El atentado armado ocurrido en las primeras horas del año en la Ruta 45, en jurisdicción cercana a Neiva, Huila, ha generado conmoción nacional tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, quien viajaba junto a su padre y el subdirector del centro penitenciario cuando fueron atacados por hombres armados en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde reveló además que el subdirector de la cárcel había denunciado amenazas contra su vida en 2023.De acuerdo con el mandatario local, el hecho se registró cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se desplazaban en un vehículo particular conducido por un dragoneante. En el trayecto, dos sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego de manera indiscriminada.“Empezamos el año con este lamentable hecho en donde nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPEC que sufrieron este trágico evento”, expresó Casagua al iniciar la entrevista.Así ocurrió el atentado en la vía Neiva–RiveraSegún la reconstrucción preliminar de los hechos entregada por el alcalde, el conductor recogió inicialmente al director de la cárcel, quien iba acompañado de su hijo de 11 años, a quien se dirigía a dejar al colegio en su primer día de clases. Posteriormente, el vehículo recogió al subdirector y continuó su recorrido hacia el centro penitenciario de Rivera.“Ya saliendo a la Ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego. Lamentablemente ahí se presentan los hechos que ya conocemos”, relató el alcalde de Neiva.El ataque dejó como víctima fatal al menor, identificado como Ismael, generando rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.Investigación y recompensa por informaciónTras el atentado, las autoridades locales y nacionales activaron un plan inmediato de investigación. Casagua explicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, con el fin de articular esfuerzos.“Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible”, señaló.Asimismo, se ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.Amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de RiveraUno de los puntos más sensibles revelados en la entrevista fue la confirmación de que el subdirector del centro penitenciario había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada y al momento del atentado ninguno de los funcionarios contaba con esquema de seguridad.“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”, puntualizó. El mandatario solicitó a los entes de control que se investigue si existieron fallas en la valoración del riesgo que derivaron en la ausencia de medidas de protección.Perfil de los reclusos y posibles hipótesisDurante la entrevista también se abordó el nivel de peligrosidad de la población carcelaria en Rivera. Casagua explicó que este centro penitenciario alberga delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados, delincuencia común y personas vinculadas a delitos como extorsión.“La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”, afirmó. En ese sentido, no se descarta que el atentado esté relacionado con decisiones administrativas o medidas adoptadas al interior del penal, aunque reiteró que todas las hipótesis están siendo evaluadas por las autoridades judiciales.Dolor por la muerte del menorFinalmente, el alcalde se refirió con profundo pesar a la muerte del niño, quien iniciaba su año escolar al momento del ataque: “Es un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tema. No se entiende cómo estos criminales no midan estas circunstancias”, lamentó.
La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Esta entidad del Estado colombiano es responsable de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas por estos fenómenos.La transición se produce en medio de una polémica, ya que la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100 mil millones de pesos, con un 0% de ejecución hasta el momento.El ente de control abrió la investigación tras las denuncias de la propia Angie Rodríguez, quien pidió revisar contratos relacionados con proyectos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, por los montos millonarios involucrados y la aparente falta de avances en su ejecución.
Sobre las 3:30 de la tarde comenzó en la Casa de Nariño una reunión que se extendió por más de cuatro horas y finalizó hacia las 8 de la noche. El encuentro giró en torno a la situación política de Venezuela y el manejo de la relación de Colombia con Estados Unidos.Entre los asistentes estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, quien antes de ingresar dejó clara su postura sobre la necesidad de una transición democrática en el vecino país.Cabe mencionar que todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. La reunión comenzó con la intervención del presidente Gustavo Petro, seguida por la canciller Rosa Villavicencio, y luego tomaron la palabra expresidentes y congresistas. Uno de ellos fue el senador de Cambio Radical José Luis Pérez.La representante Carolina Arbeláez, también presente en el encuentro, insistió en que las posiciones personales no deben trasladarse a las relaciones bilaterales y destacó que el tono de la conversación fue propositivo entre todas las partes.
En la Casa de Nariño, el Gobierno nacional y distintos sectores políticos analizaron el rumbo de la política exterior colombiana en el marco de la comisión asesora de relaciones exteriores, un espacio que fue convocado y liderado directamente por el presidente Gustavo Petro. Al encuentro asistieron congresistas, expresidentes y excancilleres, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos.Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, también estuvo en esa comisión y en Recap Blu calificó el encuentro como positivo y destacó el tono respetuoso con el que se desarrolló la conversación. Aunque recordó que los detalles de la discusión no pueden hacerse públicos por el carácter reservado de la comisión, subrayó la importancia de que el Gobierno haya reactivado este canal institucional para abordar asuntos estratégicos del país.Desde la oposición, explicó Arbeláez, se insistió en la necesidad de manejar las relaciones internacionales con responsabilidad, mesura y a través de los canales diplomáticos formales, evitando que las diferencias políticas se trasladen a escenarios públicos como las redes sociales. La congresista advirtió que Colombia tiene mucho en juego en su relación con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que mantiene vínculos históricos de más de 200 años.Durante la reunión, uno de los puntos centrales fue el impacto de la política exterior en el empleo, la inversión y el comercio. Arbeláez recordó que cerca del 60 % de las exportaciones colombianas dependen del mercado estadounidense, lo que convierte esa relación en un eje clave para la estabilidad económica del país. Además, señaló que la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico sigue siendo un interés prioritario para ambas naciones.La representante también mencionó que Estados Unidos mantiene especial atención sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Por eso, indicó que Colombia no puede enfrentar sola este desafío y que es fundamental preservar la cooperación internacional construida durante décadas."Las relaciones internacionales no pueden tener ideología. Esto se lo dejamos ahí al presidente presente. Yo creo que él es consciente, pues tan así es que hoy vemos un tono cambiante por parte del presidente Petro, pues fue una conversación y un tono un poco más mesurado", concluyó.
