Un video que circula ampliamente en redes sociales desató una fuerte polémica luego de mostrar a un empleado de la cadena de restaurantes Frisby protagonizando un angustiante momento en plena plazoleta de comidas del centro comercial La Estación, en Ibagué. En las imágenes, el trabajador aparece visiblemente afectado, elevando la voz desde el mostrador y expresando su inconformidad por lo que presuntamente serían constantes situaciones de maltrato en su entorno laboral.La escena ocurrió ante decenas de clientes que se encontraban en el lugar y no tardó en generar reacciones en plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron diferentes opiniones.Entre lágrimas y con un tono de desesperación, el empleado manifestó: “Siempre hago bien mi trabajo, ¿por qué me humillan tanto? Estoy aburrido de cómo me humillan todos los días, a toda hora”, palabras que quedaron registradas en videos en redes sociales.Así respondió FrisbyTras la viralización del caso, Frisby se pronunció oficialmente a través de un comunicado en el que aseguró que activó de inmediato sus protocolos internos de atención. La empresa señaló que su equipo de Gestión Humana y Bienestar intervino para brindar acompañamiento tanto al colaborador involucrado como al resto del personal del punto de venta.“En Frisby S.A. BIC cumplimos con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno nacional y nuestros protocolos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”, indicó la compañía, al tiempo que resaltó que cuenta con canales formales de escucha activa para atender las inquietudes de sus empleados.La cadena de restaurantes no entregó mayores detalles sobre las causas que habrían originado el episodio ni sobre posibles medidas posteriores, pero reiteró su compromiso con el bienestar de sus colaboradores y con la construcción de entornos laborales sanos y respetuosos.
La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. En el documento, la entidad sostiene que las conductas atribuidas a González no cuentan con ninguna justificación legal y que tuvieron un impacto directo sobre bienes jurídicos protegidos por el Estado. Por esta razón, la Fiscalía le imputará los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.“Los comportamientos desplegados pusieron en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado. Se afectó de manera directa la administración pública y el orden económico y social”, indicó la Fiscalía en el documento.De acuerdo con el escrito, González habría participado en una serie de actuaciones irregulares que involucraron el manejo indebido de recursos públicos y la recepción de beneficios a cambio de su cargo. La Fiscalía aseguró que estas conductas se habrían desarrollado aprovechando su posición dentro del Estado, lo que agravaría su responsabilidad penal, además de “defraudar las expectativas depositadas por la sociedad” al haber desempeñado uno de los cargos más importantes del país, por ser considerado, en su momento, la mano derecha del presidente.El documento también señala que los dineros obtenidos de manera irregular habrían sido objeto de maniobras para ocultar su origen, lo que sustenta la acusación por lavado de activos. Para la Fiscalía, el conjunto de pruebas recolectadas permite inferir la participación activa del exfuncionario en los hechos investigados. En el escrito de acusación, el ente acusador relató uno a uno los hechos por los que será acusado González y en los que resultaron salpicados Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Iván Name, expresidente del Senado (2023-2024), y Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara.La audiencia de acusación fue fijada para el próximo 29 de enero, a las 8:00 de la mañana, y se llevará a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En esta diligencia, el alto tribunal escuchará formalmente los cargos y definirá el rumbo del proceso judicial.“El procesamiento de los dineros evidencia una estrategia para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilegal… Las pruebas recaudadas permiten inferir la responsabilidad penal del acusado. Los hechos investigados comprometen gravemente la confianza en las instituciones públicas”, se lee en el escrito de acusación.No obstante, el avance del caso se da en ausencia del acusado. Carlos Ramón González permanece actualmente en Nicaragua, país al que llegó tras solicitar asilo político. Según su equipo de defensa, el exdirector del Dapre no tiene intención de regresar a Colombia, incluso en el escenario de una eventual condena.A pesar de esta situación, el proceso continuará conforme a la ley, ya que la solicitud de asilo no suspende las actuaciones penales en Colombia. La Corte Suprema seguirá adelante con el juicio mientras se definen los escenarios jurídicos relacionados con la permanencia del acusado en el exterior.
Los ataques contra la infraestructura eléctrica en Colombia continúan en aumento. El Ministerio de Minas y Energía denunció que, en los últimos días, se registraron dos nuevos atentados en el suroccidente del país, hechos que agravan la situación de seguridad energética y afectan el funcionamiento del sistema eléctrico en el país.Según el ministerio, estos nuevos ataques coinciden con la suspensión de las exportaciones de energía hacia Ecuador, un panorama que ha generado presiones adicionales sobre la operación del sistema y ha encendido las alertas en el sector. El Ministerio recordó que desde diciembre de 2025 se vienen presentando ataques constantes a la infraestructura eléctrica, especialmente en el departamento del Cauca, una zona donde operan grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN.“El sabotaje a la infraestructura eléctrica no es solo un ataque contra torres, subestaciones o líneas; es un ataque directo contra las comunidades, contra los hogares, los hospitales, las escuelas y la economía regional”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ratificando que las consecuencias de estos actos criminales están afectando directamente a la población y, además, ponen en riesgo derechos fundamentales.Ante este escenario, el Gobierno nacional reforzó la seguridad física y operativa del sistema eléctrico, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Despacho (CND) y las empresas operadoras de red, especialmente en Cauca y Nariño, donde se concentran los ataques. A la par, avanzan los procesos de judicialización de los responsables, criminales que ponen en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad energética de toda la región.“Hemos reforzado la seguridad física y eléctrica de nuestra infraestructura estratégica y estamos trabajando sin descanso para restablecer el servicio en los puntos impactados, proteger los activos del sistema y avanzar en la judicialización de los responsables de estos atentados contra la infraestructura pública”, afirmó el ministro de Minas y Energía.Finalmente, el ministerio reiteró su compromiso con la seguridad energética del país, la protección del acceso a los servicios públicos y la defensa de una infraestructura clave para el desarrollo económico y la vida cotidiana de las comunidades del suroccidente colombiano.
