Un juez admitió una acción de tutela presentada por el senador Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que sus recientes declaraciones sobre Jesucristo vulneraron los derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado.La tutela se originó tras unas afirmaciones hechas por el jefe de Estado el pasado 27 de enero, durante un acto público en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En ese escenario, el presidente Petro se refirió a Jesucristo con expresiones de carácter personal y religioso, entre ellas: " yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.De acuerdo con el fallo, el juez consideró que estas manifestaciones no fueron hechas por Gustavo Petro como ciudadano particular, sino en su condición de presidente de la República, lo que le da un carácter institucional a su pronunciamiento. El fallo señaló que las declaraciones se refieren de manera directa a aspectos centrales del dogma cristiano y a la figura de Jesucristo, eje fundamental de la fe de millones de colombianos, lo que les otorga una especial sensibilidad.Además, frente a la tutela el mandatario se tendría que abstener de emitir, desde su investidura como presidente de la República, declaraciones que involucren interpretaciones teológicas o doctrinales. Con esta decisión, el proceso entra ahora en una nueva etapa mientras se define el alcance y cumplimiento de las órdenes judiciales.El juez también advirtió que, al reinterpretar públicamente creencias religiosas y atribuir conductas no reconocidas por la doctrina cristiana ni respaldadas por fundamentos históricos o teológicos, el presidente habría afectado la libertad religiosa y de conciencia de quienes profesan esa fe. Por lo que recordó que el jefe de Estado tiene la obligación constitucional de mantener la neutralidad religiosa y respetar el carácter laico del Estado colombiano.Frente al panorama, como medida de reparación simbólica el presidente Gustavo Petro realice un acto público en donde “deberá precisarse que tales manifestaciones no representan la posición oficial del Estado colombiano, y reafirmarse el respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el principio de laicidad del Estado.” tal como se menciona en la tutela.
La investigación que se lleva a cabo por el envenenamiento que causó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá continúa abriendo nuevos capítulos y revelando detalles cada vez más perturbadores. A casi un año de la dolorosa tragedia ocurrida en abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación podría demostrar que el crimen estuvo precedido por amenazas directas contra la familia de Juan de Bedout. De hecho, un episodio ocurrido en el exterior ahora cobra una relevancia clave y ha despertado la intriga de muchos.Amenazan al hijo de De Bedout: una llamada fue la claveUno de los hallazgos más sensibles se remonta a enero de 2024, durante un viaje familiar a Estados Unidos. De acuerdo con la declaración rendida ante la Fiscalía, un hijo de Juan de Bedout recibió una llamada en su celular mientras se encontraba en Nueva York. Del otro lado de la línea, un hombre con acento no identificado pronunció una frase que encendió las alertas: “De Bedout, lo vamos a matar”, según el periódico El Tiempo.En ese momento, el joven interpretó la comunicación como una posible broma de mal gusto. Sin embargo, tras la muerte de las menores, la llamada pasó a ser considerada una prueba técnica. El número telefónico ya fue entregado a las autoridades, que ahora tienen la tarea de rastrear su origen y establecer posibles vínculos con los sospechosos del caso.La Fiscalía no solo investiga el envenenamiento por frambuesas contaminadas con talio, sino la posible existencia de un patrón previo. Alicia Graham, esposa de De Bedout y madre de una de las niñas, habría presentado síntomas graves años antes de su muerte. En 2020, médicos habrían diagnosticado una intoxicación por talio, un metal altamente tóxico y prohibido en Colombia desde los años setenta.Entre los indicios que hoy se analizan están:Caída severa del cabello.Dolores intensos que le impedían caminar.Deterioro progresivo del sistema inmunológico.Aunque Graham falleció en 2021 por un cáncer agresivo, especialistas consideran que la intoxicación previa pudo debilitar su organismo y agravar su estado de salud.Las pruebas que comprometen a Zulma GuzmánEl proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, quien figura como la principal sospechosa, avanza actualmente en el Reino Unido. La empresaria, con quien De Bedout habría mantenido una relación extramatrimonial, es señalada de haber enviado las frutas contaminadas. Su captura en Londres incluyó un intento de fuga al lanzarse al río Támesis y, posteriormente, la intención de viajar a Brasil.Entre las pruebas que analiza la Fiscalía se encuentran:Un GPS que habría intentado instalar en el vehículo de De Bedout.La tarjeta SIM hallada en ese dispositivo.La posible conexión entre la amenaza en Nueva York y el crimen de 2025.Las autoridades buscan establecer ahora si la advertencia telefónica fue el anuncio de una tragedia que, meses después, terminaría por hacerse realidad.
