El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) respaldó la decisión de Copa Airlines, Wingo y la aerolínea Satena de suspender sus vuelos hacia y desde Venezuela, en medio del aumento de la tensión y la militarización en zonas cercanas al espacio aéreo del vecino país.Cabe recordar que una de las primeras aerolíneas en tomar esta decisión fue Avianca, situación que generó complicaciones. La semana pasada el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y el mismo presidente Petro aseguraron que no existe riesgo para volar en Venezuela, el mandatario indicó que ninguna aerolínea del país debía seguir las indicaciones internacionales y que tenían que restablecer la operación de inmediato. Sin embargo, la alerta de la FAA fue sustentada y por eso otras aerolíneas se sumaron a esta determinación.Según la asociación, la medida es coherente con el “riesgo real y comprobado” que enfrenta la aviación civil en la región. Las aerolíneas sustentaron la suspensión en fallas recientes en las señales de navegación y en las advertencias emitidas por organismos internacionales como la FAA y la EASA, que han alertado sobre amenazas que podrían comprometer la seguridad de las operaciones.ACDAC señaló que la interrupción de vuelos debe mantenerse de acuerdo con la evaluación de riesgo de cada compañía, hasta que existan garantías verificables y basadas en criterios técnicos que confirmen un retorno a condiciones normales en el espacio aéreo venezolano.La asociación también invitó a las aerolíneas a mantener y reforzar sus protocolos de riesgo siguiendo las recomendaciones internacionales, con el fin de proteger tanto a las tripulaciones como a los pasajeros mientras persista la incertidumbre en la zona.
Ad portas de definirse el segundo finalista de la Liga BetPlay 2025-II, Fuad Char, el máximo accionista del Junior de Barranquilla, piensa en el 2026 del equipo y en especial el estadio en donde estará disputando sus partido profesionales debido a la renovación que tendrá el Metropolitano que lo obliga a alejarse de casa.Sin embargo, el cuadro tiburón aseguró torneo internacional en 2026 -a falta de confirmarse si Sudamericana o Libertadores-, hecho que lo obliga a salir de Barranquilla en 2026 debido a que el estadio Romelio Martínez no cumple con los criterios de Conmebol para disputar la competencia internacional y el tiburón saldrá de casa en la próxima temporada.Esta ciudad recibirá al Junior de Barranquilla en 2026En una reunión en Barranquilla este 4 de diciembre, Char habló de la situación del Metropolitano y confirmó que será Cartagena la ciudad que recibirá al cuadro tiburón en 2026. No obstante, esto solo será por torneos internacional, es decir, si el equipo disputa la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá que enfrentarla en la capital del Bolívar -mismo caso en la Copa Sudamericana- al cumplir los criterios de Conmebol."Vamos a quedar campeones y lógicamente haremos los ajustes para hacer una representación en la Libertadores muy digna, de acuerdo a nuestra afición del Atlántico y en todo el país (...) Para los eventos de Copa Libertadores (Cartagena), los torneos locales los jugaremos en el Romelio Martínez. Sí, allá porque cumple los requisitos de Conmebol", dijo el máximo accionista.En ese orden de ideas, la Liga y Copa BetPlay la disputarán en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, mientras que para torneo internacionales saldrán de la capital del Atlántico.¿Cuál es el estadio de Cartagena?La capital de Bolívar cuenta con el reconocido y famoso estadio Jaime Morón, casa del Real Cartagena. Un reciente que cuenta con todos los parametros Conmebol con una capacidad de 16.000 espectadores, nombre que lleva en honor el futbolista que fue goleador con Millonarios e histórico con la Selección Colombia.