Dos comerciantes fueron secuestrados en la zona rural del municipio de San José de Albán, en el norte de Nariño, por hombres que los intimidaron con armas de fuego cuando Miguel Ibarra y su hermana Rosalina regresaban de la ciudad de Pasto.Cristina Cabrera, esposa de Miguel Ibarra, dijo a Blu Radio que el rapto de los dos hermanos se produjo pasadas las 9:30 de la noche del sábado 24 de enero, en el sector del puente del Quiña, zona rural del municipio de San José de Albán.La mujer asegura que un hombre de la tercera edad que acompañaba a los hermanos Ibarra fue liberado horas más tarde y fue quien dio aviso a la familia.Según la esposa del comerciante, él y su hermana viajaban en una camioneta y, de acuerdo con el relato del testigo, fueron obligados a bajar del automotor y posteriormente los subieron a otro carro que partió con rumbo desconocido en el norte del departamento.Manifestó la señora Cabrera que los dos hermanos, luego de ser amenazados con armas de fuego, fueron obligados a subir a un vehículo que partió por una carretera destapada que conduce al municipio de El Tablón de Gómez, en el norte de Nariño, pero hasta este momento nada se sabe de su suerte ni mucho menos del paradero de los dos hermanos Ibarra.Los familiares de inmediato dieron aviso al Gaula de la Policía Nacional, que dispuso de un vasto operativo para lograr rescatar a los dos comerciantes.“Ellos no tienen enemigos, son trabajadores que siempre han ayudado a la comunidad y no tenemos los recursos para pagar un rescate si eso es lo que van a pedir”, dijo otro de los allegados a Miguel Ibarra, quien prefirió que su nombre se mantenga en el anonimato por temor a represalias.La angustia y el temor se apoderaron de los familiares de Miguel y Rosalina Ibarra, quienes pidieron a sus captores que les respeten la vida y los liberen inmediatamente sanos y salvos.
Las normas sociales están cambiando y con ellas la forma en la que las personas se relacionan, se comportan y conviven en distintos espacios, desde lo cotidiano hasta lo profesional.Ese ajuste en los códigos de comportamiento es lo que ha llevado a replantear el sentido de la etiqueta tradicional y a poner sobre la mesa un concepto que hoy cobra más fuerza: el saber estar, una mirada que prioriza la empatía, el respeto y la adaptación al contexto por encima de reglas rígidas. De este tema habló en En Blu Jeans María Paula Camacho, creadora de Etiquette, quien explicó por qué la etiqueta no ha desaparecido, sino que ha evolucionado.Camacho explicó que el rechazo actual tiene que ver con la forma en la que muchas personas crecieron asociándola a imposiciones y regaños. Sin embargo, aclaró que una cosa son las reglas rígidas y otra muy distinta los buenos modales, que —según dijo— no pasan de moda.La experta insistió en que hoy es más importante comprender por qué ciertos comportamientos son relevantes que memorizar reglas. Saludar al entrar a un lugar, hablar con respeto o comportarse con empatía son ejemplos de normas “silenciosas” que sostienen la convivencia, aunque a veces se olviden.También señaló que muchas prácticas se han relajado con el tiempo: desde poner los codos en la mesa hasta adaptar reglas dentro del hogar, como pedir que se quiten los zapatos, algo que hoy se entiende más desde el respeto que desde la rigidez.El “arte del saber estar”Uno de los conceptos centrales fue el del saber estar, que Camacho definió como la capacidad de ocupar el propio lugar sin incomodar a los demás, sin importar el contexto o con quién se esté. Para ella, el verdadero valor no está en seguir un protocolo perfecto, sino en lograr que quienes nos rodean se sientan cómodos.“Que la gente disfrute estar contigo”, explicó, es la base de este enfoque, muy lejos de la etiqueta entendida como jerarquía o distancia social.Sobre las nuevas generaciones, Camacho reconoció que enseñar modales es un reto, pero aseguró que el ejemplo pesa más que la imposición. A su juicio, los jóvenes hoy muestran una mayor conciencia por el cuidado del otro y los derechos ajenos, lo que también hace parte de los buenos modales.Finalmente, relacionó el comportamiento social con la marca personal, señalando que la forma de actuar comunica tanto como lo que se dice y puede abrir —o cerrar— oportunidades.Escuche la entrevista completa aquí:
En las últimas horas, la comunidad del corregimiento de San Antonio, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, alertó sobre la instalación de nuevas pancartas alusivas a las disidencias de las Farc que operan en esta zona rural del sur del departamento. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes aseguran que continúan expuestos a intimidaciones por parte de este grupo armado ilegal.Este nuevo hecho se registra pese a los anuncios realizados por las autoridades sobre el refuerzo de la presencia militar en la zona rural de Jamundí. Sin embargo, líderes comunitarios y residentes afirman que la presencia de las Fuerzas Armadas no es permanente y que las acciones de control no han logrado frenar esta situación.Uno de los habitantes del corregimiento expresó su inconformidad señalando que, tras un cierre de año sin la presencia visible de esta estructura armada, nuevamente aparecieron en San Antonio con la instalación de vallas y pancartas. “La pregunta es dónde está el Ejército que, según la gobernadora del Valle del Cauca, se encuentra desplegado en la zona rural. ¿Qué pasó con la intervención en la vía San Antonio–Villa Colombia, que se anunció para evitar que las disidencias siguieran presionando a la población civil?”, manifestó.En la pancarta instalada se observa un retrato dibujado de quien sería alias “Comandante Jhonier Toro Arenas”, acompañado del mensaje: “Tu historia se convirtió en camino y tu memoria en motor para quienes continúan la lucha con convicción y firmeza”. De acuerdo con los reportes ciudadanos, esta no sería la única pancarta ubicada en el municipio. Habitantes de otros corregimientos, especialmente en zonas de alta montaña, también habrían reportado la aparición de mensajes similares, lo que incrementa la preocupación por la expansión de este grupo armado en el territorio.Ante este panorama, la comunidad reiteró el llamado a las autoridades para que se acelere la construcción del batallón de alta montaña, una obra que consideran clave para garantizar una presencia permanente del Ejército y mejorar las condiciones de seguridad en la zona rural de Jamundí.
