La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
Hasta el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, Huila, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y, en coordinación con el Ejército y la Policía, hallaron en el interior de una vivienda 65 kilos de marihuana que harían parte de las rentas ilícitas del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Según las autoridades, el inmueble donde se cumplió la diligencia de allanamiento, al parecer, operaba como centro de acopio de este estupefaciente, donde dosificaban el alucinógeno para luego distribuirlo y comercializarlo a bandas de microtráfico en varios municipios del Huila.“Hemos logrado un importante resultado contra el narcotráfico y el microtráfico, donde se afecta al Bloque Isaías Pardo, organización armada que concentraba en una vivienda economías ilegales. Con el CTI y la Policía realizamos el allanamiento mediante orden judicial, donde se incautaron 65 kilos de marihuana. El propósito de esta marihuana era ser distribuida en el norte del departamento”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Por su parte, el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía Huila, indicó que el estupefaciente incautado habría sido adquirido en el departamento del Cauca con fines de comercialización en el Huila, lo que representa cerca de 65.000 dosis que dejan de circular en el mercado ilegal.El operativo dejó además la captura de un hombre, encargado presuntamente de almacenar la marihuana, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.Cabe anotar que, la semana anterior, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, fue aprehendido por el Ejército un menor de edad que transportaba 18 kilos de marihuana en una maleta, avaluados en 15 millones de pesos.
La Contraloría acaba de enviarle un documento de siete páginas a la Canciller Rosa Villavicencio en el que ratifica las preocupaciones del ente de control ante el riesgo de que los colombianos nos quedemos sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del próximo primero de abril.Blu Radio tiene en su poder la carta enviada por el Contralor Delegado para la Gestión Pública Luis Enrique Abadía García, en la que explica por qué su despacho identificó que sí hay retrasos frente al cronograma inicial, entrega una explicación detallada de las demoras frente a las fechas previstas en principio y dedica un aparte a lo que califica “riesgos relevantes que no han sido atendidos”.Sobre el primer punto, dice el contralor Abadía que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.Luego, publica tres cuadros suministrados por la Cancillería titulados “cronograma de actividades”, en los que queda demostrado cómo mediante prórrogas se han modificado las fechas de cumplimiento de cada ítem, lo cual, según la Contraloría, “si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.En el tercer punto, la Contraloría hace una serie de advertencias de riesgos adicionales frente al nuevo modelo de pasaportes, entre ellas el riesgo de incremento de costos operativos y afectación de fuentes de financiación, sumado al riesgo cambiario que pueden afectar la sostenibilidad de este nuevo esquema.“Se constató que el esquema prevé obligaciones con pagos en euros y que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que se evidencie un estudio robusto de cobertura o mitigación”, señala el documento.Agrega que “la transición desde un esquema a demanda hacia uno con cantidad mínima anual predefinida genera obligaciones financieras y logísticas nuevas, sin que exista claridad suficiente sobre garantías de suministro cuando se requieran cantidades adicionales”.Además evidencia el riesgo de cobros adicionales por intereses por pagos extemporáneos, algo que no tiene el actual modelo.Adicionalmente, advierte “el riesgo de activación de una garantía a un primer requerimiento por un valor de 6.375.000 euros que podría convertirse en una afectación económica adicional para el Estado”, dependiendo del cumplimiento contractual, “el cual es latente frente a las situaciones de demandas vigentes, así como los retrasos que se vienen evidenciando”.
Luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo de tarjetón único que contendrá las hasta ahora dos consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos presidenciales el próximo domingo 8 de marzo (Pacto Amplio y Gran Consulta por Colombia), el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, manifestó su preocupación frente a los errores en los que podría incurrir el votante.“Es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso: van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino solo una porque marcar las dos va a anular ese voto”, aseguró el magistrado Quiroz.El magistrado Quiroz dejó claro que el mayor riesgo es que se dé una situación en que haya un alto porcentaje de votos nulos por confusión, falta de pedagogía o incluso por desconocimiento y buscar afectar alguna de las consultas; es por eso que pidió claridades sobre este tema y espera tratarlo con la Sala Plena del CNE en los próximos días, ya que esto se trata de una preocupación personal.Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.“No ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato a las consultas”: QuirozEl magistrado Quiroz también se pronunció acerca de las dudas que ha suscitado la posibilidad o no de que el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero participen en la consulta del Pacto Amplio, luego de participar en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre; así como qué pasaría con los candidatos que habiendo manifestado su intención de ir a una consulta, no participen el 8 de marzo.La cabeza de la autoridad electoral dejó claro que estas discusiones se realizarán una vez se dé la inscripción de los precandidatos y si se presenta la respectiva denuncia ante el CNE, ya que no se actúa por oficio.