La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo.No obstante, la entidad aclaró que, por ahora, no existe confirmación plena sobre su identidad y que el proceso continúa en etapa de verificación técnico-científica.La UBPD recordó que la solicitud formal de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida en 2019 y que, desde entonces, se adelanta una investigación que ha tenido progresos significativos, especialmente en los últimos dos años.La entidad explicó que los avances alcanzados son el resultado de una investigación sustentada en la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos y testimonios, así como en la aplicación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.“Hay hipótesis muy fuertes que nos señalan y son las que estamos ahora verificando de manera técnico-científica”, señaló la directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, al explicar que existe una alta acumulación de información contextual y testimonial que permite aproximarse a la identidad del cuerpo.Frente a la versión difundida por el ELN, que aseguran que el cuerpo del sacerdote ya habría sido encontrado y “verificada su autenticidad”, la directora fue enfática en señalar que la Unidad no sabe cómo ese grupo armado llegó a tales conclusiones.“No tenemos ninguna información de como el ELN llega a estas conclusiones y obviamente nosotros, al igual que como lo señala el comunicado del Instituto Nacional de Medicina Legal, seguimos en procesos de verificación de la información”, sostuvo.La directora insistió en que se trata de un caso ocurrido hace más de seis décadas, lo que implica complejidades y grandes limitaciones. “La información tiene que ser triangulada, verificada, contrastada, enriquecida con otras fuentes”, afirmó, al advertir que no es posible establecer plazos sobre cuándo podría haber una conclusión definitiva.
La Autoridad Aeronáutica de Colombia avanza en una reforma al régimen de asignación de slots —los turnos de despegue y aterrizaje— en los principales aeropuertos del país, con énfasis en El Dorado de Bogotá. Así lo confirmó Edgar Rivera, secretario de la Aeronáutica Civil, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde explicó que el objetivo central es lograr una distribución más equitativa entre las aerolíneas sin afectar la seguridad ni la eficiencia operacional.“Existe la necesidad de generar una distribución más equitativa de los slots entre las diferentes aerolíneas”, afirmó Rivera, al señalar que El Dorado es un bien de uso público y, como tal, debe ser accesible para todos los usuarios: pasajeros, aeronaves y compañías aéreas. Según el funcionario, la reforma no pretende desconocer derechos adquiridos, sino corregir distorsiones históricas derivadas del crecimiento desigual del mercado.Actualmente, la distribución de slots en franjas clave evidencia una alta concentración. De acuerdo con cifras presentadas durante la entrevista, Avianca posee el 51 % de los slots totales y el 58 % de los llamados “slots prime”, que corresponden a los horarios más demandados entre las 5 y 8 de la mañana y entre las 5 y 8 de la tarde. Le siguen Latam con cerca del 19 % y JetSmart con apenas el 5 %.Rivera aclaró que esta concentración no responde a irregularidades, sino a la evolución natural del sector. “Algunas aerolíneas comenzaron primero en el país y obviamente tuvieron acceso primero a una mayor cantidad de slots”, explicó. Además, señaló que las compañías con flotas más grandes requieren más turnos de operación. Sin embargo, el problema surge cuando nuevas aerolíneas o empresas en expansión no encuentran espacios disponibles para crecer.“No pretendemos señalar a nadie en particular, nuestro propósito es dejar una distribución más plana a la cual tengan todos acceso, sin desconocer derechos que alguien haya adquirido previamente”, subrayó el secretario.En cuanto a los estándares internacionales, Rivera precisó que Colombia se rige por las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que son vinculantes para los Estados. En contraste, las recomendaciones de la IATA —organismo privado de aerolíneas— sirven como referencia, pero no son obligatorias. “No se trata sino de hacer algunos ajustes para permitir esta distribución más equitativa”, añadió.Sobre el proceso regulatorio, Rivera explicó que la Aerocivil ya realizó un estudio técnico y ahora trabaja en un proyecto de resolución que modificará los reglamentos aeronáuticos. Este borrador será publicado en la página web de la entidad y socializado con todas las aerolíneas que operan en El Dorado. “Aquí no se trata de imponer unilateralmente; se trata de, con criterio eminentemente técnico, establecer estas medidas para lograr esta distribución”, afirmó.
Durante la presentación del informe trimestral de la misión de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el jefe de la misión de la ONU en Colombia Miroslav Jenca, pidió que se garantice la seguridad de los candidatos y votantes a pocos meses de las elecciones.“La población colombiana merece un entorno seguro en el que poder ejercer sus derechos políticos, la expansión de la votación en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, algo que hemos presenciado desde la firma del acuerdo final de paz, se debería mantener”, aseguró el jefe de la misión.Además alertó, que la persistente presencia de grupos armados ilegales en varios territorios sigue generando graves consecuencias humanitarias. Entre ellas, mencionó amenazas y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades enteras y un preocupante aumento en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estas estructuras armadas.Jenca advirtió que la situación de seguridad continúa siendo frágil. Recordó que desde la deposición de armas, al menos 487 excombatientes han sido asesinados, lo que calificó como un “ataque inaceptable contra la paz”.En el mismo escenario, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, se refirió a la muerte de menores de edad durante el bombardeo ocurrido en el Guaviare en noviembre de 2025.“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes. Lamentamos profundamente la muerte de 7 menores en el bombardeo en Guaviare y recordamos que el gobierno adoptó la decisión operativa en defensa de la vida de las tropas, lamentando profundamente estas pérdidas”, subrayó Jaramillo.
