En medio de lluvias constantes y sobre un terreno con complejas superposiciones de sepulturas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó la tercera fase de intervención forense en el cementerio principal de San Vicente del Caguán, Caquetá. Como resultado, se recuperaron 11 cuerpos que ahora entrarán en proceso de identificación.La acción se desarrolló en el marco del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Norte y contempló la intervención de 19 sitios de interés forense tipo fosa. Los cuerpos corresponderían a personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado en zona rural del municipio entre 2002 y 2015, quienes fueron inhumadas como no identificadas o como identificadas no reclamadas.“Los 11 cuerpos recuperados en este campo santo ahora surtirán un proceso de identificación. Este proceso de identificación estará realizado de la mano y bajo el liderazgo incluso del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y nos queda a nosotros también este trabajo importante de ubicar a sus seres queridos en los casos en los que de pronto no se tiene conocimiento de quiénes pueden ser y avanzar hacia las entregas dignas de cada uno de ellos”, señaló Yolima Jurado, coordinadora territorial Caquetá de la Unidad.Por su parte, el antropólogo líder de la misión, Juan Pablo Rodríguez, explicó que el cementerio presenta una compleja yuxtaposición de sepulturas, lo que obliga a realizar excavaciones con mayor rigor técnico. A esta complejidad se sumaron las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes durante las jornadas de trabajo. Por ello, el equipo territorial prevé nuevas fases de intervención en el lugar.Esta fase contó con la participación de población firmante del Acuerdo de Paz, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros y de procesos organizativos como Corpo-Reconciliación. “Su participación incluyó labores de excavación, contraste de información y revisión de evidencias forenses”.Paralelamente, se desarrolló la Ruta de la Memoria, un espacio pedagógico que vinculó a organizaciones sociales, familias buscadoras, sociedad civil y entidades del territorio.“La tarea es titánica, pero a la vez también el llamado es a que todos nos comprometamos, que el ejercicio de haber firmado ese acuerdo de paz no solamente nos comprometa a nosotros como firmantes y al Estado, al gobierno, a quienes estuvimos involucrados en el conflicto, sino que toda la sociedad colombiana también se personalice de lo que ha sido esa firma de ese acuerdo y que es tan importante” aseguró Willington Quiroz, firmante del Acuerdo de Paz de la vereda Agua Bonita.
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
La violencia armada en Colombia se está reorganizando y expandiendo, y amenaza con revertir los avances alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz. Así lo advierte el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en 2025, presentado ante el Consejo de Derechos Humano.El documento señala que la confrontación entre grupos armados ilegales, organizaciones criminales y la fuerza pública afectó de manera grave territorios como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta, y Antioquia, entre otros.En estos contextos, la población civil quedó atrapada entre desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual, uso de explosivos y reclutamiento de niños y niñas.La niñez sigue siendo una de las principales víctimas del conflicto. El ACNUDH verificó 150 casos de reclutamiento de niños y niñas en 2025, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor por el subregistro . Además, documentó la muerte de 30 menores que se encontraban en situación de reclutamiento en Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander, incluidos ocho niños y siete niñas fallecidos en bombardeos.El informe también expresa preocupación por el uso de redes sociales para captar menores, exaltando el poder y el dinero asociados a la violencia. “El ACNUDH transmitió estas preocupaciones a Meta y TikTok, llamando a fortalecer la debida diligencia conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para evitar que sus servicios faciliten violaciones y abusos de los derechos de las niñas y los niños”.Sin embargo, El ACNUDH también documentó casos de reclutamiento en espacios comunitarios, donde integrantes de grupos armados establecieron vínculos afectivos para manipular a niñas con promesas de protección o apoyo económico.En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registró el uso de instituciones educativas por parte de grupos armados y enfrentamientos que interrumpieron clases. En Cauca y Putumayo, incluso se utilizaron escuelas para reclutar estudiantes indígenas nasa y murui muina, en riesgo de exterminio físico y cultural. También se reportaron amenazas y desplazamientos de docentes en varios departamentos.La oficina señala que los grupos armados continuan ejerciendo violencia de género, entre ellas violaciones sexuales, embarazos forzados y explotación sexual. “El ACNUDH conoció que estos grupos habían controlado pruebas de infecciones de transmisión sexual, prohibido el uso de métodos anticonceptivos y restringido el acceso a servicios de salud, ocasionando casos de mortalidad materna no registrada”.El informe advierte además sobre explotación sexual y trata contra niñas y mujeres, incluidas mujeres wiwas, arhuacas, jiw y nukak. También documenta feminicidios y castigos contra mujeres acusadas de mantener relaciones con miembros de estructuras rivales, y casos en los que niñas fueron obligadas a prestar labores de enfermería para grupos armados.Otro de los datos más alarmantes es el incremento del desplazamiento forzado masivo, que aumentó un 85% frente a 2024. Solo en Catatumbo, 89.013 personas fueron desplazadas en 2025, en medio de disputas por el control territorial y de economías ilícitas. A esto se suma un aumento del confinamiento del 12 %, especialmente en Chocó, Cauca y Bolívar, donde comunidades enteras vieron restringida su movilidad y acceso a medios de subsistencia.En materia de masacres, la Oficina recibió 87 alegaciones, de las cuales 53 fueron verificadas, con un total de 174 víctimas. El 95% de estos hechos fue atribuido presuntamente a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y en el 75% de los casos la motivación estaría ligada a disputas por economías ilícitas.El informe también registró 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos; en 99 casos se verificó que el asesinato estuvo directamente relacionado con su labor. Los principales afectados fueron líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, “lo que evidencia un impacto diferenciado entre quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas”.Alertan además que en Cauca y Valle del Cauca se registraron 44 ataques contra la Fuerza Pública que dejaron 21 civiles y 8 uniformados muertos, además de más de 200 personas heridas. A esto se suma la continuidad del denominado “plan pistola” en departamentos como Antioquia y la región Caribe. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos.El informe advierte que la política de “paz total”, en donde se han concretado procesos de negociación con grupos armados, no ha logrado frenar violaciones y abusos graves como reclutamiento de menores, el asesinato de líderes sociales, “ni generar procesos de diálogo con participación libre y segura de las comunidades involucradas o colocar los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones”.También expresa preocupación porque procesos por graves violaciones de derechos humanos siguen en la Fiscalía y fuera de la priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que genera incertidumbre jurídica y riesgos para los derechos de las víctimas.El ACNUDH documentó además desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la libertad como mecanismos de control social. En Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron 21 casos de desaparición en 2025. En Arauca, las privaciones de libertad pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, muchas bajo la denominada “justicia revolucionaria”, con tratos crueles e incluso asesinatos.La Oficina también advirtió que, pese a las comunicaciones enviadas al Ministerio de Defensa sobre 15 situaciones de riesgo en varios departamentos, en la mayoría de los casos las medidas adoptadas fueron insuficientes o tardías para proteger a la población.En los territorios indígenas y afrodescendientes, la ONU expresó especial preocupación por la Sierra Nevada de Santa Marta y el Chocó, donde la disputa armada, el control social y actividades como la minería ilegal y la deforestación amenazan la pervivencia física y cultural de los pueblos.La conclusión del informe señala que la persistencia del conflicto, la violencia y el control social armado están “afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. Las estrategias de control social y territorial empleadas por estos actores, sumadas al aumento de la violencia preelectoral, la polarización, la desinformación y el discurso de odio, generan riesgos para el espacio cívico y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
En entrevista en Mañanas Blu 10:30, la exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, Claudia López, celebró el repunte que registró en la más reciente encuesta de Invamer y aseguró que su campaña está enfocada en una meta clara: “La primera vuelta consiste en ganarle a De la Espriella el paso a segunda vuelta”.López calificó los resultados como una señal de que su mensaje “está calando” entre los ciudadanos. “Nos dan entusiasmo y esperanza. Es la confirmación de que la propuesta de defender lo que va bien, corregir lo que va mal y agregar lo que hace falta está llegando”, afirmó.La candidata explicó que, a su juicio, deben mantenerse avances como el incremento del salario mínimo, la reforma laboral y la reforma pensional, pero insistió en que el Gobierno ha fallado en temas clave como salud y seguridad. “Lo de salud ha sido un desastre. Que a la gente le nieguen medicamentos es inaceptable. Y en seguridad la paz total es un caos absoluto”, sostuvo.Frente a su propuesta programática, destacó la creación de un sistema público y gratuito de cuidado para mujeres, un millón de becas de educación y trabajo, y un plan de apoyo a microempresas. “Una mujer con autonomía económica no se deja humillar ni golpear. El cuidado debe dejar de ser una condena invisible”, señaló.Sobre la estrategia electoral, López rechazó la idea de “quitarle votos” a otros sectores y aseguró que su apuesta es hablarle a quienes buscan soluciones concretas y no peleas ideológicas. En ese contexto, lanzó críticas a lo que calificó como una política basada en confrontaciones personales. “Con prometer meter preso a uno u otro no se le resuelve la vida a nadie”, dijo.En cuanto a la consulta del 8 de marzo, defendió su decisión de participar y marcar distancia frente a otros líderes de centro como Sergio Fajardo, con quien dijo mantener afecto y respeto. “Yo creo que las decisiones deben tomarlas los ciudadanos en las urnas, no cuatro políticos tomando tinto”, afirmó.Al proyectar el escenario electoral, la candidata fue enfática: “Aspiro a hacer la primera votación individual el 8 de marzo”. Según su lectura, el verdadero reto inicial es superar a Abelardo de la Espriella y asegurar el paso a segunda vuelta. De cara a un eventual balotaje, anticipó que el contendor sería Iván Cepeda, de acuerdo con los sondeos.Finalmente, López hizo un llamado a votar en la consulta presidencial y reiteró su eslogan: “Soy una mujer frentera, sin corrupción y con experiencia. Esta campaña es para resolver problemas reales, no para alimentar peleas”.
Judicializaron a un cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' que habría ordenado el asesinato de Juan Espinosa, concejal de San Andrés de Cuerquia que fue baleado en vía pública. Es el segundo implicado en este crimen que es enviado a la cárcelEl pasado 16 de junio el municipio de San Andrés de Cuerquia fue epicentro de un crimen conmocionó al país entero luego de que el concejal Juan Camilo Espinosa, quien tenía una discapacidad, fuera asesinado en plena vía pública de esta zona del Norte antioqueño.Desde aquel momento las autoridades emprendieron la búsqueda de los posibles responsables y por ello es que la Fiscalía General de la Nación informó que ya fue judicializado Elkides Piedrahíta, alias 'Manaty', cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.El ente acusador señaló que alias 'Manaty' habría pedido ubicar al adolescente que perpetró el crimen luego de que le fuera entregado un arma de fuego con la que baleó al concejo que se desplazaba en su silla de ruedas cuando fue atacado.El fiscal que lleva el caso indicó que el hombre recientemente judicializado cumplió un rol protagonista dentro del crimen, al parecer, luego de coordinar el ataque sicarial."Impartió la orden que se le diera muerte al concejal Juan Camilo Espinosa y para la ejecución de ese homicidio usted, señor Elquides, dispuso la participación del menor, lo cual era conocido por usted", detalló.Aunque el fiscal le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y utilización de menores de edad para la comisión de delitos, alias 'Manaty' no aceptó los cargos y seguirá en prisión en donde estaba recluido por otra investigación.Hay que recordar que esta es la segunda persona judicializada por el asesinato del concejal de San Andrés de Cuerquia, ya que en junio ya había sido imputado e internado en un centro para menores de edad el supuesto asesino de Espinosa.
Colombia se encuentra en un momento decisivo para el desarrollo del cannabis medicinal. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene plazo hasta marzo para expedir una reglamentación técnica que definirá los estándares de calidad, control y uso de estos productos en el país. La medida busca cerrar vacíos que han limitado su integración al sistema de salud y fortalecer la confianza en su uso terapéutico.Esta reglamentación se desprende del Decreto 1138 de 2025 y responde tanto a una necesidad de salud pública como a una oportunidad económica. El mercado global del cannabis medicinal mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, lo que abre la puerta para que Colombia fortalezca su participación en esta industria.Reglas para garantizar calidad y seguridadEl nuevo marco normativo establecerá criterios técnicos obligatorios para asegurar que los productos cumplan con estándares similares a los de cualquier medicamento. Esto incluye controles sobre la composición, estabilidad y potencia de los cannabinoides.Entre los principales lineamientos que deberá definir el Invima se encuentran:Buenas prácticas de elaboración para preparaciones magistrales.Protocolos actualizados de dispensación y entrega.Estándares analíticos obligatorios para compuestos como THC y CBD.Reglas claras para ensayos clínicos.Normas estrictas sobre etiquetado, publicidad e información al paciente.Sistemas de inspección, vigilancia y control sanitario.Estas medidas buscan garantizar que los tratamientos sean seguros, consistentes y confiables para los pacientes.Uno de los principales retos del sector ha sido la falta de claridad normativa. Juan Romero, CEO de Carmen’s Medicinals, explicó que el fortalecimiento de los controles permitirá que el cannabis medicinal sea percibido como un tratamiento con respaldo científico.En paralelo, el sistema de trazabilidad será reforzado mediante la interoperabilidad con la plataforma SEED, administrada por el Ministerio de Justicia, lo que permitirá rastrear los productos desde su origen hasta el paciente.Además, el Ministerio de Salud actualizará los protocolos médicos, definiendo criterios de prescripción, seguimiento y uso seguro. Esto reducirá la incertidumbre jurídica y facilitará que más profesionales incorporen estos tratamientos.Con esta reglamentación, Colombia busca consolidar la seguridad sanitaria, fortalecer la confianza clínica y posicionarse como un actor relevante en una industria con alto potencial de crecimiento.
El Instituto Nacional de Vías presentó un balance nacional sobre las afectaciones que deja el frente frío en las carreteras del país. A la fecha, la entidad ha recibido más de 220 alertas y reportes de emergencias en distintos corredores nacionales estratégicos.Los eventos más recurrentes corresponden a pérdidas de banca, movimientos de remoción en masa, deslizamientos y socavaciones de taludes y terraplenes, situaciones que, aunque en muchos casos son puntuales, han generado cierres preventivos y restricciones por su magnitud.Dentro de los casos más críticos se encuentra el deslizamiento registrado en la vía que comunica Bogotá con Medellín, a la altura del municipio de San Luis. Allí, las lluvias provocadas por el frente frío ocasionaron la caída de entre 40.000 y 60.000 metros cúbicos de material sobre la carretera, volumen que equivale a más de 4.000 viajes en volqueta. Se trata de un corredor clave para el comercio y la conectividad entre el centro y el noroccidente del país. Desde la madrugada del evento, los contratistas trabajan en la remoción del material, un proceso que podría extenderse hasta el fin de semana, si el clima lo permite.Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales. Una persona resultó herida y permanece bajo atención médica en el hospital de San Luis, mientras que una vivienda desocupada presentó afectaciones estructurales.Ante esta contingencia, fueron habilitadas rutas alternas para garantizar la movilidad: el desvío por Medellín–Puerto Berrío–La Dorada–Bogotá y la conexión por Manizales hacia la capital del país.El balance también reporta emergencias de alto impacto en la región Caribe, particularmente en el sector de Mendihuaca, en la vía que comunica Magdalena con La Guajira. Allí se adelantará la instalación de un puente militar provisional, mientras se estructuran y contratan las obras definitivas.En Antioquia, en el Urabá antioqueño, se atienden afectaciones en dos puentes ubicados sobre los ríos Mulatos y San Juan. Los puentes militares que servirán como solución temporal ya se encuentran disponibles y serán trasladados para su instalación en un plazo estimado de mes y medio a dos meses, tiempo en el que deberán adelantarse trabajos previos de adecuación y preparación de apoyos.Finalmente, la entidad advirtió que el frente frío podría prolongarse al menos una semana más, según los monitoreos técnicos del Ideam. Por esta razón, reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, revisar el pronóstico del tiempo antes de viajar y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras avanzan las labores de atención en todo el territorio nacional.
Durante un operativo realizado en un edificio de tres pisos ubicado en la localidad de Los Mártires, la Dian, junto a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), incautó cerca de 19.286 rollos de tela de origen extranjero, con un avalúo comercial que ronda los $10.000 millones.Según la entidad, las autoridades identificaron que la mercancía no contaba con los soportes legales que acreditaran su importación, permanencia y comercialización en el territorio aduanero nacional.Destacó también que durante la intervención se evidenció la ausencia de contabilidad, inventarios o facturas que respaldaran la legalidad de los textiles.Por su parte, el representante legal del establecimiento no presentó información que coincidiera con los registros oficiales, lo que derivó en la medida cautelar de aprehensión sobre la totalidad de la mercancía.Desde la Dian aseguraron que este es un avance significativo en la lucha contra el contrabando de textiles, pues esta es una práctica ilegal que afecta la industria nacional y el empleo.Finalmente, señalaron que, por medio de estos operativos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ratifica su compromiso con la seguridad económica y la protección del comercio formal, al fortalecer la presencia institucional en centros de acopio, prevenir el ingreso de mercancías sin requisitos legales y promover una cultura de legalidad en el país.
La CAR anunció que una urbanización fue sancionada y frenada por presunta ilegalidad. En el marco de los 56 años de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a través de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita, se realizó un operativo de seguimiento y control en la vereda Tilatá, en el municipio de Chocontá.Lo que encontró la CAR encendió las alarmas. En la visita técnica se identificaron cinco construcciones de viviendas campestres no dispersas y un área destinada a uso comercial; sin embargo, el proyecto no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales.Según explicó el director de la obra a la entidad, la idea es utilizar tanques como unidades de almacenamiento temporal, con disposición final mediante recolección y transporte en camión vactor hacia un sitio que inicialmente no está autorizado.No obstante, el proyecto sería ilegal, ya que esta condición no es aplicable al estar dentro de la Reserva y no tratarse de viviendas rurales dispersas, únicas permitidas bajo la Resolución 138 de 2014.Cabe recordar que la vivienda rural dispersa es la única unidad habitacional autorizada en suelo rural de manera aislada, asociada a las dinámicas del campo y que no hace parte de centros poblados rurales ni de parcelaciones distintas a la vivienda campestre.¿Cuál es el peligro de este proyecto?El proyecto genera un alto riesgo de remoción de suelo al interior de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, lo que incumple la Resolución 138 de 2014, especialmente el artículo 6, que señala: “Los municipios no podrán, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, otorgar nuevas licencias de parcelación, ampliación y obra nueva, hasta tanto se determine el Plan de Manejo de la reserva forestal, las áreas, unidades mínimas de parcelación en suelo rural y las densidades para construcciones nuevas que mantengan el efecto protector de la reserva”.Por su parte, el director regional de Almeidas y Guatavita de la CAR, Camilo Poveda, señaló: “Recordamos a la ciudadanía que el número de viviendas estará asociado a la potencialidad y demanda de recursos naturales de la cuenca del área de influencia, con especial énfasis en el recurso hídrico, tanto en el abastecimiento como en la disposición final”.De acuerdo con lo anterior, no se cumpliría la norma de densidad máxima por hectárea concertada, pues las cinco viviendas campestres están agrupadas en un área de alrededor de una hectárea.De este modo, la autoridad ambiental reiteró su compromiso de velar por los recursos naturales e invitó a la comunidad a denunciar estas prácticas ilegales que perjudican las fuentes hídricas.
Cuando compartía la noche de las velitas acompañada de su familia, una menor de ocho años falleció tras ser alcanzada por una bala perdida en un presunto hecho de sicariato, en el municipio de Isnos, Huila. En el hecho también perdió la vida un joven identificado como Juan Carlos Alvarado, de 23 años de edad.El trágico suceso de dio en zona urbana del municipio, ubicado en el sur del Huila, donde, según las autoridades, dos hombres en motocicleta abrieron fuego contra la víctima y uno de los disparos impactó en la menor, quien falleció cuando recibía atención médica en el hospital de esa localidad.“Desde la administración municipal lamentamos profundamente los hechos suscitados, donde dos sujetos en una motocicleta, sin mediar palabra, propinan varios impactos de bala contra la humanidad del señor Juan Carlos Alvarado. Lastimosamente, una de las balas impacta en la humanidad de la niña de ocho años de edad”, expresó a Blu Radio Fabián Cuéllar, secretario de Gobierno del municipio de Isnos.Asimismo, el funcionario de la Alcaldía de Isnos hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental para fortalecer al municipio con más presencia de la fuerza pública y con herramientas tecnológicas para la Policía. Agregó que este martes se realizará un consejo de seguridad para evaluar los recientes hechos de violencia.Por su parte, el comandante de Policía Huila, el coronel Carlos Eduardo Téllez, declaró que unidades de la Sijín avanzan en la recolección de material probatorio a través de cámaras de seguridad y demás evidencias que les permitan ubicar a los responsables de este hecho de sangre que enluta a dos familias en el sur del departamento.
Un hostigamiento de guerrilleros disidentes de las Farc contra unidades de la Policía se registró en la tarde de este domingo 7 de diciembre en el corregimiento El Limón, zona rural del municipio de Chaparral, sur del departamento del Tolima. El hecho generó preocupación entre las autoridades locales y departamentales, que calificaron la acción como una amenaza directa a la estabilidad de la región.La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, condenó con firmeza lo ocurrido y aseguró que se trató de “un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio”.La mandataria expresó que estos grupos armados “pretenden silenciar a la comunidad a punta de terror, pero no lo van a lograr”, al tiempo que lamentó que el departamento enfrente nuevamente escenas de violencia similares a las vividas en décadas pasadas.Matiz subrayó que su administración no permitirá que el miedo se normalice ni se imponga sobre las comunidades. “La comunidad merece vivir en paz, no bajo la amenaza de fusiles”, afirmó, reiterando que la seguridad y la protección de los habitantes del Tolima es una prioridad del gobierno departamental.La gobernadora envió un mensaje de respaldo a la población, enfatizando que “¡el Tolima se respeta! Y nuestra gente no será jamás rehén de quienes quieren destruir la tranquilidad y la esperanza”, mientras las autoridades continúan evaluando la situación de orden público en la zona.
Se trata de José Ignacio Bustos Ruiz, alias 'Zarco', quien, según la Fiscalía, sería el responsable de más de 13 asesinatos en el departamento del Tolima, entre ellos el de un firmante de paz y un integrante de la comunidad LGTBIQ+. Bustos estaría también relacionado con el transporte de armamento ilegal, intimidaciones a la comunidad y disputas con otras estructuras por el control del territorio.De acuerdo con el fiscal del caso, los delitos se cometieron en San Antonio, al sur del departamento del Tolima, entre 2023 y 2024. El 7 de agosto de 2023 asesinó a Juan Manuel Céspedes Tique, miembro de la comunidad LGTBIQ+, y el 29 de octubre mató a Cenober Aguiar Mayor en la vereda El Diamante, un firmante de paz. Ese mismo día, Bustos asesinó a otro hombre que se encontró durante la huida luego de cometer el homicidio.“Arribaron por la parte alta o barranco de dicho lugar en la motocicleta usted, José Ignacio Bustos Ruiz, con el fin de localizar entre la multitud a la víctima Zenover Aguiar Mayor, a quien, una vez identificado, usted se le acercó y le causó la muerte al accionar sobre su cuerpo un arma de fuego tipo revólver de carga única, ocasionándole seis impactos. En el intermedio de la huida, al advertir que se acercaba una motocicleta detrás de ustedes, se detienen y esperaron a que llegaran los ocupantes de dicho automotor. Hicieron bajar de esa motocicleta, desenfundar el arma de fuego y dispararon, impactando en tres oportunidades”, explicó el fiscal.La Fiscalía encontró material probatorio no solo de estos homicidios, sino también de su rol como transportador de armas ilegales para las estructuras Ismael Ruiz y de avisar los movimientos de la Policía, el Ejército y los líderes sociales.La entidad le imputó los delitos de homicidio; concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que Bustos no aceptó.
Con el fin de proteger y garantizar la vida y los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, entre otras identidades y orientaciones sexuales nació el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTlQ+ con el Decreto 1311 de 2025.El decreto establece y define la forma de trabajo de manera articulada que se debe dar entre las autoridades tanto a nivel nacional, como local y las comunidades, sistema en el que se busca prevenir los escenarios de violencia que se presentan y atender las necesidades e incluso denuncias que presente la comunidad.“Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas, las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia de garantizar sus derechos sin excepciones. Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real y con la dignidad de cada persona en Colombia”, afirmó Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad.La Comisión Intersectorial y el Comité Técnico serán los encargados de coordinar el Sistema Nacional LGBTIQ+, quienes tendrán que mantener un monitoreo constante de las políticas públicas, las rutas de atención y acciones que se realicen dentro del marco de protección de la población.La labor se dividirá con el Observatorio de Derechos de la Población LGBTIQ+ que será el área encargada de identificar y analizar la información para evitar caer en perjuicios, obtener datos que sean verídicos y tener una lectura de Colombia que permita identificar las problemáticas existentes y cómo poder contrarrestarlas, para que el Gobierno pueda orientar los recursos en dicha población y saber que necesidades se pueden cubrir.“El decreto incorpora, además, enfoques transversales que hablan de una política moderna y sensible, derechos, territorialidad, diferencialidad, género, interseccionalidad, étnico‑racial, justicia ambiental y curso de vida. En otras palabras, reconoce que la igualdad no es uniforme; es justa cuando entiende contextos, historias y realidades que cambian entre regiones, edades, identidades y condiciones sociales” anunció el ministerio de Igualdad.El ministerio hace el llamado a la nación has promover la cultura y sumar por medio del respeto y reconocimiento de la diversidad.
La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional y el Clan del Golfo, o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia a definir prioridades claras dentro del proceso de conversación sostenido el pasado 5 de diciembre en Doha, Catar. Tras la reciente ronda de diálogo, la entidad enumeró cuatro asuntos que considera urgentes para avanzar hacia compromisos en los territorios más afectados por la violencia.En primer lugar, solicitó que se refuercen las garantías de seguridad y que se evite cualquier forma de estigmatización contra las comunidades que habitan las zonas de ubicación temporal (ZUT), donde persisten riesgos derivados de la presencia armada. La entidad recordó que, en la medida en que el Clan del golfo aún mantiene armas, el principio de distinción debe cumplirse de forma estricta para evitar que la población civil quede expuesta a nuevos riesgos.Como segundo punto, planteó que el grupo armado realice procesos formales de socialización interna para asegurar que las estructuras bajo su mando conozcan y respeten los avances logrados en materia socio jurídica. Además, insistió en que el Gobierno debe desplegar una estrategia nacional de pedagogía que llegue de manera clara a las comunidades de los municipios priorizados, para reducir la incertidumbre y fortalecer la comprensión pública sobre el alcance real de los acuerdos.La Defensoría también subrayó la importancia de que las autoridades étnico-territoriales participen de manera efectiva en las discusiones. Solicitó, además, que el Gobierno dé respuesta a las demandas presentadas por las comunidades del Chocó, las cuales han insistido en ser escuchadas como parte fundamental de cualquier construcción de paz en sus territorios.El cuarto punto exige la puesta en marcha de un mecanismo rápido que permita la entrega de todos los menores de 18 años vinculados al grupo ilegal. También pide que se suministre información completa sobre los niños, niñas y adolescentes fallecidos o desaparecidos dentro del Clan del golfo, y que se elimine de manera definitiva cualquier forma de instrumentalización de menores en el conflicto armado e incluso aquellas que consisten en asignarles tareas logísticas o roles indirectos dentro del grupo.Estas recomendaciones se suman a los compromisos recientemente anunciados por el Gobierno nacional, que incluyen la prohibición total del reclutamiento de menores, medidas frente a los flujos migratorios, acciones para proteger los ecosistemas, el “respeto y no interferencia a la paz electoral en procesos políticos electorales nacionales y territoriales” y mayor respeto por las reglas del Derecho Internacional Humanitario.La Defensoría destacó la importancia del acompañamiento internacional y del mecanismo tripartito que verificará el cumplimiento de lo pactado. En su pronunciamiento final, la Defensoría expresó que estos avances generan esperanza, pero advirtió que solo tendrán impacto real si se aplican con rigor en los territorios donde las comunidades siguen reclamando paz.
Un total de 11 universidades del país realizaron un estudio en el marco de la iniciativa "Cuidar la Democracia", liderada por las universidades de Los Andes, EAFIT, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, CESA, UTB y UNAB. Esta encuesta la respondieron 1.700 personas en 81 municipios en áreas rurales y urbanas. Todas las personas eran mayores de edad.Uno de los datos que arrojó este estudio es que al menos el 62% de los colombianos encuestados considera que la democracia está en riesgo."Ahora tenemos una democracia que normalizó la corrupción y que no ha atendido la desigualdad que es el mayor problema de este país. Algo que es muy interesante es que las personas que contestan dicen que más allá de la ideología no están viendo resultados que atiendan las necesidades de los ciudadanos, es una exigencia de que la democracia no está ateniendo los dolores de la población, entre ellos la corrupción la desigualdad", explicó Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes.En el estudio también se puede evidenciar que los colombianos consideran que el voto hace la diferencia, por lo que es importante participar activamente en la política."Les parece que el voto es muy importante y que esa es la manera en la que el ciudadano tiene participación en su democracia. Eso nunca coincide con lo que pasa en realidad porque por miles de inconvenientes la gente ese día no sale a votar", explicó Bernal.Además, se refirió a un tema sobre el que se ha hablado mucho recientemente y es la información falsa que se puede ver en diferentes escenarios."Mucho de lo que ha ocurrido con la democracia y la razón por la que está tan polarizada y frágil tiene que ver con las redes y la desinformación. Yo lo que creo que es muy importante es que todos actuemos frente a eso, hay una corresponsabilidad con la democracia. La encuesta también dice que es muy importante que las instituciones educativas estén al frente de eso, los países con mejores democracias son los países donde la educación es de mayor calidad", explicó la rectora de Los Andes.
Pese a que muchas cifras de violencia aumentaron el año pasado en Colombia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que el país está en un camino de paz desde que se firmó el acuerdo con las Farc en 2016, pero debe evitar un retroceso mayor que lo lleve de vuelta a sus peores años de conflicto."Creo que hoy no estamos en una situación de derechos humanos como la que había antes del acuerdo. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero nuestro informe describe diferentes violaciones de derechos humanos que son indicadores de que hay riesgo de un retroceso", expresó Campbell.Su despacho presentó este jueves el informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que según el diplomático, apunta a "prevenir que Colombia vuelva a la situación que había antes de 2016" por el aumento de los desplazamientos forzados y los asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otros.Violencia que no cesaEl informe señaló que en 2025 el conflicto "afectó agudamente" varias regiones del país, como el Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.Los grupos armados han provocado en estas zonas desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.En ese sentido, Campbell destacó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 87 alegaciones de masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, 16 revisadas y 18 consideradas "no concluyentes", lo que significa una disminución del 15 % frente a los casos de 2024.Estas matanzas son cometidas en su mayoría "por los grupos armados no estatales por razones de control territorial, control sobre la sociedad para intimidar y, sobre todo, para garantizar acceso a sus rutas para las economías ilícitas"."Ese es un dato muy positivo, pero al mismo tiempo hay aumento de desplazamiento el año pasado, un 85 % en comparación con 2024; hay más confinamiento, y hay más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, un aumento de un 11 %", expresó.En términos de desplazamiento, el notorio crecimiento estuvo impulsado por la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.El confinamiento, entre tanto, aumentó un 12 %, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Bolívar, con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes como principales víctimas.Ese encierro fue provocado por los paros armados de grupos como el ELN que restringen las actividades económicas básicas de las comunidades.Erosión del liderazgo socialLa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales pudo confirmar 99.En 39 casos las personas eran defensoras pero no se pudo determinar un nexo causal entre el homicidio y su labor, mientras que 69 alegaciones fueron consideradas como no concluyentes."Esto es un problema con causas estructurales, causas profundas, que no son fáciles de resolver", manifestó Campbell, quien señaló que el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, "ha hecho avances" en aspectos como las "garantías para personas defensoras de derechos humanos".Sin embargo, el representante de la ONU afirmó que falta "implementación de estas políticas" y de otras como la de "desmantelamiento del control de los grupos armados no estatales" en algunas zonas del país."Tienen un control sobre la sociedad y el territorio y un resultado (de esto) es una tasa de homicidios de personas defensoras de derechos humanos muy alta, completamente inaceptable", expresó.Campbell recordó que la protección de defensores de derechos humanos es una obligación del Estado, según el derecho internacional humanitario (DIH) por lo que insta al Gobierno de Petro, que termina el próximo 7 de agosto, a "tomar acciones más concretas para implementar estas políticas".
El registrador, Hernán Penagos, estuvo en un evento con el procurador, Gregorio Eljach, sobre paz electoral. Desde allí se refirió al proceso electoral que se dará el próximo 8 de marzo. Penagos respondió a algunas de las polémicas y narrativas que se han creado según las cuales podría haber fraude en elecciones.En un primer momento, Penagos hizo referencia a las consecuencias de la desinformación, recordando el ataque que sufrieron algunos funcionarios de la entidad en Gamarra por una información falsa.“¿Cuánto le tiene que costar a la nación colombiana mantener la democracia de nuestro país? ¿Cuánto más se tienen que degradar las instituciones? ¿Cuánto más tiene que golpearse la economía? ¿Cuánto más tienen que sufrir las personas, generar hostilidades y de pronto hasta padecer vidas humanas? No puede ser que un semejante asesine a otro por política ¿Será que no podemos ser más racionales y simplemente ver esto como un proceso democrático donde unos ganan y otros pierden?”, señaló el registrador Penagos.En el mismo sentido el registrador reiteró que se le han otorgado todas las garantías a todos los partidos y candidatos e incluso hizo un llamado frente a la inscripción de testigos electorales, un proceso que hacen las organizaciones políticas.“Puede haber cuatro millones de testigos en las elecciones del 8 de marzo. En cada mesa de votación pueden, y si los partidos quieren y hoy los llamo, designen todos los testigos que estimen pertinente que pueden ser 30 por cada mesa. Millones de personas están al frente del proceso electoral ¿Habrá lugar a alguna incidencia? ¿Habrá lugar a alterar algún dato con tantos ojos y tantas personas al frente del proceso electoral? No hay manera para crear narrativas de esa naturaleza”, dijo Penagos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta en X que la fuerza pública activó todas sus capacidades para ubicar a los candidatos Andrés Vásquez, aspirante al Senado por el partido Conservador, y Anita Guetío, candidata a la Cámara Especial por la Paz, quienes fueron reportados como desaparecidos en hechos ocurridos en Cesar y Cauca.Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, Andrés Vásquez fue visto por última vez en el municipio de Pelaya, mientras que Anita Guetío desapareció en zona rural de El Tambo. Frente a esta situación, aseguró que se desplegó de manera inmediata la capacidad operativa de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia.“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la fuerza pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, señaló el ministro, al detallar que se activaron componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.El ministro enfatizó que la fuerza pública no permitirá que el miedo o la violencia interfieran en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país. “La institucionalidad está firme, el Estado está presente y no descansaremos hasta esclarecer estos hechos”, afirmó.Además, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los desaparecidos, garantizando absoluta reserva y protección a quienes colaboren. “Cada dato es clave y puede ser decisivo”, puntualizó, al reiterar que Colombia no retrocederá ante la criminalidad.
En un momento de alta tensión política y en vísperas de los próximos ciclos electorales, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ha formalizado su proceso ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Armando Wouriyu Valbuena, vocero de dicho comité, defendió e Mañanas Blu la iniciativa como una respuesta a las "leyes de la naturaleza" y a la urgencia de millones de colombianos que buscan ajustes estructurales en el Estado.Descentralización y deuda con los territoriosEl argumento central de Wouriyu Valbuena para justificar una nueva Constitución radica en la descentralización efectiva. Según el vocero, la actual República está diseñada principalmente para beneficiar a las grandes capitales como Bogotá, Medellín y Cali, dejando en la exclusión a los bordes territoriales, las áreas fronterizas y a más de 15 millones de campesinos.A pesar de que la Constitución de 1991 ya contempla la autonomía regional, Wouriyu sostiene que no ha existido voluntad política ni intelectual en el poder legislativo para implementar estos mandatos. Como ejemplo, citó que solo hasta mayo de 2025 se pudo concretar la primera entidad territorial indígena, amparada en facultades de la propia carta del 91 que tardaron décadas en materializarse.El fin del "modernismo europeo" y la ética del EstadoWouriyu asocia el sistema democrático actual con un "modernismo europeo" que considera agotado. Para el vocero, es necesario adecuar la República a un momento "contemporáneo", superando estructuras que, a su juicio, han fomentado una "estética de la corrupción" heredada de siglos atrás.Esta propuesta implica, según sus palabras, realizar ajustes en el sistema de pesos y contrapesos (ramas ejecutiva, legislativa y judicial) para que las instituciones funcionen en favor de la vida y la paz, eliminando obstáculos que han mantenido una deuda pública no resuelta por 207 años.Reelección y el futuro de las institucionesAl ser consultado sobre si esta Constituyente busca facilitar la reelección del presidente Gustavo Petro, Wouriyu calificó estas afirmaciones como "especulaciones periodísticas" y de sectores sociales específicos. No obstante, al profundizar en el tema, señaló que la reelección es algo que "hay que analizar" y que inicialmente no estaba en su consideración, pero que ahora surge en el debate público.Escuche aquí la entrevista:
Las víctimas de este primer caso de secuestro en 2026 son dos empleados de una comerciante del sur del departamento, quienes fueron plagiados el pasado 20 de enero en la zona rural de Íquira.Según información preliminar, la pareja se trasladó desde Isnos hasta la vereda Río Negro, en Íquira, tras una citación dirigida a la dueña del establecimiento donde trabajaban. Al parecer, la convocatoria fue realizada por disidencias que exigían el pago de una extorsión.“Desafortunadamente, desde enero de este año se presentó un hecho en el que fueron secuestradas dos personas por integrantes de organizaciones armadas ilegales en el occidente del departamento. La Policía Nacional, a través del Gaula, ubica a los familiares y a las posibles víctimas, quienes fueron requeridas por estos criminales con el objetivo de exigir dinero a cambio de la libertad de sus empleados”, explicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Las autoridades ya iniciaron la investigación y despliegan operativos en la zona para lograr la liberación de la pareja y dar con el paradero de los responsables.“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y nuestro Gaula de la Policía, se han realizado actividades judiciales y la recolección de elementos documentales, testimoniales y tecnológicos para dar con la ubicación de estas personas”, señaló el comandante del Departamento de Policía Huila.Por último, hizo un llamado a la comunidad para denunciar e informar a las autoridades sobre cualquier pista que permita localizar a las dos personas, que lamentablemente hoy continúan secuestradas.En esta zona del Huila opera la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván ‘Mordisco’.
La familia de Jonathan Mauricio Román Giraldo vive días de angustia tras confirmarse su muerte en la guerra entre Ucrania y Rusia. El colombiano, nacido en Manizales y residente toda su vida en Bogotá, falleció el pasado 14 de febrero durante una operación militar en zona fronteriza, luego de que el grupo en el que combatía fuera impactado por un dron.La historia fue relatada por su primo, Luis Eduardo Castriñón, quien contó que Jonathan había sido integrante de la Policía y, más recientemente, trabajaba como programador de software en el sector privado. Sin embargo, el 29 de octubre de 2025 tomó la decisión de viajar a Europa y enlistarse en unidades que combaten del lado ucraniano.Según el relato familiar, en el ataque murieron cuatro combatientes: dos colombianos, un peruano y un brasileño. La noticia solo fue confirmada oficialmente el 20 de febrero, días después de que comenzara a circular en redes sociales con fotos. Posteriormente, el comandante del grupo al que pertenecía ratificó que Jonathan había perdido la vida en medio de la misión.Desde entonces, la familia ha iniciado una carrera contrarreloj para intentar repatriar el cuerpo. Sus allegados viven en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Sierra Morena, y aseguran que no cuentan con los recursos económicos para asumir los costos ni los trámites internacionales que implica traerlo de regreso.El proceso, explican, ha sido especialmente complejo por las condiciones de guerra. Ante la falta de representación consular activa en Ucrania, han intentado establecer contactos con autoridades diplomáticas en países cercanos, como Polonia, sin obtener resultados concretos hasta ahora.“Estamos tocando todas las puertas posibles para que su familia pueda darle el último adiós”, señaló su primo, quien hizo un llamado para visibilizar el caso y buscar apoyo institucional o humanitario. Mientras tanto, los familiares continúan gestionando ayuda en medio del dolor y la incertidumbre, con la esperanza de que el cuerpo de Jonathan pueda regresar a Colombia.
El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha marcado una clara distancia frente a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, un tema que ha generado intensos debates en el entorno del gobierno del presidente Gustavo Petro. En diálogo con Mañanas Blu, el alto funcionario reveló que, desde el momento en que aceptó liderar la cartera, manifestó su desacuerdo con este proceso, priorizando una agenda técnica sobre las causas políticas que han caracterizado a otros sectores del Ejecutivo.Una postura técnica frente a la políticaCuervo explicó que, al reunirse con el presidente Petro para aceptar el cargo, la única observación que planteó fue su posición respecto a la constituyente. El ministro fue enfático al señalar que este tema no debe ser manejado desde el Ministerio de Justicia. "Yo no creo que ese tema deba estar en el ministerio. Nosotros tenemos una agenda técnica, eso es un tema político. Creo que eso me saca del foco de lo que yo quiero hacer", afirmó el funcionario. Según su relato, el mandatario recibió esta postura con total tranquilidad, aceptando que el tema no formara parte de las prioridades de la cartera.Esta posición contrasta significativamente con la del exministro Eduardo Montealegre, quien, durante su paso por el gobierno, convirtió la constituyente en una causa personal y ministerial con especial protagonismo. Cuervo, por el contrario, ha mantenido su compromiso con las políticas de gobierno en las que está concentrado, sin que su negativa a firmar el proyecto haya generado conflictos internos en el gabinete.¿Iniciativa ciudadana o política de Estado?Para el ministro Cuervo, el proceso hacia una constituyente sigue siendo un "proyecto ciudadano" y no una política oficial del gobierno nacional. Su argumento se basa en que, si el Ejecutivo tuviera la intención formal de convocarla, habría presentado un proyecto de ley directamente ante el Congreso. En cambio, la iniciativa es promovida por ciudadanos, y cuando el presidente o sus ministros firman las planillas, lo hacen a título personal, con su nombre y cédula, sujetos a la validación de la Registraduría como cualquier otro ciudadano.El ministro relató incluso una anécdota ocurrida durante un Consejo de Ministros en Cartagena. Mientras otros miembros del gabinete firmaban la planilla en un momento de distensión, a él no se la ofrecieron porque sus colegas conocen y respetan su postura. "Lo han tomado incluso con bromas y con tranquilidad", señaló, enfatizando que este tema no ha sido objeto de discusión en las sesiones formales del Consejo de Ministros, donde se priorizan decretos de emergencia y otras políticas públicas.Escuche aquí la entrevista:
La Cancillería colombiana había confirmado que el presidente Gustavo Petro y la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvieron una conversación telefónica en la que acordaron una visita oficial para afianzar relaciones en materia energética, de seguridad y cooperación en las fronteras.Fuentes cercanas a la Casa de Nariño confirmaron que dicho encuentro está previsto para el próximo 14 de marzo en Cúcuta. Se haría en zona de frontera para dar un mensaje de cooperación de ambos países en esa región en materia de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico.Cabe mencionar que este encuentro fue precedido por la propuesta del presidente Gustavo Petro de buscar un diálogo tripartito. “Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, a ella la conozco desde el principio de todo esto (la crisis con Estados Unidos), la invité a Colombia, y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana y evitar que, como Colombia, pueda estallar en violencia", dijo en su momento.Luego en la reunión del mandatario con Donald Trump se planteó que Colombia participe activamente de una recuperación económica en el vecino país a través de cooperación en materia de energía y una alianza entre Ecopetrol y Monómeros. En ese punto también se centraría el encuentro, además de otros temas económicos como la zona binacional creada entre ambos países.La propuesta sobre Ecopetrol la explicó la canciller desde Washington, en entrevista con Blu Radio: “Ofrecemos que el gas lo podemos convertir en energía que se necesita para la exploración petrolera y sería un gana a gana para todos. Además tenemos la salida por Puerto ballenas por donde ellos podrían sacar su gas y poderlo vender a nivel internacional. Como eso tiene restricciones y sanciones, fue cuando se planteó por parte de Trump que era necesario levantar restricciones y esperamos que en estos meses se logre esa solución y se puedan hacer los planes de trabajo porque hay que restablecer tubería y demás, quizás en un año eso sea una realidad”.
Desapareció Andrés Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador, luego de que su familia reportara que salió de madrugada en Pelaya (Cesar) rumbo a Aguachica y su vehículo apareció estacionado, con puertas abiertas y sus pertenencias adentro. En entrevista con Mañanas Blu, su esposa, Adriana Avendaño, aseguró que desde que se le perdió el rastro “nadie se ha comunicado” y que no habían recibido amenazas previas.La desaparición fue reportada en Pelaya, en el sur del Cesar, donde el aspirante al Senado se encontraba visitando a su padre. De acuerdo con la información conocida públicamente, Vásquez se disponía a salir hacia Aguachica alrededor de las 6:00 a. m., pero sus allegados notaron que el carro “aún seguía estacionado”, lo que encendió las alarmas.La escena que encontró la familia resultó clave para descartar, al menos en principio, un hurto común: “Las pertenencias del candidato se encontraban en el vehículo” y “las puertas del carro estaban abiertas”, según el reportea. Ese detalle, sumado a la ausencia total de contacto, sustenta la hipótesis —todavía sin confirmación oficial— de un posible secuestro o retención ilegal.“No se ha sabido absolutamente nada”: la voz de la esposaEn conversación radial con Néstor Morales, Adriana Avendaño, esposa del candidato, relató que la desaparición se detectó “a eso de las 5 de la mañana” y que, hasta el momento de la entrevista, “no se ha sabido absolutamente nada”. Su testimonio enfatizó un punto que hoy pesa en la evaluación del caso: “en ningún momento hemos recibido amenazas”, lo que deja abierta la pregunta sobre el móvil y los responsables.La entrevista también reconstruyó, desde la versión familiar, el momento previo a la desaparición: el candidato estaba en el pueblo y se alistaba para salir a Aguachica, mientras su padre permanecía en casa. Avendaño advirtió que la falta de comunicación no encaja con los hábitos del candidato ni con la situación familiar, por lo que —en su lectura— “aparentemente” sí podría tratarse de un secuestro.Autoridades analizan si fue secuestroMientras avanzan las verificaciones, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, indicó que la situación se está analizando con Policía y Ejército “para verificar si se trató de un secuestro”. Esa revisión institucional marca el punto de partida formal para establecer línea de tiempo, posibles testigos, rutas de salida del municipio y cualquier evidencia alrededor del vehículo hallado.Aunque no hay una atribución directa a un grupo armado en los reportes citados, el caso ocurre en un contexto regional atravesado por riesgos de seguridad y disputas de control territorial que suelen afectar la movilidad y la actividad política. Por ahora, lo que existe es una denuncia pública de desaparición y la confirmación de que se activaron revisiones de fuerza pública para determinar la naturaleza del hecho.Violencia electoral: otro caso en el suroccidenteEl episodio se conoció el mismo día en que también se denunció la desaparición de Ana (Anita) Güetío, candidata a la Cámara en una curul especial de paz, cuyo equipo reportó pérdida de contacto tras actividades proselitistas entre Nariño y Cauca, con último registro en zona rural de El Tambo y desplazamiento hacia Morales. En ese caso, el comunicado de campaña pidió activar “de manera urgente todos los mecanismos de búsqueda” y señaló que el último contacto fue hacia las 8:40 p. m.La coincidencia temporal de ambos hechos reaviva el debate sobre garantías de seguridad para candidatos y equipos de campaña, especialmente en territorios con presencia de actores armados y antecedentes de retenciones. En el caso de Vásquez, el Partido Conservador y la familia han pedido acelerar la búsqueda y esclarecer si se trató de una desaparición forzada o secuestro, a partir de los indicios hallados en Pelaya.Qué se sabe y qué falta por esclarecerHasta el momento, la información pública se resume en tres puntos: la desaparición ocurrió en Pelaya cuando el candidato se preparaba para viajar a Aguachica, su vehículo fue hallado con puertas abiertas y pertenencias dentro, y las autoridades locales evalúan el caso para establecer si hubo secuestro. A eso se suma la declaración de su esposa sobre la inexistencia de amenazas previas y la ausencia de comunicación o exigencias, elementos que aumentan la incertidumbre sobre el paradero y el móvil.El desenlace dependerá de resultados de búsqueda, verificación de cámaras o testigos, rastreo de comunicaciones y el avance de las autoridades en una zona donde los traslados tempranos y las vías secundarias suelen complicar la trazabilidad. Por ahora, el caso sigue en desarrollo y se mantiene como una alerta de alto impacto en la campaña al Congreso en el Cesar.