Con la llegada de miles de turistas a Medellín, los delincuentes activaron su actuar criminal y por ello es que en las últimas horas fue capturado un hombre en el municipio de Sabaneta luego de ser hallado en una vivienda con elementos para hacer falsificación de monedas.Aunque la alerta llegó a las autoridades por un posible secuestro, al llegar al sitio se encontraron con un complejo listo para producir billetes falsos de diferentes denominaciones, tanto de pesos colombianos como de dólares estadounidenses.En el lugar se encontraron máquinas contadoras de billetes, equipos de luz ultravioleta, sustancias químicas y prensas manuales con los que se fabricaba el dinero falso. "1.300 rectángulos con características similares a billetes de 50.000 y 222 similares para billetes de 100.000 en pesos colombianos, para un total de más de ochenta millones, así como 75 de moneda extranjera de 100 dólares, lo que es el equivalente a 7.500 dólares", informó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño.De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el dinero estaba listo para ser introducido masivamente en la economía del Valle de Aburrá aprovechando el auge económico que hay por los tres conciertos de Bad Bunny, mismos que han traído a miles de turistas nacionales e internacionales.Mientras que el hombre capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en Medellín y municipios vecinos invitan a la ciudadanía a verificar bien el dinero que recibe para evitar ser estafado por personas inescrupulosas.
El programa del sábado, 24 de enero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:En Orgullo País, se habló del emprendimiento que crea espacios pensados para talleres creativos a partir de un café.En Un columnista nos contó, se habló acerca de la dependencia de tener o no una pareja después de la mediana edad, e invita a no complicarse más de lo que debería.En el Tema Central, se habló con la creadora de La Etiquette María Paula Camacho sobre la elegancia, la etiqueta y lo que actualmente está "mal visto".En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del arroz.En Historias de Viajes, se habló del la evolución de La Serrezuela en Cartagena.Escuche el programa completo aquí:
No solo serán los 430 policías que, diariamente, están asignados a la seguridad del estadio Atanasio Girardot para los conciertos de Bad Bunny este fin de semana, el dispositivo en total contará con 1.400 uniformados más en otros puntos de alta afluencia de personas en el valle de Aburrá, a propósito de la llegada de 100.000 visitantes solo a Medellín.El refuerzo se suma a las 390 patrullas que realizan vigilancia permanente en los diferentes municipios del Área Metropolitana. Según lo previsto por las autoridades, el despliegue incluye apoyo de distintas especialidades, además de siete reacciones motorizadas distribuidas en el área metropolitana para atender requerimientos ciudadanos de manera rápida."El servicio contará con el apoyo de todas las especialidades de la Policía Nacional, incluyendo el helicóptero o balcón, sistemas aéreos no tripulados, los drones, nuestros carabineros, nuestros guías caninos, los cuales estarán desplegados estratégicamente. Adicionalmente se instalarán puestos de control fijos en los principales corredores viales", manifestó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que habrá refuerzo en los controles de ingreso por aeropuertos, con alertas como la Angel Watch, por ejemplo esta semana han sido inadmitidos un hombre y una mujer por tener registros de posibles agresores sexuales."Sin seguridad, no hay nada. Estamos haciendo los controles, y por supuesto que tenemos que seguir haciendo controles por toda la ciudad. ¿Qué le pido yo a la gente? Buen comportamiento. Y necesitamos que la gente también que venga respete la ciudad. Ese es mi llamado", señaló el mandatario.Finalmente, indicaron las autoridades, las Patrullas Púrpura realizarán acompañamiento en casos relacionados con violencia basada en género. A su vez, los grupos de Infancia y Adolescencia y de Protección al Turismo y al Patrimonio Nacional harán presencia en zonas turísticas, con acciones enfocadas en la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Las autoridades de salud del departamento del Tolima confirmaron que, en lo que va corrido del año 2026, se han registrado cuatro fallecimientos por fiebre amarilla, todos asociados a la negativa de las víctimas a vacunarse, una situación que mantiene en máxima alerta a los organismos sanitarios del departamento.Entre los casos más recientes se encuentra el de un menor de 17 años, quien falleció tras contraer el virus, lo que ha generado especial preocupación por el avance de la enfermedad y la resistencia de algunos sectores de la población a la inmunización.Brote activo en Chaparral y aumento de muertesEl rebrote más reciente se concentra en el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, donde también se ha reportado un incremento significativo en la muerte de monos, indicador clave de circulación del virus, y nuevos contagios en humanos.Según informó Jorge Carvajal, director local de Salud, el brote se reactivó desde mediados de diciembre de 2025, luego de varios meses de aparente control.“Durante tres o cuatro meses la situación estuvo estable, pero desde mediados de diciembre comenzaron nuevamente las epizootias, es decir, la muerte de monos, y aparecieron nuevos casos de fiebre amarilla en humanos”, explicó el funcionario.Las autoridades confirmaron contagios en al menos siete veredas del corregimiento de Calarma, donde se intensificaron las acciones de vigilancia epidemiológica.Muertes registradas entre diciembre y eneroDe acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud del Tolima, en diciembre de 2025 se reportaron tres fallecimientos:Un adulto de 79 años en ChaparralUna persona de 75 años en PradoUn hombre de 63 años en CundayEn enero de 2026, la cifra aumentó a cuatro muertes adicionales, entre ellas:Un menor de 17 años, procedente de Bogotá, fallecido en AtacoUna mujer de 32 años en CundayUn hombre de 29 años en CundayUn adulto de 58 años en IcononzoAutoridades insisten en la vacunaciónEl coordinador departamental de vacunación, Edgar Herrera Castro, fue enfático al señalar que las muertes están directamente relacionadas con la falta de vacunación.“Lamentablemente la gente no ha tomado conciencia. El virus sigue activo. En diciembre tuvimos muchos visitantes y muchos no llegaron vacunados, pese a todas las campañas de sensibilización”, indicó.Herrera explicó que actualmente el departamento cuenta con personal y logística disponibles las 24 horas, con jornadas de vacunación en:HospitalesColegios y universidadesVeredas y zonas ruralesEmpresas privadasJornadas puerta a puertaPreocupante resistencia a la vacunaEn municipios como Icononzo, las autoridades reportan que, pese a haberse aplicado cerca de 7.000 dosis, más de 900 personas se han negado a vacunarse, incluso firmando actas de desistimiento.El alcalde Hugo Nelson Jiménez advirtió que la resistencia está ligada a:Desinformación en redes socialesMitos surgidos tras la pandemia del COVID-19Creencias religiosas y culturales“El problema no es la falta de vacunas, es la negativa a protegerse. La fiebre amarilla mata, pero la vacuna salva”, afirmó el mandatario.Alerta regional y llamado urgenteLos municipios de Icononzo, Cunday, Ataco, Chaparral y Carmen de Apicalá permanecen en alerta máxima. Las autoridades reiteraron el llamado urgente a la vacunación, especialmente a residentes rurales y turistas que visitan la región.Pese a la emergencia, los municipios continúan abiertos al turismo, siempre y cuando las personas estén vacunadas, como medida clave para evitar nuevos brotes.Antecedente preocupanteCabe recordar que, en el primer semestre de 2025, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) confirmó la muerte de al menos 31 monos por fiebre amarilla en seis municipios del departamento, principalmente en Chaparral.Según la Secretaría de Salud Departamental, el Tolima concentra actualmente el 85 % de los casos de fiebre amarilla en el país, con un total de 132 contagios y un aumento reciente de fallecimientos, que pasaron de 48 a 52 en solo una semana, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
Las autoridades investigan el asesinato de una familia dentro de su vivienda en el municipio de Lérida, norte del Tolima, ocurrido durante la noche del viernes 23 de enero de 2026, un hecho que llamó la atención por las circunstancias en las que dos menores no se encontraban en el lugar.Según información preliminar de las autoridades, varios hombres armados ingresaron de forma violenta a la casa ubicada en el barrio Resurgir durante la madrugada. Una vez dentro, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, quienes dormían en sus habitaciones. Cuando la Policía llegó al lugar tras el aviso de vecinos que escucharon los múltiples disparos, encontró a tres personas heridas. Aunque se intentó trasladarlas a un centro asistencial, las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a la magnitud de las heridas de bala sufridas. Las autoridades identificaron a los fallecidos como John Anderson Vargas Izao, de 35 años; su esposa, Marta Zúñiga; y su hijo, Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años, todos integrantes de la misma familia. La Policía Nacional, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, asumió la investigación del caso. Equipos especializados adelantaron labores de inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos con el objetivo de esclarecer los motivos y responsables del ataque. Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas implicadas ni la ruta de escape utilizada por los agresores, aunque se presume que contaron con apoyo externo para planear y ejecutar el ataque sin ser interceptados. Entre las hipótesis que se manejan se considera la posibilidad de que el crimen esté relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión aún no ha sido confirmada y se mantiene como parte de las líneas de investigación iniciales. Un dato clave que surgió durante las indagaciones es que dos menores de edad que también vivían en la vivienda no estaban presentes al momento del ataque, ya que se encontraban en otro lugar acompañados por compañeros de colegio, lo que evitó que el número de víctimas fuera mayor.El caso motivó el despliegue de operativos de control y búsqueda por parte de las autoridades en distintos sectores del municipio y zonas cercanas, con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar en la investigación.
