El próximo 23 de enero, en Nueva York, se realizará una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Colombia participará como miembro no permanente, mandato que asumió recientemente. Para este encuentro, la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos tras obtener una visa especial, gestionada con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Colombia.De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, facilitó las gestiones necesarias para que la ministra obtuviera el permiso de ingreso, luego de que el gobierno de Donald Trump retirara la visa a Villavicencio, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario colombiano.La decisión de retirar las visas se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas y declaraciones cruzadas, una de ellas la del presidente Petro pidiéndole al Ejército de EE. UU. que no siguiera las órdenes de Trump.La visa otorgada a la canciller no será utilizada únicamente para la sesión del Consejo de Seguridad. Villavicencio también la empleará para su viaje a Washington el próximo 1 de febrero, con el objetivo de preparar la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.Ese encuentro es considerado clave para recomponer la relación entre ambos países y abordar temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y la agenda regional.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde mantiene una fuerte tradición entre los apostadores. Su popularidad se debe a la sencillez de su mecánica, la constancia de sus sorteos diarios y la expectativa que genera cada resultado, revisado a diario por miles de personas con la ilusión de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:Número ganador del Chontico Día de hoyEl número ganador del chance Chontico Día de este domingo 18 de enero del 2026 es el 5336 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 5336Dos últimas cifras: 36Tres últimas cifras: 336La quinta: 0Modalidades de juego del Chontico DíaEste chance ofrece distintas modalidades que se adaptan a diferentes estilos de juego y niveles de experiencia:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y expectativas.¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas se pueden realizar desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento al alcance de distintos perfiles de jugadores.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?El cobro de premios se realiza en puntos autorizados y requiere:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad con fotocopia legible.Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).Consultar los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado es clave para asegurar un proceso de cobro exitoso.
El sistema público de salud atraviesa uno de sus momentos más críticos y la Nueva EPS, la más grande del país, quedó en el centro de la discusión nacional. La falta de medicamentos, la suspensión de servicios y las deudas con hospitales y gestores farmacéuticos han convertido la atención en un camino lleno de obstáculos para millones de usuarios.En entrevista con Sala de Prensa este 18 de enero de 2026, Denis Silva, vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia, fue contundente al describir la situación actual del sistema: “Hoy hay muerte, dolor y ruina en las familias colombianas por la línea del presidente Gustavo Petro de manejar la salud”. Para los pacientes, aseguró, la crisis dejó de ser administrativa y ya tiene consecuencias directas en la vida de las personas.Crisis de la Nueva EPS y deterioro del sistema de salud en ColombiaSilva señaló que, aunque en gobiernos anteriores también hubo problemas con las EPS, el momento actual no tiene comparación. “En gobiernos anteriores se intervinieron EPS, pero jamás vivimos lo que se está viviendo hoy”, afirmó. A su juicio, el manejo de las intervenciones agravó una crisis que hoy se siente en hospitales desfinanciados y servicios suspendidos.La Nueva EPS, que concentra cerca de 11,5 millones de afiliados, recibe en promedio 2 billones de pesos mensuales por concepto de la Unidad de Pago por Capitación. En dos años de intervención, el monto supera los **44 billones de pesos**, pero la red prestadora denuncia que esos recursos no se están viendo reflejados en pagos oportunos.¿Dónde están los recursos de la salud? hospitales y farmacias sin pagosSegún Silva, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) certifica que los giros se hacen, pero el problema aparece después. “La plata llega a la EPS, pero no llega a la red”, dijo. Esto ha llevado a cierres de servicios, suspensión de contratos y desabastecimiento de medicamentos esenciales.Uno de los casos relatados fue el de una paciente con cáncer de seno cuyo tratamiento se retrasó por falta de autorizaciones completas. “Cada ciclo se demoraba meses y la paciente terminó haciendo metástasis”, contó.“Hace meses no me entregan la medicina”: lo que dicen los usuarios de la EPSLos testimonios de los afiliados reflejan el impacto cotidiano de la crisis. “Hace tres meses no me entregan la insulina ni la metformina”, dijo una adulta mayor. Otro usuario resumió su situación así: “Todo me quedó pendiente hace cuatro meses. Mi esposo está muy delicado de salud”.Con deudas que, según la Contraloría, podrían superar los 21 billones de pesos, y con una movilización nacional convocada para el 26 de enero, la incertidumbre crece. Para miles de pacientes, el problema ya no es de cifras ni de reformas, sino de acceso real a la atención que necesitan.
El decreto 1474 de 2025, que incrementa el impuesto al consumo de licores, continúa generando preocupación en Santander, especialmente en el sector privado licorero, que advierte una fuerte caída en ventas, afectación al empleo y un posible aumento del contrabando.Desde la Licorera de Santander aseguran que los efectos del nuevo impuesto se sienten desde comienzos de año. Según explicó su gerente suplente, Danny Villamizar, la tendencia del consumo es claramente a la baja.“Desde el primero de enero venimos siendo afectados por el impuesto del IVA para los licores. Las ventas ya se han reducido en un 30 %. Hay una gran incertidumbre en el sector licorero del país por lo que pueda pasar con este decreto”, señaló.Villamizar explicó que, aunque varios gobernadores han manifestado su rechazo a la medida, las empresas privadas están obligadas a cumplirla, lo que encarece el producto final y reduce el mercado.“Nosotros, como privados, sí debemos acatar y pagar los impuestos; esto reduce el mercado en la región y hace que el aguardiente, que era una bebida popular, hoy se convierta en un producto al que solo pueden acceder quienes tienen mayor capacidad económica”, afirmó.El impacto no solo se refleja en las ventas, sino también en el empleo. La Licorera de Santander opera con dos plantas maquiladoras y mantiene una cadena de contratos directos e indirectos que hoy está en riesgo.“Esta es una cadena productiva completa: maquiladoras, empresas de transporte y distribuidores; hablamos de 25 empleos directos y cerca de 120 indirectos que hoy están en peligro”, advirtió el directivo.Además, el sector alerta que el aumento de precios puede favorecer el contrabando y la comercialización de licor ilegal, que no paga IVA ni impuesto al consumo, y que representa un riesgo para la salud pública.“El contrabando se ve favorecido porque no paga impuestos y circulan licores sin registro Invima. Esto pone en riesgo la vida de las personas, ya que son productos que no son aptos para el consumo humano”, concluyó Villamizar.Mientras la Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores mantienen su rechazo al decreto por afectar la autonomía fiscal y los ingresos regionales, en Santander el sector privado licorero insiste en que la medida está debilitando una industria clave para la economía y el empleo del departamento.
