A través de redes sociales, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) anunció la muerte de Tamá, el oso andino de anteojos que estaba siendo trasladado para ponerlo en libertad en su hábitat natural. Este proceso fue planificado como un operativo interinstitucional bajo el nombre de “Tamá vuelve a casa” e incluía el transporte terrestre y aéreo desde Bogotá hasta Cúcuta; desde allí, se tenía planeado su traslado hacia el Parque Nacional Tamá.“Informamos con profundo dolor que, durante el traslado para su liberación, el oso Tamá falleció. Su historia refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando por la protección de la fauna silvestre y la vida. Tamá no alcanzó a conocer la libertad. Durante el proceso de traslado y liberación, se dio el deceso por causas que deben ser determinadas por nuestros científicos”, indicaron desde la cuenta de X de PNN.Según la información conocida la aeronave tipo Eurocopter EC145 en la que iba el osito no alcanzó a aterrizar. Tamá no soportó a pesar del proceso de rehabilitación y acompañamiento que por años hicieron entidades como la Fundación Parque Jaime Duque y el Santuario del Oso de Anteojos participaron en su cuidado y preparación para el retorno a su hábitat natural.Parques Nacionales había comunicado oficialmente en la tarde de este 17 de diciembre que Tamá estaba en condiciones óptimas para regresar a su hábitat, que pesaba 174 kilos y que la liberación se concretaría con un operativo que incluía avión y helicóptero para acceder a la zona de páramo donde nació.Tamá fue rescatado en 2014 siendo un osezno huérfano tras la muerte de su madre por cacería; pasó años en centros de rehabilitación y en 2022 protagonizó una fuga del Bioparque Wakatá en la que demostró habilidades para sobrevivir en libertad, lo que alimentó el plan de reintroducción.La muerte del oso Tamá representa un golpe simbólico para las iniciativas de reintroducción de fauna emblemática, además de un llamado a las autoridades por la transparencia institucional en este tipo de procesos de traslado. Ahora solo queda esperar el informe que determine las causas de la muerte de Tamá.
La jueza Vivian Polanía fue hallada sin vida este miércoles en el interior de su residencia en Cúcuta, Norte de Santander. El cuerpo de la funcionaria fue localizado junto a su hija, una bebé de apenas dos meses de nacida, quien se encuentra con vida y bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) mientras se esclarecen los hechos.A esta hora, unidades de criminalística de la Policía Nacional adelantan la inspección técnica al cadáver para determinar las causas exactas del deceso. El hallazgo ha generado conmoción en el sector judicial de la capital nortesantandereana, mientras los peritos buscan establecer si se trató de una muerte violenta o por causas naturales.Frente a la residencia de la jueza, además del despliegue policial, se han reunido decenas de curiosos que buscan obtener información sobre lo ocurrido en el interior del inmueble.Polanía, quien se desempeñaba como jueza penal de control de garantías, era una figura mediática y controversial en el país. Su carrera estuvo marcada por una alta exposición en redes sociales y múltiples procesos ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.Entre sus episodios más polémicos se recuerda cuando apareció en una audiencia virtual semidesnuda y fumando, así como su participación en una celebración con bailarines eróticos dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta. Pese a las críticas y suspensiones, la jurista defendía activamente su estilo de vida y su autonomía frente a los cuestionamientos de la magistratura.“Me acuesto en la cama porque no me podía levantar. Tenía ansiedad, sí tenía un cigarrillo, pero en Colombia no es delito fumar”, explicó en su momento Polanía en entrevista con Mañanas Blu.En dicha entrevista, la jueza agregó que sus fotos en Instagram no son vulgares, que muestra menos de lo que una mujer podría mostrar en traje de baño.“¿Si una mujer va a la playa y está en vestido de baño está casi desnuda? (…) Sensual, si tú ves estoy mostrando menos de que si estuviera en la playa”, explicó.
La embajadora del Reino Unido, Laura Sarabia, aseguró que Zulma Guzmán se encuentra hospitalizada en Londres, no presenta heridas de gravedad y que, una vez reciba el alta médica, será judicializada. Indicó, además, que Interpol estará a cargo del proceso. Agregó que la embajada le brindará asistencia consular, como a cualquier ciudadano colombiano.“La información que nos brinda la policía británica es que ya está siendo atendida en un hospital, no tiene heridas de gravedad y, apenas sea dada de alta, será judicializada. Interpol se encargará del proceso. No tenemos más información; es un procedimiento que ya está siendo manejado directamente por Interpol y cualquier dato adicional vendrá de su parte”, dijo en conversación con Blu Radio.Guzmán es señalada de haber enviado frambuesas envenenadas con talio que ocasionaron la muerte de dos menores de edad. Fue rescatada del río Támesis, en Londres, luego de que, al parecer, intentara quitarse la vida. Esto ocurrió en inmediaciones del puente Battersea, al oeste de la capital británica, según informó el diario Daily Mail.De acuerdo con las autoridades, Guzmán había ingresado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre y era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen. La policía recibió una llamada de emergencia a las 6:45 a. m., alertando sobre una mujer en situación de peligro en el puente. Minutos después, la Unidad de Policía Marina logró sacarla del agua y trasladarla a un centro asistencial.
Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
Un nuevo hecho de violencia de género sacudió al municipio de Soacha, vecino de Bogotá, durante la madrugada del domingo 14 de diciembre. En un conjunto residencial del sector de Ciudad Verde, la Policía encontró sin vida a una joven de 20 años dentro del baño del apartamento que compartía con su pareja. El señalado agresor es un joven de 19 años, quien fue capturado en flagrancia en el lugar de los hechos.El caso es investigado como feminicidio y volvió a encender las alertas sobre la violencia contra las mujeres, así como la necesidad de fortalecer las rutas de prevención, atención temprana y acompañamiento institucional en contextos de violencia intrafamiliar, especialmente entre parejas jóvenes.La Policía encontró a la mujer en el baño del apartamentoDe acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, la central de radio recibió una alerta hacia las 12:40 de la madrugada por una presunta riña al interior de un conjunto residencial. Uniformados adscritos a la Estación de Policía León XIII se desplazaron de inmediato al lugar para verificar la situación.Al llegar al apartamento, los agentes fueron recibidos por un joven de 19 años, quien reconoció haber herido a su pareja. Tras ingresar a la vivienda, los policías encontraron en el baño el cuerpo de una mujer sin signos vitales, lo que confirmó la gravedad del caso y activó de inmediato los protocolos judiciales.Vecinos del sector relataron que minutos antes se escucharon gritos provenientes del inmueble, seguidos de un silencio que generó preocupación entre quienes residen en el conjunto. La rápida llegada de las autoridades permitió esclarecer lo ocurrido y asegurar al presunto responsable, evitando una posible fuga.Joven confesó el crimen y fue capturado en flagranciaEl presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el crimen y recopilar el material probatorio necesario para el proceso judicial.Según lo manifestado por el joven, la víctima habría sido asfixiada y posteriormente atacada con un arma blanca. Esta versión hace parte de los elementos que están siendo evaluados por los investigadores. El capturado deberá responder por el delito de feminicidio mientras avanza su proceso de judicialización.La joven asesinada fue identificada como Angie Paola Quintero Benavides. De acuerdo con información conocida por las autoridades, participaba activamente en espacios relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres. Su muerte ha generado indignación en la comunidad y reavivó el llamado de las instituciones y organizaciones sociales a denunciar cualquier señal de violencia y a acudir oportunamente a las rutas de atención disponibles.Este nuevo caso se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a las autoridades y refuerzan la urgencia de trabajar en prevención, educación y acompañamiento para evitar que la violencia intrafamiliar siga cobrando vidas.
Durante años, la medicina ha estudiado cómo factores como la edad, los hábitos de vida o las condiciones preexistentes influyen en un infarto. Sin embargo, no todos saben el impacto que tiene la hora del día en la respuesta del organismo frente a una emergencia cardiovascular.Distintos trabajos científicos han mostrado que el cuerpo no reacciona igual a lo largo de las 24 horas. Ahora, una investigación liderada desde España aporta nuevas claves para entender por qué los daños al corazón no siempre son los mismos, incluso cuando el evento clínico es similar.¿Hay una mejor hora para sufrir un infarto?El estudio, desarrollado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y publicado en la revista científica Journal of Experimental Medicine, identificó que los neutrófilos funcionan bajo un reloj circadiano interno. Ese mecanismo regula su nivel de actividad y agresividad a lo largo del día.La investigación, liderada por Andrés Hidalgo, señala que estas células inmunitarias no se comportan igual durante las horas nocturnas que durante el día, diferencia que tiene consecuencias directas en la magnitud del daño que sufre el corazón después de un infarto.Para comprobarlo, el equipo científico analizó información de miles de pacientes atendidos en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Los resultados mostraron que los infartos ocurridos durante la noche tendían a presentar un menor grado de afectación cardíaca.La explicación, según los investigadores, está relacionada con una menor actividad dañina de los neutrófilos en ese periodo. Durante la noche, estas células mantienen un comportamiento más controlado, lo que limita el impacto sobre el tejido sano que rodea la zona afectada.¿Qué tiene que ver el sistema inmunológico en el daño cardíaco?Cuando ocurre un infarto, el problema no se limita únicamente a la obstrucción del flujo sanguíneo. Una parte significativa del daño posterior está relacionada con la respuesta inflamatoria del propio organismo. En ese proceso intervienen los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco fundamental para la defensa frente a infecciones.Según explican los investigadores, décadas de estudios han demostrado que estos neutrófilos pueden ser responsables de cerca de la mitad del daño que se produce en el tejido cardíaco tras un ataque al corazón. Lo que no estaba completamente claro era por qué esa respuesta variaba dependiendo del momento en que se producía el evento.Qué ocurre con los neutrófilos según la horaLa primera autora del estudio, Alejandra Aroca-Crevillén, explicó que el comportamiento de los neutrófilos cambia de forma significativa según el momento del día.“Por la noche, los neutrófilos migran a la zona dañada sin afectar el tejido sano. Durante el día, pierden esta direccionalidad y causan más daño al tejido circundante”, señaló la investigadora.Este cambio en la forma de actuar explica por qué los infartos diurnos suelen ser más agresivos en términos de inflamación y daño posterior.Además del análisis clínico, el estudio desarrolló una estrategia farmacológica en modelos experimentales para intervenir directamente en el reloj molecular de los neutrófilos. El objetivo fue mantener a estas células en un estado similar al que presentan durante la noche, incluso cuando el infarto ocurre de día.“El compuesto imita un factor que el cuerpo produce principalmente durante la noche. De alguna manera, este factor ‘engaña’ a los neutrófilos para que piensen que es de noche, reduciendo su actividad tóxica”, explicó Andrés Hidalgo.El trabajo del CNIC se enmarca en la cronobiología, una rama de la biología que estudia cómo los procesos fisiológicos se organizan en función del tiempo. Según los autores, este es uno de los primeros estudios que aprovecha los ritmos circadianos del sistema inmunológico para modular la inflamación sin comprometer la defensa frente a infecciones.Aroca-Crevillén añadió que bloquear el reloj circadiano de los neutrófilos no solo mostró efectos protectores sobre el corazón, sino que también mejoró la respuesta frente a ciertos microorganismos y redujo la formación de émbolos asociados a enfermedades como la anemia falciforme.
En un contexto donde la digitalización avanza a pasos agigantados, los riesgos para la infancia y la adolescencia en la red se han convertido en una emergencia de salud pública y convivencia escolar. Según cifras recientes, el 34,6 % de los estudiantes de secundaria en Colombia admite haber sido víctima de ciberbullying, una realidad que golpea con especial dureza a las mujeres. Ante este panorama, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha dado un paso al frente con el lanzamiento de ‘Cero Bullying’, un canal oficial de WhatsApp diseñado para ser la primera línea de defensa de padres, cuidadores y educadores.Esta herramienta no es un simple medio informativo; nace como un centro de respuesta inmediata para que los adultos responsables puedan identificar, prevenir y actuar ante el acoso en línea y las crecientes amenazas derivadas de la inteligencia artificial.Un panorama alarmante: cifras que obligan a la acciónLa urgencia de esta iniciativa se respalda en datos contundentes. El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) del Ministerio de Educación reportó que, entre 2020 y finales de 2024, se registraron 11.101 casos de bullying, de los cuales 1.326 se originaron estrictamente en plataformas digitales. La tendencia es ascendente: solo en 2024 se presentaron 4.749 casos, superando por 631 los registros del año anterior.La ministra TIC, Carina Murcia, destacó la importancia de este recurso en el ecosistema educativo:“Desde el MinTIC entendemos que el ciberacoso es un fenómeno que afecta la salud mental, la convivencia escolar y la seguridad emocional de miles de niños, niñas y adolescentes. ‘Cero Bullying’ nace para que las familias y los docentes cuenten con herramientas claras, accesibles y confiables para acompañar a los menores en el mundo digital”.Salud mental y vulnerabilidad: el impacto invisibleEl impacto del ciberacoso trasciende las pantallas. Estudios publicados en la Revista Científica Estudios y Perspectivas señalan que el 60,3 % de las víctimas desarrolla problemas de ansiedad y depresión, mientras que un preocupante 20,5 % ha considerado el suicidio. Además, el riesgo se agrava en poblaciones vulnerables, incluyendo a jóvenes afrodescendientes, indígenas o con discapacidad, quienes sufren patrones de discriminación y exclusión digital.A nivel internacional, la ONG Bullying Sin Fronteras sitúa a Colombia en el noveno puesto mundial en reportes de ciberacoso. Por otro lado, la Policía Nacional advierte sobre el crecimiento del grooming (pederastia digital), con más de 700 denuncias registradas en lo que va de 2025 por divulgación de contenido sexual de menores.¿Cómo funciona el canal ‘Cero Bullying’?Integrado en la estrategia CiberPaz, el canal ofrece una hoja de ruta práctica para los entornos educativos y familiares. Según Alexander Ballen, director de apropiación y transformación digital de MinTIC: “Los padres de familia y docentes que se unan a nuestro canal van a recibir diariamente contenido que habla acerca de todos estos derechos digitales, pero también de las vulneraciones y cuáles son los riesgos... Vamos a dar alertas, recomendaciones, consejos y pasos para activar las rutas de atención institucional”.El canal proporciona guías para detectar señales de alerta, como el aislamiento social o la revisión compulsiva del celular, y ofrece recomendaciones para entablar conversaciones sensibles sobre privacidad y protección de datos. Los interesados pueden unirse buscando "Cero Bullying" en la sección de Canales de WhatsApp, garantizando un acceso anónimo y verificado a información vital para la protección de la niñez colombiana.Clic aquí y siga el canal Cero Bullying
Un sinsabor para las víctimas y las organizaciones que las representa jurídicamente sigue quedando en medio de la audiencia del Subcaso Antioquia del caso 03 ante la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya segunda parte se está llevando a cabo en Medellín tras tres días de la diligencia en el municipio de Granada, Oriente de Antioquia.En la última jornada se conoció el testimonio de Marino Ospina Durán, quien contó que, a los cuatro días de haber sido expedida su cédula, se presentó al batallón Voltígeros en Urabá. Dijo que su hermano Luis Armando también prestó servicio militar y se convirtió en soldado profesional, pero este último fue retenido en el Parque San Antonio de Medellín y asesinado detrás del Batallón Pedro Nel Ospina en Bello. “Si no lo hubieran matado, estaríamos reunidos en esta época de Navidad, en Turbo”, dijo."La palabra mayor es muy grande pa' ese señor, ¿a dónde está ese señor? ¿A dónde está el señor que me venga y me diga que el fue el que autorizó a Heriberto a que recogiera a mi hermano en el parque de San Antonio? Se están tapando, ustedes están se están liberando, a mí me importa el carajo que ustedes, lo que ustedes, lo que hagan con ustedes, pero vuelvo y le digo, yo lo que quiero saber es qué pasó con mi hermano, por qué lo mataron detrás del Pedro Nel Ospina", exigió la víctima.Por su parte, la Fundación Forjando Futuros reiteró la necesidad de un esclarecimiento pleno, detallado y verificable por parte de los comparecientes, y advirtió que la verdad entregada hasta ahora sigue siendo fragmentaria, especialmente, frente a los hechos de tortura.Para la organización, las explicaciones de los comparecientes evitan explicar quiénes actuaron, dieron las órdenes y cómo operaron las estructuras que hicieron posibles estos crímenes. Así lo dijo durante su intervención Jahson Andrey Taborda Casas, coordinador jurídico de esta entidad, que representa a varias víctimas."Se le ha huido a la obligación de entregar verdad, y a reto grande que todavía tiene la jurisdicción para entregarle satisfacción a las víctimas. Esta preocupación no surge de un hecho aislado, sino de una constante que se ha venido reiterando en distintos aportes de los comparecientes, quienes tienden a asumir su responsabilidad exclusivamente desde la omisión, desde el no hacer, del de no conocí, del de era un inexperto, del desde me obligaron", argumentó Taborda.Durante la diligencia intervino la víctima Suraime Marcela Rueda, esposa de José Isaías Moreno, asesinado el 26 de marzo de 2006 junto a su amigo Mauricio Parra Correa, crímenes atribuidos a exintegrantes del Batallón de Ingenieros N.º 4 ‘Pedro Nel Ospina’.Rueda exigió a los comparecientes una verdad plena y sincera, reclamando que las víctimas no sigan siendo tratadas como cifras sin humanidad, y pidió además el esclarecimiento de otros hechos como torturas. Al referirse a Iván Mauricio Ochoa y William Darley García, cuestionó sus justificaciones y señaló que actuaron buscando reconocimiento y ascensos, a costa de la vida de sus seres queridos.Tras esta intervención, la magistrada relatora del caso, Catalina Díaz, se refirió a lo que se ha identificado en el modus operandi de las unidades militares para esa época."Yo creo que hoy la sociedad colombiana no puede negar que, así como su esposo, en Antioquia por lo menos 1.600 personas fueron asesinadas ligada a una política de la Cuarta Brigada del Ejército. Estamos investigando si esa política venía de más arriba", destacó.Finalmente, el abogado de Forjando Futuros cuestionó que los comparecientes tiendan a asumir su responsabilidad únicamente desde la omisión, negando la existencia de órdenes o decisiones, pese a reconocer que los hechos ocurrieron.Se espera que en las primeras horas de este miércoles el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, junto con la magistrada Díaz den detalles de cómo avanza esta diligencia contra máximos responsables de la Cuarta Brigada en la capital antioqueña.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del programa Artes para la Paz y en alianza con el Tecnológico de Artes Débora Arango, culminó con éxito un proceso nacional que certificó a más de 1.000 artistas, gestores y sabedores provenientes de 28 departamentos del país.Este hito representa una apuesta histórica por la dignificación del oficio artístico mediante el sistema de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), un mecanismo que permite validar las competencias adquiridas de manera empírica, laboral o a través de formación inconclusa, traduciendo años de trayectoria en un título técnico oficial.La implementación del programa se llevó a cabo mediante 12 instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ubicadas en 17 ciudades distintas, logrando una amplia cobertura territorial.Durante el evento de cierre realizado en Envigado, la ministra de las Artes, las Culturas y los Saberes, Yannai Kadamani, dijo que “el reconocimiento estatal de estos saberes no solo entrega un diploma, sino que dignifica vidas, abre oportunidades laborales reales y consolida a la cultura como un pilar fundamental para la construcción de paz en los territorios”.Fabián Sánchez Molina, viceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, agregó: “Estas certificaciones fortalecen competencias y amplían oportunidades laborales; dignifican el oficio artístico al validar saberes construidos a lo largo de la vida”.El impacto de estas certificaciones se sintió en diversas regiones de Colombia con perfiles muy variados. En Villavicencio, por ejemplo, la Escuela Nacional de Educación, Salud, Administración y Turismo (ESAT) lideró la certificación de 460 personas de departamentos como Putumayo, Guaviare, San Andrés y Amazonas, incluyendo a cuatro soldados del Ejército que se titularon en Gestión y Promoción Artística.Paralelamente, en el municipio de Yumbo, 40 creadores del Valle del Cauca se graduaron como técnicos laborales en Ejecución Musical, un logro que Mildred Martínez, una de las beneficiarias, describió como una oportunidad clave para fortalecer su perfil económico y laboral.La validación de saberes abarcó múltiples disciplinas y contextos. En Armenia, la Fundación Cultural del Quindío (Fundanza) graduó a 66 creadores en áreas como danza y teatro, reconociendo trayectorias de más de 30 años como la de María Magdalena Torres. En Funza, Cundinamarca, el Centro Cultural Bacatá entregó títulos a 100 gestores culturales y artistas gráficos.Asimismo, el alcance del proyecto incluyó certificaciones especializadas, como las otorgadas por la Corporación Politécnica de Nariño en Arte y Cultura del Carnaval, y las de la Escuela Europea de Estética en Santander en maquillaje artístico.Los testimonios de los graduados reflejan la transformación social que impulsa este programa. Itzel Marcano, una artista migrante certificada en Envigado, resaltó que obtener este título elimina obstáculos para su crecimiento profesional y demuestra el aporte de los migrantes fuera de sus fronteras. Este proceso dignifica el oficio artístico al transformar la experiencia empírica en un título técnico oficial con respaldo institucional, validando saberes construidos a lo largo de la vida.
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, presentó su renuncia irrevocable al cargo de superintendente nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS, en medio de la controversia política que se está gestando desde hace semanas y que incluyó tensiones internas en la Casa de Nariño.En una carta fechada el 17 de diciembre de 2025 y dirigida al presidente Gustavo Petro, Rodríguez explicó que su decisión está relacionada con una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto uso indebido de su nombre para el cobro de comisiones ilegales a EPS intervenidas. En el documento, la funcionaria señaló que se trata de una investigación por “los presuntos delitos de estafa y otros, debido al uso de mi buen nombre para cobrar coimas a las EPS intervenidas”.La directora del Dapre precisó que el proceso ya fue formalmente radicado. Según explicó, su renuncia busca proteger la institucionalidad y evitar cualquier interpretación errónea sobre su rol dentro del Gobierno.“Con el fin de preservar la transparencia institucional, mi buen nombre y la rectitud del ejercicio de la función pública, he decidido dar un paso al costado”, señaló, agregando que su salida también busca evitar “escenarios que puedan prestarse a confusión, instrumentalización o favorecimiento indebido”.La renuncia se produce en un contexto de creciente desgaste político para Rodríguez, quien en los últimos meses protagonizó un choque interno con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, al señalarlo por la baja ejecución y posibles irregularidades en el Fondo de Adaptación.
La Procuraduría General de la Nación decretó una serie de pruebas por los videos donde se ve al prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, en una fiesta en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, Nicaragua, una de ellas tiene que ver con la inspección disciplinaria que harán los delegados de la Procuraduría a la Cancillería para obtener información sobre la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese evento.En ese sentido, el Ministerio Público también busca establecer si la Cancillería tuvo conocimiento previo de la asistencia de Carlos Ramón González al evento en Managua, adicionalmente la Procuraduría ordenó a la Embajada de Colombia en Nicaragua informar si tuvo participación en la organización o desarrollo del evento “La Noche Vallenata”, y para que remita documentación relacionada con contratos, pagos, recursos invertidos y demás actuaciones vinculadas a su realización.Los vídeos en donde se ve a Carlos Ramón González de fiesta mientras que en su contra pesa una circular roja de Interpol por su vinculación al escándalo de corrupción al interior de la UNGRD han generado una enorme polémica que derivó en estas investigaciones disciplinarias.El ente de control, ya había ordenado la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en aquella fiesta que se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre.Principalmente, la Procuraduría busca establecer las razones por las cuales el exdirector estuvo presente, sin que los servidores públicos de la Cancillería y de la embajada avisaran a las autoridades competentes.
El presidente Gustavo Petro advirtió a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que, si continúan utilizando a la población civil contra la fuerza pública, “se pasará del programa de sustitución de cultivos en Argelia al programa de fumigación con glifosato”.“Poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza. En el caso de las fuerzas de Iván Mordisco, que pertenecen a la junta del narcotráfico, tienen capacidad de reposición después de los golpes propinados; prácticamente su frente araucano fue destruido, basados también en el comercio cocainero en el mundo”, escribió el mandatario.El presidente reiteró que este grupo armado se encuentra en combate con el Estado y que no existe ningún tipo de negociación. Esta declaración se da tras el ataque en Buenos Aires, Cauca, que dejó a ocho uniformados asesinados y varias edificaciones públicas destruidas, entre ellas el puesto de Policía, la Alcaldía Municipal y la sede del Banco Agrario, además de daños en viviendas y otros bienes, producto del uso de explosivos y del fuego cruzado durante más de siete horas de hostigamiento.Por su parte, el Ministerio del Interior anunció que destinará recursos para la reconstrucción de la infraestructura afectada y confirmó que este miércoles se reunirá el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, con el alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió cerrar 16 procesos que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro, una determinación que desató una nueva controversia política en el Congreso, debido a que se trataba de una actitud de la mayoría de los integrantes de la célula legislativa para favorecer al mandatario.La decisión fue duramente cuestionada por el representante a la Cámara Hernán Cadavid, quien anunció su retiro de la sesión y calificó lo ocurrido como “un regalazo de Navidad”. Cadavid aseguró que no podía ser parte de “semejante barbaridad y abuso”.En una constancia dirigida a la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, quien llegó a su curul por la coalición Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, el congresista explicó que se ausentó de la sesión del 17 de diciembre al considerar que la Comisión estaría siendo instrumentalizada para archivar procesos contra Petro sin el rigor, la objetividad ni la imparcialidad que exige la Constitución.Cadavid también cuestionó que 19 expedientes nuevos contra el mandatario, no tratados previamente, fueran incluidos como primeros puntos del orden del día, pese a que existen otros procesos antiguos aún pendientes, lo que evidenciaría un uso indebido de la Comisión.El representante a la Cámara rechazó que este órgano sea utilizado para promover impunidad o legitimar actuaciones que no garanticen una investigación independiente, rigurosa y transparente.
A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo desatado por los videos en los que aparece Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y hoy prófugo de la justicia, participando en una parranda vallenata realizada el 11 de diciembre en el Teatro Rubén Darío de Managua, un evento que había sido promocionado por la Cancillería colombiana.En su mensaje, el mandatario aclaró la situación diplomática en Nicaragua y negó que actualmente exista un embajador en ese país. “Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay”, escribió Petro, en referencia a la periodista que había sido postulada para ocupar ese cargo. En el mismo trino, el presidente ordenó que “los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”.Esto se da en medio de versiones encontradas sobre la organización y financiación del evento. Aunque la Cancillería negó una solicitud de recursos para la parranda, hecha por Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada en Nicaragua, el evento finalmente se realizó. Muñoz incluso aparece en los videos bailando junto a González, señalado por las autoridades de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.Por estos hechos, la Cancillería anunció una investigación disciplinaria en contra de este funcionario, que se suma a la que ya tenía por haber gestionado la renovación de la residencia para Carlos Ramón González.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
En las últimas horas, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, ha sido escenario de un amplio despliegue de la Fuerza Pública, en el marco de las operaciones orientadas a recuperar el control territorial y restablecer las condiciones de seguridad para las comunidades. La acción se da tras recientes hechos de alteración del orden público que obligaron a reforzar la presencia institucional en esta zona del departamento.De acuerdo con información oficial, unidades de la Tercera División del Ejército Nacional avanzan en el ingreso de más tropas al casco urbano y a las áreas rurales del municipio, con el objetivo de apoyar el desarrollo de operaciones militares y brindar protección a la población civil. El dispositivo ha sido fortalecido con varios pelotones adicionales, lo que permite ampliar el control y la vigilancia en puntos estratégicos.El despliegue operacional cuenta, además, con apoyo aéreo. Aeronaves artilladas del Ejército, junto con capacidades de la Fuerza Aérea y la Policía, realizan sobrevuelos de seguridad y acompañamiento a las tropas en tierra, en una estrategia coordinada para neutralizar posibles amenazas y garantizar la movilidad segura en la zona.Paralelamente, equipos especializados adelantan labores de desactivación de explosivos en la parte alta del municipio, una de las áreas priorizadas dentro de la operación. Estas acciones buscan reducir riesgos para la población y para las unidades que permanecen en el territorio, en medio de un contexto complejo por la presencia de artefactos que representan un peligro latente.Las autoridades reiteraron que las operaciones continuarán de manera sostenida, con énfasis en la defensa del territorio y la protección de la vida de los habitantes de Buenos Aires, Cauca, mientras se consolidan las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de las actividades en la región.
En jurisdicción del municipio de Palermo, en el Huila, fue construida la primera planta de energía solar, la cual tuvo una inversión de 3.500 millones de pesos, una obra que beneficiará a más de 700 usuarios en todo el departamento y a un sector del gremio comercial con tarifas especiales.La gerente de la Electrificadora del Huila, Nika Cuéllar, explicó que la planta denominada Granja Solar el Bote es la primera que se construye en el Huila con recursos propios de la empresa generadora de energía de la región.“Esta planta de energía solar fue ejecutada por ingenieros y personal de la empresa. Se hizo una inversión de 3.500 millones de pesos y fue construida en 79 días. Los beneficiarios de energía solar son más de 700 en todo el departamento, con una tarifa especial mucho más económica y tenemos en marcha tres proyectos similares más de energía fotovoltaica para el año 2026”, indicó la gerente de Electrohuila Nika Cuéllar.Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, dijo que en el territorio colombiano al menos 300.000 familias de distintas regiones cuentan con energía solar a través del programa comunidades energéticas.“Comunidades energéticas es un programa para llevar energía solar y barata a las poblaciones más vulnerables del país. En este caso, tenemos aprobados un billón de pesos para llevar energía limpia a Chocó, Guaviare, La Guajira, es decir, que de este programa comunidades energéticas más de 300.000 familias ya tienen energía solar”, afirmó el ministro Edwin Palma.Puntualizó el ministro Palma que del programa Colombia Solar se aprobaron ocho billones de pesos para llevar energía fotovoltaica a comunidades de escasos recursos en el país y el proyecto iniciaría por la región Caribe, donde muchas familias vulnerables carecen del servicio de energía.
La solicitud fue presentada por el presidente de la Veeduría Nacional, el exjuez de la República Luis Miguel Marimón Reyes, ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación. La petición busca establecer si la Junta Directiva de EMCALI S.A. E.S.P., como máximo órgano de dirección y control de la empresa, conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico que actualmente es investigado.Marimón Reyes afirmó que “el contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011”. La ausencia de estos elementos, añadió, podría constituir delitos contra la administración pública, como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y peculado.La Veeduría fundamenta su solicitud en el rol de la Junta Directiva en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público. Además, recuerda que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que los órganos directivos no pueden eludir su deber de control y que la Corte Constitucional señala que la vigilancia y supervisión deben ser reales y efectivas, con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales en caso de incumplimiento.Con esta acción, la Veeduría busca que la Fiscalía determine si la Junta Directiva actuó de manera negligente o permitió irregularidades en un contrato de gran impacto financiero para la ciudad, reafirmando la necesidad de proteger los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una noticia criminal para indagar los ataques y hostigamientos atribuidos a las disidencias de alias Iván Mordisco contra la población civil del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca. La investigación será asumida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, ante la gravedad de los hechos y el impacto directo sobre los habitantes de la zona.La decisión se produce luego de una incursión armada que derivó en un intenso ataque contra la estación de Policía del municipio, acción que se prolongó durante varias horas y que dejó a la población en una situación de alto riesgo. Durante los enfrentamientos, los habitantes de Buenos Aires quedaron atrapados en medio del fuego cruzado entre integrantes de la Fuerza Pública y los disidentes armados.De acuerdo con los reportes oficiales, el temor se apoderó del casco urbano cuando los ataques se intensificaron y los disidentes bloquearon las principales vías de acceso al municipio, impidiendo la movilidad y el ingreso oportuno de ayuda. Ante este escenario, decenas de familias tuvieron que confinarse en sus viviendas para proteger sus vidas, en medio del pánico generado por los disparos y las explosiones.El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en el departamento del Cauca, explicó que uno de los aspectos más críticos de la situación fue la demora en la llegada del apoyo necesario para repeler el ataque. Según detalló, el refuerzo tardó aproximadamente cinco horas y media, debido a una combinación de factores adversos.Entre las razones expuestas por el oficial se encuentran sabotajes en las vías terrestres, la instalación de emboscadas previamente preparadas por los grupos armados y condiciones meteorológicas que impidieron el uso inmediato de apoyo aéreo. Estas circunstancias, señaló, dificultaron de manera significativa la respuesta oportuna de las autoridades frente a la incursión armada.Además del impacto en materia de seguridad, el ataque dejó afectaciones materiales en la infraestructura policial y en bienes del municipio. Frente a esta situación, el coronel Bedoya anunció que en las próximas horas iniciará gestiones ante el Gobierno nacional para obtener apoyo financiero que permita reparar los daños ocasionados durante los enfrentamientos.Mientras avanzan las investigaciones penales para establecer responsabilidades por los hechos violentos, las autoridades mantienen presencia en la zona con el objetivo de restablecer el orden público y brindar garantías de seguridad a los habitantes de Buenos Aires, quienes siguen a la espera de medidas que eviten la repetición de este tipo de acciones armadas.
El encargado de negocios de Colombia en Nicaragua había enviado una carta a la Cancillería solicitando el uso de recursos de la Embajada para hacer la fiesta el 11 de diciembre. Incluso, el documento habla de una cofinanciación con el Teatro Nacional Rubén Darío, que fue el lugar en el que se realizó el evento. En ese documento, Muñoz entrega detalles de lo que tenían previsto con 120 invitados, entre ellos funcionarios diplomáticos, empresarios y connacionales. Entre esos asistentes estuvo Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.El 15 de diciembre, después de que se había realizado el evento y el mismo día que se conoció la presencia de Carlos Ramón González, la Cancillería respondió a Muñoz con otra carta en la que negaba esta petición y argumentaba que no estaba claro en qué se usaría el dinero.En ese documento, en poder de este medio, se niega la reasignación de recursos solicitada por la Embajada de Colombia en Nicaragua, al considerar que la iniciativa no se ajusta a los lineamientos vigentes de la Estrategia de Diplomacia Cultural 2025. Y reiteran que ninguna actividad puede adelantarse ni generar compromisos sin la aprobación previa y formal de la Dirección de Asuntos Culturales.En esta carta, la Cancillería dice que no tuvo conocimiento de que la actividad propuesta se realizó, pero asegura que no se ejecutó con cargo a recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a que no contaba con la autorización correspondiente.Finalmente, la Dirección de Acción Cultural precisó que los recursos del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior (PPCE) no están destinados al patrocinio de actividades y que la solicitud presentada no cumplió con el nivel de detalle requerido. En particular, se cuestiona que el formato remitido solo consignara de manera genérica un aporte en “otros gastos de producción”, sin la desagregación necesaria para su evaluación y aprobación.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A través de una orden judicial, unidades del Gaula Militar Huila y el CTI de la Fiscalía hicieron efectivas las capturas de dos personas que, presuntamente, lideraban una organización delincuencial denominada Los Innombrables, responsables de múltiples hechos de extorsión y secuestro en diferentes regiones del país.Las diligencias judiciales se desarrollaron en las ciudades de Bogotá y Cartagena de Indias, donde fueron capturados alias 'Alexis', cabecilla de la estructura criminal y una mujer que, al parecer, se encargaba de realizar llamadas extorsivas a las víctimas.El mayor Anderson Castañeda, comandante del Gaula Militar en el Huila, dijo que los integrantes de la estructura ‘Los Innombrables’ utilizaban contactos en distintas ciudades para secuestrar a sus víctimas a través de la modalidad de falso servicio y luego se comunicaban con los familiares exigiéndoles altas sumas de dinero por su liberación.“El resultado fue posible gracias a un sólido acervo probatorio que incluyó denuncias a nivel nacional, interceptaciones de comunicaciones. Durante el proceso investigativo se determinó que los integrantes de esta organización contactaban a los familiares de las víctimas desde la cárcel La Picota para exigirles altas sumas de dinero a cambio de su liberación. En uno de los casos documentados, los delincuentes exigieron 150 millones de pesos, utilizando plataformas digitales para recibir el dinero”, explicó el comandante del Gaula Militar.De acuerdo con las autoridades, los integrantes de esta banda delincuencial extorsionaban y secuestraban en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Huila. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para el proceso de judicialización.
El reciente ataque contra la estación de Policía en Buenos Aires, Cauca, por parte de las disidencias de 'Iván Mordisco', que se extendió por varias horas, puso en el foco la demora en la llegada del apoyo crucial para repeler a los atacantes. El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en el departamento del Cauca, detalló que la tardanza de aproximadamente cinco horas y media se debió a una combinación de sabotajes terrestres, emboscadas preparadas y condiciones meteorológicas que impidieron el apoyo aéreo inmediato.Estado de los uniformados heridosPese a la intensidad del ataque, los ocho policías que resultaron heridos se encuentran estables y sin gravedad. Los uniformados, descritos como "héroes," fueron trasladados inmediatamente desde el municipio hasta la Fundación Valle de Lili para recibir atención médica especializada. Diecisiete uniformados, incluyendo una patrullera de 21 años, repelieron el ataque con valentía y perseverancia, negándose a rendirse incluso cuando los atacantes intentaron desmoralizarlos.El retraso de cinco horas y media: clima y explosivosEl hostigamiento a la estación de Policía se inició alrededor de las 5:30 de la mañana. De inmediato se coordinó el apoyo terrestre con el Ejército Nacional, específicamente con la Tercera Brigada y la Brigada 29. Sin embargo, el avance por tierra se vio frustrado cuando, al llegar al sector La Balsa, los criminales detonaron un artefacto explosivo, impidiendo el paso. Además, la llegada se retrasó porque sufrieron el pinchazo de neumáticos en aproximadamente diez carros y un camión.Uso de civiles y la táctica de la ‘toma’El coronel Bedoya hizo una clara distinción entre este evento y un hostigamiento menor, al clasificarlo como una "toma". Mientras un hostigamiento es esporádico y puede durar pocos minutos, este ataque fue sostenido por más de dos horas e involucró comisiones de apoyo de estos terroristas del grupo Jaime. Lo que caracterizó la toma fue que los terroristas se mezclaron entre la población civil, sacando a la gente de sus casas y utilizándolas para arremeter contra la policía, limitando la capacidad de respuesta de los uniformados.Durante el asalto, los criminales utilizaron 20 granadas con drones, tatucos y cilindros, dirigidos principalmente a la estación. Resultaron afectados la Alcaldía, el Banco Agrario, y quince viviendas de la comunidad que fueron utilizadas por los atacantes. Adicionalmente, los terroristas obligaron al párroco del municipio a emitir mensajes por los megáfonos de la iglesia, intentando desmoralizar a los policías para que se entregaran.Escuche aquí la entrevista:
Una toma guerrillera a plena luz del día dejó este martes varios heridos en el municipio de Buenos Aires, en el convulso departamento del Cauca, donde varias edificaciones fueron destruidas durante el ataque, según las autoridades.El ataque guerrillero, atribuido al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las antiguas Farc y dirigido contra el puesto policial de esa localidad, comenzó en la mañana y se prolongó durante varias horas, obligando a los habitantes de ese lugar a buscar refugio para ponerse a salvo."Lo que ocurre en Buenos Aires, Cauca, es una agresión directa contra el Estado, la institucionalidad y la vida. Más de 7 horas de hostigamiento armado, policías heridos, civiles bajo fuego, familias confinadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado", denunció el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, en su cuenta de X.A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que "el ataque terrorista, dirigido contra la población civil, fue ejecutado por un cartel del narcotráfico conformado por las disidencias de alias 'Mordisco', que incluye en sus filas a menores reclutados ilegalmente. Estos menores combatientes habrían participado en el ataque, dejando ocho policías heridos y varias viviendas destruidas".Y agregó: "Este cruel ataque evidencia una cruda tragedia que no debemos romantizar. Nuestros menores son víctimas del reclutamiento forzado por parte de estos grupos criminales y, al mismo tiempo, son convertidos en infractores, pues habrían participado activamente como menores combatientes ilegales en un ataque terrorista para asesinar a nuestros policías y afectar a la población civil".Finalmente reiteró la recompensa de hasta 5 mil millones de pesos a quien de información para lograr dar con el paradero de alias 'Iván Mordisco' y/o alias 'Marlon'. Situación "crítica"Por su parte la Defensoría del Pueblo calificó en un comunicado como "crítica" la situación en Buenos Aires, donde los ataques "han puesto en riesgo extremo e inminente a la población civil"."La entidad tiene conocimiento de la instalación de artefactos explosivos improvisados y otros mecanismos de alto poder destructivo, tanto en vías de acceso al municipio —que estarían bloqueadas- como en distintos puntos del casco urbano, lo que aumenta significativamente el riesgo de detonaciones", detalló la Defensoría.Esa entidad agregó que "la manera indiscriminada" en la que el grupo guerrillero atacó Buenos Aires "podría causar daños graves a la vida y a la integridad física de las personas, así como afectaciones a bienes civiles.