“No podemos adelantarnos sobre las acciones que van a llegar porque a hoy no ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato de participación o no en las próximas consultas; hasta que eso no llegue a la corporación no podremos tomar decisiones y no podemos pronunciarnos sobre algo que futuramente llegará al Consejo Nacional. Nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, el Consejo Nacional Electoral no actúa de oficio, una vez llega la solicitud a la corporación se hace el reparto de algunos de los despachos de los magistrados y ellos llevarán un proyecto de resolución a la sala y será la sala plena la que deberá tomar la decisión en ese momento (...) De las consultas, no ha llegado absolutamente nada. En este momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene para discusión de sala ninguna solicitud de revocatoria ni descripción de candidatos. Hoy no tenemos esa radicación en Sala”, aseguró Quiroz.Desde el CNE además aseguraron que tanto para las elecciones del Congreso y Consultas del 8 de marzo, como las dos vueltas presidenciales del 31 de mayo y 21 de junio, se tendrá la más grande misión de observación internacional y en la que participarán 150 observadores de la Unión Europea, 150 personas de los Estados Unidos, así como delegados de la OEA, el Centro Carter y más de 60 países.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El Chontico Noche sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante la jornada nocturna. Su trayectoria, la regularidad de sus sorteos y una mecánica sencilla de entender lo han convertido en una opción habitual para miles de personas que, día a día, revisan los resultados con la expectativa de confirmar si la suerte estuvo de su lado.Los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, tanto los operadores como las autoridades recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el objetivo de evitar errores o inconvenientes.Resultado oficial del Chontico Noche hoy, 20 de enero de 2026Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió el resultado de esta edición nocturna. Los números fueron los siguientes: 8238 - 6.Número ganador: 8238.Tres últimas cifras: 238.Dos últimas cifras: 38.Quinta balota: 6.Horarios oficiales del sorteoEl Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos, lo que facilita la realización de apuestas y la consulta oportuna de los resultados:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además del sorteo nocturno, el operador dispone de otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por ofrecer premios especiales, ampliando las opciones para los apostadores.Modalidades de apuesta del Chontico NocheUno de los principales atractivos de este chance es la diversidad de modalidades de juego, pensadas para distintos tipos de participantes:Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.Tres cifras: en modalidad directa o combinada.Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.Costos de participaciónEl Chontico Noche se destaca por ser un juego accesible y orientado a la participación responsable:Apuesta mínima: $500Apuesta máxima: $10.000 por jugada¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?El proceso de reclamación de premios es claro y transparente. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:Presentar el tiquete original en buen estado.Mostrar un documento de identidad vigente.En el caso de premios de mayor valor, entregar la documentación adicional que el operador solicite según sus políticas internas.Cumplir con estos pasos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y reconocidos en Colombia.
A través de redes sociales se conoció un fuerte rumor desde Brasil de que, supuestamente, el Grupo Santodomingo se encontraba en conversaciones preliminares para adquirir una participación en el Santos, mismo club en el que actualmente milita Neymar o que vio la carrera de Pelé durante años.Esto lo dijo el abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares asegurando este fuerte interés. Este rumor se expandió entre todo el fútbol colombianos y algunos hinchas opinaron de por qué no participaban en algún club del país; sin embargo, todo esto resultó siendo falso.¿Grupo Santo Domingo comprará el Santos de Brasil?El rumor del supuesto interés terminó siendo falso y así lo hizo saber el Valorem en un comunicado, descartando cualquier deseo o acercamiento con este histórico club del fútbol de Brasil.“Ante versiones que han circulado recientemente, el Grupo Santo Domingo se permite informar a la opinión pública que no está participando en procesos relacionados con la compra del equipo Santos FC de Brasil, ni directamente, ni a través de sus vehículos de inversión o sus afiliadas”, indicaron en un comunicado.De esta manera le pusieron punto final a este rumor y descartaron su deseo de implicarse en el fútbol sudamericano, tal como lo indicaba esta supuesta información.Santos, un club histórico para SudaméricaEl ‘Peixe’ se volvió, sin duda, en uno de los clubes más importantes del continente gracias a su rica histórica, además de ser la casa que vio nacer y crece a Pelé en su camino a la cima de uno de los más grandes futbolista de toda la historia, ganador de múltiples mundiales.Además, Santos ha sido conquistador de grandes títulos a lo largo de su historia como la Copa Libertadores o la Intercontinental, entre otros, con ocho campeonatos locales y una Copa de Brasil, demostrando que es uno de los clubes más importantes de Brasil en su historia.
El panorama que vive el departamento de Antioquia en materia de salud es una preocupación latente para diferentes autoridades que ven con preocupación como la deuda a la red hospitalaria asciende a los 8 billones de pesos, generando graves irregularidades en hospitales como, por ejemplo, el del municipio de Granada.En dicha localidad del Oriente antioqueño han lanzado una advertencia, debido a que las urgencias y la hospitalización alcanzan el 200 % de ocupación por un pico de enfermedades respiratorias que han provocado una presión que sobrepasa las capacidades municipales.Aunque el centro hospitalario continúa prestando la atención a la población civil, piden que las personas tengan conciencia sobre lo que ocurre en el municipio y sepan si asistir o no al Hospital de Granada, eso evitando, por ejemplo, complicar la situación por gripes leves, controles médicos o trámites administrativos.Esperan en el Oriente antioqueño que con las recomendaciones se pueda descongestionar las urgencias y la hospitalización en cuestión de días, misma situación que vive hoy por hoy el municipio de Rionegro en donde las urgencias llegan al 100 % y, por ahora, no hay camas en Unidades de Cuidados Intensivos.La situación enciende las alarmas no solo porque ese municipio es el principal receptor de usuarios de toda la subregión sino que también hay alzas inusuales para la fecha alta por influenza, afecciones respiratorias en general y hasta accidentes de tránsito.
Una mujer de origen estadounidense fue inadmitida por Migración Colombia tras recibir una alerta por presuntos casos de pedofilia, cuando intentaba ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia.A través de su cuenta de X, la entidad confirmó que se trataba de una ciudadana estadounidense; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.“Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad en un comunicado.El cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.El segundo caso en Antioquia en menos de un díaEste es el segundo caso registrado en menos de 24 horas de una persona estadounidense que intenta ingresar al país por el aeropuerto de Rionegro con reportes internacionales relacionados con abuso de menores.El otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense que también intentó ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Durante el proceso de verificación, se constató que el hombre tenía reportes en Estados Unidos por casos relacionados con agresión sexual a menores de edad.Tras el cotejo de la información, las autoridades de Migración Colombia adoptaron las medidas correspondientes para llevar a cabo el proceso de inadmisión, al considerar que el individuo representaba un riesgo para los menores de edad en el país.
Colombia recibió una alerta por una tormenta geomagnética severa, un fenómeno poco frecuente asociado a una intensa actividad solar y que podría generar afectaciones temporales en las comunicaciones, el servicio de internet y los sistemas de navegación satelital.Así lo informó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tras detectar alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, actividades inusuales que también reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional (SWPC, por sus siglas en inglés) desde el lunes 19 de enero.De acuerdo con el comunicado del IGAC, el evento ha sido clasificado como una tormenta geomagnética de nivel G4, una de las más intensas dentro de la escala internacional que mide este tipo de fenómenos.En Colombia, el monitoreo se está realizando desde el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene, que desde la tarde del lunes, a partir de la 1:00 p. m., comenzó a registrar variaciones anómalas en el campo magnético de la Tierra.Este tipo de alteraciones puede afectar tecnologías que dependen de señales satelitales y de sistemas electrónicos sensibles. Por esa razón, el IGAC advirtió que podrían presentarse intermitencias en las comunicaciones móviles, fallas temporales en el servicio de internet, errores en la navegación por GPS y dificultades en la identificación de coordenadas en tiempo real.En su alerta, el Instituto hizo un llamado especial a extremar precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas, como drones, así como en actividades aéreas, marítimas y terrestres que dependen de sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Aunque no se trata de un apagón tecnológico generalizado, sí existe la posibilidad de fallas puntuales y temporales mientras el fenómeno se mantiene activo.Por su parte, el SWPC informó que la tormenta de radiación solar fue clasificada en un nivel cuatro sobre cinco en la escala de gravedad y la calificó como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.En los últimos dos días, este fenómeno también ha provocado intensas auroras en distintas regiones del planeta y problemas de GPS para aeronaves, lo que refuerza la advertencia sobre posibles afectaciones en los sistemas de navegación y comunicación.
La Andi y Fenalco entregaron un reporte sobre el registro de vehículos de carga durante los meses de enero y diciembre del 2025. De acuerdo a lo expuesto por las dos agremiaciones, el registro de vehículos de carga creció un 34,6 % con respecto al mismo periodo del 2024, con un total de 12.405 vehículos.Esto representó una recuperación del sector con respecto a los dos últimos años donde se habían presentado caídas. En el 2023 pasaron de 16.814 registros a 10.797 y en 2024 a 9.217.Según el informe, el segmento que tuvo más crecimiento fue el de tractocamiones de entre 17 y 18 toneladas con 95 unidades registradas, lo que representó un crecimiento del 53,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Le siguen los tractocamiones de 2 y 3 ejes con 702 vehículos registrados y un aumento del 47,2 % y 45,4 % frente al 2024.El informe resalta que los vehículos que más se registraron utilizan como combustible el diésel, con el 98 % de los vehículos registrados. Los camiones que utilizan gas natural solo representan el 1,6 % de los registrados y los eléctricos el 0,2 %.En el acumulado del año, la marca con más registros fue la marca china Foton, con el 25,4 %; le sigue Chevrolet con el 21,6 %, luego JAC con el 7,7 %, International con el 5,1 % y Kenworth cierra el top 5 con el 5 % del total registrado.En cuanto a los departamentos donde más se presentaron registros, Cundinamarca lideró ampliamente con 5.940 vehículos, seguido de Antioquia con 2.044 y Santander con 902. En áreas metropolitanas, Funza, Medellín y Mosquera son los principales puntos donde se registran este tipo de vehículos.
Diferentes candidatos a la presidencia se pronunciaron tras la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones desde Colombia. Según el presidente ecuatoriano, el Gobierno colombiano no ha tomado las medidas suficientes para combatir a las estructuras ilegales en la frontera.“Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”, dijo Noboa.El candidato a la presidencia Daniel Palacios fue uno de los que le pidió a Noboa reconsiderar esta decisión.“Quiero solicitarle al presidente Noboa que reconsidere o suspenda el incremento arancelario a Colombia. Si bien esto sale de la frustración del Gobierno ecuatoriano frente a la ausencia de compromiso de Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo y de su falta de esfuerzo por tener unas fronteras seguras, esta medida solo afectaría al ciudadano honesto y trabajador de Ecuador y de Colombia”, dijo Palacios.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata Vicky Dávila, quien asegura que con esta medida pierden todos los colombianos.“Le pido que tan pronto ganemos las elecciones nos encontremos. Usted y su pueblo podrán confiar en Colombia y nosotros en ustedes. Los aranceles que usted ha impuesto, por más razones que tenga, dañan mercados, empresas y empresarios. Perdemos los colombianos y los ecuatorianos. Ya casi se acaba la pesadilla”, dijo Dávila.Para el candidato Roy Barreras, esta decisión del Gobierno ecuatoriano puede estimular el contrabando.“Esta decisión golpea la economía del sur del país, estimula el contrabando y debilita nuestras relaciones internacionales. De nuevo, la diplomacia estratégica debe funcionar, y más entre países hermanos”, dijo Barreras.
El Ministerio de Minas y Energía rechazó la medida arancelaria del 30 % que fue impuesta por el Gobierno ecuatoriano para todos los productos exportados desde Colombia, tachando la medida como unilateral, que afecta la integración regional y la relación comercial entre ambos países.El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Además, añadió que, aun cuando Colombia enfrentaba una de las épocas más críticas de sequía de toda la historia por efectos del cambio climático, se garantizó tanto el abastecimiento interno como el cumplimiento de los compromisos internacionales.El ministro recordó que, ante el riesgo de bajos niveles en los embalses de Mazar y Coca Codo Sinclair, el Gobierno colombiano había expedido recientemente una resolución para permitir la participación de iniciativas privadas en la venta de energía entre varios países, con el fin de ampliar la cooperación binacional y evitar déficits, pero ahora el ministro ordenó desmontar esta medida.La inseguridad también fue un punto de partida. El ministro hizo referencia a los impactos de la inseguridad que ha tenido Colombia en el suroccidente del país, específicamente en la infraestructura energética. En diciembre pasado, un atentado contra redes eléctricas en el suroccidente del país afectó temporalmente la capacidad de exportación; sin embargo, una acción coordinada entre la Fuerza Pública, el Ministerio de Minas y Energía, los operadores de red y el operador del sistema permitió reconfigurar los circuitos y mantener los volúmenes de energía que Ecuador requería.De acuerdo con cifras oficiales, la demanda diaria de energía eléctrica en Ecuador oscila entre 92 y 100 gigavatios hora. Aun después del atentado, Colombia ha mantenido exportaciones cercanas a los 8 gigavatios hora diarios, lo que equivale a entre el 8 % y el 10 % del consumo total del país vecino, gracias a la fortaleza de su infraestructura eléctrica y a los acuerdos vigentes de la Comunidad Andina de Naciones.Finalmente, el Gobierno colombiano reiteró el llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones concertadas que permitan preservar la cooperación energética y comercial entre Colombia y Ecuador.
Al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, llegó el pasado 12 de enero una queja disciplinaria en contra de quien hasta diciembre fungió como presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, y en contra de dos actuales funcionarios de la entidad.En la denuncia, presentada por el abogado y exzar anticorrupción Camilo Enciso, se señala que estas tres personas habrían incurrido en varias faltas graves correspondientes a temas como la omisión de declarar conflictos de interés y el presunto tráfico de influencias en la contratación pública.La historia es así: en junio de 2023, el presidente Gustavo Petro nombró como presidente de la entidad a Juan Carlos Muñiz, oriundo de Sabanalarga y quien había fungido en el pasado como secretario de Hacienda de la Gobernación del Atlántico. Al poco tiempo de llegar, Muñiz nombró como su asesora personal en la entidad a Betty Amada Ruiz Cantillo, la prima hermana de su esposa, Wadeth Chams Cantillo.Ruiz Cantillo registra hoy en el directorio de Findeter como gerente de Asuntos Estratégicos, oficina adscrita a la Presidencia y que, según se puede leer en el manual de funciones de la entidad, tiene entre varias funciones: “Formular y gestionar los proyectos y actividades transversales de cara al cumplimiento de las metas de la entidad”.Posteriormente, Muñiz nombró como director de Asuntos Contractuales a Iván Ramírez Rusinque, quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario general y hoy es el presidente encargado de la entidad tras la salida de Muñiz. Poco tiempo después, Ramírez Rusinque y Ruiz Cantillo iniciaron una relación de pareja.Con ocasión de la evolución de la relación, el 30 de octubre de 2025 Betty Amada radicó una declaración jurada y de conflictos de interés, en la que reportó que Iván Ramírez es su esposo. Sin embargo, no consideró que el hecho de que su esposo trabaje en la entidad pueda generar un potencial conflicto de interés entre ellos.De forma similar, con ocasión de su ascenso al cargo de secretario general de la entidad, Ramírez radicó una declaración de patrimonio y conflictos de interés en noviembre del año pasado, en la que declara de manera similar que su esposa es Betty Amada Ruiz Cantillo, pero tampoco vio ningún conflicto de interés, en contravía de la Política de Conflictos de Interés de la organización.Sumado a este posible caso de conflicto de intereses entre Muñiz, Ruiz Cantillo y Ramírez Rusinque, la denuncia de Enciso habla de un convenio interadministrativo que se habría firmado en noviembre de 2025 por valor de $22.000 millones de pesos entre Findeter y el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, primo del suegro de Muñiz, Jorge Chams Cure.Adicionalmente, el denunciante habla de tres fuentes internas de Findeter que han pedido la reserva de su nombre y que denuncian que existirían presuntos cobros de “coimas” o “comisiones” del 10 % al 20 % sobre el valor de contratos adjudicados por Findeter durante 2024-2025.Blu Radio consultó con Findeter y con el exdirector Muñiz sobre las denuncias de Enciso. En el caso de Muñiz, este señala que no tiene ningún tipo de conflicto, ni inhabilidad ni incompatibilidad que estén contempladas en la ley; que Betty Ruiz Cantillo no ostenta cargo directivo en la entidad, sino profesional; que Iván Ramírez tiene ocho años en Findeter y fue allí donde inició su relación sentimental, que llevó a su matrimonio en octubre de 2025; y que, frente al caso de Sabanalarga, no se trató de un convenio, sino de “una aprobación de un crédito, como se le hacen a todos los municipios del país, de acuerdo con su capacidad establecida en las normas pertinentes. Yo no tengo ninguna relación de consanguinidad ni conflicto de interés con ese alcalde”.Por su parte, desde Findeter rechazaron de manera categórica las denuncias sobre presuntos conflictos de interés y hechos irregulares en la entidad, al señalar que carecen de sustento fáctico y jurídico. Se aclaró que Betty Ruiz Cantillo no ocupa un cargo directivo, sino que se desempeña como profesional, y que tanto ella como Iván Ramírez ingresaron a la entidad antes de existir cualquier vínculo personal, lo que descarta inhabilidades o incompatibilidades. Frente al convenio por $22.000 millones con el municipio de Sabanalarga, se indicó que el crédito fue aprobado bajo los mismos procedimientos, controles y estándares aplicables a cualquier entidad territorial. Finalmente, se calificaron como falsas y temerarias las afirmaciones sobre supuestas coimas o comisiones, invitando a quienes las sostienen a presentar denuncias formales ante las autoridades competentes y advirtiendo que dichos señalamientos afectan injustamente el buen nombre de los funcionarios y de la entidad.
El anuncio del decreto firmado por Gustavo Petro, que recorta las primas del Congreso, volvió a poner sobre la mesa un tema delicado en los cargos públicos: los salarios del Estado. Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, citado en Mañanas Blu, reveló cifras que llaman la atención sobre los ingresos de algunos funcionarios.La discusión no se limita únicamente a los congresistas, sino que se extiende a una amplia lista de cargos cuyos titulares reciben, mes a mes, ingresos muy por encima del promedio nacional.La medida del Gobierno busca ajustar salarios y beneficios como primas y bonificaciones, bajo el argumento de aliviar el gasto y enviar un mensaje de austeridad. Sin embargo, expertos coinciden en que el ahorro sería limitado frente al tamaño del Presupuesto General de la Nación, que supera los 550 billones de pesos.¿A quiénes realmente afecta la medida de Petro?Si bien el presidente ha insistido en comenzar con los congresistas, el informe deja claro que no son ellos quienes más ganan. Por eso surge la pregunta sobre si el ajuste se extenderá a otros cargos con salarios mucho más altos. Analistas advierten que, si la medida se limita al Congreso, el impacto sería mínimo y podría interpretarse más como un gesto político que como una reforma estructural.Los cargos del Estado que más ganan en ColombiaDe acuerdo con el informe del Observatorio Fiscal, hay funcionarios cuyo ingreso mensual supera incluso al de ministros y congresistas. Entre los casos mencionados están:Cargo: Subsecretario general del Senado.Sueldo: 98.100.000 COP, recibidos mensualmente tras bonificaciones. Su costo total para el Estado supera los 135 millones de pesos al mes.Cargo: Directora del Fondo de Adaptación, anteriormente en el DAPRE.Sueldo: 94.700.000 COP.Cargo: Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Vargas.Sueldo: 91.000.000 COP.Cargo: Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.Sueldo: 59.000.000 COP.Cargo: Secretario general del Senado.Sueldo: 53.600.000 COP.Cargo: Secretario general de la Cámara.Sueldo: 53.600.000 COP.Estas cifras corresponden a lo que realmente reciben, luego de sumar salario base, gastos de representación, primas y bonificaciones, un aspecto clave señalado por los analistas.Según cálculos del Observatorio Fiscal, el ahorro estimado rondaría los 50 mil millones de pesos, una cifra baja frente al tamaño del presupuesto nacional. Para los expertos, el verdadero reto está en revisar a fondo primas, fondos extrapresupuestales y rubros de alto impacto como salud y educación.
El Ministerio de Defensa se pronunció luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigor a partir del primero de febrero y que fue presentada por el mandatario ecuatoriano como una “tasa de seguridad”.El mensaje del Gobierno colombiano puso el foco en los resultados de cooperación binacional en materia de seguridad. Según el Ministerio de Defensa, una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército del Ecuador permitió la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza.La acción se logró, según Colombia, precisamente gracias al intercambio de información y a la coordinación en terreno entre las dos fuerzas militares. El resultado, señaló el Ministerio, evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana y representó una afectación económica superior a los 13 millones de dólares para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.En su pronunciamiento, la cartera de Defensa aseguró que Colombia mantiene su compromiso con la cooperación bilateral en seguridad, el trabajo coordinado en zonas de frontera y el intercambio de información como herramientas clave para enfrentar el narcotráfico transnacional y proteger a las comunidades que habitan en estas regiones.El mensaje contrasta con las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien horas antes había anunciado la decisión de imponer el nuevo arancel a productos colombianos. En su cuenta de X, el mandatario afirmó que Ecuador ha hecho “esfuerzos reales de cooperación con Colombia”, pese a registrar, según dijo, un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales.Noboa aseguró que, mientras su Gobierno ha insistido en el diálogo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas continúan enfrentando en la frontera a grupos criminales ligados al narcotráfico “sin cooperación alguna”. Bajo ese argumento, justificó la aplicación de la tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas.El presidente ecuatoriano advirtió que la medida se mantendrá vigente hasta que, en su criterio, exista un compromiso “real” y acciones firmes para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con el mismo nivel de decisión que hoy asume Ecuador.En complemento a ese panorama, las Fuerzas Militares reportaron que, en los últimos años, han sostenido una ofensiva permanente en la frontera con Ecuador, con operaciones orientadas a debilitar de manera directa a los grupos armados organizados y a las economías ilícitas que operan en la zona limítrofe. De acuerdo con los resultados, estas acciones han impactado a estructuras del ELN, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, con una afectación acumulada de más de 1.200 integrantes, además de 2.899 capturas y 255 personas sometidas a la justicia.En el mismo periodo, las operaciones permitieron la recuperación de 136 menores de edad y la incautación de más de 2.000 armas y cerca de 15.000 artefactos explosivos.En el frente del narcotráfico, las FF. MM. señalaron que los golpes han sido continuos y de alto impacto, con la incautación de más de 209 toneladas de cocaína, la destrucción de más de 5.500 laboratorios para el procesamiento de droga y la erradicación de más de 28 millones de matas de coca en zonas de frontera.A estos resultados se suma la neutralización de semisumergibles, embarcaciones, vehículos e insumos utilizados por las redes criminales, así como 196 combates registrados, la ubicación de 2.011 depósitos ilegales y la neutralización de 988 artefactos explosivos, cifras con las que Colombia busca respaldar su postura frente a los señalamientos de falta de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional.
Después de permanecer bajo estricto control médico y con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos, falleció este miércoles el subdirector de la cárcel de Rivera Renato Solano Osorio, quien resultó gravemente herido en un ataque criminal del que fue víctima por hombres armados el pasado 13 de enero en el sur de Neiva.En ese mismo atentado perdió la vida el niño de 11 años Ismael Rodríguez, hijo del director del centro penitenciario Edgar Enrique Rodríguez, que, por fortuna, resultó ileso cuando se movilizaban en un vehículo particular también acompañado por un dragoneante del Inpec.El gerente del Hospital Universitario de Neiva, Juan Diego Fierro, confirmó el deceso del subdirector de la cárcel tras nueve días de lucha por sobrevivir.“Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Renato Solano Osorio ocurrido hoy miércoles 21 de enero. Desde su ingreso el pasado 13 de enero el hospital dispuso de su capacidad y tecnológica para su atención y manejo interdisciplinario”.Diputados de la Asamblea del Huila y el Concejo de Neiva también lamentaron la muerte del subdirector de la cárcel Solano Osorio, víctima del atentado por hombres armados, y exigen a las autoridades resultados para el esclarecimiento de los hechos.“Desde la Asamblea Departamental rechazamos estos hechos de violencia, el asesinato del niño Ismael y el fallecimiento del subdirector del Inpec de Rivera Renato Osorio, quien se convierte en la segunda víctima de este atentado. Hoy le hago un llamado a la Fiscalía, a la Policía, a los grupos de inteligencia, para que no solo se de captura a los autores materiales, sino también a los intelectuales a los que habrían ordenado este atentado”, expresó Omar Alexis Díaz, diputado del Huila.De igual manera, se pronunció Alejandro Serna, concejal de Neiva."Es muy preocupante lo ocurrido con este hecho, donde fallece el subdirector de la cárcel Renato Solano, atentado que también cobró la vida de un menor de 11 años de edad. Extendemos la solidaridad a toda su familia y le hacemos un llamado a las autoridades para que este asesinato no quede impune”.Por su parte, Fernando Alipio Solano, alcalde del municipio de Tello, Huila, recordó a su primo Renato Solano Osorio como una persona muy profesional en sus actividades."Bueno, la verdad para nosotros como familia es muy triste recibir esta noticia la pérdida de un gran miembro de familia como lo fue el primo Renato, quien siempre se destacó por ser un gran profesional, como familia rechazamos este atentado”.Renato Solano era coronel en retiro de la Policía Nacional, oriundo del municipio de Tello, y desde el año 2022 estaba ocupando el cargo como subdirector de la cárcel de Rivera. Cabe recordar que, en el año 2023, el funcionario había denunciado amenazas en su contra que hoy hacen parte de las investigaciones por parte de las autoridades.Es importante mencionar que, por este hecho, permanece vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos que anunció la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva para quien brinde información a las autoridades sobre el paradero de los sicarios. El cuerpo del subdirector fue trasladado hasta una funeraria de Neiva y está a la espera que se defina la hora y el lugar de las exequias.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
Medicina Legal confirmó que, entre los 26 cuerpos recuperados tras los recientes enfrentamientos armados en zona rural de El Retorno, Guaviare, se encuentran cuatro menores de edad. El balance forense da cuenta de un hombre y tres mujeres menores, dentro de un conjunto de víctimas que ingresaron para su identificación a la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, procedentes del área rural de ese municipio.De acuerdo con la información oficial, a la fecha se ha logrado identificar plenamente a 24 de las 26 personas fallecidas. Las dos restantes continúan sin establecer su identidad, mientras avanzan los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes. Del total de cuerpos abordados, 21 corresponden a personas de sexo masculino y cinco a personas de sexo femenino.Los cadáveres provienen de sectores rurales donde, en los últimos días, se registraron enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales identificadas como disidencias de las Farc, específicamente las que se atribuyen a los grupos comandados por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Estos choques armados habrían ocurrido en medio de disputas territoriales y de control armado en esta zona del sur del país.Para atender la magnitud del caso, Medicina Legal dispuso nueve equipos interdisciplinarios, conformados por personal especializado de la Dirección Regional Bogotá y de las seccionales Meta y Cundinamarca. Estos grupos adelantaron las labores forenses necesarias para la identificación de las víctimas, así como los análisis técnicos requeridos en el marco de hechos relacionados con el conflicto armado.Una vez concluida la fase de identificación, la entidad iniciará los procedimientos administrativos y técnicos para la entrega digna de los cuerpos a sus familiares. Según indicó Medicina Legal, este proceso se realizará conforme a los lineamientos establecidos para casos derivados del conflicto armado, garantizando los protocolos de trato digno y el acompañamiento institucional correspondiente.De manera simultánea, la Defensoría del Pueblo informó que la recuperación de los cuerpos fue posible tras liderar una misión humanitaria en el territorio. Esta gestión tuvo como objetivo facilitar la recuperación, el traslado y la posterior gestión forense de las víctimas, en coordinación con las autoridades competentes.Según la Defensoría, los hechos están relacionados con enfrentamientos ocurridos el viernes 16 de enero de 2026, en la vereda Cubay, jurisdicción del municipio de El Retorno, Guaviare.Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron estas muertes, mientras organismos del Estado mantienen presencia en la zona ante el impacto humanitario que dejan estos enfrentamientos, especialmente por la confirmación de víctimas menores de edad.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles que impondrá un arancel de 30% a las importaciones de Colombia ante lo que considera falta de apoyo en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común."Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia, ndlr) sin cooperación alguna", dijo en la red social X Noboa, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial.Agregó que "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero".Ambos países comparten unos 600 km de frontera que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonia, donde opera la guerrilla colombiana y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.El mandatario, quien en 2024 declaró una guerra al narcotráfico, señaló que la medida "se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume"."Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales", indicó Noboa, quien añadió que su país lucha solo ante la criminalidad en la convulsa área limítrofe a pesar de que haber "insistido en el diálogo" con Bogotá.Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por su territorio circula un 70% de esa droga hacia marcados de Estados Unidos, Europa y Oceanía.
El transporte de carga en Colombia mueve a diario buena parte de la economía nacional y, según los registros oficiales del sector, su operación depende cada vez más de sistemas digitales que permitan garantizar trazabilidad, control y transparencia.En Colombia, el transporte de carga sigue siendo clave para el abastecimiento de los habitantes del país; por ello, cualquier falla en el reporte de la información puede convertirse en un riesgo operativo y legal para las empresas transportadoras.Bajo ese contexto, una nueva resolución del Ministerio de Transporte anunció controles sobre el sector y elevó el nivel de exigencia en el uso del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), indicando que debe ser el eje central para la expedición de manifiestos y el seguimiento de la mercancía.Desde el 30 de noviembre de 2025, la Resolución 20243040058015 de noviembre de 2024 obliga a las empresas de transporte de carga a reportar los tiempos reales de cargue y descargue, con fecha y hora exacta, a través de sistemas de monitoreo de flota vinculados al RNDC.Aunque la obligación de reportar estos tiempos existe desde 2013, con la Resolución 377, la norma actual endureció los criterios técnicos y los mecanismos de control.Lo que exige la resolución a las empresas de cargaDe acuerdo con la resolución, las empresas de carga deben garantizar que el reporte al RNDC se haga de forma oportuna, completa y precisa, usando los medios tecnológicos exigidos. Esto implica que los datos de cargue y descargue deben corresponder a la operación real y ser transmitidos dentro de los plazos establecidos.Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar Systems, advirtió que uno de los principales riesgos es no contar con una solución tecnológica integrada. “Muchas empresas tienen el GPS con un proveedor y la plataforma de reporte con otro, lo que genera dificultades técnicas y pone en riesgo el reporte oportuno”, explicó.Además, ante cualquier inconsistencia detectada, las empresas solo cuentan con 72 horas para validar y corregir la información ante el Ministerio de Transporte, antes de que se activen los procesos sancionatorios.Lo que debe hacer para evitar"sanciones"La norma del Ministerio de Transporte establece que las empresas del sector deben:Registrar obligatoriamente los despachos de carga en el RNDC.Reportar los tiempos reales de cargue y descargue, incluyendo fecha y hora exactas.Realizar el reporte mediante sistemas de monitoreo de flota vinculados al RNDC.Garantizar que la información registrada refleje fielmente la operación real.Cumplir con los criterios técnicos definidos por el Ministerio de Transporte.Efectuar los registros dentro de los plazos establecidos.Utilizar de manera adecuada los medios tecnológicos exigidos.Validar y corregir inconsistencias detectadas en un plazo máximo de 72 horas ante el Ministerio de Transporte.¿La resolución menciona sanciones o multas?La Resolución no fija ni detalla sanciones ni montos de multas de manera expresa. El acto administrativo se limita a definir las obligaciones de reporte y los requisitos técnicos que deben cumplir las empresas de transporte de carga.No obstante, el texto advierte que el incumplimiento de estas obligaciones, como reportes fuera de los plazos, el uso inadecuado de los medios tecnológicos o el registro de información incorrecta, puede dar lugar a actuaciones administrativas, conforme al régimen sancionatorio vigente del sector transporte, el cual está regulado en normas distintas a esta resolución.Vea la resolución completa acá:
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en la ejecución y los pagos del contrato 1365 de 2025, suscrito por la Alcaldía de Ibagué, con el propósito de adelantar la titulación gratuita de predios fiscales en favor de familias vulnerables.Según la información conocida por el Ministerio Público, el contrato, cuyo valor asciende a cerca de $595 millones, tenía como objetivo la expedición de 250 títulos de propiedad. Sin embargo, al parecer, los compromisos no se habrían cumplido dentro de los plazos establecidos y no existirían soportes técnicos suficientes que respalden los desembolsos realizados, los cuales superarían el 60 % del valor total del acuerdo.Frente a estos señalamientos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas para establecer si se presentaron irregularidades en el desarrollo del contrato, identificar a los posibles responsables y determinar si las conductas investigadas podrían constituir faltas disciplinarias.La actuación disciplinaria busca establecer si los recursos públicos destinados a garantizar el acceso a la propiedad de sectores vulnerables fueron utilizados conforme a la normatividad vigente, en un proceso que genera especial atención en la capital del Tolima por el impacto social y económico del programa de titulación.
El municipio de Toledo, en Norte de Santander, fue declarado como el primero del departamento en contar con una zona libre de sospecha de minas antipersonal, tras un proceso de verificación adelantado en su zona rural. La medida se produce en un territorio que ha sido históricamente afectado por este tipo de artefactos y que figura entre los cinco departamentos con mayor número de víctimas por minas antipersonal en el país.La zona certificada corresponde a la denominada Zona 1, que agrupa 50 de las 84 veredas del municipio. Según el expediente municipal suministrado por el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), en Toledo se han documentado 34 eventos relacionados con minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados, de acuerdo con registros del sistema IMSMA.De esos 34 eventos, seis estaban asociados a la Zona 1 y permanecían abiertos. Tras el proceso de verificación en terreno, estos casos fueron investigados y cerrados, lo que permitió cumplir los criterios técnicos exigidos para declarar el área libre de sospecha de contaminación.Los trabajos de Estudios No Técnicos comenzaron en marzo de 2023, cuando equipos especializados ingresaron al municipio para realizar análisis históricos, entrevistas comunitarias, revisión de registros y delimitación del territorio. El proceso permitió descartar la presencia de riesgo en los sectores evaluados, en una zona caracterizada por su vocación agrícola y pecuaria.Durante el acto de entrega de la certificación, el comandante del Batallón de Desminado Humanitario N.° 3 del Ejército, teniente coronel Luis Germán Echevarría Zapata, explicó que el ingreso al departamento implicó retos de seguridad, pero destacó que la información aportada por la comunidad fue determinante para descartar la sospecha de minas en el área intervenida.Habitantes de Toledo también se refirieron al impacto de la declaratoria. Mayerdy Carrillo, residente del municipio, afirmó que la certificación permite recuperar la movilidad en el territorio y retomar actividades productivas como el cultivo de café y la ganadería, que habían estado limitadas por el temor a la presencia de explosivos.La declaratoria de esta zona representa un avance en un departamento que ha sido fuertemente impactado por el uso de minas antipersonal durante el conflicto armado y se enmarca en los esfuerzos por reducir el riesgo para la población civil, facilitar el desarrollo rural y permitir el uso seguro del territorio.