Dos ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el país luego de ser detenidos por las autoridades migratorias cuando pretendían ingresar al país con fines de explotación sexual.La alerta se activó tras un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del personal de la aerolínea Turkish Airlines, que advirtió comportamientos inusuales de los viajeros. La tripulación advirtió que los ciudadanos estarían grabando sin consentimiento a una menor de edad durante un vuelo procedente de Panamá. Con esta información, Migración Colombia aplicó sus protocolos frente al turismo con fines de explotación sexual.Durante el control migratorio, ya en territorio colombiano, las autoridades encontraron en el equipaje de mano de los extranjeros varios paquetes sellados con lencería femenina. En la entrevista migratoria, los ciudadanos reconocieron que estos elementos serían utilizados con fines de explotación sexual, por lo que se les negó el ingreso al país.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló durante 2025 más de 100 ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, fueron inadmitidos por ser identificados como posibles ofensores sexuales, gracias al cruce de información y a las alertas internacionales.
Luego de más de un par de semanas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución en la que se instaura y materializa la rebaja del precio de la gasolina y la estabilización del precio del diésel.Desde el primero de febrero de este 2026, la reducción de 500 pesos en la gasolina se aplicará en todas las gasolinerías del país, sin excepción alguna. La medida busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y marca un punto de inflexión en la política de combustibles, luego de varios años de ajustes y alzas que generaron inconformidad, pero que respondían a una necesidad fiscal.Según explicó el Ministerio, esta decisión es el resultado de una estrategia gradual que se inició desde el comienzo de la actual administración, cuando se optó por aumentar de manera progresiva el precio de la gasolina para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Dicho fondo acumulaba un hueco financiero que ponía en riesgo las finanzas públicas, al obligar al Estado a asumir subsidios cada vez más costosos.“Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Con ese ajuste ya realizado, el Gobierno asegura que ahora es posible avanzar hacia precios más estables y favorables, especialmente en el caso del diésel, sentando bases más sostenibles para el manejo futuro de los combustibles en el país.Recordemos que el Gobierno de Gustavo Petro, en el año 2022, en el mes de agosto, habría recibido la gasolina en un promedio de 9.200 pesos; para enero de este año 2026, la gasolina alcanzó un promedio de 16.400 pesos, teniendo un alza de aproximadamente 7.000 pesos.Tras el panorama que se vive, el ministro agregó que se realizará un seguimiento correcto para que se visibilice y garantice la aplicación de la reducción de 500 pesos a nivel nacional.
En medio de un debate nacional sobre el déficit fiscal y el aumento del gasto público, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, aseguró que el incremento en el presupuesto no representa un derroche, sino una inversión social estratégica en sectores como educación, salud y salarios dignos para los colombianos.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Molina explicó que la percepción de “gasto excesivo” no considera que la mayor parte de los recursos se destinan a programas sociales y obligaciones legales adquiridas por el Estado. “El 90% del gasto del gobierno central es inflexible y responde a sentencias judiciales o a rentas de destinación específica. Esto incluye educación, salud y remuneraciones que garantizan la dignidad de los trabajadores, como soldados y médicos internos”, detalló.La directora también se refirió a las críticas sobre el aumento de la nómina estatal y la creación de nuevos cargos. Frente a esto, Molina explicó que la recomposición del gasto público ha trasladado recursos de inversión a funcionamiento, con el objetivo de asegurar la continuidad de proyectos sociales, como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y la mejora de la red hospitalaria pública, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, que recibió 167.000 millones de pesos del Gobierno nacional.Sobre la acusación de que la política de economía expansiva del presidente Gustavo Petro incrementa el gasto sin control, Molina señaló que estas medidas buscan reactivar la economía y generar productividad. “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, argumentó.En cuanto al déficit fiscal, Molina explicó que la cifra estructural supera los 110 billones de pesos y que medidas como los decretos de emergencia económica, por 1,6 billones de pesos, solo representan una parte limitada del esfuerzo financiero. Según la directora, el Gobierno busca financiar el gasto social mediante una estructura tributaria progresiva, aplicando mayores impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos, aunque esta estrategia ha sido objeto de debate en el Congreso y entre economistas.Durante la entrevista, la periodista planteó varias preguntas sobre la legitimidad del aumento del gasto público, la política de economía expansiva y la refinanciación de deuda, temas que Molina abordó vinculando los incrementos de gasto con la necesidad de sostener programas sociales y reactivar la economía. Sin embargo, no se presentó un consenso claro sobre si estas decisiones impactan positivamente o generan mayores riesgos fiscales.
