Tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien pidió investigar a las hidroeléctricas Urrá e Hidroituango por supuestamente agravar las inundaciones en Córdoba al almacenar agua con fines económicos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) respondió con firmeza.En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, defendió la actuación de las empresas generadoras y aseguró que los embalses “no operan de manera arbitraria ni vierten agua de forma deliberada”, sino que siguen normas técnicas y ambientales estrictas supervisadas por el Estado.“Los embalses destinados a la generación de energía cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar electricidad y reducir los riesgos de inundación bajo reglas estrictas. No existen incentivos económicos para dejar de generar energía o retener agua”, afirmó Gutiérrez en diálogo con Néstor Morales.“El presidente está mal informado”Las declaraciones de Petro encendieron la polémica al afirmar que las represas se llenan “por intereses económicos” y que el sistema eléctrico favorece a las termoeléctricas de gas, las cuales –según dijo– imponen tarifas hasta “diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas”.Gutiérrez respondió señalando que tales afirmaciones desconocen cómo opera el sistema energético del país. “Creo que el presidente está mal informado, porque cuando un embalse llega a su nivel máximo, los vertimientos se hacen por seguridad, no por decisión discrecional de una empresa o funcionario”, explicó.La presidenta de Acolgen recordó que la generación hidroeléctrica no solo abastece energía, sino que también ayuda a mitigar los efectos de fenómenos climáticos extremos. “Gracias a los embalses, la tragedia por lluvias no ha sido mayor. Urrá ha logrado controlar más del 96% de las crecientes del río Sinú en los últimos 26 años”, detalló.El caso Urrá: control, no descontrolPetro acusó particularmente a la hidroeléctrica de Urrá de haber demorado el desembalse controlado de sus aguas, lo que habría favorecido el desbordamiento de los niveles del río Sinú. Frente a esto, Gutiérrez explicó que la región enfrenta “una situación atípica de lluvias exageradas”, con precipitaciones hasta un 1500% superiores a lo esperado.“La descarga fue inevitable, pero se hizo de manera responsable y controlada”, aseguró. “Estas decisiones se toman con criterios técnicos, buscando siempre garantizar la seguridad del embalse y de las comunidades aguas abajo”.Gutiérrez destacó además que la operación de los embalses está sujeta a control de la Superintendencia de Servicios Públicos y a la legislación ambiental. Cada acción de vertimiento o descarga, subrayó, “debe cumplir protocolos obligatorios para proteger a la población y al ecosistema”.“No hay especulación con las tarifas de energía”Respecto a la denuncia presidencial por una presunta especulación con las tarifas eléctricas, Acolgen aportó cifras para refutarla. Según Gutiérrez, el precio promedio de la energía en bolsa en 2025 fue de 245 pesos por kilovatio/hora, inferior al promedio de los contratos de largo plazo, que se ubicó en 298 pesos.“Durante el 2025, el 78% del tiempo el precio de bolsa estuvo por debajo de los contratos. En lo corrido del 2026, esa cifra ha sido del 86%. En un contexto de mayor hidrología, las hidroeléctricas producen más y ayudan a reducir los precios del mercado, no a subirlos”, puntualizó la dirigente.También aclaró que la escasez de gas natural que afecta al país es un problema distinto, aunque puede coincidir con períodos de menor disponibilidad hídrica. “Hemos alertado que, ante un próximo fenómeno de El Niño, el déficit de gas será mucho mayor, lo que podría impactar la generación termoeléctrica”, advirtió.Lluvias y tensiones en el sector energéticoLas fuertes precipitaciones de comienzos de 2026 han golpeado con especial intensidad al Caribe colombiano, ocasionando inundaciones en municipios de Córdoba y Antioquia. En ese contexto, el presidente Petro ordenó una investigación sobre el papel de los embalses en la creciente del río Sinú y cuestionó la supuesta “codicia” del sector eléctrico.Las hidroeléctricas, por su parte, defienden que su labor ha sido clave para evitar desastres de mayor magnitud. “Los embalses no agravan las emergencias; las mitigan. Son instrumentos de protección, no de riesgo”, insistió Gutiérrez.Un debate que sigue abiertoEl señalamiento presidencial ha reavivado el debate sobre la gestión del agua, la regulación del sistema eléctrico y el equilibrio entre el interés público y la rentabilidad empresarial. Desde Acolgen aseguran que están dispuestos a rendir cuentas y a seguir cooperando con las autoridades.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido su más reciente balance de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este 9 de febrero de 2026. El informe, dibuja un mapa nacional dividido por contrastes climáticos severos: mientras algunas zonas enfrentan riesgos críticos por incendios, una vasta porción del país debe prepararse para la continuidad de las lluvias y fenómenos asociados a la saturación de suelos.De acuerdo con el organismo, se ha observado una "persistencia de las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia" durante las últimas horas, lo que mantiene activos los protocolos de emergencia en diversos departamentos.Departamentos bajo la lupa: ¿Dónde lloverá más?Para las próximas 24 horas, la entidad técnica advierte que la concentración de humedad se mantendrá especialmente fuerte en la región Pacífica, el occidente de la región Andina y el suroriente de la Amazonia. Esto significa que los ciudadanos en estas áreas no deben bajar la guardia ante posibles eventos climáticos de consideración.Según el reporte oficial, las "lluvias de mayor consideración" se ubicarán en los siguientes departamentos:ChocóValle del CaucaCauca y NariñoQuindío y RisaraldaOccidente de Boyacá y CundinamarcaTolima, Vaupés y AmazonasAdicionalmente, se esperan precipitaciones con volúmenes moderados en sectores de Antioquia, Caldas, los santanderes y el occidente de Meta. Esta situación contrasta con el Caribe y la Orinoquía, donde