En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Ejército destruyeron un complejo cocalero compuesto por tres laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca, una estructura que, según información de inteligencia, sostenía parte de las finanzas ilegales del frente ‘Luis Enrique León’ Guevara del ELN.La operación se desarrolló en la vereda La India, sector de Alto San Miguel, donde fueron ubicadas las infraestructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga. En el lugar, las autoridades hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos y combustible empleados en la producción del estupefaciente.Durante la intervención fueron incautados 385 galones de ACPM, 180 galones de gasolina, 110 galones de ácido sulfúrico y cerca de 375 kilogramos de insumos sólidos. También se inutilizaron equipos y maquinaria clave para la elaboración de la droga, dejando fuera de operación el complejo.De acuerdo con las autoridades, este centro de producción tenía una capacidad mensual cercana a los 600 kilogramos de pasta base de coca. La droga, una vez procesada, era movilizada por rutas que atravesaban territorio venezolano, con destino final en mercados de Estados Unidos y Europa.El valor de la infraestructura y del material destruido fue estimado en cerca de 295 millones de pesos, lo que representa un nuevo golpe a las economías ilegales del ELN en el Catatumbo, apenas días después de otras afectaciones millonarias registradas en la región.La zona de Alto San Miguel es considerada estratégica para el narcotráfico por su ubicación y las dificultades de acceso, condiciones que han sido aprovechadas históricamente por los grupos armados para instalar laboratorios y asegurar corredores de movilidad ilegal.
Mediante una carta publicada en la mañana de este lunes, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, le hizo varias recomendaciones al presidente Gustavo Petro de cara al encuentro bilateral que sostendrá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero en la ciudad de Washington.“Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él. Más bien se trata de dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente antinorteamericanas”, sostiene Gaviria.El documento subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza bilateral y abandonar posturas ideológicas o retóricas que han debilitado la alianza histórica con Estados Unidos.En el ámbito económico, la misiva cuestiona la validez de los argumentos de Petro sobre el déficit comercial con China, señalando que tales afirmaciones carecen de fundamento técnico y son contraproducentes. Gaviria subraya que Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares, y advierte que plantear a China como una alternativa estratégica es un error que socava la voluntad de mejorar la relación con la administración estadounidense. Asimismo, insta a que la política exterior sea pragmática y no se base en discursos ideológicos que alejen al país de sus verdaderos intereses, como ha ocurrido con las tensiones generadas respecto a Israel.“Debemos garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. La diversificación comercial es deseable, pero no puede construirse sobre discursos de un origen ideológico que nos alejan de nuestros verdaderos intereses, como tantas veces ocurrió a lo largo de su gobierno, invitando a países a romper sus relaciones con Israel y no encontrando ni siquiera una respuesta favorable a sus demandas, y que eso no le haya dado el mínimo beneficio a Colombia”, agrega el exmandatario.Respecto a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el documento alerta sobre el máximo histórico de 263.000 hectáreas de cultivos de coca y la duplicación de la productividad por hectárea. Gaviria critica la caída en la tasa de incautación y la disminución del 93 % en la erradicación manual, hechos que han deteriorado la cooperación en inteligencia y equipo militar con Washington. Ante esta situación, el expresidente hace un llamado directo a abandonar la política de paz total, por considerarla incompatible con los intereses nacionales y responsable de permitir que bandas criminales llenen vacíos territoriales.“Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados. La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”, se puede leer en la carta.Finalmente, Gaviria hace una advertencia sobre la situación con Venezuela, instando al presidente Petro a subordinar lo ideológico a la reconstrucción de la relación con Estados Unidos y a la seguridad nacional. Gaviria denuncia que el gobierno de Maduro es cómplice de grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc, y critica la “solidaridad e identificación” que el gobierno colombiano ha mostrado hacia dicho régimen. El texto concluye exhortando a adoptar una postura pragmática que apoye la visión de una “Venezuela libre y democrática”, basando la diplomacia en el respeto, las certezas y los resultados reales.
Una demanda presentada ante el Consejo de Estado puso en entredicho la legalidad de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo. La acción judicial fue interpuesta por los abogados Mauricio Pava , actual defensor del exministro Ricardo Bonilla y Nicolás Dupont Bernal, quienes solicitaron la nulidad de la resolución presidencial que dio origen a estas zonas y la suspensión provisional de sus efectos mientras se adopta una decisión de fondo.La demanda cuestiona la Resolución expedida por el presidente de la República, mediante la cual se establecieron tres Zonas de Ubicación Temporal en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y Tierralta, en Córdoba, con el propósito de facilitar la ubicación gradual y progresiva de integrantes de este grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo de 2026.Según el documento radicado, estas zonas fueron acordadas el 5 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, durante las conversaciones entre delegados del Gobierno Nacional y representantes del Clan del Golfo, en el marco del documento denominado “Compromisos de Paz en Doha”. Allí se pactó la creación de las ZUT como parte del proceso de conversación sociojurídico orientado al sometimiento a la justicia de esta estructura criminal.No obstante, los demandantes sostienen que, aunque la paz es un objetivo constitucional, no puede construirse al margen del orden jurídico. En el texto de la demanda se advierte que “la paz es un fin constitucional irrenunciable, pero no puede construirse al margen del orden constitucional. Cuando el Ejecutivo actúa sin sujeción a la ley, incluso con fines legítimos, se compromete el propio Estado de Derecho”. Con base en ese argumento, solicitan que se declare la nulidad de la Resolución por infracción de las normas en que debía fundarse y por falta de competencia.Uno de los ejes centrales de la acción judicial es que la creación de las ZUT y los beneficios asociados , como la suspensión de órdenes de captura para integrantes, no estaría respaldada por el andamiaje jurídico de la política de “paz total”, aprobada por el Congreso y avalada de manera parcial por la Corte Constitucional. A juicio de los demandantes, sin una ley de sometimiento en firme, el Ejecutivo no puede disponer de territorios donde se garantice un trato preferencial a estructuras armadas ilegales.La demanda recuerda que, para darle sustento jurídico a este tipo de negociaciones, el entonces ministro de Justicia radicó un proyecto de Ley de Sometimiento, que no ha sido aprobado. En ese contexto, los abogados advierten que no existiría una ley habilitante vigente que permita la creación de Zonas de Ubicación Temporal como las pactadas en Doha, menos aún en regiones como Chocó y Córdoba, que han sido históricamente epicentro de la acción criminal y del control armado del Clan del Golfo.“El Congreso de la República, y no el Ejecutivo, es el llamado a definir el marco normativo del sometimiento a la justicia y las condiciones bajo las cuales pueden establecerse Zonas de Ubicación Temporal”, señala el escrito. Y agrega que, al expedir la resolución sin ese respaldo legal, el presidente habría invadido una competencia exclusiva del legislador, actuando “en ausencia total de la ley habilitante requerida”.Ahora será el Consejo de Estado el encargado de analizar los argumentos de la demanda y decidir si decreta la suspensión provisional de la resolución mientras se resuelve de fondo la legalidad de las ZUT.
