La polémica por los nombramientos de interventores en la Superintendencia Nacional de Salud volvió al centro del debate político luego de que el presidente Gustavo Petro señalara públicamente a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, por una presunta entrega de hojas de vida relacionadas con ese proceso. Las declaraciones fueron hechas durante dos discursos del mandatario, uno en el Hospital San Juan de Dios y otro en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño.Según el presidente, habría sido “engañado” en la designación de interventores, a quienes acusó de haber hecho “un business” durante la intervención al sistema de salud. En ese contexto, mencionó a Sarabia como responsable de unas hojas de vida que, aseguró, no provenían de él.Defensa niega cualquier responsabilidad de Laura SarabiaEn entrevista con Recap Blu, la abogada Lina Sandoval, apoderada de Laura Sarabia, negó de manera categórica que su clienta haya tenido injerencia en esos nombramientos. “No existe ningún fundamento. Los chats, los videos y los elementos que corroboran que Laura no tuvo ninguna injerencia en la designación de los interventores existen y ya están en manos de las autoridades”, afirmó.Sandoval explicó que estos hechos hacen parte de un proceso de desinformación que actualmente investiga la Fiscalía General de la Nación, en el cual Sarabia figura como víctima. “Estamos hablando de aproximadamente 33 procesos de desinformación en su contra”, señaló.Solicitud para que el presidente declare ante la FiscalíaLa defensa envió una carta a la Fiscalía solicitando que el presidente Petro rinda declaración jurada sobre sus afirmaciones. Para Sandoval, es clave que lo dicho en escenarios públicos sea trasladado al ámbito judicial. “La labor del abogado es que las versiones y declaraciones queden consignadas en los escenarios judiciales adecuados”, sostuvo, al tiempo que pidió que se establezca “qué información tiene el presidente y quién se la suministró”.Reunión en el despacho presidencial y circular del DapreLa abogada también hizo referencia a una reunión realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho presidencial, en la que habrían participado el entonces superintendente Luis Carlos Leal y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Tenemos la certeza de que en esa reunión quedó claro que la doctora Laura Sarabia no tuvo nada que ver con la designación de los interventores”, afirmó.Además, recordó una circular emitida por Sarabia el 4 de junio de 2024 cuando dirigía el Dapre, en la que se instaba a prevenir intermediaciones indebidas. En palabras del documento: “Crear mecanismos de confirmación respecto a las gestiones adelantadas o instruidas, con el objetivo de prevenir esquemas de intermediación”.Denuncia por violencia política contra la mujerFinalmente, Sandoval explicó que la denuncia interpuesta es por violencia política contra la mujer, una forma de violencia de género. “Hay una construcción de narrativas sin evidencia que buscan entorpecer su labor como mujer en la política”, concluyó.La defensa reiteró que Sarabia “está tranquila” y a la espera de que la Fiscalía avance en las investigaciones para esclarecer los hechos.Escuche la entrevista completa acá:
La decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica fue recibida con respaldo por parte de varios gobernadores del país, quienes advirtieron que la medida evita un fuerte golpe a las finanzas regionales y protege recursos clave para la inversión social.La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó la decisión como acertada y oportuna, al señalar que el decreto habría generado afectaciones directas en sectores esenciales.Toro explicó que la medida evita impactos negativos en programas financiados con rentas departamentales, especialmente en el pago del régimen subsidiado; en educación, como el PAE y el transporte escolar; y en el deporte.Desde el Tolima, la gobernadora Adriana Magaly Matiz aseguró que respeta la independencia de la justicia y destacó el alcance constitucional de la determinación del alto tribunal. Matiz fue enfática en señalar que el decreto ponía en riesgo la autonomía regional.“Más que celebrar la decisión de la Corte Constitucional, lo que aquí se mantiene es la salvaguarda constitucional frente a un afán desenfrenado por tapar un hueco fiscal a costa de la inversión social en salud, educación y deporte. El país se construye fortaleciendo las regiones, no asfixiándolas ni debilitando su independencia”, manifestó.Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, destacó que la suspensión provisional del decreto refuerza el papel de la corte como guardiana de la Constitución de 1991 y protege los recursos que permiten a los departamentos atender las necesidades de sus comunidades.“Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión de la Corte Constitucional, como garante de la separación de poderes, la independencia de la justicia y la verdadera autonomía de las regiones”, señaló.Las reacciones se conocen luego de que la Corte Constitucional decidiera suspender temporalmente los efectos del decreto de emergencia económica, mientras se pronuncia de fondo sobre su constitucionalidad, una decisión que ha sido interpretada por los gobernadores como un alivio para las finanzas territoriales y la inversión social en las regiones.
El dolor por el accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas que viajaban en un vuelo de Satena entre Cúcuta y Ocaña, sigue creciendo con los testimonios de quienes conocieron a las víctimas. Una de ellas fue Maira Alejandra Avendaño, trabajadora humanitaria y líder social, cuya historia fue recordada por su amiga y colega Yadira Galeano en entrevista con Noticias Caracol.Maira Alejandra hacía parte del Consejo Noruego para Refugiados, una organización internacional con presencia en más de 40 países que en Colombia trabaja desde hace más de dos décadas en la atención de población desplazada y comunidades en riesgo por el conflicto armado. Según relató Galeano, Maira llevaba más de 10 años vinculada a la entidad y se había convertido en un referente por su compromiso con las comunidades del Catatumbo, Arauca y el nororiente del país.“Fue una colega excelente, una profesional brillante, una mujer que nació para servir”, expresó Galeano durante la entrevista. Contó que Maira Alejandra se caracterizaba por su cercanía con las víctimas, su sensibilidad frente al dolor ajeno y su insistencia en buscar soluciones, incluso cuando parecía no haberlas. “Ella no se quedaba con un no. Tocaba puertas, buscaba apoyos y siempre encontraba la manera de ayudar”, añadió.La mujer fallecida en el accidente del avión de Satena tenía su sede de trabajo en Ocaña, pero se movilizaba constantemente entre Norte de Santander y Arauca para liderar proyectos de protección y acompañar comunidades afectadas por la violencia. En el vuelo en el que perdió la vida, regresaba precisamente a Ocaña luego de cumplir compromisos laborales en Cúcuta relacionados con la atención de poblaciones en riesgo.Galeano también relató cómo se enteraron de la tragedia. Explicó que, por razones de seguridad, la organización hace seguimiento a los desplazamientos de su personal, especialmente en zonas de alto riesgo. “Maira informó que estaba abordando el avión y, como siempre, esperábamos confirmar que hubiera llegado. Luego nos dimos cuenta de que el vuelo no había aterrizado y empezaron las incertidumbres”, dijo, describiendo el angustioso momento que vivieron antes de conocer la noticia del accidente.El siniestro ocurrió el miércoles 28 de enero, cuando el Beechcraft 1900 se precipitó en el sector de Playa de Belén, en el Alto el Buey, zona rural de Curasica, a pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. En el hecho murieron 13 pasajeros, además del piloto y copiloto, generando una profunda conmoción en el departamento y en el país.Sobre cómo debe ser recordada Maira Alejandra Avendaño, su amiga fue enfática: “Tenemos que recordarla con admiración, con respeto, celebrar su vida y lo que significó para el trabajo humanitario en zonas tan complejas como el Catatumbo y Arauca. Maira fue una persona que creía que las cosas podían cambiar y trabajó incansablemente para que fueran mejores”.Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente del avión de Satena, las historias de vida de las víctimas, como la de Maira Alejandra, siguen dejando huella y recordando el impacto silencioso de quienes dedican su vida a servir a los demás.
Las filas interminables, los retrasos inesperados y el cansancio acumulado suelen convertir un viaje en avión en una experiencia tensa para muchos pasajeros. Basta un vuelo demorado o una conexión perdida para que la paciencia se agote y el ambiente a bordo se torne incómodo.En medio de ese estrés, algunos viajeros reaccionan de forma impulsiva sin medir las consecuencias, olvidando que un avión no es solo un medio de transporte, sino un espacio que está regulado por estrictas normas de seguridad.Como consecuencia, la Aeronáutica Civil hizo una advertencia a los pasajeros sobre los comportamientos disruptivos durante un vuelo, pues pueden acarrear sanciones graves y penalizaciones, según la normativa vigente.Conductas en vuelo que pueden generar graves multas y sancionesDe acuerdo con la entidad aérea, existen comportamientos que, aunque algunos pasajeros consideran menores, pueden derivar en consecuencias serias durante o después del vuelo. Entre las principales se encuentran:Desobediencia a la tripulaciónNo acatar las instrucciones del personal de cabina, ya sea durante el abordaje, el despegue, el vuelo o el aterrizaje, constituye una falta grave. Las indicaciones de la tripulación no son opcionales, ya que están relacionadas directamente con la seguridad de todos los ocupantes.Comportamiento agresivoLos actos de violencia verbal o física, discusiones exaltadas, amenazas o alteraciones del orden a bordo pueden llevar a sanciones inmediatas. En casos extremos, el vuelo puede verse obligado a desviarse, lo que incrementa la gravedad de la falta.Interrupción del vueloCualquier acción que afecte el normal desarrollo de la operación aérea, como provocar disturbios, negarse a permanecer sentado o generar pánico entre otros pasajeros, puede traducirse en multas, procesos administrativos e incluso restricciones para volar en el futuro.La autoridad aeronáutica recordó que estas conductas no solo afectan al pasajero infractor, sino también al resto de viajeros, a la tripulación y a las aerolíneas, que deben enfrentar retrasos, costos adicionales y riesgos operativos.El objetivo del llamado de la Aerocivil es "prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad aérea y el normal desarrollo de las operaciones".
El presidente Gustavo Petro, pidió este miércoles al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil investigar con rigurosidad las causas del accidente de un avión de la compañía estatal Satena, en el departamento de Norte de Santander, que dejó trece pasajeros y dos tripulantes muertos."El señor presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, ha solicitado al Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y demás entidades competentes adelantar una rigurosa investigación para determinar las causas de este lamentable hecho", detalló el Gobierno en un comunicado.El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó en la mañana de hoy del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar 25 minutos después.Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.La aeronave, explicaron las autoridades, fue fabricada en 1995 y tenía 32.000 horas de vuelo, así como todos sus papeles al día.Entre las víctimas están el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya; el candidato a congresista Carlos Salcedo; Maira Alejandra Avendaño, de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en inglés), Karen Liliana Parales, de la organización World Vision, y Juan David Pacheco, quien fue concejal del municipio de Ocaña.El congresista Quintero Amaya era representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo (Norte de Santander), y había llegado a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.Quintero, que fue defensor regional del Pueblo en Ocaña, buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, esta vez como candidato del Partido de la U por Norte de Santander.La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) lamentaron el accidente y el primer organismo recordó que el congresista y las integrantes de las ONG sumaron "esfuerzos en la búsqueda de una paz completa en la región".
Un procedimiento médico realizado en un consultorio de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, terminó en una captura por parte de la Policía Nacional, luego de que se confirmara la implantación de anticonceptivos vencidos a dos menores de edad, de 14 y 15 años. El caso fue denunciado al Ojo de la noche para Mañanas Blu por la madre de las adolescentes tras detectar irregularidades en el lugar y en los insumos utilizados.Los hechos ocurrieron en un centro médico ubicado cerca de la avenida Caracas con calle 32, hasta donde la familia acudió para solicitar un implante anticonceptivo para las dos menores.Cómo se detectó que los implantes estaban vencidosSegún relató la madre en entrevista con Blu Radio, el procedimiento se realizó en un consultorio identificado como Ecografías Palermo, al que ingresaron tras recibir información sobre servicios de planificación familiar.Después de que el médico realizara la implantación, la mujer pidió verificar el empaque y la fecha de vencimiento de los productos, solicitud a la que el profesional se habría negado inicialmente.La madre explicó que logró revisar uno de los empaques y constató que el implante tenía fecha de vencimiento entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020, es decir, llevaba aproximadamente más de cinco años vencido.Tras enviar fotografías a una médica conocida y acudir posteriormente a Profamilia, recibió la confirmación de que los implantes no podían ser utilizados y debían ser retirados de inmediato.Policía capturó al médico en el consultorioAl comprobar la situación, la madre alertó a la Policía Nacional, que llegó al lugar y verificó que los productos utilizados en las menores estaban vencidos.Un oficial de inspección confirmó que el médico fue capturado por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con la Policía, el hombre adelantó el procedimiento de implantación subdérmica a dos menores, lo que agravó la situación al tratarse de niñas de 14 y 15 años.Según la información entregada a este medio, una de las adolescentes presentó lesiones más severas en uno de sus brazos, presuntamente ocasionadas durante el retiro apresurado de uno de los implantes por parte del médico, luego de que la madre lo confrontara.La familia regresó a Vergara, Cundinamarca, tras interponer la denuncia, y la menor afectada será valorada por personal médico para determinar los posibles daños ocasionados por el procedimiento.El médico capturado quedó bajo custodia de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación para establecer responsabilidades penales y verificar si existen más víctimas relacionadas con procedimientos similares en el mismo consultorio.
El accidente este miércoles de un avión de la compañía Satena, que se estrelló cuando volaba entre las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, trajo a la memoria otra tragedia ocurrida hace 50 años de la misma aerolínea y en la misma ruta.El avión accidentado hoy era un bimotor Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, operado por Searca, que despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, con destino al de Aguas Claras, en Ocaña, pero se estrelló en una zona montañosa de la localidad de La Playa de Belén y no hubo sobrevivientes entre sus 15 ocupantes, según Satena.Hace ya medio siglo, el sábado 3 de mayo de 1975, otro avión de Satena, un DC-3 con matrícula FAC663 que hacía el vuelo inaugural entre Ocaña y Cúcuta, despegó del aeropuerto de Aguas Claras con siete personas a bordo pero se estrelló contra el cerro La Cuchilla, en inmediaciones de la localidad de Sardinata (Norte de Santander) cuando le faltaban ocho minutos para llegar al Camilo Daza, según la página de la Flight Safety Foundation, con sede en EE.UU..En ese accidente murieron los cuatro tripulantes, todos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), propietaria de Satena, en una época en la que los aviones requerían más personal en vuelo, pero milagrosamente se salvaron los tres pasajeros.Según una crónica del diario El Tiempo de la época los sobrevivientes fueron el actor Orlando Galás, cuyo verdadero nombre era Orlando Carrascal Claro; el periodista Jorge Rolón García y el abogado Héctor Sánchez.Rolón García era un conocido locutor de la emisora Radio Sonar, de Ocaña, afiliada a la cadena Caracol, que emitió mensajes fúnebres por la muerte del periodista, ya que la Fuerza Aérea en un primer momento informó que no había supervivientes y solo al día siguiente fueron hallados con vida los tres pasajeros.A raíz de ese accidente, el periodista Rolón García fue llamado cariñosamente 'el Sateno' hasta su muerte, ocurrida en Cúcuta en septiembre de 2013, a los 69 años de edad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que el objetivo último de la Administración de Donald Trump es lograr una "Venezuela democrática", avisó que la transición llevará tiempo y abrió la puerta en el proceso a la líder opositora María Corina Machado.El jefe de la diplomacia estadounidense compareció ante el Senado para detallar los planes del Gobierno con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro del pasado 3 de enero y, posteriormente, recibió a la premio Nobel de la Paz en el Departamento de Estado.Una transición sin plazo exactoDurante su intervención ante el Comité de Exteriores de la Cámara Alta, Rubio recalcó que las transiciones democráticas -poniendo como ejemplo la española- "llevan tiempo", y dijo que ahora no puede dar "un plazo exacto" para los próximos pasos."Tenemos que haber avanzado mucho más, en tres, cuatro o cinco meses, para que la situación no sea la misma que hoy. Probablemente podré dar una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente sobre el terreno", explicó.Lo que sí espera que suceda pronto es la apertura de las respectivas embajadas, cerradas desde 2019, para normalizar las relaciones con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras el arresto del líder chavista.La Administración de Trump sostiene mantiene un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que por ahora se está plegando a todas sus exigencias, aunque la presidenta encargada declaró esta semana que ya no aceptará más órdenes del exterior.El secretario de Estado declaró ante los senadores que Washington no está planeando ningún nuevo ataque militar sobre Venezuela, pero advirtió que Trump se reserva el uso de la fuerza si Rodríguez se desvía del camino trazado por la Casa Blanca."Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento", subrayó Rubio, quien horas antes envió al Senado una declaración escrita en la que no descartaba "el uso de la fuerza" para obligar a Caracas a cooperar.El papel de María Corina MachadoEn esa transición, Rubio abrió la puerta al posible rol de Machado, aunque recordó que "el control de las armas y las instituciones lo tiene el régimen".Trump dejó al margen del proceso a la líder opositora al considerar que no contaba con apoyos en el Ejército para asumir el poder, pero tras reunirse con ella hace dos semanas y recibir como obsequio su medalla del Premio Nobel afirmó que quiere "involucrarla" de alguna manera."Lo que intentamos desencadenar aquí es un proceso de estabilización, recuperación y transición hacia una situación en la que María Corina y otras personas puedan formar parte", dijo Rubio ante los senadores.Horas después, el secretario de Estado recibió en su despacho a Machado, quien salió satisfecha de la reunión, asegurando que cuenta con el total respaldo del Gobierno de Trump."Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Donald Trump", declaró ante la prensa tras afirmar que son "horas y días decisivos" para el futuro del país.La opositora, que insistió en su deseo de regresar pronto a Venezuela, subrayó que dicha transición debe ser "real" y no deben quedarse "las mafias en el poder".La estrategia en Venezuela pasa por el petróleoLos trabajos inmediatos de la Administración de Trump en Venezuela, según declaró Rubio, pasan por la estabilización del país, pues se temió "una guerra civil" tras la captura de Maduro.Para ello, explicó, se creó un "mecanismo temporal" por el que Venezuela puede vender al mercado internacional petróleo sancionado por Estados Unidos y así recibir ingresos que permitan al Gobierno seguir operando.Esos ingresos, depositados en una cuenta en Catar, país mediador de conflictos, están "supervisados" por Estados Unidos para garantizar que "beneficien al pueblo venezolano y no al régimen anterior", justificó Rubio.Desde el arresto de Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos ha vendido crudo venezolano al mercado internacional por un valor de 500 millones de dólares, de los que ha entregado a Caracas 300 millones a través de la cuenta en Catar.
El Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se sitúa este año a 85 segundos de la medianoche, el punto más cercano que ha estado nunca de marcar la hora final en sus 79 años de historia.El reloj, gestionado por el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos, se acercó este martes cuatro segundos más a una catástrofe en comparación con el año anterior, cuando marcó 89 segundos para el ocaso de la humanidad.Las manecillas del reloj se pararon en esta hora crítica a raíz de la amenaza nuclear (en un momento en que los arsenales nucleares aumentan y los tratados de no proliferación no se están renovando), el cambio climático y la creciente agresividad que ejercen las potencias globales, según advirtieron los científicos.La presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, Alexandra Bell, puso el foco en la decadencia de la cooperación internacional y en las decisiones de la Administración del presidente Donald Trump como factores decisivos para esta aproximación."Trump está desmantelando activamente medio siglo de esfuerzos de control de armas para mantener la estabilidad entre las dos naciones con mayor arsenal nuclear del mundo (EE.UU. y Rusia) y ha estado atacando las herramientas y tecnologías que pueden ayudarnos a gestionar el cambio climático", declaró Bell."Hemos visto un fracaso flagrante del liderazgo y un giro hacia el neoimperialismo", añadió la presidenta.Por su parte, el presidente del Comité de seguridad y ciencia del Boletín, Daniel Holz, dijo que los principales países se han vuelto más "agresivos, hostiles y nacionalistas" en el último año."La historia ha demostrado que cuando los gobiernos dejan de rendir cuentas ante sus propios ciudadanos, sobrevienen el conflicto y la miseria; esta tendencia global hace que el mundo sea más peligroso para todos", alertó Holz en la presentación del reloj.La periodista filipina y Premio Nobel de la Paz en 2021, María Ressa, se centró en la crisis que sufre el periodismo actual e hizo un llamado a la acción para revertir la situación global."Necesitamos plataformas tecnológicas rediseñadas en torno a los derechos humanos, no a las métricas de interacción; necesitamos que el periodismo se financie como infraestructura crítica", declaró.También conocido como el "Reloj del Apocalipsis" ("Doomsday Clock", en inglés), el mecanismo es un símbolo dirigido por un grupo de científicos, entre ellos 13 premios Nobel, creado en 1947, que pone el foco en los riesgos que afronta el mundo y que pretende indicar lo cerca que está el fin de la humanidad.Desde 2007, el reloj ha incluido en sus valoraciones el deterioro del planeta debido al calentamiento global y la crisis climática.
Con el avance de la investigación por el trágico accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas, salió a la luz el último audio de la aeronave de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña. Las grabaciones, extraídas de las llamadas “cajas negras”, revelan los instantes finales de comunicación entre los pilotos y la torre de control, justo antes de que el avión desapareciera del radar.El siniestro ocurrió en la tarde del miércoles 28 de enero, cuando el Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, se encontraba a tan solo cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. La aeronave terminó precipitándose en el sector de Playa de Belén, específicamente en el Alto el Buey, zona rural de Curasica, en un área de difícil acceso que complicó las labores de rescate.Último audio del avión de Satena accidentadoDe acuerdo con la transcripción conocida, la última comunicación se dio cuando los tripulantes informaron a la torre de control de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso. “Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en el audio, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando instrucciones de procedimiento, al no reportarse tránsito en la zona. Este es el audioPiloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descensoTorre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.Minutos después de esa comunicación, el avión se perdió de los radares y se activaron los protocolos de búsqueda, que culminaron horas más tarde con la confirmación del accidente.Las autoridades señalaron que este audio constituye una pieza fundamental para establecer qué ocurrió en los instantes finales del vuelo. “Ese elemento va a permitir seguramente fortalecer unas hipótesis y al final tiene que haber una conclusión de las causas de lo ocurrido”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.Avances clave en la investigación del accidente aéreoLa Aeronáutica Civil confirmó que ya fueron hallados y asegurados los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina, conocidos como las “cajas negras”, lo que marca una nueva etapa en el proceso investigativo. Según explicó el director de la entidad, Luis Alfonso Chimenty, esta información será contrastada con la evidencia recopilada en la zona del impacto para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa clave de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”, indicó el funcionario.Equipos especializados de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos continúan en el sitio del siniestro, donde ya realizaron la primera caminata técnica para identificar restos de la aeronave, ubicar componentes relevantes y establecer una aproximación preliminar a la dinámica del impacto.
La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) expresó su profunda preocupación por la caída total del sistema del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), una plataforma oficial administrada por el Ministerio de Transporte y de uso obligatorio para el sector.Según el gremio, las fallas persistentes del RNDC han provocado una afectación generalizada en la operación de las empresas transportadoras a nivel nacional, impidiendo el registro oportuno de manifiestos, remesas y demás documentos exigidos por la normativa vigente.Esta situación ha derivado en retrasos operativos, represamiento de vehículos, interrupciones en la cadena logística y congestión en terminales portuarias, con impactos directos en el cumplimiento de contratos y pérdidas económicas significativas, no solo para las empresas transportadoras, sino también para los generadores de carga.Fedetranscarga advirtió que la gravedad del problema se incrementa al tratarse de una plataforma oficial de uso obligatorio, sin que hasta el momento exista un plan de contingencia activo ni información clara y oportuna sobre los tiempos estimados para el restablecimiento del servicio. Esta falta de previsión, señaló el gremio, traslada de manera injustificada la carga operativa y legal a las transportadoras, exponiéndolas a posibles sanciones.“El transporte de carga es la columna vertebral de la economía nacional y no puede seguir paralizado por fallas estructurales en plataformas tecnológicas oficiales, esta situación compromete la eficiencia, legalidad y sostenibilidad de la operación logística del país”, enfatizó Fedetranscarga.Ante este panorama, la federación hizo un llamado urgente al Ministerio de Transporte para que active de inmediato un plan de contingencia y habilite mecanismos alternos que permitan garantizar la continuidad de la operación mientras persistan las fallas del sistema, evitando afectaciones adicionales al sector.
Las cancilleres de Colombia, Rosa Villavicencio, y de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, sostuvieron un breve encuentro en Panamá en medio de la guerra arancelaria. Esto dejó como principal resultado el compromiso de crear mesas técnicas para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.No fue un encuentro bilateral, fue una conversación muy breve, que se dio después de que el presidente Gustavo Petro le extendiera públicamente una invitación a su homólogo Daniel Noboa durante el Foro Económico de la CAF.“La ofrezco esa posibilidad de que hablemos. Lo mismo le diré al presidente Donald Trump, no se como saldrá esa conversación pero es lo que pienso”, dijo el mandatario.El jefe de Ecuador no le respondió, al menos públicamente, y en cambio si citó una frase de Petro cuando señaló que hablaría de libertad con Trump.“En anteriores discursos hablaban sobre libertad. La libertad debe ser también de la gente que hace las cosas bien y los criminales tienen que ser privados de la libertad porque darle libertad a los criminales le resta libertad a todos los que luchamos por hacer las cosas bien”, mencionó ante los siete mandatarios que asistieron a la cumbre.
Un nuevo video revelado en redes sociales se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación del trágico accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, donde murieron 15 personas que viajaban en una aeronave que cubría la ruta comercial entre Cúcuta y Ocaña. Las imágenes, grabadas minutos antes del siniestro, muestran el interior del avión y a algunos de los pasajeros, así como a los dos pilotos que estaban al mando de la aeronave.El accidente se registró en la tarde del miércoles 28 de enero, cuando el avión se encontraba a tan solo cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. Según información preliminar, la aeronave se precipitó en el sector conocido como Playa de Belén, específicamente en la zona rural de Alto el Buey, en el corregimiento de Curasica, una región de difícil acceso que complicó las labores iniciales de rescate y recuperación de cuerpos.En el video, que rápidamente se hizo viral, se observa a cuatro de los pasajeros sentados en la cabina del Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, operado por la empresa Searca y vinculado a la aerolínea estatal Satena. También se aprecia una toma desde la ventana, donde se ven las hélices en movimiento momentos antes del despegue, en lo que parecía ser un vuelo rutinario entre el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta y el municipio de Ocaña.Este es el video inéditoSe conoce el último video del avión de #Satena antes de accidentarse en zona rural del Catatumbo y donde murieron 15 personas.Se desconocen los motivos del siniestro. #yacelacanto #noticias pic.twitter.com/vJfCe16vFO— Ya Celacanto (@YaCelacanto) January 28, 2026 Entre las 15 víctimas se encontraban los dos pilotos y varios ciudadanos reconocidos de Ocaña y del departamento de Norte de Santander, lo que generó una profunda conmoción en la región. Autoridades locales y departamentales decretaron días de duelo, mientras familiares y amigos exigen respuestas claras sobre las causas del siniestro.Avances en la investigación del accidente aéreoLa Aeronáutica Civil confirmó en las últimas horas un avance clave en la investigación: fueron hallados y asegurados los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina, conocidos como las “cajas negras”, elementos fundamentales para reconstruir lo ocurrido en los últimos minutos antes del impacto.“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa clave de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”, explicó el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Chimenty.De acuerdo con el reporte oficial, un equipo especializado de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos permanece en el sitio del siniestro y ya culminó la primera caminata técnica de reconocimiento. En esta fase se realizó la identificación inicial de restos de la aeronave, la ubicación de elementos relevantes y una primera aproximación a la dinámica del impacto, información que será determinante para establecer las hipótesis técnicas.Mientras avanzan las investigaciones, el video captado minutos antes del accidente se ha convertido en un testimonio visual que refleja la normalidad con la que transcurría el vuelo, antes de que ocurriera la tragedia aérea que hoy enluta a Norte de Santander y al país.
Las autoridades confirmaronun avance clave en la investigación del accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, luego de que fueran hallados y asegurados los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina —conocidos como las “cajas negras”— del avión de Satena que se precipitó en zona rural de Norte de Santander.El anuncio fue hecho por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, que señalaron que tanto el Flight Data Recorder (FDR) como el Cockpit Voice Recorder (CVR), además de la baliza de emergencia, ya se encuentran bajo custodia oficial, lo que permitirá avanzar en una fase determinante de la investigación técnica del siniestro.“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa clave de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”, explicó el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Chimenty.De acuerdo con el reporte oficial, un equipo especializado de la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos se encuentra en el sitio del siniestro y ya culminó la primera caminata técnica de reconocimiento. En esta etapa se realizó la identificación inicial de restos, la ubicación de elementos relevantes y una primera aproximación a la dinámica del impacto, información que servirá como base para la construcción de hipótesis técnicas.Entre tanto, desde la madrugada de este miércoles, los 15 cuerpos recuperados en el lugar del accidente fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta, donde continúan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes, en coordinación con los organismos forenses y las entidades judiciales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el Gobierno está actuando con total responsabilidad institucional. “Nuestra prioridad es que esta investigación se adelante con absoluto rigor técnico, sin especulaciones y con respeto por las víctimas y sus familias. Como Gobierno, garantizamos que cada avance será comunicado de manera oportuna y únicamente por los canales oficiales”, afirmó.La Aeronáutica Civil también advirtió que la escena del siniestro presenta alteraciones derivadas del acceso de personas al lugar antes del cierre total del área, situación que ya fue identificada y está siendo considerada dentro del análisis técnico del caso, como parte del contexto que rodea la recolección de evidencias.Las labores de investigación continuarán en función de las condiciones geográficas, de seguridad y de conectividad de la zona donde ocurrió el accidente, priorizando siempre la integridad de los equipos técnicos desplazados y el cumplimiento de los protocolos internacionales que rigen este tipo de procesos.
El informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA.De acuerdo con el documento, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente “el cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos”. El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.Según el informe, el día del accidente se había programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón hacia Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala textualmente el informe preliminar de la DIACC.Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área.Lugar del impacto y dinámica del accidente donde murió Yeison JiménezLa inspección de campo permitió ubicar el sitio del accidente en la finca Marengo, vereda Romita, en zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies. La aeronave quedó localizada a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón.El informe describe una dinámica de impacto de alta energía inicial, con un punto primario de contacto contra el terreno y un desplazamiento lineal mínimo, lo que indica una rápida pérdida de sustentación tras el despegue.“La aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica con un impacto inicial y un desplazamiento aproximado de 21 metros hasta su posición final”, detalla el documento.Testigos citados en la investigación afirmaron que la aeronave impactó y rebotó antes de detenerse definitivamente, quedando con los planos a nivel, sin evidenciar volcamiento. La DIACC fue enfática en señalar que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en el aire.“No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”, precisa el informe.El incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, lo que produjo la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.Estado de la aeronave y hallazgos técnicosLa inspección detallada de los restos permitió establecer que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo. Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto, y las hélices evidenciaron marcas de baja energía, un dato clave para el análisis de potencia al momento de la colisión.La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente, un tiempo total de vuelo de 8.788,95 horas y estaba equipada con dos motores Lycoming TIO-540-J2B y hélices Hartzell. Asimismo, se confirmó que no contaba con registradores de vuelo, ya que la normativa no exigía su instalación para este tipo de aeronave.El piloto al mando, de 38 años, contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, además de un chequeo satisfactorio en la misma aeronave realizado en marzo de 2025.El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con una pista de 1.540 metros, señalización adecuada y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica. Los análisis satelitales y de modelamiento atmosférico indicaron nubosidad baja dispersa, alta humedad y una altitud densidad de 9.719 pies, sin evidencia de fenómenos meteorológicos adversos.La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con participación de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes de la aeronave, motores y hélices.Por ahora, el documento no establece una causa definitiva, pero deja claro que el accidente ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas en vuelo y con un incendio generado únicamente tras el impacto, elementos que serán determinantes para las conclusiones finales.
Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República fue denunciada la alcaldesa de Turbaco, Bolívar, Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Las denuncias fueron presentadas por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero, Luis Miguel Marimón Reyes, quien solicitó a las autoridades competentes investigar la posible desviación de poder en las actuaciones de la mandataria.De acuerdo con la veeduría, la investigación se origina a raíz de un audio enviado por la propia alcaldesa a los ediles del municipio, en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la organización denunciante, estas declaraciones revelan que la convocatoria de las sesiones no tuvo un propósito administrativo o de interés general, sino un carácter de beneficio económico, lo que podría constituir un uso indebido de sus facultades.Posteriormente, la mandataria expidió el Decreto No. 127 del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó diez sesiones extraordinarias que generaron pagos por concepto de honorarios. Si bien la ley permite la remuneración de los ediles por su participación en dichas sesiones, la Constitución Política, en su artículo 315, señala que estas deben responder a asuntos urgentes y de interés público.La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia pidió a los organismos de control determinar si los hechos mencionados configuran una desviación de poder o constituyen posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales por parte de la alcaldesa Espinosa Puello. Las investigaciones podrían establecer si la convocatoria extraordinaria fue legítima o si, por el contrario, se trató de un acto de favorecimiento irregular.
Las autoridades confirmaron que, a raíz de los operativos adelantados en Neiva y en los municipios cercanos, fueron recapturados dos de los siete delincuentes que se fugaron el lunes de esta semana del centro de reclusión transitorio de Neiva.Se trata de Duván Sneyder Llanos alias ‘Frijol’ acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y Jairo Andrés Gómez Perdomo imputado por el delito de desaparición forzada.Entre tanto, Jhon Sebastián Becerra Lizcano de 23 años acusado por el delito de homicidio y Juan Sebastián Torres de 18 años, quien se encontraba privado de la libertad por el delito hurto calificado, se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades.“Gracias a la difusión que se hiciera por los medios de comunicación y el trabajo articulado entre policía, ejército y la comunidad se han logrado recapturar a dos de estas personas que se fugaron del centro transitorio de Neiva y, tras esta misma presión, otros dos se entregaron de manera voluntaria”, informó el coronel Héctor Jairo Betancourt comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Entre tanto, siguen prófugos tres más de los presos que escaparon del centro de reclusión transitorio entre ellos alias ‘Richard’ disidente de las Farc capturado en noviembre del año anterior señalado de haber instalado una motocicleta bomba en el municipio de La Plata en Semana Santa del 2025, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.Las autoridades municipales y del orden nacional adelantaron un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se evaluó la situación y se adoptaron decisiones para garantizar la seguridad en el centro de reclusión transitorio y el esclarecimiento de los hechos.Asimismo, se anunció una recompensa por información que permita la ubicación y captura de los demás prófugos del centro de detención transitorio, la cual será definida de acuerdo con la calidad de la información suministrada y el perfil del capturado.Entre otras decisiones durante el Consejo de Seguridad las autoridades definieron las siguientes medidas:•La realización de una mesa técnica con la Rama Judicial, con el fin de solicitar que, en adelante, las personas privadas de la libertad sean remitidas de manera preventiva a centros de detención de los municipios donde fueron capturadas.•La reafirmación de la orden de no recibir personas privadas de la libertad de otros municipios en el CDT de Neiva, al ser esta una responsabilidad directa de cada ente territorial.•El reforzamiento estructural y tecnológico de las celdas existentes en el CDT.•Adelantar las acciones administrativas y judiciales para que el INPEC reciba a las personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad del país.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desplegó una aeronave C-40 desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para trasladar 533 computadores, 15 pantallas inteligentes y 16 sistemas de internet satelital hacia Riohacha, destinados a fortalecer la educación en La Guajira.El cargamento, enviado desde Bogotá en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, tiene como objetivo principal reducir la brecha digital en las zonas más apartadas del norte del país.Tras el aterrizaje en la capital del departamento, el Gobierno Nacional inició la distribución de estas herramientas en siete instituciones educativas: cuatro ubicadas en la Alta Guajira y tres en la Baja Guajira.Esta misión logística forma parte de un proyecto nacional que busca entregar 3.770 equipos de cómputo en escuelas rurales de ocho departamentos de Colombia. La iniciativa pretende aumentar las capacidades académicas de los estudiantes mediante el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información.“Esas son las misiones que hacemos todos los días, poder apoyar a los niños y a las poblaciones más vulnerables alejadas de nuestro territorio nacional”, destacó el piloto del avión C-40 mayor Jonathan Urbina.
El presidente de Satena, Óscar Zuluaga, entregó este jueves nuevas declaraciones sobre el accidente aéreo ocurrido en el Catatumbo, Norte de Santander, que dejó al menos 15 personas fallecidas, entre ellas el representante a la Cámara por la curul de paz, Diógenes Quintero. Durante una rueda de prensa, el directivo aseguró que, hasta el momento, no existen indicios de presiones externas, fallas operativas ni problemas asociados a la fatiga de la tripulación.Zuluaga comenzó enviando un mensaje de tranquilidad a los usuarios y a las comunidades que dependen de la aerolínea estatal. “Satena seguirá volando, seguirá cumpliendo sus itinerarios como los tiene programados y continuará llevando conectividad a las regiones más apartadas del país”, afirmó, destacando que la compañía mantiene sus operaciones normales pese al siniestro.Uno de los temas centrales abordados en la conferencia fue la posibilidad de que la fatiga del piloto hubiera influido en el accidente, dado que la aeronave cubría una ruta exigente con múltiples aterrizajes entre Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú. Frente a esto, voceros técnicos de la compañía explicaron que, de acuerdo con el Reglamento Aeronáutico Colombiano, las tripulaciones pueden volar hasta ocho horas diarias y cumplir hasta 12 horas y media de servicio. En este caso, el vuelo tenía una duración aproximada de cuatro horas y media, por lo que no superaba los límites permitidos.“El piloto tenía más de 10.000 horas de vuelo y una experiencia superior a los 20 años, mientras que el copiloto contaba con más de 7.000 horas de vuelo. No hay ningún elemento que permita inferir que hubo fatiga o presión externa en la operación”, aseguró Zuluaga.Otro de los interrogantes planteados por los periodistas estuvo relacionado con el contexto de orden público en la región del Catatumbo, una zona históricamente afectada por el conflicto armado. Frente a esto, el presidente de Satena señaló que, hasta el momento, no existe información que indique la intervención de factores externos o de seguridad en el accidente. “La comunicación entre la tripulación y el control de tráfico aéreo fue normal, sin ningún tipo de alerta o presión”, dijo, agregando que será la Aeronáutica Civil la encargada de establecer las causas definitivas del siniestro.Zuluaga también respondió a cuestionamientos sobre posibles presiones económicas para mantener los vuelos a pesar de condiciones adversas. En ese sentido, fue enfático en afirmar que los estándares de seguridad de Satena y de la empresa operadora CEARCA son altos y que no se evidenció ninguna situación que comprometiera la seguridad de la operación. “No había hipótesis sobre mal tiempo ni sobre condiciones externas que afectaran el vuelo”, indicó.Mientras avanzan las investigaciones oficiales, la aerolínea reiteró su compromiso con la seguridad aérea y con la conectividad de regiones apartadas como el Catatumbo, donde Satena cumple un papel clave en el transporte de pasajeros y en la integración territorial.Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las causas del accidente ocurrido en jurisdicción de Playa de Belén, Norte de Santander, un hecho que ha generado conmoción nacional y que enluta al país por la pérdida de varias vidas, entre ellas líderes políticos y sociales de la región.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó un nuevo señalamiento que revive las tensiones internas en su gobierno y vuelve a poner en el centro de la polémica a la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia. Durante un evento realizado en el Salón Gobelinos, el mandatario aseguró que fue engañado en el proceso de designación de interventores de EPS, lo que -según dijo- terminó afectando la intervención al sistema de salud y la reforma que impulsaba su administración.En su intervención, Petro relató que había pedido que no se nombrara “un solo interventor por política” y que se eligiera a los mejores perfiles técnicos. Sin embargo, afirmó que se entregaron hojas de vida que él no había autorizado, pero que fueron presentadas como si provinieran de su despacho. En ese contexto, mencionó directamente a Laura Sarabia, a quien acusó de haber inducido al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a creer en esos nombramientos.“El resultado fue un año perdido en la intervención y en la reforma a la salud”, señaló el presidente, quien sostuvo que los interventores terminaron haciendo “un business” con los recursos del sistema. Aunque Petro aseguró que posteriormente los retiró de sus cargos, reconoció que la demora permitió desvíos de recursos.Las declaraciones del mandatario hacen referencia a denuncias conocidas en febrero de 2025, que derivaron en la salida de Leal de la Superintendencia de Salud. De acuerdo con esas denuncias, un grupo de clínicas, centros de diagnóstico, farmacias y otros operadores habría recibido un trato preferencial en el flujo de recursos públicos. Detrás de esos pagos estaría presuntamente un asesor identificado como Mario Urán, quien habría manejado en la sombra varias EPS intervenidas.En su momento, Leal aseguró que desde la Casa de Nariño las hojas de vida de los interventores eran entregadas por Jaime Ramírez Cobo, asesor cercano a Laura Sarabia.Tras las recientes declaraciones de Petro, la embajadora respondió a través de su cuenta en X, afirmando que su gestión fue “trazable y documentada” y negando haber participado en la designación de interventores, asegurando que el presidente y el ministro de Salud conocían esa versión desde hace más de un año.
La política exterior feminista fue una de las promesas de este gobierno. Una de sus líderes es una académica muy respetada que pronto dejará su cargo, pero que desde sus columnas y desde las aulas ha hecho análisis del panorama internacional y el mundo diplomático.Arlene B. Tickner, analista internacional y actualmente embajadora de Colombia para Asuntos de Género, habló en Mañanas Blu analizó los retos de esta reunión bilateral, el futuro de la política exterior feminista y las tensiones generadas por el discurso del mandatario colombiano."La política exterior feminista consiste, en un proceso de avance y de desmonte del patriarcado. Mi labor ha sido enfocada en los derechos LGBTIQ+, derechos sexuales y reproductivos", indicó Tickner. Además, dijo que el gobierno actual tiene "voluntad política para avanzar en temas de género y diversidad"."Yo soy la responsable de realizar las gestiones diplomáticas fuera de Colombia en todo lo relacionado con asuntos de género y política exterior feminista. Lo que creo que hay en el fondo es una voluntad política de este gobierno de avanzar en temas de género y diversidad, en momentos en los cuales estas dos agendas (Colombia-EE.UU) están bajo ataque a nivel mundial", dijo. Por otro lado, reveló que el equipo diplomático en Washington trabaja "día y noche" en la preparación del próximo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Sabemos que Trump es un presidente transaccional, sobre todo, y yo confío en que el gobierno colombiano llevará a la reunión algunas propuestas susceptibles de garantizar la defensa de los objetivos nuestros. Lo importante es garantizar en este espacio es que cada uno sienta que ganó algo con este encuentro", afirmó. Escuche la entrevista aquí:
A pocas semanas de las elecciones al Congreso, el registrador nacional, Hernán Penagos, lanzó una grave advertencia sobre posibles riesgos para la transparencia del proceso electoral en varias regiones del país.Tras la revisión de 312 municipios, la Registraduría identificó zonas con fuerte presencia de grupos armados ilegales, en donde se estarían presentando dinámicas que podrían afectar la libertad del voto, ya sea por presiones directas o por intereses de estas estructuras que buscan influir en las elecciones.Según explicó Penagos, en cerca del 40 % de los municipios analizados se evidencia un interés político-electoral por parte de estas estructuras armadas.“En 312 municipios que hemos revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político-electoral de esos grupos armados ilegales. Y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional”, advirtió el registrador.Penagos explicó que mientras en algunos territorios la alta violencia coincide con bajos niveles de participación electoral, en otros casos ocurre lo contrario.“Hay algunos lugares del territorio nacional donde hay una incidencia de la violencia muy alta y hay menor participación. (…) Pero también tenemos algunos lugares en el noroccidente de Colombia donde hay alta violencia, de acuerdo a los estudios que han presentado, inclusive la fuerza pública”, señaló.Para el registrador, esto podría indicar escenarios de instrumentalización del voto y coacción a los electores, por lo que subrayó que es importante que “se adviertan circunstancias de esa naturaleza para atacarlos de manera permanente”.Frente a estas advertencias, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han insistido en la necesidad de redoblar las medidas de seguridad en las zonas con presencia de grupos armados ilegales, con el fin de garantizar el proceso electoral.
La ONG Transparencia por Colombia lanzó una alerta temprana sobre el financiamiento de las campañas al Congreso y a la Presidencia de la República en 2026, al evidenciar graves niveles de incumplimiento en la rendición de cuentas, altos riesgos de opacidad y debilidades en los mecanismos de control electoral.El informe advierte que, aunque el financiamiento es necesario para la competencia democrática, “no todo vale” e ignorar las reglas afecta la equidad electoral debilita la confianza ciudadana y abre la puerta a la captura indebida del Estado.“Desde 2025, el Consejo Nacional Electoral reiteró que todas las candidaturas deben rendir cuentas en el aplicativo Cuentas Claras sobre el origen y uso de los recursos utilizados en la etapa de inscripción y en la campaña electoral, y estableció la obligación de reporte en tiempo real, es decir, que todo ingreso o gasto debe ser registrado en cuentas claras dentro de los ocho días siguientes a la realización de la operación económica”, explicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.Según el balance, el 95% de las candidaturas al Congreso no ha reportado ingresos ni gastos en el aplicativo Cuentas Claras, pese a que ya transcurrió más de la mitad del periodo de campaña y el 99,6% de los candidatos está habilitado para hacerlo.De las 2.901 candidaturas inscritas, sólo 127 han registrado algún movimiento financiero. La situación es especialmente preocupante entre los congresistas que buscan la reelección, pues apenas 17 de los 182 han cumplido con esta obligación, a pesar de conocer las reglas desde procesos electorales anteriores.“Los seis partidos políticos cuyas candidaturas más han reportado son el partido de la U, Partido Liberal, Alianza Verde, Partido Alianza por Colombia, Partido Conservador y Cambio Radical. Identificamos que los ingresos vuelven a ser principalmente de recursos propios de los candidatos y sus familiares, y los principales gastos se dan en propaganda electoral. Llama la atención que tan solo se reportan nueve millones de pesos de publicidad en redes sociales, aunque hace pocos días la moda indicó que durante el primer mes de campaña se invirtieron más de trescientos millones de pesos en Facebook e Instagram”, agrega Hernández.En el caso de las campañas presidenciales, el informe califica como “muy grave” la opacidad en la financiación de la recolección de firmas. De los 91 comités registrados, únicamente uno aparece habilitado en Cuentas Claras y ninguno ha reportado ingresos o gastos.“Solo se encuentra habilitado el acceso al reporte de Mauricio Cárdenas, pero no se evidencia en ingresos ni gastos. A la fecha no se conoce el origen de los recursos que invirtieron, por ejemplo, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Claudia López, Aníbal Gaviria o Juan Daniel Oviedo, a pesar de conocerse múltiples reportes de gastos significativos en sus actividades de campaña. No es claro si esto se debe a que las cuentas no se han entregado o a que el CNE no ha habilitado su acceso. Sobre la consulta interpartidista de la coalición del pacto histórico del pasado veintiséis de octubre, tanto Iván Cepeda como Carolina Corcho cumplieron con el reporte de ingresos y gastos”, agrega.Transparencia por Colombia advierte que no se conoce el origen de los recursos utilizados por varias candidaturas por firmas, lo que limita el control ciudadano y electoral, evidencia fallas críticas del sistema y pone en riesgo los mecanismos diseñados para prevenir el ingreso de recursos de origen indebido en la competencia presidencial de 2026.