Dos ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el país luego de ser detenidos por las autoridades migratorias cuando pretendían ingresar al país con fines de explotación sexual.La alerta se activó tras un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del personal de la aerolínea Turkish Airlines, que advirtió comportamientos inusuales de los viajeros. La tripulación advirtió que los ciudadanos estarían grabando sin consentimiento a una menor de edad durante un vuelo procedente de Panamá. Con esta información, Migración Colombia aplicó sus protocolos frente al turismo con fines de explotación sexual.Durante el control migratorio, ya en territorio colombiano, las autoridades encontraron en el equipaje de mano de los extranjeros varios paquetes sellados con lencería femenina. En la entrevista migratoria, los ciudadanos reconocieron que estos elementos serían utilizados con fines de explotación sexual, por lo que se les negó el ingreso al país.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló durante 2025 más de 100 ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, fueron inadmitidos por ser identificados como posibles ofensores sexuales, gracias al cruce de información y a las alertas internacionales.
Luego de más de un par de semanas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución en la que se instaura y materializa la rebaja del precio de la gasolina y la estabilización del precio del diésel.Desde el primero de febrero de este 2026, la reducción de 500 pesos en la gasolina se aplicará en todas las gasolinerías del país, sin excepción alguna. La medida busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y marca un punto de inflexión en la política de combustibles, luego de varios años de ajustes y alzas que generaron inconformidad, pero que respondían a una necesidad fiscal.Según explicó el Ministerio, esta decisión es el resultado de una estrategia gradual que se inició desde el comienzo de la actual administración, cuando se optó por aumentar de manera progresiva el precio de la gasolina para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Dicho fondo acumulaba un hueco financiero que ponía en riesgo las finanzas públicas, al obligar al Estado a asumir subsidios cada vez más costosos.“Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Con ese ajuste ya realizado, el Gobierno asegura que ahora es posible avanzar hacia precios más estables y favorables, especialmente en el caso del diésel, sentando bases más sostenibles para el manejo futuro de los combustibles en el país.Recordemos que el Gobierno de Gustavo Petro, en el año 2022, en el mes de agosto, habría recibido la gasolina en un promedio de 9.200 pesos; para enero de este año 2026, la gasolina alcanzó un promedio de 16.400 pesos, teniendo un alza de aproximadamente 7.000 pesos.Tras el panorama que se vive, el ministro agregó que se realizará un seguimiento correcto para que se visibilice y garantice la aplicación de la reducción de 500 pesos a nivel nacional.
El primer caso se registró el 1 noviembre de 2025, cuando, según la Fiscalía, Diego Alejandro Espinoza Zapata, al parecer, agredió físicamente a su compañera sentimental, dentro de su residencia ubicada en el barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia. El origen del ataque estaría relacionado con que la mujer decidió terminar la relación. Luego, el 22 de noviembre, el señalado agresor siguió a la víctima hasta su casa, donde la golpeó e hirió con arma cortopunzante. Por estos hechos fue denunciado y su captura se hizo efectiva por la Policía en el barrio San Ignacio de Tunja, Boyacá.Agresor caso 2026El 25 de enero, mientras el Quindío conmemoraba los 27 años del terremoto del Eje Cafetero, en una vivienda del barrio La Cecilia, un hombre en estado de embriaguez, al parecer, golpeó y amenazó con un arma cortopunzante a su compañera sentimental. Por fortuna para la mujer, las autoridades fueron informadas a tiempo y uniformados de la Policía capturaron al hombre en flagrancia.Agresores a juicioLos dos agresores fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante jueces de control de garantías.En un comunicado, la Fiscalía confirmó que: "Fiscales locales de la seccional, hicieron traslado de escritos de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada". Pero, ninguno de los procesados aceptó los cargos.A pesar de eso, los togados impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres, por su presunta responsabilidad en las agresiones a sus compañeras sentimentales.
En un comunicado, la Policía confirmó el homicidio de Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años de edad, en un ataque cometido en el barrio La Patria, en el suroccidente de Armenia.En vía pública y frente a la capilla Santa Laura Montoya, "Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de esta persona", señaló la Policía del Quindío en el comunicado.¿Qué antecedentes judiciales tenía la víctima?Según la Policía, Andrés Felipe Roa Porras "presentaba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones y amenazas en 2025; homicidio en 2018; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2018, 2020 y 2025; hurto en el 2021 y 2022; lesiones personales en 2020; concierto para delinquir en 2019; y daño en bien ajeno en 2018".Además, la víctima ya habría sido lesionado con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025, en el barrio Simón Bolivar de la capital quindiana en medio de una riña.Ahora, la Sijín de la Policía investiga este caso para determinar cuáles fueron los orígenes del ataque y quién está detrás de éste homicidio.
Blu Radio conoció el recurso de apelación presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la defensa de Rodrigo Granda Escobar, conocido como el “canciller de las Farc”, con el que se busca que la Sala de Apelaciones revoque la sentencia que lo declaró penalmente responsable como autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad.El documento, firmado por el abogado Ernesto Moreno Gordillo, sostiene que la sentencia emitida por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad “adolece de motivación jurídica, táctica y probatoriamente” al atribuirle a Granda responsabilidad como autor por delitos como toma de rehenes, homicidio, privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.En el recurso, la defensa cuestiona que, pese a no haber tenido mando directo sobre tropas ni haber ejercido como comandante de Bloque o Frente en el terreno, Granda habría tenido una incidencia decisiva en la política de secuestro de las Farc. El apoderado recuerda que la propia sentencia reconoce que Granda no ejerció funciones de comandante en el terreno.“Finalmente, se considera la situación de RODRIGO GRANDA, quien integró el Estado Mayor Central de las FARC-EP y fue conocido como "el canciller" o encargado de frente internacional, pero no tuvo a su cargo directo unidades militares permanentes ni ejerció funciones de comandante de Bloque o Frente en el terreno. Debido a esta circunstancia, no es posible establecer razonablemente en su caso una responsabilidad por mandozao en sentido estricto, pues faltaría el elemento de subordinados bajo su control efectivo en la estructura de secuestros”.El escrito plantea una aparente contradicción interna del fallo, al señalar que, pese a reconocer que Granda no tenía subordinados bajo su control efectivo ni comandaba estructuras armadas, la Sala le atribuye incidencia directa en la política de secuestro.“¿Por qué la Sala de manera unilateral y subjetiva y sin soporte probatorio alguno afirma la Sala en señalar al COMpareciente RODRIGO GRANDA ESCOBAR que su 'conducta tuvo incidencia en la perpetración de ios crímenes, lo cual será debidamente valorado en el contexto global de la sentencia'?"Más cuando, en la foliatura del proceso de la referencia no existe declaración y/o versión alguna que indique el modo, tiempo y lugar en que mi representado haya planificado, organizado, ordenado, participado, orientado e instrumentado a un Prente, Bloque de las PARC EP para ejecutar plagios de ciudadanos y con ello, contribuir a la financiación de la Guerra Civil dirigida a derrocar el régimen político en Colombia”, señala la defensa en el documento.El recurso insiste en que Granda cumplía funciones políticas y diplomáticas dentro de la organización, principalmente en la Comisión Internacional de las Farc, y que gran parte del tiempo se encontraba fuera del país.Otro de los argumentos de la defensa es que la captura de Rodrigo Granda en Caracas, Venezuela, en 2004 constituyó un secuestro, hecho que el recurso presenta como un elemento clave para sostener que, en ese momento, no ejercía funciones de mando ni tenía participación directa en operaciones armadas dentro de las Farc.“Mi representado RODRIGO GRANDA ESCOBAR, NO FUÉ comandante de ningún frente de las PARC EP, ni integrante del “ESTADO MAYOR CENTRAL, y que luego de salir de la Cárcel en Junio de 2007 y de haber sido condenado en forma irregular, luego de ser secuestrado en Caracas-Venezuela y puesto en la Ciudad de Cúcuta del Departamento de Santander del Norte en forma irregular, y que gracias a la presión ejercida por el Gobierno del expresidente Francés NICOLAS ZARKOSY y la comunidad internacional, al Presidente Alvaro Uribe Vélez, quedará libre el Compareciente que fuera ubicado por las PARC EP, en el "Estado Mayor del Bloque Caribe”, y que al poco tiempo se dedicara a negociar la Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, en la Habana Cuba”.Con base en estos argumentos, el apoderado solicita a la Sala de Apelaciones revocar el numeral séptimo de la sentencia y, en su lugar, declarar no culpable penalmente a Rodrigo Granda como autor de los crímenes imputados.Adicionalmente, la defensa solicitó a la JEP que oficie a las salas competentes para que se investigue la actuación de funcionarios públicos en relación con la captura de Rodrigo Granda en Caracas, Venezuela, en 2004, episodio que califica como un secuestro.“Oficiar a las Salas Respectivas que tengan competencia de la Jurisdicción Especial Para la Paz, para Investigar a los Funcionarios Públicos que tengan que ver con el Secuestro de RODRIGO GRANDA ESCOIBAR, el que fuera Secuestrado en la Ciudad de Caracas Venezuela, y el Bombardeo en la República del Ecuador en donde murieran RAUL REYES Miembro del Secretariado, Civiles Mexicanos que tengan que ver las Conductas de Agresión, Homicidio, en donde se ejecutaron extrajudicialmente a combatientes que quedaran heridos”.Ahora será la Sala de Apelaciones de la JEP la que deberá estudiar el recurso y definir que sucederá con la condena.
En medio de un debate nacional sobre el déficit fiscal y el aumento del gasto público, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, aseguró que el incremento en el presupuesto no representa un derroche, sino una inversión social estratégica en sectores como educación, salud y salarios dignos para los colombianos.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Molina explicó que la percepción de “gasto excesivo” no considera que la mayor parte de los recursos se destinan a programas sociales y obligaciones legales adquiridas por el Estado. “El 90% del gasto del gobierno central es inflexible y responde a sentencias judiciales o a rentas de destinación específica. Esto incluye educación, salud y remuneraciones que garantizan la dignidad de los trabajadores, como soldados y médicos internos”, detalló.La directora también se refirió a las críticas sobre el aumento de la nómina estatal y la creación de nuevos cargos. Frente a esto, Molina explicó que la recomposición del gasto público ha trasladado recursos de inversión a funcionamiento, con el objetivo de asegurar la continuidad de proyectos sociales, como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y la mejora de la red hospitalaria pública, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, que recibió 167.000 millones de pesos del Gobierno nacional.Sobre la acusación de que la política de economía expansiva del presidente Gustavo Petro incrementa el gasto sin control, Molina señaló que estas medidas buscan reactivar la economía y generar productividad. “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, argumentó.En cuanto al déficit fiscal, Molina explicó que la cifra estructural supera los 110 billones de pesos y que medidas como los decretos de emergencia económica, por 1,6 billones de pesos, solo representan una parte limitada del esfuerzo financiero. Según la directora, el Gobierno busca financiar el gasto social mediante una estructura tributaria progresiva, aplicando mayores impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos, aunque esta estrategia ha sido objeto de debate en el Congreso y entre economistas.Durante la entrevista, la periodista planteó varias preguntas sobre la legitimidad del aumento del gasto público, la política de economía expansiva y la refinanciación de deuda, temas que Molina abordó vinculando los incrementos de gasto con la necesidad de sostener programas sociales y reactivar la economía. Sin embargo, no se presentó un consenso claro sobre si estas decisiones impactan positivamente o generan mayores riesgos fiscales.
Está paralizado el puerto de Buenaventura por una protesta que adelantan transportadores de carga, en la carretera, en el sector La Caucana. Los camioneros reclaman al Gobierno Nacional por la falta de control en las terminales portuarias.Aseguran que tienen que esperar horas para retirar contenedores con mercancías. Dice que los costos de viajes y combustibles se han incrementado hasta 120%.“La negligencia en la gestión de contenedores colapsa la logística. Navieras dejan patios llenos sin evacuar, la Superintendencia de Transporte no ejerce control eficaz, y el camionero tradicional termina quebrado mientras la cadena productiva se desangra”, expresó a través de sus redes sociales el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios, Sinalco.El gremio pide la presencia de funcionarios del Ministerio de Transporte en el lugar de la protesta.Por este bloqueo, hay cantidad de vehículos de pasajeros y carga esperando en la vía la espera que se habilite el tránsito entre el Pacífico y el interior del país.
En medio de la intensa ola invernal que atraviesa el departamento del Valle del Cauca, más de 20 municipios han resultado gravemente afectados por el aumento del caudal del río Cauca. Ante esta situación, la gobernación ha desplegado ayuda humanitaria en al menos cinco municipios declarados en calamidad pública, según confirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.En este contexto, el pasado 27 de enero se viralizó en redes sociales un video en el que un hombre, identificado como Ángel Montoya, de aproximadamente 30 años, se lanza desde el puente General Santander, ubicado en la vía Tuluá–Riofrío, al parecer con el objetivo de cumplir un reto.“Nos vamos es a tirar, mi hermano”, fueron las últimas palabras que se escuchan de Montoya antes de lanzarse al vacío. En las imágenes posteriores se observa al hombre intentando nadar, mientras una fuerte corriente de agua lo arrastra río adentro.Tras confirmarse su desaparición, familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda, difundiendo el video en redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero.Ángel Montoya fue hallado sin vida en BolívarDurante la mañana de este viernes 30 de enero, un grupo de areneros que se encontraban en aguas del río Cauca, en jurisdicción del municipio de Bolívar, alertó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, ubicado a varios kilómetros río abajo del punto donde ocurrieron los hechos.Luego de las labores de recuperación realizadas por los organismos de socorro, se confirmó que el cuerpo encontrado correspondía a Ángel Montoya.Ante lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la vida, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el aumento del caudal del río incrementa considerablemente el peligro.
El Gobierno nacional expedirá en los próximos días un decreto para reducir en 500 pesos el precio de la gasolina durante el mes de febrero, según confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila. La decisión hace parte de una estrategia para aliviar el impacto del costo de vida y ajustar los precios internos frente al comportamiento del mercado internacional de combustibles.“En los próximos días va a emitirse el decreto mediante el cual se reduce el valor del precio de la gasolina para el mes de febrero en 500 pesos y continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina”, afirmó el ministro, al explicar que la medida tiene un enfoque directo sobre la inflación.Ávila sostuvo que el ajuste será posible por la reducción de las brechas entre los precios internacionales y el precio interno del combustible. “Queremos establecer una medida contrainflacionaria con la reducción del valor de la gasolina y las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno nos permiten tomar estas decisiones”, señaló.De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, la rebaja tendría efectos positivos en el consumo y en el ingreso disponible de los hogares, especialmente en sectores medios. “Van a impactar positivamente los niveles de consumo y de ingreso de las capas medias y los sectores”, puntualizó.
El Congreso inició oficialmente el proceso de convocatoria pública para la elección del contralor general para el periodo 2026-2030, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, de acuerdo con la Resolución 004 del 30 de enero de 2026.En el artículo primero, el Legislativo dispuso “iniciar el proceso de convocatoria pública previa a la elección del contralor general de la República por el Congreso de la República en pleno”, aclarando que el procedimiento concluirá con la conformación de la lista de elegibles que será sometida a consideración de senadores y representantes.La resolución también definió que la Universidad de Cartagena será la institución de educación superior encargada de ejecutar el proceso de selección. Según el artículo segundo, se trata de una universidad “con acreditación de alta calidad y certificada para la ejecución de procesos de selección”, con la cual se suscribirá el contrato para “aplicar las pruebas y los criterios de selección de la convocatoria pública para elegir al contralor general de la República para el periodo 2026-2030”.A su vez, el artículo tercero ordena remitir la decisión a las direcciones administrativas del Senado y la Cámara para que adelanten las gestiones administrativas, financieras y contractuales necesarias que garanticen el cumplimiento de la convocatoria.En el desarrollo de la convocatoria, el Congreso dejó claro que el proceso estará regido por los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, conforme al artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. Además, se precisó que la convocatoria quedará abierta hasta la conformación de la lista de elegibles, de la cual el Congreso en pleno escogerá al nuevo contralor general de la República.La resolución fija de manera detallada los requisitos e inhabilidades para aspirar al cargo. Entre las condiciones mínimas, el documento señala que se requiere “ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años; tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, y experiencia profesional no menor a cinco (5) años”. También establece que “no podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del Congreso o se haya desempeñado como gestor fiscal del orden nacional en el año inmediatamente anterior a la elección”, ni quienes tengan condenas por delitos comunes.Finalmente, el acto administrativo advierte que el proceso deberá blindarse frente a conflictos de interés, al señalar que “en ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos”, reforzando así las reglas de transparencia en la elección del nuevo jefe del control fiscal.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
El presidente Gustavo Petro anunció, a través de X, que el presupuesto para 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. La información fue revelada mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario confirmó que este será el tercer ajuste fiscal realizado durante su administración, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno ya había aplicado dos recortes previos: uno por 12 billones de pesos y otro por 16 billones. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones.El anuncio se da en un contexto de debate por el déficit fiscal y el manejo de las cuentas públicas, en el que el presidente ha señalado de manera reiterada decisiones adoptadas en gobiernos anteriores y fallos judiciales como responsables del deterioro del balance fiscal. No obstante, en su mensaje no precisó cómo se hará el nuevo recorte, qué sectores se verán afectados ni en qué momento se aplicará dentro del ciclo presupuestal de 2026.Petro insistió en que los ajustes responden a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, y planteó que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar lo que considera efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Aun así, el anuncio del nuevo ajuste pone en el centro de la discusión el tamaño real del presupuesto para 2026 y el margen de maniobra del Gobierno en un año clave para la ejecución de políticas públicas.
Un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quedó expuesto tras la publicación de una conversación privada que reavivó la controversia por la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.En el mensaje que acompaña la imagen, Reyes le dice al presidente que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. En ese mismo texto, asegura que fue Petro quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.La imagen divulgada muestra un chat entre Reyes y el presidente Petro. En la conversación, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación, y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes en el mensaje.La respuesta atribuida al presidente es clara y breve: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales.El intercambio se conoce en medio de la discusión pública sobre el alcance real del decreto que buscaba frenar las exportaciones de carbón a Israel, una decisión anunciada por el Gobierno como parte de su postura política frente al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, desde sectores críticos se ha señalado que, en la práctica, la medida no detuvo completamente los envíos debido a la vigencia de contratos previos.La revelación del chat muestra que la decisión de limitar el alcance del decreto habría sido tomada directamente por el presidente, con el argumento de evitar riesgos jurídicos para el Estado. Al mismo tiempo, deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice públicamente la versión del mandatario.
Largas filas para la reclamación de medicamentos en Discolmets, la no prestación de servicios ambulatorios a usuarios en los diferentes municipios por las carteras morosas de las EPS con red hospitalaria pública y privada, hacen parte de las graves dificultades que enfrentan diariamente miles de afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas en todo el departamento.Ante esta grave situación, los 37 personeros del Huila se reunieron con el delegado regional de la Superintendencia de Salud en Neiva para exigirle acciones urgentes, teniendo en cuenta que miles de usuarios llevan varios meses sin recibir sus medicamentos, incluso, pacientes con enfermedades de alto riesgo.El personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas, en diálogo con Blu Radio, dijo que, de manera conjunta con los demás personeros del Huila, interpondrán acciones legales ante las entidades correspondientes como mecanismo constitucional para visibilizar y exigir los derechos que se les han vulnerado a cientos de afiliados en la prestación de servicio de salud.“Los personeros del Huila nos hemos reunido para tomar acciones constitucionales urgentes, nos reunimos con el delegado de la Supersalud para el Huila, decimos presentar una acción constitucional de reclamo colectivo de derechos, donde buscamos visibilizar cuantos medicamentos pendientes hay en el Huila por entregar, con corte al mes de enero” señaló en Blu Radio el representante del ministerio público.Agregó el personero de Neiva, Jerson Bastidas, que más de 6.500 tutelas e incidentes de desacato gestionadas desde las personerías del departamento no han sido tenidas en cuenta para proteger la salud de los pacientes por parte de las entidades de salud y las EPS.Por último, cuestionó a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente convocan a manifestaciones sociales, para que también ejerzan presión y que, así, a los huilenses y pacientes se les garantice los servicios de salud. “Me llama mucho la atención que nadie proteste por la salud, nadie convoque a un plantón o a una marcha por algo que están vital como lo es la salud”, aseveró.
El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, pidió al Gobierno nacional que se revoquen las licencias ambientales o se abra una investigación a Ecopetrol y su filial CENIT por lo que está pasando en la planta de Sutamarchán, en Boyacá.Según el alcalde, hay riesgo para el ecosistema y las personas en medio de la reducción drástica de personal operativo, la ausencia de brigadas locales de emergencia y los reiterados casos de robo de combustible que han sido noticia nacional.“Estas condiciones —advierte el oficio— multiplican el riesgo de fugas, incendios y explosiones con consecuencias catastróficas para la población y el medio ambiente”, señaló el funcionario.De acuerdo con la alcaldía, solo hay un operador por turno e, incluso, hay periodos en los que no existe ninguna vigilancia.La alcaldía pidió a la UNGRD que realice una verificación técnica y suspenda cualquier esquema de operación en el que solo exista un operador. También solicitó al Ministerio del Trabajo que investigue posibles vulneraciones en seguridad y salud en el trabajo y ordene la restitución de brigadas permanentes y al Ministerio de Ambiente y la ANLA que revisen la licencia ambiental y, de encontrarse incumplimientos graves, consideren su suspensión o revocatoria.
La transición energética del país continúa ganando impulso con la puesta en marcha de proyectos solares y la modernización de la infraestructura eléctrica en distintas regiones. Durante los primeros nueve meses del año se destinaron más de 1,9 billones de pesos a obras que fortalecen la red, amplían la capacidad de generación limpia y apoyan la movilidad sostenible.Enel Colombia reportó avances en su plan de transición energética con la construcción de 400 megavatios solares y la ejecución de proyectos clave de infraestructura eléctrica en distintas regiones del país. Durante los primeros nueve meses del año, la compañía destinó más de 1,9 billones de pesos a inversiones que fortalecen la red, promueven la movilidad eléctrica y aumentan la capacidad de generación con fuentes renovables.En infraestructura eléctrica, Enel inauguró la Subestación Tren de Occidente en Facatativá, que garantizará el suministro para el RegioTram de Occidente, el primer sistema de transporte masivo 100 % eléctrico del país. También avanzan las subestaciones Porvenir y Montevideo, que serán fundamentales para la Primera Línea del Metro de Bogotá y para mejorar la calidad del servicio en localidades como Bosa, Puente Aranda y Teusaquillo.El Parque Solar Guayepo III, ubicado en el Atlántico, inyectó su primer kilovatio hora al Sistema Interconectado Nacional, dando inicio a su fase de pruebas. El proyecto, con un avance del 76 % y una inversión superior a 920.000 millones de pesos, tendrá una capacidad de 180 MWac y ha generado más de 1.600 empleos. A la par, el Parque Solar Atlántico, también en construcción, alcanza un 68 % de ejecución y una inversión estimada de 832.000 millones de pesos.En el tercer trimestre de 2025, la compañía consolidó su posición como el principal operador de distribución eléctrica de Colombia, con más de cuatro millones de clientes y, como el segundo mayor generador del país, con una participación del 19,3 % en capacidad instalada. A nivel financiero, Enel registró un EBITDA de 5,7 billones de pesos y una utilidad neta de 2,56 billones, además de una reducción del 14,4% en su deuda financiera neta frente a diciembre de 2024.En el ámbito internacional, la empresa entregó en Panamá Certificados Internacionales de Energía Renovable (I-REC) por más de 144.000 MWh a nueve compañías, como parte de su estrategia para promover la trazabilidad y el consumo de energía limpia.Con estos resultados, Enel Colombia continúa fortaleciendo su papel en la transformación energética del país, apostando por la generación renovable, la modernización de la infraestructura eléctrica y la sostenibilidad a largo plazo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 133 integrantes del Ejército Nacional, involucrados en casos de ‘falsos positivos’ ocurridos en el Catatumbo (Norte de Santander) entre 1999 y 2008. Los uniformados pertenecían a los batallones de contraguerrilla 95 y 98 de la Brigada Móvil 15, al Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander y al Batallón de Combate Terrestre No. 46 Héroes de Saraguro.Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, los comparecientes cumplieron con los requisitos del régimen de condicionalidad al aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad, asumir compromisos de no repetición y concertar medidas de reparación con las víctimas. Por ello, la JEP les concedió el beneficio de renuncia a la persecución penal, que elimina los antecedentes judiciales y ordena archivar los procesos en su contra.Los casos abarcan 31 hechos que dejaron 49 víctimas asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. La jurisdicción determinó que esas conductas constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, y destacó que el proceso permitió superar lo conocido por la justicia ordinaria, al revelar detalles sobre la planificación y encubrimiento de los crímenes, así como sobre la participación de mandos superiores.En audiencias realizadas en Cúcuta, San Calixto y Bogotá, los comparecientes pidieron perdón públicamente y se comprometieron a desarrollar acciones de reparación simbólica. En ese marco, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) impulsa el proyecto “Catatumbo herido: desde el dolor hacia la reconciliación”, enfocado en promover memoria y reconciliación con las comunidades afectadas.A la fecha, la JEP ha resuelto 417 situaciones jurídicas de miembros de la fuerza pública, de los cuales 415 estuvieron involucrados en crímenes no amnistiables. Con esta decisión, el tribunal reafirma su compromiso con el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición, mientras continúa el esclarecimiento de los crímenes cometidos en el Catatumbo y otros territorios del país.
Desde el Congreso de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, que se realiza en el Hotel Tequendama en Medellín, el director general, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció que se evalúan más de 130 solicitudes de reintegro de coroneles y generales, las cuales se resolverían a través de un comité que evalúa los rangos, los exámenes y todo el procedimiento que debe cumplirse para su proceso.El oficial explicó que “hay muchas personas en todos los grados que han enviado solicitudes. Tan pronto recojamos en el primer mes la primera cantidad de los diferentes grados y cargos, la llevaremos a una junta que pasará por el Ministerio de Defensa. Se analizan cada uno de los casos y los que queden listos harán todo un proceso como si fuera incorporación”.Agregó que este procedimiento incluye exámenes médicos, revisión de actitudes y comportamiento, además de la verificación de tiempos y grados. Según Rincón Zambrano, han llegado solicitudes de diferentes departamentos y ciudadanos, como Medellín, Bogotá y Tolima, y el proceso podría resolverse “en menos de un mes, porque necesitamos fortalecer nuestra Policía con un músculo operativo fuerte que pueda responder a las amenazas y riesgos que se viven día a día”.En cuanto a los retos de su cargo, el director señaló que “uno de ellos es fortalecer la seguridad y la convivencia. Por eso, la primera línea es seguridad, con excelentes procesos de policía judicial, contra la extorsión, el secuestro y el terrorismo, además de la aplicación de la convivencia y la seguridad en calle”.El nuevo director también hizo un llamado a la ciudadanía: “Le pido a todos los colombianos que rodeen a sus policías, les den dignidad, gobernabilidad y legitimidad. El policía representa la autoridad y defiende la democracia. Si usted no respeta a un uniformado, está generando daños a la autoridad y a la democracia. Hay que creerle al policía y guiarlo hacia donde está el delito”.Sobre el panorama de riesgo electoral y el acompañamiento de uniformados, el director general explicó que desde antes de su llegada ya existía un plan que se ejecutará para defender la democracia y destacó que “la institución tiene la preparación y la coordinación necesaria con la Fiscalía, las Fuerzas Militares y las demás autoridades para garantizar la tranquilidad ciudadana durante el proceso electoral”.
Una ofensiva sostenida contra el microtráfico dejó fuera de circulación cerca de cuatro toneladas de droga en diferentes regiones del país durante enero. La Policía reportó que, entre el 1 y el 28 de ese mes, adelantó una serie de operativos que impactaron de manera directa las redes dedicadas a la venta local de estupefacientes, un fenómeno asociado a la violencia urbana, la inseguridad y el deterioro del entorno social.Las acciones incluyeron 289 diligencias de allanamiento y la identificación de 103 expendios ilegales, muchos de ellos ubicados en zonas residenciales y entornos frecuentados por niños y jóvenes. El resultado fue la incautación de grandes cantidades de droga que, según las autoridades, ya no llegarán a las calles ni a los mercados criminales.El despliegue operativo también derivó en la captura de 4.136 personas, de las cuales 3.950 fueron sorprendidas en flagrancia y 186 por orden judicial. A estas se suman 98 aprehensiones, para un total de 4.234 personas vinculadas a procesos por tráfico local de estupefacientes, lo que representa uno de los golpes más fuertes al microtráfico en lo que va del año.Bogotá encabezó la lista de ciudades con mayor número de capturas, con 341 personas detenidas, seguida por Cartagena (235) y Bucaramanga (161). En las áreas metropolitanas, los mayores resultados se registraron en el Valle de Aburrá, con 797 capturas, y Pereira, con 248, cifras que evidencian la magnitud del fenómeno y la presión policial sobre estas economías ilegales.“El compromiso es cerrarles todos los espacios al microtráfico y proteger a niños, jóvenes y familias. Cada resultado operativo demuestra que la Policía está en la calle, trabajando sin descanso por la seguridad”, afirmó el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, al referirse a los resultados alcanzados.Las autoridades señalaron que cada expendio desmantelado, cada captura y cada kilo de droga incautado tiene un impacto directo en la reducción de la violencia y el fortalecimiento del control territorial. La ofensiva, advirtieron, continuará en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de la ciudadanía, cuya información sigue siendo clave para cerrar el paso al microtráfico en los barrios y comunidades del país.
El Consejo Nacional Electoral abrió una actuación formal para determinar si Daniel Quintero Calle está habilitado para participar como candidato presidencial por un movimiento político distinto al Pacto Histórico, luego de su paso por una consulta interna realizada en 2025. La decisión quedó consignada en un auto firmado por las magistradas Alba Lucía Velásquez Hernández, Álvaro Echeverry Londoño y Fabiola Márquez Grisales, con el que el CNE avoca conocimiento del caso y ordena la práctica de pruebas.La actuación se originó tras una petición presentada por el ciudadano José Alexander Borja Rivera, quien solicitó al CNE aclarar, con sustento jurídico, si la participación de Quintero en una consulta previa, en la que no resultó ganador, le impide aspirar posteriormente a la Presidencia por otra colectividad política. A esta solicitud se sumó un escrito radicado el 27 de enero de 2026, en el que el propio Daniel Quintero pidió la protección de sus derechos políticos, explicando su participación inicial como precandidato, así como su posterior renuncia al proceso.En su defensa, Daniel Quintero argumentó que, tras desaparecer la medida cautelar que habilitaba la consulta del Pacto Histórico, solicitó de manera expresa su retiro y renuncia a cualquier precandidatura. Según su versión, no existió militancia ni participación voluntaria en una consulta partidista posterior, y su inclusión en la tarjeta electoral obedeció únicamente a razones logísticas de la Registraduría.Con el fin de esclarecer estos hechos y garantizar el debido proceso, el CNE ordenó una serie de requerimientos que deberán ser atendidos antes del 31 de enero, a las 4:00 de la tarde. En primer lugar, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir los documentos relacionados con la consulta del 26 de octubre de 2025, incluyendo la lista de inscritos, los resultados oficiales y los actos administrativos que autorizaron y validaron ese mecanismo de participación.De manera paralela, el Consejo pidió a Daniel Quintero que se pronuncie de forma expresa sobre si participó o no en dicha consulta, en qué calidad lo hizo y que aporte las pruebas y los argumentos que respalden su versión. Asimismo, requirió a José Alexander Borja Rivera, ciudadano que realizó la petición, ampliar su solicitud inicial y entregar nuevos elementos que sustenten su requerimiento ante la autoridad electoral.Finalmente, el CNE solicitó al Pacto Histórico un informe detallado sobre la finalidad, el alcance y la estructura de la consulta celebrada en octubre de 2025, el rol de las colectividades en su organización, la forma como se concibió la participación de los ciudadanos y, especialmente, el papel que tuvo Daniel Quintero dentro del proceso, incluyendo cualquier manifestación de retiro.Todos los documentos recopilados y las respuestas entregadas deberán ser publicados en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, como parte del principio de transparencia, mientras avanza la revisión del caso.
Desde este sábado 31 de enero quedó oficialmente abierto el período de inscripción de candidaturas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026, que se celebrarán el próximo 31 de mayo. El trámite se extenderá hasta el 13 de marzo, según lo establecido por la Registraduría.Durante este lapso, indica la entidad, podrán inscribirse las candidaturas avaladas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como aquellas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones. En el mismo plazo también podrán registrarse los promotores del voto en blanco.La Registraduría precisó que, en los casos en los que los candidatos presidenciales sean escogidos mediante consultas internas, programadas para el 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria oficial de los resultados. Este procedimiento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.El trámite de inscripción deberá realizarse de manera presencial en la sede central de la Registraduría Nacional, en Bogotá. Para ello, es obligatorio agendar previamente una cita a través del correo electrónico jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co. La diligencia podrá ser adelantada por los propios candidatos o por sus representantes legales, delegados autorizados, miembros de los comités inscriptores o gerentes de campaña de las organizaciones políticas que los postulan.La entidad electoral también señaló que, antes de solicitar la cita, las organizaciones políticas y los promotores del voto en blanco deberán remitir a los correos electrónicos indicados la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción. Solo una vez verificados estos documentos se procederá con la asignación de la cita para formalizar el registro de las candidaturas.
Desde la mañana del pasado viernes, 30 de enero, el puerto de Buenaventura se encuentra parcialmente paralizado por una protesta de transportadores de carga en el sector de La Caucana, sobre la vía de acceso al principal puerto del país.Los camioneros denuncian demoras excesivas para devolver contenedores vacíos, sobrecostos operativos y falta de control del gobierno frente a las terminales portuarias y las navieras.En diálogo con Noticias de la Mañana, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, explicó que el problema no es reciente y se ha agravado por la saturación de los patios de contenedores vacíos en Buenaventura.Multas diarias y falta de cumplimiento en mesas de diálogoSegún el dirigente gremial, Colombia se ha convertido en un “hub de contenedores vacíos” en América del Sur, debido a que a las navieras les resulta rentable dejar estos equipos almacenados en el país sin asumir costos prolongados.“El transportador devuelve el contenedor, pero se encuentra con que no hay dónde entregarlo. Eso no es culpa del camionero, pero aun así se le imponen multas diarias que pueden llegar a los 150 dólares”, señaló Cuervo, al advertir que estas sanciones están asfixiando financieramente al sector.El presidente de Fedetranscarga aclaró que las empresas afiliadas al gremio no promueven las vías de hecho, pero reconoció que las bases transportadoras han decidido bloquear las vías ante la falta de soluciones estructurales.Cuervo aseguró que las mesas de diálogo con autoridades y representantes de las navieras se han instalado en varias ocasiones, pero no han producido resultados concretos. A su juicio, se requiere una intervención directa de la Superintendencia de Transporte, ya que las navieras operan como un oligopolio con amplio margen para imponer condiciones.Entre las principales exigencias al gobierno está limitar el tiempo de permanencia de los contenedores vacíos en el país y garantizar espacios reales para su devolución sin penalidades injustificadas.No se pueden registrar los despachos ante la RNDCA esta situación se suma una nueva dificultad: el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). Según el dirigente, la implementación de nuevas normas que obligan a reportes vía GPS y geocercas ha superado la capacidad tecnológica de la plataforma, impidiendo registrar despachos y cierres de operaciones.“El sistema está caído constantemente y eso frena el transporte, afecta el comercio exterior, el consumo interno y hasta la movilización de alimentos”, advirtió Cuervo, quien aseguró que el Ministerio de Transporte fue alertado desde diciembre sobre estas fallas.Mientras no haya respuestas concretas, el futuro de la protesta en Buenaventura sigue siendo incierto, con impactos directos en la logística, la competitividad del país y la cadena de abastecimiento nacional.Escuche la entrevista completa aquí:
Lo que comenzó como una falla mecánica terminó convertido en una emergencia de grandes proporciones. Un incendio de alta intensidad consumió por completo el peaje Bicentenario , ubicado en el corredor vial Honda (Tolima) – Puerto Bogotá – en el peaje de las afueras de Guaduas (Cundinamarca) , generando pánico entre los usuarios de la vía y dejando la infraestructura en pérdida total .La conflagración se desató cuando un vehículo presentó fallas mecánicas justo al momento de atravesar los carriles del peaje . En cuestión de minutos, las llamas se propagaron y alcanzaron directamente las cabinas, afectando al menos dos carriles y comprometiendo toda la estructura.“Inicialmente nos informaron que había un carro incendiado más arriba del peaje, por lo que pensamos que debía atender Guaduas. Pero al comunicarnos con una de las operadoras nos confirmó que el vehículo se estaba incendiando dentro de los carriles, al pie de las cabinas”, relató a Blu Radio el capitán César Santana , comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda .Ante la magnitud del fuego, Bomberos Honda activó de inmediato el protocolo de emergencia y desplazó una máquina extintora con dos unidades , seguida posteriormente por un vehículo cisterna , en un intento por contener el avance de las llamas.“La verdad es que la estructura se quemó. El peaje prácticamente se quemó todo. Bomberos Honda logró hacer el control y apagar el incendio, pero los daños son totales. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, solo materiales”, explicó el oficial.Cerca de 30 minutos después , unidades de Bomberos Guaduas llegaron al lugar para apoyar las labores de evaluación, aunque el incendio ya había sido controlado. Sin embargo, el impacto en la movilidad fue inmediato y severo.“En este momento la vía está completamente cerrada. Estamos evaluando si se puede habilitar un carril provisional, pero mientras tanto el paso entre Tolima y Cundinamarca permanece bloqueado”, agregó Santana.Por su parte, el a lcalde de Honda, Juan Enrique Rondón García , confirmó que no se registraron personas lesionadas y que la Policía Nacional hace presencia en la zona para garantizar la seguridad y regular el tránsito.“El incendio ya fue controlado por Bomberos Honda. La Policía está protegiendo los bienes y regulando la movilidad, ya que el paso entre Cundinamarca y Tolima se encuentra totalmente cerrado. Como vía alterna, se recomienda la conexión por el sector de Cambao”, indicó el mandatario.A esta hora, organismos de socorro y personal del peaje continúan en el lugar realizando evaluaciones técnicas , mientras cientos de conductores permanecen represados a la espera de que se habilite un paso provisional.
El comité para la Asamblea Nacional Constituyente recibió el aval de la Registraduría para poder empezar a recolectar las más de dos millones de firmas que deben ser validadas para posteriormente poder presentar el proyecto ante el Congreso.“Declarar que la solicitud para la Iniciativa legislativa que tiene como propósito la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y el comité promotor ha denominado: ‘CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN COLOMBIA’ cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015”, señaló la Registraduría.Ahora el comité deberá recolectar aproximadamente dos millones de firmas y presentarlas ante la Registraduría, si son válidas, el texto pasaría al Congreso de la República.Esta ha sido una iniciativa impulsada por el actual gobierno. El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, acompañó en su momento la inscripción del comité y en las últimas horas reaccionó a la decisión de la Registraduría.“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”, dijo Sanguino.