a favor y en contra, de parte de quienes destacan el punto como de quienes han catalogado el acuerdo como ambiguo.Sebastián Guerra, exasesor del Alto Comisionado para la Paz, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre lo que esto significa en materia de diálogos de paz con la guerrillas. Guerra reconoció que con ese acuerdo se ha logrado evacuar un punto de la agenda en los diálogos con el ELN, algo que no había sucedido anteriormente. Destacó la importancia de tener claridad sobre los temas a discutir y acordar en una negociación política como esta. Sin embargo, también habló de la necesidad de una agenda más acotada y realista, considerando las particularidades del grupo guerrillero. Resaltó el desafío de la participación ciudadana en un contexto donde el ELN aún está activo y controla ciertas regiones del país. Aunque el acuerdo establece que lo adoptado por la mesa son de obligatorio cumplimiento para ambas partes, Guerra destaca la importancia de garantizar las condiciones necesarias para una participación libre y propositiva, sin presiones o influencias indeseadas. En cuanto a los sapos que hay que tragarse en el proceso de negociación, Guerra reconoció que existen desafíos importantes, como el tema del secuestro y la transformación del modelo económico. Sin embargo, considera que es necesario encontrar un equilibrio entre las demandas del ELN y las expectativas de la sociedad, evitando agendas maximalistas que dificulten la construcción de consensos. Escuche aquí la entrevista:
El exnegociador en el proceso de paz con las Farc Humberto de La Calle se refirió a la hipótesis del gobierno sobre una posible constituyente tras el acuerdo de paz con las Farc, pues según el presidente Gustavo Petro, de acuerdo con lo planteado en el documento se establece que cualquiera de las altas partes contratantes pueda buscar la forma de garantizar el cumplimiento de lo firmado.Humberto De La Calle negó la tesis del Gobierno asegurando que las Farc pretendía pactar la constituyente, afirmando que los negociadores, por parte del gobierno rechazaron esa posibilidad desde los inicios de los diálogos de paz“Precisamente el plebiscito fue lo que se pactó para evitar ese camino de la constituyente que siempre estuvo fuera de consideración por parte del Gobierno. Por lo tanto, tengo que declarar a los colombianos, que no es cierto que lo acordado esté implícita la autorización para buscar una constituyente y menos aún las partes sencillamente se ponen de acuerdo por fuera de la ilegalidad e imponen una constituyente por medio de las normas constitucionales”, mencionó De La Calle en un video en su cuenta de X.Afirma además que la idea de una constituyente exige una ley del congreso. Por su parte, le envía un mensaje al presidente Petro para que presente la idea que tendría que ser muy bien evaluada.De la calle concluyó confirmando que el acuerdo tenía una necesidad de establecer un acuerdo nacional, pero para lograr dicho acuerdo, el gobierno tiene que dejar atrás el lenguaje de oposición y respetar el derecho a la libertad de crítica.
