El Gobierno colombiano no ha bajado la guardia en la lucha contra las drogas en la frontera con Ecuador, afirma la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, para justificar la imposición de aranceles del 30 % a los productos importados de este país."Nosotros discrepamos de esa afirmación porque si hay un país que está luchando de forma efectiva y muy decidida contra el narcotráfico es Colombia", manifestó Miranda en una entrevista telefónica con la agencia EFE antes de viajar a Washington, donde el martes acompañará al presidente colombiano, Gustavo Petro, en su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.Los aranceles de Ecuador, a los que Colombia respondió invocando el principio de reciprocidad, entraron en vigencia este domingo 1 de febrero, luego de que los dos Gobiernos no se pusieran de acuerdo para evitar la guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicaría el arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, versión que contesta el Gobierno de Petro.En ese sentido, Miranda subrayó que para este año el Gobierno tiene como meta la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, la mitad de ellas en el departamento de Nariño, que junto con el de Putumayo es limítrofe con Ecuador, ambos con grandes extensiones de siembras de coca.A eso se suma el decomiso de 2.800 toneladas de cocaína durante el Gobierno de Petro que comenzó el 7 de agosto de 2022 y que, según el mandatario, puede subir a 3.500 toneladas cuando finalice su mandato, en agosto próximo."Tenemos 30.000 hectáreas en proceso de sustitución, más de 2.800 toneladas de cocaína incautadas y nuestros esfuerzos en sustitución se enfocan sobre todo en Putumayo y Nariño, que son la frontera con Ecuador", añadió Miranda.El pasado 23 de enero, Petro y Miranda encabezaron en el caserío de Llorente, que hace parte del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), un acto en el que campesinos y comunidades indígenas erradicaron de forma colectiva cultivos ilícitos para dar paso a economías legales y sostenibles.Miranda reconoció que en todos los procesos de sustitución de cultivos ilícitos hay quienes vuelven a sembrar coca, pero calculó que ese porcentaje "tiene que ser menos del 5 %"."Siempre hay esos casos en todas las políticas del gobierno, siempre hay gente que no está dispuesta a cumplir, pero ese porcentaje es muy bajo cuando es sustitución porque de por sí la gente es la que pide entrar al programa, entonces son muy pocos los casos en los que la gente entra e incumple", concluyó.
El personero del municipio de Íquira, Huila, Jarvi Andrés Sánchez Calderón, en diálogo con Blu Radio, advirtió que desde que inició el año 2026 la Nueva EPS no ha suscrito el convenio para la prestación de servicios de salud con la ESE María Auxiliadora de esa localidad.Señaló el representante del ministerio público, que la cartera morosa de la Nueva EPS con el hospital municipal supera los 700 millones de pesos, situación que tiene perjudicados a más de 5.000 usuarios sin poder recibir los servicios básicos de salud como laboratorio clínico y entrega de medicamentos.“En nuestro municipio se está presentando un grave problema porque la Nueva EPS no ha suscrito el contrato de convenio con la ESE Local María Auxiliadora y este problema ha ocasionado que más de 5.000 afiliados de esta EPS no estén recibiendo los servicios de salud. Como personería tuvimos una reunión reciente y la ESE María Auxiliadora nos informa que la deuda que tiene la Nueva EPS es de más de 700 millones de pesos, pero a la fecha no se ha fijado para el pago de esa deuda” mencionó el personero municipal.Para el personero Jarvi Sanchez, esta situación es muy compleja y grave, que a la fecha se les esté vulnerando los derechos de salud a la población en general de ese municipio, al indicar que en Íquira solo existe un hospital para garantizarles los servicios básicos a miles de usuarios.“Por ejemplo los más de cinco afiliados de la Nueva EPS no están recibiendo los servicios ambulatorios, no están recibiendo los servicios de laboratorios, de medicamentos esenciales, solo están atendiendo servicios de urgencias, cuando llegan pacientes muy delicados y por lo general los remiten a Neiva” sostuvo Sánchez Calderón.Teniendo en cuenta la grave crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud en el Huila, el personero municipal les hizo un llamado urgente a las entidades territoriales, a las EPS, a la Supersalud y al mismo ministerio de la Salud, reaccionar ante esta situación que hoy tiene en jaque a miles de usuarios y pacientes del departamento.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El candidato a la Presidencia, David Luna, hizo una denuncia en las últimas horas, según la cual desde el Gobierno se estarían promoviendo montajes para difamar a dirigentes de la oposición, utilizando portales que se financiarían con recursos públicos. Luna se refirió a un debate que citó en el Senado, en junio de 2024, al hoy prófugo exdirector de la DNI, Carlos Ramón González. En ese debate se habló sobre supuestas interceptaciones ilegales contra opositores y periodistas.“El funcionario negó los hechos en el Congreso. Sin embargo, meses después —incluso a partir de una denuncia del propio ministro de Justicia de este gobierno— quedó probado que lo que denuncié era cierto. Hoy, ese exdirector enfrenta procesos judiciales y se encuentra fuera del país”, dijo Luna.Después de ese debate, en febrero de 2025, le advirtieron que algunos funcionarios estarían tratando de vincularlo, falsamente, con actividades relacionadas con el narcotráfico, y justamente hace unas semanas apareció en la revista Raya una publicación sobre el tema.“Estos señalamientos no provienen de un medio independiente, sino de portales digitales que, según denuncias, reciben recursos del sistema de medios públicos, con pagos mensuales cercanos a los 70 millones de pesos. Recursos públicos que, aseguró, estarían siendo utilizados para fabricar falsos positivos informativos y atacar políticamente a la oposición”, dijo Luna.Además, el exsenador y candidato explicó que en febrero de 2025 envió oficios a la Fiscalía y a la Procuraduría solicitando que se verificara si existía alguna actuación en su contra.“Nunca se abrió investigación en mi contra porque no existió prueba, indicio ni duda razonable sobre mi conducta. Jamás he tenido relación alguna con la persona mencionada. No me voy a distraer ni a intimidar. Con más fuerza seguiré haciendo oposición y campaña, porque este país no puede aceptar que el aparato del Estado se use para atacar a quienes piensan distinto”, agregó Luna.
Las autoridades adelantan verificaciones sobre la presunta muerte por ahogamiento de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, señalado como uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, en hechos ocurridos en el municipio de Tierralta, Córdoba. De acuerdo con el reporte inicial, la lancha en la que se movilizaba habría sufrido un accidente mientras se dirigía hacia la zona de ubicación temporal, en el marco de los acercamientos con el Gobierno nacional.Según la información preliminar, la embarcación se habría volcado cuando cruzaba un río, lo que provocó la caída de sus ocupantes al agua. En ese hecho, alias ‘Gonzalito’ habría fallecido por ahogamiento, versión que aún está siendo corroborada por las autoridades competentes.Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con el Clan del Golfo, confirmó que la información conocida hasta ahora apunta a un accidente. “La información que tenemos es que, al parecer, murió, de acuerdo a la información, murió en un desplazamiento que estaba haciendo, cruzando un río, y se volteó la embarcación donde estaba él, y murió ahogado. Esa es la información que tenemos”, señaló.Jiménez explicó que el reporte fue recibido inicialmente por canales de la propia delegación del grupo armado y que se está a la espera de confirmaciones oficiales. “Estamos esperando, nosotros recibimos esa información de la delegación de ellos. Sí. Porque, digamos, estamos en este momento en todo el proceso de trabajo y preparación para la instalación. Entonces, estamos como pendientes de reconfirmaciones y demás”, indicó.Alias ‘Gonzalito’ es señalado como el segundo cabecilla del Clan del Golfo y jefe del bloque que delinque en Antioquia, Córdoba y Sucre. Sobre él pesan órdenes de captura por delitos como homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.La Séptima División del Ejército Nacional adelanta las respectivas verificaciones en la zona para establecer con certeza lo ocurrido y confirmar la identidad de la persona fallecida.
El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió por primera vez a los retos que enfrentará durante los seis meses que restan del gobierno del presidente Gustavo Petro, en una declaración a Blu Radio. Cuervo aseguró que su principal objetivo será contribuir a una adecuada administración de justicia y avanzar en los compromisos ya definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.“Esa es la idea, ayudar a que haya buena administración de justicia en Colombia”, afirmó el nuevo ministro, al reconocer que el tiempo disponible representa una dificultad para impulsar cambios de fondo. Según explicó, “el sentido común indica que seis meses es muy poco para trabajar”, especialmente por las restricciones administrativas vigentes en el periodo preelectoral.Cuervo señaló que una de las principales limitaciones será la conformación de su equipo de trabajo, debido a la aplicación de la ley de garantías. “Es difícil armar equipo porque no hay ley de garantía, entonces hay restricciones”, dijo, al tiempo que indicó que estas condiciones obligan a concentrarse en una agenda previamente definida.Pese a ese escenario, el nuevo ministro aseguró contar con el respaldo del jefe de Estado para avanzar en los temas prioritarios del sector. “Todo el conocimiento y todo el apoyo del presidente para sacar adelante una agenda de justicia que está en el plan de desarrollo”, señaló, al subrayar que su gestión estará orientada a dar continuidad a las políticas ya trazadas.Cuervo concluyó que su paso por el Ministerio de Justicia estará marcado por una línea de trabajo basada en “serenidad, firmeza y convicciones”, con el objetivo de cerrar el periodo gubernamental con avances concretos dentro de las competencias de la cartera.
El próximo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se dará en un ambiente favorable. Así lo advierten varios excancilleres colombianos, quienes aseguran que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos.La reunión, que tendrá lugar en las próximas horas en la Casa Blanca, se concretó tras semanas de señalamientos públicos y al menos siete crisis diplomáticas en el último año. El 7 de enero de 2026, contra todo pronóstico, ambos mandatarios sostuvieron una conversación de casi una hora: Petro desde la Casa de Nariño y Trump desde la Casa Blanca.Ese diálogo tuvo efectos inmediatos. En Colombia, el presidente Petro dio marcha atrás al discurso que tenía previsto pronunciar en una plaza pública, luego de haber convocado movilizaciones. En Estados Unidos, Trump pasó de cuestionar la salud del mandatario colombiano y vincularlo con el narcotráfico, a calificar como un honor haber conversado con él e invitarlo formalmente a Washington.Para la excanciller Martha Lucía Ramírez, el jefe de Estado colombiano tiene un fuerte incentivo para recomponer la relación. Asegura que Petro debe llegar con una actitud constructiva, entendiendo que Estados Unidos prioriza sus intereses en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y que el escenario internacional será distinto para él una vez termine su mandato.En la misma línea, el excanciller Julio Londoño considera que el encuentro se dará en un contexto “sumamente hostil”. Señala que no existen antecedentes en la historia reciente de Colombia de una reunión bilateral con Estados Unidos en un clima tan tenso y subraya las diferencias que ha marcado Washington entre la situación de Venezuela y la de Colombia.El acercamiento que permitió destrabar la reunión se logró gracias a gestiones del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien transmitió al senador Rand Paul el interés del presidente Petro en establecer comunicación directa con Washington.
Por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, fueron judicializados seis integrantes de la banda conocida como ‘El Hueco’ que operaba desde una vivienda del barrio El Obrero de la comuna siete de Neiva, donde según las autoridades lideraban atracos a mano armada a motociclistas, taxistas, domiciliarios y locales de comercio.De acuerdo con las investigaciones, esta organización delictiva estaba conformada por los hermanos Arnold Smith, Juan Alexis, Nicolás y Julián Camilo Medina Prieto; también la integraban, Santiago Puentes Pérez y Daniel Rodríguez Suaza.La Fiscalía reveló que, desde enero de año 2025, estas personas al parecer, cometieron varios atracos en barrios de las comunas siete y ocho, además, se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje y citaban a sus víctimas en determinados lugares, con la excusa de requerir sus servicios. Tan pronto lograban el objetivo, amenazaban a las víctimas y se apoderaban de sus pertenencias, como motos, celulares y dinero en efectivo.Luego de cumplirse las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario, no obstante, Santiago Puentes Pérez fue enviado a un centro psiquiátrico, donde permanecerá privado de la libertad.
Sala de Prensa del domingo 01 de enero de 2026 abordó la coyuntura política nacional e internacional, con análisis sobre diplomacia, economía, Venezuela y cultura, en una emisión marcada por el inicio de año.Pedro Viveros: Analizó el encuentro entre Petro y Trump, señalando la ventaja diplomática de Estados Unidos y los riesgos políticos de una consulta de centro.Claudia López: Impulsó una tercera consulta ciudadana para el 8 de marzo, confirmando la participación de Maurice Armitage y buscando sumar a Sergio Fajardo.Gabriel Sifuentes: Advirtió que la decisión de Fajardo aún no es definitiva y evaluó el impacto de una eventual exclusión de Iván Cepeda.Luis Fernando Mejía: Explicó los efectos de la suspensión de la emergencia económica y aclaró qué impuestos, como el IVA, no pueden devolverse.Andreina Solórzano: Detalló la diplomacia de los pandas como estrategia de poder blando de China y el caso de Japón.Sebastiana Barraes: Describió la crisis interna en la Fuerza Armada venezolana y el reacomodo de poder tras la salida de Maduro.Luis Carlos Rueda: Comentó las nominaciones al Óscar y recomendó series sobre el mundo del vino y Medellín.Un episodio para arrancar el año con análisis clave.Escuche el programa completo aquí:
En Colombia se ha encendido un debate en torno a un nuevo proyecto de política pública del Gobierno Nacional que busca reglamentar los bancos de leche humana en el país.Según denunció Ángela María Muñoz, abogada y especialista en duelo perinatal, este documento excluye de manera expresa a las mujeres cuyos hijos han fallecido, estableciendo como requisito de inclusión tener un hijo vivo y estar amamantando.Argumentos del Gobierno vs. Evidencia CientíficaEl Ministerio de Salud plantea que esta restricción busca proteger la salud mental de la mujer; sin embargo, Muñoz sostiene que la mujer en duelo no debe ser "patologizable" y posee plena capacidad para decidir sobre su cuerpo. Desde el punto de vista nutricional, no existe evidencia de que la leche de una madre en duelo pierda propiedades o represente un riesgo, incluso ante niveles altos de cortisol. Por el contrario, la leche materna es considerada "oro puro" para los neonatos en cuidados intensivos, y los 15 bancos de leche del país enfrentan una alta escasez.La "Ley Brazos Vacíos" y el derecho a la autonomíaLa controversia también tiene un trasfondo jurídico. En 2023 se expidió la Ley Brazos Vacíos, la cual garantiza el principio de autonomía de las mujeres en duelo. Muñoz argumenta que el proyecto actual va en contravía de esta ley y de los propios lineamientos técnicos del Ministerio, como la resolución 2623 de 2024. "Por estar en duelo yo no pierdo mis derechos y mi capacidad de decidir cómo resignifico mi proceso", enfatizó la experta, quien recordó su propia experiencia dolorosa al tener que tirar su leche al inodoro tras la muerte de su hijo hace diez años.Beneficios psicológicos de la donaciónContrario a la postura gubernamental, investigaciones en España y el Reino Unido indican que la donación voluntaria actúa como un factor protector. Permitir que la madre done su leche ayuda a resignificar la pérdida y a integrar el duelo de forma más tranquila al darle un propósito al dolor.Actualmente, instituciones como el Hospital de Kennedy en Bogotá y el Hospital Universitario del Valle ya realizan recolecciones domiciliarias exitosas a madres en esta condición, demostrando que el sistema puede ser compasivo y eficiente.Escuche aquí la entrevista:
En medio del aumento de la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador por el anuncio de aranceles impuestos por el Gobierno ecuatoriano, bajo el argumento de una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico, las Fuerzas Militares colombianas revelaron los resultados operacionales de los últimos 30 días en la zona fronteriza. De acuerdo con el balance oficial, las operaciones se han concentrado en golpear de manera directa las economías ilegales que operan en corredores estratégicos del sur del país.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la estrategia ha sido clara: cerrarle el paso al narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. Según el jefe de la cartera, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional lograron la destrucción de 39 laboratorios de cocaína ubicados en áreas limítrofes con Ecuador, como parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales que operan en esa región.Para reforzar el control territorial, el Gobierno desplegó más de 11.000 hombres a lo largo de la frontera, una de las más complejas por su geografía y por la presencia histórica de grupos armados organizados ilegales. El ministro destacó, además, que se avanza en coordinación con las Fuerzas Militares ecuatorianas para desarrollar las denominadas “operaciones espejo”, una estrategia conjunta que busca presionar simultáneamente a las organizaciones narcotraficantes a ambos lados de la línea fronteriza y reducir su capacidad de reacción.Desde el componente operacional, la Tercera División del Ejército precisó que los 39 laboratorios destruidos estaban destinados al procesamiento de pasta base de coca y se encontraban principalmente en el Pacífico sur del departamento de Nariño, una de las principales zonas de producción y salida de drogas hacia mercados internacionales. Estas acciones, según el reporte militar, generaron una afectación económica superior a los mil millones de pesos a las finanzas de los grupos ilegales.Las autoridades señalaron que este tipo de resultados impactan directamente la cadena del narcotráfico, al cortar eslabones clave en la producción de estupefacientes, y contribuyen a debilitar el control armado que estas estructuras ejercen sobre comunidades rurales del suroccidente del país. El Ejército sostuvo que las operaciones también buscan mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de la población civil en zonas históricamente golpeadas por la violencia.A este balance se suma una operación adelantada por la Policía Nacional, en articulación con la DEA, en la zona fronteriza del Putumayo, donde se obtuvo, según el Ministerio de Defensa, un resultado de alto impacto contra el narcotráfico. Las autoridades indicaron que los detalles serán revelados una vez concluyan los procedimientos judiciales correspondientes.
En la mañana de este lunes, la candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Sofía Araujo, denunció un grave caso de hostigamiento, violencia sexual y de género, así como amenazas contra su vida, en el marco del ejercicio de su campaña en Bogotá.En un video publicado en sus redes sociales y en diálogo con BLU Radio, Araujo señaló que el día de ayer, domingo 1 de febrero, mientras se trasladaba en un taxi para cumplir su agenda en diferentes localidades de la capital, comenzó a recibir distintos mensajes en su cuenta de WhatsApp provenientes de un número desconocido.Estos mensajes incluían contenido pornográfico explícito (videos y fotografías), así como mensajes escritos y notas de voz acosando sexualmente a la aspirante y amenazando con violarla y luego matarla. “Mi madre, le pego una violada y después la asesino, oyó sapa”, “Boba, deje de ser tan estúpida que te voy a violar y lo sabes”, son algunos de los fuertes mensajes recibidos.“Recibo unos mensajes de agresión, hablándome de mis partes íntimas, de acoso sexual, de violencia sexual, mandándome pornografía, diciéndome que me va a matar, que me va a violar, que sabe dónde vivo, que sabe mis datos, haciéndome todo tipo de amenazas y mandándome todo tipo de obscenidades, de cuchillos y demás, amenazas graves”, sostuvo Araujo en diálogo con Blu Radio.La candidata sostiene que incluso lograron contactar al presunto agresor y pudieron identificar su rostro y su voz, los cuales ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades para que se activen todos los protocolos de seguridad y protección a la mujer, en especial por su condición de dirigente política, así como para que se adelanten las investigaciones que permitan que esta persona responda ante la justicia.“Estoy esperando que lleguen para recoger los datos de la denuncia. Ya he estado en conversaciones con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Mujer. Estamos activando todos los protocolos y, por supuesto, necesito seguridad, necesito protección, porque realmente una persona que tiene mis datos personales y que me amenaza de muerte… ya hemos visto que en Colombia eso no es una broma y no es una amenaza más, puede materializarse en cualquier momento, y no soy yo la única”, aseguró la aspirante.Araujo terminó su denuncia haciendo un llamado al Gobierno para que garantice la protección de las candidatas mujeres y jóvenes, especialmente de la oposición. Sostiene que este ataque en su contra tiene origen en sus posiciones ideológicas y que en el pasado se ha evidenciado el riesgo de un desenlace trágico si no se actúa de manera contundente frente a estos hechos de violencia.
El Hospital San Antonio de Manzanares, en el oriente de Caldas, reportó la muerte de un menor de 4 años que se intoxicó tras consumir gasolina almacenada en una botella plástica reutilizada de agua de sábila. El hecho ocurrió en la tarde del domingo en una vivienda de la vereda Villa Camila. De acuerdo con la información preliminar, el niño se encontraba jugando en el exterior de la casa cuando, al sentir sed, ingresó a la vivienda en busca de algo para beber.En ese momento tomó una botella de aloe que contenía gasolina e ingirió una cantidad considerable del combustible. Al percatarse de la situación, la abuela del menor intentó auxiliarlo realizándole lavados en la boca, sin embargo, el niño comenzó a presentar vómito y convulsiones, hasta perder la consciencia.El menor fue trasladado de inmediato al servicio de urgencias, donde ingresó en estado crítico. El personal médico le practicó maniobras de reanimación, pero estas no dieron resultado y se confirmó su fallecimiento.Tras lo ocurrido, el hospital dio aviso a las autoridades municipales. Minutos después, uniformados del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía llegaron al centro asistencial y se entrevistaron con la abuela del menor. En la diligencia se estableció que ella tenía la custodia del niño, con conocimiento del padre.Recomendaciones para evitar este tipo de sucesos trágicosNunca reutilice botellas de bebidas (agua, gaseosa, jugo) para guardar químicos.Mantenga los productos peligrosos en sus envases originales, con etiqueta visible.Usar envases con tapa de seguridad a prueba de niños.Póngale etiquetas grandes, visibles y claras a las botellas que tienen contenidos peligrosos.Evite envases transparentes o de colores llamativos que parezcan jugo o agua.Guarde químicos, combustibles y venenos en gabinetes altos, fuera del alcance y de la vista de los niños.Utilice armarios con seguro o llave.Nunca deje productos peligrosos en el piso, mesas o mesones.Explíquele a sus, según su edad, que no todo lo que parece bebida lo es.Después de utilizar algún químico o combustible guárdelo de inmediato, no espere para hacerlo después.Si su pequeño ingirió alguna sustancia altamente tóxica y peligrosa no produzca vómitos y en cambio acuda lo más rápido posible al servicio de urgencias médicas.
El Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional firmaron un contrato por más de 185.000 millones de pesos que tiene que ver con la elaboración de los pasaportes en Colombia.“Producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios unitarios, para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, dice el objeto del contrato.Es importante recordar que el nuevo modelo de pasaportes debe entrar en vigencia el próximo 1 de abril y, por eso, desde algunos sectores se preguntan si el nuevo convenio entraría en operación, pues este podría abrir la puerta a una nueva prórroga con Thomas Greg & Sons.“Se viene contratación a dedo. Algo no huele bien. En diciembre la Imprenta Nacional me respondió, a derecho de petición, que son 35 semanas después de la firma. Con este nuevo contrato, ¿comenzarían el 1.º de abril a producir pasaportes? ¿Nueva urgencia manifiesta? No hay derecho”, dice la senadora Angélica Lozano.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro pidió hacer cambios en el modelo de expedición de pasaportes, argumentando que se pudieron haber presentado presuntos actos de corrupción con la empresa Thomas Greg & Sons, compañía encargada de la elaboración de los documentos.Aunque el contrato tiene una fecha final, el 31 de diciembre, no aclara la fecha de entrada en vigencia.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría implementado una “nómina paralela” mediante la firma de más de 101.400 contratos de prestación de servicios durante el mes previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, medida que restringe la contratación estatal en tiempos preelectorales. De acuerdo con Briceño, el monto total de estos contratos asciende a 6 billones de pesos, cifra que considera “la más alta en la historia del Estado colombiano”.En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal señaló que, según sus revisiones en el SECOP y los datos abiertos del Gobierno, la firma masiva de contratos “constituye un aumento del 74% en comparación con el último periodo de ley de garantías durante el gobierno Duque”. Briceño sostuvo que, mientras en ese entonces se firmaron contratos por 32 billones, el actual gobierno ya ha comprometido 61 billones de pesos.“Estamos hablando de una cifra récord. Son 101.400 contratistas nuevos en el Gobierno nacional, lo que confirma la existencia de una nómina paralela en un momento en que supuestamente hay crisis fiscal”, aseguró Briceño.Contratos en el límite de la Ley de GarantíasLas denuncias se conocieron justo cuando comenzó a regir la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, que prohíbe la contratación directa con entidades públicas o la celebración de nuevos contratos en los cuatro meses previos a las elecciones. Según el concejal, la firma masiva de contratos busca asegurar apoyos políticos de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2026.“Es evidente que se está utilizando la figura de la prestación de servicios para ampliar la nómina estatal con fines políticos”, afirmó el cabildante. “Esto ocurre justo antes de la entrada de la Ley de Garantías, lo que enciende todas las alertas sobre un uso electoral de los recursos públicos”.Entre las entidades mencionadas por Briceño están Colpensiones, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de la Igualdad, donde —dijo— se han creado miles de cargos en planta o mediante contratos temporales.Denuncias específicas y posibles beneficiariosEl concejal apuntó directamente a altos funcionarios y estructuras políticas afines al Pacto Histórico, movimiento que encabeza el presidente Petro. Mencionó un crecimiento atípico de contratistas en la Agencia Nacional de Tierras, donde “la cifra pasó de 1.400 a casi 7.000 personas vinculadas”, lo que —según él— reflejaría “una agenda política orientada a favorecer candidaturas en regiones como el Meta”.Briceño también cuestionó la reasignación de cargos diplomáticos, como el nombramiento del exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, en el consulado de Bruselas, Bélgica. “Este tipo de designaciones violan el espíritu de la carrera diplomática y refuerzan la sospecha de un uso discrecional del poder político”, puntualizó.En su intervención, el cabildante denunció además que “hijos de congresistas aliados al Gobierno” han obtenido contratos de prestación de servicios días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Como ejemplo, sostuvo que “el hijo del senador Ahmed Scaf firmó dos contratos con entidades distintas siendo recién graduado, lo que demuestra que estos recursos no son para fortalecer el Estado, sino para beneficiar a los políticamente cercanos”.Incoherencia con la reforma laboral del GobiernoBriceño también calificó como “contradictorio” que el Ejecutivo recurra de forma masiva a las Ordenes de Prestación de Servicios (OPS) mientras impulsa una reforma laboral que busca eliminar dicha figura por considerarla una forma de precarización.“Un gobierno que prometió terminar los contratos de prestación de servicios los está multiplicando. Esto va en contravía de su propio discurso y de la reforma laboral que propone formalización”, dijo el concejal.El cabildante aseguró que algunos cargos contratados “sí son necesarios”, como abogados o técnicos especializados, pero subrayó que otros perfiles, como periodistas digitales contratados por RTVC, “resultan difíciles de justificar en un contexto de crisis fiscal”.Contexto político y reacción pendiente del GobiernoHasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento formal frente a las denuncias. El presidente Petro ha sostenido en ocasiones anteriores que el aumento de contratación en el sector público responde a un proceso de “formalización laboral”, lo cual ha defendido como una medida para regularizar la situación de trabajadores estatales sin vínculo laboral estable.
En diálogo con Mañanas Blu, Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional en los diálogos con el Clan del Golfo, confirmó el fallecimiento de uno de los cabecillas más importantes de esta organización criminal, conocido bajo el alias de ‘Gonzalito’. El insurgente perdió la vida tras un accidente fluvial en el río Esmeraldas, en jurisdicción del municipio de Tierralta, Córdoba. Según los reportes entregados por la delegación del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la lancha en la que se transportaba se volcó en medio de un traslado relacionado con el proceso de paz.El accidente y la recuperación del cuerpoLa muerte de ‘Gonzalito’ se produjo por ahogamiento durante un desplazamiento hacia una zona estratégica para los diálogos. Ante este suceso, el presidente de la República impartió instrucciones precisas para verificar la información a través de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz de la OEA (MAP OEA). Jiménez explicó que, debido a las difíciles condiciones climáticas y la situación invernal en la región, se autorizó el apoyo de la Brigada 11 del Ejército para el rescate y traslado del cuerpo hacia Medicina Legal.Esta decisión generó controversia, pero el jefe negociador aclaró que el Estado debe utilizar todas sus herramientas para el traslado de cualquier ciudadano que muera en dichas condiciones, sin que esto implique otorgar una condición de "héroe" al fallecido. Además, se busca garantizar la seguridad de la misión en un territorio donde el grupo armado ha tenido presencia por más de 15 años.Órdenes de captura y extradición suspendidasUno de los puntos más relevantes revelados por Jiménez es que ‘Gonzalito’ gozaba de una suspensión de sus órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Esta medida se tomó en el marco legal de los acuerdos de paz, ya que el cabecilla figuraba en el listado de personas que ingresarían a una Zona de Ubicación Temporal (SUT) en Tierralta.El objetivo de su traslado era precisamente la localización de los hombres del grupo en un espacio de transición, lo cual es considerado por el Gobierno como un avance significativo en el proceso. Según Jiménez, la ley permite este tipo de suspensiones para facilitar la construcción de acuerdos y el cumplimiento de mandatos legales específicos para la paz.Escuche aquí la entrevista:
El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Washington, a donde llegó acompañado de una comitiva directamente relacionada con la agenda de seguridad, lucha contra el narcotráfico y sustitución de cultivos ilícitos, uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno colombiano y Estados Unidos.En el avión presidencial viajaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín; la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda; y la viceministra encargada de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Marcela Tovar, funcionarios clave para la estrategia que el Gobierno busca presentar para mostrar avances en incautaciones, persecución a estructuras criminales y reemplazo de economías ilegales.La delegación la completan el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el jefe de Despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; y otros asesores del círculo cercano del mandatario. Como invitado especial también viajó Daniel Martín Kovalik, abogado estadounidense que lidera la firma contratada por la Presidencia para la defensa jurídica internacional del presidente tras su inclusión en la lista Clinton.La agenda de Petro en Washington incluye una reunión preparatoria y el encuentro bilateral con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, además de citas con el secretario general de la OEA y con congresistas republicanos y demócratas.
El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Washington. Su avión aterrizó a la medianoche en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, acompañado de una amplia comitiva integrada por su hija Andrea Petro; el jefe de Despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña; el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán; la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda Espitia; la viceministra encargada de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Marcela Tovar; el coordinador de Comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández; la asesora de la Jefatura de Despacho Presidencial, Diana Marcela Ocampo Soto, y la médica del presidente, la capitán Martha Liliana Montaño Durán.Como invitado especial viajó también Daniel Martín Kovalik, abogado estadounidense que lidera la firma a la que la Presidencia le pagó cerca de 10.000 millones de pesos por la defensa jurídica internacional del mandatario tras su inclusión en la llamada Lista Clinton.Antes de abordar el avión, el presidente se refirió a la reunión que sostendrá con su homólogo Donald Trump y llamó a la movilización ciudadana. “Pienso que hay que llenarnos de optimismo, los espero el martes cuando esté reunido con Trump a hacer la cadena de los afectos. Finalmente nos protege el amor y las energías inteligentes que representan la luz”, dijo.La convocatoria a las calles estuvo acompañada de un trino en el que el mandatario reveló que sostuvo una conversación con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. Aunque el viaje tendrá una duración de cuatro días, Petro también contó que se despidió de su madre antes de abandonar el país.La agenda del presidente en Washington comenzará este lunes con una reunión preparatoria del encuentro bilateral que se realizará el martes hacia las 11:00 de la mañana en la Casa Blanca. Además, su visita tendrá un componente académico, con una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre los retos del cambio climático en el continente.Petro también sostendrá reuniones con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con congresistas estadounidenses tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. A esto se suma un encuentro con la diáspora colombiana, programado en la Biblioteca Martin Luther King.La visita ha generado gran expectativa y el presidente llegó a la capital estadounidense con regalos. Uno de ellos será para la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump: un poncho elaborado a mano por comunidades de Nariño. Sobre el obsequio destinado al presidente Donald Trump, por ahora no se conocen detalles.El último componente de la visita será de carácter comercial. El jefe de Estado se reunirá con agremiaciones norteamericanas del sector cacaotero para explorar alternativas que permitan potenciar y comercializar este producto, como parte de la estrategia de sustitución de cultivos que el Gobierno busca mostrar ante Estados Unidos como resultado de su política de lucha contra las drogas.
Las operaciones militares desarrolladas en el departamento del Putumayo y en la zona de frontera con Ecuador han permitido un golpe sostenido contra el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal, actividades que financian a grupos armados organizados que operan en esta región del país. Las acciones del Ejército se han concentrado en municipios como Orito, San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, La Hormiga y Valle del Guamuez, considerados corredores estratégicos para el narcotráfico.De acuerdo con el balance de los últimos 24 meses, las tropas han logrado poner fin al funcionamiento de 827 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y ocho más dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína. A esto se suma la incautación de 513 kilogramos de pasta base, ocho toneladas de cocaína y más de siete toneladas de marihuana, evidenciando la magnitud de las economías ilícitas que operan en esta zona fronteriza.Las operaciones también han impactado otras fuentes ilegales de financiación. En ese periodo fueron intervenidas 39 refinerías clandestinas, 24 unidades de minería ilegal y 46 válvulas usadas para la extracción ilícita de hidrocarburos, afectando directamente las redes criminales que sostienen estas actividades.En el componente armado, los resultados incluyen la captura de 43 personas, el sometimiento a la justicia de 11 más y la incautación de 49 armas de fuego, más de 23.000 municiones y 531 artefactos explosivos. Estas acciones han debilitado de manera significativa a estructuras criminales que delinquen en la región, entre ellas la Estructura 48 Comandos de Frontera.Las autoridades señalaron que las operaciones continúan con el objetivo de cerrar corredores ilegales, reducir la capacidad operativa de los grupos armados y fortalecer el control territorial en una de las zonas más sensibles del país, clave para la seguridad regional y binacional.
Un grave accidente cobró la vida de dos soldados profesionales del Ejército, mientras realizaban una marcha táctica sobre la vía Pitalito–Mocoa, en el sur del país. El hecho se registró hacia las 7:30 p.m. del domingo primero de febrero, a la altura del kilómetro 129 de la ruta nacional I-45, según informó el Comando de la Novena Brigada, unidad orgánica de la Quinta División.De acuerdo con el reporte oficial, la motocicleta institucional hacía parte de una unidad motorizada del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, adscrita a la Novena Brigada, que adelantaba labores en cumplimiento de su misión de salvaguardar la seguridad en el departamento del Huila. En ese punto de la vía, un vehículo particular tipo Kodiak, al parecer, habría efectuado un cruce prohibido, estrellándose de frente con la moto en la que se movilizaban los uniformados.Como consecuencia del choque, el soldado profesional Brayan Stiven Díaz Medina falleció en el lugar de los hechos. Su compañero, el soldado profesional Miyer Beca Tulande, fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, también falleció minutos después.La Novena Brigada del Ejército expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los soldados fallecidos, y aseguró que brindará todo el apoyo y acompañamiento institucional a sus seres queridos en este momento. “Elevamos oraciones por el eterno descanso de nuestros soldados y deseamos fortaleza y consuelo a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, señaló la unidad militar.El Ejército informó, además, que puso a disposición de las autoridades competentes toda la información requerida y prestará su apoyo para el avance de la investigación que permita esclarecer las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.
El presidente Gustavo Petro viajó este domingo a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.Antes de iniciar su viaje a la capital estadounidense, para el que recibió un visado espacial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la llamada 'lista Clinton', Petro anunció que se entrevistó con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara."Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara", escribió Petro en su cuenta de X.En la publicación el presidente colombiano se sumó, sin mencionarlo, a la convocatoria que había hecho la tarde de este domingo el senador Iván Cepeda, candidato presidencial izquierdista del oficialista Pacto Histórico, que pidió a sus seguidores manifestarse el martes en Bogotá mientras Petro se reúne con Trump.Reunión después de varios rocesLa reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.Otros temas en la agendaSegún la Presidencia de Colombia, Petro también desarrollará en Washington una agenda que incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.El mandatario ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá reuniones con empresarios del sector del cacao centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto.La agenda también contempla encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral, así como una reunión con la diáspora colombiana en la biblioteca Martin Luther King, en la capital estadounidense.
La Corporación Caribe Afirmativo denunció un ataque transfóbico del que fue víctima Danne Aro Belmont Gray, activista y directora de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), y su pareja, durante la madrugada del 1 de febrero en Bogotá.De acuerdo con la organización, la agresión se presentó cuando Belmont se movilizaba junto a su pareja en un vehículo solicitado a través de la plataforma Uber.Según el relato compartido posteriormente por la Fundación GAAT en un comunicado, el conductor del vehículo habría proferido insultos transfóbicos y, junto con terceros, habría agredido físicamente a la pareja y les robó sus pertenencias.Caribe Afirmativo rechazó de manera categórica lo ocurrido y exigió a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y con enfoque de violencia por prejuicio. Además, pidió la activación urgente de los protocolos diferenciales de atención en salud, garantizando un trato digno y libre de discriminación para las víctimas.A esta denuncia se sumó la Defensoría del Pueblo, que calificó el hecho como un acto de violencia física y psicológica motivado por prejuicios contra personas con identidades de género no hegemónicas.En su pronunciamiento, la entidad señaló que este caso evidencia la violencia estructural y las múltiples formas de discriminación que enfrentan las personas trans en Colombia, y reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, protección y no repetición.La Defensoría destacó, además, la trayectoria de la lideresa. “Danne Aro Belmont ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las personas trans en el país, liderando procesos de incidencia y acompañamiento a una población históricamente discriminada y violentada”, reza el pronunciamiento.Además, la Defensoría hizo un llamado a la plataforma para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes al conductor involucrado.Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer informó que activó de inmediato la Ruta Única de Atención, brindando acompañamiento integral a Belmont y su pareja, con el apoyo de la Patrulla Púrpura. La entidad reiteró que este tipo de violencias motivadas por prejuicio no son toleradas en la ciudad y exigió una investigación ágil y efectiva.Una fuente cercana a Belmont le confirmó a Blu Radio que Danne recibió atención de la denominada “dupla de Gobierno” y que lo prioritario en ese momento fue el acompañamiento para la interposición de la denuncia.En su comunicado, la Fundación GAAT informó que Danne Aro Belmont y su pareja, Andrés Felipe Arriaga, se encuentran en condiciones estables y que se descartaron lesiones internas de gravedad.El equipo jurídico de la organización activó las rutas institucionales y adelanta gestiones ante Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y la plataforma Uber, con el fin de identificar a los responsables y avanzar en las acciones legales correspondientes.
En la noche de este domingo 1 de febrero de 2026, fue radicada la ponencia que solicita permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo.La ponencia fue presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, y será discutida este lunes a las 8:00 de la mañana, donde se evaluará una decisión sobre la controversia que rodea la precandidatura de Cepeda. La noticia se conoce luego de una carta enviada por el Pacto Histórico este lunes 26 de enero a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a su presidente, el magistrado Cristian Quiroz, al sostener que no existe ningún impedimento legal para que Cepeda compita en la consulta. La coalición argumentó que su participación hace parte de una estrategia transparente orientada a consolidar una candidatura única a la Presidencia de la República.“De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar una premisa clara e inequívoca: la voluntad y el propósito expresados consistieron en la realización de una consulta partidista, a realizarse el 26 de octubre de 2025, con el objetivo de que su resultado habilitara la participación de la precandidatura seleccionada en la consulta de marzo de este año o, en su defecto, como candidato en la elección presidencial de 2026”, se puede leer en el documento.La controversia surgió luego de que organismos de control plantearan dudas sobre una posible inhabilidad, debido a que Cepeda ganó la consulta interna realizada el 26 de octubre de 2025. Frente a esto, la defensa técnica del movimiento explicó que dicha consulta fue asumida formalmente por el Polo Democrático Alternativo, como consecuencia de las demoras del propio CNE en reconocer la personería jurídica de la fusión de los partidos que hoy integran el Pacto Histórico.Según el documento radicado, esta circunstancia no debería limitar el derecho de Cepeda a participar en el nuevo proceso del denominado Frente Amplio. Además, la colectividad respalda su postura en un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de diciembre de 2025, que avaló la legitimidad de la designación de Cepeda como una decisión interna del partido, tras los obstáculos jurídicos en el proceso de fusión.Sobre el tema también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien calificó una eventual decisión negativa del CNE como un “golpe a la democracia”, y responsabilizó al tribunal de no haber tramitado oportunamente las fusiones partidistas solicitadas. Estas declaraciones se dieron antes de su viaje oficial a Washington, donde sostendrá su primer encuentro con el presidente Donald Trump, acompañado por parte de su gabinete.
La Oficina del Alto Comisionado de Paz confirmó la muerte por ahogamiento del cabecilla del Clan del Golfo José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, cuando se desplazaba en lancha hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tierralta, Córdoba, en el marco de los acercamientos con el Gobierno nacional.El hombre se movilizaba junto a su esquema de seguridad con el objetivo de adelantar actividades que hacen parte de los diálogos de paz con el Estado colombiano. El cuerpo fue rescatado por miembros de una comunidad indígena de la zona, quienes dieron alerta de lo ocurrido.Alias Willington se desempeñaba como segundo al mando dentro de la estructura del Clan del Golfo y jefe del bloque que delinque en Antioquia, Córdoba y Sucre. Sánchez tenía órdenes de captura por delitos como homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.