El pulso que marcó la decisión del Consejo de Estado de ponerle límites a las alocuciones presidenciales tiene nuevas aristas, porque Blu Radio conoció en primicia un auto en el que el alto tribunal corre traslado de una solicitud de incidente de desacato que interpusieron varios ciudadanos, a los que en septiembre del año pasado el Consejo de Estado les dio un espaldarazo al proteger su derecho a la información.En ese sentido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá llegar al despacho del magistrado Albert Montaña la información sobre las medidas que han tomado para darle cumplimiento a este fallo de tutela.En aquella providencia, el Consejo de Estado fijó varios criterios para las intervenciones del presidente Gustavo Petro en televisión abierta, relacionados con la urgencia, excepcionalidad, recurrencia y delimitación temática y temporal de dichas alocuciones.Además, ordenó a la CRC verificar previamente el cumplimiento de esos parámetros y, de encontrar irregularidades, impedir la transmisión de las intervenciones.“La alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes […] La alocución presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. La situación alocución debe ser limitada temática y temporalmente”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.
Un derrame de látex provocado por un accidente de tránsito en la cuenca del río Coello obligó al cierre inmediato de las bocatomas de captación, dejando sin servicio de agua potable al municipio de El Espinal y a poblaciones de su área de influencia, en una emergencia ambiental que afecta a más de 100.000 personas en el departamento del Tolima.El accidente de tránsito ocurrido en la zona rural de Ibagué desencadenó una emergencia ambiental que dejó sin agua potable a más de 100 mil habitantes del Tolima y encendió las alarmas en varios municipios ribereños del río Magdalena.El volcamiento de una tractomula en el corregimiento Coello Cocora, sobre la vía nacional, provocó el derrame de látex en el río Coello, afluente tributario del río Magdalena y estratégico para el abastecimiento de agua potable en el centro y norte del departamento. El líquido lechoso tiñó de blanco las aguas del río, obligando al cierre inmediato de las bocatomas en El Espinal y su principal corregimiento, Chicoral.Según explicó Andrea Mayorquín, directora de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, hacia las 4:00 de la tarde se evidenció el cambio de color del agua en el punto de captación, lo que llevó a suspender de manera preventiva el suministro.“Las compuertas se mantienen cerradas y solo se retomará la captación cuando, mediante observaciones organolépticas, se evidencie que el agua ya no está blanca ni espumosa”, señaló la funcionaria.La emergencia no se limita a El Espinal. Al continuar su curso, el río Coello desemboca en el río Magdalena, por lo que el contaminante podría alcanzar a municipios ribereños como Flandes, Suárez, Ambalema y Honda, entre otras poblaciones del norte del Tolima, donde también se recomendó suspender temporalmente la captación de agua y activar los planes de contingencia.“Nos comunicamos con los municipios aguas abajo para que adopten las medidas respectivas. Invitamos a todos los ribereños a estar atentos a cambios en el color del agua o presencia de espuma y, de ser necesario, cerrar las captaciones”, advirtió Mayorquín.De acuerdo con las autoridades, más de 75.000 personas en El Espinal resultaron afectadas directamente, pero la cifra total supera los 100.000 habitantes en todo el departamento.La Alcaldía de El Espinal informó que, si las condiciones del río lo permiten, el suministro de agua potable podría retomarse este miércoles en horas de la tarde, una vez desaparezca por completo el contaminante.Entre tanto, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, adelanta investigaciones para determinar la cantidad exacta de látex vertida, mientras que la empresa Disproquin S.A.S. deberá indicar el tratamiento adecuado para este tipo de sustancia en cuerpos de agua.La emergencia deja en evidencia la vulnerabilidad ambiental de las fuentes hídricas del Tolima y la necesidad de reforzar los controles sobre el transporte de sustancias industriales que circulan cerca de ríos y quebradas del departamento.
Un laboratorio clandestino para el procesamiento de pasta base de coca fue desmantelado en el departamento del Chocó, en una operación del Ejército que dejó pérdidas estimadas en 170 millones de pesos al Clan del Golfo, uno de los grupos armados con mayor presencia en esta región del país.La intervención se llevó a cabo en la vereda Costa de Oro, en el municipio de Carmen del Darién, donde las tropas del Ejército ubicaron una infraestructura utilizada para transformar hoja de coca en pasta base. En el lugar fueron hallados e inutilizados cerca de 200 kilogramos de hoja de coca picada, 400 galones de pasta base en proceso y varios combustibles y químicos empleados en la producción del alcaloide, entre ellos ACPM, gasolina y amoníaco.Según el Ejército, el laboratorio estaría al servicio de la subestructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, y hacía parte de la cadena de producción que sostiene las economías ilegales de esta organización en el Bajo Atrato chocoano.Durante el operativo también fueron destruidos elementos artesanales clave para la elaboración de droga, como una estructura en madera, canecas metálicas y plásticas, garrafones, una prensa artesanal, una guadaña y un sistema rudimentario de escurrido, lo que dejó inoperante el punto de procesamiento.En una acción adicional, desarrollada en el municipio de Vigía del Fuerte, el Ejército logró la incautación de 900 bultos de cemento, equivalentes a 45 toneladas, que presuntamente iban a ser utilizados para la adecuación de infraestructuras ilegales relacionadas con la producción de pasta base de coca. Estos materiales quedaron a disposición de las autoridades.Las autoridades señalan que este tipo de acciones buscan golpear las finanzas y la logística de los grupos armados ilegales que operan en el Chocó, una región estratégica para el narcotráfico por su ubicación y compleja geografía.
El coronel en retiro Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, Huila, falleció tras permanecer varios días en estado crítico luego de ser víctima de un atentado con arma de fuego ocurrido el martes 13 de enero de 2026. El oficial retirado había sido trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde luchó por su vida tras recibir dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax.El ataque se registró hacia las 6:53 de la mañana, cuando el director del establecimiento carcelario, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, se desplazaba en un vehículo particular por la ruta 45, en la vía Neiva–Rivera, en compañía de su hijo de 11 años y del subdirector Renato Solano Osorio. De acuerdo con la información conocida, un motociclista interceptó el automotor y abrió fuego en repetidas ocasiones, realizando aproximadamente seis disparos contra el vehículo.Como consecuencia del atentado, el menor de edad, hijo del director del centro penitenciario, recibió un impacto de bala en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció horas después. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.Tras el ataque, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que el subdirector de la cárcel de Neiva había recibido amenazas previas. No obstante, estas advertencias no derivaron en decisiones de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, situación que ahora es objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.Las investigaciones para esclarecer los hechos continúan en curso. Las autoridades buscan establecer tanto los móviles del atentado como la identidad de los autores materiales e intelectuales del ataque armado, que dejó dos víctimas mortales.Como parte de las acciones para avanzar en el esclarecimiento del crimen, la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila mantienen vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita identificar a los responsables.
Luego de conocerse nuevos detalles sobre la muerte de Neill Felipe Cubides, confirmada este lunes 19 de enero de 2026 por la Universidad Externado de Colombia, institución en la que se desempeñaba como docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.A través de un comunicado oficial, la universidad expresó sus condolencias: “La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su esposa, Denis Alfaro, familiares, amigos y allegados en este difícil momento”.Cubides, quien contaba con más de 20 años de experiencia en el sector educativo, fue hallado sin vida en la vereda Los Soches, en una vía destapada que conecta la avenida Boyacá con la antigua carretera al Llano. De acuerdo con información confirmada por Blu Radio, en este sector no existen cámaras de seguridad, lo que dificulta la recolección de pruebas.Según información preliminar y testimonios de habitantes de la zona, varios hombres habrían abandonado el cuerpo en el kilómetro 8 de la vía, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.El pasado 16 de enero, Cubides fue reportado como desaparecido luego de salir de su vivienda para asistir a una cita médica. Su esposa relató en Noticias Caracol los últimos momentos en los que lo vio: “Mi esposo salió, cruzó la carrera 15 y tomó un taxi”, afirmó.El noticiero también reveló que Cubides era funcionario de la Procuraduría General de la Nación, adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales, dependencia encargada de procesos sensibles. En esta entidad llevaba más de 17 años de servicio y, al momento de su desaparición, se encontraba de vacaciones.Por esta razón, una de las hipótesis que se maneja estaría relacionada con su labor profesional; no obstante, este enfoque aún no ha sido confirmado y continúa en análisis.Otra de las líneas de investigación se centra en las transacciones bancarias realizadas tras su desaparición. Un día después, a la 1:35 de la madrugada, se registró una transacción por dos millones de pesos, seguida de otra por cuatro millones, y posteriormente una compra por 250.000 pesos, alrededor de la 1:50 a. m.Ante estos movimientos, la esposa del docente señaló que una de las hipótesis que considera es la del denominado “paseo millonario”.Las autoridades investigan si este caso estaría relacionado con otros crímenes registrados recientemente en la ciudad, que presentan un modus operandi similar, basado en extorsión y posterior asesinato de las víctimas. Noticias Caracol reveló que al menos cuatro casos más estarían siendo analizados bajo esta misma modalidad, sin que hasta el momento se descarte la posible existencia de una estructura criminal detrás de estos hechos.
Hay luto en el norte de Barranquilla, más específicamente en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en el barrio Villa Carolina, donde pasadas las 8:00 de la noche de este lunes 19 de enero se registró la muerte de un niño de 12 años que cayó al vacío desde el noveno piso de esta edificación.De acuerdo a los primeros reportes del caso, el menor estaba intentando hablar y jugar con sus amigos desde el balcón mientras estaba sobre una silla. Luego, en medio de un aparente descuido, terminó perdiendo su equilibrio.La emergencia alertó a todos los vecinos, quienes a su vez dieron pronto aviso a las autoridades pese a que fue demasiado tarde para intentar salvarle la vida.“Considero que fue la brisa. El niño era una persona alegre, vivía siempre con su mamá, una vecina muy buena. Estoy impresionada completamente. Le echo la culpa a la brisa, yo vivo allí y pegan los vientos horrible”, declaró a los medios de comunicación una de las vecinas del conjunto.“Su cuerpecito era delgado. Sé cómo debe sentirse esa madre, estoy llorando por su mamá. Él subirá al cielo. Tengo cinco años desde que se murió mi hijo con la pandemia y todavía lo lloro como si fuera la primera vez. Nadie sabe lo que es la muerte de un hijo o una madre hasta que no lo vive. Lamentando mucho esta tragedia, eso es para que los padres tomen conciencia de no mudarse a pisos tan altos para tener niños pequeños. Se pueden utilizar mallas también”, agregó.La noticia también fue lamentada por comerciantes de la zona, quienes acostumbraban a verlo jugar por las tardes: “Era alegre, divertido. Lo que pasa es que la situación es fuerte. Apenas me estoy enterando, solía verlo cuando salía a caminar, o hacia la Olímpica”.Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.
Luis Díaz vive un momento especial en el Bayern Múnich. Desde su arribo al cuadro bávaro, el colombiano se ha convertido en una pieza clave del equipo que comanda Vincent Kompany, aportando desequilibrio, intensidad y goles en partidos determinantes. Su impacto ha sido tan evidente que, casi de inmediato, comenzaron las comparaciones con viejas glorias del club, una situación que no ha pasado desapercibida para Arjen Robben.Luis Díaz es fundamental en el Bayern de KompanyEl extremo colombiano ha respondido dentro de la cancha. Ha sido decisivo en varias oportunidades y su trabajo junto a Michael Olise ha permitido consolidar una de las principales armas ofensivas del Bayern. Ambos son titulares habituales y representan una renovación en las bandas, una zona históricamente clave para el club bávaro.Fue justamente ese protagonismo el que llevó a Max Eberl, director deportivo del Bayern, a lanzar una frase que encendió el debate. De acuerdo con su visión, Olise podría ser el nuevo Arjen Robben, mientras que Luis Díaz tiene similitudes con Franck Ribéry, especialmente por su estilo más impredecible y explosivo.Robben se sale de los chiros y frena comparacionesLa leyenda del Bayern, Arjen Robben, fue consultado sobre estas declaraciones tras participar en un partido de leyendas del club. Su respuesta fue directa y dejó claro que no comparte este tipo de paralelos. Para el neerlandés, poner etiquetas de ese calibre puede generar una presión innecesaria sobre los jugadores actuales.“Eso no me gusta para nada. Lo mismo pasaba en la época en la que yo jugaba”, afirmó Robben, recordando que cada futbolista tiene características propias y contextos distintos. Para él, lo realmente importante es que Díaz y Olise están siendo fundamentales para el equipo en el presente, más allá de cualquier comparación con el pasado.Kompany respalda a su dupla de ataqueVincent Kompany también se refirió al tema, aunque desde una mirada más técnica. El entrenador belga reconoció la dificultad de comparar a jugadores actuales con figuras como Robben y Ribéry, a quienes enfrentó como rival. Incluso recordó lo complejo que era defender a Robben, aun sabiendo exactamente cuál sería su movimiento.Mientras el debate sigue fuera del campo, la realidad es clara dentro del juego. Luis Díaz y Michael Olise han iniciado su camino como dupla con resultados positivos, aportando soluciones ofensivas y confianza al proyecto que lidera Kompany.
Federico Restrepo, exgerente de EPM entre 2008 y 2012 e ingeniero civil, ha lanzado una propuesta central en su aspiración al Senado de la República: la creación de un blindaje legal para las juntas directivas de las empresas comerciales e industriales del Estado. Ante la situación actual de compañías como Ecopetrol, Restrepo busca evitar que los gobiernos de turno utilicen su mayoría accionaria para imponer visiones ideológicas que, según él, atentan contra el patrimonio nacional.Un "candado" legal para la estabilidad institucionalLa propuesta de Restrepo consiste en un proyecto de ley que obligue a que todas las empresas de propiedad estatal o mixta, ya sean del orden nacional, regional o local, se sometan a normas estrictas de gobierno corporativo que no puedan ser modificadas a discreción por el gobernante vigente. El candidato argumenta que actualmente los gobiernos actúan como "estado accionista" y cambian estatutos para elegir miembros de junta "a dedo", por lo cual propone que estas entidades mantengan una independencia similar a la del Banco de la República.Para lograr esto, el proyecto plantea modificar cuatro leyes fundamentales: la Ley 142, la Ley 143, la Ley 1118 (específica de Ecopetrol) y la Ley 489 de función pública. El objetivo es que las políticas de gobierno corporativo queden, en palabras del aspirante, "con candado y bajo llave" para preservar el valor patrimonial a largo plazo.Requisitos de idoneidad y periodos cruzadosUno de los puntos más críticos de la iniciativa es la definición de criterios técnicos para quienes integran las juntas y las representaciones legales. Restrepo califica como "un chiste" que en Ecopetrol se nombren personas cuyas declaraciones públicas son contrarias al objeto social de la empresa, como la exploración y explotación de hidrocarburos.Bajo la nueva ley, los miembros de junta deberían cumplir con:Periodos cruzados o traslapados de 4 o 5 años para que su permanencia no coincida exactamente con el periodo del gobierno nacional.Formación y competencia técnica comprobada para el cargo.No haber sido funcionarios públicos en los dos años anteriores a su nombramiento.Independencia política, asegurando que no sean militantes activos que pongan la ideología por encima de la sostenibilidad de la compañía.Pragmatismo frente a la transición energéticaRespecto a la tendencia de fondos activistas y decisiones gubernamentales que buscan frenar proyectos como el fracking, Restrepo aboga por el pragmatismo y realismo. Menciona que incluso gobiernos de izquierda en la región, como los de Brasil y Chile, defienden sus ingresos provenientes de la minería y el petróleo por su importancia económica.Escuche aquí la entrevista:
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció la existencia de un presunto “cartel de títulos irregulares” operado desde la Fundación Universitaria San José, que habría favorecido a funcionarios y contratistas de entidades del actual gobierno. En entrevista con Mañanas Blu, Juvinao aseguró que se trata de un “esquema sistemático para expedir títulos a la medida de las necesidades del Gobierno Petro”.Según la congresista, su equipo de trabajo ya ha identificado 24 casos plenamente documentados, que replican o superan el episodio de Juliana Guerrero, quien recibió un título de contadora pública de la misma institución sin cumplir los requisitos legales establecidos por la Ley 1324 de 2009.“El caso Juliana Guerrero es apenas la punta del iceberg. Encontramos seis casos idénticos al suyo y otros 18 donde las personas presentaron la Prueba Saber Pro semanas o meses después de recibir el título, lo cual invalida completamente esos diplomas”, afirmó Juvinao.Millonarias consecuencias y presunta red de favoresDe acuerdo con la investigación preliminar, los beneficiarios de estos títulos habrían sido posteriormente contratados por entidades del Estado desde 2023, generando contratos que suman más de 1.100 millones de pesos. Entre las instituciones señaladas se encuentran el SENA, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el INVIMA, la DIAN y el Ministerio de Salud, entre otras 16 dependencias nacionales.Aunque la congresista evita señalar nombres concretos, advirtió que “sí puede haber políticos detrás, varios, porque muchas entidades fueron entregadas como cuotas burocráticas”. También aseguró que su equipo continúa rastreando posibles vínculos políticos, pese a las dificultades para obtener testimonios por temor a represalias.Incentivos económicos dentro de la universidadCatherine Juvinao sostuvo que el entramado irregular tuvo un componente de beneficio económico interno. Según explicó, el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José —presunto cerebro del esquema y ya desvinculado de la institución— “ganaba por personas graduadas, así que entre más títulos expedía, más dinero recibía”.Esa estructura de incentivos, dijo, generó un “incentivo perverso” que convirtió a la universidad “en una fábrica de expedir títulos sin requisitos”. Juvinao afirmó que incluso la universidad habría recibido contratos del Gobierno Nacional, lo que refuerza la posible conexión entre la institución y dependencias del Ejecutivo.Críticas a la falta de control estatalLa representante fue especialmente crítica con la inacción del Ministerio de Educación y la Fiscalía General, a quienes responsabilizó de no ejercer su deber de inspección y sanción. “Es inaudito que mi equipo legislativo, siendo pequeño, tenga que hacer la tarea del Ministerio de Educación. Ese Ministerio, con un presupuesto de 80 billones de pesos y una dirección de vigilancia y control, debería haber intervenido ya la universidad”, advirtió.Asimismo, cuestionó el silencio del ministro del ramo, recordando que, tras cuatro meses de haberse anunciado una investigación sobre el caso Juliana Guerrero, “no ha dicho una palabra sobre sanciones o avances”. Para Juvinao, la omisión estatal demuestra un doble discurso frente a las universidades privadas: “Las critican cuando reciben jóvenes con créditos del Icetex, pero no tocan a las que operan al margen de la ley”.“El presidente Petro premia la trampa”La denuncia también alcanza directamente al presidente Gustavo Petro, a quien acusa de proteger a Juliana Guerrero. “Ella es una de las mujeres más cercanas al Presidente. Aunque no la pudieron nombrar, sí está operando políticamente dentro de la Casa de Nariño”, aseguró.Juvinao calificó la situación como “una tragedia ética, educativa y política”, señalando que “el Presidente premia la trampa y les da la espalda a los jóvenes que se esfuerzan, se endeudan y estudian con honestidad”.Falta de vigilancia y advertencia de nuevos casosMás allá del caso San José, la representante alertó sobre un problema estructural de supervisión en el sistema de educación superior colombiano. Reiteró la necesidad de crear una Superintendencia de Educación, figura que ya se discute en el Congreso, para suplir la incapacidad del Ministerio en sus labores de inspección, vigilancia y control.“No es solo la Fundación San José. Hay más universidades involucradas y ya las estamos investigando. Esto podría implicar centenas, incluso miles de títulos irregulares expedidos por instituciones privadas con permisos del Ministerio de Educación”, reveló.La congresista concluyó recordando que su denuncia busca preservar la confianza en la educación superior colombiana y evitar que, bajo el amparo de la autonomía universitaria, se perpetúen prácticas corruptas que afectan tanto a las instituciones como a los jóvenes que cumplen con la ley y el mérito académico.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos dieron los primeros pasos para superar la crisis diplomática generada este domingo después de que el presidente Donald Trump anunciase el fin de ayuda financiera a Colombia y llamase "líder del narcotráfico" a su homólogo Gustavo Petro, informaron este martes fuentes oficiales.Ese acercamiento se dio durante una reunión "larga, franca y constructiva" que sostuvieron anoche Petro y su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el jefe de Misión de la Embajada de EE.UU. en Bogotá, John T. McNamara, en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, indicó la Cancillería en un comunicado. Según el comunicado, "ambos países coincidieron en que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución".Trump anunció el domingo en su red Truth Social el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia".El mandatario estadounidense señaló incluso la posibilidad de imponer aranceles adicionales a los productos colombianos, lo que encendió las alarmas en el país, especialmente entre los gremios productivos por el impacto negativo que dicha medida tendría en la economía y en el empleo."Frente al tema de aranceles, el encargado de Negocios dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente Trump", indicó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.Diferencias sobre la guerra antidrogasPetro llamó ayer a consultas a su embajador en Washington ante la nueva escalada de tensiones en la relación bilateral al exponer sus diferencias con Trump respecto a la política antidrogas de Estados Unidos, y en especial por el despligue militar de ese país en el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña contra el narcotráfico.El presidente colombiano también ha expresado de manera reiterada su malestar por lo que considera es un desconocimiento por parte de Estados Unidos de los logros de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, en particular en incautaciones de drogas, algo que también se trató durante la reunión con McNamara."El actual gobierno es el que más ha incautado, no solamente en volumen, sino en relación al crecimiento de los cultivos de hojas de coca", señaló el comunicado.La Cancillería indicó que Petro "ratificó el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país"."Asimismo, reiteró la importancia de que EE.UU. se base en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia, teniendo en cuenta que la comisión de investigación que contrata el Gobierno de Colombia para medir el potencial de producción por hectárea de los cultivos de hoja de coca en el país tuvo errores que no fueron corregidos, lo cual ha sido reconocido por Naciones Unidas", agregó.El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) señaló que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en 2023 un récord de 253.000 hectáreas, y la producción de cocaína se disparó un 53 %, hasta llegar a las 2.600 toneladas.Según el comunicado oficial, "los altos funcionarios ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas" y subrayó que "es deseable que estos esfuerzos se sigan haciendo de manera coordinada con Estados Unidos". Este es el comunicado de la CancileríaEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se permite informar que, finalizada la reunión entre el Presidente, Gustavo Petro Urrego; el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, los representantes de ambos países coincidieron en que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución.En la reunión, que fue larga, franca y constructiva, el Presidente Gustavo Petro Urrego ratificó el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país. Asimismo, reiteró la importancia de que Estados Unidos se base en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia, teniendo en cuenta que la comisión de investigación que contrata el Gobierno de Colombia, para medir el potencial de producción por hectárea de los cultivos de hoja de coca en el país, tuvo errores que no fueron corregidos, lo cual ha sido reconocido por Naciones Unidas.Como ya lo había dicho en alocución presidencial, el mandatario aseguró que la medición que hicieron fue totalizando la producción de hoja de coca en todos los segmentos, lo que derivó en un supuesto crecimiento de los cultivos ilícitos y, por ende, de mayor producción de cocaína.El actual gobierno es el que más ha incautado, no solamente en volumen, sino en relación al crecimiento de los cultivos de hojas de coca.Las cifras de la política contra las drogas que realizó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, son claras: los cultivos de hoja de coca comenzaron a frenar su crecimiento en 2021, se registró un 43%; en 2022, 13%; en 2023, 9,8%, y en 2024, tan solo 3%.En materia de incautaciones de cocaína, reveló que en 2021 crecieron 32%; decrecieron 1% en el 2022; en 2023 fueron del 13%, y en 2024, 19%.Los altos funcionarios ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas. Es deseable que estos esfuerzos se sigan haciendo de manera coordinada con Estados Unidos.Frente al tema de aranceles, el Encargado de Negocios dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al Presidente Trump.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, confirmó su regreso a Washington tras acompañar al presidente Gustavo Petro en la reunión que sostuvo la noche del lunes con el encargado de negocios estadounidense John McNamara. El encuentro, que se extendió por más de dos horas en la Casa de Nariño, se dio luego de la crisis diplomática generada por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien tildó a Petro de “líder del narcotráfico”.Según relató García-Peña en entrevista con Mañanas Blu, la cita fue “larga, franca y constructiva”, fórmula diplomática que suele utilizarse para describir conversaciones complejas pero con resultados positivos. “Fue una reunión larga, muy constructiva, en la que se logró explicar buena parte de lo que ha venido insistiendo el presidente Petro y Colombia en el compromiso con la lucha contra el narcotráfico”, explicó el embajador.El diplomático destacó que la cita sirvió como un primer paso para restablecer los canales de diálogo entre Bogotá y Washington, tras una semana marcada por tensiones verbales y anuncios de posibles sanciones comerciales.El narcotráfico, tema central de la conversaciónUno de los ejes de la reunión fue la lucha contra el narcotráfico, tema que históricamente ha definido la relación bilateral entre ambos países. García-Peña afirmó que se abordaron los resultados obtenidos por Colombia en materia de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, subrayando que la política de Petro se enfoca en soluciones sostenibles.“La sustitución de cultivos es una política mucho más eficaz en el largo plazo que la erradicación forzada”, señaló. Según el embajador, Estados Unidos tuvo la oportunidad de conocer en detalle los avances y los datos presentados por el Gobierno colombiano, especialmente los relacionados con las cifras del informe de la ONU sobre potencial de producción de cocaína.Además, destacó que Colombia mantiene un récord histórico en materia de extradiciones, con “una extradición cada 30 horas bajo el gobierno del presidente Petro”. Con esto, aseguró, se desvirtúan los cuestionamientos sobre una supuesta relajación en la cooperación judicial.Moderar el lenguaje: compromiso mutuoOtro de los puntos sensibles de la conversación fue el uso del lenguaje diplomático entre ambos gobiernos. García-Peña explicó que durante la cita se abordaron las expresiones ofensivas que han marcado el tono del debate público entre Trump y Petro.“Expresamos nuestra inconformidad frente al lenguaje que utilizó el presidente Trump para referirse al presidente Petro, pero también el embajador McNamara manifestó sus preocupaciones sobre algunos términos usados por nuestro presidente”, detalló.Ambas partes, añadió, acordaron “desescalar el enfrentamiento verbal” y mantener los canales diplomáticos activos. El funcionario estadounidense, según García-Peña, “se comprometió a transmitir a Washington el mensaje de cooperación y respeto mutuo acordado durante el encuentro”.Sin decisiones sobre aranceles ni recortes de ayudaOtro punto clave tratado fue el posible impuesto de aranceles a productos colombianos, medida que el presidente Trump había insinuado el fin de semana. Sobre esto, García-Peña señaló que, hasta el momento, “no hay ninguna decisión oficial del Departamento del Tesoro”, y valoró como una buena señal el hecho de que no se hicieran anuncios tras la reunión.De igual manera, el embajador indicó que no se han formalizado recortes de ayuda económica a Colombia, como había amenazado Trump, aunque recordó que “esas decisiones le corresponden exclusivamente al presidente de Estados Unidos”.Venezuela y la posición de ColombiaLa crisis venezolana también ocupó espacio en la conversación entre Petro y McNamara. García-Peña confirmó que se discutió la posición de Colombia frente al gobierno de Nicolás Maduro.“Hay tensiones con Maduro, pero es un hecho que su gobierno es el de facto en Venezuela”, puntualizó el embajador. Aclaró, además, que Colombia mantiene contacto con Caracas en asuntos humanitarios y migratorios, “del mismo modo que lo hace Estados Unidos cuando necesita resolver temas consulares o humanitarios”.Reanudación de la misión diplomáticaTras cumplir con el llamado a consultas, García-Peña anunció que retomará sus funciones en Washington. “La reunión con el presidente cumplió su propósito, y la misión diplomática se restablece normalmente a partir de hoy”, aseguró.
El presidente Gustavo Petro, se reunió este lunes en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá, con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, en medio de la escalada de tensión diplomática entre ambos países.La Presidencia informó del encuentro en X, donde publicó una fotografía en la que Petro y McNamara aparecen conversando.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reveló, a través de un comunicado, que el encuentro contó con la participación del Presidente Gustavo Petro Urrego, el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.Los representantes de ambas naciones coincidieron en que esta cita marca el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales. La reunión fue descrita como "larga, franca y constructiva", y se confirmó que se llevarán a cabo nuevas reuniones con el objetivo de alcanzar una pronta solución a la situación.En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Dan reveló detalles de la reunión y seguró que en medio del diálogo el mandatario estuvo de acuerdo con moderar el lenguaje. Las declaraciones se dieron luego de una reunión calificada como "larga, franca y constructiva" en Bogotá, que se extendió por más de dos horas.García-Peña, quien había sido llamado a consultas por el gobierno nacional, estuvo presente en el encuentro junto al embajador John McNamara. El diplomático colombiano señaló que la reunión sirvió para "entrar en detalle en muchos de los temas que están ahí en la agenda de la relación bilateral". La finalización de estas conversaciones permite que el embajador regrese a Washington, restableciendo las operaciones diplomáticas normales.Diplomacia y compromiso de desescalamiento verbalUno de los puntos clave de la reunión fue el compromiso para "desescalar ese enfrentamiento verbal" que ha tenido lugar, particularmente a través de las redes sociales. El embajador García Peña expresó la inconformidad del gobierno frente al lenguaje utilizado por el presidente Trump para referirse al presidente Petro. A su vez, el embajador McNamara manifestó sus preocupaciones sobre algunos términos que ha utilizado el mandatario colombiano.A pesar de los reclamos mutuos, se llegó a la conclusión de que es fundamental mantener los canales diplomáticos y buscar una moderación en las expresiones. García Peña confirmó que el presidente Petro "estuvo totalmente de acuerdo" en aceptar la moderación del lenguaje. Por su parte, el embajador Magnamara tomó nota y se comprometió a "mandar o enviar este mensaje que acordamos en la reunión". No obstante, McNamara fue claro en señalar que las decisiones sobre el lenguaje y las acciones del presidente Trump le corresponden exclusivamente a él.La lucha antinarcóticosEl tema central de la reunión fue la lucha contra el narcotráfico. El embajador García Peña reiteró la política del presidente Petro de combatir este flagelo y de fortalecer la sustitución de cultivos como una estrategia "mucho más duradera, mucho más permanente" que la erradicación forzada. Según el embajador, los resultados de Colombia en la lucha antidrogas han sido "históricos".Además, se dedicó una parte significativa del encuentro a explicar cómo los informes de la ONU sobre el potencial de producción de cocaína contenían "muchos errores," lo que permitió que John McNamara pudiera indagar y entender con mayor detenimiento la realidad de las cifras.En cuanto a las extradiciones, el embajador McNamara expresó preocupaciones sobre la suspensión de algunos casos. El embajador colombiano explicó que estas suspensiones están amparadas por la ley y son "casos muy puntuales" condicionados a que las personas cumplan con compromisos de paz, incluyendo la colaboración en la erradicación voluntaria.CancilleríaDe acuerdo con la Cancilería Uno de los puntos centrales del debate giró en torno a la necesidad de que Estados Unidos base su política en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia. El Presidente Petro reiteró que el gobierno anterior contrató una comisión de investigación para medir el potencial de producción por hectárea de los cultivos de hoja de coca, la cual cometió errores que no fueron corregidos y que ya han sido reconocidos por Naciones Unidas.El error en la medición se produjo al totalizar la producción de hoja de coca en todos los segmentos, lo que resultó en un supuesto crecimiento de los cultivos ilícitos y, consecuentemente, en proyecciones de una mayor producción de cocaína.El gobierno actual ha argumentado que, de hecho, es el que más ha incautado, no solo en volumen, sino en relación con el crecimiento de los cultivos de hojas de coca. Las cifras presentadas por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señalan una desaceleración notable en el crecimiento de los cultivos de hoja de coca: mientras que en 2021 se registró un 43%, este porcentaje se redujo a 13% en 2022, a 9,8% en 2023, y a tan solo el 3% en 2024.En cuanto a las incautaciones de cocaína, las cifras muestran que, tras un crecimiento del 32% en 2021, hubo un decrecimiento del 1% en 2022. Sin embargo, las incautaciones repuntaron, creciendo un 13% en 2023 y un 19% en 2024.Finalmente, el Encargado de Negocios de EEUUaprovechó la instancia para aclarar un tema comercial, señalando que la decisión sobre los aranceles le corresponde exclusivamente al Presidente Trump.Escuche aquí la entrevista:
El senador colombo-estadounidense Bernie Moreno reveló que impulsa sanciones personales contra el presidente Gustavo Petro y sus familiares más cercanos, en lugar de imponer aranceles generales a Colombia. “Vamos a ponerlo a él, a su familia extendida y a sus facilitadores en la lista OFAC, y vamos a designar carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas”, afirmó anoche en entrevista con Fox News.De acuerdo con versiones diplomáticas, el Gobierno de Estados Unidos habría elaborado un borrador con más de un centenar de nombres de personas vinculadas política o familiarmente al mandatario colombiano. “Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso y a acelerar la investigación”, aseguró Moreno, quien además advirtió que “el presidente Trump no va a tolerar que sigan enviando droga a Estados Unidos para asesinar a nuestros ciudadanos”.El congresista explicó que su iniciativa, conocida de manera informal como los PetroTariffs, busca “golpear a Petro, pero no al sector privado colombiano”. Las sanciones incluirían la congelación de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras en territorio estadounidense, siguiendo el modelo de la llamada “Lista Clinton”.Fuentes en Washington confirmaron que la Casa Blanca aún no ha publicado la lista definitiva de sanciones ni los nuevos aranceles para Colombia, debido a tensiones internas entre republicanos y demócratas. Algunos sectores del Congreso intentan convencer al expresidente Trump de no castigar a todo el país por sus diferencias con Petro. Sin embargo, el proyecto de Moreno, que se tramitaría por vía fast track, podría escalar rápidamente si logra apoyo bipartidista.Por ahora, el clima político en Washington se mantiene tenso, mientras las relaciones entre Bogotá y la administración Trump entran en un terreno de máxima incertidumbre.Cancillería confirma “primer acercamiento” entre Colombia y Estados Unidos tras el impase diplomáticoEl Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la reunión entre el presidente Gustavo Petro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y el encargado de negocios norteamericano en Bogotá, John McNamara, concluyó con un ambiente de diálogo y cooperación. Según el comunicado, “este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales” y se acordó mantener nuevos encuentros para alcanzar una “pronta solución”.Durante la conversación —descrita como “larga, franca y constructiva”— el presidente Petro reiteró el compromiso del Gobierno colombiano con la ampliación del programa de sustitución de cultivos ilícitos y subrayó su importancia como estrategia de desarrollo rural y de paz. Asimismo, insistió en que Estados Unidos base sus análisis antidrogas en cifras verificadas, recordando que la comisión contratada por el propio Gobierno colombiano para medir la producción de hoja de coca incurrió en errores metodológicos reconocidos incluso por Naciones Unidas.El mandatario explicó que esa comisión “sumó la producción de hoja de coca en todos los segmentos”, lo que generó una sobreestimación y la falsa percepción de un incremento en los cultivos ilícitos. En contraste, el Ejecutivo colombiano presentó datos que muestran una tendencia a la reducción sostenida: el crecimiento de los cultivos pasó del 43% en 2021 al 13% en 2022, 9,8% en 2023 y solo 3% en 2024.En materia de incautaciones, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que Colombia logró un aumento del 19% en 2024, consolidando al país como el gobierno que más cocaína ha confiscado, tanto en volumen como en proporción al área cultivada.Las dos delegaciones ratificaron su intención de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas, apostando por una estrategia coordinada que combine interdicción, desarrollo rural y justicia social.En cuanto a los posibles aranceles anunciados por el expresidente Donald Trump, el encargado de negocios estadounidense aclaró que “se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente Trump”, dejando entrever que el tema sigue en evaluación política dentro de Washington.
El Gobierno buscó este lunes evitar una escalada en la crisis diplomática con Estados Unidos al llamar a consultas a su embajador en Washington y gestionar la tensión generada por los cruces verbales del domingo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump y el riesgo de imposición de nuevos aranceles.Aunque el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguró hoy que no existen planes inmediatos de elevar los aranceles a Colombia, la advertencia de que podrían imponerse recargos encendió las alarmas en Bogotá y en el sector privado, que teme afectaciones al Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2012.Petro sostuvo que ese acuerdo "está suspendido de facto" por decisión unilateral de Washington con la guerra arancelaria global iniciada en abril, pero la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, aclaró en X que el TLC "no está suspendido".Además, Lacouture agregó que los aranceles del 10 % que Washington impuso a Colombia en abril son "un recargo adicional" sustentado en la legislación interna estadounidense, por lo que el TLC "sigue aplicando" en "sus demás disciplinas".Contactos con embajadoresEl mandatario se reunió durante este lunes con el encargado de Negocios de Estados Unidos, John McNamara, y con el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, a quien llamó a consultas por segunda vez en lo que va del año, en medio de la tensión por la política antidrogas y el despliegue militar estadounidense en el Caribe.En esa operación, ordenada por Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico, han sido hundidas al menos siete embarcaciones en las que han muerto unas 30 personas, algunas de ellas colombianas, según Petro, quien acusó a Estados Unidos de "asesinato" por la muerte de un pescador de Santa Marta.El Gobierno divulgó fotografías del encuentro de Petro con McNamara pero no ha dado detalles del contenido de la conversación, que tuvo lugar en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.En una entrevista a Univision retransmitida por el canal de la Presidencia, Petro advirtió que Trump "no es rey en Colombia" y que su Gobierno "no va a conceder, sino a exigir", en alusión a la ayuda financiera suspendida por la Casa Blanca y a las críticas del republicano por su política antidrogas."Dijo Trump: 'Colombia está fuera de control'. Pues claro que está fuera de control, de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no aceptamos reyes, punto", afirmó Petro, quien aseguró seguir el ejemplo pragmático de sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, de "mantener la firmeza sin romper puentes" con Washington.Sin embargo, al finalizar la entrevista, Petro hizo un comentario sobre la solución a la crisis que causó sorpresa: "La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras; puede ser por el mismo Trump, la más fácil, si no, sacar a Trump".Tensión por narcotráficoEl domingo, Trump anunció en su red Truth Social el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas".El mandatario colombiano respondió que Trump "está engañado" y le recomendó "leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas".La Cancillería colombiana calificó de "amenaza directa" las declaraciones del estadounidense y anunció que acudirá a "todas las instancias internacionales" para defenderla, mientras que el Ministerio de Defensa advirtió que, con el fin de la ayuda financiera, "los beneficiados serán los grupos criminales".Estas fricciones se producen un mes después de que Estados Unidos retirara a Colombia de la lista de países que combaten el narcotráfico y de que la Administración de Trump revocara la visa de Petro por pedir a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes del republicano en una arenga en favor de Palestina.
Alfredo Acosta Zapata fue designado como nuevo ministro de la Igualdad, en reemplazo de Juan Carlos Florián. Carece de experiencia en el sector público, aunque acumula 14 años de trabajo en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y fue coordinador nacional de la Guardia Indígena.Nacido en 1973 en Caloto, Cauca, en el seno del pueblo nasa, Acosta solo cuenta con formación académica hasta educación básica media.Sin embargo, desde hace más de una década lidera a más de 60.000 guardias indígenas, muchos de ellos protagonistas de la Minga del Suroccidente de 2020 y de otras movilizaciones en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro.Se espera que su conocimiento del tejido social indígena contribuya a la protección de los derechos colectivos y al diseño de políticas inclusivas a nivel nacional.Su nombramiento también refleja la apuesta del gobierno por integrar líderes sociales cercanos a la Administración en cargos de alto nivel, reconociendo asì la importancia de la Guardia Indígena para la estrategia política del presidente Petro.
El juez 24 del circuito de Bogotá ratificó que el Presidente debe cumplir con un fallo de tutela que le ordena rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente de la EPS, Jaime Miguel González.El presidente Gustavo Petro incurrió en un incidente de desacato a un fallo de primera instancia y una acción de tutela que le ordenaban rectificar y eliminar los mensajes que publicó en X y que amplió a través de una alocución presidencial en la que señaló al entonces gerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadora de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del Presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la Fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Sin embargo, de esa supuesta denuncia se desconoce su trazabilidad pues la defensa jurídica del Presidente no entregó a los jueces la prueba de su radicación.El juez 24 del circuito de Bogotá, Yimi Alejandro Sánchez García, ratificó la orden de primera instancia para que el presidente Petro se retracte y presente excusas públicas, en el mismo formato en el que lo hizo, al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel Gonzalez, por cada uno de sus pronunciamientos en su contra publicados desde inicios de diciembre de 2024.La Presidencia de la República pidió que se anulara el fallo, alegando que se estaba violando el debido proceso y el derecho del presidente a hacer denuncias públicas sobre un caso penal en curso.También solicitó suspender cualquier sanción por desacato mientras se resolvía la solicitud, para evitar un daño grave a las funciones del Presidente.
Dos personas que permanecían en poder del ELN fueron liberadas hoy en zona rural del departamento de Arauca, en el marco de una misión humanitaria facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.Se trata de los hermanos Hugo y Luis González Godoy, quienes habían sido secuestrados el pasado 9 de enero en zona rural del municipio de Tame, Arauca.De acuerdo con el Comité de la Cruz Roja, la operación humanitaria se desarrolló en una zona rural del departamento y, tras verificar el estado de salud de las personas liberadas, estas fueron trasladadas a un lugar seguro.Señalan, además, que este tipo de acciones buscan aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado y facilitar el restablecimiento del contacto familiar.La Defensoría del Pueblo por su parte recordó que, en lo corrido de 2026, el departamento de Arauca registra al menos cinco personas que habrían sido secuestradas, y reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que mantienen privadas de la libertad.“Una vez más, exhortamos a los grupos armados ilegales a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que tienen privadas de la libertad”, dijo la Defensoria.
El Ministerio de Hacienda publicó oficialmente para comentarios el borrador de proyecto con el que busca limitar y traer al mercado Colombiano parte de las inversiones que los Fondos de Pensión tienen hoy en el extranjero; un plan pedido por el presidente Gustavo Petro y mencionado en varios de sus consejos de ministros.El documento, indica que cada una de las AFP, (es decir, Porvenir, Colfondos, Skandia, etc) deben invertir en el exterior solo el 30% de sus fondos siguiendo el cronograma establecido por el Gobierno para que sea de manera progresiva y no afecte el mercado.Una vez sea firmado el decreto, tendrá un plazo inicial de tres años para que ya tengan el 35% de sus inversiones en el extranjero y en los próximos cinco años, máximo el 30%. Contando con que se oficialice este 2026, en 2031, los fondos ya tendrían que estar cumpliendo este lineamiento.Entre los argumentos del ministerio de Hacienda para este cronograma está la de evitar afectaciones a la seguridad, liquidez y rentabilidad de los ahorros de los pensionados colombianos.“Esta progresividad responde a criterios de prudencia regulatoria y viabilidad operativa, al evitar desinversiones abruptas y permitir que los flujos de nuevas cotizaciones y los vencimientos naturales de las inversiones externas faciliten el proceso de recomposición del portafolio”, dice el documento justificativo que acompaña el proyecto de decreto.Ese porcentaje deberá ser cumplido de manera independiente por cada fondo de pensión sin importar qué tantas inversiones tienen hoy en el exterior o la categoría (Conservador, Moderado, de Mayor Riesgo y de Retiro Programado). Es decir, no se calcula de manera aislada , sino sobre la suma del valor total de los cuatro tipos de fondos que administra cada AFP.Entre las indicaciones que da el Gobierno es que, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto, las AFP deben entregar a la Superintendencia Financiera de Colombia el respectivo plan de cómo están ajustando dichas inversiones priorizando la inversión nacional con las nuevas cotizaciones o los procesos que están a punto de vencerse.En otras otras palabras, el Ejecutivo le dice a los fondos que los nuevos afiliados que tengan, ya sean por pensiones reglamentarias o voluntarias, o las inversiones que tengan que renovar, todo sea direccionado al mercado nacional.Para facilitar esto, dice el ministerio de Hacienda, dispondrá de un banco de proyectos en sectores como infraestructura, energía y vivienda con opciones para los fondos. Este fue uno de los argumento que presentó por su parte la URF, que es la Unidad de Regulación Financiera.“La capacidad de absorción de estos recursos no depende únicamente de la existencia de proyectos, sino de su identificación, priorización, estructuración financiera y de la disponibilidad de instrumentos admisibles conforme al régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. Por ello, el decreto incorpora un componente habilitante al disponer que, con el propósito de facilitar el cumplimiento del límite global de inversión en activos del exterior y promover la canalización del ahorro pensional hacia proyectos de inversión públicos y/o privados en el territorio nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, cuyo desarrollo se materialice a través de cualquiera de los activos admisibles previstos en el régimen de inversión aplicable”, agregó el reporte.Las razones del Gobierno Con esta iniciativa, el Gobierno busca canalizar el ahorro pensional hacia proyectos nacionales en sectores que tienen un impacto potencial sobre el PIB superior al promedio de la economía, en especial el de la construcción. Asimismo, el objetivo es fortalecer el mercado de capitales colombiano ampliando su tamaño, liquidez y profundidad y que las empresas nacionales tengan alternativas de financiación más allá del crédito bancario tradicional.El otro frente de trabajo del Gobierno es el sistema pensional: dice que actualmente los portafolios de las AFP tienen una alta concentración en activos del exterior, cercana al 50% del total de los recursos, cerca unos $257,1 billones, lo que genera una vulnerabilidad del sistema colombiano frente a choques globales y volatilidad externa.Según el cálculo de los gremios, estos cambios implicarán repatriar a Colombia aportes o ahorros de hasta $125 billones.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó su intranquilidad por la posible modificación de las normas que regulan la asignación y el monitoreo de slots en los aeropuertos colombianos, una decisión que, según el gremio, podría afectar la conectividad aérea del país, la competitividad regional y los derechos históricos de las aerolíneas que operan en Colombia.En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, IATA expresó su “profunda preocupación” por la información recibida desde la Aeronáutica Civil sobre la intención del Gobierno nacional de modificar el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3 (RAC 3), que regula el sistema de asignaciones horarias en aeropuertos congestionadosSegún la asociación, estos cambios implicarían una desviación de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), el estándar internacional aplicado en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo y reconocido por aerolíneas, aeropuertos y coordinadores internacionales. En Colombia, este sistema fue incorporado hace más de una década para ordenar la operación del Aeropuerto El Dorado, el único del país que opera bajo el esquema de slots.IATA recordó que la aplicación de los WASG ha sido clave para el crecimiento sostenido de El Dorado, que hoy es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros y carga en América Latina. De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil citadas en la misiva, entre enero y octubre de 2025 se movilizaron 47,3 millones de pasajeros en el país, lo que representa un incremento de más de 800.000 personas frente al mismo periodo del año anteriorEl gremio también destacó que durante 2025 se registró un crecimiento del 7,8 % en la oferta de sillas aéreas, con un aumento del 15,6 % en vuelos internacionales y del 3,6 % en rutas domésticas. A esto se suma el crecimiento de las rutas aéreas, tanto nacionales como internacionales, indicadores que reflejan una mejora en la conectividad del país.Sin embargo, IATA advirtió que una modificación de la norma que se aparte de los estándares internacionales podría poner en riesgo esa senda de crecimiento. En particular, señaló que cambiar las reglas de asignación de slots podría afectar los derechos históricos de las aerolíneas, generar incertidumbre operativa y ubicar a Colombia en desventaja frente a otros aeropuertos hub de la región, como los de Lima, Ciudad de México o São Paulo.La asociación fue enfática en advertir que las consecuencias no serían solo operativas, sino también diplomáticas, pues Colombia tiene más de 70 acuerdos bilaterales de aviación que se basan en el respeto de las normas actuales y de los derechos adquiridos por los operadores aéreos. Una desviación de esos principios, advirtió, podría traer implicaciones graves para la relación aérea con otros países.En la carta, IATA también cuestionó que se plantee una modificación normativa sin que se haya aplicado plenamente el esquema vigente, especialmente en lo relacionado con el monitoreo del uso efectivo de los slots o franjas horarias asignadas. Según el gremio, este mecanismo es clave para controlar el uso adecuado de la infraestructura aeroportuaria y abrir espacios en las franjas horarias más congestionadas de El Dorado.Ante la posibilidad de cambios en los horarios asignados para despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Dorado, la asociación solicitó de manera urgente una reunión con el Ministerio de Transporte para exponer en detalle los riesgos de la propuesta y reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta en soluciones que fortalezcan la conectividad aérea del país sin afectar a los usuarios ni al sector.
A través de un pronunciamiento, los jueces destacaron que el trabajo de los defensores públicos es fundamental para garantizar el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia, en especial para las personas que requieren una defensa técnica adecuada y carecen de recursos para contratar un abogado particular.El documento advierte que, a la fecha, los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado, situación que se ha traducido en el deterioro progresivo de sus condiciones laborales y profesionales.Según los jueces, esta afectación se ha profundizado desde el momento en que dejaron de recibir honorarios acordes con la importancia de su función y con los incrementos que consideran justos.En ese sentido, los jueces penales señalaron que los defensores públicos, en su condición de trabajadores, deben contar con garantías dignas y equiparables a las de los demás intervinientes y operadores del proceso penal, al advertir que no es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.“No es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”, señaló el comunicado de los jueces.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
Luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo de tarjetón único que contendrá las hasta ahora dos consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos presidenciales el próximo domingo 8 de marzo (Pacto Amplio y Gran Consulta por Colombia), el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, manifestó su preocupación frente a los errores en los que podría incurrir el votante.“Es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso: van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino solo una porque marcar las dos va a anular ese voto”, aseguró el magistrado Quiroz.El magistrado Quiroz dejó claro que el mayor riesgo es que se dé una situación en que haya un alto porcentaje de votos nulos por confusión, falta de pedagogía o incluso por desconocimiento y buscar afectar alguna de las consultas; es por eso que pidió claridades sobre este tema y espera tratarlo con la Sala Plena del CNE en los próximos días, ya que esto se trata de una preocupación personal.Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.“No ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato a las consultas”: QuirozEl magistrado Quiroz también se pronunció acerca de las dudas que ha suscitado la posibilidad o no de que el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero participen en la consulta del Pacto Amplio, luego de participar en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre; así como qué pasaría con los candidatos que habiendo manifestado su intención de ir a una consulta, no participen el 8 de marzo.La cabeza de la autoridad electoral dejó claro que estas discusiones se realizarán una vez se dé la inscripción de los precandidatos y si se presenta la respectiva denuncia ante el CNE, ya que no se actúa por oficio.“No podemos adelantarnos sobre las acciones que van a llegar porque a hoy no ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato de participación o no en las próximas consultas; hasta que eso no llegue a la corporación no podremos tomar decisiones y no podemos pronunciarnos sobre algo que futuramente llegará al Consejo Nacional. Nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, el Consejo Nacional Electoral no actúa de oficio, una vez llega la solicitud a la corporación se hace el reparto de algunos de los despachos de los magistrados y ellos llevarán un proyecto de resolución a la sala y será la sala plena la que deberá tomar la decisión en ese momento (...) De las consultas, no ha llegado absolutamente nada. En este momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene para discusión de sala ninguna solicitud de revocatoria ni descripción de candidatos. Hoy no tenemos esa radicación en Sala”, aseguró Quiroz.Desde el CNE además aseguraron que tanto para las elecciones del Congreso y Consultas del 8 de marzo, como las dos vueltas presidenciales del 31 de mayo y 21 de junio, se tendrá la más grande misión de observación internacional y en la que participarán 150 observadores de la Unión Europea, 150 personas de los Estados Unidos, así como delegados de la OEA, el Centro Carter y más de 60 países.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
En un paraje rural de la vereda Las Morras, del municipio de Algeciras, Huila, hombres armados dispararon contra la humanidad de un firmante de paz identificado como Didier Andrés Cardozo y su esposa Edna Katherin Real, oriunda de Santana Ramos, Caquetá, quien falleció en el lugar de los hechos.Según información oficial, el hombre gravemente herido fue auxiliado por habitantes de la zona y llevado al hospital local de Algeciras, donde fue atendido y remitido a un centro asistencial de Neiva, debido a la gravedad de las heridas, quien permanece con pronóstico reservado.El teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de Policía Huila, dijo que en el ataque armado, Didier Cardozo, recibió un impacto de bala en la región toráxica y de acuerdo con información preliminar el firmante de paz y su pareja se desplazaban hacia la vereda Alto Esatías a un evento a 25 minutos del casco urbano aproximadamente.“El hecho se presentó en la vía que comunica hacia la vereda Las Morras a 25 muinutos del casco urbano de Algeciras, debido a los impactos con arma de fuego murió la señora Edna Katherin Real mientras que el señor Didier Andrés Cardozo, recibió atención médica y posteriormente remitido a Neiva por recibir una herida en el tórax”, indicó el comandante encargado de Policía, Huila.De acuerdo con datos suministrados por voceros de esta población en el Huila, Didier Cardozo, hace parte de una asociación de excombatientes que actualmente desarrollan proyectos productivos como parte de los acuerdos de paz.Por su parte, el CTI de la Fiscalía, en articulación con la Sijín de la Policía, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este nuevo hecho de violencia que preocupa a las autoridades y a la población civil.