se prevén condiciones mayormente secas, a excepción de lluvias ligeras hacia el sur del archipiélago de San Andrés y Providencia.Alertas por deslizamientos e inundaciones: Cifras de preocupaciónLa preocupación de las autoridades no solo radica en la caída de agua, sino en la inestabilidad de los terrenos. En total, 455 municipios colombianos se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. De esta cifra, 77 municipios están bajo alerta roja, lo que representa una amenaza inminente para la infraestructura y la vida.Los departamentos más vulnerables por riesgo de remoción en masa son:Chocó: Con 16 municipios en alerta roja.Cauca y Huila: Con 13 municipios cada uno en nivel crítico.Nariño: Con 10 municipios afectados.En materia hidrológica, la situación es igualmente compleja. El área hidrográfica del Magdalena-Cauca reporta siete alertas rojas y cuatro rojas puntuales por inundaciones y crecientes súbitas. En la región del Pacífico, se contabilizan nueve alertas rojas, mientras que en el Caribe la cifra asciende a ocho.Pronóstico para las principales ciudadesEl comportamiento del clima en los centros urbanos también presentará variaciones importantes que afectarán la movilidad y las actividades diarias:Bogotá: Se espera una mañana seca pero con cielo nublado. No obstante, para la tarde se prevén "lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad" con una temperatura máxima de 20°C.Medellín: La capital antioqueña tendrá mayor nubosidad y lluvias ligeras sectorizadas durante la tarde, alcanzando los 27°C.Cali: Aunque el día podría iniciar con lloviznas, se esperan condiciones secas para el resto de la jornada.Barranquilla y Cartagena: Ambas ciudades mantendrán cielos nublados. En Barranquilla se estiman lloviznas sectorizadas (34°C), mientras que en Cartagena serán ocasionales (32°C).Riesgos marinos e incendios: el otro lado de la monedaEl informe no solo destaca el exceso de agua. En el Mar Caribe, se ha emitido alerta naranja para la parte occidental y suroccidental debido a la velocidad del viento y la altura del oleaje. En el Pacífico central y sur, la alerta naranja responde a tiempo lluvioso.Por otro lado, la sequía no da tregua en zonas específicas. Un total de 54 municipios están en alerta por incendios forestales, principalmente en las regiones Andina y Caribe. Casanare es el departamento más golpeado en este rubro, con tres municipios en alerta roja, seguido por Cundinamarca y Vichada.Este reporte del IDEAM subraya la necesidad de que los comités locales de gestión del riesgo y la ciudadanía en general mantengan activos los planes de contingencia, especialmente en los departamentos con saturación de suelos y niveles de alerta roja vigentes.
Las Fuerzas Militares activaron el Plan Democracia, una estrategia diseñada para garantizar el desarrollo seguro de los procesos electorales en el país. El dispositivo contempla la protección de 5.537 puestos de votación en todo el territorio nacional y busca prevenir cualquier alteración al orden público durante las jornadas electorales.Con esto, las Fuerzas Militares mantendrán operaciones de control, estabilización y presencia institucional, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad. Este despliegue se desarrolla en coordinación con la Policía, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las autoridades civiles en los niveles nacional, regional y local.El dispositivo de seguridad cubre la primera etapa del proceso electoral, que incluye las elecciones previstas para el 8 de marzo, 31 de mayo y 21 de junio, en caso de que esta última fecha se lleve a cabo. Para el cumplimiento de la misión, las FFMM activaron capacidades militares diferenciales, que incluyen medios terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales.Entre los recursos desplegados se encuentran vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (UAS), medios fluviales y navales, así como un robusto componente de inteligencia militar, orientado a anticipar riesgos y neutralizar amenazas contra el proceso democrático.Como parte del fortalecimiento operacional, el Gobierno Nacional prolongó el servicio militar de 21.000 soldados del Ejército y 1.075 infantes de marina de la Armada, para un total de 22.075 hombres y mujeres, lo que incrementa la cobertura y el nivel de alistamiento durante las elecciones.Las Fuerzas Militares precisaron que la dinámica operacional se mantiene con total normalidad y que las unidades no comprometidas directamente con el Plan Democracia continuarán ejecutando operaciones ofensivas permanentes contra los grupos armados organizados que amenazan la seguridad y estabilidad del país.Adicionalmente, los uniformados participan de manera activa en los Puestos de Mando Unificados (PMU) en los niveles nacional, regional y local, permitiendo la verificación de información en tiempo real y la toma de decisiones oportunas frente a cualquier eventualidad. Para la ejecución del Plan Democracia, el Gobierno asignó un presupuesto cercano a los 150.000 millones de pesos, destinado a garantizar los medios, capacidades y recursos necesarios para el cumplimiento de esta misión constitucional.
Un triple homicidio se registró en la tarde de este domingo en una vivienda ubicada en la vereda Cúcuta, zona rural del municipio de Marquetalia, en el oriente de Caldas, sector limítrofe con el departamento del Tolima.De acuerdo con la información preliminar, hombres armados asesinaron a tres personas al interior del inmueble. En horas de la noche, técnicos en criminalística realizaron la inspección judicial de los cuerpos.Aunque el crimen ocurrió en la tarde, las autoridades tuvieron conocimiento del hecho varias horas después debido a la lejanía del sector, ubicado a cerca de hora y media del casco urbano.Según los primeros reportes, un familiar de las víctimas fue quien dio aviso a la Policía, lo que permitió el desplazamiento de las autoridades hasta el lugar.Las autoridades adelantan labores para establecer la identidad de las víctimas y determinar los móviles de este triple homicidio. El caso es materia de investigación por parte de los organismos judiciales.
La activista iraní y Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, recibió una nueva condena de seis años de prisión por los cargos de reunión y colusión, y un año y medio adicional por conspiración y propaganda contra el Estado, según informó su abogado, Mostafa Nili, a través de la red social X. La medida incluye una sanción que le prohíbe salir del país durante dos años.La nueva condena se produce tras su arresto más reciente, ocurrido en diciembre de 2025, durante el funeral del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, aparentemente relacionado con unas declaraciones públicas que dio la activista tras la sospechosa muerte de un abogado y activista iraní de derechos humanos, según informó un miembro de su equipo al medio de comunicación The Guardian.La familia de Mohammadi denunció que, durante ese procedimiento, se registraron episodios de violencia física, amenazas y golpes que llevaron a la activista al hospital, así como la falta de acceso a asesoría legal y condiciones de detención preocupantes. Estos hechos motivaron llamados internacionales a su liberación por parte de organismos como la Unión Europea, el Comité Noruego del Nobel y Amnistía Internacional, así como pronunciamientos de otras figuras reconocidas con el Premio Nobel de la Paz, como la líder opositora venezolana María Corina Machado.Mohammadi ha sido detenida en trece ocasiones, condenada en nueve procesos judiciales y ha pasado más de diez años de su vida en prisión. Su encarcelamiento más reciente fue entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024, como parte de sentencias que en conjunto superan los 13 años. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estos procesos responden al uso del sistema judicial para castigar la disidencia pacífica.Sobre la nueva condena, la Fundación Narges se pronunció en X y advirtió que dictar sentencias “vengativas” en el marco de juicios injustos constituye una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos internacionales y de la dignidad humana. La organización señaló que la privación de derechos fundamentales, junto con la imposición de condenas severas, representa un ejemplo de tortura y represión selectiva contra defensores de derechos humanos.La fundación alertó, además, que la continua detención ilegal y la presión judicial adicional sobre Mohammadi se producen en un contexto en el que su estado de salud ha alcanzado un nivel alarmante, lo que pone su vida en peligro.La Fundación Narges, que lleva el nombre de la propia Nobel de la Paz, hizo un llamado a las Naciones Unidas, a las instituciones internacionales de derechos humanos, a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional para que adopten medidas urgentes y decisivas que permitan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Irán.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Alexander Mora Mora, señalado de estafar a los ciudadanos mediante falsas ofertas de adjudicación de Viviendas de Interés Social (VIS) en Villavicencio, Meta. Según el ente acusador, el hombre se hacía pasar como líder religioso y como funcionario de entidades gubernamentales, con el propósito de ganarse la confianza de las víctimas y persuadirlas.De acuerdo con la investigación, entre los años 2022 y 2025 el procesado habría convencido, por lo menos, a 34 personas de entregarle diferentes sumas de dinero con el fin de acceder a un supuesto cupo que les garantizaría la adquisición de una casa nueva en proyectos de urbanización que, aparentemente, se abrirían en distintas zonas de la ciudad.La Fiscalía estableció que, a través de este mecanismo, el hombre habría recibido más de $22 millones. Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que el procesado, “mediante la ejecución de maniobras engañosas exigió y recibió dinero en provecho suyo a sus 34 víctimas determinadas, quienes fueron inducidas en error, recibiendo un total de 22 millones 379 mil pesos aproximadamente, actuando dolosamente y sin justa causa”.Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta presentó al señalado ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de estafa agravada en la modalidad de masa y simulación de investidura o cargo. El procesado no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El Juzgado 14 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bucaramanga programó para este 9 de febrero a las 8:30 de la mañana la audiencia de sentido de fallo contra Giovanny Vega Blanco, exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo, procesado por presuntos delitos sexuales contra deportistas.De acuerdo con la citación judicial, Vega Blanco deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, cargos relacionados con denuncias presentadas por varias atletas que aseguraron haber sido víctimas cuando eran menores de edad.Durante el proceso, las deportistas señalaron que el entrenador habría aprovechado su posición de autoridad para cometer abusos y mantenerlas bajo amenazas. El caso ya había tenido antecedentes disciplinarios: en 2022 la Federación Colombiana de Atletismo lo sancionó con cinco años de suspensión, tras hallarlo responsable de conductas de violencia sexual, física y de género.Puesto que aprovechaba su posición de autoridad para cometer abusos repetidos, manteniendo a las jóvenes bajo amenazas y manipulación. Las denuncias fueron presentadas por varias atletas, entre ellas Martha Jazmín Guerrero, María Alejandra Salas, Ximena Restrepo y Geraldine Medina, quienes relataron episodios de tocamientos indebidos y violencia durante entrenamientos y competencias nacionales e internacionalesSin embargo, en la justicia penal el trámite ha estado marcado por demoras. Según las víctimas, la audiencia de juicio fue aplazada en repetidas ocasiones, lo que prolongó la espera por una decisión judicial. “Nos han dejado completamente solas y él sigue dilatando los juicios”, expresó una de las denunciantes.Una de las víctimas, tras recibir la citación para la audiencia programada este 9 de febrero, afirmó: “Lo único que pido es que se haga justicia y que el acompañamiento lo brinden la Procuraduría y la Defensoría, como se habían comprometido. A él lo vemos en la calle, en supermercados, como si nada, y supuestamente tiene casa por cárcel, mientras nosotras sí llevamos años de traumas y tratamientos por culpa de él”.La diligencia de este lunes corresponde al sentido de fallo, etapa en la que el juez anuncia si el acusado es condenado o absuelto con base en las pruebas y testimonios presentados durante el juicio. Posteriormente, de ser hallado culpable, se fijará la pena en una audiencia de lectura de sentencia.Las víctimas y sus familias esperan que esta decisión marque un paso definitivo hacia la justicia y la reparación.El caso sigue generando polémica y preocupación en el deporte colombiano, al evidenciar la brecha entre sanciones disciplinarias en federaciones y la efectividad de la justicia penal, así como la vulnerabilidad de las atletas frente a abusos cometidos por entrenadores. Las víctimas y organizaciones defensoras del deporte seguro continúan exigiendo una sentencia judicial que garantice justicia y reparación integral.
La ola invernal continúa generando emergencias en Colombia, con más de 100 municipios afectados y cerca de 43.000 familias damnificadas. Aunque enero y febrero suelen ser meses de baja precipitación, este año el país enfrenta un comportamiento climático inusual, explicado por una combinación de fenómenos atmosféricos, según la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry.En entrevista con Blu Radio, la funcionaria señaló que “históricamente, el mes de enero y febrero son meses de menos lluvias, especialmente para la región Caribe y la región Andina”, pero aclaró que en 2024 se presentó “una alteración de esos patrones climatológicos por incidencia de diferentes fenómenos”. Entre ellos, mencionó condiciones asociadas a La Niña a finales del año pasado, que aunque no se consolidaron oficialmente, sí favorecieron la ocurrencia de lluvias continuas.Lluvias consecutivas y frentes fríosEcheverry explicó que el impacto no se debe a un solo evento, sino a la acumulación de varios. “Hemos tenido lluvia tras lluvia por diferentes fenómenos, pero de manera continua, y eso por supuesto exacerba los efectos”, afirmó. A esto se sumaron dos frentes fríos que generaron los picos más altos de precipitación. “Nuestros registros indican que los primeros seis días de febrero llovió lo que debía llover todo el mes”, precisó, calificando la situación como “bastante inusual”.La directora del Ideam indicó que estos frentes fríos, aunque no llegan directamente a Colombia, sí influyen en los vientos y la nubosidad. “Esa incidencia hace que se aumenten las lluvias en el territorio nacional”, explicó, detallando que se rompieron récords de precipitación en varios municipios del Caribe.Alertas vigentes y respuesta hidrológicaSobre la situación actual, Echeverry confirmó que persisten los efectos del segundo frente frío. “Quedó un coletazo, un rezago que todavía nos está trayendo lluvias”, señaló, advirtiendo sobre posibles picos en el embalse de Urrá y el aumento del caudal del río Sinú. En ese sentido, recordó que “la respuesta hidrológica no es inmediata, hay un rezago entre la lluvia y el aumento del caudal”.Asimismo, el Ideam mantiene alertas meteomarinas. “Seguimos en una alerta naranja para el archipiélago y para la costa Caribe”, indicó, aclarando que estas se actualizan diariamente y que las decisiones operativas corresponden a las autoridades territoriales.Pronóstico para las próximas semanasDe acuerdo con los modelos climáticos, las lluvias continuarán durante la segunda semana de febrero, aunque con menor intensidad. “No estamos esperando unos picos como los de la semana pasada”, afirmó Echeverry. Hacia finales del mes, se prevé una disminución y un retorno a condiciones más típicas de la época, antes de la transición a la primera temporada de lluvias en marzo.Escuche la entrevista completa acá:
El Sinuano Día sigue siendo uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de jugadores que revisan sus resultados a diario.Número ganador del Sinuano Día hoyEl número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 8 de febrero de 2026 es el 7642 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 7642Dos últimas cifras: 42Tres últimas cifras: 642La quinta: 1Últimos sorteos de Sinuano DíaSorteoFechaResultadoSinuano Día7 de febrero 20265852 - 5Sinuano Día6 de febrero 20268866 - 0Sinuano Día5 de febrero 20262996 - 6Sinuano Día4 de febrero 20264195 - 6Sinuano Día3 de febrero 20269230 - 0Sinuano Día2 de febrero 20267063 - 6Sinuano Día1 de febrero 20260905 - 5Sinuano Día31 enero 20260297 - 9Sinuano Día30 enero 20263548 - 6Sinuano Día29 enero 20268047 - 6¿A qué hora juega el Sinuano Día?El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la difusión ha fortalecido la confianza de los jugadores en este reconocido chance del Caribe colombiano.Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEste juego ofrece varias formas de participar, adaptadas a distintos presupuestos y estilos de apuesta:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad convierte al Sinuano Día en una alternativa versátil tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos y explica su amplia popularidad en varias regiones del país.¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menores a 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Con este proceso, el Sinuano Día garantiza pagos seguros y transparentes, reafirmando su posición como uno de los chances más importantes del Caribe colombiano.
Por medio de un comunicado, la campaña presidencial de Juan Carlos Pinzón rechazó un presunto acto de terrorismo en el Municipio de El Zulia, Norte de Santander, en inmediaciones del Puente Mariano Ospina Pérez, donde fue incendiada una de sus vallas publicitarias."Este hecho constituye un ataque contra la democracia, la libre participación política y el derecho de los ciudadanos a elegir sin intimidaciones", se lee en el documento.Además, aseguraron que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar ideas ni candidaturas en medio de este ambiente electoral. Señalaron que el país debe rechazar que grupos armados y estructuras ilegales pretendan imponer miedo por medio de estas acciones.Por su parte el precandidato Pinzón aseguró que “este acto cobarde demuestra que hay quienes le temen a una Colombia con autoridad, ley y orden. No nos van a intimidar, Estos criminales me tienen miedo porque saben que voy a traer la seguridad al país. Colombia merece vivir sin terror y sin chantajes de grupos criminales”.Finalmente, la campaña hizo un llamado a las autoridades para que investiguen este hecho y así garantizar la seguridad en la región y proteger el libre ejercicio democrático de todos los candidatos y ciudadanos."A los terroristas que están en estas actividades les digo, no les tenemos miedo, y en cambio sé que nos tienen pánico. Por eso vamos a actuar, y vamos a actuar con decisión para recuperar para el pueblo colombiano la autoridad, el orden, la seguridad y la posibilidad de vivir sin miedo. Colombia merece un país con cero tolerancia al crimen, con cero impunidad", concluyó el precandidato Pinzón.
Vivir en un conjunto residencial implica que se establezcan acuerdos de convivencia entre los copropietarios y habitantes de la propiedad horizontal y, ante ello, siempre existe un tema sensible que despierta disputas: los parqueaderos. Lo que para muchos parece una acción normal, como usar de forma permanente un espacio para visitantes, en realidad tiene límites claros desde el punto de vista legal.Según lo confirmado por el Ministerio de Vivienda, al precisar cómo debe aplicarse la Ley 675 de 2001 en la propiedad horizontal, la intención es unificar criterios y frenar conflictos entre residentes y administraciones, especialmente por el uso indebido de zonas comunes. Ante eso, los residentes no pueden usar cualquier parqueadero, aunque este se encuentre desocupado.Ley 675 de 2001 define uso de parqueaderosDe acuerdo con el concepto técnico del Ministerio, los parqueaderos hacen parte de los bienes comunes cuando así lo establece el reglamento de propiedad horizontal. Estos espacios pertenecen a todos los copropietarios y su finalidad es garantizar el funcionamiento, la seguridad y el disfrute de la copropiedad.De esta manera, su manejo no puede ser arbitrario ni definido de forma informal. Cualquier cambio en su uso debe estar respaldado por la ley y por decisiones adoptadas en asamblea general. Esto busca evitar interpretaciones erróneas que terminan generando roces entre vecinos o sanciones innecesarias.Parqueaderos de visitantes no son de uso exclusivoUno de los puntos que más genera debate tiene que ver con el uso de los parqueaderos destinados a visitantes. El Ministerio señaló que estos espacios no pueden asignarse como exclusivos para un residente, incluso si no están siendo utilizados de manera permanente.El motivo es sencillo: su función es permitir el acceso temporal de terceros a la copropiedad. Por eso, deben conservar su carácter comunitario. En la práctica, esto significa que:No pueden ser apropiados por un solo copropietario.No deben arrendarse sin autorización de la asamblea.No pueden destinarse a un uso distinto al aprobado en el reglamento.Reglamentos internos sí pueden establecer reglasEn contraste, los parqueaderos asignados a residentes sí pueden ser de uso exclusivo, siempre que el proceso sea equitativo y respete las normas urbanísticas. Adicionalmente, las copropiedades tienen la facultad de regular el uso de los bienes comunes.Estos documentos pueden establecer:Horarios y condiciones de acceso.Restricciones de uso.Sanciones por incumplimiento.Cobros o aprovechamiento económico, siempre con aval de la asamblea.
La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo este sábado 7 de febrero el primer simulacro nacional de preconteo con miras a las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo, lo que calificaron como una prueba clave para medir la capacidad técnica y logística del sistema electoral en todo el país.El ejercicio contó con el acompañamiento de misiones de observación y asistencia técnica internacional, entre ellas la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), que actuaron como auditores del proceso.Según informó la organización electoral, durante el simulacro se procesó información de más de 125.000 mesas de votación en los 32 departamentos de Colombia, con la participación de cerca de 19.000 personas como transmisores y 14.000 como receptores de los datos. El objetivo del simulacro fue poner a prueba la seguridad, confiabilidad, controles y productividad de las soluciones informáticas y logísticas que se usarán el día de las elecciones.El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance positivo y señaló que esta prueba fue especialmente importante debido a las condiciones climáticas del país.“Hemos puesto a prueba las comunicaciones de la Registraduría en un momento crucial, por la fuerte ola invernal. Este simulacro nos permite seguir afinando el proceso y mostrar acciones de integridad y transparencia”, afirmó.Penagos también destacó que el sistema electoral colombiano cuenta con auditorías internacionales en todos sus sistemas de información, lo que busca generar confianza en el proceso electoral.Por su parte, Salvador Romero, del IIDH/CAPEL, resaltó que el simulacro se realizó con las mismas proporciones que tendrán las elecciones reales, y destacó la capacidad del país para entregar resultados en poco tiempo. Según el auditor internacional, estas pruebas refuerzan una tradición colombiana de rapidez en la entrega de resultados, ahora acompañada de mayores medidas de seguridad.¿Cuándo se realizarán los próximos simulacros?La Registraduría informó que, como parte de la preparación para las elecciones legislativas, en los próximos días habrá más simulacros:El segundo simulacro de preconteo, el 21 de febrero.El simulacro de escrutinio, entre el 23 y el 25 de febrero.El simulacro de digitalización del formulario E-14, el 26 de febrero.Por medio de estas pruebas, el organismo buscan garantizar transparencia y eficiencia en el desarrollo de las elecciones de Congreso de 2026.
El Banco de Alimentos de Bogotá lanzó con el apoyo de Blu Radio una campaña nacional de donación para apoyar a las familias afectadas por la ola invernal que golpea a varias regiones del país. La iniciativa busca recolectar alimentos no perecederos, recursos económicos y voluntarios para atender a los damnificados.El director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, padre Daniel Saldarriaga, explicó que la emergencia climática ha obligado a acelerar el envío de ayudas humanitarias hacia departamentos como Córdoba, La Guajira y otras zonas del territorio nacional. “Ya hemos recibido algunas ayudas importantes y estamos arrancando con unos camiones grandes de producto para el lado de Córdoba, para el lado de la Guajira”, afirmó durante la entrevista.Según el sacerdote, la campaña busca movilizar la solidaridad ciudadana ante la magnitud de la emergencia. “Los que necesitan, nos necesitan, y no podemos pasar por alto la oportunidad de poderlos ayudar”, señaló, al tiempo que invitó a la ciudadanía a sumarse con donaciones a través de la página oficial del Banco de Alimentos.El Banco de Alimentos está recibiendo principalmente productos no perecederos y aportes económicos que permitan armar paquetes alimentarios iguales para las familias afectadas. “Cuando logramos comprar productos, logramos armar paquetes que vayan todos igualitos”, explicó Saldarriaga, quien destacó que muchas personas han perdido todo a causa de las lluvias.Las donaciones también pueden entregarse en la sede ubicada en la Calle 19A #32-50, barrio Cundinamarca, en Bogotá, o a través de parroquias y bancos de alimentos en otras ciudades. El director ejecutivo advirtió además sobre la importancia de canalizar las ayudas por organizaciones confiables, pues “no faltan los vivos que aparecen por este tiempo queriendo decir que estamos ayudando y no sabemos dónde terminan las ayudas”.
El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del gerente de la hidroeléctrica Urrá y arremetió contra el sector energético, al que señaló de ser responsable de las inundaciones que afectan a Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó, en medio de un fenómeno climático inusual.A través de X, el mandatario afirmó que las represas estaban llenas y que las generadoras liberaron agua de forma masiva, lo que habría agravado las emergencias. Petro también cuestionó la gestión del sistema energético y el uso del gas. Incluso insinuó posibles intereses económicos en el mercado eléctrico.El presidente anunció además investigaciones inmediatas y pidió la salida del gerente de Urrá.“He ordenado una investigación inmediata a las superintendencias… El gerente de Urrá mantuvo el 27 % de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del permitido. Debe renunciar”, afirmó.En este sentido, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, realizó una visita de inspección a la hidroeléctrica Urrá, en Córdoba, para evaluar la situación por las inundaciones en la cuenca del río Sinú. Durante la visita, la Superservicios solicitó información sobre la operación del embalse, la generación de energía, los volúmenes de vertimiento, los precios y las ofertas en bolsa, así como la activación de los protocolos de gestión del riesgo.“Estamos recopilando información sobre las condiciones operativas de la represa, la generación de energía, los vertimientos realizados y los protocolos del plan de gestión de desastres”, explicó Durán, quien agregó que estas inspecciones también se realizan en otras generadoras para verificar una gestión eficiente de los embalses, garantizar precios adecuados para los usuarios y revisar las medidas de prevención del riesgo en medio de la variabilidad climática.Expertos del gremio energético aseguran que la emergencia responde a un evento hidrológico extraordinario y atípico para la temporada seca, con lluvias intensas en la cuenca alta del río Sinú que multiplicaron el caudal por cinco en menos de 36 horas.Datos técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indican que el embalse recibió aportes equivalentes a más de 16 gigavatios hora diarios, cerca de 1.200 % por encima del promedio histórico, un comportamiento sin precedentes desde que existen registros en la zona.Según la hidroeléctrica Urrá, el aumento de las descargas y la reducción de la generación fueron maniobras controladas para mitigar el riesgo de inundaciones y no evidencian una pérdida de control del embalse. La compañía también reportó que el nivel del río Sinú, para el sábado 7 de febrero, presentó tendencia a la baja y el embalse se mantuvo estable.El fenómeno afecta no solo a Córdoba, sino a otras regiones del Caribe y del país, lo que refuerza la hipótesis de un evento climático regional.
Empezó a circular en la opinión pública un video que correspondería al día del atentado contra el esquema de seguridad del senador y candidato al Congreso Jairo Castellanos. En la pieza se pueden observar a los hombres atentando de manera indiscriminada contra el vehículo blindado en Fortul AraucaEn el video se alcanzan a contar al menos cinco hombres y sería una pieza clave para la investigación, porque se alcanza a identificar uno de los rostros de uno de los hombres, que se ve con el fusil en la mano, sonriendo, con camisa y gorra negra. También se alcanza a ver de espaldas a otro de los criminales con camisa naranja y un chaleco verde militar con municiones.Estos hechos se registraron el 5 de febrero, mientras este vehículo y otro con tres asesores del senador se desplazaban hasta Yopal (Casanare) a recoger al congresista, que se encontraba, según se ha narrado, en correrías políticas por la zona.Ese mismo día, además estuvieron retenidos los tres asesores de Castellanos, que fueron liberados esa misma tarde. Será trabajo de las autoridades hacer los cotejos para revisar las identidades de los responsables.Cabe recordar que a través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que este atentado podría haber sido perpetrado por el ELN y ofreció hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.El ministro aseguró que, por instrucciones del presidente Gustavo Petro, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía.Quienes tengan información pueden denunciar a las líneas contra el crimen y del Gaula 107, 157-147 y 165
La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque contra el Batallón de Infantería N.º 15 General Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), y advirtió que este hecho representa un escalamiento de la violencia en la región del Catatumbo, que mantiene altos niveles de confrontación entre grupos armados ilegales y la fuerza pública.Según el reporte oficial, la acción fue ejecutada mediante el lanzamiento de artefactos explosivos acondicionados en una volqueta, estacionada a corta distancia de las instalaciones militares, lo que provocó detonaciones en las inmediaciones de la unidad.Las autoridades atribuyen este ataque a presuntos integrantes del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en lo que sería una "retaliación directa" por las recientes operaciones militares en municipios como Tibú, donde las fuerzas del Estado han adelantado ofensivas contra grupos armados."Este escalamiento de la violencia en la región del Catatumbo aumenta el sufrimiento de sus habitantes, intensifican el temor y la zozobra en una población agobiada y agotada por las hostilidades, por vivir en medio del conflicto armado", dijo la Defensoría.Las explosiones dejaron varios uniformados heridos, quienes fueron atendidos de urgencia y trasladados a un centro asistencial en Ocaña, detallaron las autoridades militares. Tras la acción, las tropas desplegaron un operativo que permitió la neutralización de uno de los presuntos autores del atentado y la captura de otro individuo vinculado, mientras equipos especializados realizan labores de verificación en el área para descartar artefactos sin detonar.La Defensoría subrayó que hechos como este intensifican el temor y la zozobra de la población civil, que vive en medio del conflicto armado y sus efectos sobre la seguridad cotidiana. El organismo insistió en la importancia del cumplimiento del derecho internacional humanitario, y en la necesidad de fortalecer condiciones que faciliten el camino hacia la paz, en lugar de profundizar la confrontación."Hemos dicho y reiteramos: el cumplimiento del DIH es vital. Pero se trata, además, de construir condiciones que permitan escalar la paz, en vez de la guerra. En la guerra todas las personas sufren, todos perdemos", señaló.
Las Fuerzas Militares de Colombia mantienen un despliegue conjunto para atender la emergencia por inundaciones que afecta a varias regiones del país, como consecuencia del frente frío que impacta el centro, norte y occidente del territorio nacional.El Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizan operaciones de evacuación de población en riesgo, entrega de ayudas humanitarias y apoyo a las autoridades locales en departamentos como Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia, donde se registran las mayores afectaciones.En coordinación con la Defensa Civil y las autoridades departamentales, se han evacuado personas en condición de vulnerabilidad y se han entregado más de 80 toneladas de asistencia humanitaria, incluyendo kits de alimentación y aseo para las familias damnificadas.En zonas ribereñas, las tropas adelantan labores de contención y traslado preventivo de comunidades hacia centros de atención, además de mantener presencia institucional para facilitar las labores de los organismos de socorro.El componente aéreo ha sido clave en la respuesta. La Fuerza Aeroespacial ha transportado personal de emergencia y más de 25 toneladas de ayuda humanitaria suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con operaciones coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado instalado en Montería.Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de las comunidades afectadas, y aseguraron que mantendrán el despliegue conjunto mientras persistan las condiciones de emergencia.
Este 7 de febrero Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido como alias ‘Ñoño’, señalado como uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de Buenaventura, llegó a Colombia extraditado desde Chile. El hombre fue recibido por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado y entregado a las autoridades judiciales para que responda por múltiples delitos.Alias ‘Ñoño’ era requerido por la justicia colombiana, entre otros cargos, por el secuestro, tortura y asesinato de su hija de apenas cuatro años de edad, un crimen que conmocionó al país y que se convirtió en uno de los casos más graves registrados en el puerto sobre el Pacífico.Además, Flórez Moreno enfrenta procesos pendientes por delitos como desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.De acuerdo con las investigaciones, Flórez Moreno fue identificado como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Shottas’, una de las organizaciones ilegales con mayor influencia en Buenaventura.Su rol dentro de esta banda lo llevó a integrar el cartel de los más buscados en esa ciudad, por lo que la Gobernación del Valle del Cauca había ofrecido una recompensa de hasta $200 millones por información que permitiera su captura.Tras huir del país, las labores de inteligencia y seguimiento se extendieron por más de un año. En ese periodo, las autoridades lograron establecer que alias ‘Ñoño’ se encontraba residiendo en el sur del continente, lo que derivó en la emisión de una circular roja de Interpol. Debido a su peligrosidad y al prontuario criminal que registraba en Colombia, también era considerado uno de los delincuentes más buscados en Argentina.La captura y posterior extradición fueron posibles gracias a la cooperación internacional entre las autoridades colombianas, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile e Interpol, un trabajo articulado que permitió ubicarlo, detenerlo y concretar su entrega a Colombia.Tras su llegada al país, Flórez Moreno quedó a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en los procesos penales que tiene en su contra y responder por los crímenes que se le imputan.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, aseguró que este caso “hace parte del fortalecimiento de la política de cooperación internacional y lucha contra la impunidad impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, y subrayó que fue posible gracias al trabajo conjunto entre Migración Colombia, Interpol y las autoridades chilenas.
La violencia en la región del Catatumbo entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que comenzó hace un año, dejó más de 100.000 personas desplazadas en 2025, denunció este jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados."Tras un año de hostilidades, la población del Catatumbo está perdiendo la esperanza. El Gobierno y la comunidad internacional deben redoblar sus esfuerzos, garantizando alojamientos seguros, educación, protección y medios de vida para miles de personas que siguen viéndose afectadas por la agudización de la crisis humanitaria", afirmó el director de país del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo.Según esa organización, la población del Catatumbo, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.Eso ha provocado que más de la mitad de su población se haya desplazado, por lo que "para quienes buscan retornar, es vital que se garantice la seguridad en sus comunidades de origen", expresó Rizzo.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.Desde hace décadas, el territorio es disputado por grupos guerrilleros y paramilitares.Hace un año, el 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias de las Farc, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas, lo que sumió a la región en una grave crisis humanitaria.Esta disputa provocó además la muerte de cerca de un centenar de personas el año pasado.En ese sentido, el Consejo Noruego de Refugiados manifestó que 12 meses después de que el conflicto en el Catatumbo se intensificara, la disputa entre los grupos armados no da tregua.Una mujer que tiene cuatro hijos contó al NRC que tuvo que decirle a sus niños "que las explosiones eran solo globos de juguete que estallaban"."No puedo soportar que mi hijo crezca atormentado por el mismo terror que me persigue a mí cada día", agregó la mujer.Para evitar que esta situación se prolongue, el NRC pidió a los actores armados cesar los ataques contra la población civil y respetar el derecho internacional humanitario (DIH)."Hemos recibido informes de familias desplazadas que están siendo obligadas por grupos armados organizados a no usar ropa oscura, con el fin de evitar que sean confundidas con objetivos militares durante los enfrentamientos", expresó Rizzo, quien explicó que "lejos de ofrecer protección, estas prácticas sitúan a los civiles directamente en la línea de fuego y aumentan su vulnerabilidad".
En entrevista con Mañanas Blu, Jorge Lemus, saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace poco encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), confirmó que Colombia presentará en los próximos días un plan de acción ante el Grupo Egmont, la red internacional que agrupa a 180 unidades de inteligencia financiera en el mundo, para solicitar el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el país desde mediados de 2024.“Casualmente tengo que viajar en estos días a Tanzania a presentar el plan de acción para que nos levanten esa suspensión del grupo”, declaró Lemus en diálogo con Néstor Morales. El funcionario señaló que la misión hace parte de una gestión directa encomendada por el presidente Gustavo Petro, quien lo nombró en propiedad al frente de la DNI tras desempeñarse temporalmente en la UIAF.La suspensión de Colombia en el Grupo EgmontEl Grupo Egmont es un organismo internacional que permite el intercambio de información financiera confidencial entre los países miembros, con el propósito de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En 2024, Colombia fue suspendida temporalmente del grupo por presuntas violaciones a los protocolos de manejo de información clasificada, tras un episodio que involucró una revelación pública del presidente Petro.En octubre de ese año, el mandatario mencionó haber recibido información de inteligencia financiera relacionada con operaciones internacionales vinculadas a Israel, la cual habría sido compartida sin el debido proceso de depuración y reserva. Según explicó Lemus, el incidente no se debió estrictamente a una imprudencia presidencial, sino a una falla interna de la UIAF en el manejo y filtrado de los datos.“Más que una imprudencia del presidente Petro, fue una falla de la misma UIAF. Esa información se pasa depurada, no así como se pasó”, reconoció el funcionario. Añadió que el error consistió en haber remitido al presidente un informe completo y sin procesar proveniente de la Oficina de Inteligencia de Israel (OIA), que posteriormente fue mencionado públicamente.Lemus admitió que la responsabilidad directa recae sobre la misma entidad, bajo la dirección anterior de Luis Fernando Llinás. “Desafortunadamente sí fue una falla de la UIAF, que es la que debe asesorar al presidente sobre la reserva de la información”, dijo. No obstante, enfatizó que su objetivo no es “echar a nadie a la hoguera”, sino implementar medidas que corrijan las fallas estructurales del sistema.Entre las acciones adoptadas, Lemus anunció un nuevo decreto que regulará la divulgación de información sensible y exigirá autorización del Grupo Egmont antes de publicar datos provenientes de informes internacionales. “El decreto ya está preparado. Se solicitará a Egmont autorización expresa sobre lo que se puede divulgar y en qué forma”, explicó. Este documento será parte del plan de acción que presentará Colombia para recuperar su membresía.El exdirector precisó que el propósito del Gobierno es lograr el levantamiento de la sanción en un periodo estimado de tres meses, siempre que el grupo evalúe positivamente las medidas correctivas. “Ese es mi objetivo. No de inmediato, pero sí rápido, en tres meses que nos levanten”, afirmó.Reajuste institucional en la inteligencia colombianaDurante la entrevista, Lemus confirmó además que Isaac de León Beltrán dejó su cargo en la UIAF luego de su llegada como director encargado. “Cuando llegué a la UIAF como encargado, le acepté la renuncia. Por eso fue que salió a hablar, como suele pasar cuando se retiran funcionarios”, relató. También aseguró que no tuvo participación en un supuesto convenio con el Consejo Superior de la Judicatura para el acceso a bases de datos de magistrados, tema que señaló desconocer totalmente.El saliente director cerró su intervención reafirmando su compromiso con recuperar la credibilidad internacional de Colombia en materia de inteligencia financiera. “Se cometieron fallas, pero hay un plan de acción. Vamos a demostrar que el país mantiene su respeto por la confidencialidad y las normas internacionales”, puntualizó.La presentación del plan en Tanzania marcará, según Lemus, el primer paso concreto para que Colombia vuelva a ocupar su lugar en el corredor global de cooperación contra los delitos financieros.
El hasta ahora director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, confirmó su salida del organismo para asumir en propiedad como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), unidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus aclaró que su relevo no responde a una destitución ni a ninguna controversia interna, sino a una decisión del presidente encaminada a fortalecer la lucha contra el delito financiero en el país.“La renuncia se da porque el Presidente está haciendo unos cambios para revisar unas cuestiones que se han quedado sin ejecutar. Él me envía a la UIAF porque debemos ponerle mucho impulso a la pelea contra el lavado de activos”, explicó Lemus.De la inteligencia nacional a la financieraEl funcionario, que había asumido la dirección de la DNI en calidad de encargado desde agosto de 2024, señaló que el cambio obedece a una reorganización estratégica del Gobierno Nacional. A su juicio, tanto la DNI como la UIAF son entidades de “máxima relevancia” dentro del aparato estatal por su papel en la seguridad y la transparencia económica del país.“Ambas son muy importantes. La DNI es estratégica, pero la UIAF toca el motor de la violencia y el narcotráfico: la plata”, afirmó. Lemus explicó que sus responsabilidades al frente de los dos organismos coexistían en el marco de la Ley 1621 de 2003, norma que regula la actividad de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Sin embargo, reconoció que el esfuerzo simultáneo en dos frentes de alta exigencia resultaba insostenible. “Estar encargado de dos cargos de esta naturaleza no es viable. Por eso el Presidente me pidió concentrarme en la UIAF”, agregó.Las versiones sobre su salida y el caso BarranquillaDurante la entrevista, Lemus desmintió que su salida de la DNI estuviera relacionada con el reciente traslado de jefes de bandas criminales hacia Barranquilla. El exdirector aseguró que su intervención en este asunto se limitó a frenar un movimiento de internos ordenado por el INPEC, en el marco de acercamientos entre el Estado y grupos delictivos para reducir la violencia urbana.“Nosotros hicimos una conversación de acercamiento con las bandas de los Pepes y los Costeños. Logramos una tregua que bajó los homicidios en un 50% en Barranquilla”, detalló. “Cuando me enteré de los traslados, pedí al Ministro de Justicia y al INPEC que los suspendieran, porque no era el momento adecuado”, sostuvo el exdirector, quien negó que el comandante del proceso de paz tuviera incidencia en el hecho.Lemus confirmó además que esa mediación con las bandas continúa en curso, con una reunión prevista antes del 20 de enero para mantener la tregua pactada: “Se están haciendo las gestiones logísticas para instalar la mesa de diálogo y consolidar el proceso con los grupos armados en el Atlántico”, aseguró.Relevo en la Dirección Nacional de InteligenciaEl funcionario confirmó que René Guarín asumirá desde esta semana la Dirección Nacional de Inteligencia, mientras él completa el empalme hacia la UIAF. Sobre la continuidad del equipo directivo en la entidad, Lemus explicó que no ha solicitado renuncias, pero anticipó movimientos administrativos habituales en estos procesos.“Hasta ahora nadie se ha ido, pero es normal que muchos presenten su renuncia protocolaria y el nuevo director decida quiénes siguen”, comentó. Consultado por las críticas en torno al subdirector Wilmar Mejía, implicado en un escándalo de presunta infiltración de disidencias en la inteligencia estatal, Lemus aclaró que el funcionario se encuentra suspendido por la Procuraduría. “Su continuidad dependerá del resultado de esa suspensión y de la decisión del Presidente”, puntualizó.El exdirector aclaró, además, que Mejía no fue vinculado por él sino por su antecesor, Carlos Ramón González: “Yo no lo traje a la DNI. Sin embargo, lo propuse al Presidente en su momento porque era un hombre muy bueno en su trabajo, sobresaliente en los cursos de inteligencia”, dijo.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se suma la solicitud del mandatario al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, a quien le pidió la carta de renuncia.Florián se sumaría a la renuncia de Angie Rodríguez, quien también dejó su cargo en las últimas horas.La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Por su parte, el presidente Gustavo Petro también le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025.Con la salida de Florián, se esperan nuevos movimientos en el gabinete a tan solo siete meses de terminar el Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumple con esa condición.
El consejo de ministros que se realizó en la Casa de Nariño fue el escenario para que el Gobierno nacional presentara sus críticas en materia de lucha antidrogas, las mismas con las que llegará el presidente Gustavo Petro a Washington para discutir el tema más álgido con su homólogo Donald Trump: lo que está haciendo el Gobierno para frenar la producción de cocaína.Según el Sistema integrado de monitoreo de antinarcóticos, hay 15.159 hectáreas de nuevos cultivos de hoja de coca en Colombia. “En el 2018 los nuevos cultivos estaban en 44399, este año, en la misma época, se han reducido. No están creciendo, más bien hay una disminución del -56.9%”, dijo el general William Rincón, director de la Policía.Por su parte, el ministro (e) de defensa, Javier Andrés Vaquero, aseguró que se han hecho medio millón de operaciones de todas las fuerzas contra el narcotráfico. “Hemos llegado a 2.8 millones de kilogramos de cocaína incautada, le hemos quitado 91 billones de dólares a esta economía y 47.000 millones de dosis hemos retirado”.Unas cifras que contrastan con los datos presentados el informe de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, según el cual, Colombia batió su récord de cultivos de coca con 253.000 hectáreas en 2023. Justamente estos datos fueron tenidos en cuenta a la hora de incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro.
El traslado se realizó mediante un puente aéreo que se mantiene activo desde el pasado 5 de enero y que permitió llevar combustible esencial hasta los municipios de Mitú y Puerto Inírida.La operación se llevó a cabo desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, en Apiay (Meta), utilizando aeronaves C-130 Hércules, que completaron diez vuelos consecutivos para cumplir con la misión logística. En estos aviones se instalaron equipos especiales conocidos como BATT-TANK (Batt Bulk Aviation Transport Tank), bidones portátiles diseñados para el transporte seguro de combustible en zonas apartadas y de difícil acceso.El abastecimiento aéreo fue solicitado y coordinado por el Ministerio de Minas y Energía como respuesta a la escasez generada por el intenso verano, que ha dejado a varias poblaciones con serias dificultades para recibir combustibles por rutas fluviales. El ACPM transportado es clave para el funcionamiento de plantas eléctricas, servicios básicos y actividades esenciales en estos territorios.La operación refleja la magnitud de la emergencia logística que atraviesan las regiones del suroriente del país, donde el aislamiento geográfico se agrava durante las temporadas secas. Mientras persista el bajo nivel de los ríos, el transporte aéreo se mantiene como una de las pocas alternativas para garantizar el suministro de combustible y evitar una mayor afectación a las comunidades.