La movilidad en el norte de Bogotá empieza a ver, por fin, una luz al final del camino tras años de trancones interminables. Con la licencia ambiental ya aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el proyecto Accesos Norte II estaría cerca de entrar en su fase definitiva y confirma una noticia que la ciudadanía esperaba desde hace años: TransMilenio contará con un nuevo portal en el sector de Bima, una obra que promete cambiar la forma en la que se moviliza buena parte de la Sabana Norte.La aprobación fue emitida el pasado 7 de enero y destraba una ampliación clave de la autopista Norte, entre las calles 191 y 245, un corredor vital para la conexión entre Bogotá y municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá. Luego de cinco años de estudios técnicos y procesos de concertación con las comunidades, la concesionaria Ruta Bogotá S.A.S. recibió luz verde para iniciar las obras.Accesos Norte II impulsa la ampliación de la autopista Norte y TransMilenioLa ampliación de la autopista Norte no solo apunta a mejorar el flujo vehicular. El proyecto contempla una intervención integral del corredor, con infraestructura pensada para el transporte público, los peatones y los ciclistas. En total, la vía pasará de seis a diez carriles, cinco por sentido, incluyendo carriles exclusivos para TransMilenio.El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, celebró la decisión y destacó que los principales beneficiados serán los habitantes de la Sabana Norte, quienes hoy enfrentan largos tiempos de desplazamiento para entrar y salir de la capital.Nuevo portal de TransMilenio en Bima transformará la movilidad del norteUno de los puntos más relevantes del proyecto es la construcción de un nuevo portal de TransMilenio en Bima. Cabe recordar que actualmente el sistema troncal solo llega hasta la calle 222, lo que obliga a miles de personas a combinar rutas zonales, alimentadores y buses intermunicipales para llegar a sus destinos.Con la extensión del sistema, los buses articulados y biarticulados circularán por carriles exclusivos y contarán con seis nuevas estaciones. El portal también incluirá un patio taller para la operación y el mantenimiento de la flota. De acuerdo con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, la ampliación irá “desde el centro comercial Santa Fe hasta el peaje de los Andes”, consolidando un proyecto que lleva más de ocho años en planeación.Obras complementarias para proteger humedales del norte de BogotáAdicionalmente, Accesos Norte II incluye la construcción de tres puentes elevados, nuevos andenes y ciclorrutas. También se ejecutarán obras especiales para proteger humedales como Torca y Guaymaral, mediante la elevación de puntos clave de la vía y la instalación de box culvert, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y mitigar el impacto ambiental.
Una grave emergencia se registró este fin de semana en Barbosa, Santander, cuando una atracción mecánica, con al menos 20 personas a bordo, se desplomó.Ante esto, se han conocido videos del momento de desespero de familiares de las personas que resultaron heridas por el colapso de la atracción mecánica en pleno movimiento.En las imágenes se observa a ciudadanos y familiares intentando desesperadamente sacar a los heridos de los restos de la atracción, en un esfuerzo por prestar auxilio inmediato ante la magnitud del colapso.A pesar de la gravedad de los hechos y la conmoción generada en la comunidad, la alcaldía municipal de Barbosa aún no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido. Se espera que las autoridades locales brinden un reporte sobre el estado de salud de los afectados y las investigaciones pertinentes sobre las causas de este fallo mecánico.Vea el video aquí:
En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el millonario hurto a un concesionario ubicado en el barrio El Recuerdo de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde una banda de criminales aprovechó la ausencia de los propietarios para desocupar por completo uno de sus locales. Según el relato de las víctimas, los hechos ocurrieron los días cinco y seis de enero, periodo en el que al menos doce delincuentes ingresaron de manera reiterada al lugar y se llevaron motocicletas, mobiliario y herramientas, sin que nadie los interrumpiera.De acuerdo con la denuncia, los ladrones se llevaron un total de veintisiete motos eléctricas y ocho motocicletas de combustión, además de enseres, muebles y equipos de trabajo que se encontraban en el establecimiento. El valor de lo robado fue estimado en aproximadamente 250 millones de pesos, cifra que podría aumentar al contabilizar la totalidad de los elementos hurtados durante los dos días que duró el saqueo.Las víctimas aseguraron que los delincuentes actuaron con total tranquilidad y planificación. Durante el robo utilizaron al menos cuatro vehículos diferentes para transportar los elementos robados, lo que evidencia un alto nivel de organización. Según indicaron, las cámaras de seguridad del local lograron captar parte de los movimientos, aunque en algunos casos las imágenes no son lo suficientemente claras para identificar plenamente las placas o los rostros de los implicados.La información recopilada hasta el momento ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, que adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer si este grupo estaría vinculado a otros robos similares en la zona. Los propietarios hicieron un llamado para que se refuercen los controles y la vigilancia en sectores comerciales, especialmente durante temporadas en las que muchos negocios permanecen cerrados por vacaciones.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
A partir del día de mañana, la ciudad de Bogotá experimentará un incremento superior al 10 % en el valor del pasaje de Transmilenio. Esta decisión ha generado un nuevo foco de tensión entre el Gobierno Nacional y la administración distrital, en un contexto donde los indicadores macroeconómicos y los costos operativos han obligado a un ajuste técnico que la gerencia del sistema defiende como "responsable" para garantizar la continuidad del servicio.El peso del salario mínimo en la operaciónSegún explicó María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, el factor determinante en este aumento fue el incremento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026, una cifra que duplicó la proyección inicial del 11% que tenía el Distrito.Ortiz destacó que la prestación del servicio de transporte es "intensa en personal", requiriendo 35.000 colaboradores diarios para operar. De este total, el 87% de la fuerza laboral percibe menos de dos salarios mínimos, lo que impacta de manera directa en el 20% de los costos operativos totales del sistema. "Nuestra contratación en 2026 va a tener un costo mayor porque son casi todas muy intensas en personal y diferentes plazos", señaló la funcionaria, refiriéndose a los cerca de 50 contratos de concesión, vigilancia y aseo que deben actualizarse según los nuevos indicadores.Insumos al alza y comparación nacionalNo solo el factor laboral ha presionado la tarifa. La canasta de costos se ha visto afectada por el incremento en los energéticos: el diésel subió más del 15% y el gas más del 10%, mientras que el IPC cerró en un 5.1%.La gerente enfatizó que esta no es una situación exclusiva de la capital. Ciudades como Bucaramanga (16.7%), Medellín (11.4%) e Ibagué (13.8%) han reportado alzas incluso superiores a la de Bogotá, que se mantuvo en el 10%. Ortiz reveló que, si el Distrito hubiera trasladado todo el costo del aumento del salario mínimo al usuario, el pasaje habría subido 400 pesos en lugar de los 350 pactados.Escuche aquí la entrevista:
El Ejército y la Policía continúan con las investigaciones y los operativos en toda la ciudad de Neiva, con el fin de dar con la ubicación de los dos sicarios motorizados que atentaron contra el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez; el subdirector, Renato Solano Osorio; un dragoneante del Inpec, y un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.El ataque criminal se registró en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, al sur de Neiva, en la salida hacia el sur del Huila, donde dos hombres armados dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.“La Policía ha dispuesto un plan candado con todas las capacidades operativas e investigativas, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, con el fin de capturar a los responsables de este hecho. Hago un llamado a la comunidad para que, quien tenga información, la comunique de manera reservada”, expresó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Este hecho causó rechazo entre las autoridades civiles y de Policía. En el atentado resultó gravemente herido el subdirector del centro carcelario, Renato Solano Osorio, quien permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva, así lo confirmó Juan Diego Fierro, gerente del centro asistencial.“Recibimos en el hospital al señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad, con herida por arma de fuego en el tórax. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo observación estricta por parte del personal médico”, señaló el parte médico entregado por la gerencia del hospital.Posteriormente, en el transcurso del día, se adelantó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables.“En este consejo de seguridad se determinó una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este acto criminal. Además, hay una operación tipo candado por parte del Ejército y la Policía, con el apoyo de la comunidad e incluso de los agentes de tránsito”, anotó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila rechazó este vil ataque en el que murió el menor Ismael Rodríguez. Además, la entidad brinda acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
Once miembros de la la comisión 34 de las disidencias al mando de alias 'Calarcá' se entregaron ante las autoridades en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, luego de varias operaciones que el Ejército Nacional viene adelantando en la zona.Los ilegales hacen parte del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y entre ellos están los cabecillas conocidos con los alias de ‘Andrés’, ‘Jair’ y ‘David’.Este sometimiento a la justicia muestra el alcance y expansión que las disidencias de 'Calarcá' están logrando en este sector, límites entre Antioquia y Chocó, que suele estar bajo el control del ELN y el Clan del Golfo, quienes incluso se disputan el control por los corredores del narcotráfico y la minería ilegal.Con esto, dice el Ejército, buscan evitar ese desarrollo del grupo ilegal en esa zona del país así como Risaralda y Caldas.Durante la operación, integrantes de la Décima Quinta Brigada del Ejército, incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia y equipos de comunicación.
