Cerca de un 30 % de los 125 municipios que conforman Antioquia registra alertas electorales, lo que evidencia condiciones críticas para el desarrollo del proceso democrático en estas zonas, según el índice compuesto presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón en la Federación Nacional de Departamentos.De acuerdo con el informe, 11 municipios (8,8 %) se encuentran en nivel extraordinario, considerado el más alto, mientras que otros 25 municipios (20 %) fueron ubicados en nivel relevante. En conjunto, estas dos categorías suman 36 municipios con mayor vulnerabilidad electoral en el departamento, mientras que 60 municipios están en nivel potencial de riesgo (un 48%) y los otros 32 en nivel moderado (23.2 %).El índice también señala que el mayor nivel de riesgo se concentra en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, donde se identifican condiciones asociadas a la presencia de grupos ilegales, factor que sin duda podría afectar el normal desarrollo de las elecciones. "Contamos infortunadamente con uno de cada cuatro municipios que componen nuestro territorio o en riesgo extraordinario o en riesgo relevante. Cuando uno superpone ese mapa del riesgo electoral con la presencia de actores criminales, Clan del Golfo, ELN, disidencias, con la presencia de cultivos ilícitos de minería ilegal, encuentra una plena coincidencia", dijo Rendón.En Antioquia, el potencial electoral alcanza los 5.423.432 votantes, distribuidos en 1.282 puestos de votación y 16.142 mesas, de las cuales 705 están en zonas urbanas, 540 en áreas rurales, 31 en centros carcelarios y seis corresponden a puestos de censo.Vale la pena mencionar que la clasificación forma parte del análisis de riesgo electoral que se realiza en Colombia para identificar territorios que requieren especial atención institucional durante el desarrollo de los procesos electorales.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y dos suboficiales y siete soldados fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare.De acuerdo con el parte médico, los nueve uniformados heridos durante este combate ya se encuentran fuera de peligro y continúan bajo observación. Fueron identificados como:Sargento segundo Kevin Lions GonzálezCabo segunda Brian Murcia SánchezSoldado profesional Rubén Saurith ContrerasSoldado profesional Luis Yesid Diaz RomañaSoldado profesional De la OsaSoldado profesional José Ángel ChíaSoldado profesional Yorman Ríos CortesSoldado profesional José Epinayu RamírezSoldado profesional Yoan Castillo FernándezEl Ejército informó que posterior al ataque, enviaron refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal en esta zona del país.Asimismo, las autoridades expresaron su solidaridad y condolencias a la familia del soldado fallecido.Finalmente, señalaron que las operaciones militares continúan en el área con el propósito de brindar protección a toda la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar las acciones ofensivas correspondientes que están orientadas a ubicar y capturar a los responsables de este hecho.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en su propósito de seguir impulsando la educación en Colombia, se unió a la Universidad Europea para otorgar becas del 50 % y cursar maestrías oficiales en modalidad virtual, impartidas desde España.La convocatoria estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026. El objetivo es facilitar el acceso a formación de posgrado con estándares europeos, bajo un modelo que permita estudiar sin dejar de trabajar.¿Quiénes pueden acceder a las becas del 50 %?Si bien es una noticia relevante por parte del SENA y la UE, lo cierto es que el beneficio no está abierto al público general. Las becas están dirigidas a una población específica: personas vinculadas al SENA.Es decir, funcionarios, contratistas activos y familiares directos de funcionarios y contratistas del SENA podrán postularse a las becas.Como requisito académico, los aspirantes deben contar con título universitario de pregrado, condición indispensable para cursar una maestría oficial. Las titulaciones ofrecidas tienen validez internacional y pueden convalidarse ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, conforme a la normativa vigente.El descuento del 50 % no es acumulable con otros convenios o beneficios adicionales.¿Cómo postularme a la beca del 50 %?Para postularse a la beca del 50 % se deben seguir cuatro pasos:Manifestar el interés a través de los canales de orientación académica de la Universidad Europea.Formalizar la matrícula en uno de los programas incluidos en la convocatoria.Esperar la publicación del listado oficial de beneficiarios.Superar la verificación de elegibilidad según la vinculación con el SENA.Las maestrías se desarrollan en modalidad virtual mediante campus digitales y metodologías en línea, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que garantiza estándares académicos internacionales.Además, para conocer a cuáles maestrías aplicar, puede elegir la de su preferencia en el listado disponible en el siguiente enlace: https://colombia.universidadeuropea.com/oferta-academica/Maestrías virtuales con respaldo internacional y enfoque profesionalLa alianza hace parte de una estrategia de cooperación académica entre ambas instituciones. La Universidad Europea, considerada la primera universidad privada de España por número de estudiantes, cuenta con más de 30.000 alumnos en programas de grado y posgrado.Con esta convocatoria, el SENA busca fortalecer las capacidades profesionales de su talento humano, ofreciendo acceso a formación internacional sin necesidad de salir del país.
Más 200 policías se han desplegado en el distrito especial de Buenaventura, para reforzar la seguridad en esta ciudad tras la captura en España de Diego Fernando Bustamante, conocido en el mundo criminal como alias ‘Diego Optra', quien es el principal cabecilla de la banda crimina 'Los Shottas'.Este hombre fue detenido por las autoridades españolas en la ciudad de Madrid, donde se encontraba evadiendo a la justicia colombiana, tras más de 17 años de trayectoria criminal.En el Valle del Cauca, las autoridades se han desplegado especialmente en la comuna 12 de Buenaventura, para evitar cualquier alteración al orden público relacionada con la detención de este cabecilla."Es una captura muy importante porque es el líder de una de las organizaciones criminales de acá. La idea es que reforcemos, que trabajemos conjuntamente para que la seguridad no se vaya a alterar en el Distrito de Buenaventura, pero además hay que decir que ojalá continuemos con la mesa sociojurídica, ese diálogo que se ha venido realizando y que también nos ha ayudado mucho para que disminuyan la criminalidad", señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como la gobernadora, el clamor de la comunidad de Buenaventura es que se mantengan los diálogos de paz entre las bandas criminales para lograr la recuperación de la tranquilidad en este distrito.
El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, llegó a la ciudad de Cali para liderar la más reciente reunión de seguridad electoral para definir las acciones a realizar en el marco del 'Plan Democracia' en el suroccidente del país, de cara a las elecciones al congreso que se realizarán el próximo ocho de marzo.En este encuentro, el general López confirmó que en el Valle del Cauca hay especial cubrimiento en municipios donde en los últimos días se han registrado alteraciones al orden público, como lo son Dagua, Jamundí y Buenaventura. Mientras que en el norte del Cauca también hay una atención especial de la fuerza pública para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto."En el Valle del Cauca nos corresponden 1.152 puestos de votación que van a ser cubiertos por 8.167 soldados de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada y la Fuerza Aeroespacial, en coordinación con la Policía. Es un plan en el que se ha venido trabajando desde hace un año, donde evaluamos todas las necesidades en la llegada de los vallecaucanos a los puestos de votación", aseguró el comandante de las Fuerzas Militares.El general López señaló que aún no se ha definido si es necesario trasladar puestos de votación en la zona rural de la región. Recordemos que los personeros de Dagua y Buenaventura estaban solicitando estos traslados debido a la presencia de grupos armados en algunos corregimientos y veredas de sus municipios.
El gobierno de Venezuela cuestionó la decisión adoptada por Washington el pasado 18 de febrero de 2026, que renueva la denominada “emergencia nacional” que mantiene Estados Unidos sobre ese país desde 2015. La decisión mantiene vigente la Orden Ejecutiva 13.692, firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con la que se declaró una emergencia a partir de la situación de crisis en Venezuela y se abrió el camino para la aplicación de fuertes sanciones financieras en los años posteriores.En esa Orden Ejecutiva se declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, las autoridades venezolanas sostienen que esta medida fue concebida sin justificación real y bajo argumentos que, a su juicio, se apartan de la verdad y del derecho internacional. Además, recalcan que, once años después de su adopción, no existe ningún hecho que sustente la permanencia de esa calificación.El Gobierno de Venezuela afirmó que el país no representa ninguna amenaza para el pueblo ni para el gobierno de Estados Unidos ni para ninguna otra nación, y advirtió que la continuidad de este tipo de decisiones solo contribuye a mantener narrativas de confrontación que no reflejan los vínculos históricos, culturales y humanos entre ambos pueblos.Venezuela pidió al Gobierno estadounidense asumir un papel constructivo en la conducción de sus relaciones internacionales, abandonar los enfoques unilaterales y avanzar hacia una etapa de respeto recíproco, diálogo franco, soberanía, no injerencia y beneficio compartido.
Lo que comenzó como un altercado entre dos estudiantes, al finalizar la jornada escolar del colegio Universidad Virtual de Colombia en el barrio El Pinar de Bello, terminó con la muerte de un joven de 14 años de edad, a manos de otro adolescente de 16.Los hechos se registraron en esta institución privada cuando los dos menores de edad en un principio se agarraron a golpes y luego uno de ellos atacó al otro con una navaja, por lo que el herido tuvo que ser trasladado al hospital San Vicente Fundación, trayecto en el cual perdió la vida.Vecinos del sector narraron que el presunto agresor intentó huir tras lo sucedido, pero fue aprehendido por las autoridades. "La Policía Nacional aprehendió a un adolescente de 16 años en el municipio de Bello por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio con arma corto o pulsante. El procedimiento se adelantó adelantó de manera inmediata por parte de nuestros uniformados, quienes llegaron al lugar donde se presentaron los hechos y materializaron la aprehensión del menor", sotuvo el coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Por su parte, la secretaria de Educación (e) de Bello, Claudia Uribe Tobón, indicó que la institución activó el protocolo de convivencia y que están brindando acompañamiento a la misma ante esta situación."Ante este hecho, la institución activó la Ruta de Atención Integral de Justicia. En materia de convivencia escolar, la Secretaría de Educación ha realizado acompañamiento a la institución educativa y a los padres de familia en temas relacionados al rechazo de las violencias en entornos escolares, actualización del Manual de Convivencia Escolar y socialización de los protocolos para la atención de las diferentes violencias escolares".Por lo pronto, el joven quedó bajo custodia del ICBF, mientras avanza la investigación del caso, por el que deberá responder bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
El presidente Gustavo Petro reconoció este martes que Nicolás Maduro es un “dictador” por la concentración de poderes en Venezuela, pero negó que exista evidencia de que el mandatario venezolano esté vinculado al narcotráfico.La afirmación la hizo a través de su cuenta en X, en un mensaje en el que también lanzó duras críticas contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y contra Estados Unidos.“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU”, escribió el jefe de Estado.En el mismo trino, Petro arremetió contra Kast, a quien vinculó con el nazismo al referirse a sus orígenes familiares. “Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente”, añadió.La arremetida del presidente contra Kast se dio como respuesta a un trino de la periodista Patricia Janiot, quien lo cuestionó por llamar “nazi” y “facista” al nuevo mandatario de los chilenos.“Al presidente Petro se le olvida que su amigo Nicolás se robó las elecciones, mientras el próximo mandatario de Chile ganó con una amplia y contundente ventaja que hay que respetar aunque no le guste el resultado”, publicó Janiot en X.Aunque el presidente Petro ha reconocido en otras ocasiones el carácter autoritario del gobierno de Maduro, siempre ha sido crítico de las sanciones internacionales y de las acusaciones que lo señalan de presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Sala que investiga a los congresistas que presuntamente cometan delitos ha estado en la palestra pública por las diferencias que existen entre los magistrados César Reyes y Cristina Lombana, la situación escaló a tal magnitud que la togada radicó una queja pro presunto acoso laboral contra el magistrado Reyes.Ante esto, se conoció una carta de 6 páginas donde el presidente de la Sala de Instrucción responde cuáles fueron las razones que lo motivaron para no asistir a la diligencia de conciliación con la magistrada Lombana que provocó que otros dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia llevaran el caso hasta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.César Reyes aseguró que las decisiones cuestionadas por Cristina Lombana no corresponden a actuaciones individuales ni arbitrarias, sino al funcionamiento regular de un órgano colegiado.Para el presidente de la Sala existe un error en pretender que instancias como el comité de convivencia revisen o controviertan decisiones judiciales adoptadas por la Sala en el marco de sus funciones constitucionales.También advierte que, en el trámite de sus quejas, la magistrada habría revelado información amparada por reserva legal, como autos, actas y datos sensibles de procesos en curso, lo que afirma contraviene los deberes de confidencialidad que rigen a los funcionarios judiciales.“Es evidente que a la falta de argumentos serios, sólidos y jurídicamente estructurados que defiendan sus posturas, procura entonces la quejosa llevar el debate al plano personal”, aseguró el magistrado.César Reyes señaló que contra Lombana se han tramitado más de 50 recusaciones por diversas causales, entre ellas cuestionamientos a su independencia e imparcialidad, presuntos conflictos de interés, su situación pensional por invalidez reconocida por el Ministerio de Defensa, posibles vulneraciones al debido proceso y filtraciones de información a la prensa desde su despacho.
La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes fue citada para sesionar este miércoles 17 de diciembre. La citación se dio a última hora, cuando ya estaban terminando las sesiones de este periodo legislativo.En la agenda de la Comisión para la sesión de este miércoles están varios de los procesos contra el presidente Gustavo Petro y los congresistas deberán decidir si se archivan o no.Le puede interesar: ¿Cuándo actuará la Comisión de Acusaciones? Sectores reaccionan a sanción del CNE a campaña PetroLos primeros 19 expedientes que se van a analizar en el orden del día son contra el presidente Gustavo Petro y por diferentes razones.Además, la Comisión de Investigación también citó al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que amplíe su denuncia contra la magistrada Cristina Lobana, a quien Benedetti acusa por un presunto abuso de poder durante el allanamiento a su vivienda en Barranquilla.Benedetti deberá acudir a la Comisión de Acusaciones a las 10:00 de la mañana de este miércoles 17 de diciembre.
Luego del hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, se refirió al momento que atraviesa el sistema y a los pasos que podrían darse en adelante. En sus declaraciones, afirmó que “más temprano que tarde hay que abordar con seriedad el estudio de una reforma”, al señalar que el debate sobre cambios estructurales sigue siendo necesario.Giraldo indicó que, a su juicio, se trata de una situación que se ha repetido en otros momentos y que resulta paradójica, dado que distintos sectores coinciden en la necesidad de una reforma, pero no logran consenso sobre la manera de implementarla. En ese contexto, manifestó que el gremio estará atento a lo que ocurra si se acepta una apelación y el debate continúa en otra comisión del Congreso.El dirigente gremial sostuvo que, más allá del trámite legislativo, el Gobierno debe adoptar decisiones inmediatas para atender la coyuntura que enfrenta el sistema de salud. Señaló que las dificultades en la operación se han intensificado y que la prestación de los servicios presenta retos que requieren medidas administrativas en el corto plazo.Entre los problemas mencionados, Giraldo hizo referencia a la falta de medicamentos, el crecimiento de la cartera y otras situaciones que afectan tanto a los pacientes como a las instituciones prestadoras. Indicó que existen propuestas presentadas desde hace varios años por el sector hospitalario que aún están pendientes de decisiones por parte del Gobierno.Finalmente, el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas señaló que el desarrollo del debate dependerá de lo que defina la plenaria del Congreso frente a la apelación del archivo de la reforma.
La Defensoría del Pueblo exigió la suspensión inmediata de los ataques armados que desde la madrugada de este martes se registran en el municipio de Buenos Aires, Cauca, perpetrados presuntamente por el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, adscrito al Estado Mayor Central (EMC). Los hechos han puesto en extremo riesgo la vida e integridad de los habitantes del casco urbano, generando un escenario de emergencia humanitaria.De acuerdo con los reportes recibidos, hombres armados atacaron con explosivos la estación de Policía y varios sectores del municipio, además de instalar artefactos de alto poder destructivo en las vías de acceso, las cuales permanecen bloqueadas. Estas acciones, advirtió la Defensoría, violan de manera grave los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), al poner deliberadamente en peligro a la población civil y causar daños indiscriminados.La entidad alertó que, en medio de las hostilidades, familias enteras se encuentran confinadas o desplazadas, forzadas a abandonar sus hogares bajo amenazas directas. Entre las víctimas se encuentran adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema.La Defensoría recordó que ha emitido tres Alertas Tempranas vigentes (019-2020, 019-2022 y 036-2023) en las que advirtió sobre el riesgo de incursiones violentas en este municipio. La recurrencia de estos hechos demuestra que las medidas adoptadas por las autoridades han sido insuficientes para prevenir y proteger a la población civil.Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado urgente y categórico a todos los actores armados para que cesen de inmediato las hostilidades, se abstengan de utilizar explosivos en zonas pobladas y respeten las normas del DIH y los derechos humanos. Asimismo, solicitó a los gobiernos nacional, departamental y municipal activar con urgencia las medidas de protección, atención humanitaria y evacuación segura, garantizando el acceso a salud, acompañamiento psicosocial y corredores humanitarios.Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso de mantener presencia institucional y monitoreo permanente en la zona, recordando que la protección de la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades es una obligación ineludible del Estado y un mandato del Derecho Internacional Humanitario.
Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la banda criminal ‘Los Maracuchos’, que operaba a nivel internacional. Según las autoridades, Osorio era requerido por delitos cometidos en el país.Jairo Otero, director Regional Nariño Putumayo Migración Colombia, aseguró que el hombre tenía una circular Azul de Interpol solicitada por Colombia, por concierto para delinquir agravado.“El hombre registraba cinco órdenes de captura emitidas desde el 6 de noviembre de 2025 por un juzgado penal municipal de Bogotá, por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tortura”, indicó.Alias Mizón, mantenía presuntos vínculos con el Tren de Aragua y figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá. A propósito de esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, señaló que ‘Los Maracuchos’ tenían influencia en las localidades de Los Mártires y Kennedy, donde administraban bares, realizaban cobros extorsivos y mantenían puntos de expendio de estupefacientes.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este resultado evidencia la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.El director de la Policía, el William Rincón, resaltó la captura y el compromiso institucional de enfrentar las estructuras criminales mediante cooperación internacional, inteligencia estratégica y acción operativa sostenida.Alias 'Mizón' fue puesto a disposición de las autoridades colombianas para que responda por los múltiples delitos que se le imputan.
La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Sesenta años después de su muerte en combate, el nombre de Camilo Torres Restrepo volvió al centro del debate público. La confirmación sobre el paradero de sus restos, anunciada esta semana, cerró una de las búsquedas más largas y simbólicas del conflicto colombiano.En entrevista con El Radar, de Blu Radio, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero, fue contundente al despejar cualquier sospecha: “Para nosotros, para el equipo forense y para expertos internacionales, no hay ninguna duda de que se trata del padre Camilo Torres”.La entrega digna y el cierre de una búsqueda históricaForero explicó que la entrega digna realizada este fin de semana no fue un acto improvisado ni simbólico sin sustento técnico. Al contrario, fue el punto final de un proceso investigativo largo y complejo que incluyó trabajo de campo, análisis forenses, antropológicos y validaciones internacionales.“La entrega digna es el culmen de la búsqueda. Es un momento de dignificación y de memoria”, afirmó. Aclaró además que, según los protocolos de la Unidad, estos actos no son públicos y se realizan con las personas buscadoras, en este caso la llamada “familia social” del sacerdote.Camilo Torres y una historia marcada por la polémicaCamilo Torres Restrepo murió en 1966, en su primer combate tras unirse al Ejército de Liberación Nacional. Desde entonces, surgieron múltiples versiones sobre su muerte y, sobre todo, sobre el destino de su cuerpo. Durante décadas, esa incertidumbre alimentó una leyenda que mezcló fe, política y revolución.Fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Camilo Torres fue una figura profundamente influyente, tanto por su pensamiento social como por la controversia de haber optado por la lucha armada.Ciencia, expertos y una frase que marcó el procesoUno de los momentos clave de la entrevista fue cuando Forero defendió el rigor del trabajo adelantado: “Los cuerpos nos hablan, los cuerpos nos cuentan historias, y leer esas historias toma tiempo”. La directora detalló que incluso participaron expertos internacionales, entre ellos forenses con experiencia en identificaciones emblemáticas en otros países.Aunque el proceso enfrentó enormes dificultades —como la degradación del material genético tras 60 años—, la acumulación de evidencias permitió llegar a una certeza plena. “Esto no fue una sola prueba, fue una línea robusta de evidencias”, insistió.Con la entrega digna, la Unidad dio por concluida su misión. Lo que venga ahora, dijo Forero, pertenece al terreno de la memoria histórica y del debate social. Pero una cosa quedó clara: la búsqueda terminó y la duda, finalmente, se cerró.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Un juez condenó a 27 años y seis meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias 'El Obrero', por su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá. Los hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.De acuerdo con la investigación, alias 'El Obrero' hizo parte de una red sicarial conocida como “Las Especiales” o “Urbanos”, una estructura criminal que actuaba al servicio de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Este grupo se encargaba de ejecutar homicidios selectivos como parte de un plan para atacar a personas que eran señaladas, sin pruebas, de colaborar con otros grupos armados ilegales o de representar un supuesto riesgo para la convivencia.Las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, asesinados en distintos puntos del departamento. Según la investigación, los crímenes se cometieron en la vía Tunja, Arcabuco, en el alto de Cucaita, entre Tunja y Villa de Leyva, y en el sector conocido como Las Gemelas, sobre la vía Tunja, Paipa.Durante el proceso judicial se estableció que el hombre se hacía pasar como vendedor de minutos de celular para acercarse a las víctimas y facilitar la comisión de los homicidios. Para la justicia, estos hechos no fueron aislados, sino parte de una estrategia criminal organizada.El hombre fue condenado por el delito de homicidio agravado y la sentencia ya fue notificada en el centro de reclusión donde alias 'El Obrero' permanece privado de la libertad por otros procesos.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.