En menos de 24 horas, unidades del Ejército Nacional lograron la ubicación y destrucción controlada de ocho artefactos explosivos de alto poder en varias zonas estratégicas del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y el uso de explosivos improvisados.Las operaciones se desarrollaron en áreas rurales de los municipios de El Tarra, Tibú y Teorama, donde tropas especializadas en explosivos y desminado adelantaron maniobras para neutralizar los artefactos que habían sido instalados en corredores utilizados por la población civil y por las FF. MM.En Teorama, mientras se adelantaban las labores de verificación y destrucción, las tropas fueron hostigadas por integrantes del ELN, lo que derivó en un combate que se prolongó por cerca de una hora. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron afectaciones ni bajas en las filas del Ejército, y las operaciones continuaron una vez se aseguró el área.Según las autoridades, los artefactos destruidos corresponden a explosivos de fabricación artesanal y alto poder destructivo, diseñados para ser activados al paso de personas o vehículos, una práctica recurrente de los grupos armados ilegales que operan en la región.Las Fuerzas Militares indicaron que las maniobras de control territorial y desminado continúan en el Catatumbo, con el objetivo de ubicar y destruir de forma controlada otros artefactos que habrían sido instalados recientemente, ante el riesgo permanente que representan para la población civil.Estas operaciones se intensificaron tras el reciente caso ocurrido en área rural de Tibú, donde un menor de edad resultó gravemente herido al pisar un campo minado, perdiendo sus extremidades, un hecho que volvió a encender las alertas sobre el impacto humanitario del uso indiscriminado de explosivos en esta zona del país.
En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson llamó a la iglesia a recuperar la reverencia por la presencia de Dios, inspirándose en Juan 2:16: “No conviertan la casa de mi Padre en un mercado”. Explicó que Jesús actuó con celo santo al expulsar a los mercaderes del templo porque el lugar de adoración había sido contaminado por intereses egoístas, perdiendo su esencia espiritual. El pastor también enfatizó que la adoración no es un relleno dentro del culto, sino el camino que Dios estableció para entrar a su presencia. Recordó: “Entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza” (Salmos 100:4), señalando que el cuerpo, el alma y el espíritu deben alinearse para experimentar una verdadera comunión con Dios. “La alabanza es el sendero que Dios trazó para entrar a su presencia”, afirmó, advirtiendo contra la familiaridad irreverente que apaga la sensibilidad espiritual.Finalmente, Corson diferenció entre quienes consumen la iglesia y quienes son consumidos por ella: “Una cosa es ser consumidor, otra es que el celo por la casa de Dios te consuma”. Concluyó recordando las palabras de Jesús: “Destruyan este templo y en tres días lo levantaré” (Juan 2:19), señalando que la señal suprema del amor de Dios no es un espectáculo, sino la muerte y resurrección de Cristo, que llaman a una vida de entrega total y adoración genuina.Escuche la reflexión completa aquí:
La situación de orden público en el departamento de Antioquia vuelve a empeorarse y ahora son enfrentamientos entre el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo los que han causado temor y zozobra en la zona rural del municipio de Briceño.Autoridades departamentales confirmaron que los enfrentamientos comenzaron desde el 24 de enero y duraron varias horas, ocasionando que decenas de familias decidieran confinarse debido a los cruces de disparos. Además, Blu Radio pudo confirmar que dos familias ya salieron desplazadas hacia el casco urbano de Briceño.Ante la grave situación de orden público en este municipio del Norte antioqueño, autoridades locales y departamentales realizarán un Consejo de Seguridad Extraordinario para conocer más a fondo la situación y así emprender acciones de reacción inmediata para tratar de retomar el control territorial de la zona.A la espera de que se conozca un parte oficial por parte de la Alcaldía de Briceño, sigue la incertidumbre en este municipio debido a que versiones preliminares indican que el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' estarían emprendiendo estas acciones armadas por temor a que el Clan del Golfo le gane terreno.Hay que mencionar que estos enfrentamientos se dan cerca de 24 horas después de que las mismas disidencias de alias 'Calarcá' atacaran la base militar Bomboná del municipio de Anorí, este hecho en la subregión vecina del Nordeste antioqueño.
