La circular de la Unidad Nacional de Protección impone restricciones estrictas a los escoltas en época electoral, a propósito de la captura de un funcionario en La Guajira con 145 millones de pesos: queda prohibido participar en política, transportar personas o material no autorizado y usar vehículos del esquema para fines ajenos a la seguridad.La circular está dirigida a los escoltas de planta y a los vinculados mediante operadores en la que les recuerda sus deberes legales y fija las prohibiciones antes, durante y después de las jornadas electorales.La entidad advirtió que los escoltas deben abstenerse de participar directa o indirectamente en actividades de carácter político.No deben transportar personas, elementos o materiales que no estén autorizados por la UNP y sobre todo cuando sean ajenos al servicio de protección.No utilizar las medidas de protección para favorecer intereses o actividades políticas.No utilizar los vehículos de protección para transportar personal ajeno al esquema de seguridad o para transportar elementos ajenos al propósito que tiene las camionetas de la UNP.Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, advirtió que los esquemas de seguridad no deben operar como ruedas sueltas como pasó con Luis Alfredo Acuña, escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, quien le dio permiso sin informar a la UNP.Claramente la UNP no quiere que se repita lo de La Guajira y por eso recordó que existe un Manual de obligaciones y prohibiciones y sobre todo, un listado de sanciones para quienes se atrevan a incumplir con las normas internas de la entidad.También le puede interesar:
Los soldados Luis Mauricio Morales, Alexis Muñoz y Josué David Uribe fueron asesinados este miércoles por disidentes de la estructura 'Carolina Ramírez' bajo el mando de alias 'Iván Mordisco' en Caquetá.La emboscada se dio en una vía rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde los militares acompañaban la instalación de puestos de votación. Allí fueron interceptados por los ilegales que, además de quitarles la vida, les robaron parte de su armamento. Otro militar resultó herido y fue trasladado a un hospital en Florencia.En diálogo con Blu Radio, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, entregó detalles de cómo se habría dado el ataque.“Muy seguramente conocieron la ubicación de las tropas, identificaron cuál era su ruta de avance y montaron un área preparada con explosivos, con fuego de fusilería en una vía y es donde nos asesinan nuestros tres soldados”, dijo López.El general descartó que en este caso haya fuga de información o participación de infiltrados dentro de las tropas como se ha determinado en anteriores ataques si no que los ilegales aprovechan el traslado que se está haciendo de cara a las elecciones.“Aquí no estamos hablando de infiltrados ni de infiltraciones. Aquí estamos hablando de que determinan la ruta que lleva esta unidad. En este periodo pues tenemos una debilidad y es que saben que nosotros estamos desplegando toda nuestra capacidad hacia los diferentes puestos de votación”, agregó López.El general envió un mensaje de solidaridad a las familias de los soldados asesinados e insistió en que continuarán las operaciones para dar con los responsables.“No tenemos la explicación clara para las familias y entregarle a sus hijos en un cajón, pero tenemos que seguir trabajando por Colombia. Hoy perdemos a nuestros hombres en defensa de la democracia. Es lo que hay y sabemos que tenemos amenazas y que este sacrificio supremo que hacen nuestros hombres hoy pues demuestra a Colombia de que esta guerra nos toca pararla”, puntualizó el general.
Autoridades entregaron detalles de las incautaciones adelantadas en las últimas semanas de dinero en efectivo que presuntamente estaría relacionado con compra de votos y otros delitos electorales.Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han incautado casi $1500 millones de pesos en diferentes operativos de control en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Guajira y CórdobaLos casos de presunta compra de votosJustamente, uno de los casos se reportó el 28 de enero en La Pintada, Antioquia, donde se capturó a dos personas por el delito de lavado de activos, a quienes se les incautaron $212.000.000 en efectivo durante un control vial en zona rural. Ambos quedaron en libertad pero vinculados a la investigación.El 3 de febrero en el sector Las Palmas de Barrancabermeja, Santander, también detuvieron a dos personas con $109.958.000 en efectivo y un arma de fuego. Al igual que el anterior hecho, los implicados quedaron en libertad.El 5 de febrero en Villavicencio, Meta, incautaron $56.970.570 que eran transportados por una persona en un vehículo particular, quien no acreditó su procedencia y el 11 de febrero en un puesto de control sobre la Ruta 25 en Buenaventura, Valle del Cauca, aprehendieron $52.000.000. En estos dos casos no se registraron capturas.El 18 de febrero, también en Buenaventura, Valle, capturaron a una persona e incautaron $110.000.000 y luego fue dejado en libertad.En Puerto Triunfo, Antioquia, la Policía capturó a tres personas que tenían pegadas al cuerpo fajas con un total de $243.500.000. Pese a esto, también quedaron en libertad. Esto ocurrió el 20 de febrero.En Mapiripán, Meta, agentes de la Policía capturaron el 28 de febrero a tres personas y les incautaron $100.000.000 que llevaban en una lancha. Allí dos de los detenidos obtuvieron la libertad y el otro fue enviado a la cárcelEl otro operativo se adelantó este jueves 4 de marzo en el aeropuerto internacional Camilo Daza en Cúcuta, Norte de Santander, donde a una persona le hallaron $26.900.000 en efectivo, 3.037 stickers de propaganda política y 5 folios con listados de nombres y apellidos.A esta lista se suman los reportados en el mes de marzo que han alcanzado notoriedad pues se trata de personas vinculadas con el ámbito político actual.Uno de ellos es el caso del escolta de la UNP y miembro del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes quien fue capturado con otra dos personas luego de que en su carro particular (el cual era remolcado en una grúa) encontraran $145.000.000 en efectivo y repartido en varios sobres de manila marcados con nombres de políticos de La Guajira.Esto ocurrió en la vía de Hatonuevo y dentro del vehículo también había propaganda alusiva a un candidato al Congreso quien ya se desmarcó de cualquier irregularidad.El otro caso es el de la captura del exconcejal de Montería, Misael Augusto Villarrea, detenido en Córdoba con $434.700.000. Su situación judicial está por definirse.