Si está buscando trabajo en este inicio de año y tiene experiencia en la conducción de tractocamiones, puede que aquí esté su oportunidad de volver a laborar. La compañía Essity, anteriormente conocida como Grupo Familia, anunció la apertura de 16 vacantes para conductores de tractocamiones para su red logística en Colombia. La convocatoria está dirigida a conductores con licencia C3 y busca responder al crecimiento de la operación nacional de la empresa, enfocada en el abastecimiento eficiente de productos esenciales.¿A quiénes están dirigidas las vacantes?Las oportunidades laborales están orientadas a conductores que cuenten con mínimo un año de experiencia en el manejo de vehículos articulados, aunque la compañía prefiere perfiles con dos años o más de trayectoria. Además, se requiere disponibilidad para realizar rutas nacionales, un factor clave para garantizar la cobertura logística de la empresa en distintas regiones del país.Zonas de operaciónLas vacantes se concentran principalmente en Antioquia, en municipios estratégicos como Medellín, Rionegro, Guarne, Girardota y zonas aledañas, donde Essity tiene una parte importante de su operación logística.Adicionalmente, la empresa también habilitó cupos en la Sabana de Bogotá, específicamente en Cajicá, Zipaquirá y Chía, puntos clave para la distribución nacional de sus productos.Salario y beneficiosEssity ofrece un paquete integral de compensación y beneficios para los conductores seleccionados. Entre los principales se destacan:Salario competitivoPrimas extralegalesBonificaciones por kilómetros recorridosIncentivos por buenas prácticas de conducciónPagos adicionales por jornadas extrasCelular corporativo con línea y datosBeneficio de alimentación¿Cómo postularse?Las personas interesadas en aplicar a estas vacantes pueden enviar su hoja de vida vía WhatsApp al número 313 263 3829. La convocatoria estará abierta durante los próximos meses, lo que amplía las posibilidades de participación para más aspirantes.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió a la Corte Constitucional que escuche a los mandatarios regionales antes de tomar una decisión definitiva sobre el decreto de emergencia económica, teniendo en cuenta que este actualmente se encuentra suspendido. La mandataria manifestó que esta determinación de la Corte permite que las rentas provenientes de la venta de licores y cigarrillos en el departamento sigan destinándose a programas sociales para el desarrollo de los vallecaucanos."Ya solicitamos a la Corte que nos diera la oportunidad de intervenir a los gobernadores para explicar esto. Creemos que constitucionalmente estamos protegidos porque es una renta de constitucionalidad. No es una ley, fue la misma Constitución la que estableció que esas rents fueran cedidas a los departamentos para Salud, Educación y Deportes", indicó Toro.La mandataria también se refirió a lo dicho por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde señalaba que la decisión de la Corte Constitucional, "busca evitar el pago del impuesto de licores y cigarrillos a los mega ricos del país"."Los mega ricos no viven aquí, ellos viven en otros paises y además no toman aguardiente. El aguardiente que se toma aquí, se lo toma la gente pobre, la gente que realmente aporta para que nosotros podamos sostener la salud", finalizó la mandataria.
Los grandes debates del presente ocuparon la agenda de conversatorios del segundo día del Hay Festival Cartagena, que este viernes tuvo en un mismo escenario a tres de los figuras más esperadas de esta edición 2026: la escritora argentina Leila Guerriero; el colombiano Juan Gabriel Vásquez y el cubano Leonardo Padura.Los tres, junto al exdirector de el periódico el País, Javier Moreno, hablaron sobre los desafíos periodismo en la era de las redes sociales y la Inteligencia Artificial, y la necesidad de contar historias desde lo local que conecten con el mundo y los contextos actuales.Precisamente en medio de este conversatorio, el galardonado escritor Leonardo Padura habló sobre su preocupación tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo agudizaría la ya difícil situación que afrontan los habitantes de la isla.“Una de las consecuencias que he pensado es que, y es la única que voy a decir, la situación en Cuba se va a poner muy complicada y esa situación muy complicada va incluso a afectar a mi madre que tiene 98 años. Entonces, es doloroso, es doloroso, entonces quiero hacerlo con mente fría, que no sea algo de un discurso, quiero que sea un poquito un análisis”, dijo el autor de ‘Fiebre de caballo’, ‘Las cuatro estaciones‘ y ‘El hombre que amaba los perros’.El también ganador del premio ‘Princesa de Asturias’ indicó además que lo que le puede pasar a Cuba, es lo que viven hace mucho tiempo los haitianos y africanos.“Lo que lo que nos pasa o nos puede pasar a los cubanos a partir de ahora les está pasando desde hace no sé cuántos años a los haitianos y nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ellos y está pasando en muchos países de África y nadie se acuerda de ellos”, sostuvo.La agenda del segundo día también tuvo espacio para el análisis internacional con el escritor Fernando Arancón y su perspectiva sobre las fuerzas que mueven el mundo contemporáneo, al igual que el ensayista Pankaj Mishra, que propone una lectura crítica del orden global tras la crisis reciente en Oriente Medio. Asimismo, las autoras Karen Hao y Carissa Véliz, abordaron los costos humanos, sociales y políticos de la automatización.Entretanto, los personas con cédula expedida en el departamento, podrán ingresar gratuitamente a todos los eventos del festival los días sábado y domingo.“El cierre del festival reafirma su vocación pública e incluyente: todos los eventos del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero son gratuitos para personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar, previa solicitud de boletas de cortesía, garantizando que las ideas y las conversaciones estén al alcance de toda la ciudadanía”, anunciaron los organizadores del evento literario.