Con el inicio del calendario escolar, miles de familias en Colombia se enfrentan a uno de los gastos más importantes del año: la compra de uniformes y, especialmente, de zapatos. Aunque para muchos padres esta elección parece sencilla, especialistas advierten que una mala decisión puede afectar la postura, la comodidad y hasta el rendimiento de los niños en el colegio.Durante los primeros meses del año, el sector del calzado vive su mayor auge. Marcas como Bata proyectan vender alrededor de 430.000 pares en temporada escolar, lo que representa ingresos por más de 34.000 millones de pesos. Sin embargo, más allá de las cifras, persiste una duda común: ¿es buena idea comprar los zapatos una talla más grande para que duren más?¿Comprar una talla más grande es realmente una buena idea?El pediatra Leonardo Escobar asegura que esta práctica no es recomendable. Según el especialista, un zapato demasiado grande puede provocar tropiezos, incomodidad y una mala pisada, lo que termina afectando el desarrollo natural del pie.“Durante la infancia y adolescencia, los pies están en constante crecimiento. El calzado cumple un papel fundamental en la postura, el equilibrio y la forma de caminar. Elegir mal puede generar fatiga e incluso problemas musculoesqueléticos a largo plazo”, explica.Atrás quedaron los tiempos en los que solo existía un modelo tradicional. Hoy, los colegios permiten una mayor variedad de diseños que combinan funcionalidad y estética. En el mercado se pueden encontrar desde zapatos clásicos de cuero en negro, café o azul, hasta sneakers de tonos neutros, modelos deportivos y opciones con velcro o fácil calce, pensadas para mayor comodidad.Esta diversidad permite que los padres escojan un calzado que no solo cumpla con el uniforme, sino que también se adapte a las necesidades reales del niño.Claves para elegir el zapato escolar adecuadoLos expertos recomiendan tener en cuenta los siguientes aspectos antes de comprar:Revisar el ajuste: debe existir un espacio aproximado de un centímetro entre el dedo más largo y la punta del zapato.Evaluar materiales y suela: lo ideal es que sean flexibles, antideslizantes y transpirables.Observar cómo camina el niño: si se tropieza, siente roces o el zapato se sale del talón, no es el indicado.Priorizar comodidad sobre diseño: un zapato incómodo puede causar ampollas, cansancio y distracciones en clase.Para el dosctor Escobar, la compra del calzado escolar debe ir más allá de la estética. “El zapato debe sentirse cómodo desde el primer uso. Elegir la talla correcta es una inversión directa en el bienestar y el desarrollo saludable de los niños”, señala.
Cinco personas fueron capturadas en Medellín e Itagüí tras una investigación que permitió desmantelar una red dedicada al contrabando de cigarrillos, un negocio ilegal que se movía desde hace meses en el Valle de Aburrá.Los operativos se realizaron de manera simultánea en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín. En estos puntos, las autoridades practicaron allanamientos que terminaron con la detención de los presuntos integrantes de la estructura, quienes deberán responder por concierto para delinquir y por facilitar el ingreso y la venta de mercancía ilegal al país.De acuerdo con la investigación, el grupo se encargaba de comercializar y distribuir cigarrillos de contrabando en distintos sectores de Medellín. La mercancía, al parecer, ingresaba a Colombia desde Panamá y Venezuela y era transportada en vehículos de servicio público, una modalidad que les permitía mover grandes cantidades sin levantar sospechas.A la par, las autoridades determinaron que el negocio no solo se sostenía en la venta directa al consumidor, sino también en el abastecimiento de pequeños comercios, donde los cigarrillos eran ofrecidos a menor precio frente a los productos legales. Esta práctica, además de representar un riesgo para la salud de los compradores, habría generado un fuerte golpe económico.Las estimaciones indican que la red habría causado un daño superior a los 2.000 millones de pesos, producto de impuestos que dejaron de pagarse y de la circulación de productos sin ningún tipo de control sanitario.Por lo pronto, con estas capturas, la investigación entra en una nueva etapa para establecer si hay más personas involucradas en la red y si el contrabando se extendía a otros municipios del área metropolitana. Mientras tanto, los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
Las campañas para la consulta del Pacto Histórico de Iván Cepeda y Carolina Corcho han generado polémica tras la revisión de los documentos de financiación.En el caso de Corcho, los documentos señalan que obtuvo un préstamo por 737 millones de pesos provenientes de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, identificado como Gusteau Chefcito. De acuerdo con consultas en la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación y no ha actualizado su información comercial en los últimos cuatro años.La ahora candidata al Senado se refirió al tema, negando cualquier irregularidad.“Durante la ejecución de la campaña se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin, en el marco de relaciones comerciales regulares y ajustadas plenamente a la ley”, señala la aspirante al Senado en un comunicado.Además, señaló que se estaban haciendo acusaciones irresponsables, temerarias y carentes de sustento contra su campaña.“Dichos servicios fueron gestionados conforme a los procedimientos administrativos y de verificación previstos, sin que ello implique la existencia de préstamos, donaciones o mecanismos financieros distintos a operaciones comerciales ordinarias. La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma dispuesta por el Consejo Nacional Electoral, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña”, agregó Corcho.
A raíz de las constantes denuncias de cientos de usuarios de la Nueva EPS por fallas en la entrega de medicamentos en Neiva, las autoridades de salud y los entes de control se reunieron para analizar y buscar medidas urgentes con el Gobierno nacional para que se les garantice el derecho a los afiliados.La secretaria de salud municipal, Lilibeth Johana Galván, dijo que esta situación hace parte de la grave crisis estructural que enfrentan las EPS en el país, especialmente, en el suministro de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos entre esos Discolmets y Colsubisidio.“Esta situación hace parte de una crisis estructural en la prestación de los servicios de salud, que no es reciente y que ha venido afectando de manera progresiva, especialmente, en el suministro de medicamentos. Frente a este panorama, la Secretaría de Salud Municipal ha adelantado mesas de trabajo y reportes permanentes con la Secretaría de Salud Departamental y la Supersalud. Con Nueva EPS hemos venido surtiendo algunas acciones de vigilancia toda la situación que ha venido afectando a la población”, indicó la secretaria de salud de Neiva.Le puede interesar: “Hoy hay muerte, dolor y ruina”: pacientes denuncian colapso de la Nueva EPSDurante la reunión que se cumplió este fin de semana con la Supersalud, Procuraduría y Personería municipal, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, informó que uno de los compromisos del gestor farmacéutico Discolmets es hacer entrega de medicamentos correspondientes a fórmulas expedidas a partir del 6 de diciembre del año 2025.¿Qué dicen los usuarios?Blu Radio también consultó con los usuarios de la Nueva EPS y esto fue lo que respondieron con respecto a la entrega de medicamentos en Discolmets."Mi nombre es Domingo Mahecha, yo he venido solicitando los medicamentos para mi esposa que le hicieron una cirugía de cráneo, vine hace 20 días y la respuesta es que los medicamentos siguen pendientes y así me tienen", dijo uno de los afiliados a Blu Radio.Gloria González, otra afiliada, dijo que lleva seis meses reclamando los medicamentos para su esposo que es diabético y no le han entregado, igual que Argenis Ledesma, quien lleva el mismo tiempo intentando recibir los medicamentos de diabetes e hipertensión.Por último, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, le hizo un llamado al Ministerio de Salud buscar soluciones de fondo ante esta grave situación que padecen los usuarios de la Nueva EPS, donde hay pacientes con enfermedades de alto riesgo que necesitan urgente el suministro de los medicamentos.“En nuestro despacho, entre el 2025 y a la fecha, llevamos 118 tutelas radicadas solo en casos de salud, es decir, de usuarios y personas que llevan meses reclamando medicamentos y citas con especialistas. Nosotros hemos estado muy vigilantes de este tema de la salud, son más de 130.000 afiliados de la Nueva EPS en Neiva y en el Huila. Esta situación requiere una solución de fondo y por eso le hacemos el llamado al Gobierno nacional para que actúe bajo los parámetros legales”, concluyó el personero de Neiva.
Comprar vivienda propia en Colombia se está convirtiendo en una meta cada vez más difícil de alcanzar y, lejos de aliviarse, todo indica que su costo será más alto en 2026. El reciente aumento del salario mínimo, que quedó en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, impacta de forma directa el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP), lo que volvió a encender las alarmas para quienes sueñan con estrenar casa este año.En ciudades como Bogotá, por ejemplo, el precio de un apartamento VIS puede llegar hasta los 150 salarios mínimos, es decir, cerca de $262 millones, una cifra que para muchos hogares se siente cada vez más lejana. Por ello, cada ajuste termina afectando de manera directa al comprador.Salario mínimo impacta la compra de vivienda VIS y VIPLa relación entre el salario mínimo y la vivienda VIS y VIP es estrecha y, con el tiempo, castiga más el bolsillo de los colombianos. Con el aumento del ingreso base, el tope máximo de estas viviendas sube de inmediato, reduciendo el margen de maniobra para quienes dependen de subsidios o créditos hipotecarios.Ante este panorama, el Gobierno nacional puso sobre la mesa una propuesta que ha generado debate: desvincular el valor de la vivienda VIS y VIP del salario mínimo. La idea es que los precios no continúen creciendo al mismo ritmo del ingreso base del país, lo que podría convertirse en una alternativa para evitar sobrecostos en los inmuebles.Construcción también afecta la compra de viviendaSin embargo, el problema no se limita únicamente al incremento del salario mínimo. Los costos de construcción siguen siendo un factor determinante. Si bien el DANE reportó una variación moderada del 0,13 % en noviembre en el índice de costos de obras civiles, otros rubros continúan presionando al sector:Transporte, con un aumento del 1,61 %Herramientas menoresEquipos utilizados en obraAunque los materiales, que representan más del 50 % de la estructura de costos, tuvieron un alza leve, siguen siendo el componente que más pesa al momento de definir el precio final de la vivienda.“Los resultados de noviembre confirman que el sector continúa enfrentando presiones de costos, y el reto para 2026 será implementar soluciones que mejoren la eficiencia sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad de las obras”, afirma Patricio Zapata, Customer Success Manager LATAM de Graphisoft.¿Se puede comprar casa más barato?En medio de este escenario, las constructoras buscan estrategias para no trasladar todo el impacto al comprador. La digitalización y el uso de herramientas como el modelado BIM aparecen como aliados para mejorar la eficiencia, reducir reprocesos y anticipar sobrecostos.Pese a ello, mientras no se defina con claridad qué ocurrirá con el Gobierno frente a la indexación del salario mínimo, la compra de vivienda sigue siendo un dolor de cabeza para miles de familias en Colombia.