A través de un video compartido en redes sociales, la candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, María Bolívar Maury, denunció haber sido víctima de un atentado armado mientras se movilizaba por carretera durante la noche del martes.Según relató la aspirante, una motocicleta interceptó el vehículo en el que se desplazaba y realizó tres disparos que impactaron la camioneta. La candidata aseguró que fueron momentos de pánico en los que temió por su vida y por el futuro de su familia.“Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz”, afirmó.Bolívar aseguró que en medio del ataque pensó en sus hijos, de 7 y 8 años, y en la posibilidad de que se quedaran sin su madre. También señaló que el hecho refleja los riesgos que enfrentan quienes participan en política en medio de un ambiente de fuerte polarización.Tras el ataque, la candidata informó que presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó que se revisen las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Además, confirmó que ha tenido contacto con la Policía Nacional de Colombia, que le ofreció acompañamiento y apoyo en el proceso de investigación.El Partido Alianza Social Independiente (ASI), colectividad por la que aspira Bolívar, rechazó el ataque y aseguró que el atentado representa una grave amenaza contra su vida, su familia y el libre ejercicio de la política en Colombia.El partido explicó que el esquema de protección del vehículo evitó consecuencias fatales, pese a los disparos que impactaron la camioneta. La colectividad también expresó su preocupación por el clima de violencia que enfrentan líderes políticos y sociales en el país y pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad.La presidenta del partido, Berenice Bedoya, aseguró que el ataque fue un hecho real que pudo terminar en tragedia. “Fueron disparos reales, una intención real de hacer daño. Gracias a Dios y al blindaje de la camioneta hoy ella está viva”, señaló.Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también rechazó el atentado y aseguró que se activaron las medidas de protección. Según él, se comunicó con la Policía para brindar acompañamiento a la candidata y trasladó el caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar y reforzar su esquema de seguridad.“En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política”, escribió el ministro en su cuenta de X.La candidata pidió justicia e insistió en que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar voces políticas ni para limitar el debate democrático.
La Contraloría General de la República advierte a la ANI que puede terminar perdiendo el pulso contra el Grupo Portuario en medio de la polémica por el Muelle 13 de Buenaventura.El año pasado, la Anla ordenó suspender las actividades del Muelle 13 argumentando graves afectaciones al medio ambiente, y desde entonces el Gobierno ha intentado terminar los contratos de Grupo Portuario, no solo en Muelle 13 sino también en otros terminales en Buenaventura.Hoy la Contraloría le dice a la ANI que existe un riesgo jurídico y económico en medio de las acciones del Grupo Portuario contra la ANI, tanto en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como en el Tribunal de Arbitramento. Entre otras cosas, en concepto del ente de control, hoy está vigente una resolución de la ANI que estableció que Grupo Portuario opera una Unidad Portuaria, por lo que Muelle 13 no puede entenderse como un asunto aislado."Igualmente son latentes las consecuencias por el no acatamiento de lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento en el asunto No. 156828, mediante el Acta No. 5 del 23 de septiembre de 2025, que impide la terminación del contrato de Concesión Portuaria No. 018 de 1997 a la ANI, hasta que se emita el laudo arbitral", agregó la Contraloría.La advertencia no es vinculante para la ANI.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 3 de marzo:La actriz Yesenia Valencia, directora de Smartfilms, habló sobre las novedades que tendrá este festival de cine hecho con celular. Reveló que habrá una nueva categoría y pueden participar desde los 12 años.El astrónomo Germán Puerta detalló cómo es el cielo de marzo. Además, le preguntó a los oyentes si han observado el cielo con un telescopio.
Persiste la alerta por sobrevuelo de drones que serían de las disidencias de ‘Calarcá’ en Hidroituango: el alcalde Federico Gutiérrez denunció que fue identificado otro dispositivo horas después de la cancelación de su visita a la central con el gobernador de Antioquia y medios de comunicación.En medio del cruce de versiones con la fuerza pública y hasta el mismo presidente Gustavo Petro, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez volvió a lanzar una advertencia sobre los riesgos para la seguridad en las instalaciones de la central de Hidroituango.En las últimas horas el mandatario denunció en las últimas horas que recibió un reporte por parte de personal de EPM acerca de un nuevo sobrevuelo de un dron en la hidroeléctrica alrededor de las 9:00 de la noche del pasado lunes 2 de marzo, el mismo día que fue cancelada su llegada a esta zona del Norte de Antioquia por riesgos de seguridad.“En el sitio exacto, encima de la subestación de energía, sobre vuelos de drones. Esto no es jugando. Y le digo una cosa, nosotros estamos acostumbrados a pelear contra todos los bandidos…()... ¿Qué nos queda claro?...()...Que estamos solos porque con el gobierno nacional no no contamos. Con Petro no contamos, subestiman cualquier cosa”, aseveró el mandatario local.El avistamiento nuevamente de un dispositivo como estos y tras los que estarían miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, nuevamente sirvió para que Gutiérrez cuestionara la desestimación de una amenaza por parte del presidente Petro.Reiteró que sus decisiones y las del gobernador Andrés Julián Rendón han estado basadas en recomendaciones recibidas por parte de la fuerza pública, por lo que también solicitó mayor articulación en materia de información a la Policía y al Ejército.“Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir luchándola solos como nos tocó. Y no nos estamos quejando porque así nos tocó. Pero sí, de verdad, debería haber coordinación real en el ejército y en la policía”, dijo.Gremios económicos del departamento como Fenalco en las últimas horas también se solidarizaron con los mandatarios y solicitaron al Gobierno nacional tomar medidas ante las alertas emitidas, así como mayor contundencia contra el grupo armado con injerencia en la zona y al mando de alias ‘Calarcá’.