En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos enseña que muchas personas viven mostrando una fachada, mientras por dentro están quebrantadas y sin esperanza, pero Dios desea restaurar nuestra verdadera identidad a través de la sangre de Jesús. Recordó que fuimos creados “a imagen de Dios” (Génesis 1:27) y que esa imagen debe ser protegida espiritualmente con “el yelmo de la salvación” (Efesios 6:17). Castellanos explicó que el sacrificio de Cristo, incluso cuando “le arrancaron la barba” (Isaías 50:6), simboliza cómo Él restauró nuestra dignidad, rostro e identidad delante del Padre.El pastor también destacó que la vida cristiana no se limita a asistir a la iglesia, sino a vivir una transformación profunda que se expresa en fruto, crecimiento y discipulado. Citó a Pablo cuando dijo: “Lo que has oído de mí… encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2), y afirmó que “ser cristiano va más allá de congregarse; es centrado en discipular”. Para él, la bendición de Dios implica expansión, autoridad e influencia, nacidas de una vida renovada por Cristo.Finalmente, Castellanos abordó el poder destructivo de la culpa en el alma humana y cómo esta puede llevar a la desesperación, recordando que “ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” (Romanos 8:1).Escuche la reflexión completa aquí:
En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los oyentes a comenzar el día “en Dios, pensando en Él, buscándolo a Él”, recordando que la fe se cultiva en el silencio, la oración y la escucha atenta de la Palabra. Inspirado en el Salmo 26, proclamó: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?”, subrayando que la vida espiritual auténtica conduce a la confianza, la esperanza y la santidad. Para el prelado, estos espacios de encuentro con Dios fortalecen el alma y orientan el corazón hacia el camino de la gracia.Al meditar el Evangelio de Mateo, monseñor destacó el llamado de Jesús a los primeros discípulos a orillas del lago de Galilea, cuando les dijo: “Síganme y los haré pescadores de hombres”. Resaltó que Cristo entra en la vida cotidiana, en el trabajo y en las ocupaciones humanas, para transformarlas en lugar de salvación. “El seguimiento de Cristo siempre pide dejar atrás realidades importantes”, afirmó, no porque sean malas, sino porque Dios debe convertirse en “el gran tesoro, la perla escondida” que da sentido pleno a la existencia.Finalmente, recordó que Jesús no solo enseñaba, sino que también sanaba, mostrando que la cercanía con Dios restaura integralmente al ser humano. “La relación con Cristo sana la vida, cura la vida, restaura la vida”, expresó, invitando a comprender la fe como fuente de salud espiritual, esperanza y alegría. Concluyó animando a los fieles a acercarse a Dios con confianza, seguros de que en Cristo encuentran vida plena, misión y salvación.Escuche la reflexión completa aquí:
La madrugada del pasado jueves, una lamentable noticia golpeó a Bogotá, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida de Adrián Mathías Pinzón Calvo, un niño de tan solo 9 años que había sido reportado como desaparecido el 17 de enero en Ciudad Bolívar. Junto al menor también fue encontrado el cuerpo de su padre, Marco Antonio Pinzón, en inmediaciones de la iglesia Los Laches, en el centro de la capital colombiana.El caso, que mantenía en vilo y con preocupación a familiares y allegados, dio un giro devastador cuando las labores forenses confirmaron la identidad de ambos cuerpos.Hallazgo de Adrián Mathías en Bogotá: claves del casoSegún la información revelada por las autoridades, el hallazgo se produjo en la madrugada del 22 de enero, tras varios días de búsqueda. Adrián Mathías había salido con su padre luego de un permiso concedido por su tía materna, quien tenía la custodia legal del niño.Desde ese momento, se perdió todo rastro de ambos. Los teléfonos celulares fueron apagados y no se registró ninguna comunicación con la familia, situación que encendió las alertas y llevó a interponer la denuncia por desaparición ante las autoridades competentes.Hipótesis del crimen: homicidio y suicidioLas primeras hipótesis que manejan los investigadores indican que el padre de Adrián habría asesinado al niño con un disparo en la cabeza y posteriormente se habría quitado la vida con la misma arma, disparándose en el pecho. Esta versión continúa bajo investigación, mientras avanzan los análisis judiciales y forenses.Los antecedentes del caso apuntan a un contexto familiar complejo. De acuerdo con familiares maternos del menor, el hombre atravesaba una profunda crisis emocional tras una ruptura sentimental. Incluso, había estado internado por problemas psiquiátricos y, en varias ocasiones, habría amenazado a su expareja con causarle daño al niño.Se conoció que la madre de Adrián Mathías reside en Estados Unidos y que, tras la separación, Marco Antonio regresó a Colombia con su hijo en octubre de 2025. Desde entonces, su situación emocional se habría deteriorado de manera progresiva.Los familiares aseguran que existían advertencias previas sobre el riesgo que corría el menor, lo que hoy abre serios interrogantes sobre la protección efectiva de los niños en contextos de conflicto familiar y salud mental.
Nuevamente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) está convocando a protestas para el próximo martes, 14 de octubre, que se realizarán con el fin de exigirle a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma pensional, al Senado la aprobación de la reforma a la salud y al Gobierno nacional le están exigiendo presentar lo más pronto posible el proyecto de ley orgánica del Sistema General de Participaciones.“La Central Unitaria de Trabajadores, convoca a todas las subdirectivas CUT y a todos los sindicatos nacionales a participar activamente en los plantones programados para el día martes, 14 de octubre, a las 10:00 de la mañana frente a la Corte Constitucional en Bogotá, y en el resto del país frente a los palacios de justicia en los horarios que cada subdirectiva estime más convenientes”, se lee en el comunicado de la CUT.Cabe recordar que en distintas ocasiones el presidente Gustavo Petro ha atacado al presidente de la Corte Constitucional, calificándolo de fascista y aliado de la oposición al no querer aprobar las reformas de su Gobierno.A esto se le suma la convocatoria de la CUT, que es aliada del Gobierno nacional y que busca generar presión a la aprobación de los proyectos de reforma.Lo que preocupa es que, en la convocatoria, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, invitó a que la manifestación sea masiva, disciplinada y combativa, con el fin de, según él, “enviar un mensaje de respaldo popular a las reformas”.