En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, habló sobre la tensa situación que se vive en el municipio de Necoclí tras las protestas de familias que se sienten excluidas de la adjudicación de un predio de aproximadamente 1.143 hectáreas. Harman fue enfático al señalar que, contrario a lo que circula en versiones locales, la entidad aún no ha formalizado la entrega de las tierras, ya que actualmente se adelanta un operativo de desalojo contra un ocupante indebido.Desinformación y sabotaje políticoSegún el director de la ANT, existe una "desinformación profunda" que busca sabotear las diligencias legales de la agencia. Harman identificó directamente al exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, como el presunto responsable de promover invasiones y difundir falsos rumores, como la supuesta entrega de tierras a personas foráneas provenientes del Catatumbo. "Él es el que está promoviendo las invasiones para sabotear el desalojo y que este señor [el ocupante actual] no desocupe la finca", afirmó el funcionario.El objetivo de esta narrativa, según el Gobierno, sería favorecer a una empresa ganadera que ha ocupado el predio durante los últimos tres años sin pagar contraprestación alguna al Estado.El origen y futuro del predioLa finca en disputa tiene una carga histórica significativa, pues Harman la describió como una de las propiedades más poderosas de la región, donde anteriormente se reunían figuras paramilitares como Rito Alejo del Río y 'El Alemán' para coordinar acciones criminales en el Golfo de Urabá. El terreno formaba parte de los bienes de Justicia y Paz entregados por paramilitares en 2005.Respecto al destino de las hectáreas recuperadas, el director explicó que se ha llegado a un acuerdo institucional para beneficiar a la comunidad local. El municipio de Necoclí contará con un banco de suelo para vivienda urbana, mientras que el resto del terreno será destinado a campesinos seleccionados a través del Comité Municipal de Reforma Agraria.Proceso de desalojo en cursoHarman aclaró que lo ocurrido el pasado viernes no fue una entrega oficial, sino una "diligencia de aprehensión" y una asamblea informativa con 120 familias locales para definir las reglas de postulación. Actualmente, el ocupante ilegal dispone de un plazo de cinco días para retirar su ganado y bienes del lugar. "Seríamos absolutamente irresponsables de entregar una finca con unos bienes de un indebido ocupante... eso sí que generaría más conflicto en la región", puntualizó el director, quien también confirmó una próxima reunión con el actual alcalde para finiquitar el saneamiento del predio. Escuche aquí la entrevista:
El Ejército colombiano confirmó este lunes, 19 de enero, la muerte de 26 guerrilleros en combates entre dos de las principales disidencias de las antiguas Farc que tuvieron lugar el pasado viernes en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país."En este momento se han recuperado 26 cadáveres" a los que ya se les está haciendo "el proceso correspondiente en la parte judicial", dijo el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque en diálogo con Mañanas Blu.El enfrentamiento tuvo lugar el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), a su vez una disidencia del EMC.El EMC, es liderado por Néstor Gregorio Vera, 'alias Iván Mordisco', el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, mientras que el jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, 'alias Calarcá'."Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central", agregó el general Roque.En fotos y videos publicados el sábado por medios locales se ven varios cadáveres uniformados tendidos sobre una carretera del Guaviare, donde hace solo doce días el Ejército activó la Fuerza de Despliegue Rápido No. 10 con el fin de combatir a los distintos grupos armados ilegales que operan en la zona.Según el oficial, desde el viernes "no hay más confrontaciones" entre los dos grupos de las disidencias que están enfrascados en una disputa territorial por las zonas cocaleras de El Guaviare, que definió como "un conflicto por el control de las economías ilícitas"."Ya las tropas están en el terreno retomando el control de la situación (...) protegiendo la población civil que se encuentra en la zona", agregó.Ante la delicada situación de orden público en El Retorno, la Procuraduría General (Ministerio Público) pidió a las autoridades "protección inmediata a sus comunidades, así como la activación de canales gubernamentales para asistencia humanitaria ante un eventual desplazamiento forzado o confinamiento de sus habitantes".