En entrevista exclusiva con Blu Radio, el alcalde del municipio de Vistahermosa, Juan Andrés Gómez, confirmó que los combates presentados recientemente entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc, encabezadas por alias Calarcá, han dejado un saldo de dos muertos y tres desaparecidos. Estos enfrentamientos se vienen produciendo desde el día de ayer en la vereda Laurel, sector de La Cooperativa en zona rural de Vistahermosa.“Al parecer es por el control del territorio, por cultivos ilícitos, así que hoy estamos muy preocupados porque la comunidad está en medio de este conflicto, los campesinos”, afirmó el alcalde.Gómez también confirmó que, para protegerse de los ataques del Ejército, las disidencias están utilizando a la población civil como escudo humano. “Eso prácticamente se volvió una metodología que vienen utilizando las disidencias y es coger prácticamente a los campesinos en la mitad del conflicto. Los campesinos siempre son utilizados en la mitad del conflicto para que hagan presencia y presión para que las tropas no puedan hacer su trabajo, y no es posible que hoy tengamos que vivir esas situaciones”.El alcalde le solicitó al Gobierno Nacional ayuda para que estos combates donde se está afectando la población civil cesen, y también confirmó que la comunidad se encuentra encerrada en sus casas. “Por eso le pedimos en este caso al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública, que nos ayude a que este conflicto cese en un municipio que tanto ha sufrido el conflicto como es Vistahermosa durante tantos años”.
En medio de la guerra arancelaria iniciada por Ecuador al imponer aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció, a través de su cuenta de X, que el Gobierno está abierto a reunirse con Ecuador, con la condición de analizar una política bilateral para el control de los puertos marítimos.“Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, aseguró el mandatario.Petro afirmó que la prioridad de Colombia ha sido la seguridad en la frontera y en los puertos, y recordó que se han capturado varios líderes de grupos criminales ecuatorianos. El presidente indicó que el crecimiento de las rutas de la cocaína por los puertos genera un problema de contrabando que puede desencadenar un dilema aún peor en términos de transporte hacia Estados Unidos.En este sentido, Petro informó sobre la instalación de un radar ultramoderno de seguridad aérea en Ipiales, Nariño, para detectar rutas aéreas de contrabando. De acuerdo con el mandatario, en su reunión con la delegada del Gobierno ecuatoriano, durante la inauguración del Centro de Coordinación de Inteligencias en Manaos, Ecuador aceptó la política “antimafiosa” que él propuso.La condición del presidente se conoce luego de que Ecuador informara este viernes, 23 de enero, que no podrá asistir a la reunión planteada por Colombia por compromisos con una misión de seguridad extranjera.
En Arauca, las autoridades lograron la captura de Brayan Esmit López, alias 'Guacho', integrante de las disidencias de las Farc, señalado de participar en el brutal asesinato de un líder comunal.Los hechos se registraron el 19 de mayo de 2024 en la zona rural del municipio de Tame. Según las investigaciones, alias 'Guacho' y varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de José Ricardo Calderón, líder comunitario y tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Nubes. Los delincuentes se movilizaban en dos camionetas, una gris y otra negra, y sin permiso sacaron a la fuerza al líder comunal de su hogar. Durante el traslado, le propinaron múltiples disparos que acabaron con su vida.El cuerpo del líder fue hallado aproximadamente una hora después por su esposa y otros familiares, en una carretera cercana, dejando conmocionada a toda la comunidad. Según las autoridades, el tesorero podría haber sido atacado por haber suministrado información sobre la presencia de este grupo armado ilegal en la región, una acción que habría desatado la represalia.Tras su captura, alias Guacho fue presentado ante un juez por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación. Se le imputaron cargos por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, entre otros delitos agravados. Aunque no aceptó los cargos, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.Este caso evidencia la amenaza que siguen representando las disidencias de las Farc en Arauca, un departamento que ha sido escenario de múltiples actos violentos en los últimos años. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa y reiteran su compromiso de proteger a los líderes comunitarios, garantizar la seguridad en las zonas rurales y desmantelar las estructuras criminales que afectan la convivencia y los derechos de los habitantes.
Migración Colombia negó el ingreso al país a una mujer de nacionalidad costarricense que llegó a Colombia por medio del Aeropuerto Internacional El Dorado, en un vuelo procedente de San José, capital de Costa Rica, tras detectar que representaba una grave amenaza para la seguridad nacional y para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.De acuerdo con información de investigación e intercambio internacional, la mujer tiene dos procesos penales abiertos en Costa Rica por los delitos de enriquecimiento ilícito y agresión con armas. Además, registra antecedentes relacionados con el reclutamiento de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Las autoridades establecieron que realizaba constantes viajes internacionales con el objetivo de captar víctimas, no para explotarlas en su país de origen, sino en el exterior.Según explicó la subdirectora de Control Migratorio, Juliana Rodríguez, los análisis adelantados por oficiales de Migración Colombia permitieron concluir que su ingreso al país constituía una amenaza grave para la convivencia ciudadana y, especialmente, para la garantía de los derechos de la niñez.Por su parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó que la entidad mantiene una posición firme frente a la trata de personas y reiteró que Colombia no será plataforma, refugio ni tránsito de redes criminales que vulneren la dignidad humana.Finalmente, la mujer fue inadmitida por razones de soberanía y seguridad nacional y no logró ingresar al país. La entidad reiteró que no existe margen de tolerancia frente al uso de la migración para cometer delitos y ratificó su compromiso con la protección de la niñez, los derechos humanos y la seguridad nacional.
La Procuraduría pide a las entidades públicas el cumplimiento de la Ley de Garantías, esto en medio de la polémica por el decreto del Gobierno nacional que anuncia la creación de 1.141 nuevos empleos temporales en el Ministerio de Trabajo. El organismo de control recordó que la norma prohíbe contrataciones estatales durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales y legislativas, período que empezó a regir desde el 8 de noviembre por los comicios para Congreso.“Estas medidas no implican la creación de nuevos requisitos, autorizaciones previas ni ampliaciones del período de aplicación de la Ley de Garantías, y la autonomía y discrecionalidad de los nominadores deben ejercerse conforme a la Constitución y la ley, sin afectar indebidamente la gestión del talento humano”, insistió la entidad.En este sentido, el ente de control solicitó a las entidades públicas, especialmente a los jefes de control interno, fortalecer las acciones de verificación y acompañamiento con el fin de evitar posibles sanciones que podrían desencadenar investigaciones y sanciones a la administración actual.Cabe resaltar que fuentes del Ministerio de Trabajo dijeron a Blu Radio que el objetivo es lograr el nombramiento de 300 a 500 personas antes del 31 de enero, cuando empieza a regir la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales. Sin embargo, la postura es polémica porque, de acuerdo con actores políticos, el Gobierno podría estar buscando “prebendas” ad portas de las elecciones, aunque la cartera insiste en que esta no es una decisión política.
La confirmación de que los restos del sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo se encuentran en Medicina Legal fue calificada como un hecho histórico para el país. Así lo aseguró en diálogo con Noticias de la Mañana el profesor Rodrigo Torrejano, investigador y especialista en memorias colectivas.Según explicó Torrejano, la aparición de los restos de Camilo Torres tiene un significado profundo al tratarse de una figura emblemática de la historia política, académica y social de Colombia, y porque su muerte estuvo rodeada durante décadas por la incertidumbre propia de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado.Para el investigador, el hallazgo de los restos representa un avance en la construcción de verdad, al estar directamente ligado a hechos del conflicto armado y al accionar del Estado en una época marcada por la violencia política.“Permite que la ciudadanía y la comunidad universitaria se reencuentren alrededor de su figura y reflexionen sobre las implicaciones de la violencia, las resistencias y los impactos del conflicto”, señaló Torrejano.Más que el relato del “cura guerrillero”El profesor insistió en que la figura de Camilo Torres ha sido reducida durante años al relato del “cura guerrillero”, desconociendo su aporte académico y social. Torres fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, profesor capellán y una figura clave en el desarrollo de las ciencias sociales en el país.Además, participó en procesos fundamentales como la creación de Juntas de Acción Comunal, impulsó debates sobre la reforma agraria desde el INCORA, dirigió la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y promovió, junto a Orlando Fals Borda, una visión de la academia comprometida con la transformación social.¿Qué pasará con los restos de Camilo Torres?Torrejano explicó que existe la posibilidad de que los restos de Camilo Torres reposen en la Universidad Nacional, donde ya existen espacios de memoria dedicados a su figura. En la capilla Cristo Rey reposan actualmente los restos de Orlando Fals Borda y María Cristina Salazar, y desde los años 70 hay una urna simbólica dedicada a Camilo Torres.De acuerdo con su investigación, dentro del campus universitario existen al menos 14 lugares de memoria que recuerdan a Camilo Torres, lo que convertiría su eventual sepultura en la universidad en un espacio para el debate, la reflexión y la construcción de paz.“Sería una oportunidad para que la comunidad universitaria dialogue sobre la violencia y la necesidad de transformaciones sociales profundas, algo en lo que Camilo siempre insistió”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
Total rechazo e indignación causó en el municipio de Algeciras, Huila, el asesinato del líder comunal Héctor Salazar Gaitán, hallado con impactos de arma de fuego al interior del establo para el ganado, en la finca de su propiedad ubicada en la vereda Santuario de esa localidad.Según información suministrada de manera oficial, la víctima, quien ejercía su función como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal en esa jurisdicción rural de Algeciras, salió de su casa a cumplir con sus labores de ordeño y horas después fue encontrado sin vida por sus familiares.El personero de Algeciras, Raúl Forero, en diálogo con Blu Radio, expresó su preocupación por el asesinato del dirigente comunitario y por los recientes hechos de violencia que se han registrado en ese municipio del departamento.“Para la personería municipal es de gran preocupación estos hechos de violencia que han venido afectando la seguridad y la tranquilidad de los algecireños. No cabe más sino rechazar profundamente estos homicidios y, por supuesto, el hecho de sangre contra la humanidad del señor Héctor. Lo que nos han informado es que el señor salió a hacer sus labores de campo, que no regresó a desayunar a su casa; luego fueron a buscarlo y lo encontraron tendido en el suelo”, relató el personero municipal.Entre tanto, las autoridades del orden departamental adelantaron un consejo de seguridad en Algeciras para analizar y tomar acciones urgentes frente a estos hechos de violencia que han afectado no solo al municipio, sino también a otras regiones del Huila.De acuerdo con datos oficiales, en Algeciras, Huila, se contabilizan cuatro homicidios en lo que va del mes de enero de 2026, y el más reciente caso ocurrió en la vereda Las Morras, donde un firmante de paz fue atacado por hombres armados y permanece en estado grave en un centro asistencial de Neiva, mientras que su esposa murió en el lugar tras ser impactada por varios disparos. No obstante, en el Huila va un registro de 40 asesinatos este año, en diferentes circunstancias.A propósito, según información oficial, un hombre identificado como Luis Vargas Zapata fue ultimado con arma de fuego en jurisdicción del centro poblado de Pacarní, en zona rural del municipio de Tesalia, en el occidente del departamento.
En la noche de este viernes se reportaron fuertes combates entre el Ejército y disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ en zona rural de Vistahermosa, Meta. El reporte preliminar de la Fuerza de Tarea Omega habla de dos disidentes abatidos y varios heridos. Por esta situación, varias familias están confinadas en sus casas y la Fuerza Aérea traslada más tropas para reforzar la operación.Pero la crítica situación también se registra en el departamento del Guaviare. En medio de ráfagas de fusiles quedaron varias familias confinadas en zona rural de Calamar.En imágenes que circulan en grupos de WhatsApp de estos departamentos quedó registrado el momento en que una líder narra cómo quedó encerrada en su casa durante el intercambio de disparos. La situación afecta a menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores.“Somos civiles, estamos en medio de la balacera con el helicóptero encima”, dice la mujer en un video.El Ejército confirmó que, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, llegan más tropas para controlar la situación.
Luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su preocupación por las grandes diferencias en las reglas de financiación entre las consultas presidenciales realizadas el 26 de octubre de 2025 y las programadas para el 8 de marzo de 2026, respecto a los topes y el valor de la reposición de votos, el Consejo Nacional Electoral explicó los criterios técnicos con los que se definieron estos valores.Mediante un comunicado, el CNE explicó que para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 se adoptó una regulación especial mediante la Resolución 12111 de 2025, fijando el valor de reposición del voto en $8.287 y un tope de gastos de $18.555 millones, como resultado de tomar los costos de la campaña de 2022 y actualizándolos con base en el IPC certificado por el Dane.La entidad precisó que para las consultas realizadas en 2025 no se estableció una regulación específica para las consultas presidenciales, sino un régimen general aplicable a todas las consultas, razón por la cual el valor de reposición por voto a nivel nacional fue fijado en $2.555 y el tope máximo de gastos en $6.080 millones.No obstante, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que este tratamiento diferenciado genera una brecha sustancial entre procesos que persiguen la misma finalidad democrática: la escogencia de candidatos presidenciales. Según el anexo técnico presentado ante la Octava Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la diferencia entre ambos regímenes implica un incremento del 224 % en el valor de reposición por voto y de más del 200 % en los topes de gasto para las consultas de 2026 frente a las de 2025.La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente las campañas políticas, pagando a los partidos, movimientos o coaliciones un monto de dinero por cada voto válido que obtienen, siempre y cuando hayan cumplido las reglas de gasto y reportado sus cuentas ante el CNE.En la práctica, la reposición de votos cumple dos objetivos clave: primero, realizar la financiación de la campaña de forma transparente y posterior a cumplir unos requisitos, y segundo, garantizar condiciones mínimas de competencia entre organizaciones políticas con distintas capacidades económicas.
Pese a las alertas por la situación económica y fiscal del país, el Gobierno nacional decidió ampliar la nómina estatal en el Ministerio de Trabajo, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías por elecciones presidenciales, que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto. A través del Decreto 052 del 22 de enero de 2026, el Gobierno autorizó la creación de una planta temporal de 1.141 nombramientos en esta cartera, una medida que ha generado cuestionamientos por su impacto sobre el gasto público.Según el decreto, los nuevos empleos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se concentran principalmente en el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales, en el marco de la implementación de la reforma laboral.“Ante la carga de trabajo que implica la implementación de la reforma laboral consagrada en la Ley 2466 de 2025, se hace necesaria la creación de una planta temporal encaminada al fortalecimiento de las funciones en materia de prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo”, se lee en el documento.Fuentes del Ministerio de Trabajo le confirmaron a Blu Radio que el Gobierno esperaba poder realizar 500 nombramientos, pero por el poco tiempo que hay estiman que al menos 300 cargos sean ocupados antes del 31 de enero, cuando entra en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de ir fortaleciendo la planta laboral para vigilar la implementación de la reforma.De acuerdo con la información conocida por este medio, no se aclara si la implementación de este decreto tiene tinte político. Lo que sí está confirmado es que el dinero para este fin ya estaba contemplado dentro del presupuesto del Ministerio para 2026. Se espera que el próximo gobierno realice los nombramientos faltantes según lo que deje esta administración.Del total de cargos creados, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que 123 serán profesionales especializados y otros puestos adicionales de nivel universitario. No obstante, la provisión de los empleos será gradual y dependerá de la disponibilidad presupuestal autorizada por el Ministerio de Hacienda.El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reforzar la capacidad del Ministerio de Trabajo para implementar la reforma laboral y cumplir estándares internacionales, como la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de contar con al menos un inspector por cada 10.000 trabajadores ocupados. Es decir que, teniendo en cuenta la última cifra de personas ocupadas anunciada por el DANE para el cierre de noviembre de 2025, se requieren 2.450 inspectores en el Ministerio de Trabajo para cumplir las recomendaciones de la OIT.Sin embargo, la medida se adopta en una coyuntura de emergencia económica, la caída de la reforma tributaria en el Congreso y un presupuesto de 2026 con un déficit superior a los 16 billones de pesos, lo que ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso de disciplina fiscal y el crecimiento del empleo estatal.Por esto, figuras políticas criticaron la medida. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el decreto, asegurando que esto evidencia un crecimiento de la burocracia sin beneficios visibles en áreas como salud, educación o seguridad. En la misma línea, el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas señaló que, lejos de aplicar recortes al gasto en un contexto de crisis fiscal, el Gobierno estaría inflando la nómina con miras al escenario electoral.Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que los 1.141 cargos se crean justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que “refuerza la percepción de una burocracia militante, marcada por la politiquería, en medio de una emergencia económica y un deterioro de las finanzas públicas”.
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, anunció que vuelve a ser candidato a la Presidencia. Así lo confirmó en una carta que envió a la Convención Nacional del Centro Democrático. Precisamente, Uribe Londoño cuestionó fuertemente a ese partido político, pues recordemos que lo expulsaron del proceso de selección de candidato presidencial."Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas", dijo Uribe Londoño.Uribe Londoño señaló que su hijo fue asesinado mientras defendía las ideas del Centro Democrático y que en el partido su magnicidio no tuvo trascendencia."Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar", se lee en la carta.Uribe Londoño había sido expulsadoEs importante recordar que Uribe Londoño fue expulsado del proceso de selección de candidato presidencial del Centro Democrático pues el abogado Abelardo de la Espriella dijo que Uribe Londoño le había dicho que iba a renunciar a su aspiración presidencial para adherirse a su campaña."Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido. No voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país. Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombiano", agregó Uribe Londoño en la carta que envió a la Convención del Centro Democrático.Uribe Londoño aún no ha dicho qué partido va a avalar su candidatura, sin embargo, es importante recordar que el pasado mes de diciembre el partido Demócrata Colombiano le ofreció al aval."Hemos enviado misiva al doctor Miguel Uribe Londoño reconociendo en su liderazgo la continuidad de las banderas de vida, libertad e institucionalidad que honró su hijo. Desde esa coincidencia, lo invitamos a continuar su camino presidencial de la mano de un proyecto que cree en unir", señaló en su momento el partido Demócrata Colombiano.
Un nuevo hecho relacionado con la presencia de artefactos explosivos se registró en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo. Un menor de 17 años de edad, identificado como Anderson Jesús Moreno, resultó gravemente herido luego de pisar un campo minado, lo que le ocasionó la pérdida de parte de sus extremidades.Tras la explosión, fueron los propios habitantes del sector quienes auxiliaron al adolescente y lograron sacarlo del área afectada, marcada por el riesgo de nuevos artefactos. El menor fue trasladado de urgencia al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.Luego del hecho, y gracias a información suministrada por la comunidad, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano fueron alertadas sobre la posible presencia de más explosivos en la zona. Técnicos antiexplosivos se desplazaron hasta la vereda Miramontes y confirmaron la existencia de dos artefactos adicionales, que fueron destruidos de manera controlada, evitando afectaciones a viviendas cercanas y a la población civil.Este caso se suma a otros episodios recientes de violencia con explosivos en el Catatumbo. En zona rural del municipio de El Tarra, un ataque con drones cargados con explosivos dejó una víctima mortal. Se trató de Yorfran Camilo Quintero, de 18 años, quien se encontraba en una finca de la vereda 20 de Julio. El joven vivía con su padre, Rubén Quintero Contreras, una persona en condición de discapacidad, a quien apoyaba en las labores del campo.Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades rurales para que informen de manera inmediata sobre la presencia de objetos sospechosos y eviten transitar por zonas no señalizadas, mientras continúan las operaciones de control y desminado en esta región del país.
La Fundación Universitaria San José informó que atendió los requerimientos de las autoridades competentes frente a hechos que han sido de conocimiento público y que fue la propia institución la que identificó y denunció un presunto fraude relacionado con el caso de Juliana Guerrero.Según indicó la universidad, una vez detectadas las irregularidades, se procedió a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, aportando los documentos necesarios para sustentar el caso y solicitar su avance en el proceso de esclarecimiento.Sobre este proceso, Francisco Pareja, fundador de la Fundación Universitaria San José, señaló: “Hemos sido víctimas”, al referirse a las irregularidades detectadas en el caso de Juliana Guerrero.La institución explicó que estas actuaciones se realizaron en el marco de su responsabilidad institucional y de conformidad con los procedimientos legales vigentes, con el objetivo de que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes.La Fundación Universitaria San José reiteró que continuará colaborando con las entidades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas derivadas de este caso.