Una de las decisiones más importantes que tiene en sus manos la Corte Constitucional es determinar la constitucionalidad de esta ley, una de las iniciativas bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Blu Radio conoció que, en las últimas horas, el magistrado Ibáñez presidente de la Corte radicó su ponencia de fallo. Además, el debate se realizará el próximo martes al interior del alto tribunal.Esta reforma, sin duda, ha marcado el pulso entre la Corte y el Gobierno. Incluso, le ha costado varias críticas y señalamientos al magistrado Ibáñez por las pruebas que ha solicitado durante el estudio de la ley.Todo comenzó en agosto de 2024, cuando fue admitida la demanda interpuesta por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien pidió tumbar la reforma argumentando que hubo vicios de trámite durante su paso por el Congreso.Durante más de un año ocurrieron varios hechos, pero fue en junio de 2025 cuando la Corte tomó una decisión clave: devolver la reforma a la Cámara de Representantes al encontrar un vicio en su aprobación.A partir de ese momento, el Gobierno, mediante decreto, convocó a sesiones extras para que la Cámara subsanara el error. La polémica surgió luego con las actas de esas sesiones, pues varios congresistas denunciaron irregularidades en su elaboración.El despacho del magistrado Ibáñez tuvo que solicitar en varias ocasiones esas actas, e incluso dio un ultimátum a la Cámara, que pidió prórrogas para enviar la documentación necesaria y así continuar con el estudio del caso.En las últimas semanas, con los cambios en la Corte tras la posesión de nuevos magistrados, el recién llegado Carlos Camargo presentó un impedimento para no participar en el debate, argumentando un posible conflicto de interés. Sin embargo, el pasado 1 de octubre, la Sala Plena declaró infundado el impedimento, por lo que Camargo podrá participar en la discusión de la reforma.Aún están pendientes dos recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, ternado por el presidente Gustavo Petro y quien fue su abogado personal durante varios años.La primera recusación fue presentada por el concejal Daniel Briceño, quien argumenta que Carvajal firmó contratos con Colpensiones, lo que le impediría participar en el estudio de la ley.La segunda, radicada por la senadora Paloma Valencia, plantea argumentos similares y también busca que Carvajal sea apartado del debate.Lo cierto es que ya hay ponencia de fallo, y el martes 14 de octubre la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá para debatir el futuro de esta reforma.Además, la senadora Paloma Valencia le pidió al magistrado Ibáñez que requiera a Colpensiones los conceptos jurídicos que el magistrado Carvajal habría emitido sobre la constitucionalidad de la reforma cuando tenía un contrato con esa entidad.Esta solicitud llega a la Corte pocos días después de que Valencia recusara al magistrado Carvajal, argumentando que esos documentos son fundamentales para sustentar su petición de apartarlo del debate.Según la congresista, los contratos de prestación de servicios firmados entre Carvajal y Colpensiones en 2024 y 2025 incluyen informes de supervisión en los que se certifica que el hoy magistrado rindió los conceptos jurídicos cuestionados.“De tal forma que la corporación cuente con la totalidad del soporte probatorio necesario para apartar al magistrado Carvajal del proceso”, se lee en la solicitud enviada por Paloma Valencia.
El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que el organismo evaluará declarar la alerta de "impacto nacional" sobre la posible pérdida de recursos en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems, por un valor de 32 millones de dólares, debido a que se realizó el desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato, pero el avance físico llega al 8 % aproximadamente.El contralor agregó que el caso no solo representa un riesgo financiero, sino también operativo para la fuerza pública: “Este es un tema de impacto, no solamente por el monto de los recursos, sino también por lo que lleva implícito para el tema de seguridad”.El contralor confirmó, además, que en su reunión con representantes de Vertol Systems reconocieron “serias dificultades financieras” para cumplir con el cronograma de mantenimiento pactado.Por este motivo, el ente de control evaluará la situación el próximo 15 de noviembre, fecha en la que termina el contrato, y esperan se tomen medidas para que no haya detrimento patrimonial, considerándolo complicado, o que, eventualmente, el detrimento no sea mayor.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que en las próxima semanas recibirán bienes y servicios por 5.4 millones: “Han recibido ya bienes y servicios por 2.6 millones de dólares. Nos han informado que se espera que en los próximos días o semanas se reciban 5.4 millones de dólares más (…) Eso completaría aproximadamente unos 8 millones de dólares de los 16 millones de dólares de los que ya se hizo un pago anticipado”.Sánchez afirmó que en caso de un incumplimiento definitivo, tendrían que emplear capacidades de otros helicópteros y otras modalidades de transporte logístico para garantizar la operatividad y el ritmo operacional de la Fuerza Pública, junto a otras investigaciones.“Otros procedimientos que se están adelantando, que son investigaciones con la Procuraduría, con la Contraloría, pero también al interior del sector defensa para tomar las decisiones a que haya lugar”, concluyó el ministro.
La discusión sobre las alocuciones presidenciales vuele sobre la mesa, el Consejo de Estado protegió el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de las alocuciones presidenciales por parte del presidente Gustavo Petro.El alto tribunal consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura.En el fallo, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, advierte el Consejo de Estado que la figura de la alocución presidencial “solo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales y urgentes”, como desastres naturales o alteraciones graves del orden público.Sin embargo, el presidente la habría empleado de manera permanente e ilimitada, afectando la libre elección de contenidos por parte de los televidentes.El Consejo de Estado amparó los derechos de los demandantes Nelson Martínez , Miguel Uribe Turbay, Mauricio Aragón, Mauricio Trujillo Riascos, Samuel Ortiz Mancipe y Sandra Mancipe Mesa, quienes alegaron que las frecuentes transmisiones interrumpían la programación regular de los canales y restringían su acceso a información diversa.Entre las órdenes que profirió el Consejo de Estado es, primero, ponerle la lupa al uso de las alocuciones presidenciales únicamente a hechos de urgente y manifiesta trascendencia pública.Además, evitar transmisiones prolongadas o reiteradas que interfieran con la programación habitual de los medios y ordenar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adoptar antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio para garantizar el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.“La alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes […] La alocución presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. […] La situación alocución debe ser limitada temática y temporalmente”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.
"Si no tomamos medidas urgentes, estaremos ad portas de repetir un racionamiento como el vivido en el año 1992", con estas palabras la presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez alertó en una carta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre la crítica situación que puede vivir el sector en medio de las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno sobre el funcionamiento del cargo por confiabilidad.¿Qué es lo que pasa con la energía en Colombia?El margen de maniobra del mercado eléctrico se está agotando y cada vez hay menos diferencia entre la energía que producimos y la que necesitamos. Incluso, la Contraloría ha venido advirtiendo sobre el riesgo de un agotamiento del sistema si no entran a operar nuevos proyectos de generación de energía.El Gobierno ya convocó a una subasta de cargo por confiabilidad para que nuevos proyectos entren a operar, pero esas subastas se van a dar bajo nuevas reglas que han sido ampliamente criticadas por la industria y que, según Acolgen, pueden comprometer el éxito de la subasta. Por ejemplo, el hecho de que el valor de los pagos del cargo no es el mismo para todo el mundo, sino que depende del tipo de tecnología, entre otras medidas."Expertos Comisionados de la CREG, el regulador tiene hoy una responsabilidad histórica. Corregir estas decisiones antes de la subasta no solo es técnicamente lo correcto, sino que es la vía para garantizar solvencia, dar señales coherentes a la inversión, y permitir la continuidad del servicio sin sobresaltos para los usuarios", señaló Gutiérrez.Acolgen pide que exista un solo cargo por confiabilidad, que se retire la propuesta de una remuneración diferenciada entre plantas existentes y nuevas y que se publiquen los análisis de impacto normativo. Una de las críticas centrales sobre las nuevas medidas para la industria es que se tomaron sin tener en cuenta los impactos sobre el sector y sin análisis robustos que demostraran técnicamente su conveniencia.Las medidas hacen parte de la estrategia del Gobierno para el sector eléctrico que incluye limitar las ganancias del sector privado en un contexto en el que la administración actual cree que las generadoras de electricidad y las grandes empresas del sector se han estado enriqueciendo a costillas de los usuarios.
Una nueva jornada de combates entre el Ejército Nacional y disidentes de las FARC, pertenecientes al grupo de alias Calarcá, estremeció el pasado fin de semana al municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta. En medio de la tensión y los reportes iniciales de crisis humanitaria, el alcalde Juan Andrés Gómez aseguró que no se registraron víctimas ni desaparecidos civiles, pese a la cercanía de los enfrentamientos con zonas pobladas.“Gracias a Dios no tuvimos ningún civil muerto, no hubo ningún desaparecido. Se tenía información al respecto, pero las personas fueron encontradas. El balance ha sido positivo porque los campesinos se encuentran bien”, afirmó Gómez en diálogo con Mañanas Blu.Combates en la vereda LaurelSegún el mandatario, los enfrentamientos se registraron en la vereda Laurel, una zona rural ubicada a tres horas del casco urbano de Vistahermosa. Allí se produjeron choques entre las tropas del Ejército y las disidencias del frente de Calarcá, dejando como resultado dos muertos pertenecientes a ese grupo armado.Durante varias horas de la noche del viernes, habitantes de la vereda grabaron y difundieron videos que mostraban la intensidad de los combates y el temor generalizado entre la población. Gómez explicó que “las balas pasaban por los techos de las viviendas”, lo que llevó a muchos campesinos a resguardarse mientras se escuchaban helicópteros y detonaciones.“El enfrentamiento duró un par de horas en la noche. Las personas estaban muy asustadas, llamaban preocupadas por los ruidos y los sobrevuelos. Pero, como reitero, no hubo civiles afectados”, insistió el mandatario local.Investigación y presencia militar en la zonaEl alcalde Gómez señaló que al día siguiente de los combates, el Ejército permanecía en la zona a la espera de una orden de allanamiento para ingresar a una finca donde, según versiones, podría encontrarse un cabecilla de las disidencias. Sin embargo, la operación no se concretó.“La Fiscalía no dio la orden de manera oportuna, por lo que el Ejército tuvo que retirarse del lugar”, explicó. Añadió que campesinos de la zona se acercaron con preocupación al sitio, lo que aumentó la tensión entre la comunidad y las fuerzas militares.Gómez aclaró que, tras los hechos, el orden público fue restablecido y que no se registró confinamiento de la población rural. “Dimos un consejo de seguridad con presencia del coronel encargado de la misión y se confirmó que no hubo heridos ni civiles afectados”, aseguró.Reaparición de las disidencias de CalarcáEl alcalde reconoció que la presencia de las disidencias en el sur del municipio no es nueva. Vistahermosa, antigua zona de distensión durante las negociaciones de paz del gobierno Pastrana con las FARC, ha sido históricamente escenario del conflicto armado.“En estos momentos, en el casco urbano no tenemos presencia de grupos armados, pero en la zona sur —que comunica con La Macarena— siempre ha habido presencia de disidencias”, explicó.El mandatario aprovechó la entrevista para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio. “Necesitamos que el Estado mire hacia Vistahermosa. Aquí en el casco urbano contamos con apenas 15 policías y en la zona rural el número de tropas es muy reducido. Nos toca con lo poquito que tenemos hacer presencia y proteger a la comunidad”, dijo Gómez.Temor y resiliencia entre los campesinosAunque la calma ha retornado momentáneamente a la vereda Laurel, el miedo persiste entre los habitantes rurales, quienes viven con la incertidumbre de nuevos enfrentamientos. El alcalde reconoció el sentimiento de zozobra, pero destacó la valentía de la población campesina que, a pesar de las amenazas históricas del conflicto, permanece en su territorio.
El presidente Gustavo Petro, manifestó este sábado su disposición a reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyas diferencias dieron pie a la imposición de aranceles del 30 % en el comercio bilateral."Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en un escrito en su cuenta de X.El mandatario colombiano agregó que "los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo".El mensaje de Petro se produce en momentos en que los dos países están también a la espera de una posible reunión la próxima semana de las cancilleres Rosa Villavicencio, de Colombia, y Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, para buscar salidas a la guerra arancelaria abierta por Noboa.El mandatario ecuatoriano anunció el miércoles que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.El Gobierno respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Resultados en guerra contra las drogasPetro insiste, con cifras en la mano, en que no ha bajado la guardia en la lucha contra el narcotráfico, cuyas bandas "crecen en Ecuador" y "han sumido a nuestro hermano país en la violencia", según dijo hoy, y añadió que hay que "establecer un férreo control" sobre los insumos para la producción de fentanilo que entran por los puertos del Pacífico."El desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador, trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína", agregó.En ese sentido, el mandatario colombiano recordó que su Gobierno se ha esforzado para que haya "una fuerte coordinación de fuerzas militares y policías, y fundamentalmente de la inteligencia entre Ecuador y Colombia".Según datos del Gobierno, las incautaciones de cocaína hechas en conjunto con Ecuador pasaron de 86.786 kilos en 2023 a 132.354 en 2024 y subieron a 195.862 en 2025."Me reuní con la delegada del Gobierno ecuatoriano en la inauguración del centro de coordinación de inteligencias que se inauguró en Manaos y aceptaron del lado ecuatoriano esta política de mayor acción antimafiosa", recordó hoy Petro sobre el encuentro que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en esa ciudad brasileña, con motivo de la apertura del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía.Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros donde operan grupos de narcotraficantes y también guerrilleros, y ambos países tienen puertos en el Pacífico que son utilizados por las mafias para sacar drogas con destino a Estados Unidos y Europa.
La relación de Colombia con Estados Unidos cumple un año de crisis y sobresaltos por diferencias entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en diversos aspectos y con la expectativa de una mejora a partir de la reunión que sostendrán el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.El segundo mandato de Trump no tuvo luna de miel con Petro porque el 26 de enero de 2025, tan solo seis días después de la investidura del republicano, el presidente colombiano no permitió la entrada al país de dos aviones con deportados de Estados Unidos bajo el argumento de que, al venir esposados, no recibían un trato "digno".Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes."El 2025 dejó una conclusión clara: la relación Colombia-Estados Unidos es estratégica y resiliente; las tensiones hacen ruido, pero no rompieron los cimientos. El episodio del 26 de enero confirmó precisamente eso: cuando hay fricción, lo determinante es que existan canales formales, interlocución y capacidad de desescalar para que lo político no termine afectando lo económico", dijo la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Mantener una buena relación con Estados Unidos es fundamental para Colombia ya que ese país es su principal aliado en materia de seguridad y defensa y su mayor socio comercial, con el que desde mayo de 2012 tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC).En 2024 el intercambio de bienes y servicios ascendió a 53.300 millones de dólares, producto de exportaciones estadounidenses por 28.300 millones de dólares e importaciones desde Colombia de 25.000 millones de dólares, para un superávit de 3.300 millones de dólares a favor de EE.UU., según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos."Entre enero y noviembre de 2025, Estados Unidos siguió siendo el principal socio comercial, con exportaciones colombianas por 13.498,8 millones de dólares (30 % del total), y se mantuvo como el principal inversionista histórico, con 3.375,4 millones de inversión a tercer trimestre (37 % del total recibido en el periodo)", agregó Lacouture.Críticas y sancionesSin embargo, tras la crisis del 26 de enero, la relación, lejos de mejorar, enfrentó nuevas turbulencias por las constantes críticas de Petro a Trump sobre diversos asuntos, desde la campaña militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, hasta el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro, pasando por diferencias sobre la guerra en Gaza y la cuestión palestina.A mediados de septiembre, por diferencias sobre los resultados de la guerra contra las drogas, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cumplen sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, comúnmente llamada 'certificación', y días después le retiró el visado a Petro.La razón fue la participación del mandatario colombiano en una manifestación propalestina en Nueva York donde, según el Departamento de Estado, "se dirigió a los soldados estadounidenses (...) instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".El mayor golpe a Petro, calificado por Trump como "líder del narcotráfico", se lo dio el Departamento del Tesoro el 24 de octubre al incluirlo junto a su esposa Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y el ministro colombiano de Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton'.El tono de la discusión entre los mandatarios aumentó tras la captura de Maduro y, cuando parecía que todo iba a peor, el pasado 7 de enero Trump aceptó una llamada telefónica de Petro que rebajó la tensión y acordaron una reunión el mes próximo en la Casa Blanca, la primera entre ambos."Tenemos mucha esperanza de que esta reunión del 3 de febrero salga bien para beneficio de Colombia y de los Estados Unidos y que normalicemos nuestro relación diplomática, política y comercial, y podamos contribuir a resolver los problemas y combatir el enemigo común, que es el narcotráfico", dijo a EFE el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina.Ese encuentro ha provocado mucha expectación en Colombia, donde la prensa y la opinión pública se preguntan qué puede plantear Trump a Petro en asuntos como la lucha contra el narcotráfico, garantías democráticas y de apoyo a su campaña en Venezuela, y al mismo tiempo qué pedirá el mandatario colombiano, sobre todo para salir de las sanciones que pesan sobre él.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, conversó el pasado viernes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para preparar la reunión de los mandatarios, "valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos", indicó."La relación va más allá de los gobiernos: requiere una gestión permanente con múltiples actores —sector privado, Congreso, agencias técnicas y centros de pensamiento— para mantener abiertos los canales, proteger la confianza y separar lo político de lo económico", concluyó Lacouture.
En la madrugada de este lunes, 26 de enero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un evento sísmico de magnitud 3.6 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. Según el boletín actualizado emitido por la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 04:19 hora local, sorprendiendo a los habitantes de la región nororiental del país.El reporte técnico indica que el sismo tuvo una profundidad de 149 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia. Las coordenadas exactas del evento se fijaron en la latitud 6.82 y longitud -73.13, localizándose específicamente a 7 kilómetros de la cabecera municipal de Los Santos.Análisis técnico y ubicación del epicentroLa zona donde se originó el sismo es ampliamente conocida por la comunidad científica y los organismos de socorro. Los Santos se encuentra ubicado sobre el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor actividad telúrica en el mundo, superada únicamente por regiones en Afganistán. En este punto de la geografía colombiana, la interacción de placas tectónicas y fallas geológicas locales genera movimientos casi diarios, la mayoría de ellos imperceptibles para la población.En esta ocasión, la magnitud de 3.6 permitió que el sismo fuera sentido no solo en el epicentro, sino también en municipios aledaños como Zapatoca, Betulia y Jordán, así como en el área metropolitana de Bucaramanga, incluyendo a Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Debido a la profundidad de 149 km, la energía liberada tiende a dispersarse en un área más amplia, pero con una intensidad menor en la superficie, lo que generalmente reduce la probabilidad de daños estructurales graves.Monitoreo y capacidad de respuestaEl Servicio Geológico Colombiano cuenta con una red de estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional, representadas en los mapas de monitoreo por triángulos de color verde. Estas estaciones permiten obtener datos en tiempo real para informar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la ciudadanía en general.Hasta el momento, las autoridades locales y departamentales de Santander no han reportado víctimas, heridos o afectaciones de consideración en infraestructuras críticas. Los organismos de socorro mantienen activos los protocolos de verificación en las zonas rurales cercanas al epicentro para descartar cualquier eventualidad menor.Contexto sísmico en ColombiaColombia es un país geológicamente activo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y la convergencia de las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y del Caribe. El departamento de Santander, en particular, concentra cerca del 60% de la sismicidad total del país.Expertos del SGC reiteran que, aunque estos eventos pueden generar alarma, son naturales dentro de la dinámica terrestre de la región. La recomendación constante para la ciudadanía es mantener la calma, identificar las zonas seguras en sus viviendas o lugares de trabajo y contar con un kit de emergencia actualizado, dado que los sismos no se pueden predecir.
La Contraloría General de la República reveló un estudio sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas del país, en el que analiza la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 instituciones que integran el sistema estatal entre 2019 y 2024.El estudio revisó ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento, además del comportamiento del pasivo pensional, identificado como una de las mayores cargas estructurales del sistema.El funcionamiento del Sistema Universitario Estatal fue evaluado bajo criterios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal.Uno de los principales hallazgos es la alta concentración de recursos públicos en pocas instituciones. La Universidad Nacional de Colombia, la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales.Esta concentración se refleja en marcadas diferencias en los ingresos por estudiante. Mientras la Universidad Nacional registra $11.426.139 por estudiante y la UNAD $525.777, el promedio nacional es de $4.512.090 en el período analizado.El análisis del gasto muestra un comportamiento similar. A nivel nacional, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos. En el ámbito territorial, la Universidad de Antioquia y la del Valle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos.En materia de solvencia, el 75,8 % de las instituciones, es decir 25 universidades, presentan indicadores iguales o superiores a 3, lo que refleja una adecuada capacidad para responder por sus obligaciones. Sin embargo, el 24,2 %, correspondiente a 8 instituciones, muestra niveles más bajos y una menor capacidad financiera.El estudio también advierte que el pasivo pensional del sistema universitario público alcanzó los $10,3 billones en 2024. Esta cifra podría aumentar debido a la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades.Este pasivo está altamente concentrado en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8 % del total. Según la Contraloría, esta carga limita la inversión en docencia e infraestructura y restringe el crecimiento institucional.Las consultas realizadas a 31 universidades refuerzan estos hallazgos y señalan problemas recurrentes como la insuficiencia de aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para generar ingresos propios.El informe analiza el impacto fiscal del proyecto de ley que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones entre 2027 y 2040, la Contraloría calcula un impacto de $27,8 billones entre 2027 y 2036. Aunque el organismo de control reconoce avances hacia la gratuidad y mayores niveles de financiación, advierte que cualquier aumento debe contar con fuentes claras, suficientes y sostenibles a largo plazo.El informe fue elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría.
En las últimas horas, el alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón, ofreció una millonaria recompensa para lograr dar con la captura de Rafael Puentes Urdaneta, alias Rafita, jefe de una organización criminal que viene extorsionando y realizando atentados en la ciudad fronteriza.“No vamos a permitir que estos delincuentes sigan intimidando a los maicaeros; por ello, ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos lleve a la captura de alias Rafita. Seguiremos trabajando contundentemente por brindarle la seguridad a todos los maicaeros”.Dijo también el alcalde Aragón que reforzó la seguridad en el municipio con la llegada de miembros del Grupo de Operaciones Especiales y de Antiterrorismo de la Policía Nacional.“Enviamos un mensaje de solidaridad a todos los comerciantes víctimas de estos grupos delincuenciales. También queremos informar a la comunidad en general que hoy todas las autoridades unifican esfuerzos con la intención de atacar la delincuencia. Tenemos un componente importantísimo de uniformados que han venido a reforzar la seguridad en el municipio de Maicao. Además, hemos decidido sacar al Ejército a las calles, con una motorizada que va a estar patrullando estos sitios que pretenden intimidar”, agregó el mandatario.En Maicao, algunos establecimientos comerciales han preferido cerrar sus puertas ante las amenazas del grupo autodenominado ‘Los Rafitas’, que a través de panfletos los han declarado objetivo militar. De hecho, tres personas que recientemente atentaron contra un vehículo y harían parte de esta organización fueron capturadas por la Policía.
Las bases camioneras del país, firmantes del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que permitió levantar el Paro Nacional Camionero, redactaron una carta al presidente Gustavo Petro denunciando el incumplimiento de los compromisos pactados y alertaron sobre un riesgo inminente de colapso del sector transporte.El gremio aseguró que, a más de un año de la firma del acuerdo, el Ministerio de Transporte no ha logrado articular ni ejecutar las medidas acordadas, lo que ha convertido el pacto en “letra muerta” y ha profundizado una crisis de gobernabilidad en el sector.Uno de los principales reclamos se centra en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC). Según los camioneros, el sistema estaría siendo manipulado técnicamente para reducir artificialmente los valores de los fletes, favoreciendo a grandes generadores de carga y promoviendo la sobreexplotación de los conductores. Los camioneros denuncian incrementos injustificados en el número de viajes mensuales, subestimación de costos reales como combustible y mantenimiento, y el uso de parámetros irreales para vías en mal estado y con graves problemas de seguridad.El documento también advierte sobre la omisión de los entes de control, al señalar que nunca se conformó el comité interinstitucional pactado para combatir la ilegalidad. En ese contexto, denuncian evasión de impuestos, contratos irregulares, cobros ficticios y abusos en sectores como el de volquetas y la contratación de grandes obras públicas, donde, según afirman, los transportadores terminan recibiendo pagos irrisorios mientras el Estado les exige tributar por ingresos que nunca perciben.A esto se suman los reclamos contra los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio, a quienes responsabilizan de incrementar el precio del ACPM por encima de lo acordado y de permitir políticas que encarecen los costos operativos del transporte, como el riesgo de dumping en la importación de llantas.Los gremios también denunciaron un grave caos logístico en el puerto de Buenaventura y en los patios de contenedores del país, donde las navieras y terminales utilizan, según ellos, los camiones como bodegas gratuitas durante días, cobran moras anticipadas y operan sin control efectivo de las autoridades, afectando la competitividad nacional.Finalmente, la carta advierte sobre una crisis humanitaria y de seguridad en las carreteras del país. De acuerdo con las Bases Camioneras, en los últimos años 33 conductores han sido asesinados, mientras se incrementan las extorsiones, los asaltos, la quema de vehículos y la persecución contra líderes gremiales, sin una respuesta efectiva del Estado.Ante este panorama, los camioneros exigen la intervención inmediata de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, la corrección urgente del SICE-TAC, el cumplimiento de los programas de modernización vehicular, una reforma estructural al sistema de fotomultas y garantías reales para la vida, el trabajo y la seguridad de los transportadores.