A tres días para el cierre de inscripciones, 64 municipios de Antioquia no cuentan con la totalidad de testigos electorales para los comicios del próximo domingo. El Consejo Nacional Electoral recordó que se trata de un trámite ágil y digitalA pocas horas del cierre del plazo en la Plataforma Única, el Consejo Nacional Electoral lanzó una advertencia a las organizaciones políticas en Antioquia para completar la postulación de testigos electorales de cara a las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.Según el más reciente cruce de información entregado por la entidad, 64 municipios del departamento aún no cuentan con la totalidad de testigos para cubrir todas las mesas, una situación que, de acuerdo a la entidad, representa riesgos para la vigilancia del proceso.Aunque Antioquia figura entre las regiones con mayor número de inscritos en el país, el CNE advirtió que partidos, movimientos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos deben acelerar el proceso para garantizar la transparencia del certamen electoral. José Antonio Parra es el director de Inspección y Vigilancia de este organismo.“Sigan postulando a sus testigos electorales. Son ustedes los que van a ejercer inspección, vigilancia y control al proceso electoral a través de la herramienta dispuesta para tal fin”, aseguró el señor Parra.La falta de testigos está en casi todas las subregiones del departamento e incluso en municipios de gran peso electoral como Medellín, Envigado, Itagüí, Apartadó, Turbo, Caucasia, Puerto Berrío, Santa Rosa de Osos, Rionegro, entre otros.En el panorama nacional, el avance en la cobertura de mesas alcanza el 97,7 %, y departamentos como Guaviare, Caquetá y San Andrés ya lograron el 100 %. La meta del CNE es que Antioquia complete su cobertura antes del 5 de marzo, fecha límite para las postulaciones.
El Tribunal General de la Unión Europea (UE) consideró este miércoles que una aerolínea debe pagar compensación por un retraso sin poder invocar como circunstancia extraordinaria la llegada tardía de un vuelo anterior por demoras en un control de seguridad de los pasajeros, a los que decidió esperar.“Una compañía aérea no puede invocar una circunstancia extraordinaria que haya afectado a un vuelo anterior si el retraso del vuelo posterior se debe a una decisión independiente que ella haya adoptado, siempre y cuando esta decisión constituya la causa determinante de dicho retraso”, indicó en un comunicado la corte, con sede en Luxemburgo.Especificó que este puede ser el caso cuando, en el marco de una rotación de vuelos, la compañía aérea decide esperar a los pasajeros de un vuelo anterior que se hayan demorado a causa de una deficiencia generalizada del control de seguridad de un aeropuerto.¿Por qué aerolíneas tendrían que compensar en estos casos?El Tribunal General examinó una pregunta prejudicial desde Alemania sobre el caso de dos pasajeros que reclaman a la compañía aérea European Air Charter una compensación de 400 euros cada uno porque su vuelo de Düsseldorf (Alemania) a Varna (Bulgaria) se retrasó más de las tres horas que dan derecho a la compensación.Un tribunal de esa ciudad alemana planteó la cuestión de si, en relación con un vuelo posterior en el marco de una rotación de vuelos, la compañía aérea puede alegar estar exenta de la obligación de pagar una compensación por retraso debido a una circunstancia extraordinaria que afectó a un vuelo anterior.En efecto, a raíz de un tiempo de espera excepcionalmente largo en el control de seguridad del aeropuerto de Colonia-Bonn, a causa de una sobrecarga de trabajo del personal, todos los pasajeros de un vuelo anterior se presentaron con retraso al embarque.European Air Charter decidió esperar a estos pasajeros, lo que llevó a un retraso de más de cinco horas en el despegue de este último vuelo. Además, European Air Charter decidió reorganizar los vuelos siguientes, incluido el vuelo controvertido, en un aparato de sustitución.El Tribunal General respondió hoy que la aerolínea no puede invocar una circunstancia extraordinaria que afectó a un vuelo anterior en el marco de una rotación “si su decisión independiente de esperar a los pasajeros que se habían demorado a causa de los controles de seguridad constituye la causa determinante del retraso del vuelo posterior”.Todo ello, siempre y cuando dicha decisión no le fuera impuesta al transportista aéreo, en particular mediante una obligación legal, preciso el tribunal comunitario.En cualquier caso, la corte europea determinó que la compañía aérea no puede invocar el interés de los pasajeros del vuelo anterior en ser transportados en un plazo razonable, puesto que no le corresponde ponderar los intereses de los diferentes grupos de pasajeros afectados.
La Casa de Nariño analiza dos alternativas para lograr el regreso a Colombia de la primera dama, Verónica Alcocer, cuya movilidad internacional se ha visto afectada tras las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, a su familia y a algunos altos funcionarios. Los detalles fueron revelados por Néstor Morales en Mañanas Blu, donde explicó que el principal obstáculo es que las aerolíneas están cancelando cualquier tiquete asociado al nombre de Alcocer.La primera opción que estudia el Gobierno consiste en un eventual viaje del presidente Petro a Suecia. Según revelaron los periodistas, el mandatario está nominado al premio Right Livelihood, conocido como el “Nobel Alternativo”, otorgado por organizaciones civiles. Si el presidente viajara a Estocolmo para una agenda oficial, podría aprovechar el desplazamiento para traer de regreso a la primera dama en el avión presidencial.Sin embargo, esta opción enfrenta un problema: el reglamento del premio establece que, si un nominado divulga públicamente su postulación, pierde automáticamente el reconocimiento. Aunque Petro está nominado, aún no ha sido declarado ganador, por lo que anunciar un viaje exclusivamente para asistir a la ceremonia podría interpretarse como una confirmación anticipada del galardón. Ante esto, en Mañanas Blu indicaron que el Gobierno evalúa construir una agenda más amplia que incluya reuniones y otros actos diplomáticos, lo que daría sustento al viaje sin comprometer la nominación.La segunda posibilidad, calificada como más compleja, implica la participación de la aerolínea estatal rusa Aeroflot. Debido a que las aerolíneas comerciales han cancelado repetidamente cualquier reserva a nombre de Verónica Alcocer —incluso cuando terceros intentan pagar los tiquetes— el Gobierno colombiano considera la opción de que la primera dama viaje desde Moscú hacia América Latina en un vuelo de Aeroflot, una compañía ya sancionada por Estados Unidos y, por tanto, ajena a las restricciones de la llamada “lista Clinton”.Según la información revelada, Alcocer se encuentra actualmente en Estocolmo. Sin embargo, tampoco ha logrado obtener un vuelo entre la capital sueca y Moscú, por lo que se planteó incluso un desplazamiento terrestre entre ambas ciudades. El trayecto, de aproximadamente 1.443 kilómetros, puede tardar más de 25 horas por carretera en pleno invierno europeo. Una vez en Moscú, podría abordar un vuelo de Aeroflot rumbo a La Habana, ruta que existe desde la época de la Guerra Fría y que continúa operando. En Cuba, la primera dama podría ser recogida por un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para completar su regreso a Bogotá.Estos análisis se producen en medio de un ambiente político tenso entre Bogotá y Washington. Estados Unidos incluyó al presidente Petro, a su esposa, a su hijo mayor y al ministro del Interior en la lista OFAC (Clinton), usualmente aplicada a narcotraficantes, terroristas y dictadores. Las sanciones dificultan la apertura y uso de cuentas bancarias, la posesión de tarjetas de crédito e, incluso, la recepción de salarios en entidades que usen infraestructura financiera estadounidense.“El mantenimiento del helicóptero presidencial fue suspendido” por estas sanciones, denunció Petro, quien aseguró que la situación ha llegado al punto de impedir que la madre de su hija menor, Antonella, pueda regresar al país. Aunque el presidente ha dicho públicamente que se encuentra separado de Alcocer, no existe un divorcio legal.La presencia de la primera dama en Suecia también ha sido objeto de debate público. Medios locales revelaron fotografías suyas asistiendo a reuniones y eventos sociales desde finales de octubre, mientras sectores de la oposición relacionaron su estadía con el anuncio de la compra de 17 aviones suecos Gripen por parte de Colombia, operación valuada en 4.300 millones de dólares. Petro negó cualquier irregularidad y pidió divulgar todos los contratos para desmentir “tropelías” y “avalancha de desinformación”.El mandatario también anunció una demanda contra la empresa Leonardo Helicopters por la suspensión del mantenimiento de la aeronave presidencial. Mientras tanto, la Casa de Nariño estudia cómo sortear las sanciones y garantizar el retorno de la primera dama, en un proceso que combina logística aérea, restricciones financieras y tensiones diplomáticas.