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con Mañanas Blu, habló y defendió la doctrina de las Fuerzas Militares frente a los bombardeos contra disidencias armadas, incluso en contextos donde existe la posibilidad de reclutamiento de menores de edad. Durante una entrevista, Sánchez enfatizó que “la operación es totalmente legítima contra un blanco lícito empleando medios y métodos contemplados por el DIH” (Derecho Internacional Humanitario).El ministro abordó la polémica surgida tras la operación en Guaviare y reiteró que, en situaciones de hostilidad, la distinción fundamental se basa en si un individuo es combatiente o no combatiente, no en su edad. "Lo que mata no es la edad, es el arma en sí", afirmó Sánchez, haciendo referencia a que el arma es el factor letal en el conflicto.Ataque de alta precisión en Arauca contra narcotráficoSánchez confirmó que en las últimas horas se llevó a cabo el decimotercer bombardeo bajo la actual administración (ocho este año y cinco el año pasado). Este ataque tuvo lugar en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, y fue dirigido contra un “objetivo de alto valor,” alias Antonio Medina, un capo del narcotráfico del cartel de 'Mordisco'.Antonio Medina es un disidente de las Farc que no se acogió al acuerdo de paz de 2016. El criminal es señalado de haber generado desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y extorsión en la región. Aunque aún se desconoce el balance exacto de la operación de Arauca, las tropas se encuentran en el sitio. El ministro aseguró que se trató de un ataque de alta precisión que impactó el lugar geográfico previsto. Además, subrayó que no se afectaron personas ni bienes protegidos por el DIH. Sánchez reconoció que en el combate contra el narcotráfico intervienen diferentes organismos de inteligencia, incluyendo la colaboración con Estados Unidos.La doctrina de distinción y el reclutamiento infantilRespecto al controvertido bombardeo en Guaviare, donde se reportaron 20 muertes (algunas por la bomba y otras por el combate posterior), el ministro Sánchez reiteró que el reclutamiento de menores es un "crimen de guerra" que debe ser rechazado absolutamente, siendo los reclutadores quienes cometen el delito.Sánchez explicó que la decisión de bombardear se toma como la “última opción” y no la primera. El ministro reveló que solo el 1.5% de los combates han implicado bombardeos.En el caso de Guaviare, la decisión se tomó frente a una "amenaza inminente," ya que había 20 soldados a menos de 300 metros de un grupo de 150 o más integrantes de estos grupos narcotraficantes que podían "masacrar" a la unidad militar.El ministro destacó el esfuerzo del gobierno por proteger la vida, señalando que 1.039 menores de edad han sido salvados o desvinculados de grupos armados ilegales este año. En la operación específica del Guaviare, lograron rescatar a tres menores con vida.En el caos del combate en la selva, la única distinción que puede hacerse es entre quien tiene un arma y quien no. La priorización de blancos es siempre acorde al contexto, y la Fuerza Pública valora principios como la necesidad militar, la ventaja militar y la proporcionalidad antes de cualquier acción.Escuche aquí la entrevista:
La Contraloría General de la República consolidó el balance preliminar de la contratación estatal realizada durante la primera semana de noviembre de 2025 y advirtió un comportamiento inusual y altamente concentrado en las horas previas a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Según el organismo de control, entre el 1 y el 7 de noviembre se comprometieron $9 billones en convenios y contratos interadministrativos, cifra que supera ampliamente los niveles ordinarios de contratación observados durante el año.El análisis revela que el 7 de noviembre, último día antes de que empezaran las restricciones electorales, se registró el mayor volumen: $6,1 billones, equivalentes al 68% de toda la contratación de la semana. Este monto representa 2,9 veces el promedio mensual de contratación entre enero y agosto de 2025,calculado en $2,1 billones, y configura un incremento del 190% frente al comportamiento histórico, lo que encendió las alertas del ente de control por la posible existencia de aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.Esta alerta temprana se genera en el marco del seguimiento preventivo que realiza la Contraloría de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005.De acuerdo con los datos procesados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el Departamento de Prosperidad Social (DPS) concentró el 8,5% del total contratado en este periodo, con compromisos por $770 mil millones, convirtiéndose en la entidad con mayor volumen dentro de esta dinámica previa a la entrada de la Ley de Garantías. La Contraloría informó que continúa el análisis para determinar, en detalle, cómo se distribuyó esta contratación en los distintos departamentos del país.El organismo de control también explicó que, en articulación con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento exhaustivo a todos los contratos suscritos en septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre. Esta revisión incluye valores contratados, modalidades, objetos contractuales y entidades ejecutoras con el fin de identificar operaciones sensibles ,como eventos, actividades logísticas, suministros u otros procesos particularmente susceptibles a incrementarse en épocas electorales y emitir alertas tempranas que permitan prevenir riesgos.La Contraloría insistió en que este tipo de concentraciones contractuales pueden evidenciar fallas de planeación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.
El Ministerio de las Culturas postuló este jueves las ruinas de Armero para declararlas Bien de Interés Cultural de la Nación, el mismo día que se conmemoran 40 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz que destruyó la ciudad y dejó más de 23.000 muertos.Durante la conmemoración de la tragedia de Armero, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, anunció la inclusión de las ruinas de la antigua ciudad de Armero, situada en el departamento de Tolima (centro-oeste), en una lista de candidatos a convertirse en Bienes de Interés Cultural.El próximo 27 de noviembre Kadamani presentará el expediente ante el Consejo Nacional de Patrimonio y se espera que ese día se produzca el "concepto favorable", según informó el ministerio en un comunicado."Las ruinas de Armero constituyen hoy un testimonio material y simbólico de aquel desastre y de la resiliencia de una comunidad que se niega a quedar en el olvido", apuntó el comunicado, que destacó que este reconocimiento "marca un avance en la deuda histórica del Estado colombiano con las víctimas de la tragedia".El 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó un deshielo de sus casquetes que dio origen a la avalancha que arrasó al pueblo y provocó la muerte de al menos 23.000 de sus más de 25.000 habitantes, el desplazamiento de los sobrevivientes y la separación de cerca de 500 niños de sus familias.Pese a que semanas antes de aquel día expertos y campesinos de la zona habían advertido del riesgo de una avalancha mortal si el volcán hacía erupción, las alertas fueron ignoradas por las autoridades nacionales de la época.Por eso, los sobrevivientes de Armero siempre han criticado que el entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986), y su ministro de Minas, Iván Duque Escobar, ambos ya fallecidos, minimizaran hace 40 años esas alertas y no tomaran medidas como la evacuación del pueblo.El Gobierno actual anunció una inversión de 1.323 millones de pesos (unos 350.000 dólares) destinada a gestionar "estrategias de protección y gestión del patrimonio para preservar la memoria de Armero"."Esto significa construir un plan de protección y sobre todo de no repetición. No queremos repetir nuestra historia de hace 40 años", dijo la ministra en su intervención, en la que también pronunció unas disculpas a la población.
La capital boyacense amaneció consternada este miércoles luego de que las autoridades confirmaran la muerte de Liliana Andrea Molina Garavito, fonoaudióloga de 51 años que había sido buscada intensamente por su familia desde el 10 de noviembre. Su cuerpo fue encontrado en una habitación del hotel Pinzón Plaza, en pleno barrio Las Nieves de Tunja.El caso salió a la luz cuando empleados del establecimiento alertaron a la Policía sobre rastros de sangre dentro de una de las habitaciones. La patrulla que atendió el llamado llegó al sitio hacia las 6:00 de la tarde del martes 11 de noviembre. Al intentar ingresar, los uniformados notaron que la puerta estaba asegurada por dentro, por lo que debieron solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos para poder forzar la entrada.Una vez dentro, las autoridades hallaron a la mujer sin signos vitales y con heridas visibles que, según los primeros indicios, habrían sido provocadas con un vidrio. Pese a esa hipótesis preliminar, el CTI de la Fiscalía asumió de inmediato la investigación. Los peritos adelantan las labores urgentes para esclarecer las circunstancias de la muerte, analizar posibles elementos de violencia y reconstruir el recorrido de Molina Garavito desde el momento en que desapareció en Bogotá.La profesional de la salud, trabajadora de los hospitales de Suba y Engativá, había salido de su vivienda en la localidad de Suba el 10 de noviembre por la mañana y no volvió a comunicarse con su familia. Testimonios recogidos por sus allegados indican que pudo haber sido vista posteriormente en sectores como El Tunal y Yomasa, en el sur de la ciudad. Incluso, sus familiares advirtieron que podría haber sido víctima de escopolamina, una versión que también está siendo analizada por los investigadores.El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán los exámenes forenses que permitan precisar las causas de su muerte.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
Finalmente se confirmó cuál sería la reducción en el precio de la gasolina para el año 2026. A partir del 1 de febrero, el valor por galón bajará $300 pesos, como parte de un proceso ordenado por el Gobierno nacional. Según explicó la entidad, la disminución obedece al saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la caída de los precios internacionales del petróleo y del dólar.Si bien, inicialmente la baja se explica por una disminución superior al 17 % en el precio del dólar, que pasó de $4.400 en 2025 a rondar los $3.700 actuales, también se suma la caída del precio del petróleo, que tuvo una baja cercana al 23 % y hoy se ubica alrededor de los 62 dólares.Así mismo, el cierre gradual del déficit del FEPC permite que estos ajustes se realicen sin asumir una nueva deuda fiscal. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han señalado que la medida busca alinear los precios locales con el mercado internacional de manera responsable.Pese a ello, datos revelados en Mañanas Blu han abierto el debate sobre la estrategia del Gobierno nacional, al advertir que la reducción del precio de la gasolina debería hacerse de forma más gradual desde ahora.Precio de la gasolina en 2026: en cuánto debería quedar el galónLa validación del precio de la gasolina, según expertos, debería asumirse con recortes progresivos, similares a los aplicados durante el periodo de incrementos que llevaron el combustible a superar los $16.000 pesos por galón.Sin embargo, durante el programa Mañanas Blu, analistas como Sergio Cabrales y Felipe Campos señalaron que la gasolina debería tener una disminución mucho mayor. De acuerdo con los valores actuales del petróleo y del dólar, la baja tendría que estar entre $3.000 y $3.500 pesos, y no limitarse a los $300 pesos confirmados recientemente por el Gobierno.Por lo tanto, se estima que, con base en estos datos, el precio de la gasolina debería ubicarse alrededor de los $13.000 pesos. No obstante, los expertos consideran que la reducción podría ser progresiva a lo largo de 2026, sin afectar la sostenibilidad fiscal ni recurrir a distorsiones como la gasolina subsidiada. “Para estar alineados con el precio internacional debería estar hoy un 18 o 19 % abajo; es decir, deberíamos pagar alrededor de 13 mil pesos”, señalaron en Mañanas Blu.El anuncio llega en el arranque de 2026Con apenas 19 días transcurridos del año 2026, el anuncio se conoce luego de incrementos como el de 90 pesos por galón aplicado en enero. La decisión responde a la promesa del presidente Gustavo Petro de bajar los precios una vez se ordenaran las cuentas del FEPC, una noticia que sorprende tras más de dos años en los que los colombianos pagaron entre $2.000 y $3.000 pesos adicionales en el valor final del combustible.