Los exjefes de las extintas Farc apelaron la sentencia que les impuso la JEP por los más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Es importante recordar que la sentencia contempla acciones y trabajos restaurativos por un periodo de ocho años, sin cárcel. Es decir, que durante ese tiempo deben cumplir con obras y labores que reparen a las víctimas.La JEP planteó la idea de monitorear las sanciones por medio de un mecanismo electrónico, algo a lo que se niegan, en esta apelación, los excomandantes de las Farc. El antiguo secretariado de la guerrilla también pide que la sanción contemple un tiempo menor a ocho años para algunos comparecientes, lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que hayan podido estar en la cárcel y las acciones que realizaron una vez dejaron las armas, relacionadas con iniciativas de paz.Clara Rojas fue secuestrada por las Farc en el Caquetá, en el año 2002, y está acreditada como víctima ante la JEP. Rojas se refirió a esta apelación de las extintas Farc, asegurando que, por ejemplo, el monitoreo electrónico es una herramienta mínima de la justicia para garantizar el cumplimiento de las sanciones.“Nótese que la JEP le está dando a un delito de lesa humanidad, que en nuestro Código Penal oscila en sanciones privativas de la libertad entre 40 y 60 años, los está reduciendo a ocho años y no les impone sanción intramural; les impone unos trabajos sociales con un objetivo restaurativo. La manera que la JEP ha encontrado para lograr una verificación del cumplimiento de las sanciones es a través de estos dispositivos, no solo para garantizar que estas personas estén en los sitios de ubicación que les han impuesto, en los horarios que les han impuesto, sino para que la sociedad en su conjunto tenga un mínimo de garantía de que efectivamente están realizando este trabajo”, dijo Rojas.En el mismo sentido, Rojas aseguró que cuando se conocieron las sanciones el antiguo secretariado se comprometió a acatarlas y, por eso, considera que los argumentos de esta apelación generan desazón en las víctimas.“Me parece una falta de respeto, no solo con los magistrados de la JEP, sino con el orden jurídico y la justicia, porque sin duda es lo mínimo que se les pide”, agregó Rojas.En la sentencia, los exjefes de las Farc también le piden a la JEP tumbar la imputación por esclavitud, pues dicen que ese delito no se cometió contra los secuestrados. Además, piden que mientras cumplen las sanciones no sean trasladados de sus hogares.“No podemos justificar que ahora los victimarios pretendan que no van a ser sancionados, además desconociendo que ellos rechazaron ir a un juicio y aceptaron la responsabilidad en los delitos que les fueron imputados en su momento. Sí hay varias falencias que presenta la JEP al momento de la sentencia, pero manifestar que sus actos fueron constituidos a través del derecho de la rebelión lo que hace es revictimizar a las víctimas”, agregó Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunos de los familiares de los diputados del Valle, asesinados en cautiverio por parte de las Farc.En otro apartado de la apelación, el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una estrategia militar y social.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente o presidenta para poner orden”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc en 2002.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el atentado perpetrado por sicarios en motocicleta contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera, cuando se movilizaban en un vehículo particular en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, en el sur de Neiva.Asimismo, la entidad condenó el fallecimiento del menor de 11 años, quien fue alcanzado por un disparo en la cabeza durante el ataque criminal. En el mismo hecho resultó gravemente herido el subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, de 50 años de edad, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva.De igual manera, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para reforzar los esquemas de seguridad de directivos y funcionarios del sector penitenciario en el país, teniendo en cuenta los ataques de los que han sido víctimas dragoneantes del Inpec en varias ciudades.En efecto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila también brinda acompañamiento institucional a la familia del menor Ismael Rodríguez, de 11 años, víctima del atentado.Asimismo, mediante un comunicado oficial, los personeros del Huila rechazaron el ataque sicarial contra los directivos del centro de reclusión de Neiva, ubicado en jurisdicción de Rivera, y pidieron a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones que permitan ubicar y capturar a los autores materiales de este lamentable hecho que ha conmocionado a Neiva y al Huila.Por su parte, la Policía, con su equipo de investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, continúa recopilando evidencias y testimonios con el fin de identificar a los responsables, capturarlos y llevarlos ante la justicia. No obstante, las autoridades administrativas y de policía adelantaron un consejo de seguridad para tomar decisiones frente al atentado que hoy cobra la vida de un menor de edad, hijo del director de la cárcel de Rivera, en el Huila.
El Ministerio de Minas y Energía posesionó a Adriana Jiménez como la nueva experta comisionada en la Comisión de Energía y Gas. Una profesional que cuenta con más de 26 años de experiencia en política pública y en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas en el sector de regulación energética. Ahora se enfrenta a grandes retos y labores.La nueva comisionada es una economista con maestría en Economía y Políticas Públicas, y especializaciones en Gestión de Proyectos y en Derecho de la Competencia y Libre Comercio, lo que permitirá un amplio desarrollo en técnico este momento clave de la transición energética.Hasta el momento, ha sido Asesora y Comisionada encargada en el Departamento Nacional de Planeación, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – Creg. Además, ha trabajado en el Ministerio de Minas y Energía, y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – Anla, entidad en la que lideró el Grupo de Transición Energética Justa; a la par, ha tenido cargos en Fedepalma y la Unidad de Restitución de Tierras.A las afueras del país también ha hecho parte del equipo de infraestructura en Argentina. Razones por las cuales fue escogida, debido a su amplia trayectoria en entidades públicas y firmas consultoras que se han especializado en el sector energético.Su llegada se da en el marco de un proceso en marcha orientado a fortalecer la confiabilidad del sistema, avanzar en la actualización de metodologías regulatorias, acompañar la transición energética y reforzar la protección de los usuarios de los servicios públicos. Con esta designación, la entidad busca dar continuidad a las reformas y lineamientos que vienen consolidándose en el sector.La Creg funciona como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía y está conformada por los ministros de Minas y Energía, quien la lidera, y de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación y seis expertos en asuntos energéticos designados por el presidente de la República para periodos de cuatro años.Con la incorporación de la nueva comisionada, queda completo el Comité de Expertos de la Creg, órgano colegiado responsable de la toma de decisiones regulatorias, integrado por William Mercado, director ejecutivo (e), junto a los expertos comisionados Antonio Jiménez, Fanny Guerrero, Orlando Velandia (e) y Ángela Álvarez.
Para el 2026, Colombia enfrentará una combinación de factores que presionan el sistema eléctrico: precios al alza, un estrecho margen entre generación y demanda, una deuda sectorial que supera los $4 billones, el atraso en proyectos clave y una creciente dependencia del gas importado. Ante este escenario, la tecnología emerge como una herramienta decisiva para evitar un eventual desabastecimiento de energía.Según datos del sector, el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación es crítico. De los 3.517 megavatios que debían entrar en operación hasta octubre de 2025, apenas lo hizo menos del 2 %, de acuerdo con cifras de Acolgen. A esto se suma la pérdida de soberanía gasífera, que obligará a importar cerca del 25 % del gas natural que consume el país, elevando los costos de generación térmica y aumentando la vulnerabilidad del sistema, especialmente si se materializa un fenómeno del Niño en 2026, cuya probabilidad es alta según la NOAA.Frente a una demanda que no cede y una oferta cada vez más tensionada, la adopción de tecnologías de eficiencia energética proyecta un crecimiento de entre el 20 % y el 40 % en 2026, impulsada por empresas que buscan blindarse ante posibles racionamientos y aumentos tarifarios. Alternativas para generar energíaEn ese contexto, la autogeneración solar fotovoltaica se consolida como una de las principales soluciones. Lo que antes era una apuesta por sostenibilidad hoy se convierte en una necesidad financiera, al permitir que industrias y comercios reduzcan su dependencia de la red nacional y su exposición a las tarifas del mercado regulado.Otra tecnología clave serán los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que ganarán protagonismo como respaldo crítico para procesos sensibles. Estas soluciones permiten almacenar excedentes de energía solar y utilizarlos en momentos de alta demanda o ante fallas del sistema.La gestión de datos también jugará un papel determinante. Colombia presenta niveles de ineficiencia energética cercanos al 65 %, lo que significa que solo se aprovecha productivamente el 35 % de la energía consumida, según la Unidad de Planeación Minero Energética. El monitoreo en tiempo real y el análisis de datos permitirán identificar fugas, corregir malos hábitos de consumo y reducir la facturación energética sin afectar la producción.Finalmente, la electrificación de procesos de calentamiento y la expansión de la movilidad eléctrica marcarán la agenda energética. Con más del 25 % del gas natural importado y sujeto a la volatilidad de la TRM, muchas industrias optarán por sustituir el gas por sistemas eléctricos de alta eficiencia.
La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, desde el 16 de enero del año pasado y hasta la fecha, al menos 87.438 personas han sido desplazadas como consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.En diálogo con Blu Radio, el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Cúcuta, Leandro Ugarte Mora, entregó un balance de la situación que enfrenta el municipio ante la llegada constante de familias desplazadas.“Desde el día 22 de diciembre a la fecha han llegado más de 800 familias, eso nos representa más de 2.300 personas individualmente, nuevas, o nuevos desplazamientos o personas que ya habían regresado a sus sitios de origen, y nuevamente se han desplazado”, señaló el funcionario.Ugarte recordó que, aunque las cifras actuales no alcanzan la magnitud del desplazamiento masivo registrado hace un año, el impacto sigue siendo grave. “El año pasado, ya vamos a cumplir básicamente un año del desplazamiento que se inició el 17 de enero, pero en los dos primeros días recibimos casi 5.000 personas”, precisó.Actualmente, las personas que llegan a Cúcuta se encuentran en su mayoría acogidas por familiares o redes de apoyo. Desde la administración municipal, con el respaldo de la Unidad para las Víctimas y cooperación internacional, se han dispuesto kits de alimentación y aseo, además de atención psicosocial.El secretario enfatizó que estos desplazamientos no cesarán mientras no haya una transformación real en el territorio. “Mientras el territorio del Catatumbo no sea consolidado, no haya un perfecto complejo estado social de derechos, pues la gente va a seguir en esos desplazamientos”, advirtió.Finalmente, subrayó que las familias no llegan con la intención de radicarse en la ciudad, sino buscando protección temporal: “Ellos llegan a Cúcuta pensando en que se quieren regresar lo más pronto posible a sus casas fincas, que son, pues, sus sitios donde tienen su vida, su historia, sus propiedades, su propiedad privada; es a donde quieren retornar lo más pronto posible”, aseguró.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este martes que ya fueron entregados a sus familiares los cuerpos de todas las víctimas del accidente de la avioneta en la que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez, siniestro ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Con este procedimiento, la entidad dio por concluida su intervención en el caso.De acuerdo con el comunicado, Medicina Legal informó que culminaron los procedimientos técnico-científicos y médico-legales, logrando la plena identificación de los seis cuerpos que ingresaron a la entidad tras la tragedia aérea. Posteriormente, todos fueron entregados a sus familias en coordinación con las autoridades competentes.Las personas fallecidas en el accidente fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez y Yeison Orlando Jiménez Galeano. El instituto también expresó un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, reiterando su compromiso de actuar con celeridad y diligencia en este tipo de casos.Cuándo fue el accidente de Yeison JiménezEl 10 de enero del 2026 será una de las fechas más tristes para la música colombiana, pues este siniestro enlutó al país y cobró la vida del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, Caldas, y considerado uno de los principales exponentes del género en la última década. La avioneta, que tenía como destino la ciudad de Medellín, se accidentó en una zona rural de Boyacá y quedó completamente calcinada, según confirmaron las autoridades aeronáuticas.La Aeronáutica Civil lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del artista, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del accidente, el país despide a una figura clave de la música regional colombiana y acompaña el duelo de las familias de las demás víctimas de esta tragedia aérea.
Colombia recuperará en 2026 uno de los puentes festivos más simbólicos de su calendario. Luego de varios años sin este día feriado como fin de semana largo, la conmemoración del Día de la Independencia, el 20 de julio, volverá a convertirse en puente, un hecho que no ocurría desde 2019, antes de la pandemia. La confirmación ya figura en el calendario oficial de festivos y despertó expectativas entre trabajadores y sectores económicos que tradicionalmente se dinamizan durante estas fechas.El anuncio llega en un momento clave, cuando muchas familias planean con anticipación viajes y descansos, ante el regreso de un puente que representa un impulso para el turismo, el comercio y el transporte, actividades que suelen registrar mayor movimiento en estas temporadas.Día de la Independencia vuelve a ser puente festivo en 2026La razón detrás del regreso de este festivo está en el calendario. En 2026, el 20 de julio caerá un lunes, lo que permite que el Día de la Independencia se convierta automáticamente en un puente festivo, sin necesidad de traslado. Esta situación se ajusta a lo que establece la Ley Emiliani, cuyo objetivo es concentrar los festivos al inicio de la semana para incentivar el descanso y la actividad turística y económica del país.Este escenario no se presentaba desde hace siete años, cuando en 2019 la fecha también coincidió con un lunes. Desde entonces, el aniversario patrio se celebró en días intermedios o durante fines de semana, lo que le restó atractivo turístico a la fecha.Siete años sin puente por el 20 de julio en ColombiaLa última vez que los colombianos disfrutaron de un puente completo por el Día de la Independencia fue en 2019. Entre 2020 y 2025, la fiesta patria cayó en martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, lo que redujo su impacto festivo a una sola jornada.Por eso, el regreso del puente en 2026 tiene un valor especial. Representa la vuelta de una tradición que históricamente ha marcado los tiempos de descanso de muchas familias colombianas y ha impulsado una mayor participación ciudadana en los actos conmemorativos.Festivos y puentes confirmados en Colombia para 2026El calendario de 2026 contará con varios puentes a lo largo del año, entre ellos el del 20 de julio. Estas son algunas de las fechas clave confirmadas:12 de enero: Reyes Magos (puente).23 de marzo: San José (puente).18 de mayo: Ascensión de Jesús (puente).8 de junio: Corpus Christi (puente).15 de junio: Sagrado Corazón (puente).20 de julio: Día de la Independencia (puente).12 de octubre: Día de la Raza (puente).16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente).Con este panorama, 2026 se perfila como un año con varias oportunidades para el descanso y la reactivación económica, marcado por el regreso de un puente que muchos colombianos esperaban desde hace años.
Mientras que, producto de la vacancia judicial, la Corte Constitucional inició hasta este martes 13 de enero de 2026 el estudio del decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno declara el estado de emergencia económica y social, el debate de este decreto sigue estancado en el Congreso de la República.Aunque desde sectores de oposición se buscó adelantar un debate de control político a todos los ministros el pasado 29 de diciembre en la plenaria del Senado, ningún integrante del gabinete se hizo presente, argumentando que se debía permitir responder el cuestionario de 26 preguntas, con fecha límite del 31 de diciembre.Sin embargo, según datos entregados por la Secretaría del Senado a BLU Radio, el pasado 31 de diciembre, 13 de los 17 ministerios presentaron una solicitud de prórroga para entregar la respuesta a este cuestionario, argumentando en varios oficios la necesidad de terminar de compilar la información por parte de las distintas dependencias del gabinete nacional.Pero llama la atención que el pasado 9 de enero, 10 de los 17 ministerios solicitaron nuevamente una prórroga para responder dicho cuestionario, lo que retrasa aún más la posibilidad de llevar a cabo el debate de control político.El senador de Cambio Radical y citante del debate, Carlos Fernando Motoa, criticó esta dilación por parte del Gobierno y recordó que, luego de que no se pudiera realizar el control político al decreto el 29 de diciembre, presentó una solicitud a la mesa directiva del Senado para convocar nuevamente a la plenaria de forma extraordinaria, solicitud en la que insistió este martes 13 de enero.“El control político no es un ‘favor’ que el Gobierno Nacional le hace al @SenadoGovCo, es una OBLIGACIÓN que continúa eludiendo (de diferentes maneras). Por eso, vengo insistiendo en la necesidad de realizar el debate por la declaratoria de la inconstitucional e INCONVENIENTE emergencia económica... porque no puede ser que estén manejando impuestos vía decreto sin rendir cuentas ni ofrecer ningún tipo de explicación”, señaló Motoa en su cuenta de X el pasado 5 de enero.El senador y cabeza de lista de Cambio Radical aseguró que, ante estas dilaciones, presentará ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra todos los ministros del gabinete por no responder en el tiempo que establece la ley.
La muerte de Beatriz González dejó un vacío profundo en el arte colombiano. La artista plástica, considerada una de las creadoras más influyentes del país, falleció el pasado viernes 9 de enero de 2026 a los 93 años, tras una vida dedicada a observar, interpretar y retratar la historia reciente de Colombia desde el arte.Este martes 13 de enero, en Mañanas Blu, la escritora y columnista Yolanda Reyes, amiga cercana de la artista, habló sobre su legado y recordó la dimensión humana y creativa de González. “Nunca terminaremos de extrañarla”, dijo, al referirse a la huella que deja una obra que acompañó al país durante décadas.¿Por qué Beatriz González transformó el arte colombiano?Reyes explicó que Beatriz González fue una figura que rompió con las formas tradicionales del arte. “Cuando le dicen la maestra, estamos pensando en una figura indiscutiblemente rompedora en el arte moderno y contemporáneo”, señaló. Destacó que nunca se acomodó a una fórmula que funcionara, sino que exploró distintas posibilidades a lo largo del tiempo.Su trabajo dialogó con lo popular, lo kitsch y la prensa escrita, y se caracterizó por el uso del color, el humor y la crítica. “Tenía el arrojo para burlarse de presidentes en ejercicio”, afirmó Reyes, al recordar cómo González se atrevió a cuestionar el poder desde el arte, sin solemnidad y con ironía.La memoria del país, vista desde su obraUno de los ejes centrales de su trabajo fue la memoria colectiva. Reyes recordó piezas emblemáticas como Los suicidas del Sisga y los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, donde la artista puso el foco en las víctimas anónimas del conflicto y la violencia.“De los poderosos se burlaba y de las almas anónimas las rescataba”, explicó, al destacar cómo González transformó recortes de periódicos en un archivo visual que da cuenta de los dolores, las contradicciones y las historias que marcaron al país durante más de medio siglo.El legado de Beatriz González como maestra y formadoraAdemás de su obra, Reyes resaltó la vocación pedagógica de la artista. Habló de su paso por la Escuela de Guías, de su trabajo con jóvenes y de su interés por formar públicos y fortalecer museos. “Ella decía que en el arte hay que repetir, repetir y repetir”, recordó.Para quienes la conocieron, Beatriz González no solo deja una obra imprescindible, sino una manera de mirar a Colombia que seguirá viva en la memoria cultural del país.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Joe Quesada, se refirió al impacto que tendrá el incremento del salario mínimo del 23,7 % en el sector de la vigilancia y seguridad privada, especialmente en materia de costos laborales y sostenibilidad del servicio. Según explicó, antes de hablar de posibles afectaciones al empleo, es necesario establecer un marco claro sobre cómo funciona la estructura tarifaria del sector y las implicaciones reales de este aumento.Quesada señaló que las tarifas mínimas del servicio de vigilancia están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fijadas por ley en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas tarifas, indicó, garantizan el pago de salarios, prestaciones sociales, recargos y costos operativos, lo que evita la precarización laboral y la degradación del servicio. Aclaró además que dichas tarifas no se definen ni por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni por la oferta y la demanda, sino que están directamente indexadas al salario mínimo.El directivo explicó que, si bien el incremento salarial implica un aumento significativo en los costos, el sector no maneja márgenes de ganancia elevados. De acuerdo con Quesada, cerca del 85% del costo del servicio corresponde a gastos laborales y el margen de utilidad de las empresas no supera el 4 o 5 %, lo que desmiente, según afirmó, versiones que señalan supuestas grandes ganancias en la industria de la seguridad privada.Frente a la posibilidad de pérdida de empleos, Quesada aseguró que no se puede afirmar de manera ligera que el alza salarial derivará en despidos masivos de vigilantes. Indicó que el sector continúa en diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los impactos del aumento y buscar soluciones conjuntas.Si bien reconoció que existen implicaciones en los costos del servicio y en las administraciones contratantes, enfatizó que Colombia sigue siendo un país con alta demanda de vigilancia presencial, por lo que los trabajadores deben contar con mejores salarios y mayores oportunidades de vida, sin que ello implique una afectación generalizada al empleo en el sector.
Blu Radio conoció la apelación de 351 páginas presentada por la defensa del antiguo secretariado de las Farc contra la sentencia de la JEP a ocho años de sanciones restaurativas. Es decir, que los máximos comandantes de la guerrilla por ese tiempo deberán reparar a las víctimas, sin ir a la cárcel.Los exjefes de la guerrilla presentaron una apelación en la que hacen fuertes críticas a la JEP.En primer lugar aseguran que los magistrados cuestionan en la sentencia el carácter político de las extintas Farc.“Las rebeliones han venido inmanentemente atadas a las exigencias de los pueblos por un nuevo derecho para dar el paso adelante. Las revoluciones liberales y de independencia de los siglos XVIII y XIX, las luchas anticoloniales del siglo XX, los alzamientos revolucionarios patrióticos, las luchas por la paz y la reconciliación de finales del XX y principios de siglo XXI, atestan de este elemento ontológico de las rebeliones.Vale entonces concluir: si bien el derecho internacional no fomenta rebeliones, teniendo cuidado de no molestar mucho el orden estatal interno, tampoco las prohíbe, pues parece reconocer que la rebelión es, sin duda, el derecho más intrínsecamente atado a la realidad de los pueblos, cuando estos hacen aparición como fuerza de la historia. Y no solo no las prohíbe, sino que brinda un marco jurídico para su desarrollo en función de la protección de determinados sujetos y bienes, incluso proporcionando diferentes instancias para su resolución. A menos que la JEP haya decidido renunciar a la caracterización constitucional del conflicto colombiano como un conflicto político, yendo en contra el contenido del Acuerdo mismo, no puede hablarse de reproche al alzamiento; desnaturalizándolo y convirtiéndolo, en la práctica, en un simple concierto para delinquir”, señala el antiguo secretariado.Además, insisten en que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones, para no vulnerar la seguridad jurídica de los comparecientes.Otro de los cuestionamientos llega por la forma en la que la JEP hizo las imputaciones, al señalar que a algunos comparecientes se les imputó por la posición que ocuparon en el grupo armado, pero no por actos cometidos.“Prima una interpretación en la cual la asignación de responsabilidad a los máximos responsables no requiere probar su relación con los hechos adjudicados, se trata de una manifestación contraria a los principios de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. El dolo y la coautoría no son simples “visiones naturalísticas”, sino garantías dogmáticas que delimitan la responsabilidad penal. Relajar la exigencia de probar el acuerdo común o la intención puede derivar en imputaciones basadas en presunciones o sospechas, lo que contradice la función garantista de una Jurisdicción que surge ante los desafueros cometidos contra los rebeldes en la justicia ordinaria”, dice el documento presentando a la JEP.Es por eso que dicen que la sanción máxima se impone no porque se hayan demostrado los hechos, si no por la posición que ocupó la persona en la extinta guerrilla. Es por eso que le piden a la Sección de Apelación tumbar este tipo de imputaciones y realizarlas bajo la verificación de que la decisión tomada por los exjefes de la guerrilla generó el resultado hallado por la jurisdicción.Sobre tortura, esclavitud y tratos cruelesEn otro apartado el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una entrategia militar y social.“La división jerárquica de la organización, así como los miles de guerrilleros, milicianos y colaboradores que hacían parte de las filas, requería un sistema de comandancias a partir del cual se pudiere controlar más y mejor a quienes eran subordinados; cuestión que, como se ha reconocido, no se logró en todos los casos, ni con todas las estructuras, pese a esto, el fenómeno del secuestro tuvo como propósito permanente, intercambiar la libertad de las víctimas por dinero, intercambiarlas por guerrilleros presos, o ejecutarlo en medio nde acciones de seguridad o control propio de una organización irregular en los territorios en los que hacían presencia, más no aprehenderlas con el fin de hacer de ellas instrumentos para torturar, asesinar, desaparecer, esclavizar, violentar sexualmente, entre otras graves conductas”, señalan los exjefes de la guerrilla. Otro de los cuestionamientos llegó por el hallazgo de la JEP según el cual hubo un patrón que se presentó con las víctimas y fue el de malos tratos, pues aseguran que la jurisdicción no les permitió defender la idea de que estos hechos no fueron una práctica o policía de las Farc, sino unos resultados indeseados.Además, los abogados de los comparecientes señalan que la jurisdicción no probó, más allá de toda duda razonable, que los exjefes de la extinta guerrilla conocían los hechos que se estaban produciendo con los secuestrados en razón de mando y control, es decir, por la posición que ocupaban.Sobre la privación de alimentos y medicamentos a los secuestrados, los exjefes de las Farc señalan que estas situaciones se presentaban, supuestamente, por “la política contrainsurgente del Estado”, a través de diferentes acciones.“Si bien las condiciones de vida en el secuestro están al límite humano que supone el hecho de privar de la libertad a una persona, esas condiciones se agudizaron debido al impacto del accionar militarista del Estado contra la insurgencia. Tanto las víctimas como las comisiones de cuidado pueden evidenciar los efectos que generaron las políticas de seguridad y defensa, influenciadas por la presión de resultados tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente considerando los elevados recursos destinados a la confrontación contra las FARC-EP. La ineficacia del Estado en la guerra y la presión por el éxito tuvo consecuencias dramáticas, como la victimización con los falsos positivos y los intentos fallidos de rescates que terminaron en tragedias”, señala el documento.Dicen, además, que por las acciones militares los secuestrados tenían que ser trasladados, los campamentos eran improvisados y las víctimas eran sometidas a caminatas largas, adjudicándole parte de la responsabilidad de las malas condiciones de los secuestrados al Estado.Piden tumbar la imputación por esclavitudNuevamente, y como lo han hecho a lo largo del proceso en la JEP, los ex comandantes de las Farc señalan que, si bien hubo casos de trabajos forzados a las víctimas, no hubo esclavitud:“Las víctimas no fueron objeto de esclavitud al no cosificarlas y que, la imposición de trabajos forzados, por sí sola, no constituía esclavitud, por lo que era relevante analizar los casos según los indicios de esclavitud que ha desarrollado la CPI”, dice el documento.Agregan que el grupo armado no buscó cosificar a las personas ni ejercer atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo y que en ningún caso se permitió ni se orientó que una persona fuera secuestrada para ser “un servidor derecho la organización bajo coacción, ni con fines de obtener beneficios a favor de esta”.Ante esta situación piden a la JEP desestimar el cargo de esclavitud.Desaparición forzada y asesinatoEn el mismo sentido, se refieren a los casos de secuestro extorsivo en los que no se realizaron los pagos y las personas fueron desaparecidas. Según los excomandantes de la guerrill, aseguran que las desapariciones forzadas fueron hechos excepcionales y no una consecuencia natural o automática de la falta de pago.“La evidencia judicial acumulada demuestra que la falta de pago no fue, ni en términos cuantitativos ni cualitativos, la causa directa o predominante de los asesinatos y desapariciones de secuestrados. La política de financiación mediante secuestros tuvo como eje la obtención de recursos, no la eliminación física de las víctimas. Pretender lo contrario implica desconocer los hallazgos de la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que, lejos de confirmar esa supuesta “consecuencia natural”, ha documentado la ausencia de un patrón generalizado que vincule el impago con la ejecución del secuestrado. Por tanto, desde una perspectiva crítica y basada en evidencia, puede afirmarse que la relación entre el no pago y la desaparición o asesinato del cautivo es una inferencia infundada, sostenida más en interpretaciones simplistas del fenómeno que en un análisis riguroso de los hechos”, se lee en la apelación.Control territorialLa apelación también señala que las extintas Farc nunca ejercieron dominio absoluto ni excluyente sobre un territorio, pues siempre estuvieron en disputa con las fuerzas militares o con otros actores armados. Es por eso que consideran que carece de fundamento el hecho de que la JEP haya dicho que hubo algunos casos de secuestro que se dieron con el fin de mantener el control territorial.“Su característica fue la de una organización guerrillera que ejercía la guerra de guerrillas de carácter móvil. La información disponible, tanto en fuentes oficiales como en los relatos de los propios comparecientes, permite constatar la existencia de una presencia armada, móvil, intermitente, estratégica y disputada. Por tanto, la calificación estricta de ciertos secuestros como actos cometidos en ejercicio de un control territorial o incluso bajo la atribución de una suerte de “ejército de ocupación", carece de fundamento factico y jurídico”, argumentan los abogados.Sobre los proyectos de sanciónAl empezar a hablar de las sanciones impuestas por la JEP en la apelación dejan claro que la ausencia de un fallo único genera un riesgo jurídico y es que la jurisdicción mantenga su potestad sancionatoria por un tiempo superior al autorizado, ocho años. Por eso, le piden a la JEP un pronunciamiento en el que quede claro que a los comparecientes no se les van a imponer sanciones después de ese tiempo.Para los exfarc, en la mayoría de territorios donde se cumplirán las sanciones persiste el conflicto, por lo que podrían estar en situación de riesgo.“La decisión apelada, omite la necesidad de contar con un análisis territorializado del riesgo que identifique amenazas específicas en cada zona de cumplimiento, así como la articulación directa con los esquemas de seguridad comunitaria, las organizaciones sociales del territorio y las autoridades locales. Del mismo modo, no establece protocolos operativos diferenciados para responder de manera inmediata ante situaciones de emergencia, ni incorpora mecanismos de participación de los comparecientes en el diseño de las medidas que les afectan, lo cual es esencial para generar confianza y garantizar la eficacia de la protección”, argumentan en el documento.Como no todos los proyectos de sanción están definidos y algunos se irán definiendo durante estos ocho años, los exfarc consideran que eso también vulnera sus derechos.“Al supeditar el contenido final de la sanción a eventos futuros e inciertos como la evaluación posterior de la suficiencia de los proyectos o la eventual imposición de nuevos, la decisión pierde su carácter de acto jurisdiccional definitivo y se convierte en una resolución preliminar sujeta a revisiones permanentes. Esta situación resulta incompatible con la figura de la cosa juzgada, cuyo propósito es conferir a las decisiones judiciales un carácter inmutable, vinculante y definitivo, garantizando así la estabilidad del orden jurídico y la confianza legítima en la administración de justicia. Este asunto es un mal precedente para los Acuerdos de Paz, y socava de manera definitiva la confianza legítima en el Estado Colombiano, pues una vez más, queda demostrado el carácter de perfidia y de clase está adquiriendo esta jurisdicción en algunas de sus decisiones”, dice el documento.Por otro lado, solicitan reorientar el proyecto de búsqueda de desaparecidos, en el de desminado humanitario dicen que se requieren conocimientos técnicos y condiciones físicas, por lo que si bien el proyecto es importante hay que dejar claro qué actividades pueden hacer los comparecientes.“Los siete miembros del último Secretariado de las FARC-EP, no solo por su avanzada edad y la ausencia absoluta de experiencia o formación en labores de desminado humanitario, se encuentran en la imposibilidad material de ejecutar actividades de despeje; además, no hacen parte de los siete operadores acreditados oficialmente en Colombia para desarrollar dicha labor, conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de AICMA”, explican los exfarc.Sobre los derechos políticosPara los comparecientes, la sentencia podría limitar los derechos políticos, en parte, porque los magistrados aseguran que una falta a los compromisos sería que los exfarc incurran en discursos revictimizantes o negacionistas.“La sentencia termina justificando una restricción preventiva y desproporcionada de derechos, que se apoya en una presunción genérica de peligrosidad política, lo cual es contrario al estándar constitucional e interamericano en materia de libertad de expresión y participación democrática. La concordancia práctica entre los derechos de los comparecientes y las finalidades superiores del SIVJRNR exige, que las limitaciones impuestas respondan a una ponderación real y concreta: ¿qué derecho se limita?, ¿qué fin específico se busca alcanzar?, ¿qué medios alternativos menos lesivos existen?, y ¿por qué la medida adoptada es estrictamente necesaria y proporcional en sentido estricto? Estas preguntas propias del test de proporcionalidad no fueron abordadas en la decisión impugnada, lo cual evidencia un déficit de motivación y razonabilidad que compromete la validez constitucional de la restricción”, dice el documento.Es por eso que piden que esta decisión sea revisada y que la participación política sea garantizada en todas sus dimensiones. Además agregan que el hecho de que las víctimas presenten proyectos de sanción no estaba estipulado en el acuerdo.“La inclusión y valoración de proyectos de sanción presentados directamente por las víctimas, así como la habilitación de escenarios de participación no previstos en la normativa vigente, constituyen actuaciones manifiestamente contrarias al marco de competencias establecido en el Acuerdo Final de Paz y en su normativa de desarrollo. Tales decisiones exceden las atribuciones conferidas a la SeRVR, desconociendo los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al tiempo que comprometen la coherencia e integridad en la implementación del Acuerdo”, advierte la apelación.Situación particular de cada comparecienteEn el mismo sentido se señala que a los siete exjefes del secretariado se les impuso una sanción de ocho años, pero que esto no puede aplicarse de la misma manera a todos los comparecientes, pues algunos de ellos deberían tener menos tiempo de sanción, uno de ellos sería Rodrigo Granda.“Se solicita a la Sección de Apelación que el tiempo de privación de la libertad que han cumplido los comparecientes Rodrigo Granda Escobar y Pablo Catatumbo, de acuerdo con cada caso particular y concreto, sea reconocido y contabilizado como parte del período de ejecución de la sanción propia, en aplicación de los principios de proporcionalidad favorabilidad y justicia material que orientan el derecho sancionatorio transicional”, piden los abogados de los comparecientes.Otra de las solicitudes de los abogados es que la JEP tenga en cuenta las actividades que realizaron los comparecientes desde la dejación de armas y que esas acciones sean tenidas en cuenta como Trabajos, Obras o acciones reparadoras.“No se contabilizaron las actividades que ejecutaron los comparecientes desde el proceso de dejación de armas. Lo anterior, no sólo quebranta la confianza legítima de los comparecientes en el marco del proceso transicional, sino, la estabilidad del proceso de reincorporación y lo pactado en la Habana”, argumenta la defensa de los comparecientes.Vigilancia electrónicaPara el antiguo secretariado de las Farc, el dispositivo electrónico con el cual van a ser monitoreados hace que las sanciones se parezcan más a las de la justicia ordinaria y no a la jurisdicción transicional.“Así se advierte que, la Sentencia objeto de apelación introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán mmonitoreados 24/7, lo que desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”, se lee en el texto.Para ellos los mecanismos de monitoreo electrónico son invasivos, por eso creem que se deben aplicar otros mecanismos de seguimiento como informes que deben ser presentados periódicamente y que den cuenta del cumplimiento de la sanción, que la supervisión la hagan entidades encargadas de la reincorporación y que se registren las actividades restaurativas realizadas por los comparecientes.Además dicen que el acuerdo de paz no obliga a los exintegrantes de las Farc a vivir en el mismo espacio donde se ejecuten las sanciones y que de ser así se vulneraría el principio de legalidad.“Esto significa que la ubicación de un proyecto restaurativo no puede obligar a un compareciente a abandonar o poner en riesgo los avances que ha logrado en su arraigo familiar, social o productivo”, argumentan los exfarc.Por eso, para ellos, los proyectos de sanción deben tener en cuenta varias cosas: condiciones de seguridad, arraigo familiar y comunitario, avances en la reincorporación de los comparecientes.Además ellos dicen que ya han cumplido con la restricción efectiva de la libertad desde que firmaron el acuerdo, pues para salir del país deben pedir permiso a la JEP.“La obligación impuesta a los comparecientes del extinto Secretariado de solicitar autorización para la salida del país, ha sido cumplida de manera efectiva durante el período correspondiente. Este cumplimiento debe ser valorado por la Sección de Apelaciones como un elemento relevante al momento de definir el alcance y ejecución de la sanción propia, en la medida en que implicó una restricción real a la libertad de locomoción y evidenció un comportamiento constante de sujeción al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En consecuencia, y conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad, resulta jurídicamente procedente reconocer dicho período para efectos del cómputo del cumplimiento de la sanción impuesta, evitando así una carga desproporcionada y garantizando la coherencia del régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz”, piden los comparecientes.Ante esta situación los exfarc le piden a la JEP que modifique, aclare o revoque algunos puntos de la sentencia relacionada con los temas desarrollados anteriormente.
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la intención de "liberar" al Caribe y al Eje Cafetero de los cobros de peajes ha generado una fuerte sacudida en el sector de infraestructura y dudas sobre la sostenibilidad financiera de las vías en la región. Mientras el Gobierno busca acelerar la salida de los privados, representantes regionales y expertos advierten sobre los riesgos jurídicos y los costos de mantenimiento que el Estado tendría que asumir. ANI evalúa terminación anticipada de Autopistas del Café.Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), confirmó que la concesión de la autopista Armenia-Pereira-Manizales, vigente desde 1997, tiene como fecha de vencimiento natural el 1 de febrero de 2027. No obstante, ante el pronunciamiento presidencial, la ANI está realizando revisiones de índole contractual para determinar si es posible una terminación anticipada dentro del marco legal."Ante esta situación estamos haciendo todas las revisiones del caso de índole contractual para poder avanzar con la mayor prontitud y evitarle al Estado un daño", indicó Uparela.Mientras tanto, el congresista Octavio Cardona centró su intervención en la sostenibilidad financiera de las vías y en la claridad del anuncio presidencial."Nada alegraría más la vida de los colombianos que no tener que pagar peajes, pero yo tengo un par de preguntas. Si la solución es quitar los peajes ¿quién le garantiza a la región 150.000 millones de pesos que vale el mantenimiento de 191 kilómetros de vía?. El problema no es quitar los peajes, esa es una bendición, el problema es la plata que vale el mantenimiento de las vías", afirmó el congresista cuestionando de dónde saldrán esos recursos en un país con un panorama fiscal complejo. Además, alertó que, si los peajes pasan a manos de Invías y no se eliminan, el dinero podría dejar de invertirse en la región para centralizarse en Bogotá, mencionando que en el pasado, fondos de Invías se han desviado a gastos ajenos a las vías, como el mantenimiento de flotas de las fuerzas armadas."Por ley la plata de cualquier concesión se reinvierte en el área objeto del recaudo. La del Invías va a Bogotá", expresó. Escuche la entrevista aquí:
El representante a la Cámara Andrés Forero informó que presentó un derecho de petición para solicitar información detallada sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados en una entidad pública, en medio de un escenario que, de acuerdo con lo expuesto por el congresista, está marcado por restricciones presupuestales.Según el contenido del requerimiento, Forero pidió precisar las funciones, perfiles profesionales, experiencia requerida y remuneración de varios cargos recientemente creados o provistos. Entre los casos mencionados se encuentra el de un cargo de internacionalista, con una asignación mensual de 22 millones de pesos, cuya creación fue cuestionada por el representante en el documento enviado a la entidad.El derecho de petición también hace referencia a un cargo de gerente de gestión humana, ocupado por una persona de 25 años de edad, con tres años de haber culminado sus estudios profesionales y con una especialización en derecho procesal civil. De acuerdo con la información solicitada, este cargo tendría una remuneración mensual cercana a los 23 millones de pesos. El congresista pidió conocer los criterios utilizados para la designación y la relación del perfil con las funciones desempeñadas.Otro de los casos incluidos en el requerimiento corresponde a un exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, quien, según lo expuesto en el documento, no contaría con experiencia previa en el sector salud y tendría una asignación mensual de 40 millones de pesos. Frente a este nombramiento, Forero solicitó detalles sobre el proceso de selección, el tipo de vinculación y la justificación técnica del salario.El representante indicó que el derecho de petición busca establecer si la creación de estos cargos y los montos salariales cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen la administración pública. En el documento, también se solicita información sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la situación financiera reportada por la entidad.Forero señaló que, una vez se conozca la respuesta oficial al derecho de petición, se evaluará la información suministrada para determinar si se requieren actuaciones adicionales en el marco de las funciones de control político que ejerce el Congreso de la República. Mientras tanto, el requerimiento permanece a la espera de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado.