El atentado armado ocurrido en las primeras horas del año en la Ruta 45, en jurisdicción cercana a Neiva, Huila, ha generado conmoción nacional tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, quien viajaba junto a su padre y el subdirector del centro penitenciario cuando fueron atacados por hombres armados en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde reveló además que el subdirector de la cárcel había denunciado amenazas contra su vida en 2023.De acuerdo con el mandatario local, el hecho se registró cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se desplazaban en un vehículo particular conducido por un dragoneante. En el trayecto, dos sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego de manera indiscriminada.“Empezamos el año con este lamentable hecho en donde nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPEC que sufrieron este trágico evento”, expresó Casagua al iniciar la entrevista.Así ocurrió el atentado en la vía Neiva–RiveraSegún la reconstrucción preliminar de los hechos entregada por el alcalde, el conductor recogió inicialmente al director de la cárcel, quien iba acompañado de su hijo de 11 años, a quien se dirigía a dejar al colegio en su primer día de clases. Posteriormente, el vehículo recogió al subdirector y continuó su recorrido hacia el centro penitenciario de Rivera.“Ya saliendo a la Ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego. Lamentablemente ahí se presentan los hechos que ya conocemos”, relató el alcalde de Neiva.El ataque dejó como víctima fatal al menor, identificado como Ismael, generando rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.Investigación y recompensa por informaciónTras el atentado, las autoridades locales y nacionales activaron un plan inmediato de investigación. Casagua explicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, con el fin de articular esfuerzos.“Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible”, señaló.Asimismo, se ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.Amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de RiveraUno de los puntos más sensibles revelados en la entrevista fue la confirmación de que el subdirector del centro penitenciario había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada y al momento del atentado ninguno de los funcionarios contaba con esquema de seguridad.“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”, puntualizó. El mandatario solicitó a los entes de control que se investigue si existieron fallas en la valoración del riesgo que derivaron en la ausencia de medidas de protección.Perfil de los reclusos y posibles hipótesisDurante la entrevista también se abordó el nivel de peligrosidad de la población carcelaria en Rivera. Casagua explicó que este centro penitenciario alberga delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados, delincuencia común y personas vinculadas a delitos como extorsión.“La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”, afirmó. En ese sentido, no se descarta que el atentado esté relacionado con decisiones administrativas o medidas adoptadas al interior del penal, aunque reiteró que todas las hipótesis están siendo evaluadas por las autoridades judiciales.Dolor por la muerte del menorFinalmente, el alcalde se refirió con profundo pesar a la muerte del niño, quien iniciaba su año escolar al momento del ataque: “Es un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tema. No se entiende cómo estos criminales no midan estas circunstancias”, lamentó.
La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Esta entidad del Estado colombiano es responsable de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas por estos fenómenos.La transición se produce en medio de una polémica, ya que la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100 mil millones de pesos, con un 0% de ejecución hasta el momento.El ente de control abrió la investigación tras las denuncias de la propia Angie Rodríguez, quien pidió revisar contratos relacionados con proyectos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, por los montos millonarios involucrados y la aparente falta de avances en su ejecución.
Sobre las 3:30 de la tarde comenzó en la Casa de Nariño una reunión que se extendió por más de cuatro horas y finalizó hacia las 8 de la noche. El encuentro giró en torno a la situación política de Venezuela y el manejo de la relación de Colombia con Estados Unidos.Entre los asistentes estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, quien antes de ingresar dejó clara su postura sobre la necesidad de una transición democrática en el vecino país.Cabe mencionar que todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. La reunión comenzó con la intervención del presidente Gustavo Petro, seguida por la canciller Rosa Villavicencio, y luego tomaron la palabra expresidentes y congresistas. Uno de ellos fue el senador de Cambio Radical José Luis Pérez.La representante Carolina Arbeláez, también presente en el encuentro, insistió en que las posiciones personales no deben trasladarse a las relaciones bilaterales y destacó que el tono de la conversación fue propositivo entre todas las partes.
En la Casa de Nariño, el Gobierno nacional y distintos sectores políticos analizaron el rumbo de la política exterior colombiana en el marco de la comisión asesora de relaciones exteriores, un espacio que fue convocado y liderado directamente por el presidente Gustavo Petro. Al encuentro asistieron congresistas, expresidentes y excancilleres, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos.Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, también estuvo en esa comisión y en Recap Blu calificó el encuentro como positivo y destacó el tono respetuoso con el que se desarrolló la conversación. Aunque recordó que los detalles de la discusión no pueden hacerse públicos por el carácter reservado de la comisión, subrayó la importancia de que el Gobierno haya reactivado este canal institucional para abordar asuntos estratégicos del país.Desde la oposición, explicó Arbeláez, se insistió en la necesidad de manejar las relaciones internacionales con responsabilidad, mesura y a través de los canales diplomáticos formales, evitando que las diferencias políticas se trasladen a escenarios públicos como las redes sociales. La congresista advirtió que Colombia tiene mucho en juego en su relación con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que mantiene vínculos históricos de más de 200 años.Durante la reunión, uno de los puntos centrales fue el impacto de la política exterior en el empleo, la inversión y el comercio. Arbeláez recordó que cerca del 60 % de las exportaciones colombianas dependen del mercado estadounidense, lo que convierte esa relación en un eje clave para la estabilidad económica del país. Además, señaló que la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico sigue siendo un interés prioritario para ambas naciones.La representante también mencionó que Estados Unidos mantiene especial atención sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Por eso, indicó que Colombia no puede enfrentar sola este desafío y que es fundamental preservar la cooperación internacional construida durante décadas."Las relaciones internacionales no pueden tener ideología. Esto se lo dejamos ahí al presidente presente. Yo creo que él es consciente, pues tan así es que hoy vemos un tono cambiante por parte del presidente Petro, pues fue una conversación y un tono un poco más mesurado", concluyó.
En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el millonario hurto a un concesionario ubicado en el barrio El Recuerdo de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde una banda de criminales aprovechó la ausencia de los propietarios para desocupar por completo uno de sus locales. Según el relato de las víctimas, los hechos ocurrieron los días cinco y seis de enero, periodo en el que al menos doce delincuentes ingresaron de manera reiterada al lugar y se llevaron motocicletas, mobiliario y herramientas, sin que nadie los interrumpiera.De acuerdo con la denuncia, los ladrones se llevaron un total de veintisiete motos eléctricas y ocho motocicletas de combustión, además de enseres, muebles y equipos de trabajo que se encontraban en el establecimiento. El valor de lo robado fue estimado en aproximadamente 250 millones de pesos, cifra que podría aumentar al contabilizar la totalidad de los elementos hurtados durante los dos días que duró el saqueo.Las víctimas aseguraron que los delincuentes actuaron con total tranquilidad y planificación. Durante el robo utilizaron al menos cuatro vehículos diferentes para transportar los elementos robados, lo que evidencia un alto nivel de organización. Según indicaron, las cámaras de seguridad del local lograron captar parte de los movimientos, aunque en algunos casos las imágenes no son lo suficientemente claras para identificar plenamente las placas o los rostros de los implicados.La información recopilada hasta el momento ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, que adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer si este grupo estaría vinculado a otros robos similares en la zona. Los propietarios hicieron un llamado para que se refuercen los controles y la vigilancia en sectores comerciales, especialmente durante temporadas en las que muchos negocios permanecen cerrados por vacaciones.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
A partir del día de mañana, la ciudad de Bogotá experimentará un incremento superior al 10 % en el valor del pasaje de Transmilenio. Esta decisión ha generado un nuevo foco de tensión entre el Gobierno Nacional y la administración distrital, en un contexto donde los indicadores macroeconómicos y los costos operativos han obligado a un ajuste técnico que la gerencia del sistema defiende como "responsable" para garantizar la continuidad del servicio.El peso del salario mínimo en la operaciónSegún explicó María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, el factor determinante en este aumento fue el incremento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026, una cifra que duplicó la proyección inicial del 11% que tenía el Distrito.Ortiz destacó que la prestación del servicio de transporte es "intensa en personal", requiriendo 35.000 colaboradores diarios para operar. De este total, el 87% de la fuerza laboral percibe menos de dos salarios mínimos, lo que impacta de manera directa en el 20% de los costos operativos totales del sistema. "Nuestra contratación en 2026 va a tener un costo mayor porque son casi todas muy intensas en personal y diferentes plazos", señaló la funcionaria, refiriéndose a los cerca de 50 contratos de concesión, vigilancia y aseo que deben actualizarse según los nuevos indicadores.Insumos al alza y comparación nacionalNo solo el factor laboral ha presionado la tarifa. La canasta de costos se ha visto afectada por el incremento en los energéticos: el diésel subió más del 15% y el gas más del 10%, mientras que el IPC cerró en un 5.1%.La gerente enfatizó que esta no es una situación exclusiva de la capital. Ciudades como Bucaramanga (16.7%), Medellín (11.4%) e Ibagué (13.8%) han reportado alzas incluso superiores a la de Bogotá, que se mantuvo en el 10%. Ortiz reveló que, si el Distrito hubiera trasladado todo el costo del aumento del salario mínimo al usuario, el pasaje habría subido 400 pesos en lugar de los 350 pactados.Escuche aquí la entrevista:
La familia del cantante de música popular Yeison Jiménez confirmó oficialmente la fecha de su funeral en la ciudad de Bogotá. A través de un comunicado, el equipo del artista informó que se realizará un homenaje público para despedirlo y rendirle tributo a su legado musical.“Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”, expresaron.Asimismo, la familia agradeció a los seguidores por respetar los espacios privados durante el duelo y por la comprensión en este difícil momento.“Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Los detalles oficiales sobre el ingreso y la logística del evento serán confirmados en el transcurso de la mañana de este martes 13 de enero, a través de los canales autorizados”, indicaron.En el comunicado, también reiteraron su agradecimiento por el respeto, el amor hacia el artista y la solidaridad con la familia. “Gracias por acompañarnos con amor, respeto y solidaridad. Familia y equipo de Yeison Jiménez”, concluyeron.Cabe recordar que el siniestro aéreo ocurrió el pasado sábado 10 de enero de 2026, en el municipio de Paipa, Boyacá, cuando una avioneta en la que viajaba el cantante sufrió un accidente. En el hecho perdieron la vida seis personas, identificadas por Medicina Legal como:Yeison Jiménez, cantante de música popular.Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.Óscar Marín, integrante del equipo del artista.Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.Weisman Mora, integrante del equipo del artista.Mientras avanzan las investigaciones para establecer con exactitud las causas del siniestro, el Ministerio de Transporte informó que se manejan tres líneas de investigación. La primera corresponde al componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas.La segunda línea aborda el componente técnico, relacionado con el mantenimiento y el estado general de la aeronave. Finalmente, se analizan los factores humanos, que incluyen la evaluación del entrenamiento, la experiencia y las licencias de la tripulación.
El 2025 fue cerró como un buen año para el sector automotriz en Colombia, tanto en carros nuevos, como usados y hasta el de motocicletas, todos tres con los que se llegó a cifras históricas, según datos del Runt.De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), durante todo 2025 se realizaron 1.071.171 traspasos de carros usados, lo que representó un crecimiento del 15,7 % frente a 2024, cuando se registraron 926.184 operaciones. Bogotá volvió a liderar el mercado de usados, con 339.131 traspasos, seguida por Cali (76.823) y Envigado (71.646), concentrando una parte significativa de las transacciones a nivel nacional.¿Cuál fue el carro usado más vendido en Colombia en 2025?Dentro del análisis por modelos, el liderazgo fue claro. Nuevamente, al igual que en 2024, el Chevrolet Spark se consolidó como el carro usado más vendido en Colombia durante 2025, y amplió su ventaja frente al resto de referencias del mercado.Según los datos de Andemos, este modelo registró 47.982 traspasos a lo largo del año, frente a los 43.415 contabilizados en 2024, lo que representó un crecimiento del 10,5 %. Con este resultado, el Spark se mantuvo como el vehículo de segunda mano con mayor rotación en el país.En el mercado, este modelo se encuentra con precios que parten desde los $18 millones, aunque el valor final depende de variables como el año de fabricación, el kilometraje, la versión y el estado general del vehículo. Las unidades más recientes pueden ubicarse en rangos de precios mucho más altos.Top 5 de carros usados más vendidos en 2025El liderazgo del Spark se dio en un contexto en el que varios modelos tradicionales mantuvieron altos volúmenes de traspasos:Chevrolet Spark: 47.982 unidades | +10,5 %Chevrolet Aveo: 36.211 unidades | +15,1 %Renault Logan: 30.092 unidades | +16,0 %Renault Sandero: 24.970 unidades | +15,9 %Chevrolet Sail: 17.014 unidades | +8,9 %Las marcas que dominaron el mercado de usadosPor fabricantes, Chevrolet fue nuevamente la marca más comprada en el mercado de carros usados, con 263.167 traspasos en 2025, lo que representó un crecimiento del 12,5 % frente al año anterior. Le siguieron Renault y Mazda, ambas con incrementos de doble dígito.Top 10 de marcas de carros usados en 2025Chevrolet: 263.167 | +12,5 %Renault: 168.316 | +17,0 %Mazda: 92.870 | +18,2 %Kia: 74.812 | +18,9 %Toyota: 72.610 | +18,9 %Nissan: 62.907 | +20,6 %Hyundai: 51.372 | +13,4 %Ford: 47.807 | +16,7 %Volkswagen: 40.691 | +18,6 %Suzuki: 28.975 | -5,3 %Las cifras de 2025 confirman que el mercado de carros usados mantuvo un crecimiento sólido, con mayor volumen de traspasos, liderazgo claro por marcas tradicionales y un modelo que volvió a imponerse con amplia diferencia.
Organizaciones y líderes de comunidades afrodescendientes e indígenas expresaron su inconformidad con la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de renovar por un año el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, excluyendo el seguimiento a la justicia transicional y al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.En una carta pública, los pueblos étnicos advirtieron que esta medida “rompe el consenso” que había caracterizado el acompañamiento internacional al proceso de paz y señalaron que desconoce los compromisos históricos con las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Según se conoció, la propuesta fue impulsada por la delegación de Estados Unidos, que argumentó ante los demás miembros del Consejo que la misión se había desviado de su propósito original al involucrarse en asuntos “ideológicos”, por lo que debía centrarse nuevamente en verificar la desmovilización de las Farc.Los líderes comunitarios recordaron que durante las negociaciones de La Habana, el respaldo del Caucus Black —integrado por congresistas demócratas y republicanos— fue clave para que el expresidente Barack Obama pidiera incluir el Capítulo Étnico en el Acuerdo Final. Desde entonces, Estados Unidos había sido uno de los principales aliados de este componente, incluso en 2022, cuando el secretario de Estado Antony Blinken firmó en Bogotá un acuerdo de cooperación con la vicepresidenta Francia Márquez para fortalecer su implementación.El comunicado también recordó que el Capítulo Étnico es uno de los más rezagados del acuerdo, pese a que los territorios afro e indígenas siguen siendo escenarios de violencia y disputa entre grupos armados ilegales. Por ello, las comunidades pidieron al Gobierno colombiano y a la comunidad internacional retomar el acompañamiento integral y garantizar la participación de los gobiernos étnicos locales en la formulación de políticas de transformación territorial.“Los territorios étnicos siguen siendo las víctimas mayoritarias del conflicto armado; se deben establecer condiciones de seguridad que frenen el control de los actores ilegales”, señalaron los firmantes, quienes concluyeron con un llamado a mantener la atención internacional sobre los compromisos pendientes “en el camino tortuoso pero necesario hacia la paz”.
Ante las deudas que superan los 74.000 millones de pesos, el SES Hospital Universitario de Caldas decidió suspender una serie de servicios específicos a los más de 408.000 usuarios que la Nueva EPS tiene en todo el departamento, de los cuales más de 110.000 están en Manizales.En un comunicado firmado por Juan Felipe Valencia, gerente del centro hospitalario, la institución explicó que en los últimos días ha debido asumir una mayor carga de atención en salud, debido al cierre de servicios en otras instituciones de la red hospitalaria.Sin embargo, advirtió que ese esfuerzo no ha sido correspondido con el giro oportuno de los recursos por parte de la Nueva EPS, lo que ha generado un alto riesgo financiero para el hospital.Por esta razón, el SES decidió suspender temporalmente los servicios que requieran materiales médico-quirúrgicos o pagos a terceros, entre ellos:• Cirugías no urgentes.• Consultas especializadas y procedimientos diagnósticos o terapéuticos.Las órdenes o autorizaciones que lleguen al hospital con estos servicios serán devueltas a la EPS, para que esta reasigne la atención con otros operadores de su red.
Después de varias horas de incertidumbre, la defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó a través de su cuenta de X la liberación de los dos soldados del Ejército Nacional, Ángel González y Edgar Mina, quienes habían sido nuevamente secuestrados en San Juan de Lozada, en el límite entre Meta y Caquetá.Marín informó que los militares se encuentran en buen estado de salud y fueron entregados a una delegación de la Defensoría del Pueblo en Caquetá para así recobrar su libertad.Fallida primera liberación de militaresVale recordar que, en la mañana de este martes se había informado de la liberación de los soldados luego de que se acordara que una comisión MAPP/OEA había ido a recogerlos tras haber sido entregados a un sacerdote; sin embargo, horas después los volvieron a secuestrar y los movieron 22 kilómetros hacia otro punto. Por su puesto, esto generó el rechazo de las Fuerzas Militares, que enfatizaron que ningún soldado debería estar privado de su libertad en cumplimiento de su misión de defender el territorio.¿Cómo fue el primer secuestro?El lunes festivo, 3 de noviembre, durante una operación de acompañamiento a funcionarios del CTI de la Fiscalía, un grupo de militares fue secuestrado luego de que unas 400 personas, presuntamente influenciadas por las disidencias de las Farc, rodearan al personal judicial y a las tropas, generando una asonada. En medio de los disturbios fueron retenidos un teniente y tres soldados profesionales, aunque el oficial y uno de los uniformados recuperaron la libertad pocas horas después.Los dos soldados restantes fueron desarmados y obligados a vestirse de civil antes de su liberación. Las autoridades continúan desplegadas en la zona con el fin de esclarecer los hechos, mientras se investiga si los líderes de la revuelta actuaron en coordinación con grupos armados residuales de las antiguas Farc, específicamente el Bloque Jorge Suárez Briceño, grupo que se mantiene en diálogos con el Gobierno.
En un juzgado de Manizales se llevó a cabo la audiencia de acusación contra Silvana Torres, una joven de 19 años señalada de asesinar a su hija de apenas dos años y diez meses, dentro de su apartamento en el barrio San Sebastián, a finales de julio de este año.Durante la diligencia, la Fiscalía la acusó formalmente por el delito de homicidio agravado, cargo que podría significarle una condena de hasta 50 años de prisión. Debido a que la víctima era su propia hija, no tendrá derecho a ningún tipo de rebaja de pena.La defensa de Torres insistió en que la joven debe ser declarada inimputable, argumentando que al momento de los hechos no estaba consciente de sus actos. Según su abogado, se adelantan valoraciones psiquiátricas y psicológicas que podrían demostrar que actuó bajo un episodio de alteración mental, presuntamente derivado de la ruptura sentimental con el padre de la niña.El defensor también pidió protección especial para su cliente, alegando que ha recibido amenazas. Silvana se encuentra privada de la libertad desde el día de los hechos, cuando fue hallada herida por autolesiones junto al cuerpo de su hija, que minutos después falleció en un centro asistencial.La audiencia de preparación del juicio oral quedó programada para marzo de 2026, momento en el cual se conocerán los resultados de los dictámenes médicos que definirán si la joven puede ser declarada inimputable.De acuerdo con la legislación colombiana, una persona declarada inimputable no recibe pena de prisión ordinaria, sino una medida de internamiento en un centro de salud mental por un periodo máximo de 20 años. Sin embargo, si los especialistas determinan su recuperación antes de ese tiempo, podría obtener la libertad inmediata.Cabe recordar que, días después del suceso, un reporte médico reveló que Silvana confesó haber asesinado a su hija en un momento de “enceguecida ira”, según el testimonio entregado a los especialistas que la atendieron.Actualmente, Silvana Torres permanece recluida en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué.
Fuentes al interior de la Fiscalía confirmaron que no existe ninguna investigación contra Jhonatan Obando Pérez, de nacionalidad colombiana y uno de los sobrevivientes del ataque de Estados Unidos contra un submarino en el Caribe, quien fue repatriado el pasado 18 de octubre.Incluso, el presidente Gustavo Petro confirmó el arribo de Obando Pérez al país y aseguró que sería procesado conforme a las leyes nacionales.Esas mismas fuentes tras ser consultadas por este medio señalan el objetivo de la indagación es establecer qué estructuras criminales estarían detrás de estas operaciones, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjeron los hechos.Obando Pérez no llegó como capturado ni enfrenta cargos en su contra, ya que hasta el momento no existe un informe de policía judicial que lo vincule formalmente con el caso. Por esa razón, la Fiscalía no adelanta proceso alguno en su contra.El caso se encuentra en etapa preliminar, mientras se recopila información para definir si hay mérito para abrir una investigación formal.
El Ejército y la Policía continúan con las investigaciones y los operativos en toda la ciudad de Neiva, con el fin de dar con la ubicación de los dos sicarios motorizados que atentaron contra el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez; el subdirector, Renato Solano Osorio; un dragoneante del Inpec, y un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.El ataque criminal se registró en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, al sur de Neiva, en la salida hacia el sur del Huila, donde dos hombres armados dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.“La Policía ha dispuesto un plan candado con todas las capacidades operativas e investigativas, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, con el fin de capturar a los responsables de este hecho. Hago un llamado a la comunidad para que, quien tenga información, la comunique de manera reservada”, expresó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Este hecho causó rechazo entre las autoridades civiles y de Policía. En el atentado resultó gravemente herido el subdirector del centro carcelario, Renato Solano Osorio, quien permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva, así lo confirmó Juan Diego Fierro, gerente del centro asistencial.“Recibimos en el hospital al señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad, con herida por arma de fuego en el tórax. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo observación estricta por parte del personal médico”, señaló el parte médico entregado por la gerencia del hospital.Posteriormente, en el transcurso del día, se adelantó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables.“En este consejo de seguridad se determinó una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este acto criminal. Además, hay una operación tipo candado por parte del Ejército y la Policía, con el apoyo de la comunidad e incluso de los agentes de tránsito”, anotó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila rechazó este vil ataque en el que murió el menor Ismael Rodríguez. Además, la entidad brinda acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
Once miembros de la la comisión 34 de las disidencias al mando de alias 'Calarcá' se entregaron ante las autoridades en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, luego de varias operaciones que el Ejército Nacional viene adelantando en la zona.Los ilegales hacen parte del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y entre ellos están los cabecillas conocidos con los alias de ‘Andrés’, ‘Jair’ y ‘David’.Este sometimiento a la justicia muestra el alcance y expansión que las disidencias de 'Calarcá' están logrando en este sector, límites entre Antioquia y Chocó, que suele estar bajo el control del ELN y el Clan del Golfo, quienes incluso se disputan el control por los corredores del narcotráfico y la minería ilegal.Con esto, dice el Ejército, buscan evitar ese desarrollo del grupo ilegal en esa zona del país así como Risaralda y Caldas.Durante la operación, integrantes de la Décima Quinta Brigada del Ejército, incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia y equipos de comunicación.
Los exjefes de las extintas Farc apelaron la sentencia que les impuso la JEP por los más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Es importante recordar que la sentencia contempla acciones y trabajos restaurativos por un periodo de ocho años, sin cárcel. Es decir, que durante ese tiempo deben cumplir con obras y labores que reparen a las víctimas.La JEP planteó la idea de monitorear las sanciones por medio de un mecanismo electrónico, algo a lo que se niegan, en esta apelación, los excomandantes de las Farc. El antiguo secretariado de la guerrilla también pide que la sanción contemple un tiempo menor a ocho años para algunos comparecientes, lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que hayan podido estar en la cárcel y las acciones que realizaron una vez dejaron las armas, relacionadas con iniciativas de paz.Clara Rojas fue secuestrada por las Farc en el Caquetá, en el año 2002, y está acreditada como víctima ante la JEP. Rojas se refirió a esta apelación de las extintas Farc, asegurando que, por ejemplo, el monitoreo electrónico es una herramienta mínima de la justicia para garantizar el cumplimiento de las sanciones.“Nótese que la JEP le está dando a un delito de lesa humanidad, que en nuestro Código Penal oscila en sanciones privativas de la libertad entre 40 y 60 años, los está reduciendo a ocho años y no les impone sanción intramural; les impone unos trabajos sociales con un objetivo restaurativo. La manera que la JEP ha encontrado para lograr una verificación del cumplimiento de las sanciones es a través de estos dispositivos, no solo para garantizar que estas personas estén en los sitios de ubicación que les han impuesto, en los horarios que les han impuesto, sino para que la sociedad en su conjunto tenga un mínimo de garantía de que efectivamente están realizando este trabajo”, dijo Rojas.En el mismo sentido, Rojas aseguró que cuando se conocieron las sanciones el antiguo secretariado se comprometió a acatarlas y, por eso, considera que los argumentos de esta apelación generan desazón en las víctimas.“Me parece una falta de respeto, no solo con los magistrados de la JEP, sino con el orden jurídico y la justicia, porque sin duda es lo mínimo que se les pide”, agregó Rojas.En la sentencia, los exjefes de las Farc también le piden a la JEP tumbar la imputación por esclavitud, pues dicen que ese delito no se cometió contra los secuestrados. Además, piden que mientras cumplen las sanciones no sean trasladados de sus hogares.“No podemos justificar que ahora los victimarios pretendan que no van a ser sancionados, además desconociendo que ellos rechazaron ir a un juicio y aceptaron la responsabilidad en los delitos que les fueron imputados en su momento. Sí hay varias falencias que presenta la JEP al momento de la sentencia, pero manifestar que sus actos fueron constituidos a través del derecho de la rebelión lo que hace es revictimizar a las víctimas”, agregó Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunos de los familiares de los diputados del Valle, asesinados en cautiverio por parte de las Farc.En otro apartado de la apelación, el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una estrategia militar y social.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente o presidenta para poner orden”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc en 2002.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el atentado perpetrado por sicarios en motocicleta contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera, cuando se movilizaban en un vehículo particular en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, en el sur de Neiva.Asimismo, la entidad condenó el fallecimiento del menor de 11 años, quien fue alcanzado por un disparo en la cabeza durante el ataque criminal. En el mismo hecho resultó gravemente herido el subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, de 50 años de edad, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva.De igual manera, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para reforzar los esquemas de seguridad de directivos y funcionarios del sector penitenciario en el país, teniendo en cuenta los ataques de los que han sido víctimas dragoneantes del Inpec en varias ciudades.En efecto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila también brinda acompañamiento institucional a la familia del menor Ismael Rodríguez, de 11 años, víctima del atentado.Asimismo, mediante un comunicado oficial, los personeros del Huila rechazaron el ataque sicarial contra los directivos del centro de reclusión de Neiva, ubicado en jurisdicción de Rivera, y pidieron a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones que permitan ubicar y capturar a los autores materiales de este lamentable hecho que ha conmocionado a Neiva y al Huila.Por su parte, la Policía, con su equipo de investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, continúa recopilando evidencias y testimonios con el fin de identificar a los responsables, capturarlos y llevarlos ante la justicia. No obstante, las autoridades administrativas y de policía adelantaron un consejo de seguridad para tomar decisiones frente al atentado que hoy cobra la vida de un menor de edad, hijo del director de la cárcel de Rivera, en el Huila.
El Ministerio de Minas y Energía posesionó a Adriana Jiménez como la nueva experta comisionada en la Comisión de Energía y Gas. Una profesional que cuenta con más de 26 años de experiencia en política pública y en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas en el sector de regulación energética. Ahora se enfrenta a grandes retos y labores.La nueva comisionada es una economista con maestría en Economía y Políticas Públicas, y especializaciones en Gestión de Proyectos y en Derecho de la Competencia y Libre Comercio, lo que permitirá un amplio desarrollo en técnico este momento clave de la transición energética.Hasta el momento, ha sido Asesora y Comisionada encargada en el Departamento Nacional de Planeación, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – Creg. Además, ha trabajado en el Ministerio de Minas y Energía, y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – Anla, entidad en la que lideró el Grupo de Transición Energética Justa; a la par, ha tenido cargos en Fedepalma y la Unidad de Restitución de Tierras.A las afueras del país también ha hecho parte del equipo de infraestructura en Argentina. Razones por las cuales fue escogida, debido a su amplia trayectoria en entidades públicas y firmas consultoras que se han especializado en el sector energético.Su llegada se da en el marco de un proceso en marcha orientado a fortalecer la confiabilidad del sistema, avanzar en la actualización de metodologías regulatorias, acompañar la transición energética y reforzar la protección de los usuarios de los servicios públicos. Con esta designación, la entidad busca dar continuidad a las reformas y lineamientos que vienen consolidándose en el sector.La Creg funciona como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía y está conformada por los ministros de Minas y Energía, quien la lidera, y de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación y seis expertos en asuntos energéticos designados por el presidente de la República para periodos de cuatro años.Con la incorporación de la nueva comisionada, queda completo el Comité de Expertos de la Creg, órgano colegiado responsable de la toma de decisiones regulatorias, integrado por William Mercado, director ejecutivo (e), junto a los expertos comisionados Antonio Jiménez, Fanny Guerrero, Orlando Velandia (e) y Ángela Álvarez.
Para el 2026, Colombia enfrentará una combinación de factores que presionan el sistema eléctrico: precios al alza, un estrecho margen entre generación y demanda, una deuda sectorial que supera los $4 billones, el atraso en proyectos clave y una creciente dependencia del gas importado. Ante este escenario, la tecnología emerge como una herramienta decisiva para evitar un eventual desabastecimiento de energía.Según datos del sector, el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación es crítico. De los 3.517 megavatios que debían entrar en operación hasta octubre de 2025, apenas lo hizo menos del 2 %, de acuerdo con cifras de Acolgen. A esto se suma la pérdida de soberanía gasífera, que obligará a importar cerca del 25 % del gas natural que consume el país, elevando los costos de generación térmica y aumentando la vulnerabilidad del sistema, especialmente si se materializa un fenómeno del Niño en 2026, cuya probabilidad es alta según la NOAA.Frente a una demanda que no cede y una oferta cada vez más tensionada, la adopción de tecnologías de eficiencia energética proyecta un crecimiento de entre el 20 % y el 40 % en 2026, impulsada por empresas que buscan blindarse ante posibles racionamientos y aumentos tarifarios. Alternativas para generar energíaEn ese contexto, la autogeneración solar fotovoltaica se consolida como una de las principales soluciones. Lo que antes era una apuesta por sostenibilidad hoy se convierte en una necesidad financiera, al permitir que industrias y comercios reduzcan su dependencia de la red nacional y su exposición a las tarifas del mercado regulado.Otra tecnología clave serán los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que ganarán protagonismo como respaldo crítico para procesos sensibles. Estas soluciones permiten almacenar excedentes de energía solar y utilizarlos en momentos de alta demanda o ante fallas del sistema.La gestión de datos también jugará un papel determinante. Colombia presenta niveles de ineficiencia energética cercanos al 65 %, lo que significa que solo se aprovecha productivamente el 35 % de la energía consumida, según la Unidad de Planeación Minero Energética. El monitoreo en tiempo real y el análisis de datos permitirán identificar fugas, corregir malos hábitos de consumo y reducir la facturación energética sin afectar la producción.Finalmente, la electrificación de procesos de calentamiento y la expansión de la movilidad eléctrica marcarán la agenda energética. Con más del 25 % del gas natural importado y sujeto a la volatilidad de la TRM, muchas industrias optarán por sustituir el gas por sistemas eléctricos de alta eficiencia.
La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, desde el 16 de enero del año pasado y hasta la fecha, al menos 87.438 personas han sido desplazadas como consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.En diálogo con Blu Radio, el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Cúcuta, Leandro Ugarte Mora, entregó un balance de la situación que enfrenta el municipio ante la llegada constante de familias desplazadas.“Desde el día 22 de diciembre a la fecha han llegado más de 800 familias, eso nos representa más de 2.300 personas individualmente, nuevas, o nuevos desplazamientos o personas que ya habían regresado a sus sitios de origen, y nuevamente se han desplazado”, señaló el funcionario.Ugarte recordó que, aunque las cifras actuales no alcanzan la magnitud del desplazamiento masivo registrado hace un año, el impacto sigue siendo grave. “El año pasado, ya vamos a cumplir básicamente un año del desplazamiento que se inició el 17 de enero, pero en los dos primeros días recibimos casi 5.000 personas”, precisó.Actualmente, las personas que llegan a Cúcuta se encuentran en su mayoría acogidas por familiares o redes de apoyo. Desde la administración municipal, con el respaldo de la Unidad para las Víctimas y cooperación internacional, se han dispuesto kits de alimentación y aseo, además de atención psicosocial.El secretario enfatizó que estos desplazamientos no cesarán mientras no haya una transformación real en el territorio. “Mientras el territorio del Catatumbo no sea consolidado, no haya un perfecto complejo estado social de derechos, pues la gente va a seguir en esos desplazamientos”, advirtió.Finalmente, subrayó que las familias no llegan con la intención de radicarse en la ciudad, sino buscando protección temporal: “Ellos llegan a Cúcuta pensando en que se quieren regresar lo más pronto posible a sus casas fincas, que son, pues, sus sitios donde tienen su vida, su historia, sus propiedades, su propiedad privada; es a donde quieren retornar lo más pronto posible”, aseguró.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este martes que ya fueron entregados a sus familiares los cuerpos de todas las víctimas del accidente de la avioneta en la que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez, siniestro ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Con este procedimiento, la entidad dio por concluida su intervención en el caso.De acuerdo con el comunicado, Medicina Legal informó que culminaron los procedimientos técnico-científicos y médico-legales, logrando la plena identificación de los seis cuerpos que ingresaron a la entidad tras la tragedia aérea. Posteriormente, todos fueron entregados a sus familias en coordinación con las autoridades competentes.Las personas fallecidas en el accidente fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez y Yeison Orlando Jiménez Galeano. El instituto también expresó un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, reiterando su compromiso de actuar con celeridad y diligencia en este tipo de casos.Cuándo fue el accidente de Yeison JiménezEl 10 de enero del 2026 será una de las fechas más tristes para la música colombiana, pues este siniestro enlutó al país y cobró la vida del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, Caldas, y considerado uno de los principales exponentes del género en la última década. La avioneta, que tenía como destino la ciudad de Medellín, se accidentó en una zona rural de Boyacá y quedó completamente calcinada, según confirmaron las autoridades aeronáuticas.La Aeronáutica Civil lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del artista, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del accidente, el país despide a una figura clave de la música regional colombiana y acompaña el duelo de las familias de las demás víctimas de esta tragedia aérea.
Colombia recuperará en 2026 uno de los puentes festivos más simbólicos de su calendario. Luego de varios años sin este día feriado como fin de semana largo, la conmemoración del Día de la Independencia, el 20 de julio, volverá a convertirse en puente, un hecho que no ocurría desde 2019, antes de la pandemia. La confirmación ya figura en el calendario oficial de festivos y despertó expectativas entre trabajadores y sectores económicos que tradicionalmente se dinamizan durante estas fechas.El anuncio llega en un momento clave, cuando muchas familias planean con anticipación viajes y descansos, ante el regreso de un puente que representa un impulso para el turismo, el comercio y el transporte, actividades que suelen registrar mayor movimiento en estas temporadas.Día de la Independencia vuelve a ser puente festivo en 2026La razón detrás del regreso de este festivo está en el calendario. En 2026, el 20 de julio caerá un lunes, lo que permite que el Día de la Independencia se convierta automáticamente en un puente festivo, sin necesidad de traslado. Esta situación se ajusta a lo que establece la Ley Emiliani, cuyo objetivo es concentrar los festivos al inicio de la semana para incentivar el descanso y la actividad turística y económica del país.Este escenario no se presentaba desde hace siete años, cuando en 2019 la fecha también coincidió con un lunes. Desde entonces, el aniversario patrio se celebró en días intermedios o durante fines de semana, lo que le restó atractivo turístico a la fecha.Siete años sin puente por el 20 de julio en ColombiaLa última vez que los colombianos disfrutaron de un puente completo por el Día de la Independencia fue en 2019. Entre 2020 y 2025, la fiesta patria cayó en martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, lo que redujo su impacto festivo a una sola jornada.Por eso, el regreso del puente en 2026 tiene un valor especial. Representa la vuelta de una tradición que históricamente ha marcado los tiempos de descanso de muchas familias colombianas y ha impulsado una mayor participación ciudadana en los actos conmemorativos.Festivos y puentes confirmados en Colombia para 2026El calendario de 2026 contará con varios puentes a lo largo del año, entre ellos el del 20 de julio. Estas son algunas de las fechas clave confirmadas:12 de enero: Reyes Magos (puente).23 de marzo: San José (puente).18 de mayo: Ascensión de Jesús (puente).8 de junio: Corpus Christi (puente).15 de junio: Sagrado Corazón (puente).20 de julio: Día de la Independencia (puente).12 de octubre: Día de la Raza (puente).16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente).Con este panorama, 2026 se perfila como un año con varias oportunidades para el descanso y la reactivación económica, marcado por el regreso de un puente que muchos colombianos esperaban desde hace años.
Mientras que, producto de la vacancia judicial, la Corte Constitucional inició hasta este martes 13 de enero de 2026 el estudio del decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno declara el estado de emergencia económica y social, el debate de este decreto sigue estancado en el Congreso de la República.Aunque desde sectores de oposición se buscó adelantar un debate de control político a todos los ministros el pasado 29 de diciembre en la plenaria del Senado, ningún integrante del gabinete se hizo presente, argumentando que se debía permitir responder el cuestionario de 26 preguntas, con fecha límite del 31 de diciembre.Sin embargo, según datos entregados por la Secretaría del Senado a BLU Radio, el pasado 31 de diciembre, 13 de los 17 ministerios presentaron una solicitud de prórroga para entregar la respuesta a este cuestionario, argumentando en varios oficios la necesidad de terminar de compilar la información por parte de las distintas dependencias del gabinete nacional.Pero llama la atención que el pasado 9 de enero, 10 de los 17 ministerios solicitaron nuevamente una prórroga para responder dicho cuestionario, lo que retrasa aún más la posibilidad de llevar a cabo el debate de control político.El senador de Cambio Radical y citante del debate, Carlos Fernando Motoa, criticó esta dilación por parte del Gobierno y recordó que, luego de que no se pudiera realizar el control político al decreto el 29 de diciembre, presentó una solicitud a la mesa directiva del Senado para convocar nuevamente a la plenaria de forma extraordinaria, solicitud en la que insistió este martes 13 de enero.“El control político no es un ‘favor’ que el Gobierno Nacional le hace al @SenadoGovCo, es una OBLIGACIÓN que continúa eludiendo (de diferentes maneras). Por eso, vengo insistiendo en la necesidad de realizar el debate por la declaratoria de la inconstitucional e INCONVENIENTE emergencia económica... porque no puede ser que estén manejando impuestos vía decreto sin rendir cuentas ni ofrecer ningún tipo de explicación”, señaló Motoa en su cuenta de X el pasado 5 de enero.El senador y cabeza de lista de Cambio Radical aseguró que, ante estas dilaciones, presentará ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra todos los ministros del gabinete por no responder en el tiempo que establece la ley.