Diciembre es, para millones de colombianos, el mes de mayor presión económica. Tras semanas de descuentos como Black Friday y Cyberlunes, llega una temporada marcada por viajes, cenas, reuniones familiares, obsequios y compras impulsivas que suelen dejar al bolsillo en máxima tensión. Aunque el 48 % de los colombianos dice estar preocupado por el costo de vida y el 45 % por la economía nacional —según el EY Future Consumer Index 2025—, esto no impide que las compras decembrinas aumenten. De hecho, la Superintendencia Financiera confirma que fin de año es uno de los periodos con mayor demanda de créditos de consumo.El problema surge cuando las prisas de diciembre se traducen en un enero lleno de cuotas atrasadas y obligaciones difíciles de enfrentar. En muchos casos no hay alternativa distinta a pedir un crédito para cubrir imprevistos o compromisos ineludibles. Ante esto, Edwin Sierra, secretario académico del Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas de Unicoc, es claro: la solución no está en evitar las deudas a toda costa, sino en gestionarlas con estrategia. El experto señala que la tensión acumulada durante el año puede llevar a decisiones impulsivas, por lo que es clave comprender el costo real del endeudamiento y planificar más allá de las fiestas.Sierra enfatiza que asumir una deuda con consciencia significa tener claridad total sobre el plan de pago, las tasas y los plazos. Para evitar que las compras diferidas se transformen en un problema que consuma todo el 2026, propone elaborar un presupuesto que cubra no solo los gastos de diciembre, sino también las obligaciones de los primeros meses del año: matrículas, impuestos, seguros, transporte y demás compromisos fijos que suelen coincidir con la resaca financiera de enero. Solo así es posible determinar si realmente existe margen para tomar un crédito sin comprometer los ingresos futuros.Comparar opciones también es determinante para evitar errores costosos. Antes de recurrir a un avance o a un cupo rotativo, el vocero de Unicoc recomienda revisar el Costo Efectivo Total (CET), la tasa efectiva anual y el plazo. Muchas veces, un crédito con tasa fija puede resultar más conveniente y reducir significativamente los intereses a pagar. Una vez adquirido el crédito, métodos como la estrategia de “avalancha”, que prioriza saldar las deudas con mayor interés, o la “bola de nieve”, enfocada en pagar primero las deudas pequeñas para generar motivación, pueden facilitar el proceso.Finalmente, Sierra recuerda que la prima no debe verse como un ingreso libre para gastar sin medida, sino como una oportunidad para recuperar estabilidad. Destinar al menos el 10 % para amortizar deudas, automatizar pagos y moderar los gastos durante enero y febrero puede evitar sanciones y sobrecargos. Además, advierte sobre señales de alerta que requieren asesoría profesional: cuotas que superan el 30-35 % del ingreso, retrasos recurrentes, uso de la tarjeta para gastos básicos o recurrir a créditos informales como el “gota a gota”.
Alianza Educativa volvió a destacar en el panorama educativo del país al presentar los resultados de su más reciente evaluación de seguimiento a egresados, en la que se evidencia que el 72% de los estudiantes graduados en 2024 accedieron de inmediato a programas de educación superior. La cifra no solo duplica el promedio nacional, ubicado en 40,5%, sino que también supera el indicador distrital, que se sitúa en 43,1%, según datos del Ministerio de Educación.El estudio, que logró una cobertura del 99,9% de los egresados, al registrar información de 802 de los 803 jóvenes graduados, refuerza la tendencia positiva que la organización ha consolidado durante 25 años de trabajo en instituciones públicas de Bogotá. Para Diana Basto, directora general de Alianza Educativa, los resultados son una muestra del impacto social del modelo: “Reflejan el trabajo sobresaliente y novedoso que hemos desarrollado. Hemos construido un modelo que fortalece el componente académico, promueve el aprendizaje socioemocional e impulsa trayectorias educativas más exitosas”, aseguró .En un país donde el llamado “embudo de la educación” sigue siendo un desafío, donde de cada 100 niños que inician primaria solo 44 culminan el colegio, y apenas el 39% de ellos ingresa a educación superior, los avances de Alianza Educativa se convierten en un referente para el sector público. El impacto también se ve reflejado en las Pruebas Saber 11°, donde el Colegio Jaime Garzón, ubicado en la localidad de Kennedy, se posicionó entre los cinco mejores de los 391 colegios públicos de Bogotá. Además, cinco instituciones administradas por la organización entraron al top 30 de mejor desempeño en la capital, consolidándose como un activo educativo para la ciudad.El modelo de gestión de Alianza Educativa combina el fortalecimiento académico con una apuesta por el desarrollo socioemocional, especialmente a través de la estrategia Navegar Seguro, iniciativa que prepara a los estudiantes para enfrentar riesgos del entorno, construir relaciones saludables y proyectar un futuro con mayores oportunidades. Este enfoque integral ha permitido que miles de jóvenes mejoren sus trayectorias educativas y personales.
El presidente Gustavo Petro lanzó este jueves una fuerte respuesta a la advertencia emitida desde el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que cuestionó la efectividad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Desde la Escuela Militar José María Córdova, el mandatario defendió la labor de las instituciones colombianas y reivindicó la autonomía nacional frente a presiones internacionales.“La soberanía se defiende con la vida… y a Colombia no se le amenaza… Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y que aquí hay un cartel de los soles”, dijo el presidente.Petro insistió en que las redes del narcotráfico han intentado históricamente corromper instituciones y comunidades, pero subrayó que la resistencia del país frente a ese fenómeno no puede ser desconocida. “Todos sabemos que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso y por eso vuelvo a repetirlo: la codicia es enemiga antagónica de la vida”.El pronunciamiento del presidente se produce en medio de tensiones diplomáticas que han resurgido con la administración estadounidense, la cual ha endurecido su discurso frente a los gobiernos latinoamericanos y ha advertido sobre posibles repercusiones si Colombia no “mejora” sus indicadores en la lucha antidrogas.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
El Gobierno nacional está cerca de expedir una circular con la cual la Superintendencia de Industria y Comercio tendría información sobre la forma en que se 'cocinan' las campañas políticas en redes sociales y con la que buscará que no se hagan perfiles ideológicos de los votantes con el argumento de que la publicidad política segmentada puede "fragmentar el debate" y llevar a que se creen burbujas informativas lo que al final del día es un riesgo para la democracia.Para nadie es un secreto que una publicidad efectiva en redes sociales puede ser la clave de una campaña política ganadora y por eso las campañas buscan identificar a sus posibles votantes y entregarles un mensaje personalizado según criterios como la edad, la ciudad en la que viven, el celular que usan e incluso los intereses que tienen en redes sociales.A eso se llama 'segmentar' al público. Hoy un colombiano gasta en promedio 3.25 minutos al día en las redes sociales, según un ranking de Global World Index que deja a nuestro país como uno de los más enganchados a las pantallas.En ese contexto la Superintencia de Industria y Comercio está publicando para comentarios un proyecto de circular con instrucciones para las campañas políticas. Entre esas instrucciones está prohibición de "elaborar perfiles que clasifiquen, evalúen o busquen predecir la ideología política de los titulares, así como cualquier perfilamiento basado en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidas categorías como religión, orientación política u otros datos sensibles definidos por la ley".La otra orden es esta. Las campañas políticas, o las agencias de marketing digilal, deben llevar un registro "de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital", ese registro debe estar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio y además coincidir con la información de las bibliotecas públicas de anuncios, como las que tiene Meta (Facebook, e Instagram).Hay otras órdenes más tradicionales, digamos, como la prohibición de incluir números de teléfono en listas o grupos de Whatsappp y de otras plataformas sin autorización previa, expresa e informada. Además los ciudadanos deberían poder acceder a información sobre cómo los clasificaron para entregarles el mensaje político y si en ese proceso se usaron algorirmos de inteligencia artificial.La Superindustria advierte también que es un delito el uso del Deepfake. Es decir de generar audios, imágenes o videos falsos con inteligencia artifical para suplantar su identidad.La justificación de la Superindustria en su comunicado de prensa es que busca "proteger la libertad de electoras y electores, los derechos de la ciudadanía y la democracia representativa" y que "en una época en la que el tratamiento de datos personales es central para los procesos electorales, la SIC recuerda que las normas sobre protección de datos personales son fundamentales en una sociedad abierta, respetuosa de los principios rectores del Estado social de derecho y de las vías de formación de la voluntad popular".
La Contraloría General de la República advirtió que persisten fallas estructurales en la forma como el país protege sus páramos. Según los resultados de auditorías realizadas entre 2023 y 2024, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales no han logrado coordinarse de manera efectiva para implementar los Planes de Manejo de Páramos ni para avanzar en el saneamiento predial, dos procesos esenciales para garantizar la conservación de estos ecosistemas estratégicos.“Estamos ad portas de lo que será una nueva posesión ya de Contralores Territoriales, en la cual nos vamos a estar convocando a una reunión para presentar y definir esta estrategia, de la cual deben formar parte, de igual manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales y, de igual manera, el Congreso de la República”, indicó el Contralor.El organismo de control también hizo un seguimiento macrofiscal a los recursos destinados a la protección de páramos entre 2020 y 2024, encontrando brechas significativas entre lo asignado y lo ejecutado. Durante ese periodo se rastrearon USD 72.7 millones de cooperación internacional, $25.293 millones aportados por el Ministerio de Ambiente y más de $215.000 millones ejecutados por las CAR, pero los avances siguen siendo limitados.En este contexto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, insistió en la necesidad de diseñar una política pública nacional que unifique criterios y establezca responsabilidades claras entre entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control territorial. La propuesta se enmarca en la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”, que busca fortalecer la vigilancia sobre los recursos y acciones dirigidas a la protección de estos ecosistemas.Rodríguez recordó que los páramos son refugio de cientos de especies endémicas y hogar de más de 76.000 habitantes con profundos vínculos socioculturales con el territorio. “El 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia. Razón por la cual es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, aseguró.Pese a su importancia, los páramos enfrentan amenazas crecientes como la expansión agrícola, la praderización, la ganadería intensiva, la introducción de especies exóticas y la minería. Estas presiones están transformando sus coberturas naturales y reduciendo su capacidad de regulación hídrica, lo que pone en riesgo su biodiversidad y su función como fábricas de agua del país.El Contralor insistió en que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser una prioridad nacional. Según el ente de control, la protección de los páramos no solo es una necesidad ambiental: es una responsabilidad del Estado colombiano y un compromiso con las generaciones futuras.
La coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, Edna Rocío Pinto, reveló que en el Huila sigue en aumento el desplazamiento forzado de familias rurales por cuenta del conflicto armado y de amenazas, al parecer, por parte de grupos armados ilegales.Agregó la representante de víctimas que, en lo corrido del año 2025, al menos 1.200 familias se han visto obligadas a salir de sus territorios, siendo el municipio de La Plata el más afectado por los graves problemas de orden público y la presencia de las disidencias de las Farc.“Lamentablemente, en el Huila sigue aumentando el desplazamiento forzado. Muchas familias han salido desplazadas de diferentes municipios. Aquí en Neiva hemos recibido registros de familias que vienen de Isnos, San Agustín, de veredas de Neiva y de La Plata, que es de donde más han llegado solicitando protección. Son 1.200 familias desplazadas durante este año 2025”, expresó Edna Rocío Pinto.De acuerdo con las denuncias recibidas en la Mesa Departamental de Víctimas, el reclutamiento de menores y jóvenes por grupos al margen de la ley es otro de los flagelos que ha obligado a padres de familia a abandonar sus propiedades, todo por proteger la integridad de sus hijos.Puntualizó Edna Rocío Pinto, líder de Derechos Humanos del Huila, que, según los registros de la Mesa de Víctimas, algunas familias desplazadas decidieron salir del país y otras han buscado protección en ciudades como Neiva y Bogotá.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, está denunciando que su teléfono personal estaría intervenido con el software Pegasus; lo anterior, tras un análisis que hizo un investigador sobre el dispositivo.“En mi teléfono se encontró, por parte de un técnico experto e idóneo, con un software especializado, el virus malicioso de Pegasus, el cual puede intervenir mi teléfono a través de una llamada perdida”, dijo Benedetti sobre el tema.El ministro del Interior va a poner en conocimiento de las autoridades esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.“Con ello puede que mi dispositivo se vuelva una cámara, se vuelva un micrófono y en tiempo real se pueda ver todo lo que estoy haciendo. Eso tiene que ver con muchas situaciones que me han pasado, como los sobrevuelos de helicópteros sobre mi casa, el tema de la lista OFAC, el allanamiento ilegal. Tengo que decir que tengo la rodilla encima”, agregó Benedetti.
La tensión diplomática entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro alcanzó un nuevo punto de ebullición tras las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, quien aseguró en Mañanas Blu que, pese a la dureza del lenguaje del mandatario estadounidense, Colombia no es vista como un blanco militar real.Según Whitaker, las afirmaciones de Trump —en las que señaló que “cualquier país que produzca o trafique droga puede ser sujeto de ataques”— responden más a un pulso político que a planes de intervención. “Yo veo esos comentarios más como producto de la muy mala relación entre los dos presidentes”, afirmó el exdiplomático, quien dijo que la confrontación pública entre Trump y Petro ha escalado desde comienzos de año.El exembajador enfatizó que Trump utiliza a Colombia como ejemplo dentro de su narrativa interna sobre seguridad hemisférica: “Se ve a Colombia como un blanco que se puede atacar para mostrar lo que son las políticas de Estados Unidos”. Pero agregó que se trata de una estrategia discursiva, no operacional.Venezuela: presión militar sin estrategia definidaBuena parte de la conversación giró alrededor de la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela, donde Trump ha desplegado una significativa fuerza naval y aérea. No obstante, Whitaker afirmó que el presidente norteamericano está “arrinconado” por los altos costos y la falta de resultados.“Trump está en una posición muy difícil ahora porque ha usado la táctica de tratar de presionar la salida de Maduro y no ha servido”, sostuvo. El despliegue militar —que incluye un portaaviones de última generación, el Gerald Ford, y alrededor de 10.000 efectivos— representa un gasto sostenido que la Casa Blanca no ha logrado transformar en avances políticos.Aunque Trump nunca descarta una acción militar, el exembajador recordó que históricamente el presidente estadounidense se opone a intervenciones prolongadas: “Él no cree en ese tipo de intervención… no ve el valor de eso”. Una operación en Venezuela podría, según Whitaker, arrastrar al país a un compromiso más largo e incierto de lo que la administración anticipa.¿Puede Trump actuar sin autorización del Congreso?Otro punto clave de la entrevista fue la pregunta sobre si el presidente estadounidense podría ordenar operaciones militares sin aprobación legislativa. Whitaker fue categórico: “El War Powers Act insiste en que antes de entrar en una operación militar hay que conseguir la aprobación del Congreso”.Trump, sin embargo, ha argumentado que actuar contra Venezuela —bajo la premisa de enfrentar a organizaciones terroristas asociadas al régimen de Maduro— podría eximir al Ejecutivo de este requisito. El exembajador consideró que esa interpretación “no es consistente con la ley que gobierna eso”, y advirtió que esta decisión dependería de un Congreso dispuesto a defender sus facultades, algo que “por el momento no tenemos”.El respaldo internacional: un obstáculo mayorLa administración Trump enfrenta hoy un escenario internacional mucho menos favorable que en 2019, cuando intentó presionar la salida de Maduro con apoyo hemisférico y europeo.Whitaker señaló que ahora el panorama es adverso: “Brasil y Colombia rechazan cualquier tipo de acción militar en Venezuela”, y además países europeos como Reino Unido han advertido que no suministrarán inteligencia para operaciones ofensivas.Pese a este aislamiento, el exembajador advirtió que Trump se siente cómodo actuando solo: “Está muy inclinado a hacer acciones independientes sin nada de respaldo”, especialmente en el hemisferio occidental.Las incoherencias de la narrativa antidrogasUno de los momentos más críticos de la entrevista surgió cuando se interrogó al exembajador sobre el contraste entre la retórica antidrogas de Trump y el indulto otorgado recientemente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico. Whitaker fue directo: “Obviamente no se puede explicar. Es una incoherencia total”.A ello se suma el silencio de Trump sobre China —principal productor de fentanilo en el mundo— lo que, según Whitaker, revela la selectividad geopolítica de su discurso.¿Ataques en Colombia? Más símbolo que realidadRespecto a la posibilidad de ataques militares sobre laboratorios de cocaína en territorio colombiano, el diplomático los consideró altamente improbables por su escasa utilidad táctica. “Un laboratorio de cocaína es tres gatos y cinco galones de gasolina… no merece un ataque militar”, afirmó.Además, recordó que las acciones estadounidenses recientes —como golpes a embarcaciones sospechosas en el Caribe— son posibles porque ocurren fuera de jurisdicciones soberanas. “Ataque en el territorio de otras naciones es distinto”, enfatizó.Petro y Trump: tensión que beneficia a ambosLa confrontación entre ambos presidentes, a juicio del exembajador, tiene un componente político útil para cada uno. “Los dos sacan provecho de esta contienda”, dijo Whitaker, explicando que Petro utiliza la amenaza externa para cohesionar apoyo regional, mientras Trump la emplea para reforzar su narrativa de firmeza en política exterior.
El mayor Bruno Nocente Regato Pereira, oficial de la Fuerza Aérea Brasileña y uno de los instructores del programa Gripen, explica que el simulador que tendrá Colombia para entrenamiento será una pieza fundamental para preparar a los pilotos que operarán estos aviones de última generación. Según asegura, su principal fortaleza es que permite entrenar tanto las maniobras básicas de vuelo como los escenarios tácticos más complejos, todo en un entorno seguro y controlado.De acuerdo con el oficial, el sistema está diseñado para replicar dos grandes áreas de entrenamiento. La primera corresponde a la operación básica de la aeronave: control general del avión, manejo de instrumentos, procedimientos de despegue y aterrizaje, y simulación de emergencias que pueden surgir en pleno vuelo. La segunda área está dedicada a la parte táctica, donde los pilotos practican misiones contra enemigos virtuales y ponen a prueba las capacidades de los sensores y sistemas avanzados del Gripen.Con la adquisición de 17 aeronaves nuevas Gripen E/F, el país adquirió un centro de entrenamiento avanzado con cuatro cabinas para formación de pilotos y simulación de realidad aumentada en combates aire-aire y aire-tierra, junto con sistemas de entrenamiento para ingenieros, técnicos y personal de apoyo. Lo anterior reduce costos y dependencia.El mayor Regato Pereira también destacó la importancia del modelo biplaza que Colombia adquirirá, una versión del Gripen con dos asientos. Explica que esta configuración permitirá una transición más segura para los pilotos inexpertos, pues podrán volar acompañados de un instructor dentro de la misma aeronave. Esto facilita el aprendizaje inicial, reduce riesgos y acelera la curva de entrenamiento en una plataforma tan avanzada.Pero uno de los puntos más relevantes del simulador es su impacto en la seguridad y en la economía operacional. El oficial asegura que, al recrear misiones completas sin necesidad de volar, los pilotos pueden entrenar situaciones críticas, algunas difíciles de reproducir en misiones reales, sin exponer sus vidas ni las aeronaves a peligros innecesarios. “El mayor beneficio es la economía de recursos”, explica. “Podemos practicar todo lo que se hace en vuelo, sin gastar combustible y sin someter a la aeronave a riesgos”.
Tras esta reunión, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el Ministerio de Defensa entregará toda la información sobre el contrato para la adquisición de 17 aviones gripen con la empresa sueca Saab.En ese sentido, el jefe del órgano de control; aseguró que tuvo que firmar una especie de “acuerdo de confidencialidad” para acceder a esa información.“Lo primero que tuve que hacer fue firmar un documento en el cual yo me comprometo a conservar unos temas de reserva, porque sí hay unos temas de seguridad nacional que dependen de ello”, dijo el contralor.Incluso, el contralor señaló que la adquisición de los aviones en reemplazo de los K-fue era necesaria tras esta reunión que sostuvieron en la Contraloría.“Considero que era un tema profundamente oportuno. Estamos hablando de una flota de aviones que tiene ya varios o bastantes años frente al tema. Se le han hecho un poquito más de 40, 50 años. Y se le han hecho varias actualizaciones y con todo respeto no aguantan una actualización más”.Las claves de la reunión entre el contralor y MindefensaEl contralor General explicó que formuló una serie de preguntas, como por ejemplo, el estudio operacional que sustentó la elección de los Gripen frente a otras alternativas evaluadas, así como los criterios técnicos aplicados, las ponderaciones utilizadas y las matrices comparativas entre las distintas ofertas, incluidas las presentadas por otros países.Rodríguez precisó que varias de estas preguntas ya cuentan con respuestas preliminares, pero advirtió que no se pronunciará hasta contar con toda la documentación por escrito y realizar la valoración técnica correspondiente.‘Si hay las condiciones para realizar algún tipo de advertencia, la Contraloría lo va a hacer’: Contralor General sobre contrato de aviones Gripen• Ministerio de Defensa deberá entregar por escrito respuesta a cuestionario formulado por la Contraloría General de la República en la mesa técnica desarrollada este jueves por solicitud de la entidad.• El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pidió información sobre el estudio operacional que justificó la selección de aviones Gripen, copia de los diferentes ítems discriminados el valor total del contrato, estudios previos que conllevaron a tomar la decisión, entre otra serie de condiciones técnicas.• El contralor General manifestó que la información será retroalimentada con la Procuraduría General de la Nación, entidad que también solicitó información sobre el contrato.El contralor aseguró que si hay las condiciones para realizar alguna advertencia sobre la compra de estos aviones, lo hará.
Por unanimidad, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en la tarde de este jueves, 4 de diciembre, la solicitud de fusión del Partido Progresistas al movimiento político del Pacto Histórico.Con este hecho, el movimiento político de la senadora María José Pizarro, que hace pocos días había obtenido su personería jurídica luego de su escisión del partido MAIS, se disolverá en el nuevo movimiento político del presidente Gustavo Petro y podrá participar en la lista única de este partido para el Congreso de la República, luego de qué se haga el cambio en el registro único de partidos y movimientos políticos.Asimismo, en la decisión se ordena incluir a la senadora Pizarro, a los representantes David Racero y Heráclito Landinez, y al exministro de Minas Omar Andrés Camacho, como integrantes de la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico.Quedaría faltando la decisión frente al partido Colombia Humana, partido del presidente Petro, y que no ha podido fusionarse, al no haber logrado cumplir los requisitos estatutarios para este proceso.
Copa Airlines, Satena y Wingo se suman al grupo de aerolíneas colombianas que cancelaron su operación desde y hacia Venezuela. El anuncio, que se conoció este jueves 4 de diciembre, fue respaldado por la Asociación Colombiana de Aviadores, ACDAC, quienes aseguraron que la suspensión de vuelos debe mantenerse hasta que "existan garantías verificables y soportadas en criterios técnicos" que confirmen un retorno en condiciones seguras y normales en ese espacio aéreo.A través de comunicaciones oficiales, Wingo y Copa Airlines anunciaron que la suspensión la mantendrán hasta el 12 de diciembre teniendo en cuenta que continúan evaluando la situación de riesgo que persiste en territorio venezolano.“Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea”, indicó la aerolínea.Por el lado de Copa Airlines, la compañía informó que ofrecerá alivios a los pasajeros que se puedan ver afectados por esta situación:Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.comCada viajero podrá elegir la opción que más le favorezca con el fin de resarcir los daños ocasionados por las cancelaciones.Por su parte, Wingo propuso a sus viajeros reembolsar el 100 % del valor del tiquete, ya sea en el medio de pago original o a través de ‘voucher Wingo’, un estilo de beneficios con la aerolínea para redimir servicios en otra oportunidad. También ofreció el cambio de vuelo, según disponibilidad, sin penalidad ni diferencia en la tarifa.Con el panorama aún incierto y sin claridad sobre cuándo podrán restablecerse plenamente las operaciones, las aerolíneas mantienen abiertos sus canales de información mientras avanzan los análisis técnicos sobre el riesgo en el espacio aéreo venezolano. Por ahora, los viajeros deberán acogerse a los alivios ofrecidos y estar atentos a nuevas decisiones en los próximos días.
Más de 32.300 docentes han recibido actividades de seguridad y salud en el trabajo a través de los Equipos para el Cuidado Integral de la Salud del FOMAG, según el balance presentado en Medellín por Herman Bayona Abello, vicepresidente de Fiduprevisora para Fomag.La estrategia, que hace parte del acuerdo 003 de 2024 y constituye el eje del nuevo modelo de atención para los maestros del país, inició operación en noviembre con cuatro IPS en Antioquia, Caquetá, La Guajira y Meta. En esta primera fase se pusieron en marcha 54 equipos conformados por 216 profesionales, alcanzando cerca del 10% de los establecimientos educativos contratados. Bayona señaló que “estas acciones han beneficiado a 32.370 docentes en 753 establecimientos educativos”.El plan continuará su expansión el 15 de diciembre, cuando se incorporarán 19 IPS privadas y 6 Empresas Sociales del Estado en 15 departamentos adicionales. Con esta ampliación se sumarán 191 equipos que cubrirán un 34% más del territorio, alcanzando 2.665 establecimientos educativos y 114.488 docentes. Entre los departamentos que entran en esta fase están Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca.La proyección para enero de 2026 incluye la contratación de 36 IPS y Empresas Sociales del Estado adicionales, con lo que se garantizará la cobertura total del modelo de atención en salud laboral para todos los docentes afiliados al Fomag. En total, la estrategia cubrirá 7.840 establecimientos educativos, 39.886 sedes, 336.828 docentes y activará 562 equipos distribuidos en todo el país. La inversión destinada por el Gobierno asciende a 132.000 millones de pesos, con el fin de consolidar un modelo de atención integral, oportuno y territorializado.
El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró este jueves, 4 de diciembre, su petición al Gobierno de Ucrania de que permita la salida de soldados colombianos que, según dijo, fueron reclutados como mercenarios en ese país, y aseguró que se encuentran en condición de "esclavitud"."Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos", afirmó el mandatario durante una ceremonia militar en Bogotá, donde defendió la prohibición del mercenarismo y cuestionó que exmiembros de las Fuerzas Armadas pongan sus conocimientos al servicio de actores privados en conflictos internacionales.Petro anunció que pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la puesta en libertad de los colombianos."Le pedí a la canciller que le oficie a Zelenski para que libere a los mercenarios colombianos de esos ejércitos porque esa no es nuestra guerra", expresó el mandatario, quien agregó que Colombia "no tiene por qué" involucrarse en otras guerras, al asegurar que ni Ucrania ni Rusia han causado "daño" a su país.Esta es la segunda vez esta semana que Petro se refiere a los mercenarios colombianos en Ucrania, pues hace dos días expresó en X que esos soldados están "secuestrados" en ese país.La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el pasado miércoles en último debate un proyecto de ley para adoptar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, suscrita en Naciones Unidas en 1989.Con ello, el Gobierno busca tipificar delitos asociados a esta práctica, reforzar la cooperación judicial y reafirmar el rechazo a la "comercialización de la violencia".Hace un mes, la Justicia rusa condenó a 13 años de prisión a José Aarón Medina y Alexander Ante, dos colombianos acusados de participar como mercenarios en las filas del Ejército ucraniano y extraditados a este país desde Venezuela.Ambos bandos han contado desde el comienzo de la guerra con mercenarios extranjeros en sus filas y decenas de colombianos han muerto peleando en el lado ucraniano, según la prensa internacional.Decenas de mercenarios colombianos participan también en otros conflictos, como el de Sudán, donde hacen parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que combate en la región de Darfur.Un comando de 26 mercenarios colombianos también participó en julio de 2021 en el asesinato en Puerto Príncipe del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.
En medio de cuestionamientos y tensiones políticas, el Gobierno Nacional continúa avanzando en su política de Paz Total, con la apertura de un nuevo ciclo de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias del Estado Mayor Central. La mesa, instalada en Barbacoas, Nariño, busca definir acuerdos sobre metodología, zonas de ubicación y participación ciudadana, temas clave para consolidar avances en el proceso.El ciclo de negociación, que se desarrolla del 4 al 6 de diciembre, cuenta con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para los asuntos políticos y de paz, expresó que la expectativa es lograr avances significativos que refuercen la confianza y la legitimidad de la estrategia gubernamental.“Se ha avanzado, se ha madurado en la comprensión de este proceso y tenemos confianza en que se seguirá por esa línea”, afirmó monseñor Henao, quien destacó la importancia de este espacio para fortalecer las garantías electorales y promover la participación política en las regiones más afectadas por la violencia.El representante de la Iglesia subrayó que otro de los propósitos del encuentro es definir la arquitectura y los tiempos de un eventual acuerdo, que permita canalizar la participación de la sociedad civil y brindar seguridad jurídica a las comunidades.La negociación con la CNEB ocurre en un momento en que la política de Paz Total enfrenta fuertes críticas, tras los escándalos por posibles infiltraciones de grupos armados en organismos de inteligencia y por los señalamientos de reclutamiento de menores en zonas de influencia de las disidencias. Pese a ello, el Gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo como vía para reducir la violencia y avanzar hacia transformaciones sostenibles en los territorios.“Sabemos que hay contingencias, pero seguimos confiando en que estos diálogos avancen hacia acuerdos que traigan transformaciones reales. La presencia del Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales será clave para garantizar esa transición hacia la convivencia y la reconciliación”, recalcó monseñor Henao.La Iglesia Católica considera que este ciclo de conversaciones representa una oportunidad de esperanza para las comunidades del occidente del país y un paso más en la consolidación de una paz territorial que responda a las expectativas de desarrollo, seguridad y legitimidad institucional.