El departamento del Cauca en Colombia se encuentra sumergido en una profunda crisis debido al abandono del Estado y la violencia que se vive en la región. A pesar de los esfuerzos realizados por diferentes gobiernos y organismos para buscar soluciones, la situación parece no mejorar y la población sufre las consecuencias.El departamento sido históricamente una región marcada por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales. A pesar de los intentos de negociación y paz, las estructuras criminales no han cesado sus actividades y continúan generando violencia y terror en la población.Una de las principales problemáticas en el Cauca es la falta de inversión social. A pesar de contar con un potencial agropecuario importante, la falta de apoyo por parte del Estado ha llevado a que muchos campesinos se vean obligados a cultivar cultivos ilícitos como la coca o la marihuana. Esta situación es aún más preocupante debido a los altos índices de reclutamiento de niños y jóvenes en estos grupos criminales."Lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo y lo quiero decir, si no miramos el campo no habrá paz, el Cauca es un departamento eminentemente agropecuario. Si nosotros no volvemos los ojos al Cauca vamos a seguir con estos problemas", resaltó.¿El Estado perdió el control en Cauca?El control territorial por parte de las estructuras criminales ha generado un clima de miedo y zozobra en la población. El despliegue de fuerza pública ha sido insuficiente para garantizar la seguridad de los habitantes y el Estado ha perdido el control en algunas zonas del departamento. Negret se refirió a sí se perdió el control estatal en el departamento.En algunas zonas, sí, sin lugar a duda, lo perdió... La inteligencia de la Policía y el Ejército no existe. Algo está pasando. Pero es que no puede ser que bajen desde las montañas de la cordillera más de veinte camionetas y nadie los vea o nadie diga nada. Nadie dice nada porque, como les digo, hay miedo y zozobra en muchas áreas del departamento del Cauca", concluyó.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que en el consejo de seguridad, el presidente Gustavo Petro reiteró que no se pactará un cese al fuego con el Estado Mayor Central, pero que además, se cierra la puerta a la posibilidad de diálogo con las disidencias de 'Iván Mordisco' en el suroccidente del país hasta que esta organización no se desvincule del narcotráfico."El presidente Gustavo Petro afirmó que no puede pactarse un nuevo cese con el EMC y que inclusive cualquier conversación con esta organización no puede adelantarse si no es con la base del desmantelamiento de sus economías ilícitas", dijo el ministro.Velásquez explicó que los diálogos con los grupos de disidentes a cargo de alias 'Calarcá' seguirán en la mesa de negociaciones y bajo el cese al fuego acordado.El jefe de la cartera aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía adelanta una ofensiva en contra de los cabecillas de esta organización criminal a través de la operación Cauca, que ya permitió la captura de 300 personas.El presidente Gustavo Petro llegó a Popayán para enfrentar la crítica situación de orden público en el departamento por cuenta de los recientes ataques de las disidencias en Morales, municipio en el que dos policías resultaron muertos por el ataque a una estación.
En un reportaje de Noticias Caracol, Los Informantes se adentró en las montañas del Catatumbo, cerca de Tibú, para entrevistar a alias 'Andrey' Avendaño, uno de los líderes de las disidencias de las Farc que actualmente negocia con el Gobierno colombiano. En sus declaraciones, 'Andrey' expresó un escepticismo contundente sobre la viabilidad de la paz total promovida por el presidente Gustavo Petro.'Andrey' Avendaño, comandante de una facción del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, aseguró que no hay intenciones de desmovilización ni de entrega de armas por parte de su grupo. “Yo te puedo afirmar con plena certeza de que las Farc hoy no está pensando en entrega de armas, ni estamos pensando en desmovilización. Estamos pensando en mejorar las condiciones de vida para quedarnos en todas estas regiones produciendo y trabajando y siendo algo útil para la Nación”, afirmó Avendaño.Este grupo disidente, que se dividió en dos tras diferencias internas, está liderado por 'Iván Mordisco' en una facción y por 'Andrey Avendaño' en la otra. La división se profundizó cuando el Gobierno ordenó operaciones militares contra los responsables del asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule, lo que llevó a Mordisco a retirarse de la mesa de negociaciones.'Andrey', cuyo verdadero nombre es Carlos Eduardo García Téllez, detalló que su grupo está enfocado en mejorar las condiciones de vida en las regiones donde operan, y que no consideran viable la desmovilización sin una inversión social significativa del gobierno. Además, señaló la falta de coherencia dentro del Gobierno respecto a la paz total: “Pienso que en el Gobierno no hay sintonía. El ministro dice una cosa, el presidente dice otra, o sea, como que no hay sintonía en cuanto a los objetivos de la paz total”.Con entre 5.000 a 6.000 hombres bajo su mando en la región, 'Andrey' subrayó que su grupo se financia mediante impuestos a economías ilegales, como la extracción de oro en el sur de Bolívar. En cuanto al cese al fuego, criticó su implementación parcial y la falta de coordinación con sus delegados.La entrevista, grabada en un entorno controlado por las disidencias, revela las profundas divisiones y la crisis dentro de las Farc disidentes, con solo un 40 % de sus miembros participando en el proceso de paz. Avendaño concluyó con una crítica directa al Gobierno: “Lo que uno percibe es que ya con el poco tiempo que hay no vamos a lograr materializar nada”.