La Contraloría General de la República prendió las alarmas ante la posibilidad de un inminente desabastecimiento de pasaportes en Colombia, a raíz de los retrasos en la implementación del nuevo contrato que reemplazará al actualmente ejecutado por la firma Thomas Greg & Sons. Según advirtió el contralor para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, en entrevista con Mañanas Blu, existen riesgos financieros, operativos y de planeación que podrían impedir la entrada en vigencia del nuevo modelo a partir del próximo 1 de abril.“Estamos muy cerca de ese escenario”, reconoció Abadía, al precisar que hay demoras y vacíos en el cumplimiento del cronograma establecido por la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia. Retrasos técnicos y ausencia de maquinariaLa Contraloría ha detectado que no se ha completado la importación ni la instalación de la maquinaria necesaria para la producción de los nuevos documentos. “Hasta la semana anterior, pese a los requerimientos formales, no hay evidencia de que se haya contratado al importador ni que la maquinaria esté en el país”, indicó Abadía.Este retraso compromete el cumplimiento de los plazos de producción, que deberían garantizar la continuidad del servicio desde el primer día de abril. El organismo de control insiste en que cualquier demora podría tener consecuencias directas sobre la disponibilidad de pasaportes para los ciudadanos.Riesgos financieros y cambiariosEl funcionario también señaló inconsistencias en la planeación financiera del contrato, particularmente por la decisión de valorarlo en euros. “Cuando se fija en moneda extranjera, se traslada el riesgo cambiario al Estado colombiano”, explicó.“Nos preocupa que las variaciones en la tasa del euro frente al peso generen costos adicionales que el presupuesto nacional no pueda absorber. Antes, los pasaportes se contrataban en pesos y ese riesgo no existía”, puntualizó el contralor delegado. Además, la Contraloría encontró que no están definidos con claridad los costos de personalización, transporte e impuestos asociados a la importación de las libretas, ni existen previsiones claras para financiar eventuales aumentos en la demanda. Otro cambio relevante es la transición de un modelo “por demanda” a uno de cantidad mínima anual, que fija en 1.200.000 unidades la producción obligatoria. Esto —según el organismo— podría crear desbalances financieros si la demanda real estuviera por debajo de esa cifra.Sin prototipo del nuevo pasaportePese a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Colombia tendrá “el cuarto mejor pasaporte del mundo”, la Contraloría no ha tenido acceso a un modelo físico del nuevo documento.“No hemos visto el pasaporte nuevo. Esa es una pregunta que debe responder la Cancillería. Nosotros seguimos haciendo seguimiento, pero a esta altura no tenemos información suficiente sobre su diseño ni sus especificaciones técnicas”, afirmó Abadía. El contralor también aclaró que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta que expire su vigencia, por lo que no será necesario renovarlos de inmediato. “Podrán coexistir los dos modelos. Cambiar todos los pasaportes vigentes generaría un daño fiscal de inmensas proporciones”, explicó.Seguimiento permanente a la Cancillería y la Imprenta NacionalEl organismo de control ha dispuesto un equipo de funcionarios para trabajar de forma presencial y continua en la Cancillería y en la Imprenta Nacional, con el propósito de monitorear la ejecución del nuevo contrato. “Son las entidades responsables de rendir cuentas ante la Contraloría. Estamos en tiempo completo haciendo seguimiento, porque los plazos son cortos y el riesgo es alto”, enfatizó Abadía.El funcionario insistió en que la advertencia busca prevenir, no sancionar: “Estas son alertas técnicas, no políticas. Queremos que las cosas se hagan bien, sin riesgos para el patrimonio público ni para la ciudadanía”.El nuevo modelo de pasaportes surge tras la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de no renovar el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que ha manejado la producción de estos documentos durante varias décadas. La disputa provocó una controversia legal y política que terminó resolviéndose con una licitación adjudicada a la Casa de la Moneda de Portugal, en asocio con la Imprenta Nacional de Colombia.Mientras la Cancillería sostiene que el nuevo proceso permitirá “modernizar y mejorar los estándares de seguridad”, la Contraloría advierte que todavía no hay garantías suficientes de que el servicio podrá mantenerse sin interrupciones. A dos meses de la fecha prevista para el cambio, la incertidumbre sobre el abastecimiento de pasaportes sigue vigente.
En una reciente entrevista, el concejal de Medellín y exsecretario de seguridad, Andrés Tobón, compartió detalles alarmantes sobre la información revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto a una reunión secreta entre Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano, y disidencias de las Farc en la capital antioqueña. Según Tobón, diversas fuentes de inteligencia y expertos en crimen organizado han confirmado que este encuentro no solo ocurrió, sino que contó con la coordinación y protección de estructuras criminales locales.Logística y protección en la Vía Las PalmasDe acuerdo con las fuentes citadas por el concejal, el encuentro habría tenido lugar en una lujosa vivienda propiedad de un odontólogo, ubicada estratégicamente en la vía Las Palmas, entre los municipios de Medellín y Envigado. Lo más preocupante para la seguridad ciudadana es que la protección de Maduro Guerra habría estado a cargo de "La Terraza", una de las estructuras criminales más peligrosas de la ciudad. Esta organización es comandada por alias Douglas desde la cárcel de Itagüí, quien actualmente participa en la mesa de paz urbana del gobierno nacional.Vínculos entre el narcotráfico y VenezuelaEl propósito central de esta reunión, ocurrida presuntamente en 2020, habría sido la negociación de asuntos relacionados con el narcotráfico. Tobón enfatizó que, aunque la noticia resulte sorpresiva por sus detalles, encaja en un contexto mayor donde Venezuela actúa como "jefe y cliente" del crimen organizado en Colombia. El concejal explicó que, a principios de 2020, traslados de cabecillas de La Oficina a la cárcel de La Picota permitieron una coordinación criminal más fluida, facilitando vínculos entre estructuras que antes no colaboraban, como las disidencias de las Farc y bandas locales.Controversia por la falta de capturas en plena pandemiaUno de los puntos más debatidos es cómo un personaje tan reconocible pudo ingresar a Medellín durante el confinamiento absoluto de la pandemia de 2020 sin ser detectado. Al respecto, Tobón señaló que, dada la naturaleza del crimen organizado, es creíble que el ingreso se realizara de forma ilegal a través de fronteras porosas y bajo estrictos modelos de seguridad.Por su parte, aunque el entonces comandante de la policía, el general Camacho, admitió haber escuchado rumores sobre la reunión, afirmó en su momento que no se pudo corroborar la información, razón por la cual no se informó al alcalde de la época. No obstante, Tobón sugiere que es muy probable que la inteligencia colombiana haya colaborado con las autoridades norteamericanas para construir el material probatorio que hoy sustenta la acusación en Estados Unidos. Se espera que durante el proceso de juicio se revelen más nombres y detalles sobre este pacto que, según la justicia estadounidense, tendría vigencia hasta el año 2026.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta participación en política.La decisión Cabal la tomó tras una publicación en X de Benedetti, en la que decía que ningún candidato le ganaría a Petro si hubiera reelección.“El servidor público hace referencia directa a la figura del Presidente de la República, utilizando expresiones de respaldo político y asociando su nombre personal al del mandatario. La publicación fue realizada mientras el señor Armando Benedetti ostentaba plenamente su cargo como ministro del Interior, sin que exista constancia de que se tratara de una comunicación institucional, pedagógica o informativa propia de sus funciones legales”, señala Cabal en el documento enviado a la Procuraduría.Es por esto que Cabal pidió que se investigue la conducta del ministro; además, solicitó que, de comprobarse una falta disciplinaria, se impongan las sanciones correspondientes.El ministro Benedetti ya también se refirió al tema por medio de su cuenta de X, señalando que tiene derecho a opinar.“Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato; es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata, después de haber sido derrotada por Paloma Valencia”, respondió el ministro del Interior.
El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, confirmó que los 26 cuerpos recuperados en el municipio de El Retorno (Guaviare) corresponden a integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central, estructura que responde al mando de ‘Iván Mordisco’.Los enfrentamientos, ocurridos el pasado viernes, se dieron entre miembros de esa facción y del grupo Estado Mayor de Bloques y Frentes, bajo el mando de ‘Calarcá’, ambos antiguos integrantes de las FARC que hoy luchan por controlar rutas y economías ilegales de narcotráfico en el suroriente del país.“El viernes se presentaron enfrentamientos entre las dos facciones: la de Calarcá y la de Mordisco, en el municipio de El Retorno. Se recuperaron 26 cadáveres y se activó el Consejo de Seguridad para retomar el control del área”, afirmó el general Roque en entrevista con Mañanas Blu.El control del narcotráfico, el eje del conflictoSegún el alto oficial, los combates hacen parte de una disputa abierta por las rentas del narcotráfico en una zona dominada por cultivos de uso ilícito. “Es una guerra por el control de las economías ilícitas”, precisó el general.El Guaviare, con más de 5.000 hectáreas de cultivos de coca, se ha convertido en un punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico hacia las fronteras con Brasil y Perú. Las facciones en pugna buscan controlar no solo la producción, sino también la salida de la droga a través de los corredores selváticos de la Amazonía.“Esta parte de la Amazonía tiene dos rutas de salida, hacia Perú y Brasil. En conjunto con la Policía, la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional estamos aplicando estrategias para cerrar esas rutas y estrangular las finanzas de los grupos ilegales”, explicó Roque, quien también destacó la articulación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA).Acciones de control y presencia del EstadoEl general Roque señaló que la Brigada 22 del Ejército, con jurisdicción en Guaviare, lidera las operaciones en la zona afectada para garantizar la seguridad de la población civil y restablecer la presencia estatal.Desde el estallido de la confrontación, el Ejército ha desplegado unidades en terreno, y las autoridades locales mantienen activo un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores humanitarias y judiciales. “Las tropas están en el terreno retomando el control de la situación, protegiendo a la población civil”, sostuvo el comandante.Sobre la identificación de los cuerpos, el oficial indicó que los procedimientos judiciales avanzan con apoyo de Medicina Legal, aunque hasta el momento no se ha confirmado si entre las víctimas hay menores de edad. “No se tiene aún esa información. Es parte del trabajo que adelantan las autoridades forenses”, puntualizó.Impacto humanitario y respuestas institucionalesLa violencia entre disidencias de las FARC ha tenido graves consecuencias humanitarias en Guaviare y departamentos vecinos. Habitantes de El Retorno y zonas rurales cercanas han reportado desplazamientos, confinamientos y temor por posibles represalias. Según alertas anteriores de la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta un incremento sostenido de los enfrentamientos armados desde 2024.El alto mando militar reconoció la complejidad del escenario, impulsado por el poder económico de las economías ilícitas. “Mientras existan estas economías, la situación seguirá siendo complicada porque las facciones manejan muchos recursos. Por eso nuestro objetivo para 2026 es atacar con mayor eficacia las estructuras narcotraficantes”, enfatizó Roque.El general añadió que el Ministerio de Defensa adelanta un plan de planeamiento estratégico conjunto para optimizar el uso de recursos y fortalecer la coordinación entre Ejército, Policía y demás fuerzas. “Buscamos fortalecer las relaciones de mando y apoyo para responder con mayor eficiencia a estas amenazas dinámicas”, dijo.Aunque evitó declarar un “ganador” entre los bandos en disputa, Roque dejó claro que las principales víctimas siguen siendo las comunidades locales. “Los más afectados son nuestros habitantes del Guaviare. Por eso estamos comprometidos en recuperar la presencia del Estado con acción unificada, no solo militar sino también institucional”, concluyó el comandante de la Cuarta División.