A escasos ocho meses de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto al centro de la discusión pública. Tras la reciente inscripción de un comité promotor para recolectar firmas, analistas y expertos constitucionales advierten que el camino jurídico es extremadamente complejo y que la iniciativa podría responder más a una táctica de movilización política que a una posibilidad institucional real.El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se ha mostrado pesimista frente a la viabilidad de esta propuesta, calificando los requisitos legales como "monumentales" bajo el marco de la Constitución de 1991."En mi opinión no estamos para una constituyente. Las condiciones son muy distintas a las que se dieron en 1990. Allá teníamos una guerra declarada de los carteles de la droga contra el Estado y hubo un consenso muy amplio. Hoy las circunstancias son muy diferentes. La Constitución del año 91 reguló cómo deben ser las asambleas constituyentes, como una vía de reforma y establece varios requisitos", dijo Charry.Le puede interesar: No se hará en época electoral”: Petro sobre Asamblea Nacional ConstituyenteA su vez, dijo que "se debe superar un umbral de algo más de 13,300,000 participantes en la votación para que genere efectos jurídicos". "Se busca recolectar las firmas para impulsar lo que sería una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Desde el gobierno han dicho que esto es una iniciativa ciudadana. Si se llega a recolectar un 20% del censo electoral en firmas, es obligatorio el trámite. Serían cerca de 8 millones de firmas que, en mi opinión, son muy difíciles de recaudar y de revisar", aseveró. Charry rechazó el argumento del Gobierno sobre la "obstrucción institucional" en el Congreso como justificación para una constituyente, señalando que es normal en democracia que un presidente deba hacer coaliciones cuando no tiene mayorías propias."Me parece a mí que es más una estrategia de movilización de las bases simpatizantes de la tendencia política del gobierno para darles un propósito de movilización y de cohesión", dijo. Escuche la entrevista aquí:
El pasado 21 de diciembre, Bogotá recibió una noticia que conmovió a muchos. Se confirmó la muerte de la presentadora y comunicadora social venezolana Margiory Fiaschi, quien falleció tras una larga lucha contra una lesión cerebral sufrida en 2023. Fue una batalla que enfrentó con discreción, valentía y una fortaleza que mantuvo hasta el final, lejos del ruido mediático y centrada en su proceso personal y familiar.Días antes de su fallecimiento, Fiaschi había compartido un mensaje en redes sociales que despertó preocupación entre sus seguidores. En la publicación se dirigía a su hija de cuatro años y reflexionaba sobre las dificultades de la maternidad, el aprendizaje constante y el “caos” que atravesaba debido a su estado de salud. Sus palabras, sinceras y cargadas de emoción, fueron interpretadas por muchos como una despedida anticipada.Aun en medio de la enfermedad, la presentadora dejó claro que su mayor motor siempre fue su hija, a quien intentó darle lo mejor “entre ensayo y error”. Ese mensaje, que hoy cobra un significado más profundo, generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de quienes siguieron su carrera y su historia personal.Bogotá, la ciudad donde dio su última batallaTras recibir su diagnóstico, Margiory Fiaschi inició un tratamiento médico que la llevó a tomar una decisión difícil: renunciar a Globovisión a finales de 2024 para concentrarse por completo en su recuperación. Bogotá fue la ciudad que la acogió durante esta etapa, donde adelantó su proceso médico acompañada de sus seres queridos.Desde la capital colombiana, la comunicadora continuó compartiendo mensajes de esperanza, reflexión y gratitud, manteniendo un vínculo cercano con sus seguidores. Aunque su estado de salud era reservado, sus publicaciones transmitían serenidad y una mirada honesta sobre la fragilidad de la vida.Tras conocerse su fallecimiento, Globovisión le rindió un sentido homenaje, destacando su legado en el periodismo venezolano y recordándola como una mujer comprometida, luchadora y apasionada por su oficio. El canal resaltó que su voz y su ejemplo seguirán presentes en la memoria de colegas y audiencias.Una carrera sólida en la televisión venezolanaMargiory Fiaschi era graduada de la Universidad Bicentenaria de Aragua y construyó una trayectoria reconocida en la televisión venezolana. Durante más de una década fue uno de los rostros principales de "Entre Noticias", espacio informativo en el que se ganó el respeto del gremio y la confianza de los televidentes.Quienes trabajaron con ella la describen como una profesional rigurosa, cercana y siempre comprometida con el periodismo serio. Hoy, su historia deja una huella que trasciende la pantalla y se conecta con la fortaleza humana con la que enfrentó sus últimos años.
En una audiencia reservada, la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías decidió dejar en libertad, mientras avanza el proceso judicial, a tres de los presuntos implicados en el entramado de corrupción que habría direccionado de manera irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. Los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024.La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional. La juez consideró que, pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para el proceso, razón por la cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.Para el abogado Juan Felipe Criollo, defensa del coronel Rincón, tras la decisión del juzgado “se perdurará y se insistirá en la inocencia del coronel Rincón, y esto se llevará a las etapas ulteriores hasta demostrarlo en su totalidad”.Durante el proceso, la Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, expuso los presuntos roles que habrían desempeñado los investigados en el proceso contractual. En el caso del coronel Rincón Ricaurte, señaló que, en su condición de gerente del proyecto, habría generado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin soporte, que la empresa Vertol Systems Company contaba con la experiencia e idoneidad técnica requeridas, pese a que el comité evaluador había descartado a ese oferente. También se le atribuye haber intervenido para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.Respecto a Diego Alejandro Manrique Cabezas, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, además de modificar los requisitos financieros. Estas actuaciones, según el ente acusador, permitieron aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente para este tipo de contratos.En cuanto a Hugo Alejandro Mora, la investigación sostiene que, pese a conocer las irregularidades del proceso y el incumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, habría viabilizado la modificación de la forma de pago, autorizando un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
Un total de 2.882 nuevos soldados profesionales del Ejército comenzarán a operar en distintas regiones del país tras culminar su proceso de formación en la Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de seguridad y control territorial.Los uniformados hacen parte del Curso Extraordinario N.° 81 SLP Salamanca Rodríguez Edinson, que cerró su ciclo académico con una ceremonia presidida por el general Federico Mejía, director del Centro Nacional de Entrenamiento. Durante el acto, la formación militar recordó la batalla de Ayacucho como referente histórico del Ejército.La preparación de los nuevos soldados se desarrolló durante dos meses e incluyó entrenamiento táctico, operacional y formación en derechos y deberes, con énfasis en las tareas que deberán cumplir en las diferentes unidades a las que serán asignados en el territorio nacional.Dentro de este grupo, 122 soldados obtuvieron certificación como Socorristas Militares, lo que les permitirá apoyar la atención de emergencias, labores humanitarias y la protección de civiles en zonas donde el Ejército mantiene presencia operativa.La institución también informó que cuatro integrantes del curso —Henry Javier Córdova Moreno, Gilmar Yesid Furnieles Vásquez, Brayan Stiven Quiroga Guzmán y Sergio Armando Téllez Navarrete— obtuvieron los mejores resultados académicos y operacionales del proceso de formación.Con esta incorporación, el Ejército amplía su pie de fuerza en un contexto marcado por retos de seguridad en varias regiones del país, donde las autoridades buscan mejorar la presencia institucional y la capacidad de respuesta frente a amenazas armadas y emergencias humanitarias.
El acceso a la vivienda en Bogotá sigue siendo uno de los temas que más preocupa a las familias de la capital. No es un asunto menor: un reciente estudio de Corficolombiana reveló que, por primera vez desde 2022, los hogares que viven en arriendo superaron a los que cuentan con vivienda propia en Colombia. La cifra confirma una tendencia que se viene sintiendo en la calle desde hace varios años.Detrás de este fenómeno hay razones económicas claras. Para muchos, comprar vivienda en el país se ha convertido en un reto cada vez más complejo, marcado por ingresos que no crecen al mismo ritmo que los precios del mercado inmobiliario. A esto se suman cambios sociales y demográficos que han transformado la forma en la que los hogares toman decisiones sobre dónde y cómo vivir.Según explicó César Pabón, director de estudios económicos de Corficolombiana, este comportamiento está estrechamente ligado al aumento sostenido del valor de los inmuebles. En los últimos 20 años, los precios de la vivienda han crecido casi cuatro veces más que los arriendos, lo que ha reducido de manera significativa la capacidad de compra de miles de familias, especialmente en las grandes ciudades como Bogotá.¿En qué zonas es más barato comprar vivienda en Bogotá?Ante este panorama, surgió una pregunta clave: ¿en qué zonas de Bogotá es más barato comprar un apartamento hoy? Para responderla, un análisis apoyado en inteligencia artificial tuvo en cuenta variables como ubicación, estrato, tipo de vivienda y acceso a proyectos de interés social.El resultado apunta con claridad al sur y suroccidente de la ciudad, donde se concentran las opciones más económicas del mercado. En estas localidades es más común encontrar proyectos de vivienda de interés social y precios por debajo del promedio de la capital.Entre las zonas que aparecen como más accesibles están:Ciudad BolívarUsmeSan CristóbalBosaKennedyEn estos sectores destacan barrios y conjuntos como Osorio Diez y Quintas del Recreo, en Bosa, o Catalina 2 y Roma, en Kennedy, donde aún es posible encontrar apartamentos a valores más bajos frente a otras zonas de la ciudad.Comprar vivienda en Bogotá: equilibrio entre precio y calidad de vidaLa inteligencia artificial también advierte que el precio no debe ser el único factor en la decisión. Aspectos como la seguridad, la movilidad y el acceso a servicios básicos deben evaluarse con cuidado antes de cerrar una compra.Por eso, para quienes buscan un equilibrio entre costo y calidad de vida, se recomienda considerar localidades como Engativá, Suba o Fontibón, que ofrecen mejores condiciones urbanas sin llegar a los precios más altos del mercado. En cambio, quienes piensan en la compra como inversión suelen fijarse en zonas como Teusaquillo, Chapinero o Usaquén, donde la valorización y la demanda de arriendo siguen siendo altas.
Una inversión de al menos 8.100 millones de pesos de parte del Ministerio de Educación estaría próxima a llegar a las arcas de la Universidad del Atlántico en el 2026, según lo anunciado por su rector encargado, Rafael Castillo Pacheco, a través de las redes sociales.La buena noticia fue confirmada por el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, luego de una junta enmarcada en el proceso de vigilancia que hoy se adelanta sobre esta alma mater.Así las cosas, $6.800 millones serán llevados hacia programas de gratuidad, mientras que los otros $1.300 millones los invertirán en la terminación de proyectos como la sede en el municipio de Soledad y el teatro de Bellas Artes.“El viceministro Ricardo Moreno nos hizo importantes anuncios: $6800 millones de pesos de recursos de gratuidad, que destinaremos, para programas de bienestar de estudiantes; $1300 millones para terminación de teatro de Bellas Artes y continuidad en proyecto de sede Soledad”, fueron las palabras que escribió Castillo en su plataforma de X.Hay que recordar que la Universidad del Atlántico reanudará sus clases presenciales el próximo 15 de enero para terminar el segundo semestre académico de 2025, el cual había sido suspendido en octubre por los mismos estudiantes, en medio de las protestas contra el Consejo Superior tras la escogencia de Leyton Barrios como rector.Basado en el cronograma oficial, las clases se extenderán hasta el 24 de enero, para luego dar paso a los exámenes finales entre el 26 y el 31 de enero, y cumplir con los supletorios desde el 27 de enero hasta el 2 de febrero.Las habilitaciones tendrán lugar entre el 3 y 4 de febrero, al tiempo que el periodo académico 2025-2 tiene previsto cerrarse de forma definitiva el 6 de febrero.Rafael Castillo manifestó en una entrevista con Blu Radio que las directrices que recibió desde el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que el vehículo involucrado en el accidente de tránsito donde fue arrollado el ciclista John Alberto Buitrago, ocurrido el pasado jueves 25 de diciembre, ya fue localizado. Sin embargo, el conductor del automóvil aún no se ha presentado ante las autoridades.El hecho ocurrió alrededor de las 10:45 de la mañana, cuando Buitrago, un ciclista aficionado, se desplazaba por la vía que conecta el puente El Bueno con La Salle, metros antes de los semáforos del sector San Luis. De manera repentina, un Chevrolet Spark Go, color gris y placas CCN-073, lo embistió violentamente, dejándolo gravemente herido sobre la calzada.Testigos auxiliaron al ciclista y alertaron a los organismos de emergencia, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial. Debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyen fractura de mandíbula y fractura en uno de sus brazos, Buitrago fue intervenido quirúrgicamente.“Las autoridades de Policía, la Fiscalía y Tránsito ya encontraron el vehículo involucrado, a través de un análisis exhaustivo se determinó su punto de movilidad, pero aún se busca al conductor, a quién le hago un llamado directo preséntese ante las autoridades. En Bucaramanga no hay tolerancia con la irresponsabilidad”, señaló el alcalde Portilla. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió la investigación para establecer responsabilidades del conductor. Los familiares de la víctima, con apoyo de los videos difundidos en redes sociales, pudieron identificar al propietario del vehículo, lo que ha facilitado el trabajo de las autoridades.La comunidad exige justicia y hace un llamado a los conductores a respetar a los ciclistas y las normas de tránsito, especialmente en fechas de alta movilidad.
La policía de Surinam arrestó este domingo al este de la capital Paramaribo a un hombre que asesinó a puñaladas a cuatro adultos y cinco niños, además de herir a otras dos personas.Según medios locales, el sospechoso sostuvo una discusión telefónica con su esposa antes de apuñalar 44 veces a su hija de 11 años en la cocina de su hogar."Un hombre mató a cuatro adultos y cinco niños con un objeto punzante en un domicilio de Hadji Iding Soemitaweg (Paramaribo)", informó la policía local en un comunicado que no profundiza en los detalles del ataque."Un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en ambulancia a urgencias del Hospital Académico de Paramaribo, donde ambos fueron ingresados para recibir atención médica", agregó el texto.La prensa local habló con vecinos de la localidad de Commewijne, al este de la capital, quienes afirmaron que el hombre padecía trastornos mentales. La presidenta de Surinam, Jenny Simons, lamentó el hecho en sus redes sociales."En un momento en el que familia y amigos deberían apoyarse mutuamente, nos encontramos con la cruda realidad de que el mundo tiene otra cara. Un padre que quita la vida a sus propios hijos y también mata a sus vecinos en el proceso", dijo."Deseo a todos los dolientes mucha fuerza, valentía y consuelo en este momento inimaginablemente difícil", expresó la gobernante. La policía indicó que en las próximas horas compartirán más detalles sobre las "verdaderas circunstancias" del ataque.
Movilizar a más de 750.000 pasajeros es la meta trazada desde la Terminal de Transporte de Barranquilla para este año 2025, lo que estarían encaminados a cumplir teniendo en cuenta que en estos momentos han sido transportados más de 400.000 personas en alrededor de 10.000 despachos contando desde el 12 de diciembre.Dice el gerente de esta terminal, Jorge Camargo, que solo este fin de semana pronostican el paso o llegada de 60.000 pasajeros, por lo que la recomendación es viajar con la mayor antelación posible.“Este fin de semana después del 24 (de diciembre) es de alto flujo. Debe movilizarse por lo menos 60.000 personas, desde el viernes hasta el lunes. Baja un poquito el lunes y repunta martes y miércoles”, dijo inicialmente.“Nuestra gran temporada, en realidad, empieza en Navidad y se extiende hasta el 12 de enero. Primero la gente trata de compartir en sus lugares de trabajo o de familia, luego empiezan viajes de diversión o reencuentro de familia después del 24 de diciembre. Reitero, estamos en nuestro máximo punto de operación”, agregó."Barranquilla y el Atlántico se han convertido en un destino turístico, así que esperamos a todas las personas que vengan a visitarnos. Los que quieran transportarse con seguridad y con garantía de un buen servicio desde la Terminal de Transporte”, añadió.Los destinos favoritos, según el gerente Camargo, siguen siendo las ciudades con playa como Cartagena y Barranquilla. Luego de ellos, siguen Maicao, Riohacha, Bogotá y Medellín.Asimismo, anunció que se han adelantado adecuaciones en baños y plataformas de llegada y, hasta se instaló un coworking para los que no puedan dejar de trabajar.Los niños y niñas menores de siete años de edad, por instrucción de Supertransporte, deben viajar con su registro civil a la mano y acompañado de sus padres. De no ser posible, necesitarán una autorización expresa.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
El Ministerio de Transporte solicitó a la Aeronáutica Civil exigir a las aerolíneas que se autorregulen en los precios de los tiquetes durante la temporada de fin de año y adopten un techo tarifario, en medio del aumento en la demanda de vuelos nacionales e internacionales.Según proyecciones del Ministerio, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 se movilizarán más de 3,2 millones de pasajeros por vía aérea. De ese total, cerca de dos millones corresponden a vuelos nacionales y más de 1,2 millones a trayectos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtió que no se permitirán incrementos desproporcionados en los precios y cuestionó el comportamiento reciente de algunas tarifas.“No puede ser, como lo comprobamos esta mañana, que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que un tiquete a Miami”, afirmó, al recordar que las aerolíneas reciben incentivos, rutas y beneficios que deberían reflejarse en precios razonables para los usuarios.Por su parte, el presidente Gustavo Petro advirtió que, además de la autorregulación, es necesario aumentar la competencia en el sector aéreo para evitar que pocas empresas concentren los vuelos y puedan fijar precios elevados. “La solución es más competencia, es decir, más aerolíneas, incluida Satena, la verdadera empresa nacional de aviación civil, teniendo derecho a slots”, señaló.Al mismo tiempo, entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, se estima que 2.307.130 pasajeros se desplacen desde las terminales terrestres del país en más de 215.000 vehículos. A esto se suma el flujo por carretera: solo entre el 1 y el 28 de diciembre, más de 25,4 millones de vehículos transitaron por los peajes nacionales, superando las cifras del mismo periodo del año anterior.Desde el Gobierno advirtieron que “las empresas que se autorregulen, cumplan la norma y garanticen transparencia al usuario contarán con el respaldo e incentivos del Gobierno Nacional”.
La situación fiscal del país volvió al centro del debate público tras una serie de denuncias hechas por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, en entrevista con Blu Radio este 29 de diciembre de 2025. Aunque el diálogo abordó varios temas políticos y económicos, uno de los puntos más sensibles fue el manejo de los recursos del Fondo del Magisterio y las decisiones de gasto del Gobierno en medio de lo que denomina una “emergencia económica”.Forero sostuvo que, pese a las confrontaciones políticas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, ese choque no ha tenido un impacto real en la popularidad del mandatario colombiano. Sin embargo, advirtió que el verdadero riesgo está en la economía, especialmente si se toman decisiones que terminen afectando directamente a los ciudadanos.Traslado de recursos del FOMAC genera alarma entre maestrosEl congresista confirmó que recibió respuesta oficial de la Fiduprevisora sobre el traslado de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC). “Lo que me confirma hoy la Fiduprevisora es que fueron 1.2 billones de pesos (…) que provenían de las cesantías y de las pensiones de los maestros”, dijo Forero, al señalar que ese dinero se usó para cubrir un faltante en el sistema de salud.Según explicó, el problema se originó por falta de planeación en el nuevo modelo de salud del magisterio. “En lugar de ver mejorías, lo que hemos visto es que tristemente se ha deteriorado sensiblemente”, afirmó, recordando que incluso Fecode ha salido a criticar el modelo.“Es como tapar un hueco abriendo otro”, afirmó Andrés Forero Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Forero usó una metáfora doméstica para explicar la situación. “Esto es como hacerse un préstamo dentro de la misma casa”, señaló, y luego remató: “Están tapando un hueco con otro, abriendo otro hueco dentro de su misma casa”.El representante alertó que, cuatro meses después del traslado, el Ministerio de Hacienda aún no ha repuesto los recursos. “La preocupación que uno tiene es que estos recursos (…) posiblemente se van a evaporar”, advirtió.Gastos del Gobierno bajo la lupa en plena emergencia económicaForero también cuestionó otros gastos del Ejecutivo, como el pago de una residencia diplomática en Arabia Saudita. “Son más o menos 1.000 millones de pesos al año”, dijo, al considerar incoherente ese tipo de erogaciones mientras miles de contratistas no reciben su salario. “Si el gobierno habla de una emergencia económica, lo primero que tiene que hacer es ajustarse el cinturón”, concluyó.Las denuncias dejan abierto un debate de fondo sobre prioridades fiscales y el impacto real de las decisiones económicas en sectores clave como la educación y la salud.
En la mañana de este lunes 29 de diciembre se conoció nueva información sobre la definición del salario mínimo en Colombia. Según reveló Blu Radio, el Ministerio del Trabajo le habría propuesto al presidente Gustavo Petro un incremento del 23 %, lo que llevaría el salario mínimo mensual a $1.746.882, sin incluir el auxilio de transporte. La propuesta tendría como objetivo reducir la brecha entre los ingresos de los trabajadores y el salario vital estimado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Este planteamiento marca un giro en las negociaciones de este año, ya que por primera vez se incluyó como variable el concepto de salario vital. De acuerdo con el documento citado, la estimación parte del principio de que la remuneración laboral debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias, garantizando condiciones mínimas de bienestar.Propuesta del Gobierno: salario mínimo en 2026Desde el Gobierno Nacional se ha señalado que, si Colombia adoptara plenamente los estándares de la OIT, el salario mínimo debería fijarse en $1.826.190, sin auxilio de transporte. No obstante, aclararon que este sería un ajuste progresivo y no una medida que se implemente en un solo año.Según el Ejecutivo, la mejora en los indicadores de crecimiento económico y la reducción del desempleo serían factores clave para avanzar hacia ese objetivo. Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por sectores empresariales ni por voces opositoras, que advierten sobre los posibles impactos en el empleo y en la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.Pese a las críticas, el Ministerio del Trabajo insiste en que el aumento busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y acercar el salario mínimo a un ingreso que permita cubrir gastos esenciales.¿Quiénes recibirían el auxilio de transporte en 2026?En caso de que el salario mínimo se fije en $1.746.882, el auxilio de transporte también tendría una modificación importante. Aunque aún no se ha decretado oficialmente su valor, se espera que el incremento sea proporcional al aumento del salario mínimo legal vigente.Actualmente, el auxilio de transporte es de $200.000. Expertos estiman que podría ubicarse entre $220.000 y $280.000, a la espera del anuncio oficial del Gobierno. Este beneficio se entrega a quienes devengan hasta dos salarios mínimos, por lo que, con el nuevo ajuste, las personas que ganen menos de $3.493.764 tendrían derecho a recibirlo.Esto implica que trabajadores que en 2025 no accedían al auxilio por superar el tope ($2.847.000), en 2026 podrían empezar a recibir este ingreso adicional, lo que representaría un alivio inesperado para su presupuesto mensual.Cuándo se anunciará el aumento del salario mínimoDesde el viernes 27 de diciembre se ha mencionado que el presidente Gustavo Petro confirmará el incremento del salario mínimo entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre. No obstante, en la mañana de este lunes se conoció que el mandatario realizaría una alocución a las 7:00 de la noche, momento en el que se espera que revele oficialmente el aumento que regirá para 2026.
Un nuevo choque institucional quedó expuesto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación por las versiones encontradas sobre el operativo, la captura y posterior liberación de integrantes de la disidencia de las Farc pertenecientes a la estructura de alias 'Calarcá', detenidos en Antioquia en julio de 2024.El ministro Pedro Sánchez aseguró que, durante el retén de 2024, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizaron la aprehensión por flagrancia y trasladaron a los detenidos al batallón del Ejército en Bello, Antioquia, donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Según dijo, la Fuerza Pública está obligada a capturar a cualquier persona sorprendida en flagrancia, incluso si cuenta con orden de captura suspendida. “Si la Fuerza Pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo. Esa es la orden constitucional, no es simplemente una decisión del ministro de Defensa. Nosotros debemos actuar contra la ilegalidad y hacerlo con total contundencia y acorde a la Constitución y la ley”, aseguró el ministro.El jefe de la cartera de Defensa aseguró que “las decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me competen”.El ministro también se refirió a las investigaciones sobre la presunta infiltración del general Huertas en estructuras de las disidencias. Aseguró que espera resultados rápidos para tomar “decisiones contundentes”, aunque advirtió que deben ser responsables y soportadas en pruebas. “No tendremos ninguna duda en aplicar la Constitución y la ley para combatir la ilegalidad. No la toleramos”, afirmó.La fiscal general, sin embargo, sostuvo una postura contraria y aclaró que la captura en estos escenarios solo procede cuando se configura flagrancia respecto de delitos de lesa humanidad, violaciones al Derecho Internacional Humanitario o graves infracciones a los derechos humanos. De lo contrario, la suspensión de órdenes de captura amparada en el proceso de paz continúa plenamente vigente.“Efectivamente, cuando este señor con su comitiva caen en el retén, ellos no están cometiendo ningún delito de lesa humanidad que permita reactivar vía flagrancia esa suspensión”, explicó. Según la fiscal, esta fue la razón por la cual alias 'Calarcá' no fue aprehendido y ha seguido participando en las conversaciones con el Gobierno. Recordó además que su directiva es posterior a los hechos del retén y que la interpretación aplicada responde a los criterios fijados por la Corte Constitucional.
El Congreso de la República reconoció este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por sus 80 años de trabajo, en medio de un panorama que evidencia que 14,4 millones de colombianos, es decir, el 27,6 % de la población, viven en inseguridad alimentaria moderada o grave.La corporación otorgó a la FAO la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, distinción recibida por el subdirector general y representante regional, René Orellana Halkyer, y por el representante del organismo en Colombia, Agustín Zimmermann. El reconocimiento destaca el acompañamiento técnico que la organización ha brindado al Congreso durante más de una década a través del Frente Parlamentario contra el Hambre y programas como América Latina y el Caribe Sin Hambre.Durante la ceremonia se recordó que, aunque América Latina y el Caribe es la única región donde el hambre disminuye por segundo año consecutivo, todavía 41 millones de personas la padecen. En Colombia, por ejemplo, cada año se pierden o desperdician cerca de 9,76 millones de toneladas de alimentos, una cifra que sigue en ascenso pese a los esfuerzos legislativos para reducirla.Entre los avances recientes se mencionaron la incorporación del derecho humano a la alimentación en la Constitución, el fortalecimiento de las compras públicas a productores campesinos y leyes dirigidas a reducir la pérdida de alimentos y promover la igualdad de las mujeres rurales.La representante Ana Paola García Soto, coordinadora subregional del Frente Parlamentario de Sudamérica, afirmó que el homenaje a la FAO no es un acto protocolario, sino una decisión política para poner la alimentación de las personas en el centro de la agenda pública.“La FAO ha sido un aliado estratégico durante los años en nuestro país, en articulación con el Frente Parlamentario contra el Hambre de Colombia, se han construido leyes que mitigan el hambre y buscan el restablecimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (0:32) número 2, Hambre Cero”, indicó la representante García.También advirtió que la brecha sigue siendo inaceptable, pues en Colombia se desperdician casi 10 millones de toneladas de comida al año, provocando que miles de niños se acuesten con hambre.
El más reciente Índice Global de Pasaportes (Global Passport Index) de 2025, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions (GCS), reveló que varios países de América Latina han logrado avances significativos en la clasificación mundial, entre ellos Colombia, que actualmente se ubica en el puesto 75.La medición analiza 200 países y sus documentos de viaje a partir de tres criterios: movilidad, calidad de vida e inversión. Aunque Suecia encabeza el ranking global y Europa domina nueve de los diez primeros lugares, la región latinoamericana muestra un desempeño en ascenso.¿En qué posición queda Colombia?Según el índice, el pasaporte colombiano se ubica en el puesto 75, con acceso sin visa a 84 países, incluyendo Alemania, Francia, Hong Kong, Andorra, Kosovo, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Antigua y Barbuda. En estos destinos, los colombianos pueden ingresar sin necesidad de adelantar trámites previos o con visa a la llegada.Sin embargo, todavía requieren visa para entrar a cerca de 37 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Australia, Afganistán y Brunéi.GCS destacó que la región continúa mostrando resiliencia y una mejora sostenida en los últimos años. Chile se mantiene como el país latinoamericano mejor ubicado, en el puesto 47, seguido por Brasil (50), Argentina (51) y Uruguay (54).“La región latinoamericana continúa demostrando resiliencia y una mejora gradual, respaldada por pasaportes de rendimiento medio a alto. Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan como los países latinoamericanos que más han escalado respecto de la edición de 2021”, señaló Laura Madrid, investigadora principal de la Unidad de Inteligencia Global de GCS.Europa lidera y Estados Unidos caeEl listado también evidencia cambios importantes a nivel global. Suecia ocupa el primer lugar en 2025, y Estados Unidos registra una caída histórica: ha descendido del primer al puesto 14 en apenas cuatro años, una baja que GCS atribuye a la polarización política y a políticas migratorias cada vez más restrictivas.
En las últimas horas se conoció que, hasta este momento, el Ministerio de Defensa no ha remitido a la Contraloría, la información solicitada por el ente de control sobre el polémico contrato por más de 16 billones de pesos para la compra de 17 aviones de combate Gripen, con la multinacional sueca Saab.El argumento del Ministerio para no haber enviado la documentación dentro de los plazos establecidos por la Contraloría, es que se trata de información amparada por reserva legal, “secreta y ultrasecreta por motivos de seguridad y defensa nacional”.Adicionalmente, el ministerio de Defensa le solicitó a la Contraloría el nombre propio de las personas que van a tener acceso a dicha información, para “garantizar su reserva y asegurar el traslado de la misma” a la sede del ente de control, además de pedir una “mesa de trabajo” para responder a las inquietudes frente al contrato con Saab.Finalmente, la reunión con el fin de adelantar la mesa de trabajo se realizará el próximo 4 de diciembre en la Sede de la Contraloría y será liderada por el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien estará con el equipo de la Fuerza Aérea y de la Dirección de Contratación Estatal que adelantaron la compra de los aviones Gripen.La Contraloría le ha respondido al Ministerio de Defensa que tiene toda la capacidad para asegurar la reserva de la información relacionada con el contrato y se declaró lista para llegar a acuerdos adicionales en la reunión del jueves de la próxima semana.Llama la atención el contraste de lo que dice el ministerio de Defensa sobre el carácter reservado y de información secreta y ultrasecreta que cobija el contrato para la compra de los aviones Gripen, con las peticiones públicas que ha hecho el presidente Gustavo Petro para que se revele todo su contenido: en una alocución llevada a cabo el pasado 19 de noviembre, Petro dijo: “he pedido que se publiquen todos los datos de los contratos, porque ha habido una avalancha de esa información”, mientras que en su cuenta en la red social X, dijo el 23 de noviembre: “no hay problema en que se conozcan todos los datos del contrato con Gripen”.Escuche aquí la noticia:
Diciembre es sinónimo de primas, compras y retiros constantes de dinero en efectivo. Sin embargo, también se convierte en el mes preferido para los delincuentes, que aprovechan el afán y la congestión en los cajeros automáticos para vaciar cuentas bancarias. En medio del aumento de transacciones, una modalidad de hurto conocida como la “trampa del billete” volvió a encender las alertas de las autoridades y de las entidades financieras en todo el país.Este tipo de estafa, que no es nueva, suele pasar desapercibida entre los usuarios, especialmente en temporada de fin de año, cuando las filas son largas y la presión por retirar rápido juega en contra de la seguridad.Cómo funciona la estafa de la trampa del billete en cajerosDe acuerdo con lo revealedo por las autoridades, el engaño inicia cuando la persona llega a un cajero automático y nota un billete aparentemente atascado en la ranura por donde sale el efectivo. Al intentar retirarlo o manipularlo, el cajero presenta una falla, se bloquea o no entrega el dinero solicitado.En medio de la confusión, muchos usuarios optan por cancelar la transacción o se retiran del lugar creyendo que el retiro no se completó. Sin embargo, el billete fue colocado de manera intencional por los delincuentes para distraer a la víctima y dejar la sesión abierta. En cuestión de minutos, los estafadores regresan al cajero y realizan retiros sin necesidad de la tarjeta.Las autoridades advierten que este método es especialmente efectivo cuando la persona no espera el cierre total de la operación ni verifica que la sesión haya finalizado correctamente.Por qué diciembre es el mes con más riesgo de estafasLas entidades financieras han insistido en que esta modalidad se incrementa en diciembre debido al mayor flujo de dinero. El pago de primas, salarios y los gastos propios de la temporada hacen que las personas retiren sumas más altas y, en muchos casos, bajen la guardia por el afán, las largas filas o la congestión en los cajeros.A esto se suma que muchos usuarios no revisan de inmediato los movimientos de su cuenta, lo que permite que el fraude pase desapercibido durante varias horas. Además, los cajeros ubicados en vías principales o en zonas alejadas de oficinas bancarias suelen ser más vulnerables para este tipo de delitos.Recomendaciones para evitar la trampa del billeteLas entidades bancarias reiteran una serie de recomendaciones básicas para no caer en esta estafa:No tocar ni retirar billetes que sobresalgan del cajero.Cancelar completamente la operación ante cualquier anomalía.Retirar siempre la tarjeta antes de abandonar el cajero.Revisar de inmediato los movimientos de la cuenta.Preferir cajeros ubicados dentro de bancos o centros comerciales.Mantener la calma y seguir estas recomendaciones puede marcar la diferencia entre un retiro seguro y una pérdida innecesaria de dinero.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, reveló los datos que le entregaron desde la Cancillería sobre los costos de la embajada de Colombia en Arabia Saudita. Forero reveló que el costo mensual del canon de arrendamiento supera los 19.300 dólares."Por decisión unánime del comité se recomendó la opción presentada para la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, Villa Zona de Al Nuzha: valor del canon mensual USD 19.333,33, para un total anual de USD 232.000", dice el derecho de petición revelado por Forero.El representante a la Cámara revela estos datos en respuesta a un trino en el que la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegura que el presupuesto que le dio el Gobierno a la Defensoría para el 2026 es menor al solicitado y menor al asignado para el 2025."En diciembre nos notifican que no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas", dice Marín.Es por esto que el representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestiona las prioridades del Gobierno con la asignación de recursos."Mientras el presidente Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría, se gasta casi $1.000 M anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita. Cuesta entender las prioridades del Gobierno en medio de la emergencia económica", señala Forero.
El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que a partir de 2026 se hará efectivo el pago de una remuneración mensual a los estudiantes de medicina que cursan su año de internado obligatorio. De acuerdo con la entidad, los recursos permitirán cubrir un salario mínimo mensual y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud para más de 8.000 internos en todo el país.Según el comunicado oficial, para la vigencia 2026 se destinarán más de 200.000 millones de pesos, los cuales serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios. El Ministerio explicó que esta medida se enmarca en lo dispuesto por la reforma laboral, que modificó normas laborales y estableció el reconocimiento económico para los internos de medicina durante su práctica clínica obligatoria.Este anuncio se conoce en medio de las movilizaciones convocadas por estudiantes de medicina, quienes anunciaron un plantón en 17 ciudades del país este lunes 29 de diciembre. Los organizadores de la protesta han señalado que, aunque la reforma laboral contempla el pago a los internos, aún persiste la preocupación por la asignación presupuestal necesaria para garantizar estos recursos durante 2026.Recordemos que Andrés Salcedo, médico y promotor de las movilizaciones, indicó que la manifestación busca llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad de asegurar de manera efectiva los recursos que permitan cumplir con lo establecido en la ley y evitar retrasos en los pagos a los estudiantes que realizan su internado médico obligatorio.
El almirante Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares, luego del nombramiento del general Hugo López como nuevo comandante. A su salida, el almirante destacó el sacrificio, la vocación de servicio y la unidad operacional de soldados, marinos y aviadores que integran la institución a lo largo y ancho del país.Cubides aseguró que su paso por el comando general estuvo marcado por el orgullo de liderar a hombres y mujeres que, incluso en los rincones más apartados del país, custodian la soberanía y velan por la seguridad de los colombianos. “Fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, afirmó el oficial, al tiempo que agradeció el esfuerzo incansable del personal militar y el respaldo de sus familias.El almirante resaltó que los resultados operacionales alcanzados durante su gestión no obedecen al liderazgo de una sola persona, sino al trabajo conjunto y a la valentía de toda la Fuerza Pública. “Los colombianos reconocen su entrega, su coraje, su compromiso y su disciplina”, señaló, subrayando que ese sacrificio constituye la columna vertebral de la institucionalidad del país.Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la importancia de la conjuntez como pilar estratégico. Cubides agradeció de manera especial a los generales y almirantes de la cúpula militar saliente por haber creído en el trabajo articulado entre las fuerzas. Según indicó, esa unidad de criterio y de acción permitió enfrentar con éxito los desafíos más complejos que amenazan la estabilidad de Colombia.En su despedida, el oficial naval extendió un mensaje directo a la nueva cúpula militar que asume el mando, a la que deseó éxito y sabiduría en la conducción de la institución. “Queda en sus manos el tesoro más grande de Colombia: sus soldados, marinos y aviadores”, expresó, al tiempo que los instó a preservar el legado de honor y disciplina.“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares que a partir de ahora serán lideradas por el señor general Hugo López, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.Cubides también hizo un llamado a todo el personal de las Fuerzas Militares para continuar trabajando por la paz, manteniendo la mística, la convicción y el compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones y el pueblo colombiano. “Sigan siendo los guardianes de la soberanía nacional”, enfatizó.Finalmente, el almirante se despidió asegurando que, aunque deja el cargo, el servicio a la nación no termina. “El compromiso con Colombia jamás acaba”, concluyó, cerrando su gestión con un mensaje de gratitud, admiración y reconocimiento hacia quienes continúan portando el uniforme de la Patria.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante de la deforestación en Colombia, sino una actividad que se desarrolla posteriormente sobre áreas ya intervenidas y que puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje. Así lo afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con base en estudios de la FAO y el Ideam.De acuerdo con el dirigente gremial, la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales como el acaparamiento y la especulación de tierras, la apertura ilegal de vías, la débil gobernanza del uso del suelo, la colonización no planificada y la presencia de economías ilegales y conflictos armados.“Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”, indicó el presidente de Fedegán.Lafaurie explicó que los animales suelen ser introducidos después de la tala del bosque como una estrategia de ocupación del territorio, por lo que señala a la ganadería como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales conduce a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas.“Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles. Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales”, aseguró.El presidente de Fedegán también destacó que no toda la ganadería es igual y que los sistemas sostenibles y silvopastoriles permiten incrementar la cobertura de árboles, mejorar la conectividad ecológica, capturar carbono y aumentar la productividad por hectárea, reduciendo la presión sobre los bosques naturales.Asimismo, alertó que el crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la Amazonía y para los pueblos indígenas no contactados, debido al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala criminal, según informes de InSight Crime.“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación de Insight Crime.Desde hace más de 15 años, Fedegán impulsa iniciativas de ganadería sostenible. Entre ellas, un proyecto desarrollado en el Meta permitió la siembra de más de 20.000 árboles, la conservación de más de 4.200 hectáreas de bosque y la restauración de otras 662 hectáreas, demostrando que es posible producir y conservar al mismo tiempo.Actualmente, Fedegán y alrededor de 50 empresas del sector son firmantes de los acuerdos Cero Deforestación y respaldan el proyecto de ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca fortalecer la trazabilidad, garantizar la no deforestación y promover una transformación ambiental positiva del sector ganadero colombiano.