La Amazonía no solo es el pulmón del mundo: es hogar, vida y futuro. En una operación binacional sin precedentes, las autoridades de Colombia y Brasil asestaron un fuerte golpe a la minería ilegal que destruía los ríos y financiaba estructuras criminales vinculadas a los carteles de alias 'Mordisco' y alias 'Araña'.En el marco de la operación Amazonas Libre II, coordinada por la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el Comando contra el Crimen Organizado (CCPI) y la Policía Federal de Brasil, se desplegaron 92 uniformados especializados y tres helicópteros UH-60 en una zona selvática de difícil acceso.El resultado fue contundente: 14 dragas, 33 motores, tres remolcadores, una excavadora, 4.800 galones de combustible y 2,5 kilogramos de mercurio destruidos, lo que representa un golpe directo a una renta criminal superior a 12.000 millones de pesos. Según los reportes, cada draga extraía hasta 6.000 gramos de oro mensuales, generando una producción estimada en USD 9,3 millones al mes para los grupos ilegales.Más allá del impacto económico, el operativo evitó un daño ambiental irreversible: el uso de mercurio y maquinaria pesada estaba contaminando el río Puré, hábitat de especies amenazadas como el delfín rosado, el jaguar y el manatí, además de poner en riesgo el territorio de la última tribu no contactada del país.“Proteger la Amazonía es proteger nuestra identidad, nuestra biodiversidad y el futuro de nuestros hijos. Estamos donde debemos estar, cumpliendo con la seguridad, la vida y la defensa del país”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al destacar los resultados de la operación.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, explicó en entrevista con Mañanas Blu las razones que lo llevaron a declinar el nombramiento como ministro de Justicia y del Derecho, designación anunciada por el Gobierno el 13 de noviembre. Aunque su decisión generó múltiples interpretaciones políticas, el jurista insistió en que solo un motivo pesó: su delicado estado de salud, diagnosticado y seguido por especialistas durante casi dos décadas.“Esa fue la única, única razón por la cual tuve que declinar el honroso nombramiento”, afirmó Valencia de manera categórica.Una decisión estrictamente médicaSegún relató el exmagistrado, el jueves 13 de noviembre recibió la llamada de la directora del DAPRE comunicándole su designación. En un principio, él aceptó el nombramiento, pero al iniciar los trámites correspondientes decidió consultar a su neumólogo personal, quien ha seguido su condición por más de 15 años.“El médico me aconsejó que no asumiera ese compromiso”, señaló. “Consulté otra opinión y llegó a idéntica conclusión”, añadió, refiriéndose a un especialista de la IPS que lo atiende hace 18 años.Valencia explicó que padece un problema pulmonar serio que exige controles continuos y el uso de oxígeno en distintos momentos del día.“De noche uso oxígeno y, de día, por precaución ando con un aparato pequeño que utilizo cuando lo requiero”, explicó. La vida cotidiana en Bogotá, los desplazamientos permanentes y los ritmos laborales exigentes del cargo —incluidos viajes frecuentes y sesiones de muchas horas— hacían inviable su permanencia en el Ministerio.En su encuentro posterior con el presidente Gustavo Petro, Valencia llevó incluso su historia clínica para explicar personalmente los fundamentos científicos de su decisión.La conversación con el presidente PetroEl exmagistrado sostuvo una reunión de cerca de media hora con el mandatario el martes o miércoles siguiente a su designación. Allí le reiteró su respeto, gratitud y la imposibilidad médica de asumir el encargo.“Le expresé que hubiera querido estar al frente del ministerio, pero que mis médicos me recomendaron con firmeza no asumir esa responsabilidad”, relató.Valencia aseguró que la conversación fue “muy cordial” y que no se discutieron temas de agenda ministerial, pues el encuentro estaba destinado exclusivamente a explicar su renuncia antes de que fuese oficial.¿Es petrista César Julio Valencia?Una de las preguntas que más ha circulado en el debate público es si el exmagistrado pertenece a las filas del petrismo. Él lo niega, aunque reconoce afinidades ideológicas.“Yo soy un libre pensador, una persona progresista”, afirmó. “Comparto muchas ideas del gobierno del cambio, pero no soy político activista”, puntualizó. Valencia fue enfático en rechazar las etiquetas partidistas: no se considera liberal, conservador, petrista ni antipetrista. Para él, las interpretaciones que se hicieron sobre su eventual ingreso al gabinete —como un supuesto movimiento contra el expresidente Álvaro Uribe o un gesto político hacia las cortes— no tienen fundamento.“Yo jamás he intrigado ni pedido nada”, dijo. “Nunca había hablado personalmente con el doctor Petro”, añadió, recordando que ni siquiera había compartido un café con el mandatario antes de su designación.La condecoración y los supuestos roces con las CortesOtro tema abordado durante la entrevista fue la Cruz de Boyacá que el presidente le otorgó en diciembre del año anterior, acto que coincidió con un momento de tensión entre la Casa de Nariño y las altas cortes. Valencia aseguró que la condecoración no tuvo relación con los roces institucionales y que, de hecho, hacía referencia a hechos ocurridos entre 2007 y 2009, cuando él era presidente de la Corte y enfrentaba el proceso de la parapolítica.“Son dos actos y dos motivos completamente distintos”, aclaró. “No se estaba refiriendo a los hechos recientes sino a lo ocurrido hace más de una década”. Sobre la tesis de que su nombramiento habría servido como puente entre el Gobierno y la Rama Judicial, Valencia fue prudente. Señaló que no fue informado de tal intención, aunque, de haber asumido, habría buscado naturalmente tender puentes institucionales.Una renuncia obligada por la saludAl final, más allá de especulaciones políticas, Valencia reiteró que su negativa al cargo fue una decisión estrictamente médica. “Mi área cognitiva está al 100%, pero no sucede igual con mi salud”, reconoció. Su problema pulmonar —que exige pausas, apoyo de oxígeno y limitaciones de movilidad— le impedía cumplir con la intensidad del cargo, especialmente en una ciudad como Bogotá y con la carga laboral del Ministerio de Justicia.El exmagistrado lamentó no poder asumir un reto que consideraba honroso, pero aseguró que queda en los mejores términos con el presidente Petro y con absoluto agradecimiento por la designación.
El presidente Gustavo Petro, denunció el jueves que la primera dama, Verónica Alcocer, no ha podido volver al país y que el mantenimiento de su helicóptero fue suspendido, tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.En medio de la escalada de tensiones entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en los últimos meses, Washington incluyó al mandatario colombiano, su esposa, su hijo mayor y al ministro de Interior en la lista OFAC, destinada en especial a grandes narcos, terroristas y dictadores.Los sancionados enfrentan dificultades para tener cuentas y tarjetas bancarias e incluso recibir su salario pues están vetados ante las empresas estadounidenses como Visa o Mastercard."La mamá de Antonella (hija menor de Petro) no puede llegar aquí porque no puede, a tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno", dijo en una conmemoración militar en Bogotá, sin mencionar directamente las sanciones. Petro ha dicho que está separado de Alcocer, pero no divorciado legalmente.El 16 de noviembre, la prensa sueca publicó fotos de Alcocer en reuniones y eventos de lujo en Suecia, donde se encuentra supuestamente desde finales de octubre.La oposición y los medios de comunicación colombianos cuestionan si la primera dama está involucrada en el reciente negocio de la flotilla de 17 aviones de combate suecos Gripen por los que Colombia se comprometió a pagar unos 4.300 millones de dólares."He pedido que se publiquen todos los datos de los contratos porque (...) hubo una avalancha de desinformación (...) decir que recibimos comisiones es una tropelía completa", dijo Petro el miércoles.El mandatario ha tenido problemas para repostar su avión y el jueves anunció una demanda contra la empresa italiana Leonardo Helicopters por suspender el mantenimiento de la aeronave presidencial debido a las sanciones de Trump.En un comunicado fechado el 17 de noviembre, la empresa informó que debía "suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero" hasta tener la "autorización" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro de Estados Unidos."Le he pedido a los abogados inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad, y le solicito poner en venta el helicóptero que compraron pues prácticamente no lo necesito", afirmó.Trump retiró a Colombia el certificado de país aliado en la lucha antidrogas y llamó al presidente colombiano "líder del narcotráfico", sin aportar pruebas.Por décadas aliados históricos, Estados Unidos y Colombia atraviesan su peor crisis desde que Trump y Petro asumieron el poder.
En un extenso mensaje en su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro abordó de nuevo la crisis venezolana reiterando su propuesta de una salida negociada buscando un “gobierno de transición compartido” para convocar a elecciones libres en un ambiente democrático y “sin presiones indebidas”El mandatario colombiano no comparte la idea de “un desmantelamiento violento del estado venezolano” porque, según él, podría incrementar la violencia y fortalecer grupos criminales que hoy sostienen su poder territorial con base en las economías ilícitas.Por eso él defiende una salida negociada buscando que la oposición y el oficialismo puedan alternar en el gobierno hasta que exista un ambiente de confianza que contribuya a la estabilidad política y social de los venezolanos.El mensaje del presidente podría interpretarse como respaldo a su canciller Rosa Villavicencio quien afirmó haber sido malinterpretada cuando aseguró a Bloomberg que Nicolás Maduro estaría considerando una salida negociada del poder a cambio del levantamiento de sanciones en su contra hacia un gobierno de transición.El mensaje de Petro en X también viene cargado con un sentido crítico de los últimos dos años y medio, desde cuando él promovió una conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se desarrolló en Bogotá el 25 de abril de 2023.Para el jefe de Estado, los esfuerzos para encontrar una salida a la encrucijada política de los venezolanos, que desde hace más de 26 años viven bajo el régimen chavista, ha fracasado por razones que él atribuye al “sectarismo reinante y el afán de (Joe) Biden” que, según el, “no permitieron alcanzar una salida negociada de ningún tipo”.El 22 de abril de 2023 hubo una reunión entre Gustavo Petro y algunos representantes de la oposición venezolana en Bogotá, con apoyo de Estados Unidos en la agenda de diálogo. En ese encuentro, el presidente colombiano propuso el “desmonte de sanciones a Venezuela y a (Nicolás) Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes”“No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”A esa reunión que fue antes de la conferencia internacional asistieron, en Hato Grande, el coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde; junto con Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.Quien encabezó la delegación de la Casa Blanca envió a la conferencia fue el entonces asesor del Gobierno estadounidense para Latinoamérica, Juan González; quien fue acompañado por el asesor presidencial especial para las Américas Chris Dodd; y el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer.
Tras los recientes hechos de violencia registrados en el departamento del Caquetá, donde tres soldados perdieron la vida y uno más resultó herido, la gobernadora del Meta y actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Rafaela Cortés Zambrano, emitió un contundente pronunciamiento en el que refuerza las alertas de seguridad de cara a la jornada electoral del próximo domingo.Cortés Zambrano fue clara al señalar que las instituciones colombianas no se dejarán amedrentar por las acciones de grupos al margen de la ley que buscan desestabilizar el orden público en regiones estratégicas del país."El mensaje es claro: no vamos a ceder ante las amenazas ni ante los actos terroristas. Cada ciudadano tiene el derecho constitucional de elegir y ser elegido, y nuestro deber es evitar que alguien se lo impida", afirmó la mandataria.Como medidas inmediatas, la presidenta de la FND anunció el inicio de un trabajo de articulación con la Fuerza Pública y los organismos de control para reforzar la presencia institucional en las zonas más afectadas. El objetivo es garantizar que hechos como los ocurridos esta mañana no se repitan y que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con total tranquilidad."Tenemos plena confianza en nuestras instituciones y no vamos a rendirnos. Seguimos cerrando filas frente a los enemigos de la paz", concluyó Cortés Zambrano.Se espera que en las próximas horas se realice un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación en Caquetá y en otros departamentos que han reportado alteraciones al orden público.
En una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar los alcances de la Jurisdicción Agraria y Rural, representantes del Gobierno, entidades del Estado y gremios expusieron sus posiciones sobre cómo y por qué debe implementarse este sistema judicial para resolver los conflictos sobre la tierra en Colombia.La advertencia de Humberto de la CalleEl exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De la Calle, aseguró que la jurisdicción agraria es clave para cumplir lo pactado en La Habana, aunque advirtió que el modelo actual no corresponde completamente a lo acordado en las negociaciones.“Lo que realmente se pactó en La Habana no es lo que tenemos. Yo no quiero llorar sobre la leche derramada, pero desde el 2016 hice afirmaciones en ese sentido. Lo que realmente se pactó fue una jurisdicción agraria como órgano de cierre y, desafortunadamente, eso se tornó imposible por razones políticas y también incluso por la resistencia de las Cortes”, afirmó.Según indicó, la ausencia de ese órgano ha generado una bifurcación entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa que dificulta resolver con eficacia los conflictos agrarios.“Aquí todo lo que está aflorando es la ausencia de órgano de cierre autónomo de la jurisdicción agraria. Porque la persistencia de la bifurcación entre las dos jurisdicciones, civil y contencioso-administrativa, sí mantiene redundancias y, repito, bifurcaciones que van en contra de la necesidad de soluciones eficaces a esa conflictividad. No se pudo por razones políticas, luego toca ahora tratar de salvar lo que tenemos”, afirmó.Durante la audiencia pública, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, aseguró que la creación de esta jurisdicción permitiría atender conflictos relacionados con saneamiento de la propiedad, arrendamientos agrarios o prescripción adquisitiva de dominio.Además, aseguró que su existencia tiene base constitucional directa, “por lo que no depende de una decisión política posterior para su validez estructural y funcionamiento. En este orden de ideas no se requiere un desarrollo legal adicional necesariamente”, aseguró Cuervo.Adicionalmente, explicó que es viable designar despachos pilotos que operen transitoriamente con las reglas supletorias establecidas en el Código General del Proceso.“Han sido identificados por la política pública y que justifican una puesta en marcha progresiva, incluso antes de que exista una ley ordinaria que detalle competencias y procedimientos”, afirmó.La advertencia de la Agencia Nacional de TierrasEl director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, alertó que la ausencia de decisiones judiciales en materia agraria está frenando procesos clave para la reforma rural.Según explicó, el Gobierno ha gestionado cerca de 761 mil hectáreas, provenientes de compras voluntarias y de la incorporación de 288 mil hectáreas de baldíos de la Nación al Fondo de Tierras.Sin embargo, asegura que existen 2.592.000 mil hectáreas ofrecidas voluntariamente por propietarios para su venta al Estado, de las cuales más de 1,6 millones son presuntos baldíos y otras 600 mil tienen composición mixta de propiedad, lo que impide comprarlas o recuperar esos terrenos.“A la hora de iniciar el proceso agrario, hoy frente a la negación de la entrada en vigencia de la jurisdicción agraria, tampoco podemos resolver la facultad que ya teníamos en la ley 160. Entonces, propietarios que voluntariamente han ofertado sus tierras para cumplir el acuerdo de paz, ni se les puede comprar ni se recuperan los bienes baldíos de la nación. Porque en este limbo efectivamente se generan todas las trazabilidades concretas que ralentizan la posibilidad de que el acuerdo honre con su palabra la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.El llamado al Congreso: 63 días para debatir la jurisdicciónDesde el Gobierno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria sigue sin ser debatido en el Congreso y que el tiempo, ya es limitado.“Ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado han asumido los debates. 63 días hábiles nos quedan del periodo legislativo para que la jurisdicción agraria no sea nuevamente archivada. Este no es un debate que pueda esperar 70 años más. Este es un debate que llevamos dando desde 1936. Necesitamos entonces que el Congreso de la República llegue a discutir y queremos acá pedirle a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso y que en este periodo legislativo avance en la jurisdicción”, señaló.En el mismo sentido, el ministro de Justicia pidió al Congreso avanzar en el trámite de la iniciativa.“El Proyecto de Ley Estatutaria fue aprobado por el Congreso de la República y, tras el control automático de constitucionalidad mediante la Sentencia C-340, declaró su exequibilidad con algunas precisiones y condicionamientos en agosto de 2025. El 11 de noviembre, el expediente fue remitido al Congreso para que proceda conforme a sus competencias y adelante las actuaciones correspondientes sin que tengamos novedad a la fecha. Hacemos un llamado al presidente del Congreso para que proceda con el envío del expediente a la Presidencia para la sanción definitiva”, señalo el ministro.Jueces especializadosDurante la audiencia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió que los conflictos agrarios continúen siendo resueltos por jueces especializados en temas de tierra, con el fin de evitar que los procesos se diluyan entre distintas jurisdicciones.“Sería inadmisible cualquier retroceso en materia del debido proceso y en la garantía que hoy tiene la ciudadanía para que sean los jueces quienes resuelvan los procesos agrarios. Así las cosas, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia consideramos que, más allá de los errores técnicos de los que adolece la demanda, por los cuales la Corte debería declararse inhibida, el debate constitucional propuesto y la decisión que adopta este Tribunal será determinante para la estabilidad de los arreglos institucionales y las garantías judiciales que hoy existen para dar cumplimiento al acuerdo final”, aseguró.Bedoya advirtió que trasladar estas decisiones a entidades administrativas podría afectar la imparcialidad y el acceso a la justicia en los conflictos sobre la tierra.“Sería un enorme retroceso que se pierdan garantías y que se sacrifique la imparcialidad y autonomía judicial al confiar la decisión de estos conflictos sobre la tierra a un funcionario del Ejecutivo que responde como es natural a los propósitos y a la agenda del Gobierno de turno”, concluyó.
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia alertó sobre eventuales retrasos en el pago de las mesadas pensionales correspondientes al mes de febrero de 2026, situación que podría impactar a los pensionados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación y del Hospital San Juan de Dios.La advertencia quedó expuesta en una circular, en donde la entidad explicó que actualmente atraviesa una coyuntura jurídica derivada de procesos judiciales iniciados con anterioridad por algunos pensionados.Como resultado de estas demandas, se impusieron medidas cautelares, entre ellas el embargo de cuentas del Fondo, lo que ha afectado su flujo de recursos, por lo que el pago de esta obligación podría verse afectado.Según el documento, los embargos ordenados en el marco de estos procesos judiciales han limitado la disponibilidad de los recursos con los que la entidad cumple sus obligaciones, entre ellas el pago mensual de las pensiones. Aunque el Fondo no confirmó un incumplimiento generalizado con anterioridad, sí advierte sobre eventuales demoras en el giro oportuno de las mesadas para sus usuarios.Este Fondo fue creado mediante el Decreto 1591 de 1989 y tiene como función principal administrar y pagar las pensiones legales y convencionales de los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, así como otras prestaciones asistenciales reconocidas a sus beneficiarios.Sin embargo, frente a este panorama, la entidad aseguró que ya adelanta diferentes gestiones administrativas, financieras y jurídicas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de superar la contingencia y restablecer la normalidad en sus operaciones.El objetivo, según indicaron en el comunicado, es garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y evitar afectaciones a largo plazo y prolongadas a los pensionados, quienes dependen de estas mesadas como su principal fuente de ingreso.
Se realizó en Bogotá la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral de cara a los comicios de este domingo, 8 de marzo. La sesión estuvo liderada por los ministros del Interior y Defensa, el procurador y el registrador Hernán Penagos, quien hizo un llamado a que las dudas sobre el proceso que han sido manifestadas desde el Gobierno se hagan en justas proporciones. Además, anunció que de ser necesaria una auditoría forense, sería autorizada.“Entiendo la preocupación, porque la política es así. Pero no lleguemos a extremos que terminan matando gente por eso, que terminan asesinando personas. Llevemos a las justas proporciones. Si hay que hacer auditoría forense está autorizada. También cualquier otra actividad, tratamos de hacerlo, hacemos auditoría forense del proceso. La iniciamos la semana entrante, sin problema una vez avance escrutinio porque estamos trabajando para que todo salga bien”, dijo el registrtador.Esto a propósito de la alocución del presidente Petro esta semana en la que volvió a insistir en cuestionar los softwares para el conteo de votos y pidió vigilancia a través de testigos electorales que impugnen las mesas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró los alcances de esa solicitud.“El presidente dice impugnar cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y la personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó, todos esos casos son para impugnación”, explicó.El presidente también ordenó perseguir los delitos electorales. En ese sentido, se pronunció durante la sesión el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunciando que hasta la fecha han incautado más de 1.000 millones de pesos en operaciones vinculadas a este tema.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, detalló.Por último, la Misión de Observación Electoral alertó que en el último mes aumentó de 170 a 185 el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude, es decir, 15 más frente al informe del 4 de febrero. De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. “Cauca y Antioquia son los que mayor nivel de riesgo tienen. Son amenazas de distintos tipos de actores armados", dijo la directora de esta organización, Alejandra Barrios.
Durante su intervención en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, realizada en Bogotá, el procurador general, Gregorio Eljach, sostuvo que la entidad viene cumpliendo con una función constitucional, con el objetivo de garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Es por esto por lo que desde el Ministerio Público, como actividad preventiva, estableció dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral."Venimos cumpliendo con una función constitucional, que es garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Eso es el fundamento de la actividad preventiva que viene haciendo la Procuraduría y para eso establecimos no una sino dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral”, dijo el procurador.Asimismo, afirmó que hasta el momento no han encontrado ningún indicio que evidencie algún tipo de fraude para las elecciones del próximo domingo."No hemos encontrado evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones. No lo hemos encontrado, ni hace 15 días, ni ayer y hasta hoy. Lo que no quiere decir que, si llega a aparecer algo, también lo diré aquí y en público, porque es mi deber", puntualizó.El jefe del Ministerio Público hizo una invitación a los ciudadanos para "que el domingo cada uno defienda sus intereses legítimos, hagan su trabajo electoral, así como los testigos que representan a cada uno de los partidos, sin dejar de lado la tranquilidad, la calma y el respeto por lo demás".
En desarrollo del Plan Democracia 2026, tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias “Daniel” o “Político”, señalado cabecilla pseudopolítico del denominado Cartel del Clan del Golfo, en la vereda El Amparo, zona rural del municipio de Ituango.El operativo fue adelantado por el Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, con apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 7, en coordinación con el CTI Antioquia y la Fiscalía Especializada EDA.Alias “Daniel”, con cerca de cinco años de trayectoria criminal, fue interceptado en caminos veredales cuando transportaba un costal que en su interior contenía 40 barras de explosivo, 98 detonadores aneléctricos y 300 metros de mecha de seguridad. Durante el procedimiento también le fue incautado un equipo celular.De acuerdo con información de inteligencia militar, el capturado sería el encargado de coordinar actividades de extorsión y de convocar reuniones en las que, mediante amenazas, presionaba a la comunidad para brindar apoyo a determinados candidatos en las elecciones. Incluso, habría utilizado explosivos como mecanismo de intimidación para obligar a la población civil a asistir a esos encuentros.La comunidad lo habría identificado plenamente, lo que facilitó su ubicación y posterior captura.Según las autoridades, este resultado operacional impacta directamente el subsistema pseudopolítico del Clan del Golfo en el norte de Antioquia y permitió anticipar un presunto plan para afectar la jornada electoral del 8 de marzo en zonas rurales de Ituango y municipios cercanos como Peque, Sabanalarga y Toledo.El capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso de judicialización. El Ejército aseguró que continuará desplegando operaciones para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del voto en la región.
La desaparición de siete jóvenes en San Sebastián de Mariquita y Fresno, en el norte del departamento del Tolima, desde el año pasado, encendió las alarmas a nivel nacional. Las autoridades confirmaron una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información veraz que permita dar con su paradero.Los jóvenes reportados como desaparecidos son: Zait Esteban Delgado, David Santiago Toro Arévalo, Sergio Andrey Venegas Moncada, Luisa Fernanda Chavarro Díaz, Fredy Hernando Galindo Cruz, Santiago Izquierdo Cuervo y Alejandra Arias León.Según las autoridades, fueron vistos por última vez en los municipios de San Sebastián de Mariquita y Fresno. Sus edades oscilan entre los 18 y 21 años, lo que ha generado gran preocupación entre la comunidad y sus familias.Consejo de Seguridad y recompensaTras un Consejo de Seguridad extraordinario realizado en la Escuela de Aviación de Mariquita, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, anunció la activación de un plan de búsqueda liderado por un alto oficial de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial.“Los extrañamos y nos duele en el corazón que estén desaparecidos”, expresó la mandataria, quien confirmó la aprobación de un plan de recompensas de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la ubicación de los jóvenes. La Gobernación y las alcaldías de Mariquita y Fresno desplegarán una estrategia de difusión masiva para que la ciudadanía conozca los rostros y datos de los desaparecidos.La gobernadora también anunció que, a partir del 9 de marzo, se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en ambos municipios y que desde el 14 de marzo se iniciará un plan de intervención integral en barrios urbanos y zonas rurales de Mariquita.De manera paralela, la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer del Tolima brindarán acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.“Estos hechos no solo le han dolido a Mariquita; le han dolido a todos los tolimenses. Estamos articulando todas las acciones necesarias para dar con la ubicación de estos jóvenes”, concluyó Matiz, advirtiendo que habrá mano dura contra los responsables.Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier información a través de las líneas 123 de la Policía Nacional o el 165 del Gaula.
A tres días de las elecciones del 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que en el último mes aumentó el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude. Según la actualización del mapa, se pasó de 170 a 185 territorios, es decir, 15 más frente al informe presentado el 4 de febrero.De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. La MOE advirtió que este incremento se da en un contexto en el que continúan las amenazas al voto libre y a la transparencia del proceso electoral.El panorama en materia de violencia también empeoró. La misión identificó 37 municipios adicionales, para un total de 376 en riesgo por este tipo de factores, lo que equivale al 34 % del país. De estos, 145 están en riesgo extremo, 106 en alto y 125 en medio.En el análisis departamental, Cauca y Antioquia encabezan la lista con 21 y 20 municipios en riesgo, respectivamente.Otro de los puntos destacados del informe tiene que ver con la plataforma “Pilas con el Voto”, que ha recibido 145 reportes ciudadanos de posibles irregularidades. El 60 % de estos casos está relacionado con presiones al voto libre y participación indebida de funcionarios públicos en política.La conclusión del organismo es clara: existe la necesidad de que las autoridades refuercen la vigilancia, coordinen planes de seguridad y garanticen que no se repitan errores logísticos o tecnológicos de elecciones anteriores, tanto durante la jornada como en el preconteo y la consolidación de resultados.
La emboscada perpetrada en zona rural de Cartagena del Chairá no solo dejó tres soldados muertos y uno herido, sino también la pérdida de armamento de dotación oficial que quedó en poder de la estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, responsable del ataque.El hecho ocurrió hacia las 7:00 de la mañana de este martes 4 de marzo en el área de operaciones del sector Santo Domingo, cuando tropas de la compañía C del Batallón de Despliegue Rápido No. 36 (Badra 36), adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, sostuvieron combates directos contra integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’, facción de las disidencias de las Farc.En la acción armada fueron asesinados los soldados profesionales Luis Mauricio Morales Leal, Alexis Muñoz y Josué David Uribe Chinchilla. Además, resultó herido otro soldado profesional, quien recibió un impacto en el hombro izquierdo y fue evacuado para atención médica.De acuerdo con el reporte operacional, tras el ataque fue reportado como material perdido una ametralladora M60 y tres fusiles Ace, armamento que habría quedado en poder del grupo armado ilegal tras la incursión. Las autoridades avanzan en el desarrollo de maniobras ofensivas para neutralizar a los responsables y recuperar el control total del área, en una región donde la estructura ‘Carolina Ramírez’ mantiene presencia armada.
De cara a las elecciones del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro ha insistido en combatir la compra de votos y la trashumancia electoral. En ese sentido, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunció la incautación de más de mil millones de pesos en episodios que estarían vinculados a este tipo de delitos.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, dijo.El jefe de esta cartera también confirmó que ya fue expedida la Directiva 04, que materializa la orden del presidente Gustavo Petro de que los ascensos de los comandantes estén sujetos a la reducción de los homicidios y el combate a delitos electorales. “Esto debe ser valorado como una de las variables que se analizan con los comités para los ascensos. Hay que verificar cada uno de los casos de manera juiciosa, pero no podemos irnos al extremo de que va a haber falsos positivos electorales”, explicó.Respecto a estas declaraciones del mandatario, en las que también pidió que las mesas de votación sean impugnadas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que no es para todos los casos. “Cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y las personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó. Todos esos casos son para impugnación”, concluyó.