El Gobierno reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por la administración del presidente Gustavo Petro y confirmó que emprenderá acciones jurídicas para controvertir la medida. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que aunque respetan las decisiones judiciales, no comparten el criterio aplicado por el alto tribunal y consideran que la figura utilizada no existe en la legislación colombiana para este tipo de actos.Ávila señaló que la defensa del decreto se dará ante la misma Corte y estará centrada en cuestionar la validez de la suspensión provisional de un acto legislativo de emergencia. Según explicó, el Ejecutivo sostiene que la normatividad vigente no contempla ese mecanismo frente a decretos dictados bajo estados de excepción, por lo que buscarán que la decisión sea revisada jurídicamente.“Obviamente, las decisiones que se toman en la corte las respetamos, aunque no las compartamos, y las reclamamos también. Vamos a hacer una acción jurídica ante la misma corte por la decisión que ha tomado, porque consideramos que adoptó una decisión en la cual no existe precedentes en la legislación colombiana y no existe en nuestra normatividad esa suspensión provisional de actos legislativos de emergencia como los que adoptó el gobierno”, afirmó el ministro. Agregó que, a juicio del Gobierno, “suspensiones provisionales no existen, y por eso vamos a reclamar ante la misma corte la no aplicabilidad de esta norma que ellos aducen”.La reacción del Ministerio de Hacienda se suma al impacto que produjo la decisión judicial sobre el paquete de medidas económicas que el Ejecutivo buscaba aplicar con carácter urgente. Más temprano, distintos sectores económicos advirtieron que, tras la caída del decreto, el Gobierno deberá ajustar el manejo presupuestal por las vías ordinarias y tramitar cualquier modificación fiscal a través de los mecanismos legislativos tradicionales, mientras se resuelve el nuevo frente jurídico abierto ante la Corte.
La mañana de este viernes, 26 de septiembre, estuvo marcada por la expectativa en la sede de la Registraduría Nacional, donde el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la exministra de Salud Carolina Corcho llegaron con la intención de inscribirse en la consulta interna del Pacto Histórico. Sin embargo, el trámite no se concretó.De acuerdo con información de Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, aunque ambos dirigentes fueron recibidos cordialmente por los funcionarios y hasta se tomaron fotografías que circularon en redes sociales como muestra de una supuesta inscripción, la diligencia nunca se formalizó.¿Por qué no se inscribieron formalmente?Se pudo establecer que ninguno de los dos presentó el aval requerido por un partido político o un movimiento significativo de ciudadanos, requisito indispensable para avanzar en el proceso. Ante esa ausencia, la Registraduría se limitó a explicar que, sin este respaldo, era imposible registrar oficialmente sus candidaturas a la consulta.El episodio deja abierta la incógnita sobre cuál será el camino político de ambos dirigentes y, sobre todo, de qué movimiento o partido recibirán finalmente el aval para participar en las consultas. Ahora bien, el siguiente capítulo se dará en horas de la tarde de este viernes, cuando intenten asistir a la inscripción para Senado y Cámara, aunque tampoco está claro bajo qué colectividad lo harán.Por ahora, Blu Radio confirmó que ni Daniel Quintero ni Carolina Corcho están inscritos en consulta alguna del Pacto Histórico, pese a la expectativa generada en las últimas horas.
Según un informe del Ejército, entre el 26 de abril de 2024, fecha del primer ataque registrado en Argelia, Cauca, y el 31 de agosto de 2025, se han contabilizado 313 acciones de este tipo en diferentes regiones del país, sin contar con los que se han registrado en septiembre. De estas 47 han sido contra la Policía y 11 contra la Armada, el resto han sido contra tropas del Ejército.Los grupos armados ilegales siguen adaptando drones comerciales para arrojar cargas explosivas, que en este periodo suman cerca de 713 granadas lanzadas contra instalaciones militares, puestos de policía y patrullas en terreno.Los ataques dejan hasta ahora un saldo de 215 afectados:Civiles: 2 asesinados y 35 heridos.Militares (Ejército): 12 asesinados y 139 heridos.Armada: 1 muerto y 4 heridos.Policías: 0 asesinados, pero 21 heridos.Las cifras muestran que el Ejército es la institución más golpeada por esta modalidad, mientras que los ataques contra la Policía se han concentrado en puestos fijos y estaciones.Las regiones más afectadas por ataques con dronesEl suroccidente del país, especialmente el departamento del Cauca, ha sido el epicentro de esta amenaza criminal. Allí delinquen las disidencias de las Farc, como la columna ‘Carlos Patiño’ y la estructura ‘Jaime Martínez’, responsables de varios de los hechos más graves.Por divisiones militares, la IV División (que cubre Meta, Guaviare y Vaupés) y la VI División (Putumayo y Caquetá) también reportan un número considerable de casos, pero es la III División, con jurisdicción en el Cauca y Nariño, la que encabeza las estadísticas con 209 ataques, es decir, dos de cada tres atentados en todo el país.En contraste, regiones como la VII División (Antioquia, Córdoba y Chocó) han tenido un número menor de casos reportados, apenas 2 eventos, lo que marca la diferencia en la intensidad del fenómeno entre el norte y el sur del territorio nacional.En promedio, desde abril de 2024, en Colombia se registra un ataque con drones cada día y medio. La estadística muestra que durante 2024 ocurrieron 104 incidentes, pero la situación se disparó en 2025, cuando los eventos casi se duplicaron y llegaron a 147 en lo corrido del añoEl último ataque registrado en el informe ocurrió el 31 de agosto de 2025 contra la estación de Policía de El Bordo, en el municipio de Patía (Cauca), lo que confirma que el fenómeno no ha disminuido y que la modalidad se ha consolidado como una de las principales amenazas contra la seguridad.
La campaña presidencial de 2026 ha comenzado de forma anticipada, y dentro del Pacto Histórico, la coalición de izquierda gobernante, la efervescencia ha derivado en una profunda división. Gustavo Bolívar, escritor, empresario y político que fungió como director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y uno de los primeros en postularse como precandidato por el Pacto, se encuentra en el centro de un debate crucial sobre la participación en la consulta interna de octubre, cuyo principal punto de fricción es la entrada del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.En diálogo con Mañanas Blu 10:30 aseguró que: "Mientras hablamos aquí nosotros allá afuera en el mundo de la izquierda, Troya ya está ardiendo porque ahí infinidad de visiones, de propuestas, de interpretaciones, porque la verdad no tenemos una claridad, ninguno," afirmó Bolívar, destacando el caos interno generado por la incertidumbre electoral y jurídica.El Pacto Histórico ha estado tramitando su conformación como partido político y recientemente obtuvo una victoria jurídica a través de una tutela, que ordena a la Registraduría inscribir candidatos al Congreso. Sin embargo, la duda persiste sobre la consulta presidencial.La preocupación inmediata del Pacto Histórico es un concepto emitido por la Misión de Observación Electoral (MOE), según el cual realizar la consulta interna en octubre podría inhabilitar a los participantes para la consulta de marzo, considerada la fecha "primordial" y "el corazón de las elecciones".Bolívar explicó que la consulta de octubre era "simplemente una selección de un candidato o una candidata", mientras que la de marzo es donde confluyen todas las fuerzas políticas y se eligen los congresistas. Por esta razón, la mayoría de los precandidatos están a la espera de un "segundo concepto, una segunda voz diferente a la MOE, porque lo que no queremos es poner en riesgo definitivamente la consulta de marzo". ¿Qué propone?Al referirse a sus propuestas de gobierno, Bolívar defendió firmemente el modelo económico del actual presidente, Gustavo Petro. A su juicio, "por los resultados macroeconómicos es muy poco lo que se le puede criticar al gobierno". Reconoció que "está disparado el gasto", pero afirmó que este no ha sido injustificado, sino dirigido a lo social, como el aumento de las mesadas de los soldados y la conformación de 10.800 equipos de salud preventiva.Bolívar señaló que el principal reto es el déficit fiscal, pero su solución no es reducir el gasto o aumentar impuestos, sino promover el crecimiento económico. Argumentó que el aumento del salario mínimo por encima de la inflación ha funcionado como motor de crecimiento, dando "más poder adquisitivo a los trabajadores", lo que se ha traducido en mayores ventas del comercio y una tasa de desempleo que es "la más baja en 25 años".Escuche aquí la entrevista:
La comunidad de Sutamarchán, en Boyacá, vive con preocupación por el constante robo de combustible en el territorio. El alcalde Miguel Rodríguez denunció que esta práctica ilegal pone en riesgo a los habitantes y al medioambiente, e hizo un fuerte llamado a la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, para que tome acciones inmediatas.“Este año hubo robo con tanques de almacenamiento de hasta 7.000 galones. Es mes y medio con la población en riesgo, porque el robo lo hacen artesanalmente con casi un kilómetro de manguera que llega a tanques en una casa que no son de la mejor calidad, al lado de una vía nacional, 10 metros del río Sutamarchán y escasos metros del casco urbano”, aseguró Rodríguez en diálogo con Mañanas Blu 10 AM.El mandatario local explicó que las autoridades municipales, con apoyo de la Policía, lograron detectar la operación clandestina. Sin embargo, advirtió que no se conoce la magnitud real del problema: “Este caso lo detectamos con seguimiento de la Policía, pero la seguridad debe concurrir también con Cenit y no están cubriendo esto. No sabemos cuántos puntos más hay”.Rodríguez también cuestionó la falta de apoyo para proteger a quienes trabajan en el sector. “Se me quieren llevar operarios y antes tienen que colocarme más”, reclamó al insistir en que el municipio necesita mayor acompañamiento de la empresa encargada del transporte y logística del combustible.El alcalde enfatizó que la situación ha sido minimizada pese al riesgo evidente para la comunidad. “En verdad hay riesgo latente. El pedido es trabajar articuladamente”, concluyó. La denuncia busca generar medidas urgentes que mitiguen el impacto ambiental y social que está dejando el robo de combustible en Sutamarchán.
La Fiscalía General Penal Militar y Policial abrió investigación por los hechos registrados en el Batallón de Fuerzas Urbanas No. 5 (Bafur 5), tras descubrirse que una persona civil se hizo pasar por capitán para intervenir en operaciones militares y acceder a información clasificada de inteligencia.La indagación, radicada bajo noticia criminal, está a cargo de la Fiscalía de Conocimiento y se centra en posibles delitos relacionados con el abuso de autoridad, el manejo indebido de información sensible y la vulneración de la seguridad nacional.Como parte del contexto del caso, la Fiscalía General de la Nación reveló que entre octubre de 2024 y abril de 2025 la falsa oficial participó en reuniones interinstitucionales junto al Gaula, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad, además de operativos en Bogotá. Entre los hechos documentados se incluyen:Reuniones en el Batallón de Policía Militar n.º 15 (Cantón Norte), donde se trataron operaciones de inteligencia.Allanamientos en Usme y Los Mártires (La Sabana), en los que intervino aportando información.Una actividad en la Escuela de Caballería, en la que convocó a un polígono con armas de uso privativo, al que asistieron funcionarios judiciales, familiares y menores de edad.De acuerdo con los hallazgos, la participación de la mujer se facilitó por la complicidad de dos uniformados del Bafur 5, quienes ya fueron judicializados por concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.La Fiscalía Penal Militar reiteró que la apertura de la investigación busca garantizar transparencia, legalidad y protección de la seguridad nacional, dejando claro que el foco está en esclarecer la cadena de responsabilidades detrás de estos hechos.
El primer caso se registró el 1 noviembre de 2025, cuando, según la Fiscalía, Diego Alejandro Espinoza Zapata, al parecer, agredió físicamente a su compañera sentimental, dentro de su residencia ubicada en el barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia. El origen del ataque estaría relacionado con que la mujer decidió terminar la relación. Luego, el 22 de noviembre, el señalado agresor siguió a la víctima hasta su casa, donde la golpeó e hirió con arma cortopunzante. Por estos hechos fue denunciado y su captura se hizo efectiva por la Policía en el barrio San Ignacio de Tunja, Boyacá.Agresor caso 2026El 25 de enero, mientras el Quindío conmemoraba los 27 años del terremoto del Eje Cafetero, en una vivienda del barrio La Cecilia, un hombre en estado de embriaguez, al parecer, golpeó y amenazó con un arma cortopunzante a su compañera sentimental. Por fortuna para la mujer, las autoridades fueron informadas a tiempo y uniformados de la Policía capturaron al hombre en flagrancia.Agresores a juicioLos dos agresores fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante jueces de control de garantías.En un comunicado, la Fiscalía confirmó que: "Fiscales locales de la seccional, hicieron traslado de escritos de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada". Pero, ninguno de los procesados aceptó los cargos.A pesar de eso, los togados impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres, por su presunta responsabilidad en las agresiones a sus compañeras sentimentales.
En un comunicado, la Policía confirmó el homicidio de Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años de edad, en un ataque cometido en el barrio La Patria, en el suroccidente de Armenia.En vía pública y frente a la capilla Santa Laura Montoya, "Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de esta persona", señaló la Policía del Quindío en el comunicado.¿Qué antecedentes judiciales tenía la víctima?Según la Policía, Andrés Felipe Roa Porras "presentaba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones y amenazas en 2025; homicidio en 2018; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2018, 2020 y 2025; hurto en el 2021 y 2022; lesiones personales en 2020; concierto para delinquir en 2019; y daño en bien ajeno en 2018".Además, la víctima ya habría sido lesionado con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025, en el barrio Simón Bolivar de la capital quindiana en medio de una riña.Ahora, la Sijín de la Policía investiga este caso para determinar cuáles fueron los orígenes del ataque y quién está detrás de éste homicidio.
El Congreso inició oficialmente el proceso de convocatoria pública para la elección del contralor general para el periodo 2026-2030, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, de acuerdo con la Resolución 004 del 30 de enero de 2026.En el artículo primero, el Legislativo dispuso “iniciar el proceso de convocatoria pública previa a la elección del contralor general de la República por el Congreso de la República en pleno”, aclarando que el procedimiento concluirá con la conformación de la lista de elegibles que será sometida a consideración de senadores y representantes.La resolución también definió que la Universidad de Cartagena será la institución de educación superior encargada de ejecutar el proceso de selección. Según el artículo segundo, se trata de una universidad “con acreditación de alta calidad y certificada para la ejecución de procesos de selección”, con la cual se suscribirá el contrato para “aplicar las pruebas y los criterios de selección de la convocatoria pública para elegir al contralor general de la República para el periodo 2026-2030”.A su vez, el artículo tercero ordena remitir la decisión a las direcciones administrativas del Senado y la Cámara para que adelanten las gestiones administrativas, financieras y contractuales necesarias que garanticen el cumplimiento de la convocatoria.En el desarrollo de la convocatoria, el Congreso dejó claro que el proceso estará regido por los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, conforme al artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. Además, se precisó que la convocatoria quedará abierta hasta la conformación de la lista de elegibles, de la cual el Congreso en pleno escogerá al nuevo contralor general de la República.La resolución fija de manera detallada los requisitos e inhabilidades para aspirar al cargo. Entre las condiciones mínimas, el documento señala que se requiere “ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años; tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, y experiencia profesional no menor a cinco (5) años”. También establece que “no podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del Congreso o se haya desempeñado como gestor fiscal del orden nacional en el año inmediatamente anterior a la elección”, ni quienes tengan condenas por delitos comunes.Finalmente, el acto administrativo advierte que el proceso deberá blindarse frente a conflictos de interés, al señalar que “en ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos”, reforzando así las reglas de transparencia en la elección del nuevo jefe del control fiscal.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
El presidente Gustavo Petro anunció, a través de X, que el presupuesto para 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. La información fue revelada mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario confirmó que este será el tercer ajuste fiscal realizado durante su administración, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno ya había aplicado dos recortes previos: uno por 12 billones de pesos y otro por 16 billones. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones.El anuncio se da en un contexto de debate por el déficit fiscal y el manejo de las cuentas públicas, en el que el presidente ha señalado de manera reiterada decisiones adoptadas en gobiernos anteriores y fallos judiciales como responsables del deterioro del balance fiscal. No obstante, en su mensaje no precisó cómo se hará el nuevo recorte, qué sectores se verán afectados ni en qué momento se aplicará dentro del ciclo presupuestal de 2026.Petro insistió en que los ajustes responden a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, y planteó que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar lo que considera efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Aun así, el anuncio del nuevo ajuste pone en el centro de la discusión el tamaño real del presupuesto para 2026 y el margen de maniobra del Gobierno en un año clave para la ejecución de políticas públicas.
Un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quedó expuesto tras la publicación de una conversación privada que reavivó la controversia por la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.En el mensaje que acompaña la imagen, Reyes le dice al presidente que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. En ese mismo texto, asegura que fue Petro quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.La imagen divulgada muestra un chat entre Reyes y el presidente Petro. En la conversación, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación, y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes en el mensaje.La respuesta atribuida al presidente es clara y breve: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales.El intercambio se conoce en medio de la discusión pública sobre el alcance real del decreto que buscaba frenar las exportaciones de carbón a Israel, una decisión anunciada por el Gobierno como parte de su postura política frente al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, desde sectores críticos se ha señalado que, en la práctica, la medida no detuvo completamente los envíos debido a la vigencia de contratos previos.La revelación del chat muestra que la decisión de limitar el alcance del decreto habría sido tomada directamente por el presidente, con el argumento de evitar riesgos jurídicos para el Estado. Al mismo tiempo, deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice públicamente la versión del mandatario.
Largas filas para la reclamación de medicamentos en Discolmets, la no prestación de servicios ambulatorios a usuarios en los diferentes municipios por las carteras morosas de las EPS con red hospitalaria pública y privada, hacen parte de las graves dificultades que enfrentan diariamente miles de afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas en todo el departamento.Ante esta grave situación, los 37 personeros del Huila se reunieron con el delegado regional de la Superintendencia de Salud en Neiva para exigirle acciones urgentes, teniendo en cuenta que miles de usuarios llevan varios meses sin recibir sus medicamentos, incluso, pacientes con enfermedades de alto riesgo.El personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas, en diálogo con Blu Radio, dijo que, de manera conjunta con los demás personeros del Huila, interpondrán acciones legales ante las entidades correspondientes como mecanismo constitucional para visibilizar y exigir los derechos que se les han vulnerado a cientos de afiliados en la prestación de servicio de salud.“Los personeros del Huila nos hemos reunido para tomar acciones constitucionales urgentes, nos reunimos con el delegado de la Supersalud para el Huila, decimos presentar una acción constitucional de reclamo colectivo de derechos, donde buscamos visibilizar cuantos medicamentos pendientes hay en el Huila por entregar, con corte al mes de enero” señaló en Blu Radio el representante del ministerio público.Agregó el personero de Neiva, Jerson Bastidas, que más de 6.500 tutelas e incidentes de desacato gestionadas desde las personerías del departamento no han sido tenidas en cuenta para proteger la salud de los pacientes por parte de las entidades de salud y las EPS.Por último, cuestionó a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente convocan a manifestaciones sociales, para que también ejerzan presión y que, así, a los huilenses y pacientes se les garantice los servicios de salud. “Me llama mucho la atención que nadie proteste por la salud, nadie convoque a un plantón o a una marcha por algo que están vital como lo es la salud”, aseveró.
Una ofensiva sostenida contra el microtráfico dejó fuera de circulación cerca de cuatro toneladas de droga en diferentes regiones del país durante enero. La Policía reportó que, entre el 1 y el 28 de ese mes, adelantó una serie de operativos que impactaron de manera directa las redes dedicadas a la venta local de estupefacientes, un fenómeno asociado a la violencia urbana, la inseguridad y el deterioro del entorno social.Las acciones incluyeron 289 diligencias de allanamiento y la identificación de 103 expendios ilegales, muchos de ellos ubicados en zonas residenciales y entornos frecuentados por niños y jóvenes. El resultado fue la incautación de grandes cantidades de droga que, según las autoridades, ya no llegarán a las calles ni a los mercados criminales.El despliegue operativo también derivó en la captura de 4.136 personas, de las cuales 3.950 fueron sorprendidas en flagrancia y 186 por orden judicial. A estas se suman 98 aprehensiones, para un total de 4.234 personas vinculadas a procesos por tráfico local de estupefacientes, lo que representa uno de los golpes más fuertes al microtráfico en lo que va del año.Bogotá encabezó la lista de ciudades con mayor número de capturas, con 341 personas detenidas, seguida por Cartagena (235) y Bucaramanga (161). En las áreas metropolitanas, los mayores resultados se registraron en el Valle de Aburrá, con 797 capturas, y Pereira, con 248, cifras que evidencian la magnitud del fenómeno y la presión policial sobre estas economías ilegales.“El compromiso es cerrarles todos los espacios al microtráfico y proteger a niños, jóvenes y familias. Cada resultado operativo demuestra que la Policía está en la calle, trabajando sin descanso por la seguridad”, afirmó el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, al referirse a los resultados alcanzados.Las autoridades señalaron que cada expendio desmantelado, cada captura y cada kilo de droga incautado tiene un impacto directo en la reducción de la violencia y el fortalecimiento del control territorial. La ofensiva, advirtieron, continuará en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de la ciudadanía, cuya información sigue siendo clave para cerrar el paso al microtráfico en los barrios y comunidades del país.
El Consejo Nacional Electoral abrió una actuación formal para determinar si Daniel Quintero Calle está habilitado para participar como candidato presidencial por un movimiento político distinto al Pacto Histórico, luego de su paso por una consulta interna realizada en 2025. La decisión quedó consignada en un auto firmado por las magistradas Alba Lucía Velásquez Hernández, Álvaro Echeverry Londoño y Fabiola Márquez Grisales, con el que el CNE avoca conocimiento del caso y ordena la práctica de pruebas.La actuación se originó tras una petición presentada por el ciudadano José Alexander Borja Rivera, quien solicitó al CNE aclarar, con sustento jurídico, si la participación de Quintero en una consulta previa, en la que no resultó ganador, le impide aspirar posteriormente a la Presidencia por otra colectividad política. A esta solicitud se sumó un escrito radicado el 27 de enero de 2026, en el que el propio Daniel Quintero pidió la protección de sus derechos políticos, explicando su participación inicial como precandidato, así como su posterior renuncia al proceso.En su defensa, Daniel Quintero argumentó que, tras desaparecer la medida cautelar que habilitaba la consulta del Pacto Histórico, solicitó de manera expresa su retiro y renuncia a cualquier precandidatura. Según su versión, no existió militancia ni participación voluntaria en una consulta partidista posterior, y su inclusión en la tarjeta electoral obedeció únicamente a razones logísticas de la Registraduría.Con el fin de esclarecer estos hechos y garantizar el debido proceso, el CNE ordenó una serie de requerimientos que deberán ser atendidos antes del 31 de enero, a las 4:00 de la tarde. En primer lugar, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir los documentos relacionados con la consulta del 26 de octubre de 2025, incluyendo la lista de inscritos, los resultados oficiales y los actos administrativos que autorizaron y validaron ese mecanismo de participación.De manera paralela, el Consejo pidió a Daniel Quintero que se pronuncie de forma expresa sobre si participó o no en dicha consulta, en qué calidad lo hizo y que aporte las pruebas y los argumentos que respalden su versión. Asimismo, requirió a José Alexander Borja Rivera, ciudadano que realizó la petición, ampliar su solicitud inicial y entregar nuevos elementos que sustenten su requerimiento ante la autoridad electoral.Finalmente, el CNE solicitó al Pacto Histórico un informe detallado sobre la finalidad, el alcance y la estructura de la consulta celebrada en octubre de 2025, el rol de las colectividades en su organización, la forma como se concibió la participación de los ciudadanos y, especialmente, el papel que tuvo Daniel Quintero dentro del proceso, incluyendo cualquier manifestación de retiro.Todos los documentos recopilados y las respuestas entregadas deberán ser publicados en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, como parte del principio de transparencia, mientras avanza la revisión del caso.
Desde este sábado 31 de enero quedó oficialmente abierto el período de inscripción de candidaturas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026, que se celebrarán el próximo 31 de mayo. El trámite se extenderá hasta el 13 de marzo, según lo establecido por la Registraduría.Durante este lapso, indica la entidad, podrán inscribirse las candidaturas avaladas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como aquellas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones. En el mismo plazo también podrán registrarse los promotores del voto en blanco.La Registraduría precisó que, en los casos en los que los candidatos presidenciales sean escogidos mediante consultas internas, programadas para el 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria oficial de los resultados. Este procedimiento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.El trámite de inscripción deberá realizarse de manera presencial en la sede central de la Registraduría Nacional, en Bogotá. Para ello, es obligatorio agendar previamente una cita a través del correo electrónico jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co. La diligencia podrá ser adelantada por los propios candidatos o por sus representantes legales, delegados autorizados, miembros de los comités inscriptores o gerentes de campaña de las organizaciones políticas que los postulan.La entidad electoral también señaló que, antes de solicitar la cita, las organizaciones políticas y los promotores del voto en blanco deberán remitir a los correos electrónicos indicados la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción. Solo una vez verificados estos documentos se procederá con la asignación de la cita para formalizar el registro de las candidaturas.