Luego de que el ELN asegurara que tiene conocimiento de que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres habría sido encontrado y “verificada su identidad”, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se pronunció y confirmó que ya están realizando análisis forenses a muestras óseas para establecer si corresponderá Torres Restrepo.La entidad explicó que estas labores hacen parte del trabajo conjunto que se desarrolla con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), según Medicina Legal, las muestras óseas están siendo examinadas mediante un abordaje técnico y científico de carácter interdisciplinario, con el fin de obtener resultados concluyentes sobre su posible identidad.“Actualmente se están realizando análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, señaló Medicina Legal.La guerrilla del ELN hizo el anuncio a través de un comunicado en el que aseguran: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones. En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.Camilo Torres y el ELNEl sacerdote murió en 1966 en Patio Cemento, Santander, durante el primer combate en el que participó como miembro del ELN contra el Ejército colombiano.Su cadáver fue enterrado en un lugar que nunca se desveló y desde entonces se ha convertido en uno de los íconos de esa guerrilla y de los movimientos izquierdistas en América Latina a raíz de que el cantautor chileno Víctor Jara le dedicó una canción.
La reciente decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia ha encendido las alarmas en la industria textil nacional, pues advierte un fuerte impacto sobre las exportaciones, la competitividad y la estabilidad del sector, en medio de un contexto regional marcado por tensiones y medidas proteccionistas.José Gaviria, CEO de Protela, aseguró que la medida afecta directamente el flujo comercial entre ambos países. De hecho, advirtió que el encarecimiento del producto se trasladará de forma inmediata al mercado.“Es una medida que afecta de manera importante el flujo de exportación de telas que las textileras colombianas hoy exportan a nuestro vecino país”, afirmó.En el caso de empresas con operaciones binacionales, el impacto es aún mayor. Gaviria explicó que compañías como Protela exportan telas desde Colombia para su comercialización local en Ecuador.“La medida del 30 % básicamente va a encarecer las telas y la comercialización del producto en un 30 %. Vamos a dejar de ser competitivos y vamos a perder mercado”, señaló, manifestando su preocupación por la pérdida de participación frente a otros proveedores internacionales.El empresario también resaltó la importancia estratégica del mercado ecuatoriano para la industria nacional y también explicó que no solo se verán afectadas las telas, sino también las prendas de vestir, el calzado y otros productos que las marcas colombianas comercializan en Ecuador.“Estos productos van a tener que incrementar sus precios y eso los va a hacer perder competitividad en un mercado que es clave para nosotros”, agregó.La respuesta de Colombia fue también imponer aranceles para Ecuador, pues respondió con la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a ese país y también le impuso una tasa aduanera del 30 %, igual a la impuesta horas antes por el país vecino.A la presión externa se suma el aumento de los costos internos, especialmente el incremento del salario mínimo del 23 %, que ha elevado de manera significativa los gastos de producción. Gaviria explicó que esta situación obliga a las empresas a tomar decisiones difíciles.Aunque por ahora las empresas han tratado de evitar despidos masivos, el directivo reconoció que la pérdida de competitividad es inevitable.“Esto nos va a quitar competitividad no solo en la manufactura textil, sino también en la confección de prendas de vestir y en la exportación de producto terminado a mercados del exterior”, señaló.Finalmente, Gaviria advirtió que el incremento en los costos se reflejará directamente en el consumidor y también asegura que la industria textil ha tratado de buscar acercamientos con el gobierno actual para sensibilizar y socializar las problemáticas entorno al sector, sin embargo, tener una conversación fluida es una tarea compleja.
Durante 2025, 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según cifras de Indepaz. Esto refleja un incremento de 14 casos frente a 2024, cuando se registraron 173 homicidios.Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, el departamento del Cauca fue el más afectado, con 40 líderes asesinados, seguido por Antioquia, con 30, y el Valle del Cauca, donde se registraron 17 casos. Estas regiones coinciden con territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales y conflictos por el control social y territorial.González asegura que el contexto actual se ve agravado por la cercanía del periodo electoral, una etapa en la que históricamente se incrementan los riesgos para las comunidades.“En épocas electorales, se magnifican los riesgos y las violaciones contra las poblaciones civiles”, advirtió el director, al señalar que esta situación ya ha sido alertada por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas.Además, explicó que los líderes sociales no están siendo asesinados por el simple hecho de ejercer liderazgo, sino por representar y defender causas colectivas en sus territorios.“Las causas pueden ser la ampliación de un resguardo, el fortalecimiento de un consejo comunitario, o la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBTI, de las víctimas, la implementación de un acuerdo de paz”, aseguró el director.Otro de los factores que ha incrementado el riesgo, según Indepaz, es que a diferencia de lo ocurrido en 2023 y 2024, durante 2025 se terminaron varios ceses al fuego con grupos armados, entre ellos con el ELN, lo que “incrementa el riesgo en la población y las comunidades”.“Los principales grupos son el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las Farc liderada por Mordisco, el ejército Gaitianista o Clan del Golfo, el ELN. (…), todos los grupos que intentan pretender ejercer un control social o una gobernanza armada ilegal, es decir, que intentan imponer normas contra las comunidades”, afirmó.Finalmente, las alertas se mantienen encendidas, ya que en lo que va de 2026, se han registrado cuatro líderes sociales asesinados.
El mercado de fichajes sigue dejando historias inesperadas y una de ellas tiene como protagonista a Miguel Ángel Borja. Cuando todo apuntaba a que el delantero colombiano continuaría su carrera en la Liga MX, el acuerdo con Cruz Azul se cayó y su futuro vuelve a quedar en el aire de cara al 2026.Desde México se confirmó lo que ya era un fuerte rumor: la negociación entre Borja y el club de Ciudad de México se dio por terminada. El atacante, que incluso viajó al país y entrenó con el equipo, no pudo ser inscrito debido a problemas administrativos que terminaron desgastando la espera.Según se conoció en Blog Deportivo, el principal inconveniente estuvo relacionado con la falta de un cupo de extranjero, situación que impidió a Cruz Azul avanzar con su registro. A esto se sumaron los retrasos en la expedición de la visa de trabajo, un obstáculo definitivo para cerrar la operación. La espera se alargó más de lo previsto y el entorno del jugador tomó la decisión de dar un paso al costado.La información fue corroborada con el representante de Borja, Juan Pablo Pachón, quien confirmó que la relación con Cruz Azul está completamente finalizada. El delantero se cansó de esperar y ahora su equipo de trabajo analiza otras alternativas para definir su próximo destino.Borja, que quedó libre en diciembre tras finalizar su contrato con River Plate, tenía claro que quería seguir compitiendo y mantenerse activo. Su prioridad era un proyecto cercano, tanto en lo deportivo como en lo geográfico, lo que hacía de México una opción atractiva. Sin embargo, el tiempo jugó en contra y varias ligas ya cerraron sus periodos de inscripción.Aunque el colombiano cuenta con mercado y recibió sondeos desde distintos destinos, incluso desde Arabia Saudita, los plazos administrativos complican cualquier movimiento inmediato.Así, el vínculo entre Miguel Ángel Borja y Cruz Azul terminó siendo un “amor fugaz” que nunca llegó a concretarse. Mientras tanto, el atacante sigue a la espera de un nuevo proyecto que le permita retomar su carrera en el 2026, en un año que es clave por lo que será la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
En una ceremonia militar se llevó a cabo la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad clave de las Fuerzas Militares encargada de coordinar operaciones de alto valor estratégico en todo el territorio nacional. En el acto, el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval asumió oficialmente la jefatura de este comando élite.La ceremonia contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, así como de autoridades civiles y delegados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El relevo de mando marca una nueva etapa para una unidad reconocida por liderar operaciones complejas y de alto riesgo, orientadas a la protección de la población civil y la defensa del territorio.El CCOES cumple un papel central en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones conjuntas, integrando las capacidades de las tres Fuerzas para enfrentar estructuras armadas ilegales, reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Su accionar ha sido determinante en misiones especiales que impactan de manera directa las principales amenazas contra el Estado.Al asumir el mando, el general Moreno Sandoval manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar la capacidad de respuesta operacional y liderar la unidad bajo principios de profesionalismo, disciplina y visión estratégica, en un contexto marcado por desafíos persistentes en materia de seguridad.Durante el acto también se destacó el papel de los soldados, marinos y aviadores que integran el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, considerados una de las unidades más especializadas de las Fuerzas Militares. Su labor, desarrollada en escenarios de alta complejidad, continúa siendo clave para la estabilidad y la seguridad del país.Con este relevo, el CCOES mantiene su rol como una de las principales herramientas operacionales del Estado en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad nacional.
La Comisión de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onisa Fernández tras haberle otorgado nuevamente la libertad al polémico contratista Emilio Tapia condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionado con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
El comandante de la Armada, almirante Juan Ricardo Rozo, aseguró que gran parte de los resultados contra el narcotráfico logrados por Ecuador se sustentan en información de inteligencia compartida de manera permanente, esto en medio del anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos.La cooperación naval entre Colombia y Ecuador ha sido constante y silenciosa, pero decisiva. Así lo afirmó el almirante Juan Ricardo Rozo, al revelar que buena parte de los resultados antidrogas reportados por la Armada del Ecuador tienen origen en información de inteligencia producida por autoridades colombianas y compartida de forma directa para operaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.Según explicó el alto oficial, existe una comunicación permanente entre las dos armadas, tanto a nivel de comandantes como de los equipos operativos y de inteligencia que trabajan en el seguimiento de rutas, embarcaciones y estructuras criminales ligadas al narcotráfico que operan en el Pacífico y en zonas fronterizas.“Gran parte de los resultados que da la Armada del Ecuador son con base a información de inteligencia que produce la inteligencia de la Armada colombiana, compartida con ellos para que juntos podamos avanzar contra el crimen organizado transnacional”, afirmó el almirante Rozo.El comandante de la Armada subrayó que esta coordinación no es esporádica, sino permanente, y que incluye intercambio de datos, análisis de amenazas y planeación de acciones operacionales contra redes criminales que no reconocen fronteras. “Nuestros hombres y mujeres de inteligencia y de operaciones están compartiendo información de manera continua”, señaló.Estas declaraciones se conocen días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia a partir del primero de febrero, argumentando una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.Rozo insistió en que la colaboración ha sido real, técnica y efectiva, y que los resultados operacionales obtenidos por Ecuador en incautaciones y desarticulación de estructuras criminales son una muestra concreta del trabajo conjunto basado en inteligencia compartida.
Pablo Bustos, abogado y en representación de la Red de Veedurías, le está pidiendo al Consejo de Estado a través de una demanda que declare la pérdida de investidura de 9 congresistas por su presunta vinculación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).La demanda fue interpuesta en contra de los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como de los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.Según Pablo Bustos, los congresistas habrían incurrido en las causales de tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades.Otro de los argumentos es que varios de los parlamentarios habrían gestionado o exigido contratos y cargos burocráticos en la UNGRD a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso, entre ellas reformas clave y la aprobación de operaciones de crédito público.Los hechos se sustentan, en parte, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía por el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes señalaron presuntos acuerdos irregulares para direccionar contratos por millonarios montos en distintas regiones del país.El documento también advierte que varios de los congresistas ya son investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio, y que algunos de estos procesos se apoyan en principios de oportunidad y preacuerdos suscritos con exfuncionarios del Gobierno.El alto tribunal deberá determinar si admite o no para su estudio esta demanda que busca la “muerte política” de los parlamentarios.
El narcotráfico aprendió hace años que el casco de un buque mercante es un escondite ideal. Lejos de las bodegas, de la tripulación y de los controles rutinarios, las organizaciones criminales comenzaron a usar el mar como aliado con cargas adheridas bajo el agua, ocultas en compartimentos técnicos o simuladas como parte de la estructura del barco. Son los “parásitos”, contaminaciones subacuáticas que viajan pegadas al buque sin dejar rastro visible desde la superficie.Uno de los métodos más frecuentes es la contaminación de las cajas de mar, compartimentos por donde ingresa el agua que alimenta los sistemas de refrigeración del motor, generadores y aires acondicionados.Allí, entre rejillas y tornillos, los criminales introducen tulas, cilindros y hasta cajas metálicas imantadas. También fijan cargamentos a las quillas de balance, estructuras metálicas delgadas que reducen el balanceo del buque, o a la parte plana del casco, utilizando imanes de neodimio, capaces de sostener grandes pesos sin moverse incluso en navegación oceánica.Otras modalidades incluyen la simulación de tuberías, compartimentos alterados en la pala del timón o cargas ocultas en zonas técnicas poco visibles. Los métodos evolucionan constantemente, obligando a las autoridades a perfeccionar sus capacidades de detección.En ese escenario entra en acción uno de los componentes más especializados de la Armada de Colombia, los buzos de inspección subacuática de la nueva Estación de Buceo y Salvamento, en Santa Marta, la cuarta en el país.La guerra contra el narcotráfico subacuático comienza en cubierta, antes del primer descenso. Los buzos realizan un chequeo exhaustivo de superficie, verifican que todo el equipo esté correctamente conectado, que los clips y cerrajes estén asegurados, que el regulador funcione sin fallas y que no existan fugas en las mangueras. Cualquier anomalía puede convertirse en una emergencia en el fondo. Solo cuando todo está confirmado, el buzo ingresa al agua.Antes de sumergirse por completo, se dirige al nombre del buque, visible en la proa o en la popa, y realiza un primer registro visual que deja constancia de la inspección. En superficie, el equipo de apoyo asume el control del tiempo, toman la hora exacta de ingreso y cronometran cada minuto de inmersión. Desde ese momento, el buzo queda bajo supervisión permanente.La inspección se realiza siguiendo un patrón definido. El recorrido puede hacerse de proa a popa o de popa hacia proa, dependiendo del plan. El objetivo es revisar la totalidad del casco, pero con énfasis en los puntos históricamente usados por el narcotráfico. La pala del timón, la hélice, el eje, las rejillas de las cajas de mar, las quillas de balance y el plano del buque son examinados centímetro a centímetro.En muchos casos, la droga no se ve de inmediato. El hallazgo comienza con señales casi imperceptibles: un tornillo rayado, una cabeza fuera de su posición original, pintura reciente sin vida marina, óxido distinto al resto del casco. La ausencia de verdín o sedimento marino delata una manipulación reciente. Una rejilla que ya no es equidistante, una marca de palanca o una pieza que no corresponde al diseño original despiertan la alerta.La experiencia del buzo es clave. Con entrenamiento constante, aprenden a “leer” el casco del buque y a detectar cuándo algo no encaja. No buscan solo droga: buscan indicios. A partir de una mínima alteración, se puede descubrir una tula completa adherida con imanes o un compartimento contaminado. Cada inspección es un ejercicio de observación extrema y memoria técnica.El recorrido completo puede tardar entre 30 y 50 minutos, dependiendo del tamaño del buque. Al finalizar, el buzo regresa a superficie y se consolidan los hallazgos. Si se detecta una contaminación, se activa una cadena de procedimientos e investigaciones.Aunque la Armada no define responsabilidades penales, su labor técnica es fundamental para que otras autoridades evalúen la participación del capitán, la tripulación o incluso del puerto donde pudo haberse producido la contaminación.Así, mientras el narcotráfico perfecciona sus métodos bajo el agua, los buzos de la Armada de Colombia afinan su capacidad para detectarlos. Es una guerra silenciosa, librada a varios metros de profundidad, donde una raya en un tornillo puede marcar la diferencia entre un cargamento que cruza el océano y otro que queda al descubierto en el fondo del mar.
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno nacional la adopción inmediata de medidas de protección para el sector arrocero, ante las afectaciones que están generando las importaciones de arroz blanco provenientes de Ecuador.En una comunicación dirigida a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural, el gremio manifestó su preocupación por el ingreso de arroz, tanto por vías legales como ilegales, situación que está perjudicando directamente a los productores colombianos.El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, plantea dos solicitudes principales. La primera es que el arroz sea incluido de manera indefinida en las medidas de retaliación comercial que adopte el Gobierno colombiano frente a recientes decisiones del Ejecutivo ecuatoriano.La segunda propuesta es el establecimiento de un puerto único de ingreso para el arroz, con el objetivo de fortalecer los controles y evitar el ingreso de importaciones informales por la frontera terrestre. De acuerdo con Fedearroz, este tipo de prácticas no solo evade los registros oficiales, sino que también representa riesgos sanitarios y facilita fenómenos como el contrabando y el lavado de activos.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) pidió al Gobierno nacional respetar los contratos de concesión viales vigentes, tras el anuncio de una posible terminación anticipada del contrato de Autopistas del Café.Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, una intervención unilateral sobre un contrato que está vigente y en pleno cumplimiento compromete la seguridad jurídica de la contratación pública.El pronunciamiento fue publicado este viernes a través de un comunicado publicado en la cuenta de X de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la entidad. Caicedo señaló que los contratos de concesión “son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”.El comunicado surge en medio del debate abierto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha planteado la posibilidad de terminar anticipadamente la concesión por el alto costo de los peajes de esta autopista, para que la operación y el mantenimiento de la vía pasen a manos del Estado. Sin embargo, hasta ahora no existe un acto administrativo que oficialice esa decisión y el contrato sigue vigente hasta el año 2027.El proyecto tiene siete peajes en sus 215 kilómetros de longitud, cinco de ellos en Caldas, lo que convierte a este departamento en uno de los que tiene mayor costo por kilómetro recorrido.Esta situación ha generado constantes quejas de los usuarios por el impacto en el precio de productos y mercancías. Además, han surgido debates con funcionarios públicos de anteriores periodos presidenciales, quienes han llamado la atención a la concesión por el valor de los peajes.Sin embargo, la CCI resaltó que Autopistas del Café tiene un cumplimiento contractual del 100 %, no ha requerido recursos públicos y ha ejecutado obras adicionales por más de 310 mil millones de pesos. También señalaron el aporte a sectores como el turismo, el comercio y la agroindustria, destacando que han generado más de 56 mil empleos directos e indirectos.El gremio hizo un llamado a los funcionarios públicos para que cualquier decisión se adopte dentro del marco constitucional, legal y contractual, teniendo en cuenta que este tipo de actuaciones tiene impactos fiscales y jurídicos para el país. Finalmente Ia CCI advirtió que terminar el contrato sin una causal legal podría representar cláusulas de compensación e indemnización a cargo del Estado.
Conseguir la visa americana sigue siendo uno de los procesos más esperados y demorados para los colombianos que sueñan con viajar a Estados Unidos. Las largas filas, las citas aplazadas y los tiempos de espera que superan los diez meses se han convertido en el pan de cada día para miles de solicitantes. Sin embargo, una nueva medida podría aliviar ese dolor de cabeza.El Departamento de Estado anunció que, desde noviembre de 2025, los colombianos podrán tramitar su visa B1/B2 (de turismo o negocios) con mayor rapidez gracias a una opción adicional: agendar la entrevista en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de Panamá. Con esta medida se busca descongestionar el sistema de citas en Bogotá, donde la espera puede alcanzar casi un año.Así funcionará el nuevo proceso para solicitar la visa en PanamáEl anuncio llega en un momento clave, a menos de un año del Mundial de 2026, en el que Estados Unidos será una de las sedes junto a México y Canadá. Ante el incremento en la demanda de visas para asistir al evento, el Gobierno estadounidense habilitó una sección consular de apoyo en Panamá, exclusiva para ciudadanos colombianos.Desde el 6 de noviembre de 2025, los interesados pueden programar sus entrevistas para citas que se realizarán a partir del 1 de diciembre del mismo año. Según el Departamento de Estado, el tiempo promedio de espera en Panamá será de un mes, una diferencia notable frente a los once meses actuales en Bogotá.Es importante destacar que la medida aplica únicamente para las visas tipo B1/B2, es decir, turismo o negocios. Además, los pagos realizados en Colombia no podrán transferirse al sistema panameño, por lo que será necesario pagar nuevamente la tarifa de la cita.Pasos para solicitar la cita de visa en PanamáEl proceso es completamente digital y se realiza a través del sistema oficial del Departamento de Estado:Abrir una cuenta en el sistema de citas.Registrar los datos del solicitante de visa.Pagar la tarifa correspondiente (no transferible desde Colombia).Agendar la cita según disponibilidad en la Embajada de Estados Unidos en Panamá.Presentarse personalmente el día de la entrevista.Una vez aprobada la visa, el pasaporte permanecerá en la Embajada durante una semana antes de ser devuelto. En ese tiempo, el solicitante deberá permanecer en Panamá, ya que los documentos no pueden enviarse por correo a Colombia ni a otro país.Con esta medida, Estados Unidos busca facilitar los trámites a los colombianos que viajan por turismo, negocios o eventos internacionales. Las autoridades insisten en que el proceso debe realizarse únicamente por los canales oficiales para evitar cobros indebidos o posibles estafas.
El anuncio del Gobierno Nacional sobre la eliminación de la licencia de construcción para proyectos de mejoramiento, autoconstrucción y vivienda en sitio propio ha generado un intenso debate entre expertos del sector. Aunque la medida busca agilizar los procesos y beneficiar a las familias más vulnerables, varios especialistas advierten que podría tener graves consecuencias en materia de seguridad estructural, control técnico y uso de los recursos públicos.Según el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, firmado por el ministro de Vivienda, quienes reciban subsidios para mejorar o construir su vivienda ya no deberán tramitar una licencia de construcción. En su lugar, bastará con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero y el registro ante los entes territoriales. El propósito, según el Gobierno, es simplificar los trámites y acelerar la ejecución de los programas de vivienda social.Riesgos y advertencias por la eliminación de licencias de construcciónAunque la intención del decreto ha sido bien recibida por algunos sectores, diversos expertos alertan sobre los riesgos que implica. La concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol, Sandra Forero, señaló que esta decisión “desregula el principal instrumento de formalidad técnica en el sector vivienda y abre la puerta a una inversión pública sin garantías de seguridad ni control institucional”.Forero fue enfática al afirmar que eliminar las licencias de construcción en proyectos financiados con recursos públicos representa “un retroceso institucional” y que la medida podría poner en riesgo la vida de miles de familias beneficiadas.El decreto entró en vigencia de manera inmediata, aunque el Ministerio de Vivienda anunció que implementará un plan de capacitación y certificación para arquitectos e ingenieros, con el fin de garantizar que las obras cumplan con las normas técnicas. Sin embargo, varios analistas consideran que, sin esa formación previa, podrían generarse errores estructurales difíciles de corregir en el futuro.La meta del Gobierno y las dudas sobre su ejecuciónDentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se trazó la meta de realizar 400.000 mejoramientos de vivienda en todo el país. No obstante, según cifras citadas por Forero, hasta el momento se han entregado menos de 50.000, lo que evidencia un retraso considerable en el cumplimiento de ese objetivo.Cada subsidio puede alcanzar hasta $31,3 millones, equivalentes a 22 salarios mínimos, y en conjunto la meta representaría una inversión superior a $12,5 billones. Para los críticos, ejecutar una cifra tan alta sin el filtro de las licencias podría derivar en irregularidades, improvisaciones y sobrecostos.Forero concluyó que el decreto “desmantela la institucionalidad del sector vivienda” y advirtió que su aplicación, en plena coyuntura electoral, podría convertirse en “el peor gasto fiscal y el mayor riesgo técnico, urbanístico y social para un país que aún tiene casi cinco millones de hogares en déficit habitacional”.
En la mañana de este martes se realiza un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, según denunció el propio funcionario a través de sus redes sociales. Benedetti calificó el procedimiento como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana, a quien señaló de tener una “obsesión” en su contra y de adelantar investigaciones sin competencia.“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”, escribió Benedetti en X.El ministro aseguró que la magistrada Lombana ha sido recusada en dos ocasiones por presunto interés en incriminarlo y afirmó que, aun así, continúa impulsando diligencias en su contra. “Ella no me investiga, explora en el planeta tierra a ver si cometí un delito. Está enferma y obsesionada conmigo”, agregó.Benedetti, quien desde hace varios años se ha referido con descalificativos a la magistrada, destaca en su mensaje que ya en el pasado se ha ordenado investigaciones financieras a cerca de 50 de sus familiares, incluyendo menores de edad y parientes lejanos, sin tener —según él— las facultades para hacerlo. “Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, denunció.El ministro pidió la intervención del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach y anunció que acudirá a instancias internacionales. “Señor procurador, ¿cómo puedo yo acceder a mi derecho a la justicia? Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder. Le pido a los medios le hagan seguimiento a ese allanamiento y a este proceso”, señaló el jefe de la cartera política.El allanamiento se realizó en la casa de Benedetti, ubicada en el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, por un caso de presunto enriquecimiento ilícito que se investiga desde hace varios años.
Una persona murió y dos más resultaron heridas tras una explosión registrada hacia las 6:21 de la mañana de este martes en una vivienda en el barrio Las Acacias, sur de Neiva, donde se almacenaba pólvora.Según información entregada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, la detonación provocó daños en varias casas del sector.En la atención de la emergencia participan 14 bomberos y cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Neiva, que trabajan en el control del incendio y en la evaluación de los daños ocasionados por la explosión.“Desafortunadamente, sobre las 6:21 de la mañana nos reportaron una explosión e incendio en la carrera 28 con calle Primera. Por medio del Cuerpo Oficial de Bomberos se realizó la atención. El conocimiento que se tiene es que allí se almacenaba pólvora, material que suele usarse en esta época de Navidad, y que habría sido la causa de la explosión”, explicó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Neiva.La víctima de este lamentable hecho fue identificada como Luis Armando Herrera, de 44 años. Las dos personas heridas fueron trasladadas a centros hospitalarios de la capital del Huila.“Lastimosamente, luego de una explosión que nos fue reportada a la línea de emergencia, al llegar al lugar de los hechos encontramos, al interior de una residencia, el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Una vez realizada la verificación por parte del personal antiexplosivos, se encontraron vestigios de pólvora almacenada y se está verificando si estaba siendo elaborada o fabricada de forma artesanal”, indicó el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Para prevenir nuevos hechos como este, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre los riesgos de almacenar o fabricar pólvora de manera artesanal. Asimismo, señaló que se adelantan investigaciones para establecer la procedencia de la pólvora y la cantidad que se encontraba almacenada en la vivienda donde ocurrió la explosión.
Una tragedia ocurrió en zona rural de Tumaco. Siete muertos y ocho heridos dejó la explosión de un cilindro de gas dentro de una casa en la vereda Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco, corregimiento de Llorente, así lo confirmó el gobernador de Nariño a Blu Radio, Luis Alfonso Escobar.Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades."Lamentamos la muerte de estas personas y esto es materia de investigación. Hay que decir que estos hechos no tienen que ver con nada respecto a temas de conflicto armado", indicó el mandatario. Asimismo, se pudo conocer que solo han logrado ser identificado cuatro de las siete víctimas mortales de la explosión. Los cuerpos se encuentran en las instalaciones de Medicina Legal de Tumaco.Esta situación ha generado consternación en el departamento, mientras los heridos son atendidos y se espera un reporte oficial que determine si se trató de un accidente doméstico o un evento de otra naturaleza.En desarrollo.
El reinicio de la fumigación terrestre de cultivos ilícitos con glifosato en el Cauca ya fue notificado a las autoridades locales. En una carta enviada al alcalde de Argelia, Osman Duan Guaca Acosta, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía confirmó que a partir de enero de 2026 comenzarán las operaciones de erradicación en este municipio, uno de los principales enclaves cocaleros del país.La comunicación, firmada por el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, detalla que la intervención se hará en cumplimiento de la Resolución 01524 del 12 de diciembre de 2016, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la inclusión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT) dentro del Plan de Manejo Ambiental.Según el documento, la fumigación se realizará bajo un esquema de aspersión terrestre y estará acompañada por un plan ambiental que incluye siete programas específicos, además de un plan de contingencias y otro de abandono y restauración final. El objetivo, señala la Policía, es prevenir y mitigar posibles afectaciones derivadas de la intervención en terreno.“Cabe resaltar que el plan de manejo ambiental de las actividades de intervención a cultivos ilícitos, consta de siete fichas o programas, un plan de contingencias, un plan de abandono y restauración final (enunciados en el formato adjunto a este documento); los cuales tienen como propósito prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones en el desarrollo de las tareas específicas de esta actividad”, detalla la carta firmada por el director de Antinarcóticos.Argelia figura entre los municipios priorizados por la Policía Antinarcóticos para esta fase inicial. Allí se proyecta la aspersión de 960 hectáreas de cultivos de coca, en una zona marcada por la presencia de disidencias de las Farc y la disputa por corredores estratégicos del narcotráfico.La estrategia se extenderá a otros 16 municipios del Cauca, donde se han priorizado más de 8.647 hectáreas de coca. El Tambo encabeza la lista con 3.468 hectáreas, seguido por Piamonte, Timbiquí, López de Micay y Guapi, entre otros. Estas operaciones hacen parte de un plan del Gobierno de erradicación que apunta a intervenir casi 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que contempla, además de la aspersión terrestre, el uso de nuevas tecnologías como drones para ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso.La erradicación manual de cultivos de coca registró en 2025 uno de sus niveles más bajos de los últimos diez años. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre, en todo el país se erradicaron 8.051 hectáreas. El dato confirma una tendencia descendente que se ha profundizado en los últimos años y que marca un punto crítico en la lucha directa contra los cultivos ilícitos.
El presidente Gustavo Petro declaró insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, mediante el decreto 0055 del 22 de enero de 2026. Romero había asumido el cargo en junio de 2025 y su salida se conoció luego de que el propio exfuncionario la confirmara a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.En su pronunciamiento, Romero aseguró que deja la entidad “tranquilo, en paz y con la frente en alto”, y afirmó que, aunque fue retirado del cargo, “nunca” lo sacarán del corazón de los sobrevivientes del conflicto armado.El exdirector destacó que durante los siete meses y quince días que estuvo al frente de la Unidad vivió una experiencia que calificó como de “adrenalina pura”, en la que, según señaló, se evidenció el compromiso de su gestión como servidor público.Romero también sostuvo que, gracias al trabajo en equipo desarrollado durante su administración, las víctimas del conflicto armado “volvieron a creer en la institucionalidad”. En ese sentido, defendió los resultados de su paso por la Unidad y el vínculo construido con las comunidades víctimas a lo largo del territorio nacional.Tras la salida de Romero, el Gobierno designó mediante el mismo decreto a Breiner Rafael Osorio Pinto como nuevo director encargado de la Unidad para las Víctimas. Osorio Pinto es especialista en gestión pública y cuenta con una maestría universitaria en derechos humanos.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que encontró el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo; señalan que tienen confirmada su identidad. Según el grupo guerrillero, el cuerpo habría sido encontrado y su identidad verificada, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno colombiano.La guerrilla del ELN hace el anuncio a través de un comunicado en el que aseguran: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones.En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.Y agregan “El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional, donde fue Capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria”.Camilo Torres y el ELNEl sacerdote murió en 1966 en Patio Cemento, Santander, durante el primer combate en el que participó como miembro del ELN contra el Ejército colombiano.Su cadáver fue enterrado en un lugar que nunca se desveló y desde entonces se ha convertido en uno de los iconos de esa guerrilla y de los movimientos izquierdistas en América Latina a raíz de que el cantautor chileno Víctor Jara le dedicó una canción.Torres, nació en 1929 en Bogotá y ordenado sacerdote en 1954, estuvo fuertemente influido por la doctrina de la Teoría de la Liberación, fue cofundador de la primera facultad de Sociología de Colombia y del Frente Unido del Pueblo, un movimiento de inspiración marxista, antes de unirse al ELN.Su vidaNació en Bogotá en 1929 en una familia acomodada, pero desde joven se interesó por las desigualdades sociales. Fue ordenado sacerdote en 1954 y posteriormente estudió sociología en Europa, donde entró en contacto con movimientos sociales y políticos.A su regreso a Colombia, fue cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional. Se unió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de izquierda, en la década de 1960.Murió en combate contra el Ejército colombiano en 1966, poco después de haberse integrado a la guerrilla, y desde entonces se convirtió en un símbolo de la lucha social y política en la región.
La canciller, Rosa Villavicencio, sostuvo una conversación telefónica este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La llamada se dio en el marco de la reunión que tendrá lugar el 3 de febrero en la Casa Blanca entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Villavicencio señaló que al presidente Petro le darán todas las garantías de una visita de jefe de Estado."En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado", señaló la Cancillería en un comunicado.Es importante recordar que esta reunión se da tras varios episodios de tensión que se han presentado entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Uno de ellos se dio por las condiciones en la que eran transportados desde Estados Unidos los colombianos deportados. Otro por la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, también hubo tensiones por unas declaraciones de Petro sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.La Cancillería también confirmó los temas que serán abordados en el encuentro: "De igual forma, en la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. "La llamada fue descrita por las partes como muy positiva", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.Mientras tanto, el Departamento de Estado publicó un comunicado en el que, además de confirmar la llamada, detalla cuáles temas hicieron parte de la conversación: "El Secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con la Canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, para abordar prioridades compartidas, como los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y las iniciativas antinarcóticos. Ambos funcionarios hablaron antes de la próxima reunión bilateral presidencial de febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán impulsando temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia"
El Gobierno nacional presentó a su nuevo ministro de Igualdad, quien asumirá el cargo en reemplazo de Juan Carlos Florián, que renunció por petición del presidente de la República, Gustavo Petro.Se trata de Alfredo Acosta, líder indígena que ha trabajado durante 14 años en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y se desempeñó como coordinador nacional de la Guardia Indígena.Acosta, quien cuenta únicamente con formación en educación básica media, ha sido fuertemente cuestionado por su falta de experiencia en la administración pública para asumir el cargo ministerial.Aun así, desde hace más de una década está al frente de más de 60.000 guardias indígenas, varios de ellos protagonistas de la Minga del Suroccidente de 2020 y de otras movilizaciones en apoyo al presidente Gustavo Petro.Además, el líder indígena cuenta con una amplia trayectoria en el tejido social y representa la apuesta del Gobierno por incorporar líderes cercanos a la Guardia Indígena que representen a estos colectivos en cargos de alto nivel.Polémicas por expulsión de miembros de la Fuerza PúblicaEl líder indígena fue protagonista de la expulsión de varios soldados que se encontraban en el cerro Berlín, en el municipio de Toribío, Cauca. Entre ellos estaba el sargento (r) Rodrigo García Amaya, cuyo caso dio la vuelta al mundo tras conocerse las imágenes que lo mostraban llorando mientras miembros de la Guardia Indígena obligaban a la tropa a abandonar la zona, en medio de la defensa del territorio.Estas imágenes volvieron a circular tras la decisión del Gobierno de nombrar a Acosta como ministro de Igualdad. Sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, el líder indígena manifestó su arrepentimiento y aseguró que llevaba años buscando al sargento García para dialogar con él y ofrecerle disculpas por lo ocurrido.“Yo andaba buscando al sargento para hacerle un ejercicio de armonización, como le llamamos nosotros. Es necesario buscarlo, pedirle perdón y abrazarnos”, señaló. No obstante, Acosta explicó que no había logrado localizarlo, lo que había impedido el encuentro.Alfredo Acosta y el sargento Rodrigo García se disculpan en vivoUn momento inédito se vivió la mañana de este viernes, cuando, en diálogo con Mañanas Blu, tanto el nuevo ministro de Igualdad como el sargento con quien tuvo el enfrentamiento en 2012 pudieron intercambiar sentidas palabras.Acosta se dirigió primero al sargento, reiterándole que llevaba años buscándolo para “pedirle excusas” por lo sucedido hace cerca de 14 años. Incluso lo invitó a “tomarse un tinto” en la Guardia Indígena y darse un abrazo como gesto de reconciliación.Por su parte, el sargento (r), visiblemente sorprendido, respondió que no guarda resentimientos y que en ese momento se encontraba “cumpliendo mis funciones institucionales”. Además, felicitó a Acosta por asumir el Ministerio de la Igualdad y aseguró que “un estructurador de más arriba fue quien originó todo eso”, razón por la cual no conserva rencor alguno.Nuevo ministro de Igualdad le ofrece trabajo al soldado al que ofendió en 2012Durante la conversación, García explicó que Acosta no había podido localizarlo porque actualmente vive en la “clandestinidad”, tras retirarse del Ejército hace cuatro años.Actualmente trabaja en un call center, situación que no pasó desapercibida para el nuevo ministro, quien le hizo una propuesta laboral durante la entrevista.García agradeció el ofrecimiento y ambos acordaron mantenerse en contacto para concretar un encuentro de reconciliación. Además, el sargento pidió “acoger también a los soldados”. Ante esto, Acosta reconoció la importancia de las Fuerzas Militares para la seguridad nacional y agradeció nuevamente a García por su servicio al país.Escuche la entrevista completa aquí: