La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo.No obstante, la entidad aclaró que, por ahora, no existe confirmación plena sobre su identidad y que el proceso continúa en etapa de verificación técnico-científica.La UBPD recordó que la solicitud formal de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida en 2019 y que, desde entonces, se adelanta una investigación que ha tenido progresos significativos, especialmente en los últimos dos años.La entidad explicó que los avances alcanzados son el resultado de una investigación sustentada en la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos y testimonios, así como en la aplicación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.“Hay hipótesis muy fuertes que nos señalan y son las que estamos ahora verificando de manera técnico-científica”, señaló la directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, al explicar que existe una alta acumulación de información contextual y testimonial que permite aproximarse a la identidad del cuerpo.Frente a la versión difundida por el ELN, que aseguran que el cuerpo del sacerdote ya habría sido encontrado y “verificada su autenticidad”, la directora fue enfática en señalar que la Unidad no sabe cómo ese grupo armado llegó a tales conclusiones.“No tenemos ninguna información de como el ELN llega a estas conclusiones y obviamente nosotros, al igual que como lo señala el comunicado del Instituto Nacional de Medicina Legal, seguimos en procesos de verificación de la información”, sostuvo.La directora insistió en que se trata de un caso ocurrido hace más de seis décadas, lo que implica complejidades y grandes limitaciones. “La información tiene que ser triangulada, verificada, contrastada, enriquecida con otras fuentes”, afirmó, al advertir que no es posible establecer plazos sobre cuándo podría haber una conclusión definitiva.
La Autoridad Aeronáutica de Colombia avanza en una reforma al régimen de asignación de slots —los turnos de despegue y aterrizaje— en los principales aeropuertos del país, con énfasis en El Dorado de Bogotá. Así lo confirmó Edgar Rivera, secretario de la Aeronáutica Civil, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde explicó que el objetivo central es lograr una distribución más equitativa entre las aerolíneas sin afectar la seguridad ni la eficiencia operacional.“Existe la necesidad de generar una distribución más equitativa de los slots entre las diferentes aerolíneas”, afirmó Rivera, al señalar que El Dorado es un bien de uso público y, como tal, debe ser accesible para todos los usuarios: pasajeros, aeronaves y compañías aéreas. Según el funcionario, la reforma no pretende desconocer derechos adquiridos, sino corregir distorsiones históricas derivadas del crecimiento desigual del mercado.Actualmente, la distribución de slots en franjas clave evidencia una alta concentración. De acuerdo con cifras presentadas durante la entrevista, Avianca posee el 51 % de los slots totales y el 58 % de los llamados “slots prime”, que corresponden a los horarios más demandados entre las 5 y 8 de la mañana y entre las 5 y 8 de la tarde. Le siguen Latam con cerca del 19 % y JetSmart con apenas el 5 %.Rivera aclaró que esta concentración no responde a irregularidades, sino a la evolución natural del sector. “Algunas aerolíneas comenzaron primero en el país y obviamente tuvieron acceso primero a una mayor cantidad de slots”, explicó. Además, señaló que las compañías con flotas más grandes requieren más turnos de operación. Sin embargo, el problema surge cuando nuevas aerolíneas o empresas en expansión no encuentran espacios disponibles para crecer.“No pretendemos señalar a nadie en particular, nuestro propósito es dejar una distribución más plana a la cual tengan todos acceso, sin desconocer derechos que alguien haya adquirido previamente”, subrayó el secretario.En cuanto a los estándares internacionales, Rivera precisó que Colombia se rige por las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que son vinculantes para los Estados. En contraste, las recomendaciones de la IATA —organismo privado de aerolíneas— sirven como referencia, pero no son obligatorias. “No se trata sino de hacer algunos ajustes para permitir esta distribución más equitativa”, añadió.Sobre el proceso regulatorio, Rivera explicó que la Aerocivil ya realizó un estudio técnico y ahora trabaja en un proyecto de resolución que modificará los reglamentos aeronáuticos. Este borrador será publicado en la página web de la entidad y socializado con todas las aerolíneas que operan en El Dorado. “Aquí no se trata de imponer unilateralmente; se trata de, con criterio eminentemente técnico, establecer estas medidas para lograr esta distribución”, afirmó.
Durante la presentación del informe trimestral de la misión de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el jefe de la misión de la ONU en Colombia Miroslav Jenca, pidió que se garantice la seguridad de los candidatos y votantes a pocos meses de las elecciones.“La población colombiana merece un entorno seguro en el que poder ejercer sus derechos políticos, la expansión de la votación en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, algo que hemos presenciado desde la firma del acuerdo final de paz, se debería mantener”, aseguró el jefe de la misión.Además alertó, que la persistente presencia de grupos armados ilegales en varios territorios sigue generando graves consecuencias humanitarias. Entre ellas, mencionó amenazas y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades enteras y un preocupante aumento en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estas estructuras armadas.Jenca advirtió que la situación de seguridad continúa siendo frágil. Recordó que desde la deposición de armas, al menos 487 excombatientes han sido asesinados, lo que calificó como un “ataque inaceptable contra la paz”.En el mismo escenario, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, se refirió a la muerte de menores de edad durante el bombardeo ocurrido en el Guaviare en noviembre de 2025.“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes. Lamentamos profundamente la muerte de 7 menores en el bombardeo en Guaviare y recordamos que el gobierno adoptó la decisión operativa en defensa de la vida de las tropas, lamentando profundamente estas pérdidas”, subrayó Jaramillo.
Luego de que el ELN asegurara que tiene conocimiento de que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres habría sido encontrado y “verificada su identidad”, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se pronunció y confirmó que ya están realizando análisis forenses a muestras óseas para establecer si corresponderá Torres Restrepo.La entidad explicó que estas labores hacen parte del trabajo conjunto que se desarrolla con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), según Medicina Legal, las muestras óseas están siendo examinadas mediante un abordaje técnico y científico de carácter interdisciplinario, con el fin de obtener resultados concluyentes sobre su posible identidad.“Actualmente se están realizando análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, señaló Medicina Legal.La guerrilla del ELN hizo el anuncio a través de un comunicado en el que aseguran: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones. En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.Camilo Torres y el ELNEl sacerdote murió en 1966 en Patio Cemento, Santander, durante el primer combate en el que participó como miembro del ELN contra el Ejército colombiano.Su cadáver fue enterrado en un lugar que nunca se desveló y desde entonces se ha convertido en uno de los íconos de esa guerrilla y de los movimientos izquierdistas en América Latina a raíz de que el cantautor chileno Víctor Jara le dedicó una canción.
La reciente decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia ha encendido las alarmas en la industria textil nacional, pues advierte un fuerte impacto sobre las exportaciones, la competitividad y la estabilidad del sector, en medio de un contexto regional marcado por tensiones y medidas proteccionistas.José Gaviria, CEO de Protela, aseguró que la medida afecta directamente el flujo comercial entre ambos países. De hecho, advirtió que el encarecimiento del producto se trasladará de forma inmediata al mercado.“Es una medida que afecta de manera importante el flujo de exportación de telas que las textileras colombianas hoy exportan a nuestro vecino país”, afirmó.En el caso de empresas con operaciones binacionales, el impacto es aún mayor. Gaviria explicó que compañías como Protela exportan telas desde Colombia para su comercialización local en Ecuador.“La medida del 30 % básicamente va a encarecer las telas y la comercialización del producto en un 30 %. Vamos a dejar de ser competitivos y vamos a perder mercado”, señaló, manifestando su preocupación por la pérdida de participación frente a otros proveedores internacionales.El empresario también resaltó la importancia estratégica del mercado ecuatoriano para la industria nacional y también explicó que no solo se verán afectadas las telas, sino también las prendas de vestir, el calzado y otros productos que las marcas colombianas comercializan en Ecuador.“Estos productos van a tener que incrementar sus precios y eso los va a hacer perder competitividad en un mercado que es clave para nosotros”, agregó.La respuesta de Colombia fue también imponer aranceles para Ecuador, pues respondió con la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a ese país y también le impuso una tasa aduanera del 30 %, igual a la impuesta horas antes por el país vecino.A la presión externa se suma el aumento de los costos internos, especialmente el incremento del salario mínimo del 23 %, que ha elevado de manera significativa los gastos de producción. Gaviria explicó que esta situación obliga a las empresas a tomar decisiones difíciles.Aunque por ahora las empresas han tratado de evitar despidos masivos, el directivo reconoció que la pérdida de competitividad es inevitable.“Esto nos va a quitar competitividad no solo en la manufactura textil, sino también en la confección de prendas de vestir y en la exportación de producto terminado a mercados del exterior”, señaló.Finalmente, Gaviria advirtió que el incremento en los costos se reflejará directamente en el consumidor y también asegura que la industria textil ha tratado de buscar acercamientos con el gobierno actual para sensibilizar y socializar las problemáticas entorno al sector, sin embargo, tener una conversación fluida es una tarea compleja.
Durante 2025, 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según cifras de Indepaz. Esto refleja un incremento de 14 casos frente a 2024, cuando se registraron 173 homicidios.Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, el departamento del Cauca fue el más afectado, con 40 líderes asesinados, seguido por Antioquia, con 30, y el Valle del Cauca, donde se registraron 17 casos. Estas regiones coinciden con territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales y conflictos por el control social y territorial.González asegura que el contexto actual se ve agravado por la cercanía del periodo electoral, una etapa en la que históricamente se incrementan los riesgos para las comunidades.“En épocas electorales, se magnifican los riesgos y las violaciones contra las poblaciones civiles”, advirtió el director, al señalar que esta situación ya ha sido alertada por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas.Además, explicó que los líderes sociales no están siendo asesinados por el simple hecho de ejercer liderazgo, sino por representar y defender causas colectivas en sus territorios.“Las causas pueden ser la ampliación de un resguardo, el fortalecimiento de un consejo comunitario, o la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBTI, de las víctimas, la implementación de un acuerdo de paz”, aseguró el director.Otro de los factores que ha incrementado el riesgo, según Indepaz, es que a diferencia de lo ocurrido en 2023 y 2024, durante 2025 se terminaron varios ceses al fuego con grupos armados, entre ellos con el ELN, lo que “incrementa el riesgo en la población y las comunidades”.“Los principales grupos son el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las Farc liderada por Mordisco, el ejército Gaitianista o Clan del Golfo, el ELN. (…), todos los grupos que intentan pretender ejercer un control social o una gobernanza armada ilegal, es decir, que intentan imponer normas contra las comunidades”, afirmó.Finalmente, las alertas se mantienen encendidas, ya que en lo que va de 2026, se han registrado cuatro líderes sociales asesinados.
El mercado de fichajes sigue dejando historias inesperadas y una de ellas tiene como protagonista a Miguel Ángel Borja. Cuando todo apuntaba a que el delantero colombiano continuaría su carrera en la Liga MX, el acuerdo con Cruz Azul se cayó y su futuro vuelve a quedar en el aire de cara al 2026.Desde México se confirmó lo que ya era un fuerte rumor: la negociación entre Borja y el club de Ciudad de México se dio por terminada. El atacante, que incluso viajó al país y entrenó con el equipo, no pudo ser inscrito debido a problemas administrativos que terminaron desgastando la espera.Según se conoció en Blog Deportivo, el principal inconveniente estuvo relacionado con la falta de un cupo de extranjero, situación que impidió a Cruz Azul avanzar con su registro. A esto se sumaron los retrasos en la expedición de la visa de trabajo, un obstáculo definitivo para cerrar la operación. La espera se alargó más de lo previsto y el entorno del jugador tomó la decisión de dar un paso al costado.La información fue corroborada con el representante de Borja, Juan Pablo Pachón, quien confirmó que la relación con Cruz Azul está completamente finalizada. El delantero se cansó de esperar y ahora su equipo de trabajo analiza otras alternativas para definir su próximo destino.Borja, que quedó libre en diciembre tras finalizar su contrato con River Plate, tenía claro que quería seguir compitiendo y mantenerse activo. Su prioridad era un proyecto cercano, tanto en lo deportivo como en lo geográfico, lo que hacía de México una opción atractiva. Sin embargo, el tiempo jugó en contra y varias ligas ya cerraron sus periodos de inscripción.Aunque el colombiano cuenta con mercado y recibió sondeos desde distintos destinos, incluso desde Arabia Saudita, los plazos administrativos complican cualquier movimiento inmediato.Así, el vínculo entre Miguel Ángel Borja y Cruz Azul terminó siendo un “amor fugaz” que nunca llegó a concretarse. Mientras tanto, el atacante sigue a la espera de un nuevo proyecto que le permita retomar su carrera en el 2026, en un año que es clave por lo que será la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
En una ceremonia militar se llevó a cabo la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad clave de las Fuerzas Militares encargada de coordinar operaciones de alto valor estratégico en todo el territorio nacional. En el acto, el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval asumió oficialmente la jefatura de este comando élite.La ceremonia contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, así como de autoridades civiles y delegados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El relevo de mando marca una nueva etapa para una unidad reconocida por liderar operaciones complejas y de alto riesgo, orientadas a la protección de la población civil y la defensa del territorio.El CCOES cumple un papel central en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones conjuntas, integrando las capacidades de las tres Fuerzas para enfrentar estructuras armadas ilegales, reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Su accionar ha sido determinante en misiones especiales que impactan de manera directa las principales amenazas contra el Estado.Al asumir el mando, el general Moreno Sandoval manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar la capacidad de respuesta operacional y liderar la unidad bajo principios de profesionalismo, disciplina y visión estratégica, en un contexto marcado por desafíos persistentes en materia de seguridad.Durante el acto también se destacó el papel de los soldados, marinos y aviadores que integran el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, considerados una de las unidades más especializadas de las Fuerzas Militares. Su labor, desarrollada en escenarios de alta complejidad, continúa siendo clave para la estabilidad y la seguridad del país.Con este relevo, el CCOES mantiene su rol como una de las principales herramientas operacionales del Estado en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad nacional.
La Comisión de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onisa Fernández tras haberle otorgado nuevamente la libertad al polémico contratista Emilio Tapia condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionado con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, reveló que el Gobierno nacional, en conjunto con demás instituciones, están desarrollando una resolución con el fin de endurecer las medidas para el ingreso de drones al país.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asegura que estas medidas de emergencia soncon el fin de controlar la entrada de aeronaves no tripuladas al país, buscando frenar la nueva oleada de ataques perpetrados por grupos terroristas y disidencias. El funcionario indicó que, ante la lentitud del trámite de una ley de drones y antidrones en el Congreso, el gobierno optará por una resolución inmediata que endurecerá los requisitos de importación y compra.La preparación de la resolución se está haciendo en conjunto con la Dian, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil; esta medida tiene como objetivo primordial determinar que los drones adquiridos, especialmente aquellos comprados por internet, ingresen al territorio nacional solamente por dos sitios específicos: Cartagena y Bogotá.Según explicó el ministro, esta regulación obligará a los proveedores a limitar la entrada a estas dos ciudades. Además de la restricción de puertos, se exigirá una declaración anticipada de compra. Esta declaración es clave, ya que permitirá a las autoridades saber el tipo de dron comprado antes de su despacho, posibilitando una revisión de sus parámetros y determinando si representa un riesgo para la seguridad. El objetivo es prevenir el ingreso de drones que, por ejemplo, posean frecuencias cambiantes que son difíciles de interrumpir o neutralizar.La urgencia de estas medidas se debe a que los ataques con drones se han convertido en la "nueva herramienta" empleada por grupos terroristas en Colombia. Los ataques recientes, como el ocurrido en Calamar (Guaviare), han alarmado a los alcaldes y son vistos como una "respuesta desesperada y cobarde" de las disidencias.Estos grupos han sido afectados críticamente este año, con alrededor de 76 cabecillas del más alto nivel neutralizados en Cauca, Huila, Arauca y Guaviare. Los operadores son definidos como aquellas personas que, siendo parte de estructuras criminales, adecúan los drones con explosivos para atacar a la fuerza pública o a la población.Estos individuos han sido catalogados como objetivos de alto valor. Las recompensas también se extienden a quienes comercialicen drones con fines ilegales, buscando así ir directamente a la fuente y evitar una reacción tardía a los ataques. Los criminales acceden a información en la web sobre cómo fabricar, construir y colocar cargas explosivas en drones, desarrollando métodos que no obedecen a códigos legales o éticos. El ministro enfatizó que la inteligencia es clave para detectar estas compras.Escuche aquí la entrevista:
Las Fuerzas Militares lograron la captura de Yanuber Cardozo, alias ‘Chiquitín’, cabecillas de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ y quien, según inteligencia, estaría detrás de la masacre de cinco personas en la vereda El Recreo de Puerto Rico, Caquetá, en agosto del año pasado.Su captura se dio en zona rural de San Vicente del Caguán tras nueve meses de seguimiento, pues había múltiples evidencias de que coordinaba el cobro de extorsiones en los municipios de Doncello, Paujil, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, pidiendo cuotas por tierras y ganado.Para esto, se valía de intimidaciones y citaciones a la población civil en las que ordenaba dichos cobros a todo tipo de comerciantes.Producto de estas exigencias, alias ‘Chiquitín’ lograba recaudar hasta $1.000 millones cada mes, recursos que se destinaban a financiar el actuar ilegal de esa facción de las disidencias.El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, destacó que con esta captura se da un golpe importante a la estructura 'Rodrigo Cadete' del bloque ‘Jorge Briceño’ de las disidencias.“Era requerido por las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio. Con esta captura, alias Calarcá pierde a uno de sus hombres clave dentro de la red de extorsiones que afectaba a comerciantes y ganaderos en el Caquetá”, agregó.Este resultado se suma a las capturas de alias 'Raúl', alias 'El Enano', Luis Alfonso Delgado, y a la muerte en desarrollo de operaciones de alias 'Alexis' y alias 'Tornillo', todos hombres claves para la facción de ‘Calarcá’.
La defensa del fiscal Mario Burgos pidió iniciar un proceso de desacato contra el presidente Gustavo Petro alegando que no cumplió a cabalidad la orden de rectificar sus afirmaciones contra el funcionario a quién llamó “narcofiscal” y relacionó con implicados en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.En la noche del miércoles, el mandatario escribió en redes sociales que reconocía que si bien el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, no registra condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias, y que goza de la presunción de inocencia como cualquier ciudadano.Además, señaló que las afirmaciones hechas previamente sobre la labor del fiscal constituyen opiniones y juicios de valor emitidos en el ejercicio legítimo del control político y del debate democrático propio de su cargo.Sin embargo, en publicaciones siguientes, el presidente además de cuestionar la decisión judicial que ordenó la rectificación, volvió a emitir acusaciones contra Burgos.“El fiscal Burgos no investigó al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci en Cartagena, el señor Marset, integrante de la Junta del Narcotráfico. Los investigadores que puso el fiscal Pecci para mí hijo están presos por sus relaciones con el crimen. La nueva fiscal del caso es de la misma cuerda del fiscal Burgos y ya uno de sus escoltas el CTI está preso por narcotráfico. Cada vez que más denunció, más y más procesos se abren contra mí hijo”, dijo Petro.En esa medida, Juan Sebastián Rondón, abogado de Burgos, le dijo al juez 54 administrativo de Bogotá que es necesario abrir el desacato contra Petro porque no acató el tiempo ordenado para la rectificación (40 días) y su publicación en X simuló el cumplimiento y, por el contrario, generó confusión.“... con el ánimo de causar confusión en la ciudadanía, y continuar con el suministro de información inexacta, el presidente de la República indicó que el doctor Mario Burgos “tiene investigaciones”, sin hacer ninguna precisión respecto a que estas son ajenas a la información que a él se le obligó rectificar. Esto es, ninguna de estas investigaciones están relacionadas con supuestos vínculos con el narcotráfico y/o el supuesto favorecimiento al señor Sebastián Marset en el marco del proceso penal adelantado por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci”, argumentó la defensa de Burgos.El abogado Rondón agregó que el fallo también instruyó que la rectificación se diera por medios televisados, algo que no hizo Petro y por ello, amerita el desacato solicitado.Finalmente, la defensa pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) o a la Presidencia de la República la información o el formulario de solicitud de alocución presidencial del 15 de octubre de 2025, para verificar las gestiones de cumplimiento.
El Gobierno nacional alista un decreto que modificaría los requisitos para ocupar los principales cargos de las superintendencias del país. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, propone eliminar las exigencias de formación académica y experiencia profesional que actualmente se requieren para ser designado como superintendente Financiero, de Sociedades o de Industria y Comercio.>> Lea también: Rechazan tutela por caso 'listas negras' a Dimayor, ¿habrá sanciones de Superintendencia?El argumento central del Ejecutivo es que estos son cargos de confianza del presidente de la República y, por tanto, no deberían estar sujetos a requisitos adicionales distintos a los establecidos para otros altos directivos del Estado.De acuerdo con el borrador del decreto, también dejaría de ser obligatorio realizar convocatorias públicas para la elección de los superintendentes. Asimismo, la propuesta elimina el período fijo de los superintendentes, en cumplimiento de una reciente sentencia del Consejo de Estado, que determinó que estos funcionarios pueden ser removidos libremente en cualquier momento."Los empleos de Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Financiero y Superintendente de Sociedades, son de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República", se lee en el decreto.El decreto, a falta de firmas, aclara que a los "superintendentes nombrados antes de la expedición del documento no se les exigirán requisitos distintos a los acreditados en el momento de su posesión".
La Cancillería colombiana aseguró que la expedición de pasaportes está garantizada pese a la controversia contractual promovida por la Procuraduría contra los convenios de cooperación suscritos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.Este jueves, el Ministerio Público pidió al Tribunal Superior de Bogotá la nulidad absoluta del convenio suscrito por un valor de $1,3 billones, con el que se busca ejecutar el nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes.Según la Procuraduría, son varios los incumplimientos: el contrato va en contra de la Ley 1150 de 2007 sobre la contratación con entidades internacionales, porque la Casa de la Moneda aportó sólo el 21 % del valor total frente al 50 % que exige la norma; además, no hay informes técnicos o de mercado que respalden el nuevo modelo.Justamente, dice la Cancillería que esa demanda corresponde a una controversia jurídica que aún tiene dos instancias adicionales para resolverse y, por el momento, no ha sido notificada oficialmente, por ello los convenios siguen en ejecución.“La existencia de un medio de control, en este caso una demanda, no impide en modo alguno que sigan en ejecución los proyectos, planes y programas relacionados con la expedición del nuevo modelo de pasaportes por parte de la Cancillería. A la fecha, la Imprenta Nacional y la Cancillería adelantan, sin contratiempos, todos los actos que fueron objeto de convenio interadministrativo para implementar el nuevo modelo de pasaportes”, reiteraron desde el ministerio.Finalmente, la Cancillería aseguró que el servicio de expedición de pasaportes continúa operando con total normalidad bajo el contrato vigente con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026. “No existe, ni existirá, desabastecimiento de libretas, y las medidas adoptadas garantizan la continuidad del servicio en todo el territorio nacional”, aseveraron.
El comandante de la Armada, almirante Juan Ricardo Rozo, aseguró que gran parte de los resultados contra el narcotráfico logrados por Ecuador se sustentan en información de inteligencia compartida de manera permanente, esto en medio del anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos.La cooperación naval entre Colombia y Ecuador ha sido constante y silenciosa, pero decisiva. Así lo afirmó el almirante Juan Ricardo Rozo, al revelar que buena parte de los resultados antidrogas reportados por la Armada del Ecuador tienen origen en información de inteligencia producida por autoridades colombianas y compartida de forma directa para operaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.Según explicó el alto oficial, existe una comunicación permanente entre las dos armadas, tanto a nivel de comandantes como de los equipos operativos y de inteligencia que trabajan en el seguimiento de rutas, embarcaciones y estructuras criminales ligadas al narcotráfico que operan en el Pacífico y en zonas fronterizas.“Gran parte de los resultados que da la Armada del Ecuador son con base a información de inteligencia que produce la inteligencia de la Armada colombiana, compartida con ellos para que juntos podamos avanzar contra el crimen organizado transnacional”, afirmó el almirante Rozo.El comandante de la Armada subrayó que esta coordinación no es esporádica, sino permanente, y que incluye intercambio de datos, análisis de amenazas y planeación de acciones operacionales contra redes criminales que no reconocen fronteras. “Nuestros hombres y mujeres de inteligencia y de operaciones están compartiendo información de manera continua”, señaló.Estas declaraciones se conocen días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia a partir del primero de febrero, argumentando una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.Rozo insistió en que la colaboración ha sido real, técnica y efectiva, y que los resultados operacionales obtenidos por Ecuador en incautaciones y desarticulación de estructuras criminales son una muestra concreta del trabajo conjunto basado en inteligencia compartida.
Pablo Bustos, abogado y en representación de la Red de Veedurías, le está pidiendo al Consejo de Estado a través de una demanda que declare la pérdida de investidura de 9 congresistas por su presunta vinculación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).La demanda fue interpuesta en contra de los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como de los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.Según Pablo Bustos, los congresistas habrían incurrido en las causales de tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades.Otro de los argumentos es que varios de los parlamentarios habrían gestionado o exigido contratos y cargos burocráticos en la UNGRD a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso, entre ellas reformas clave y la aprobación de operaciones de crédito público.Los hechos se sustentan, en parte, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía por el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes señalaron presuntos acuerdos irregulares para direccionar contratos por millonarios montos en distintas regiones del país.El documento también advierte que varios de los congresistas ya son investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio, y que algunos de estos procesos se apoyan en principios de oportunidad y preacuerdos suscritos con exfuncionarios del Gobierno.El alto tribunal deberá determinar si admite o no para su estudio esta demanda que busca la “muerte política” de los parlamentarios.
El narcotráfico aprendió hace años que el casco de un buque mercante es un escondite ideal. Lejos de las bodegas, de la tripulación y de los controles rutinarios, las organizaciones criminales comenzaron a usar el mar como aliado con cargas adheridas bajo el agua, ocultas en compartimentos técnicos o simuladas como parte de la estructura del barco. Son los “parásitos”, contaminaciones subacuáticas que viajan pegadas al buque sin dejar rastro visible desde la superficie.Uno de los métodos más frecuentes es la contaminación de las cajas de mar, compartimentos por donde ingresa el agua que alimenta los sistemas de refrigeración del motor, generadores y aires acondicionados.Allí, entre rejillas y tornillos, los criminales introducen tulas, cilindros y hasta cajas metálicas imantadas. También fijan cargamentos a las quillas de balance, estructuras metálicas delgadas que reducen el balanceo del buque, o a la parte plana del casco, utilizando imanes de neodimio, capaces de sostener grandes pesos sin moverse incluso en navegación oceánica.Otras modalidades incluyen la simulación de tuberías, compartimentos alterados en la pala del timón o cargas ocultas en zonas técnicas poco visibles. Los métodos evolucionan constantemente, obligando a las autoridades a perfeccionar sus capacidades de detección.En ese escenario entra en acción uno de los componentes más especializados de la Armada de Colombia, los buzos de inspección subacuática de la nueva Estación de Buceo y Salvamento, en Santa Marta, la cuarta en el país.La guerra contra el narcotráfico subacuático comienza en cubierta, antes del primer descenso. Los buzos realizan un chequeo exhaustivo de superficie, verifican que todo el equipo esté correctamente conectado, que los clips y cerrajes estén asegurados, que el regulador funcione sin fallas y que no existan fugas en las mangueras. Cualquier anomalía puede convertirse en una emergencia en el fondo. Solo cuando todo está confirmado, el buzo ingresa al agua.Antes de sumergirse por completo, se dirige al nombre del buque, visible en la proa o en la popa, y realiza un primer registro visual que deja constancia de la inspección. En superficie, el equipo de apoyo asume el control del tiempo, toman la hora exacta de ingreso y cronometran cada minuto de inmersión. Desde ese momento, el buzo queda bajo supervisión permanente.La inspección se realiza siguiendo un patrón definido. El recorrido puede hacerse de proa a popa o de popa hacia proa, dependiendo del plan. El objetivo es revisar la totalidad del casco, pero con énfasis en los puntos históricamente usados por el narcotráfico. La pala del timón, la hélice, el eje, las rejillas de las cajas de mar, las quillas de balance y el plano del buque son examinados centímetro a centímetro.En muchos casos, la droga no se ve de inmediato. El hallazgo comienza con señales casi imperceptibles: un tornillo rayado, una cabeza fuera de su posición original, pintura reciente sin vida marina, óxido distinto al resto del casco. La ausencia de verdín o sedimento marino delata una manipulación reciente. Una rejilla que ya no es equidistante, una marca de palanca o una pieza que no corresponde al diseño original despiertan la alerta.La experiencia del buzo es clave. Con entrenamiento constante, aprenden a “leer” el casco del buque y a detectar cuándo algo no encaja. No buscan solo droga: buscan indicios. A partir de una mínima alteración, se puede descubrir una tula completa adherida con imanes o un compartimento contaminado. Cada inspección es un ejercicio de observación extrema y memoria técnica.El recorrido completo puede tardar entre 30 y 50 minutos, dependiendo del tamaño del buque. Al finalizar, el buzo regresa a superficie y se consolidan los hallazgos. Si se detecta una contaminación, se activa una cadena de procedimientos e investigaciones.Aunque la Armada no define responsabilidades penales, su labor técnica es fundamental para que otras autoridades evalúen la participación del capitán, la tripulación o incluso del puerto donde pudo haberse producido la contaminación.Así, mientras el narcotráfico perfecciona sus métodos bajo el agua, los buzos de la Armada de Colombia afinan su capacidad para detectarlos. Es una guerra silenciosa, librada a varios metros de profundidad, donde una raya en un tornillo puede marcar la diferencia entre un cargamento que cruza el océano y otro que queda al descubierto en el fondo del mar.
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno nacional la adopción inmediata de medidas de protección para el sector arrocero, ante las afectaciones que están generando las importaciones de arroz blanco provenientes de Ecuador.En una comunicación dirigida a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural, el gremio manifestó su preocupación por el ingreso de arroz, tanto por vías legales como ilegales, situación que está perjudicando directamente a los productores colombianos.El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, plantea dos solicitudes principales. La primera es que el arroz sea incluido de manera indefinida en las medidas de retaliación comercial que adopte el Gobierno colombiano frente a recientes decisiones del Ejecutivo ecuatoriano.La segunda propuesta es el establecimiento de un puerto único de ingreso para el arroz, con el objetivo de fortalecer los controles y evitar el ingreso de importaciones informales por la frontera terrestre. De acuerdo con Fedearroz, este tipo de prácticas no solo evade los registros oficiales, sino que también representa riesgos sanitarios y facilita fenómenos como el contrabando y el lavado de activos.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) pidió al Gobierno nacional respetar los contratos de concesión viales vigentes, tras el anuncio de una posible terminación anticipada del contrato de Autopistas del Café.Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, una intervención unilateral sobre un contrato que está vigente y en pleno cumplimiento compromete la seguridad jurídica de la contratación pública.El pronunciamiento fue publicado este viernes a través de un comunicado publicado en la cuenta de X de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la entidad. Caicedo señaló que los contratos de concesión “son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”.El comunicado surge en medio del debate abierto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha planteado la posibilidad de terminar anticipadamente la concesión por el alto costo de los peajes de esta autopista, para que la operación y el mantenimiento de la vía pasen a manos del Estado. Sin embargo, hasta ahora no existe un acto administrativo que oficialice esa decisión y el contrato sigue vigente hasta el año 2027.El proyecto tiene siete peajes en sus 215 kilómetros de longitud, cinco de ellos en Caldas, lo que convierte a este departamento en uno de los que tiene mayor costo por kilómetro recorrido.Esta situación ha generado constantes quejas de los usuarios por el impacto en el precio de productos y mercancías. Además, han surgido debates con funcionarios públicos de anteriores periodos presidenciales, quienes han llamado la atención a la concesión por el valor de los peajes.Sin embargo, la CCI resaltó que Autopistas del Café tiene un cumplimiento contractual del 100 %, no ha requerido recursos públicos y ha ejecutado obras adicionales por más de 310 mil millones de pesos. También señalaron el aporte a sectores como el turismo, el comercio y la agroindustria, destacando que han generado más de 56 mil empleos directos e indirectos.El gremio hizo un llamado a los funcionarios públicos para que cualquier decisión se adopte dentro del marco constitucional, legal y contractual, teniendo en cuenta que este tipo de actuaciones tiene impactos fiscales y jurídicos para el país. Finalmente Ia CCI advirtió que terminar el contrato sin una causal legal podría representar cláusulas de compensación e indemnización a cargo del Estado.
Una tragedia ocurrió en zona rural de Tumaco. Siete muertos y ocho heridos dejó la explosión de un cilindro de gas dentro de una casa en la vereda Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco, corregimiento de Llorente, así lo confirmó el gobernador de Nariño a Blu Radio, Luis Alfonso Escobar.Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades."Lamentamos la muerte de estas personas y esto es materia de investigación. Hay que decir que estos hechos no tienen que ver con nada respecto a temas de conflicto armado", indicó el mandatario. Asimismo, se pudo conocer que solo han logrado ser identificado cuatro de las siete víctimas mortales de la explosión. Los cuerpos se encuentran en las instalaciones de Medicina Legal de Tumaco.Esta situación ha generado consternación en el departamento, mientras los heridos son atendidos y se espera un reporte oficial que determine si se trató de un accidente doméstico o un evento de otra naturaleza.En desarrollo.
El reinicio de la fumigación terrestre de cultivos ilícitos con glifosato en el Cauca ya fue notificado a las autoridades locales. En una carta enviada al alcalde de Argelia, Osman Duan Guaca Acosta, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía confirmó que a partir de enero de 2026 comenzarán las operaciones de erradicación en este municipio, uno de los principales enclaves cocaleros del país.La comunicación, firmada por el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, detalla que la intervención se hará en cumplimiento de la Resolución 01524 del 12 de diciembre de 2016, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la inclusión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT) dentro del Plan de Manejo Ambiental.Según el documento, la fumigación se realizará bajo un esquema de aspersión terrestre y estará acompañada por un plan ambiental que incluye siete programas específicos, además de un plan de contingencias y otro de abandono y restauración final. El objetivo, señala la Policía, es prevenir y mitigar posibles afectaciones derivadas de la intervención en terreno.“Cabe resaltar que el plan de manejo ambiental de las actividades de intervención a cultivos ilícitos, consta de siete fichas o programas, un plan de contingencias, un plan de abandono y restauración final (enunciados en el formato adjunto a este documento); los cuales tienen como propósito prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones en el desarrollo de las tareas específicas de esta actividad”, detalla la carta firmada por el director de Antinarcóticos.Argelia figura entre los municipios priorizados por la Policía Antinarcóticos para esta fase inicial. Allí se proyecta la aspersión de 960 hectáreas de cultivos de coca, en una zona marcada por la presencia de disidencias de las Farc y la disputa por corredores estratégicos del narcotráfico.La estrategia se extenderá a otros 16 municipios del Cauca, donde se han priorizado más de 8.647 hectáreas de coca. El Tambo encabeza la lista con 3.468 hectáreas, seguido por Piamonte, Timbiquí, López de Micay y Guapi, entre otros. Estas operaciones hacen parte de un plan del Gobierno de erradicación que apunta a intervenir casi 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que contempla, además de la aspersión terrestre, el uso de nuevas tecnologías como drones para ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso.La erradicación manual de cultivos de coca registró en 2025 uno de sus niveles más bajos de los últimos diez años. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre, en todo el país se erradicaron 8.051 hectáreas. El dato confirma una tendencia descendente que se ha profundizado en los últimos años y que marca un punto crítico en la lucha directa contra los cultivos ilícitos.
El presidente Gustavo Petro declaró insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, mediante el decreto 0055 del 22 de enero de 2026. Romero había asumido el cargo en junio de 2025 y su salida se conoció luego de que el propio exfuncionario la confirmara a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.En su pronunciamiento, Romero aseguró que deja la entidad “tranquilo, en paz y con la frente en alto”, y afirmó que, aunque fue retirado del cargo, “nunca” lo sacarán del corazón de los sobrevivientes del conflicto armado.El exdirector destacó que durante los siete meses y quince días que estuvo al frente de la Unidad vivió una experiencia que calificó como de “adrenalina pura”, en la que, según señaló, se evidenció el compromiso de su gestión como servidor público.Romero también sostuvo que, gracias al trabajo en equipo desarrollado durante su administración, las víctimas del conflicto armado “volvieron a creer en la institucionalidad”. En ese sentido, defendió los resultados de su paso por la Unidad y el vínculo construido con las comunidades víctimas a lo largo del territorio nacional.Tras la salida de Romero, el Gobierno designó mediante el mismo decreto a Breiner Rafael Osorio Pinto como nuevo director encargado de la Unidad para las Víctimas. Osorio Pinto es especialista en gestión pública y cuenta con una maestría universitaria en derechos humanos.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que encontró el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo; señalan que tienen confirmada su identidad. Según el grupo guerrillero, el cuerpo habría sido encontrado y su identidad verificada, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno colombiano.La guerrilla del ELN hace el anuncio a través de un comunicado en el que aseguran: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones.En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.Y agregan “El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional, donde fue Capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria”.Camilo Torres y el ELNEl sacerdote murió en 1966 en Patio Cemento, Santander, durante el primer combate en el que participó como miembro del ELN contra el Ejército colombiano.Su cadáver fue enterrado en un lugar que nunca se desveló y desde entonces se ha convertido en uno de los iconos de esa guerrilla y de los movimientos izquierdistas en América Latina a raíz de que el cantautor chileno Víctor Jara le dedicó una canción.Torres, nació en 1929 en Bogotá y ordenado sacerdote en 1954, estuvo fuertemente influido por la doctrina de la Teoría de la Liberación, fue cofundador de la primera facultad de Sociología de Colombia y del Frente Unido del Pueblo, un movimiento de inspiración marxista, antes de unirse al ELN.Su vidaNació en Bogotá en 1929 en una familia acomodada, pero desde joven se interesó por las desigualdades sociales. Fue ordenado sacerdote en 1954 y posteriormente estudió sociología en Europa, donde entró en contacto con movimientos sociales y políticos.A su regreso a Colombia, fue cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional. Se unió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de izquierda, en la década de 1960.Murió en combate contra el Ejército colombiano en 1966, poco después de haberse integrado a la guerrilla, y desde entonces se convirtió en un símbolo de la lucha social y política en la región.
La canciller, Rosa Villavicencio, sostuvo una conversación telefónica este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La llamada se dio en el marco de la reunión que tendrá lugar el 3 de febrero en la Casa Blanca entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Villavicencio señaló que al presidente Petro le darán todas las garantías de una visita de jefe de Estado."En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado", señaló la Cancillería en un comunicado.Es importante recordar que esta reunión se da tras varios episodios de tensión que se han presentado entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Uno de ellos se dio por las condiciones en la que eran transportados desde Estados Unidos los colombianos deportados. Otro por la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, también hubo tensiones por unas declaraciones de Petro sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.La Cancillería también confirmó los temas que serán abordados en el encuentro: "De igual forma, en la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. "La llamada fue descrita por las partes como muy positiva", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.Mientras tanto, el Departamento de Estado publicó un comunicado en el que, además de confirmar la llamada, detalla cuáles temas hicieron parte de la conversación: "El Secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con la Canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, para abordar prioridades compartidas, como los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y las iniciativas antinarcóticos. Ambos funcionarios hablaron antes de la próxima reunión bilateral presidencial de febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán impulsando temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia"