El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la consulta de precandidatos presidenciales en donde resaltan 16 opciones, entre esas, Leonardo Huerta que, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que "es alguien del común" y, por eso, "entiende las necesidades el pueblo".Reconoció que las probabilidades pueden ser menores frente a una figura con mayor reconocimiento, pero defendió la estrategia. “Tengo un 10 % de probabilidades de ganarle a Claudia López, y esa probabilidad va aumentando”, expresó. Agregó que, de lograrlo, podría convertirse en el “outsider” y aumentar sus opciones en la primera vuelta.Su discurso se centra en dos diagnósticos: la falta de gobernabilidad en los territorios y la polarización política. A partir de esa lectura, Huerta plantea reformas estructurales y una visión de centro que, asegura, puede articular sectores moderados de distintas corrientes."Yo no soy una persona adinerada, soy una persona de clase media común y corriente. Como ustedes, que he tratado de salir adelante estudiando y que he mejorado mi calidad de vida a partir del trabajo y el estudio. Y empecé a recoger firmas y logramos recoger 1.090.000 firmas, de las que nos validó 637.000 la Registraduría. Y pues estamos en la candidatura presidencial para mejorar esa situación que evidenciamos en Colombia", dijo.¿Cuáles son las propuestas de Leonardo Huerta?Una de sus propuestas va de la mano de un salario mínimo de regiones, esto porque, según él, la polarización está relacionada con la diversidad del país, la intolerancia y el centralismo. Criticó que decisiones nacionales, como la discusión sobre el salario mínimo, se adopten bajo criterios homogéneos para regiones con realidades distintas."¿Por qué no dejan que allá ellos saquen sus leyes del ruido y en la sabana de Bogotá o en Barichara ellos saquen su ley del ruido. ¿Por qué no puede haber un salario mínimo distinto en Guainía, en Baupés, o en Bogotá, o en Medellín? Entonces, ese centralismo hay que acabarlo, pero esas reformas hay que hacerlas a través de una asamblea constituyente o de unos consensos muy grandes. Y yo le digo, si llega la izquierda radical a Colombia, Silvia, y hacen una constituyente, la gente va a tener el temor que la izquierda radical se apodere del país", dijo.Plantea reformas profundas en justicia y salud. En materia judicial, considera prioritario garantizar respuestas oportunas a los ciudadanos. En salud, propone un sistema con mayor oportunidad y calidad, sin atribuir las fallas a un solo actor. “Acá es culpa de todos (…) todos tenemos culpa en las fallas del sistema”, señaló.
Las emergencias climáticas en Córdoba dejan más de 169.400 personas damnificadas y cerca de 48.000 hogares afectados. Ignacio García, coordinador de mecanismos de respuesta a emergencias de la ONG Acción contra el Hambre, aseguró que la magnitud de las pérdidas afecta “seriamente y severamente” la seguridad alimentaria de las familias.“Se reportan pérdidas de más de cinco mil doscientos treinta animales de producción, pérdidas de cultivos, pérdida de enseres y de otros elementos que son vitales en los medios de vida de las familias y, por lo tanto, en la seguridad alimentaria de las comunidades”, aseguró.Actualmente, 24 de los 30 municipios de Córdoba presentan algún nivel de afectación, es decir, el 80 % del departamento enfrenta inundaciones u otros eventos climáticos. Según la organización, los casos más críticos se concentran en San Pelayo, Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas, aunque también se han brindado apoyos puntuales al hospital de Tierralta.García subrayó que los niños, las comunidades indígenas y las mujeres gestantes y lactantes se encuentran entre los grupos con mayor nivel de riesgo.Ante esta situación de riesgo alimentario, la organización asegura haber movilizado más de 1.500 ayudas humanitarias, principalmente alimentos y elementos de protección, en comunidades como Caño Viejo y La Esmeralda, en Puerto Escondido.La ONG insistió en que la magnitud de la emergencia exige una respuesta articulada entre instituciones del Estado y actores humanitarios. Ademas, hizo un llamado a mantener el monitoreo y la coordinación ante posibles afectaciones en el mediano y largo plazo, derivadas de la pérdida de infraestructura y medios de subsistencia.
En las últimas semanas han ocurrido emergencias por lluvias en gran parte del territorio colombiano, esto debido a los efectos del cambio climático que azota no solo al país, sino a otros estados en el mundo, que han sufrido de tormentas de nieve y graves inundaciones.Precisamente, en Colombia, los departamentos más afectados han sido: Córdoba, La Guajira y Antioquia, lugares donde las crecientes de los ríos han hecho estragos dejando comunidades, viviendas y hasta animales bajo el agua y sin hogar.Los cuerpos de rescate, entre bomberos, militares y miembros de la Defensa Civil, no han tenido descanso, pues según cifras recientes ya van 69.000 familias damnificadas por las fuertes lluvias.Ideam revela el pronóstico del clima para este fin de semanaEl Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de febrero de 2026 se presentarán lluvias ligeras a moderadas en amplias zonas del territorio nacional, con algunos episodios de mayor intensidad.De acuerdo con el reporte, las regiones Andina, Pacífica y el sur del Caribe serán las más afectadas por las precipitaciones, así como sectores de la Orinoquía y la Amazonía. Para la capital del país, Bogotá, se pronostican lluvias ligeras a moderadas durante todo el fin de semana, especialmente en horas de la tarde y la noche.Viernes 13 de febreroDurante la tarde y noche se esperan lluvias moderadas a fuertes en departamentos de Amazonas, oriente y occidente de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente de Cundinamarca, centro y norte de Santander, centro y oriente del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.Asimismo, se prevén lluvia ligeras a moderadas en: Putumayo, sur del Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Huila, Tolima, occidente de Boyacá, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, Cesar y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.La parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones mayormente secas. No se descartan lluvias de variada intensidad al sur y oriente del área marítima.Sábado 14 de febreroLas precipitaciones se intensificarán, con especial énfasis en la región de la Orinoquía y zonas del Pacífico y Caribe. las lluvias de mayoir intensidad ocurrirán en sectores del sur del Amazonas, occidente del Putumayo, oriente del Caquetá, Guaviare, occidente de Guainía, norte del Vaupés, occidente de Antioquia, golfo de Urabá, centro del Tolima, occidente de Cundinamarca, norte y sur de Santander, centro y oriente del Meta, centro del Vichada, centro y norte del Chocó, Cauca, Nariño, Córdoba, sur de Bolívar y sur del Cesar.De igual forma, habrá lloviznas y lluvias ligeras en los siguientes departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, occidente de Boyacá, norte y centro de Norte de Santander, oriente de Arauca, Casanare, Sucre, sur del Magdalena, centro y sur de La Guajira, Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Cauca.Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras o lloviznas en la zona insular, con mayor intensidad hacia el suroccidente.Domingo 15 de febreroLas lluvias moderadas a fuertes continuarán en gran parte del país, incluyendo el centro y norte de la región Andina y amplios sectores del Caribe como: sectores del norte del Amazonas, Putumayo, centro y oriente del Caquetá, occidente del Guaviare, Vaupés, Antioquia, golfo de Urabá, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente y oriente del Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, centro y occidente del Meta, Casanare, Córdoba, Sucre, Bolívar, norte y oriente del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera el predominio de condiciones secas; sin embargo, no se descartan lluvias ligeras y lloviznas.El Ideam también señaló la presencia de un nuevo frente frío en el Atlántico norte, el cual no tendrá influencia directa sobre el territorio colombiano.Finalmente, la entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones climáticas, especialmente en zonas con alerta por deslizamientos e inundaciones, evitar transitar por áreas de alta pendiente y tomar medidas de prevención ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto con el cual el Gobierno fijó el aumento del salario mínimo en un 23 % para el 2026. Tras esta decisión el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, convocó a una mesa de concertación, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado obligó al Gobierno a expedir en ocho días un nuevo decreto transitorio.Por su parte, el presidente Gustavo Petro convocó a los empresarios para que asistan a la mesa de concertación."Aprovecho para invitar al gran empresariado a usar la comisión de concertación que por decisión unilateral del Gobierno se convoca para establecer dialogo y acuerdo, antes del decreto transitorio. Es un Pacto por la Vida lo que se ha propuesto", dijo Petro.Además, el mandatario dijo que los empresarios deben pagar esta quincena el sueldo con el aumento del 23 % que se fijó para el 2026."Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas. El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del consejo de estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el consejo de estado tome decisión de fondo", agregó Petro.Es importante recordar que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto pues encontró, de manera preliminar, que el Gobierno sustituyó en la práctica los criterios legales del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 (IPC, productividad, PIB, salarios en el ingreso nacional, meta de inflación) por la brecha frente al “salario vital”, que no está en la ley.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 12 de febrero:Los comediantes Ángela Ñungo y Hernán Córdoba hablaron sobre la obra 'Planchando Tusas', en la que combinan el karaoke y el humor en medio del dolor del corazón.El creador de 'Hoy es salsa', Sigifredo Turga, realizó un especial del compositor Tite Curet con sus mejores canciones.
En la mañana de este viernes, 13 de febrero de 2026, los habitantes de diversas regiones del occidente y centro de Colombia fueron sorprendidos por un evento sísmico de magnitud considerable. Según el boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:40 hora local, ubicando su epicentro a tan solo 17 kilómetros de la cabecera municipal de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.El reporte técnico indica que el sismo tuvo una magnitud de 4.7. Un dato crucial para entender el impacto de este fenómeno es su profundidad de 105 kilómetros. Generalmente, los sismos con una profundidad mayor a 70 km se clasifican como de profundidad intermedia, lo que permite que la energía se disipe de una manera que suele ampliar el área donde se percibe, aunque reduciendo la intensidad destructiva en el epicentro inmediato en comparación con los sismos superficiales.Regiones donde se percibió el movimientoPese a que el epicentro se situó en la geografía chocoana, la energía liberada se sintió con claridad en varios departamentos vecinos, especialmente debido a la consolidación de las ondas sísmicas a través de la cordillera. Las autoridades locales y reportes ciudadanos confirmaron que el sismo fue perceptible en:Chocó: Principalmente en la zona del epicentro y Quibdó.Eje Cafetero: Con reportes significativos en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío).Valle del Cauca: Se registraron reportes en Cali y municipios del norte del departamento.Antioquia: El movimiento se sintió en la ciudad de Medellín y el suroeste antioqueño.Otras zonas: También se recibieron reportes desde Ibagué (Tolima) y algunas localidades del Huila.Contexto geológico y antecedentesColombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de varias placas tectónicas, como la de Nazca, Sudamericana y la del Caribe. La región del Chocó, en particular, se encuentra en una zona de alta complejidad tectónica donde el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana genera eventos recurrentes.A diferencia de los sismos superficiales (menores a 30 km de profundidad), que suelen causar daños estructurales severos pero en áreas muy localizadas, los sismos de profundidad intermedia como el de hoy tienden a ser sentidos en un radio geográfico mucho más amplio, lo que explica por qué departamentos tan distantes como Huila y Antioquia reportaron el evento simultáneamente.
Colombia produjo en 2025 un promedio de 794,57 millones de pies cúbicos al día (mpcd) de gas, una disminución del 17,1 % con respecto a los 958,5 mpcd de 2024, señaló este jueves la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).El organismo estatal explicó en un comunicado que el resultado de 2025 equivale al 97,5 % "del perfil asociado a reservas 2P", es decir probadas y probables, y es 3,7 % superior al escenario de reservas 1P, que son las probadas."En términos técnicos, el país produjo lo previsto frente a sus reservas", agregó la información, publicada un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmara que su país importará de Venezuela gas a un menor precio, en un contexto de apertura al capital extranjero del sector de hidrocarburos de la nación caribeña.Caída en diciembreLa ANH señaló que la producción comercializada de gas natural en diciembre de 2025 fue de 692,91 mpcd, una caída del 9,4 % con respecto del dato de noviembre que esa agencia achacó a "factores técnicos y operativos".Uno de ellos es el "incremento de la inyección de gas en campos del Piedemonte", en el departamento de Casanare, para "mantener presión en los yacimientos y asegurar la mayor recuperación de líquidos y por baja nominación de consumo".Igualmente hubo "afectaciones técnicas en varios de los campos, asociados con declinación de la presión en yacimientos, incremento en la producción de agua y producción de arena, que afectan la productividad".Frente a estas dos situaciones, la ANH precisó que actualmente no hay "restricciones regulatorias a la producción de gas", ni "se han adoptado decisiones de política pública orientadas a reducir la oferta". Tampoco "se evidencia un déficit estructural de reservas" que, según diversos estudios, alcanzan para cerca de seis años.
La Corte Constitucional comenzará en los próximos días el estudio del cuarto decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica en lo que va corrido del Gobierno del presidente Gustavo Petro.En esta oportunidad, la Corte analizará el decreto 0150 de 2026, que fue expedido en la noche del pasado miércoles 11 de febrero, con el fin de recaudar, vía nuevos impuestos y otros mecanismos dictados mediante decretos con fuerza de ley por el presidente, la suma de 8 billones de pesos para atender la emergencia invernal en 8 departamentos del país, la mayoría de ellos ubicados en la Costa Caribe, entre los que está el departamento de Córdoba.En la Corte ya se hizo el reparto del expediente de la nueva emergencia y le correspondió al despacho del magistrado Miguel Polo Rosero adelantar el estudio y presentar ante sus ocho colegas de la Sala Plena la ponencia para definir si se avala o se cae este nuevo estado de excepción, que podríamos catalogar como el decreto madre, que es el sustento de las medidas que se adoptarán en las próximas horas para mitigar las consecuencias de las inundaciones.Aunque en principio y a primera vista, pareciera justificada esta nueva declaratoria de emergencia ante la magnitud del desastre causado por las lluvias, con la anegación de miles de hectáreas de tierra en Córdoba y Sucre, que deja más de 252.000 damnificados, el asunto no sería tan sencillo ni se podría dar por descontado que la Corte le dé su aval, porque los magistrados tendrán que evaluar primero si el Gobierno cuenta con las herramientas suficientes por las vías ordinarias, para atender la emergencia invernal.Entre otras cosas, algunos juristas consideran que el presupuesto para atender desastres como el que afrontan los habitantes de Córdoba y otros siete departamentos debería estar claramente definido y asignado a la Unidad de Gestión de Riesgo; por lo tanto, no debería considerarse una emergencia económica.Hay que recordar que, por un lado, va la evaluación del decreto madre de la nueva emergencia económica y, por otra vía, está la definición sobre si se caen o no los nuevos impuestos y las medidas adoptadas, conocidos como los decretos hijos.La Corte se alista para el inicio de la discusión de la nueva emergencia económica por el invierno en el departamento de Córdoba, sin definir de fondo si tumba o no la declaratoria del mes de diciembre, que permanece suspendida y es harina de otro costal.
La Procuraduría General de la Nación informó que adelanta vigilancia preventiva al contrato 267 de 2025, correspondiente a la ejecución del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Vélez, ante las dificultades reportadas para el ingreso a frentes de obra y los retrasos en el cronograma de actividades.Según informó el ente de control, se viene realizando un seguimiento continuo al desarrollo del proyecto, luego de que se alertara sobre inconvenientes que estarían afectando el normal avance de las obras y generando impactos en la movilidad y en la comunidad.En ese sentido, la Procuraduría señaló que “se requirió al contratista, a la interventoría y a las entidades competentes para que informen y documenten los avances reales de la ejecución, así como los planes de contingencia adoptados y las acciones correctivas implementadas para evitar mayores demoras”.El organismo de control también enfatizó en la necesidad de realizar inspecciones periódicas antes y después de cada jornada laboral, con el fin de prevenir taponamientos, obstrucciones en tuberías y canales, y situaciones de riesgo que puedan derivar en emergencias o daños a terceros.Además, solicitó fortalecer el acompañamiento social al proyecto, garantizando canales efectivos para la atención de peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía. De acuerdo con la entidad, este componente es clave para prevenir conflictos y proteger los derechos colectivos de la población.Finalmente, la Procuraduría advirtió que el incumplimiento de los compromisos adquiridos y de las obligaciones contractuales podría dar lugar a acciones disciplinarias.
La muerte de Beatriz González dejó un vacío profundo en el arte colombiano. La artista plástica, considerada una de las creadoras más influyentes del país, falleció el pasado viernes 9 de enero de 2026 a los 93 años, tras una vida dedicada a observar, interpretar y retratar la historia reciente de Colombia desde el arte.Este martes 13 de enero, en Mañanas Blu, la escritora y columnista Yolanda Reyes, amiga cercana de la artista, habló sobre su legado y recordó la dimensión humana y creativa de González. “Nunca terminaremos de extrañarla”, dijo, al referirse a la huella que deja una obra que acompañó al país durante décadas.¿Por qué Beatriz González transformó el arte colombiano?Reyes explicó que Beatriz González fue una figura que rompió con las formas tradicionales del arte. “Cuando le dicen la maestra, estamos pensando en una figura indiscutiblemente rompedora en el arte moderno y contemporáneo”, señaló. Destacó que nunca se acomodó a una fórmula que funcionara, sino que exploró distintas posibilidades a lo largo del tiempo.Su trabajo dialogó con lo popular, lo kitsch y la prensa escrita, y se caracterizó por el uso del color, el humor y la crítica. “Tenía el arrojo para burlarse de presidentes en ejercicio”, afirmó Reyes, al recordar cómo González se atrevió a cuestionar el poder desde el arte, sin solemnidad y con ironía.La memoria del país, vista desde su obraUno de los ejes centrales de su trabajo fue la memoria colectiva. Reyes recordó piezas emblemáticas como Los suicidas del Sisga y los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, donde la artista puso el foco en las víctimas anónimas del conflicto y la violencia.“De los poderosos se burlaba y de las almas anónimas las rescataba”, explicó, al destacar cómo González transformó recortes de periódicos en un archivo visual que da cuenta de los dolores, las contradicciones y las historias que marcaron al país durante más de medio siglo.El legado de Beatriz González como maestra y formadoraAdemás de su obra, Reyes resaltó la vocación pedagógica de la artista. Habló de su paso por la Escuela de Guías, de su trabajo con jóvenes y de su interés por formar públicos y fortalecer museos. “Ella decía que en el arte hay que repetir, repetir y repetir”, recordó.Para quienes la conocieron, Beatriz González no solo deja una obra imprescindible, sino una manera de mirar a Colombia que seguirá viva en la memoria cultural del país.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Joe Quesada, se refirió al impacto que tendrá el incremento del salario mínimo del 23,7 % en el sector de la vigilancia y seguridad privada, especialmente en materia de costos laborales y sostenibilidad del servicio. Según explicó, antes de hablar de posibles afectaciones al empleo, es necesario establecer un marco claro sobre cómo funciona la estructura tarifaria del sector y las implicaciones reales de este aumento.Quesada señaló que las tarifas mínimas del servicio de vigilancia están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fijadas por ley en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas tarifas, indicó, garantizan el pago de salarios, prestaciones sociales, recargos y costos operativos, lo que evita la precarización laboral y la degradación del servicio. Aclaró además que dichas tarifas no se definen ni por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni por la oferta y la demanda, sino que están directamente indexadas al salario mínimo.El directivo explicó que, si bien el incremento salarial implica un aumento significativo en los costos, el sector no maneja márgenes de ganancia elevados. De acuerdo con Quesada, cerca del 85% del costo del servicio corresponde a gastos laborales y el margen de utilidad de las empresas no supera el 4 o 5 %, lo que desmiente, según afirmó, versiones que señalan supuestas grandes ganancias en la industria de la seguridad privada.Frente a la posibilidad de pérdida de empleos, Quesada aseguró que no se puede afirmar de manera ligera que el alza salarial derivará en despidos masivos de vigilantes. Indicó que el sector continúa en diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los impactos del aumento y buscar soluciones conjuntas.Si bien reconoció que existen implicaciones en los costos del servicio y en las administraciones contratantes, enfatizó que Colombia sigue siendo un país con alta demanda de vigilancia presencial, por lo que los trabajadores deben contar con mejores salarios y mayores oportunidades de vida, sin que ello implique una afectación generalizada al empleo en el sector.
Blu Radio conoció la apelación de 351 páginas presentada por la defensa del antiguo secretariado de las Farc contra la sentencia de la JEP a ocho años de sanciones restaurativas. Es decir, que los máximos comandantes de la guerrilla por ese tiempo deberán reparar a las víctimas, sin ir a la cárcel.Los exjefes de la guerrilla presentaron una apelación en la que hacen fuertes críticas a la JEP.En primer lugar aseguran que los magistrados cuestionan en la sentencia el carácter político de las extintas Farc.“Las rebeliones han venido inmanentemente atadas a las exigencias de los pueblos por un nuevo derecho para dar el paso adelante. Las revoluciones liberales y de independencia de los siglos XVIII y XIX, las luchas anticoloniales del siglo XX, los alzamientos revolucionarios patrióticos, las luchas por la paz y la reconciliación de finales del XX y principios de siglo XXI, atestan de este elemento ontológico de las rebeliones.Vale entonces concluir: si bien el derecho internacional no fomenta rebeliones, teniendo cuidado de no molestar mucho el orden estatal interno, tampoco las prohíbe, pues parece reconocer que la rebelión es, sin duda, el derecho más intrínsecamente atado a la realidad de los pueblos, cuando estos hacen aparición como fuerza de la historia. Y no solo no las prohíbe, sino que brinda un marco jurídico para su desarrollo en función de la protección de determinados sujetos y bienes, incluso proporcionando diferentes instancias para su resolución. A menos que la JEP haya decidido renunciar a la caracterización constitucional del conflicto colombiano como un conflicto político, yendo en contra el contenido del Acuerdo mismo, no puede hablarse de reproche al alzamiento; desnaturalizándolo y convirtiéndolo, en la práctica, en un simple concierto para delinquir”, señala el antiguo secretariado.Además, insisten en que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones, para no vulnerar la seguridad jurídica de los comparecientes.Otro de los cuestionamientos llega por la forma en la que la JEP hizo las imputaciones, al señalar que a algunos comparecientes se les imputó por la posición que ocuparon en el grupo armado, pero no por actos cometidos.“Prima una interpretación en la cual la asignación de responsabilidad a los máximos responsables no requiere probar su relación con los hechos adjudicados, se trata de una manifestación contraria a los principios de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. El dolo y la coautoría no son simples “visiones naturalísticas”, sino garantías dogmáticas que delimitan la responsabilidad penal. Relajar la exigencia de probar el acuerdo común o la intención puede derivar en imputaciones basadas en presunciones o sospechas, lo que contradice la función garantista de una Jurisdicción que surge ante los desafueros cometidos contra los rebeldes en la justicia ordinaria”, dice el documento presentando a la JEP.Es por eso que dicen que la sanción máxima se impone no porque se hayan demostrado los hechos, si no por la posición que ocupó la persona en la extinta guerrilla. Es por eso que le piden a la Sección de Apelación tumbar este tipo de imputaciones y realizarlas bajo la verificación de que la decisión tomada por los exjefes de la guerrilla generó el resultado hallado por la jurisdicción.Sobre tortura, esclavitud y tratos cruelesEn otro apartado el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una entrategia militar y social.“La división jerárquica de la organización, así como los miles de guerrilleros, milicianos y colaboradores que hacían parte de las filas, requería un sistema de comandancias a partir del cual se pudiere controlar más y mejor a quienes eran subordinados; cuestión que, como se ha reconocido, no se logró en todos los casos, ni con todas las estructuras, pese a esto, el fenómeno del secuestro tuvo como propósito permanente, intercambiar la libertad de las víctimas por dinero, intercambiarlas por guerrilleros presos, o ejecutarlo en medio nde acciones de seguridad o control propio de una organización irregular en los territorios en los que hacían presencia, más no aprehenderlas con el fin de hacer de ellas instrumentos para torturar, asesinar, desaparecer, esclavizar, violentar sexualmente, entre otras graves conductas”, señalan los exjefes de la guerrilla. Otro de los cuestionamientos llegó por el hallazgo de la JEP según el cual hubo un patrón que se presentó con las víctimas y fue el de malos tratos, pues aseguran que la jurisdicción no les permitió defender la idea de que estos hechos no fueron una práctica o policía de las Farc, sino unos resultados indeseados.Además, los abogados de los comparecientes señalan que la jurisdicción no probó, más allá de toda duda razonable, que los exjefes de la extinta guerrilla conocían los hechos que se estaban produciendo con los secuestrados en razón de mando y control, es decir, por la posición que ocupaban.Sobre la privación de alimentos y medicamentos a los secuestrados, los exjefes de las Farc señalan que estas situaciones se presentaban, supuestamente, por “la política contrainsurgente del Estado”, a través de diferentes acciones.“Si bien las condiciones de vida en el secuestro están al límite humano que supone el hecho de privar de la libertad a una persona, esas condiciones se agudizaron debido al impacto del accionar militarista del Estado contra la insurgencia. Tanto las víctimas como las comisiones de cuidado pueden evidenciar los efectos que generaron las políticas de seguridad y defensa, influenciadas por la presión de resultados tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente considerando los elevados recursos destinados a la confrontación contra las FARC-EP. La ineficacia del Estado en la guerra y la presión por el éxito tuvo consecuencias dramáticas, como la victimización con los falsos positivos y los intentos fallidos de rescates que terminaron en tragedias”, señala el documento.Dicen, además, que por las acciones militares los secuestrados tenían que ser trasladados, los campamentos eran improvisados y las víctimas eran sometidas a caminatas largas, adjudicándole parte de la responsabilidad de las malas condiciones de los secuestrados al Estado.Piden tumbar la imputación por esclavitudNuevamente, y como lo han hecho a lo largo del proceso en la JEP, los ex comandantes de las Farc señalan que, si bien hubo casos de trabajos forzados a las víctimas, no hubo esclavitud:“Las víctimas no fueron objeto de esclavitud al no cosificarlas y que, la imposición de trabajos forzados, por sí sola, no constituía esclavitud, por lo que era relevante analizar los casos según los indicios de esclavitud que ha desarrollado la CPI”, dice el documento.Agregan que el grupo armado no buscó cosificar a las personas ni ejercer atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo y que en ningún caso se permitió ni se orientó que una persona fuera secuestrada para ser “un servidor derecho la organización bajo coacción, ni con fines de obtener beneficios a favor de esta”.Ante esta situación piden a la JEP desestimar el cargo de esclavitud.Desaparición forzada y asesinatoEn el mismo sentido, se refieren a los casos de secuestro extorsivo en los que no se realizaron los pagos y las personas fueron desaparecidas. Según los excomandantes de la guerrill, aseguran que las desapariciones forzadas fueron hechos excepcionales y no una consecuencia natural o automática de la falta de pago.“La evidencia judicial acumulada demuestra que la falta de pago no fue, ni en términos cuantitativos ni cualitativos, la causa directa o predominante de los asesinatos y desapariciones de secuestrados. La política de financiación mediante secuestros tuvo como eje la obtención de recursos, no la eliminación física de las víctimas. Pretender lo contrario implica desconocer los hallazgos de la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que, lejos de confirmar esa supuesta “consecuencia natural”, ha documentado la ausencia de un patrón generalizado que vincule el impago con la ejecución del secuestrado. Por tanto, desde una perspectiva crítica y basada en evidencia, puede afirmarse que la relación entre el no pago y la desaparición o asesinato del cautivo es una inferencia infundada, sostenida más en interpretaciones simplistas del fenómeno que en un análisis riguroso de los hechos”, se lee en la apelación.Control territorialLa apelación también señala que las extintas Farc nunca ejercieron dominio absoluto ni excluyente sobre un territorio, pues siempre estuvieron en disputa con las fuerzas militares o con otros actores armados. Es por eso que consideran que carece de fundamento el hecho de que la JEP haya dicho que hubo algunos casos de secuestro que se dieron con el fin de mantener el control territorial.“Su característica fue la de una organización guerrillera que ejercía la guerra de guerrillas de carácter móvil. La información disponible, tanto en fuentes oficiales como en los relatos de los propios comparecientes, permite constatar la existencia de una presencia armada, móvil, intermitente, estratégica y disputada. Por tanto, la calificación estricta de ciertos secuestros como actos cometidos en ejercicio de un control territorial o incluso bajo la atribución de una suerte de “ejército de ocupación", carece de fundamento factico y jurídico”, argumentan los abogados.Sobre los proyectos de sanciónAl empezar a hablar de las sanciones impuestas por la JEP en la apelación dejan claro que la ausencia de un fallo único genera un riesgo jurídico y es que la jurisdicción mantenga su potestad sancionatoria por un tiempo superior al autorizado, ocho años. Por eso, le piden a la JEP un pronunciamiento en el que quede claro que a los comparecientes no se les van a imponer sanciones después de ese tiempo.Para los exfarc, en la mayoría de territorios donde se cumplirán las sanciones persiste el conflicto, por lo que podrían estar en situación de riesgo.“La decisión apelada, omite la necesidad de contar con un análisis territorializado del riesgo que identifique amenazas específicas en cada zona de cumplimiento, así como la articulación directa con los esquemas de seguridad comunitaria, las organizaciones sociales del territorio y las autoridades locales. Del mismo modo, no establece protocolos operativos diferenciados para responder de manera inmediata ante situaciones de emergencia, ni incorpora mecanismos de participación de los comparecientes en el diseño de las medidas que les afectan, lo cual es esencial para generar confianza y garantizar la eficacia de la protección”, argumentan en el documento.Como no todos los proyectos de sanción están definidos y algunos se irán definiendo durante estos ocho años, los exfarc consideran que eso también vulnera sus derechos.“Al supeditar el contenido final de la sanción a eventos futuros e inciertos como la evaluación posterior de la suficiencia de los proyectos o la eventual imposición de nuevos, la decisión pierde su carácter de acto jurisdiccional definitivo y se convierte en una resolución preliminar sujeta a revisiones permanentes. Esta situación resulta incompatible con la figura de la cosa juzgada, cuyo propósito es conferir a las decisiones judiciales un carácter inmutable, vinculante y definitivo, garantizando así la estabilidad del orden jurídico y la confianza legítima en la administración de justicia. Este asunto es un mal precedente para los Acuerdos de Paz, y socava de manera definitiva la confianza legítima en el Estado Colombiano, pues una vez más, queda demostrado el carácter de perfidia y de clase está adquiriendo esta jurisdicción en algunas de sus decisiones”, dice el documento.Por otro lado, solicitan reorientar el proyecto de búsqueda de desaparecidos, en el de desminado humanitario dicen que se requieren conocimientos técnicos y condiciones físicas, por lo que si bien el proyecto es importante hay que dejar claro qué actividades pueden hacer los comparecientes.“Los siete miembros del último Secretariado de las FARC-EP, no solo por su avanzada edad y la ausencia absoluta de experiencia o formación en labores de desminado humanitario, se encuentran en la imposibilidad material de ejecutar actividades de despeje; además, no hacen parte de los siete operadores acreditados oficialmente en Colombia para desarrollar dicha labor, conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de AICMA”, explican los exfarc.Sobre los derechos políticosPara los comparecientes, la sentencia podría limitar los derechos políticos, en parte, porque los magistrados aseguran que una falta a los compromisos sería que los exfarc incurran en discursos revictimizantes o negacionistas.“La sentencia termina justificando una restricción preventiva y desproporcionada de derechos, que se apoya en una presunción genérica de peligrosidad política, lo cual es contrario al estándar constitucional e interamericano en materia de libertad de expresión y participación democrática. La concordancia práctica entre los derechos de los comparecientes y las finalidades superiores del SIVJRNR exige, que las limitaciones impuestas respondan a una ponderación real y concreta: ¿qué derecho se limita?, ¿qué fin específico se busca alcanzar?, ¿qué medios alternativos menos lesivos existen?, y ¿por qué la medida adoptada es estrictamente necesaria y proporcional en sentido estricto? Estas preguntas propias del test de proporcionalidad no fueron abordadas en la decisión impugnada, lo cual evidencia un déficit de motivación y razonabilidad que compromete la validez constitucional de la restricción”, dice el documento.Es por eso que piden que esta decisión sea revisada y que la participación política sea garantizada en todas sus dimensiones. Además agregan que el hecho de que las víctimas presenten proyectos de sanción no estaba estipulado en el acuerdo.“La inclusión y valoración de proyectos de sanción presentados directamente por las víctimas, así como la habilitación de escenarios de participación no previstos en la normativa vigente, constituyen actuaciones manifiestamente contrarias al marco de competencias establecido en el Acuerdo Final de Paz y en su normativa de desarrollo. Tales decisiones exceden las atribuciones conferidas a la SeRVR, desconociendo los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al tiempo que comprometen la coherencia e integridad en la implementación del Acuerdo”, advierte la apelación.Situación particular de cada comparecienteEn el mismo sentido se señala que a los siete exjefes del secretariado se les impuso una sanción de ocho años, pero que esto no puede aplicarse de la misma manera a todos los comparecientes, pues algunos de ellos deberían tener menos tiempo de sanción, uno de ellos sería Rodrigo Granda.“Se solicita a la Sección de Apelación que el tiempo de privación de la libertad que han cumplido los comparecientes Rodrigo Granda Escobar y Pablo Catatumbo, de acuerdo con cada caso particular y concreto, sea reconocido y contabilizado como parte del período de ejecución de la sanción propia, en aplicación de los principios de proporcionalidad favorabilidad y justicia material que orientan el derecho sancionatorio transicional”, piden los abogados de los comparecientes.Otra de las solicitudes de los abogados es que la JEP tenga en cuenta las actividades que realizaron los comparecientes desde la dejación de armas y que esas acciones sean tenidas en cuenta como Trabajos, Obras o acciones reparadoras.“No se contabilizaron las actividades que ejecutaron los comparecientes desde el proceso de dejación de armas. Lo anterior, no sólo quebranta la confianza legítima de los comparecientes en el marco del proceso transicional, sino, la estabilidad del proceso de reincorporación y lo pactado en la Habana”, argumenta la defensa de los comparecientes.Vigilancia electrónicaPara el antiguo secretariado de las Farc, el dispositivo electrónico con el cual van a ser monitoreados hace que las sanciones se parezcan más a las de la justicia ordinaria y no a la jurisdicción transicional.“Así se advierte que, la Sentencia objeto de apelación introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán mmonitoreados 24/7, lo que desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”, se lee en el texto.Para ellos los mecanismos de monitoreo electrónico son invasivos, por eso creem que se deben aplicar otros mecanismos de seguimiento como informes que deben ser presentados periódicamente y que den cuenta del cumplimiento de la sanción, que la supervisión la hagan entidades encargadas de la reincorporación y que se registren las actividades restaurativas realizadas por los comparecientes.Además dicen que el acuerdo de paz no obliga a los exintegrantes de las Farc a vivir en el mismo espacio donde se ejecuten las sanciones y que de ser así se vulneraría el principio de legalidad.“Esto significa que la ubicación de un proyecto restaurativo no puede obligar a un compareciente a abandonar o poner en riesgo los avances que ha logrado en su arraigo familiar, social o productivo”, argumentan los exfarc.Por eso, para ellos, los proyectos de sanción deben tener en cuenta varias cosas: condiciones de seguridad, arraigo familiar y comunitario, avances en la reincorporación de los comparecientes.Además ellos dicen que ya han cumplido con la restricción efectiva de la libertad desde que firmaron el acuerdo, pues para salir del país deben pedir permiso a la JEP.“La obligación impuesta a los comparecientes del extinto Secretariado de solicitar autorización para la salida del país, ha sido cumplida de manera efectiva durante el período correspondiente. Este cumplimiento debe ser valorado por la Sección de Apelaciones como un elemento relevante al momento de definir el alcance y ejecución de la sanción propia, en la medida en que implicó una restricción real a la libertad de locomoción y evidenció un comportamiento constante de sujeción al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En consecuencia, y conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad, resulta jurídicamente procedente reconocer dicho período para efectos del cómputo del cumplimiento de la sanción impuesta, evitando así una carga desproporcionada y garantizando la coherencia del régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz”, piden los comparecientes.Ante esta situación los exfarc le piden a la JEP que modifique, aclare o revoque algunos puntos de la sentencia relacionada con los temas desarrollados anteriormente.
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la intención de "liberar" al Caribe y al Eje Cafetero de los cobros de peajes ha generado una fuerte sacudida en el sector de infraestructura y dudas sobre la sostenibilidad financiera de las vías en la región. Mientras el Gobierno busca acelerar la salida de los privados, representantes regionales y expertos advierten sobre los riesgos jurídicos y los costos de mantenimiento que el Estado tendría que asumir. ANI evalúa terminación anticipada de Autopistas del Café.Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), confirmó que la concesión de la autopista Armenia-Pereira-Manizales, vigente desde 1997, tiene como fecha de vencimiento natural el 1 de febrero de 2027. No obstante, ante el pronunciamiento presidencial, la ANI está realizando revisiones de índole contractual para determinar si es posible una terminación anticipada dentro del marco legal."Ante esta situación estamos haciendo todas las revisiones del caso de índole contractual para poder avanzar con la mayor prontitud y evitarle al Estado un daño", indicó Uparela.Mientras tanto, el congresista Octavio Cardona centró su intervención en la sostenibilidad financiera de las vías y en la claridad del anuncio presidencial."Nada alegraría más la vida de los colombianos que no tener que pagar peajes, pero yo tengo un par de preguntas. Si la solución es quitar los peajes ¿quién le garantiza a la región 150.000 millones de pesos que vale el mantenimiento de 191 kilómetros de vía?. El problema no es quitar los peajes, esa es una bendición, el problema es la plata que vale el mantenimiento de las vías", afirmó el congresista cuestionando de dónde saldrán esos recursos en un país con un panorama fiscal complejo. Además, alertó que, si los peajes pasan a manos de Invías y no se eliminan, el dinero podría dejar de invertirse en la región para centralizarse en Bogotá, mencionando que en el pasado, fondos de Invías se han desviado a gastos ajenos a las vías, como el mantenimiento de flotas de las fuerzas armadas."Por ley la plata de cualquier concesión se reinvierte en el área objeto del recaudo. La del Invías va a Bogotá", expresó. Escuche la entrevista aquí:
El representante a la Cámara Andrés Forero informó que presentó un derecho de petición para solicitar información detallada sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados en una entidad pública, en medio de un escenario que, de acuerdo con lo expuesto por el congresista, está marcado por restricciones presupuestales.Según el contenido del requerimiento, Forero pidió precisar las funciones, perfiles profesionales, experiencia requerida y remuneración de varios cargos recientemente creados o provistos. Entre los casos mencionados se encuentra el de un cargo de internacionalista, con una asignación mensual de 22 millones de pesos, cuya creación fue cuestionada por el representante en el documento enviado a la entidad.El derecho de petición también hace referencia a un cargo de gerente de gestión humana, ocupado por una persona de 25 años de edad, con tres años de haber culminado sus estudios profesionales y con una especialización en derecho procesal civil. De acuerdo con la información solicitada, este cargo tendría una remuneración mensual cercana a los 23 millones de pesos. El congresista pidió conocer los criterios utilizados para la designación y la relación del perfil con las funciones desempeñadas.Otro de los casos incluidos en el requerimiento corresponde a un exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, quien, según lo expuesto en el documento, no contaría con experiencia previa en el sector salud y tendría una asignación mensual de 40 millones de pesos. Frente a este nombramiento, Forero solicitó detalles sobre el proceso de selección, el tipo de vinculación y la justificación técnica del salario.El representante indicó que el derecho de petición busca establecer si la creación de estos cargos y los montos salariales cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen la administración pública. En el documento, también se solicita información sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la situación financiera reportada por la entidad.Forero señaló que, una vez se conozca la respuesta oficial al derecho de petición, se evaluará la información suministrada para determinar si se requieren actuaciones adicionales en el marco de las funciones de control político que ejerce el Congreso de la República. Mientras tanto, el requerimiento permanece a la espera de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado.
La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, asegura a EFE que el presidente estadounidense, Donald Trump, no les ha impuesto ninguna condición ni les ha exigido "rendición de cuentas", y ahora que la situación se ha "normalizado" Colombia quiere estabilizar la relación con Washington usando su excedente de energía para impulsar el sector petrolero en Venezuela."Fue una conversación muy sincera, muy sin condiciones. De conocerse, de intercambiar opiniones, pero no hubo una rendición de cuentas ni nos dijeron 'tienes que hacer esto o lo otro'", explica la canciller, en una entrevista con EFE en el consulado colombiano en Madrid, donde mantendrá una serie de reuniones este fin de semana para supervisar los procedimientos para las elecciones legislativas del 8 de marzo.Es decir, que al contrario de lo que se ha especulado después de esa reunión del pasado día 3 en la Casa Blanca, la canciller asegura que Estados Unidos no les ha pedido que reanuden las fumigaciones aéreas de cultivos de coca ni les ha impuesto condiciones."Le dijimos (a Trump) a través del presidente (Gustavo) Petro que nuestra opción de lucha (contra el narcotráfico) es la erradicación permanente, que es una erradicación voluntaria", señala, indicando que el mandatario estadounidense se mostró receptivo y satisfecho.Tampoco se habló de la presencia militar estadounidense en la frontera con Venezuela, ya que en la lucha contra el narcotráfico conjunta hay una "coordinación militar en términos de inteligencia e información" con EE.UU., pero quienes actúan "son los ejércitos colombiano y venezolano".Trump, desinformadoVillavicencio habla de un escenario diferente al que se contemplaba a principios de año cuando Trump no descartaba una intervención en Colombia como la que realizó en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.Según la canciller, Trump "estaba muy desinformado de lo que es Colombia" y "no conoce América Latina". Ese acercamiento permitió establecer acuerdos para mantener la colaboración contra el crimen organizado y "poder reactivar la economía de Venezuela"."La postura de EE.UU. y del presidente Trump es bastante pragmática. Entonces, con él hay que hablar con pragmatismo para tener alguna identificación. Pero el pragmatismo no indica que los valores se dejen a un lado", subraya la ministra.En este sentido, añade, Petro habría convencido a Trump de que la sustitución de cultivos de coca por otros como café o cacao, con apoyo de la comunidad internacional, es el camino definitivo.Ahora la estrategia colombiana pasa por la interdependencia energética: "Venezuela es el país que tiene mayor reservas de petróleo en el mundo y lógicamente eso es un recurso muy importante para la economía norteamericana. Ahora bien, para sacar petróleo, se necesita energía y Venezuela no tiene la suficiente energía para ese proceso. Colombia sí la puede generar", resume Villavicencio.La propuesta que lanza es vender energía a Venezuela, restableciendo los oleoductos destruidos por años de bloqueo de Washington a Caracas, para que EE.UU. pueda explotar el crudo venezolano de forma más sostenible, pues Colombia tiene reservas suficientes y ha incrementado la generación de energías renovables como la solar.Próximos pasos con VenezuelaSobre la seguridad fronteriza, la canciller recuerda que el próximo 21 de febrero se reunirá la Comisión de Defensa binacional para coordinar acciones de seguridad en los 2.200 km de frontera con Venezuela.Pero precisamente el petróleo y la energía es el punto que más le interesa a Colombia tocar en la reunión bilateral que tendrán próximamente Petro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que aún no tiene fecha."Petro habló con ella telefónicamente y tenemos mucho interés", apunta Villavicenco, que añade que hay "voluntad" de las dos partes para reunirse y que "es posible" que la bilateral se celebre la próxima semana, pero "el lunes o martes podremos tener ya una respuesta de parte del Gobierno venezolano", aunque por el momento no la hay.El Gobierno colombiano, que no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las últimas elecciones de 2024 hasta que no se conocieran las actas, valida ahora a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "como la interlocutora de Estados Unidos" y asegura que tanto las fuerzas sociales como la oposición democrática la ven como "la presidenta interina".La continuidad en el poder "ha evitado un derramamiento de sangre, una conflictividad mayor y violencia en las calles", reflexiona. Y a partir de esta situación, Colombia quiere ahora "reactivar toda la economía del Occidente de Venezuela" y ser en sí misma un actor clave para el apoyo y la reactivación.
Desde Múnich, en el marco de la Conferencia de Seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que ningún país, sin importar su poder, está a salvo de la desinformación. Y puso como ejemplo a Estados Unidos, al señalar que incluso allí se han difundido versiones erróneas sobre el papel de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.“Cada país del mundo, sin importar cuán poderoso se considere, es vulnerable a este flagelo global conocido como desinformación y mala información”, afirmó el ministro durante un espacio en el que compartió escenario con la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas; el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz; y el canciller saudí, Faisal bin Farhan Al Saud.Sánchez citó el informe “Riesgos Globales” del Foro Económico Mundial, que ubica la desinformación como el segundo mayor riesgo global después de los conflictos entre Estados, con la advertencia de que podría convertirse en el principal en los próximos años, impulsado por herramientas como la inteligencia artificial.En ese contexto, sostuvo que la desinformación también alcanzó al presidente estadounidense Donald Trump, a quien, según dijo, “hicieron creer que Colombia no estaba haciendo nada para combatir el narcotráfico”. No obstante, tras una reunión sostenida a comienzos de mes entre Trump y el presidente Gustavo Petro, se habría logrado un entendimiento más amplio sobre la dimensión del problema.El ministro recordó que, según cifras expuestas en ese encuentro, alrededor de 316 millones de personas consumen drogas en el mundo, un dato que, afirmó, demuestra la dificultad de erradicar el narcotráfico mientras persista la demanda global. “Esto hace que sea muy difícil erradicar el narcotráfico mientras siga existiendo la demanda”, recalcó.Sánchez defendió el papel de Colombia como principal aliado en el hemisferio occidental en la lucha contra el crimen organizado transnacional y aseguró que el país ha sufrido más de 2.000 bajas, entre heridos y muertos, en sus fuerzas militares y de policía durante los últimos años en esta confrontación.
La candidata al Senado y presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, respondió en Mañanas Blu 10:30 AM a las críticas lanzadas por Sofía Gaviria, quien anunció su salida de la colectividad en medio de fuertes cuestionamientos sobre el manejo interno del movimiento. Frente al impacto electoral de esta ruptura, Betancourt fue enfática: “Aquí se va alguien y no se lleva votos”.La controversia se desató luego de que Gaviria asegurara que esperaba una colectividad democrática, con respeto por los disensos y autonomía de sus militantes, y no un partido “manejado por una sola persona”. En respuesta, Betancourt rechazó que el conflicto sea un asunto personal y sostuvo que se trata de “un problema de Sofía Gaviria con el partido”, no con ella."Nosotros no somos maquinaria, nosotros no somos clientelismo. Aquí se va alguien y no se lleva votos porque no tienen votos. Aquí lo que hay es valores y principios. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a Colombia es la posibilidad de meter al Congreso gente extraordinaria para sacar a los bandidos", añadió Betancourt.Varios conflictos con GaviriaSegún explicó la líder del partido Oxígeno, los desencuentros se originaron por varios episodios que generaron incomodidad dentro de la colectividad. La excandidata presidencial relató un incidente ocurrido en el Congreso, en el que —según dijo— Gaviria tuvo un altercado con un policía por un control de seguridad. También mencionó diferencias reiteradas en discusiones internas sobre decisiones de campaña, que, a su juicio, derivaban en acusaciones de autoritarismo cuando la mayoría no respaldaba la postura de la entonces cabeza de lista.Betancourt defendió la estructura y las reglas del partido, asegurando que a Gaviria se le dio espacio para integrar personas de su confianza dentro de la lista. No obstante, afirmó que el problema surgió cuando, en su criterio, no se respetaron los procedimientos internos ni las decisiones colectivas. "Se tiene que regir por códigos de ética, porque los partidos no pueden ser los garajes que muchos partidos son. Esto es prueba de la crisis de los partidos en Colombia. Hay problemas en todos los partidos, no solo en este", subrayó.Más allá del choque interno, Betancourt insistió en que la salida de Gaviria no compromete el futuro electoral de Oxígeno ni su personería jurídica, en un escenario donde los partidos deben alcanzar un umbral mínimo de votación para conservarla.Finalmente, la dirigente sostuvo que el partido cuenta con una lista “extraordinaria” y que la disputa interna no debe desviar la atención de lo que considera el verdadero debate electoral.
La Presidencia de la República señaló que, por el momento, no se tiene confirmada la visita de la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez a Colombia.La Casa de Nariño indicó que se sigue trabajando con la cancillería para concretar está visita.El Gobierno colombiano informó que lo que sí está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa el 21 de febrero.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo este viernes a EFE que "es posible" que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viaje a Colombia la semana próxima y que esperan tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid ante las informaciones aparecidas en varios medios colombianos sobre que la presidenta encargada de Venezuela estará en Colombia la semana próxima."Ella fue invitada a Bogotá (...). Yo creo que el lunes o martes podremos tener ya una respuesta de parte del Gobierno venezolano", añadió Villavicencio.La canciller sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, quien invitó a Rodríguez a visitar su país.Este posible viaje a Colombia sería el primero al extranjero de Rodríguez desde que juró como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro."El presidente Petro habló con ella telefónicamente y claro, tenemos mucho interés en hablar con ella, hablar con todas las fuerzas sociales", afirmó Villavicencio."Hemos hablado con la oposición democrática y pues todos reconocen a Delcy como la presidenta interina (de Venezuela)", agregó a la canciller.A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".
En medio de una agenda de alto nivel en París, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, formalizó la intención de Colombia de vincularse a la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Grave y Organizado, una alianza integrada por siete naciones del continente.Durante dos días de reuniones con autoridades francesas, el funcionario, acompañado por el embajador Alfonso Prada, sostuvo encuentros con la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin; la ministra de Acción y Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin; el ministro del Interior, Laurent Nuñez; y directivos de la agencia VIGINUM, entre otros altos funcionarios.El objetivo central es compartir información de inteligencia estratégica para desmantelar redes dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y la infiltración criminal en economías legales. La coalición está conformada por Bélgica, España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia.Según explicó el ministro, la apuesta es avanzar en un esfuerzo multinacional que permita identificar y neutralizar la infiltración de estructuras ilegales en sectores formales de la economía y golpear directamente sus finanzas.Uno de los resultados concretos fue la firma de un acuerdo técnico con el Gobierno francés para designar a un oficial de la Policía Nacional como enlace permanente ante autoridades aduaneras en Francia, con el fin de optimizar operaciones contra la delincuencia organizada transnacional.Además, Colombia puso a disposición de la Unión Europea, a través de Francia, sus capacidades militares y policiales en la lucha contra el terrorismo, incluyendo experiencia en inteligencia, investigación criminal y operaciones especiales.
El Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) acordaron respaldar la sustitución y erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Nariño y Putumayo, durante una reunión extraordinaria realizada el 11 y 12 de febrero en Inda Zabaleta y Tumaco (Nariño).De acuerdo con el acta suscrita el 12 de febrero, las partes acogieron el llamado del presidente de la República para avanzar en la meta de sustituir 15.000 hectáreas en Nariño y 15.000 en Putumayo. En el documento señalan que la iniciativa busca contribuir a la “dignificación de la vida” mediante el fortalecimiento de movimientos sociales, étnicos y campesinos vinculados a la economía cocalera.Las delegaciones también afirmaron que respaldarán y apoyarán rel inicio de las Asambleas del Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, previstas desde el 14 de febrero, en las que se definirán las condiciones para avanzar en la sustitución voluntaria en coordinación con las autoridades propias del territorio.La CNEB manifestó que respetará las decisiones comunitarias relacionadas con la protección ambiental, la no deforestación y la no resiembra de cultivos ilícitos. Asimismo, se comprometió a no interferir en el programa Renhacemos, liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), y a contribuir al cumplimiento de la meta acordada.Según lo pactado, la verificación de los avances se realizará el 31 de marzo de 2026 por parte de la DSCI, en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa de Diálogos.Finalmente, las delegaciones informaron que el séptimo ciclo de diálogos se realizará los días 11, 12 y 13 de marzo en el corregimiento de Llorente, en Tumaco, mientras que las subcomisiones preparatorias se reunirán en Bogotá el 26 y 27 de febrero.
La delegada departamental de la Registraduría Nacional, Yanira Córdoba Rivera, en diálogo con Blu Radio advirtió que durante las mesas de trabajo que se han adelantado con las demás autoridades, han identificado que tres municipios del Huila aparecen en el mapa con posible riesgo electoral principalmente por temas de orden público.Señaló la delegada para el Huila que los municipios con riesgos para el desarrollo de los comicios del próximo ocho de marzo, aparecen La Plata, Tesalia y Algeciras, donde la fuerza pública tendrá una atención y vigilancia especial para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto.“Bueno… existe un mapa de riesgo hay unas variables que ha detectado la Defensoría del Pueblo junto con la MOE y dentro de ese mapa de mayor riesgo están los municipios de La Plata, sobre todo en la zona rural, igual el municipio de Tesalia por el lado de Pacarní donde hay estadísticas que podrían afectar el proceso electoral y de igual manera se encuentra el municipio de Algeciras”, indicó la delegada para el Huila Yanira Córdoba.Agregó la funcionaria Córdoba Rivera que de manera permanente han venido realizando mesas de trabajo con la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la MOE, entre otras entidades competentes, para garantizar una jornada democrática en las mejores condiciones de seguridad para los votantes.“Hemos venido analizando con las autoridades cada uno de los puntos donde se van a instalar los puestos y las mesas de votación, 125 puestos van a estar a cargo del Ejército en la parte rural, a cargo de Policía Huila estarán 83 puestos y la Policía Metropolitana de Neiva vigilará 60 puestos de votación, eso quiere decir que todos los puestos tendrán cobertura de la fuerza pública”, anotó la delegada.De acuerdo con la Registraduría, en el Huila, habrá 268 puestos de votación de los cuales 121 son urbanos y 147 rurales, donde se instalarán 2.849 mesas en los cascos urbanos y centros poblados para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.Finalmente, la delegada de la Registraduría Yanira Córdoba explicó que el Huila tiene un censo de 937.740 huilenses habilitados para sufragar y fueron designados 19.300 jurados de votación que estarán cubriendo todos los puestos que se instalarán en todo el departamento para los comicios legislativos.
La Organización de las Naciones Unidas anunció el acompañamiento a Colombia en la implementación de soluciones para la población en situación de desplazamiento interno, tras la visita de una delegación de representantes del sistema internacional que sostuvo reuniones con autoridades y comunidades en varias ciudades del país.Según la información presentada durante la visita, en Colombia hay más de siete millones de personas en situación de desplazamiento interno y cerca de tres millones de refugiados y migrantes venezolanos. La delegación señaló que la respuesta requiere medidas que superen la atención de emergencia e incluyan acciones orientadas al acceso a vivienda, empleo y servicios básicos.Las soluciones planteadas buscan que las personas desplazadas puedan estabilizar sus condiciones de vida mediante el retorno a sus lugares de origen, la reubicación en otras zonas del país o la integración en los territorios donde residen. Estas acciones incluyen programas de vivienda, educación, atención en salud y acceso a medios de subsistencia.Durante la agenda de trabajo se revisó la aplicación de la Política Nacional de Soluciones Duraderas para Personas Desplazadas Internamente (CONPES 4180), que incorpora el desplazamiento como un asunto de desarrollo y de política pública. La delegación sostuvo encuentros con entidades del Gobierno, organismos de control y representantes de la sociedad civil.Las visitas incluyeron recorridos por Bogotá, Medellín y Quibdó, donde se presentaron programas relacionados con integración urbana, vivienda y regularización de asentamientos. En estos espacios se recopilaron testimonios de comunidades afectadas por el desplazamiento.La delegación indicó que las acciones también se articulan con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y con estrategias para atender desplazamientos asociados a fenómenos climáticos y desastres. La organización informó que continuará el trabajo conjunto con instituciones nacionales y autoridades territoriales para la ejecución de estas medidas.
La inusual ola invernal continúa generando afectaciones en todo el país, incluidas las vías. En este momento se registran 31 cierres en diferentes corredores del país, de los cuales 25 son parciales y 6 totales, según confirmó el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.Las principales afectaciones se concentran en los departamentos de Nariño, Córdoba y Magdalena, así como en la región del Urabá antioqueño. Los daños obedecen principalmente a pérdida de banca, fracturas estructurales y colapso de puentes.¿Cuáles son los cierres totales de vías por lluvias?NariñoEn el municipio de Tangua permanece el cierre total de la vía Rumichaca–Pasto, en el kilómetro 51+100, por pérdida total de banca. La ruta alterna habilitada es Pasto–Piales.Urabá (Antioquia)Se registran dos cierres totales:Vía Necoclí–Arboletes (Km 17+450), por afectación del Puente Mulatos. No hay vía alterna.Vía Arboletes–San Juan (Km 63+850), por afectación en la cabecera de puente. Tampoco cuenta con paso alterno.CórdobaLos Córdobas, vía Puerto Rey–Montería (Km 19+350), por fractura del Puente Jalisco. La vía alterna es Medellín–Caucasia–Planeta Rica–Montería.Lorica (sector Sabana Acosta), vía Tuchín–Momil (Km 23+100), por caída de puente sobre el arroyo Ejem. No hay vía alterna.MagdalenaVía Santa Marta–Palomino (Km 37+700), por colapso del Puente Mendihuaca. La ruta alterna es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.Las afectaciones viales se dan en medio de un panorama más amplio de emergencia por lluvias. Al menos 13 personas murieron esta semana en distintas zonas del país como consecuencia de las intensas precipitaciones, de acuerdo con balances oficiales conocidos este domingo.El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que un frente frío que ingresó desde el norte del continente americano hacia el Caribe colombiano incrementó en enero las lluvias en más de un 64 % frente al promedio histórico nacional.La entidad señaló que este comportamiento se presenta “en el marco de una crisis climática”, lo que ha derivado en crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y afectaciones en infraestructura vial en diferentes regiones.La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía mantiene monitoreo permanente sobre los puntos críticos y recomienda a los conductores consultar el estado de las vías.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizar que la emergencia económica decretada tras la ola invernal se concentre exclusivamente en la atención de las comunidades afectadas y la reconstrucción del territorio.Según la dirigente, la gravedad de la situación exige una respuesta rápida, firme y coordinada del Estado, pero también técnicamente sustentada y focalizada en mitigar los efectos del frente frío que golpea a estas regiones.El decreto expedido el pasado miércoles por el Ejecutivo, le da una serie de facultades al mandatario para crear impuestos que permitan recaudar el dinero pendiente. Según ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la atención de la emergencia en el corto y largo plazo requiere de al menos $8 billones y una de las medidas sería un impuesto al patrimonio.Sin embargo, para Gutiérrez, “la emergencia no debe convertirse en un vehículo para crear nuevos impuestos, ni para adoptar medidas sin relación directa con la crisis”, sino que debe servir para ejecutar mejor los mecanismos existentes.Ante eso, presentó una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta: una de ellas es que, antes de expedir decretos legislativos extraordinarios, se active plenamente el esquema de gestión del riesgo contemplado en la Ley 1523 de 2012, con medidas como la declaratoria de calamidad pública o desastre que habilita el uso ágil de recursos y acudir a la contratación directa.“También pueden usarse herramientas del presupuesto ordinario: traslados, reprogramaciones, aplazamientos y priorización del gasto. El Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 819 de 2003 permiten hacer estos movimientos para responder a urgencias, cuidando la sostenibilidad fiscal”, agregó Gutiérrez.Gutiérrez insistió en esa línea en la importancia de un análisis transparente y detallado de los recursos requeridos así como no descartar apoyos económicos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.“En vez de crear nuevas cargas fiscales que afecten la competitividad, debe revisarse el uso de partidas presupuestales sin comprometer, que podrían ser jurídicamente compatibles y reorientar parte de esos recursos a la atención inmediata y conjurar los efectos de la emergencia”, dijo Gutiérrez.Por otra parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, insistió en la urgencia de atender la emergencia en todos los departamentos afectados tanto por parte del Gobierno como por el apoyo de diferentes sectores que hoy están gestionando donaciones y otro tipo de ayudas.“Para eso estamos en este momento con varias campañas de donaciones en recursos y en especie que estamos canalizando a través de los bancos de alimentos para que le puedan llegar a las personas en el territorio lo antes posible”, dijo el líder gremial.Sobre la medida de emergencia económica que podría incluir un impuesto al patrimonio, Bruce Mac Master dijo que era antitécnica.“Esto en última significa que vamos a generar impuestos también a la generación de empleo. Son impuestos que terminan afectando a los trabajadores y a las familias colombianas. Pues bien, el Estado tiene otras herramientas que debería utilizar”, dijo Bruce Mac Master coincidiendo con Natalia Gutiérrez.Por ahora, el presidente Gustavo Petro descartó la petición de los gobernadores de usar los recursos de regalías hoy sin ejecutar y su Gobierno prepara los nuevos decretos que aclararan cuáles serían los nuevos impuestos.