El presidente Gustavo Petro realizó este martes una alocución sobre las elecciones del 8 de marzo. En medio de su discurso se refirió a las dudas que tiene sobre el software para los comicios e insistió en los testigos electorales para evitar un supuesto fraude, sugiriendo que las mesas de votación deben ser impugnadas.“Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, es decir lo que dijo la empresa privada que hubo en esa mesa, pero si se impugna,son los jueces de las comisiones escrutadoras los que van a abrir las urnas y contarán los votos para ratificar si lo dicho es cierto. Entre más mesas impugnadas más claridad”, dijo.Cabe mencionar que el preconteo no lo hacen empresas privadas, sino los jurados de votación que son ciudadanos seleccionados para desempeñar esa labor. No es ilegal, pero tampoco tiene un valor jurídico, simplemente es utilizado para que la opinión pública conozca el conteo de forma más rápida. Lo que sí tiene valor jurídico es el escrutinio a cargo de comisiones en las que hay jueces y notarios.El presidente está insinuando que deberían impugnarse las mesas para mayor claridad sin embargo, al ser 125.000 en todo el país, esto retrasaria significativamente los procesos pero además es algo que solo se hace cuando hay indicios claros de irregularidades, no ante la sospecha o prevención.Durante su intervención, el mandatario también advirtió que perseguirán a los compradores de votos y habló de una nueva herramienta para identificarlos el día de las elecciones. Además, informó que han aparecido 14 hechos de este tipo en todo el país y una serie de capturas en los departamentos de Antioquia, Sucre, Magdalena, Meta, Cauca y ahora en La Guajira.“Le solicito a la UIAF, dado que ahora hemos pasado a métodos modernos de compra del voto como las transacciones financieras en línea, hacer las investigaciones en la Unidad de análisis financiera del Minhacienda que trasladadas a la Fiscalía indiquen de qué lugares, celulares y personas se están transmitiendo dineros multitudinarios el día de las elecciones. Este nuevo sistema es detectable”, concluyó
La Aeronáutica Civil aseguró que, por ahora, no habrá modificación en la reglamentación que rige los slots, que son las franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado. Esta posición difiere de la emitida por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hace solo 24 horas.Tras una visita de delegados de la Procuraduría a la sede de la entidad y en una reunión donde también estuvo presente Paula Bernal, gerente general en Colombia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, la Aerocivil aclaró que se aumentará el monitoreo de estas frecuencias pues continuarán alineados con los estándares internacionales en materia de slots.“En tal sentido se comunicó la conformación del equipo técnico de monitoreo que, desde la Aeronáutica Civil, iniciará un proceso riguroso de revisión y análisis orientado a establecer conclusiones precisas frente a la asignación y cumplimiento de slots para El Dorado, lo que permitirá tener estadísticas claras en torno a las temporadas de verano (summer) e invierno (winter) con una data precisa, permitiendo evaluar técnicamente el uso que se hace de los slots en el país”, detalló la entidad.Además, dice la Aerocivil, contarán con el acompañamiento y capacitación de la IATA, la misma que respaldó la decisión de mantener la normativa actual.“Conservar el esquema actual aporta estabilidad al sector y permite una operación bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje. Así mismo, la implementación del monitoreo del uso de los slots permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria”, indicó en un comunicado la asociación internacional.Según el director general Luis Alfonso Martínez, el objetivo de esta iniciativa es avanzar con el sistema de monitoreo hacia un modelo de organización más armónico, transparente y equitativo en la asignación de slots.Hoy esto está determinado a través del RAC3 (Reglamento Aeronáutico de Colombia) que dice, entre otras, cómo asignar las franjas o turnos específicos para aterrizaje y despegue, organizados cada 6 meses, considerando la capacidad técnica del aeropuerto y mantiene unos derechos Históricos para ciertas aerolíneas que tienen prioridad sobre los slots utilizados en temporadas anteriores y establece que los slots no utilizados deben ser redistribuidos; estos dos puntos han sido plan de críticas.Justamente, el pasado lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, detalló la ministra.
El Ministerio de Minas autorizó de manera temporal el transporte terrestre de diésel en carrotanques desde las plantas de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia Nariño con el fin de garantizar el suministro de combustibles.La medida de contingencia llega, luego de que Ecopetrol, según el ministerio, no entregara el volumen de diésel requerido través de Reficar para ese departamento y que el poliducto Yumbo–Buenaventura esté en mantenimiento, impidiendo un traslado vía marítima desde el puerto hasta Tumaco.La cartera anunció, incluso, que iniciará una investigación y proceso sancionatorio contra la petrolera por incumplir con el plan de abastecimiento en contra del reglamento expuesto.“El riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete al departamento de Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”, aseguró el ministerio.Para el ministerio, Ecopetrol no acató lo establecido en la resolución 01853 de 2024, que estableció el plan de abastecimiento de combustibles para Nariño indicando que el diésel debía transportarse por vía marítima desde la Refinería de Cartagena, o desde puertos alternos del norte del país, hasta la planta ubicada en la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco, bajo un esquema logístico específico.Asimismo, el Ministerio señala el incumplimiento de las Resoluciones 00148 y 00208 de 2026, que, entre otras, detallaban las regulaciones en aspectos técnicos y operativos del transporte marítimo, incluyendo condiciones sobre el punto de incorporación de biocombustible, la marcación del producto y parámetros técnicos como la lubricidad.
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la tutela presentada por la congresista Marelen Castillo Torres contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había anulado su inscripción como candidata al Senado por el Centro Democrático.La decisión judicial mantiene en firme la determinación del CNE, que revocó la candidatura al considerar configurada la prohibición constitucional de doble militancia. El organismo electoral sostuvo que su condición de excandidata vicepresidencial y beneficiaria del Estatuto de la Oposición implicaba su afiliación automática al partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.El abogado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, apoderado de Castillo, había interpuesto recurso de apelación contra la sentencia del 25 de febrero de 2026, dentro del proceso relacionado con la negativa a permitir su inscripción como candidata al Senado.La defensa argumentó que, aunque en 2022 Castillo fue candidata a la Vicepresidencia junto a Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, tras las elecciones y el posterior reconocimiento de personería jurídica de esa colectividad, ella no tuvo injerencia en la conformación del partido, por lo que no debería configurarse doble militancia.Según el apoderado, al no estar afiliada formalmente a un partido con personería jurídica y en ejercicio de su derecho fundamental a la participación política, aceptó la postulación al Senado para 2026 avalada por el Centro Democrático, inscripción que, afirmó, se presentó dentro de los términos y con el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.En un recurso previo de reposición, la defensa también sostuvo que la afiliación política es un acto personal, voluntario y expreso, que no puede presumirse únicamente por el reconocimiento de personería jurídica de una colectividad o por la asignación de una curul en aplicación del Estatuto de la Oposición.Pese a estos argumentos, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó las pretensiones de la congresista y deja vigente así la anulación de su candidatura al Senado.
Este lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera y del Gobierno Nacional para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.Según la funcionaria, la iniciativa responde a las múltiples quejas de diferentes sectores, en especial a los usuarios, por el alto valor en los tiquetes en ciertas regiones.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, estalló la ministra.Y es que esta iniciativa ha recibido críticas desde algunos sectores y choques entre aerolíneas, pues algunas sí consideran que el sistema actual favorece a quienes ya tienen gran parte de los slots disponibles, lo que limita la competencia y puede elevar los precios de los tiquetes.“Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden, el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural. Siempre va a haber pocas, y dentro de esas pocas, hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado”, agregó Rojas.Por ahora, no hay un borrador de decreto listo, pero sí una etapa de análisis profundo para modificar las reglas actuales y abrir más oportunidades a distintas aerolíneas, evitando que pocas compañías dominen los horarios más demandados.Una de las quejas, por ejemplo, ha llegado por parte de la aerolínea JetSMART, que opera en Colombia desde hace dos años con un modelo de tarifas bajas y ultra bajo costo, está entrando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, lo que implica mayor reconocimiento internacional y cumplimiento de estándares globales de seguridad y operación. En este contexto, la compañía busca competir de manera más directa con las grandes aerolíneas que dominan el mercado colombiano, especialmente en horarios de alta demanda en vuelos domésticos.El CEO y fundador de JetSMART, Estuardo Ortiz, dijo en BLU Radio, que aunque la empresa ha crecido todavía enfrenta limitaciones por la asignación de slots en aeropuertos como El Dorado en Bogotá. Según Ortiz, los grandes competidores controlan una gran mayoría de estos horarios clave, lo que dificulta el crecimiento de aerolíneas más pequeñas y limita la oferta de opciones y precios para los viajeros.Por eso, JetSMART pide que las autoridades revisen cómo se distribuyen esos slots para que haya más competencia real y, potencialmente, los pasajes aéreos puedan bajar de precio. La idea es que con más competencia en horarios atractivos para los pasajeros, no solo se beneficien las aerolíneas nuevas, sino también los viajeros con más opciones y tarifas más accesibles.La IATA, por su parte, insistió en la necesidad de implementar un sistema de monitoreo alineado con los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que son estándares internacionales para aeropuertos congestionados. Según la asociación, el uso inadecuado o la falta de aplicación de estas normas limita la eficiencia operativa y frena la apertura de espacios más competitivos en los horarios más demandados.
El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, rechazó este martes las acusaciones de que la nación persa fuese a atacar a Estados Unidos realizadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que justificó la operación militar a gran escala como un movimiento "preventivo"."Rubio admitió algo que todos sabíamos: Estados Unidos decidió entrar en la guerra a favor de Israel. Nunca existió una supuesta amenaza de Irán contra Estados Unidos", dijo Araqchí en la red social X.El canciller iraní añadió que el "derramamiento de sangre de estadounidenses e iraníes" es responsabilidad de quienes creen en "Israel Primero".Rubio justificó el lunes (hora local estadounidense) que la operación militar a gran escala lanzada el sábado contra Irán fue un movimiento "preventivo", ya que, según dijo, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.Según el secretario de Estado, Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Oriente Medio. Por ello, afirmó, el presidente, Donald Trump, tomó la "sabia decisión" de golpear primero.Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado un ataque a gran escala contra Irán, en el que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.Teherán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses.Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares.
A partir de las 8:00 de la mañana del próximo 8 de marzo, millones de colombianos podrán salir a votar para la conformación del nuevo Congreso de la República al igual que en la consulta de los precandidatos presidenciales antes de la primera vuelta en el mes de mayo.No obstante, los amantes del fútbol siguen al pendiente de su equipo en este primer semestre de la Liga BetPlay, pero al haber ley seca u otras restricciones por las elecciones se preguntan si este fin de semana se disputará o no la liga local, siendo la respuesta es que no, pero sí hay algunos partidos programados durante estos días.¿Por qué no hay fútbol colombiano durante elecciones?La decisión corresponde a una decisión por parte de la Dimayor de respetar y el compromiso por el proceso democrático en Colombia, por ende, al no haber eventos programados se facilita el despliegue de la fuerza pública y el tiempo de las personas para asistir a las urnas para ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral.¿Qué partidos habrá durante el fin de semana de elecciones?Si bien no habrá fútbol el 8 de marzo, Dimayor sí confirmó partidos para el viernes, sábado y lunes para poner al día el calendario de la Liga BetPlay, respetando el proceso electoral.Estos son los partidos de la Liga BetPlay este fin de semanaViernes, 6 de marzoDeportivo Cali vs. Once Caldas / 8:30 p.m.Sábado, 7 de marzoÁguilas Doradas vs. Atlético Nacional / 4:00 p.m.Lunes, 9 de marzoMillonarios vs. Cúcuta Deportivo / 6:20 p.m.¿Cuándo volverá a la normalidad la Liga BetPlay?El calendario habitual de la Liga Habitual regresará el 13 de marzo cuando se dé inicio a la fecha 11, la cual irá hasta el domingo 15 con el duelo de cierre entre Junior de Barranquilla y Fortaleza en el Rogelio Martínez.
Uno de los temas que sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos y precandidatos a la Presidencia de la República son los bombardeos contra grupos ilegales, pues en anteriores Gobiernos no solo ha cobrado la vida de delincuentes sino también de menores de edad que han sido reclutados. Por eso, el exminsitro de Defensa Juan Carlos Pinzón explicó en entrevista con Recap Blu su posición en caso de ocupar la Casa de Nariño.El precandidato por la Gran Consulta por Colombia no descarta el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales. Su postura es tajante: la fuerza legítima del Estado seguirá siendo una herramienta disponible, pero bajo criterios técnicos y jurídicos estrictos."Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes: 128 jefes del terrorismo, la criminalidad, fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro. Del jefe de las Farc para abajo", afirmó en Recap Blu, al responder si daría luz verde a este tipo de operaciones incluso en escenarios complejos. ¿Bombardeos así hayan menores de edad?Frente a la pregunta directa sobre si autorizaría bombardeos aun cuando pudiera haber presencia de menores, evitó una respuesta categórica de sí o no, pero reafirmó que las decisiones deben estar en manos de expertos. “Hay que dejarlo a los militares y a los abogados en derecho internacional humanitario. Nada puede hacerse sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y sin criterios asociados a la Constitución y los derechos humanos”, explicó.En materia de seguridad, el precandidato marcó distancia tanto de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro como de una “guerra total”. “Ni paz total ni guerra total. Vamos a destruir las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo vamos a llevar desarrollo”, señaló, al mismo tiempo que explicó que su estrategia, denominada “Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia Sin Miedo”, incluye acciones militares, fortalecimiento de la justicia, inversión social y control territorial con tecnología, como un “muro virtual” en la frontera con Venezuela mediante drones, radares y centros de comando.El futuro de las propuestas de Juan Carlos Pinzón se definirá este domingo, 8 de marzo, cuando los colombianos voten en las consultas y decidan cuál será el candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia.
Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
La Contraloría General de la República inició un proceso de vigilancia y control fiscal sobre la adquisición de aeronaves Gripen E y un proyecto estratégico para la modernización de la Fuerza Aérea, pero que ha generado inquietudes en diferentes sectores políticos y técnicos. Las aeronaves, de configuración monoplaza y biplaza, hacen parte de la propuesta seleccionada por el Ministerio de Defensa para renovar su flota, decisión que ahora será examinada con especial detalle por el organismo de control.El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, solicitó formalmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, remitir copia del contrato firmado con la empresa que asesoró al Ministerio durante el proceso de selección. También pidió anexar los soportes de todas las alternativas analizadas, incluidas las ofertas de fabricantes y otras opciones consideradas antes de la decisión final. Según el jefe del ente de control, es necesario esclarecer los criterios técnicos, legales y económicos que llevaron a escoger los aviones Gripen.Rodríguez explicó que el Ministerio de Defensa no entregó la información completa sobre el contrato de los aviones Gripen argumentando que tiene carácter reservado por motivos de seguridad nacional, razón por la cual propuso una mesa de trabajo para revisar directamente los documentos y explicar los fundamentos de la contratación. La reunión quedó programada para el próximo 4 de diciembre en las instalaciones de la Contraloría.“Muchas de las circunstancias que iban a ser expuestas son objeto de reserva por temas de seguridad nacional”, señaló el contralor, quien indicó que envió una nueva comunicación al ministro identificando , con nombre y número de cédula, a los funcionarios de la entidad que tendrían acceso a la información clasificada. Añadió que, en esa mesa de trabajo, el Ministerio deberá entregar todos los detalles que justificaron la firma del contrato.El contralor también advirtió que, una vez analizados los documentos y las explicaciones del Ministerio, la Contraloría definirá las acciones correspondientes. “Me parece importante que se realice esa mesa con el señor ministro de Defensa; él deberá asistir, o de igual manera las personas que tengan que ver en ello, y allegarnos toda la información”, enfatizó el contralor.
Ante las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes, los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático) y Germán Blanco (Partido Conservador) presentaron el informe de ponencia que propone archivar el Proyecto de Ley 302 de 2025 Senado – 020 de 2025 Cámara, con el cual se busca mantener vivo el Ministerio de la Igualdad, luego de que la Corte Constitucional tumbara la primera ley que lo creó.Según el documento, desde su creación en 2023 el Ministerio se ha caracterizado por derroche, burocracia e ineficiencia, con una estructura administrativa que incluye 5 viceministerios, 20 direcciones y 32 direcciones territoriales, además de una planta autorizada de 744 empleos, de los cuales 541 ya están vinculados sin concurso de carrera administrativa.El informe señala que el Ministerio incrementó de manera significativa el uso de órdenes de prestación de servicios, pasando de $69.500.000 en 2024 a $9.055 millones en 2025, según respuesta citada en el texto.La ponencia también cuestiona la tercerización de recursos mediante una fiducia creada en 2023 —el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial— que opera bajo reglas de derecho privado.De acuerdo con los informes de supervisión mencionados, el Fondo ha concentrado su gestión en la vinculación de personal y contratos, sin ejecutar programas o proyectos orientados a superar la desigualdad.El documento subraya que el Ministerio ha transferido al Fondo la mayor parte de su presupuesto en los años 2023, 2024 y 2025, llegando hasta un 93,8 % en 2023 y un 83,9 % en 2024, lo que, según los autores, vuelve innecesaria la existencia de una estructura ministerial tan robusta.La ponencia afirma que existe una duplicidad de funciones, pues mientras el Ministerio mantiene cientos de funcionarios, el Fondo también contrata personal para tareas relacionadas con la ejecución de programas del sector.Otro punto crítico es la baja ejecución presupuestal. El documento señala que, a tres años de operación, la entidad no ha alcanzado una ejecución del 10 %, y que en 2025 la ejecución de inversión a octubre es de solo 2,7 %, con proyectos que registran 0 % de avance.El informe concluye que el Ministerio no ha sido capaz de cumplir sus funciones y afirma que “la desigualdad no se soluciona con burocracia innecesaria y costosa”. Por estas razones, la ponencia solicita que las Comisiones Primeras archiven el proyecto de ley.
Un reciente informe de la Contraloría General encendió las alarmas sobre el uso de aeronaves de la Policía Nacional con fines ajenos a la misión institucional, vuelos que fueron aprobados por el Ministerio del Interior. Según la entidad, entre el 19 y el 21 de junio de 2025 se realizaron cinco vuelos oficiales que terminaron generando un hallazgo fiscal por $213.548.069, valor correspondiente al costo total de los desplazamientos, vuelos que tenían como pasajeros a Juliana Guerrero, Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez.La investigación estableció que los traslados del 19 y 20 de junio fueron realizados en aeronaves de la Policía Nacional, supuestamente para permitir la presencia de Guerrero en una sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. La Contraloría, en medio de las investigaciones, determinó que Juliana Guerrero abordó las aeronaves en rutas que conectaron Bogotá, Valledupar y Aguachica.La investigación determinó que en el vuelo del 19 de junio de este año, Guerrero viajó de Bogotá a Valledupar a las 10:44 de la noche, con el pretexto de asistir a una “reunión con comunidad”, vuelo que fue justificado por el supervisor del Convenio del Ministerio del Interior, en donde solicitó “la disponibilidad de una aeronave, con el fin de facilitar un vuelo para el traslado del personal del señor ministro y su comitiva”.El 20 de junio, nuevamente se desplazó en la ruta Valledupar – Aguachica – Valledupar, saliendo a las 7:10 de la mañana, a bordo de una aeronave policial y transportando a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, Verónica Guerrero, Mauricio Díaz, Gerardo Bohórquez y José Pérez Yancy.Este tipo de vuelos exige no solo autorización del ministerio correspondiente, sino también que la actividad estuviera estrictamente alineada con la misión de la entidad; así lo afirmó la Contraloría, agregando la afectación de la cartera del Interior“Si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior”, concluyó la Contraloría, señalando una infracción directa al criterio de misionalidad.Frente al panorama, la Contraloría calificó la actuación como una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica, que terminó causando un daño patrimonial al Estado.
Dos días antes del escándalo por presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc en Calarcá, el Gobierno nacional expidió los decretos con los que designó a cuatro integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) como gestores de paz. Entre los beneficiados figuran alias Samir, señalado de participar en el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia), y Danilo Alvizú, vocero del EMBF, cuya designación fue renovada justo antes de que se revelaran los polémicos chats que lo vinculan con jefes disidentes.Las resoluciones, firmadas por el presidente Gustavo Petro el 21 de noviembre de 2025, les otorgan a los nombrados funciones de interlocución en el proceso de paz, pese a mantener órdenes de captura activas y antecedentes por delitos como homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas.Aunque la resolución ordena “comunicar la decisión a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, desde esa entidad aseguraron a W Radio que no tienen conocimiento del procedimiento ni de los alcances de esas designaciones, lo que profundiza las dudas sobre la coordinación institucional y la transparencia del proceso.El hecho ha generado fuertes cuestionamientos por parte de víctimas, expertos y sectores políticos, que advierten sobre los riesgos de otorgar estatus oficial a cabecillas armados mientras continúan las denuncias por reclutamiento de menores, expansión territorial y control armado en varias regiones del país.La polémica se suma a las advertencias recientes de la Defensoría del Pueblo, que pidió que las decisiones presidenciales en el marco del proceso de paz se utilicen únicamente con fines humanitarios y no para favorecer la impunidad o facilitar la movilidad de grupos armados.En medio del escándalo, el Gobierno defiende los nombramientos como parte de su estrategia de paz total, pero las contradicciones entre las resoluciones presidenciales y las respuestas institucionales reavivan las dudas sobre el verdadero control del proceso.
Una vez más, el presidente Gustavo Petro defendió al general Juan Miguel Huertas y al director de Inteligencia, Wilmar Mejía. A través de su cuenta de X, el mandatario relacionó la información sobre una presunta infiltración de las disidencias a su Gobierno, a través de estos dos altos funcionarios, con un posible plan para que haya un indictment en su contra en EE. UU., con el fin de encarcelarlo. Este estaría relacionado con los supuestos ingresos a su campaña de dinero del narcotráfico.“La importancia de desmontar el análisis falso de Caracol tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a EE. UU. para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase: ‘Petro es el jefe de los narcotraficantes’. Expresión mentirosa con la que tratan de destruir a mi familia y al progresismo colombiano”, escribió el mandatario en su cuenta de X.Cabe mencionar que EE. UU. ya lo incluyó en la Lista Clinton, junto a su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La justificación del Gobierno Trump fue su supuesto rol en el tráfico ilícito de drogas, con niveles de cultivos de coca muy altos. A esto se suma su política de paz total, que es vista como una iniciativa que permitió el florecimiento de los carteles de la droga.El mandatario concluyó escribiendo: “Con Calarcá hoy hay negociaciones en primera fase, sin que haya avanzado a una negociación de paz y sin cese al fuego. Las fuerzas de Calarcá son atacadas por nuestro Ejército y solo de él dependerá si se rompen las negociaciones”.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) denunció el robo de un lote de 30 cajas a una empresa con la que tiene un contrato para la dotación de chaquetas cortavientos que están marcadas con logos de la entidad. Advirtieron que estas podrían ser utilizadas de manera fraudulenta para la suplantación de identidad, representando un riesgo para los protegidos y el personal.“La empresa Soluciones Integrales Montgomery S.A.S., que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la dotación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de estas prendas, que tienen impreso el logo institucional. El hecho se registró el jueves 26 de febrero en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Bogotá”, se lee en un comunicado.Por eso, hicieron un llamado a las autoridades para que adelanten la investigación pertinente y a la ciudadanía para que esté alerta y reporte cualquier situación sospechosa relacionada con el uso no autorizado de estas prendas.“Cabe precisar que la empresa contratista había solicitado en diciembre pasado una prórroga para el cumplimiento del contrato, cuyo plazo inicial vencía el 30 de ese mes. Dicha prórroga fue concedida hasta el 28 de febrero. Posteriormente, tras el presunto hurto reportado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual”, agrega el comunicado.Esta situación se conoce cinco días antes de las elecciones del domingo, 8 de marzo, en donde los colombianos elegirán los nuevos miembros del Senado, la Cámara y los candidatos a la Presidencia en primera vuelta. La Unidad Nacional de Protección es la encargada de proteger a los aspirantes y líderes políticos, y según el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya 64 de ellos, quienes buscan llegar a la Casa de Nariño, están protegidos.
Juan Carlos Pinzón, quien es precandidato a la Presidencia por la Gran Consulta por Colombia, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que le envía un saludo a Germán Vargas Lleras, asegurando que hace falta en la política colombiana.“Está haciendo falta en este momento en la política colombiana. Su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del Estado y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento”, le dijo Pinzón a Vargas Lleras.Video de Pinzón sobre Vargas Lleras:Es importante recordar que Germán Vargas Lleras hasta el momento no se ha pronunciado sobre el candidato que apoyará para las elecciones presidenciales.Además, en un momento se contempló la posibilidad de que Vargas Lleras estuviera en la lista al Senado de su partido, Cambio Radical, algo que finalmente no sucedió.Por otro lado, Juan Carlos Pinzón fue fórmula a la Vicepresidencia de Germán Vargas Lleras en 2018.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz Romero, y el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, emitieron una circular conjunta con lineamientos para el ejercicio de funciones y la verificación de testigos electorales de mesa y de comisión escrutadora en las elecciones de Congreso de la República, previstas para el 8 de marzo de 2026.La comunicación está dirigida a delegados del Registrador Nacional, registradores distritales, especiales, municipales y auxiliares; delegados de puesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil; cónsules de Colombia; Fuerza Pública; miembros de comisiones escrutadoras y jurados de votación.Uno de los puntos centrales establece que, al finalizar el escrutinio de mesa, los testigos electorales podrán tomar fotografías del formulario E14, acta de escrutinio de los jurados de votación, mediante la aplicación Comitium. Esta herramienta permitirá capturar la imagen y remitirla de inmediato a las agrupaciones políticas para su control. En ese sentido, se insta a los jurados de votación a permitir esta actividad.La circular aclara que la captura de imágenes y el uso de la aplicación no reemplazan ni complementan la transmisión oficial de datos ni la etapa de preconteo, funciones que son competencia exclusiva de la Registraduría. Se trata, precisa el documento, de una solución tecnológica dispuesta para apoyar la labor de los actores electorales, sin sustituir las funciones de la organización electoral.Además, se informó que en el kit municipal y en el material electoral enviado a los consulados donde se instalarán mesas de votación se incluirán cartillas para testigos electorales. Este material pedagógico deberá estar disponible en cada mesa, con el fin de orientar tanto a los testigos como a los jurados sobre sus facultades y prohibiciones durante la jornada y el escrutinio.En cuanto a la validación de credenciales en el exterior, la circular señala que esta es una facultad de los cónsules y servidores públicos consulares. Para ello, el CNE puso a disposición la herramienta web “Testigos en Línea”. En el país, la validación de credenciales de testigos de mesa y de comisiones escrutadoras podrá ser realizada por delegados de puesto de la Registraduría y secretarios de comisión escrutadora, también mediante esa plataforma.También se resalta que la Fuerza Pública, encargada de la seguridad en los puestos de votación y comisiones escrutadoras, ejercerá control integral de ingreso mediante la verificación de identidad y vigencia de credenciales de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales. Este control se apoyará en herramientas tecnológicas del CNE y se aplicará de manera uniforme en todo el país, garantizando que solo personal debidamente acreditado acceda a estos recintos.
El debate de la Gran Consulta por Colombia definió las líneas rojas de los precandidatos presidenciales frente a temas críticos de seguridad y justicia. En una dinámica de respuestas rápidas, la mayoría de los aspirantes se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, una medida que busca frenar la participación de menores en delitos urbanos.Aníbal Gaviria, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas votaron afirmativamente ante la propuesta de endurecer las penas para adolescentes. En contraste, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo rechazaron la iniciativa, marcando una distancia frente a la tendencia punitiva del bloque.Posturas sobre seguridad y porte de armasSobre el porte de armas para civiles, a diferencia de la justicia juvenil, no hubo consenso. Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo se opusieron tajantemente, argumentando que no se debe "inundar a Colombia de armas". Dávila matizó su postura señalando que el enfoque debe ser arrebatarle el armamento a los violentos y no armar a la población civil.En materia energética, el fracking recibió un respaldo casi unánime. Con excepción de Oviedo, los candidatos apoyaron el regreso de esta técnica de extracción, incluso sin pilotos previos. Por otro lado, hubo unanimidad total en el rechazo a la reelección presidencial y al aumento del IVA, propuestas que todos los sectores consideraron inviables para el contexto actual del país.Pese a las diferencias en temas de defensa y justicia, los integrantes de la consulta ratificaron su compromiso de apoyar a quien resulte ganador el próximo domingo. Respecto a las fórmulas vicepresidenciales, figuras como David Luna, Enrique Peñalosa y Vicky Dávila sugirieron que sus acompañantes de gobierno podrían salir del mismo grupo de la consulta. En contraste, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se mostraron cautos, indicando que aún no hay decisiones definitivas sobre sus coequiperos.
A pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) dio a conocer una guía práctica para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto de manera autónoma, informada y en igualdad de condiciones.Según la entidad, uno de los principales desafíos no está únicamente en la infraestructura electoral, sino en los imaginarios sociales que persisten. La idea de que todas las personas con discapacidad visual deben votar acompañadas o que no pueden comprender el debate político sigue influyendo en prácticas que, aunque bien intencionadas, terminan afectando el carácter libre y secreto del sufragio.La organización enfatiza que la discapacidad visual no es homogénea: incluye tanto ceguera total como distintos niveles de baja visión. Por ello, existen herramientas que permiten votar de manera independiente, como plantillas guía en sistema Braille, ayudas ópticas personales o apoyos puntuales solicitados directamente por el votante. Desde un enfoque de derechos, el acompañamiento es un recurso disponible cuando la persona lo pide, no una obligación impuesta por terceros.Recomendaciones para ejercer el voto de manera autónomaEl CRAC subraya que el ejercicio independiente del voto comienza antes del día de elecciones y propone cinco acciones concretas:Informarse previamente sobre el lugar y mesa de votación: consultar con anticipación el puesto asignado permite planear el desplazamiento, estimar tiempos y reducir incertidumbre durante la jornada.Conocer los mecanismos de accesibilidad y los derechos disponibles: es clave saber que se puede solicitar plantilla guía en Braille cuando esté prevista, ingresar con un acompañante elegido libremente o utilizar ayudas ópticas personales.Entender que el acompañamiento es apoyo, no sustitución: si se decide contar con ayuda, esta debe facilitar la experiencia sin reemplazar la decisión política individual.Expresar con claridad el tipo de apoyo requerido: comunicar directamente a jurados o delegados las necesidades específicas ayuda a evitar intervenciones innecesarias que puedan afectar el secreto del voto.Documentar y reportar barreras: registrar obstáculos relacionados con accesibilidad contribuye a mejorar futuros procesos electorales.Con estas recomendaciones se busca que todos los colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto lo hagan el próximo domingo 8 de marzo sin inconvenientes en todo el país.
La Registraduría Nacional del Estado Civil inició este martes el proceso de congelación del software electoral que será utilizado en las próximas elecciones legislativas, en un procedimiento que busca blindar tecnológicamente el preconteo, el escrutinio y la digitalización de las actas electorales E-14.La jornada se adelanta en compañía de auditores de la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Misión de Observación Electoral (MOE), cinco auditores de partidos políticos y delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.El procedimiento, denominado Registro de Custodia de Código Fuente, tiene una duración estimada entre seis y ocho horas. Durante este tiempo, los sistemas informáticos que almacenarán los datos del preconteo, escrutinio y digitalización quedarán completamente bloqueados. Solo hasta la mañana del domingo 8 de marzo, día de las elecciones del Congreso, se realizará el “descongelamiento” del sistema para su puesta en marcha oficial.Según explicó Jaime Hernando Suárez, delegado para asuntos electorales de la Registraduría, el proceso contempla la generación de cuatro claves diferentes, introducidas de manera independiente por funcionarios de la Procuraduría, la Registraduría, el operador logístico y auditores de los partidos políticos. Este mecanismo busca garantizar que ninguna entidad tenga control exclusivo sobre el sistema.“Se descarta el fraude en el proceso electoral totalmente. Si estamos hablando de software, el proceso electoral con los software que utiliza la Registraduría está blindado”, afirmó el delegado de la Registraduría frente a los señalamientos de posibles irregularidades.En materia de vigilancia ciudadana y política, la entidad informó que hasta el momento se han inscrito 696 auditores de partidos para acompañar el proceso, lo que representa un incremento cercano al 300 % frente a 2022, cuando se registraron 188 personas en este mecanismo de control.En el panorama internacional, la Registraduría confirmó que tres consulados, ubicados en Israel, Beirut (Líbano) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), no fueron autorizados para instalar mesas de votación. Sin embargo, señaló que en el resto de sedes diplomáticas la instalación avanza con normalidad.Finalmente, la entidad indicó que en todos los puestos de votación los bolígrafos que se utilizarán el día de la jornada ya fueron sometidos a dos pruebas, tanto químicas como de calor, bajo supervisión de las auditorías, con el fin de evitar cualquier alteración en los votos.Con estas medidas, la autoridad electoral busca reforzar la confianza pública en el proceso y garantizar la transparencia de los comicios legislativos.
La reactivación del transporte férreo en Colombia dio un paso clave con el inicio oficial de la operación comercial del proyecto APP La Dorada – Chiriguaná. La Concesión Línea Férrea Central puso en circulación su primer tren de carga en el corredor que conecta Ciénaga, Chiriguaná y La Dorada, un eje estratégico para la logística nacional.El primer movimiento comercial movilizó 2.414 toneladas de carga en operación bidireccional. En el trayecto inicial se transportaron 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel, mientras que en el recorrido de regreso el tren llevó 1.224 toneladas de refrescos y bebidas.El tren atraviesa más de 20 municipios en su recorrido, lo que no solo fortalece la conectividad regional, sino que también dinamiza economías locales. Más de 40 personas participan en cada operación, muchas provenientes del área de influencia del proyecto, involucradas en labores de cargue, coordinación, tránsito y descargue, lo que representa generación de empleo y fortalecimiento de capacidades técnicas en el territorio.Este inicio comercial también consolida un modelo de transporte multimodal, al articular el modo férreo con el transporte carretero y portuario. La integración permite reducir costos logísticos, mejorar tiempos de entrega y ofrecer soluciones más competitivas para los generadores de carga en sectores industriales y de consumo masivo.“Estamos muy complacidos de iniciar esta operación comercial con un tren de 35 plataformas, capacidad de 1.190 toneladas y un esquema operativo que nos permite cumplir itinerarios y atender requerimientos de clientes de diferentes sectores. Esto es el resultado de un trabajo técnico y operativo sostenido que hoy habilita al corredor para prestar servicio de manera formal”, señaló Germán de la Torre, gerente de la Concesión Línea Férrea Central.Con esta puesta en marcha, la Concesión Línea Férrea Central avanza en la recuperación del modo férreo como alternativa estratégica para el país. El reto ahora será mantener la continuidad del servicio, ampliar volúmenes de carga y consolidar el corredor como un eje estructural para la competitividad regional y nacional.
El calendario electoral recibió un ajuste de última hora. A través de la Resolución 1202 de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió prorrogar hasta el jueves 5 de marzo el plazo para que los partidos y movimientos políticos inscriban a sus testigos electorales con miras a las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas previstas para el domingo 8 de marzo.La determinación amplía el tiempo inicialmente establecido para que las colectividades completen el registro de quienes ejercerán vigilancia durante la jornada democrática. Los testigos electorales cumplen una función clave: supervisan el desarrollo de la votación y del escrutinio en las mesas asignadas, con el propósito de velar por la transparencia del proceso."Con corte al 1 de marzo, de las 123.314 mesas de votación habilitadas en el país, 3.610 aún no cuentan con cobertura de testigos electorales. En ese sentido, reiteramos el llamado a la postulación de testigos en todos los departamentos del país. Esto a fin de proteger el voto ciudadano en los próximos comicios", afirmó la entidad a través de un comunicado.Para realizar este trámite, las agrupaciones políticas que tienen candidatos en contienda o aquellas que postularon listas para Senado y Cámara de Representantes, pueden ingresar a esta página web, digitar el usuario y contraseña asignados, seleccionar el actor a postular y diligenciar la información requerida.De acuerdo con los datos oficiales, los territorios que concentran el mayor número de actores electorales ya postulados y acreditados en la plataforma son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico. Estas regiones, por su densidad poblacional y volumen de votantes, suelen registrar una alta participación de representantes de las organizaciones políticas.El CNE recordó que cada agrupación podrá designar hasta un (1) testigo electoral por cada una de las 126.646 mesas de votación habilitadas tanto en el territorio nacional como en el exterior. Esta cifra corresponde al total de mesas dispuestas para la jornada electoral del 8 de marzo.La ampliación del plazo responde, según la autoridad electoral, a la necesidad de facilitar el cumplimiento de los requisitos por parte de las organizaciones políticas y asegurar que la vigilancia del proceso cuente con la mayor cobertura posible. La presencia de testigos en las mesas es considerada uno de los mecanismos fundamentales para reforzar la confianza ciudadana en los resultados.
Las labores se concentraron en 17 sitios de interés forense dentro del cementerio, donde, según la entidad, habrían sido inhumadas clandestinamente personas desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, muchos de los cuerpos fueron enterrados en condiciones precarias: algunos dentro de cajones de madera improvisados y otros envueltos en plástico, sin registros ni rituales funerarios que permitieran su identificación.El cementerio está ubicado frente al mar Caribe y la erosión costera comenzó a afectar la zona, poniendo en riesgo los sitios donde podrían encontrarse más restos humanos. Según la entidad, el avance del mar amenaza con arrastrar parte del terreno y borrar posibles evidencias clave para la búsqueda.En total, la UBPD ha realizado tres fases de intervención en este lugar. En la primera, desarrollada en 2025, se recuperaron seis cuerpos. En la segunda fase se hallaron 16 más y, finalmente, en febrero de 2026, se logró la recuperación de otros 19.La mayoría de las personas inhumadas en este lugar provenían de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Muchos eran habitantes de los propios corregimientos del municipio de Necoclí, lo que evidencia el impacto del conflicto en las comunidades de esta región costera”, afirma la UBPD.“A hoy seguimos buscando a los más de 1000 desaparecidos de la zona norte, y además agradeciendo a cada familia, a cada líder, a cada lideresa y a cada persona que se ha unido a la búsqueda por el avance que hoy estamos teniendo y continuamos fortaleciendo el plan regional para seguir dándole resultados y aliviar el sufrimiento de las familias”, aseguró Marly Lozada, funcionaria de la UBPD.Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde avanzan los procesos de identificación. Una vez se logre establecer su identidad, la Unidad de Búsqueda iniciará los procedimientos para la entrega digna a sus familias.
Transparencia por Colombia publicó un informe sobre la financiación de las elecciones de este 2026. A solo cuatro días de las elecciones legislativas, el reporte advierte que, de los 2.890 candidatos al Congreso habilitados para entregar información financiera de sus campañas en la aplicación Cuentas Claras, solo el 33,84 % ha cumplido con este requisito.“Aunque se observa un aumento en el número de candidatos que están rindiendo cuentas en comparación con el primer balance realizado el pasado 28 de enero, aún falta que el 66,2 % de los candidatos cumpla con el reporte de ingresos y gastos en tiempo real, en el tiempo que resta hasta el próximo domingo 8 de marzo”, señala el informe.Además, el documento indica que los partidos con mayor número de candidatos son el Centro Democrático, el Partido de la U y Partido Oxígeno.“Para la Cámara de Representantes, las listas de los territorios con más curules —Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca— no han logrado que la totalidad de sus candidatos registren ingresos y gastos. En contraste, Guaviare y Putumayo, que solo cuentan con dos curules disponibles para la Cámara, son los que más han reportado ingresos o gastos”, agrega la organización.Hasta el momento, la principal fuente de financiación de los candidatos que han entregado el reporte son recursos propios, seguidos por aportes particulares.Precandidatos a la PresidenciaDe los 16 precandidatos que participarán en las consultas interpartidistas de este 8 de marzo, solo 5 han cumplido con la obligación de reportar su información financiera.“Solamente han cumplido con esta obligación Victoria Dávila Hoyos, Paloma Valencia Laserna, Juan Manuel Galán Pachón, Aníbal Gaviria Correa y David Andrés Luna Sánchez. En contraste, ninguno de los candidatos que participan en las consultas Frente por la Vida y De las Soluciones ha registrado información financiera en el aplicativo. Este incumplimiento resulta especialmente preocupante, no solo por la cercanía de la jornada electoral, sino porque contrasta con los llamados a la transparencia realizados durante el desarrollo de sus campañas y con la obligación establecida por el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 10753 de 2025, artículo 13”, advierte Transparencia por Colombia.En el reporte también se hace un llamado al Consejo Nacional Electoral para que fortalezca las acciones de seguimiento frente a las candidaturas que aún no han cumplido con la obligación.“Estamos frente a un mensaje preocupante para la democracia: quienes aspiran a legislar o gobernar el país no están cumpliendo con una obligación mínima de transparencia. No se puede pedir el voto ciudadano mientras se oculta el origen y el destino de los recursos de campaña. Cómo se financian las campañas anticipa cómo se ejerce el poder”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.