La Alcaldía Municipal de Suárez, en el departamento del Cauca, confirmó la desaparición de Adriana Agredo, contratista de la administración local que brindaba apoyo como reguladora de tránsito y quien además es miembro activo de la Defensa Civil. De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez en la noche del pasado 23 de enero de 2026.A través de un comunicado de prensa, la administración municipal expresó su rechazo frente a este hecho y manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y allegados de Adriana Agredo, en medio de la incertidumbre que rodea su paradero.En el pronunciamiento oficial, la Alcaldía hizo un llamado al respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario, subrayando la obligación de proteger a la población civil en el territorio. Asimismo, solicitó de manera urgente que se adelanten las acciones necesarias para garantizar que Adriana Agredo pueda regresar sana y salva junto a su familia, con plenas garantías para su vida, integridad y derechos fundamentales.La administración municipal reiteró su disposición para acompañar a los familiares en este proceso y colaborar con las autoridades competentes en las labores de búsqueda, con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de la joven lo más pronto posible.
La senadora María Fernanda Cabal dio a conocer los costos del viaje que realizó la vicepresidenta Francia Márquez a varios países de África entre el 7 y el 17 de diciembre de 2025, los cuales, según cifras oficiales, superarían los 530 millones de pesos en recursos públicos.De acuerdo con la investigación publicada por la congresista en su cuenta de X, la vicepresidenta se desplazó a Togo, Ghana, Senegal y Benín acompañada por una comitiva de 12 funcionarios. Los viáticos de este grupo ascendieron a 27.982 dólares, equivalentes a más de $103 millones, según registros del Sistema de Gestión de Comisiones y Gastos de Viaje.A estos gastos se suman los viáticos personales de Francia Márquez, que alcanzaron los 4.725 dólares, es decir, más de $17 millones, de acuerdo con la información oficial citada en el boletín.El desplazamiento se realizó en un avión Boeing 737-700, matrícula FAC 1222, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana. Según una respuesta oficial del Comando General de las Fuerzas Militares, obtenida mediante derecho de petición, el costo del combustible del viaje de ida y regreso fue de 412 millones 206.696 pesos.El mismo documento indica que el trayecto generó una huella de carbono de 224.302 kilogramos de CO₂, cifra que la senadora Cabal contrastó con el discurso ambiental promovido por el Gobierno Nacional. Además, la congresista cuestionó que los objetivos del viaje, relacionados con la revisión de acuerdos bilaterales, pudieron haberse realizado de manera virtual.
Al menos 700 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Iscuandé en el municipio colombiano de Santa Bárbara, en el departamento de Nariño (suroeste), una emergencia que ha dejado graves daños en zonas rurales y en el casco urbano, alertó este domingo la Defensoría del Pueblo."La Defensoría del Pueblo urge la intervención inmediata del Gobierno nacional (...) para atender por lo menos a 700 familias afectadas por las lluvias y el desbordamiento del río Iscuandé", señaló la entidad en X, al advertir sobre la magnitud de la emergencia registrada desde que comenzó a llover el jueves pasado.Según ese organismo, los aguaceros persistentes y la creciente del río han ocasionado la destrucción parcial o total de cerca de mil viviendas en el municipio, de las cuales unas 200 quedaron completamente destruidas.El número exacto de personas afectadas, entre las que se encuentran personas mayores y niños, aún no ha podido establecerse debido a las difíciles condiciones de acceso y a que las precipitaciones continúan en la parte alta del territorio.La Defensoría advirtió además sobre necesidades de ayuda humanitaria y de medidas de protección para las comunidades damnificadas, que además de perder sus hogares se enfrentan a riesgos de picaduras de serpientes y alacranes, riesgos que se han incrementado por las inundaciones.Por su parte, la Gobernación de Nariño informó que activó acciones de atención, acompañamiento y coordinación interinstitucional tras el desbordamiento del río Iscuandé.Según, informes preliminares, 28 zonas rurales resultaron impactadas y se estima que la cifra de al menos 700 familias damnificadas podría aumentar por la inundación progresiva del área urbana.El balance de la autoridad departamental indica además la interrupción de servicios públicos, de la atención hospitalaria y las actividades educativas como consecuencia de la emergencia."Nuestra prioridad es proteger la vida y acompañar a las comunidades afectadas. Desde el departamento articulamos esfuerzos para atender la emergencia y gestionar el apoyo requerido ante la magnitud de las afectaciones", afirmó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, citado en un comunicado.En el mismo sentido, el alcalde de Santa Bárbara de Iscuandé, Sifredo Barrios Pinillos, aseguró que el municipio atraviesa "una crisis humanitaria" y reiteró la necesidad urgente de ayudas, como colchonetas y alimentación, para la población damnificada.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que ya se están haciendo evacuaciones preventivas hacia zonas seguras y aclaró que no hay fallecidos ni heridos, aunque al menos 40 personas, en su mayoría adultas mayores, recibieron atención por afectaciones asociadas a la emergencia.