La Corporación El Minuto de Dios anunció la activación de una campaña a nivel nacional con la que buscan brindar ayuda a las miles de familias damnificadas por la ola invernal en el país.Aseguraron que gran parte de la ayuda humanitaria que enviarán se concentrará en el departamento de Córdoba, el cual hasta el momento es el que presenta mayor afectación. Sin embargo, no descartan la entrega de insumos en los departamentos de Nariño, Bolívar, Urabá, La Guajira y Cauca, si lo llegan a necesitar.El Minuto de Dios señaló que estos aportes los reciben en dinero y en donaciones como alimentos no perecederos, elementos de aseo, colchonetas y frazadas.De acuerdo con reportes oficiales, hasta la fecha se registran graves pérdidas en 104 municipios que han dejado más de 69.000 familias afectadas.Si usted desea llevar alguna donación, la corporación habilitó un punto de entrega en Bogotá, en el Banco de Ropas, ubicado en la Tv 73A #82-61, barrio Minuto de Dios, en el horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana – 4:00 de la tarde y los sábados 9:00 de la mañana – 1:00 de la tarde.¿Cómo puede donar?Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa solidaria pueden realizar su donación a través de los siguientes canales:Cuenta corriente Davivienda No. 004069997585.En la página web oficial www.minutodedios.orgO comunicándose al teléfono 601 5874441 para obtener más información.¿Cuáles son los elementos que puede donar?Alimentos no perecederos: arroz, pasta, atún/sardina en lata, granos, harina, aceite, panela, avena, sal, azúcar, bebidas en polvo.Elementos de aseo e higiene: jabón de baño y de ropa, champú, crema dental, cepillos, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales (niños y adultos).Ayudas de abrigo y descanso: colchonetas y frazadas (nuevas).Finalmente, hicieron un llamado a la solidaridad de toda ciudadanía para que de esta forma la ayuda llegue a tiempo y se convierta en un alivio para aquellas personas que lo necesitan en estos departamentos.
Durante el consejo de ministros adelantado en Montería, dedicado a la emergencia de inundaciones en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro denunció que antes de la reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubo un plan para frustrar dicho encuentro.Según el mandatario, fue un general retirado de la Policía, quien, según dijo, "alguien le dio la orden" de ponerle "sustancias psicoactivas" en uno de los vehículos oficiales donde se desplaza, con el objetivo de "destruir" la crucial reunión en Washington. Aseguró, además, que más involucrados fueron retirados.El presidente también aclaró que fueron motivos de seguridad similares los que le impidieron llegar el lunes a tiempo a atender las emergencias en el Caribe. Denunció que hubo un supuesto plan para atentar contra su integridad y que el retraso fue por temor a "un ataque contra el helicóptero" en el que viajaba con sus hijos."Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten", dijo Petro desde la capital de Córdoba durante el consejo de ministros que inició en la noche del lunes y se retomó este martes.Según Petro, por eso anoche no pudo llegar a Montería, donde era esperado, ya que después de dos horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual el aparato tuvo que volar mar adentro.El mandatario no dio detalles de su recorrido, que al parecer comenzó en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde, según dijo en su cuenta de X, estuvo ayer antes de viajar a Montería, en la Costa Atlántica. Hasta ahora ninguna autoridad de los organismos de seguridad ha informado del descubrimiento de un supuesto plan para atentar contra el presidente.A lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, el presidente colombiano ha denunciado varias veces supuestos planes de atentado en su contra.En septiembre de 2024, por ejemplo, señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de terminar ese año en un atentado con un camión cargado con dinamita.
Luego de que se conociera la decisión por parte del Ministerio de Educación en la que anunció la formulación de cargos a la Fundación San José, a la rectora Romelia Ñuste Castro y al exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la inspección y vigilancia permanente dentro de la institución, la reacción por parte de las congresistas que denunciaron este hecho no se hizo esperar.Para la representante Jennifer Pedraza, la decisión por parte de la cartera es insuficiente, pues aseguró que, desde marzo del 2025, el Ministerio de Educación ya venía vigilando constantemente la institución y aun así se presentó esta irregularidad de compra de títulos.“Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero”, señaló la congresista.Asimismo, le pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, que organice una mesa de trabajo con estudiantes y egresados de la institución para hablar sobre las alternativas que tienen frente a la desvalorización de sus títulos universitarios.“Le diría al ministro Rojas que formalmente le hemos pedido que establezca una mesa de trabajo para que le ofrezcan alternativas a los actuales estudiantes de la San José y a los egresados que están viéndose afectados por un Ministerio de Educación negligente y que hoy sus títulos universitarios tienen muy poco valor en el mercado laboral”, agregó.Por su parte, la representante Catherine Juvinao señaló que la respuesta más sensata y que ella esperaba tomara el ministerio sería una intervención a la institución educativa.“Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, como lo hemos denunciado, ameritaba mínimo una intervención”, señaló Juvinao.Además, aseguró que es “cantinflesco” que les pidan a las mismas directivas de la institución que haga planes de mejoramiento, luego de permitir la compra dentro de la institución.“Vamos a ver qué sale de los supuestos planes de mejoramiento que le van a pedir a esta institución. Pero a mí me parece casi que cantinflesco que les pidan a las mismas directivas corruptas que han cometido todos estos actos de conocimiento público que ahora se vuelvan buenas, que dejen de ser corruptas y que dejen de cometer tantas barbaridades”, concluyó.Es importante destacar que, pese a la decisión tomada por el ministerio sobre la inspección y la formulación de cargos, la cartera señaló que dichas medidas no implican el cierre de la institución, por lo que podrá continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas.
La Federación Nacional de Departamentos hizo una propuesta para atender la ola invernal que se presenta en diferentes zonas del país pero especialmente en el departamento de Córdoba.Los gobernadores piden que para atender la emergencia se utilicen los saldos no ejecutados de las regalías que son administrados por la nación.“Ante la necesidad de la declaratoria de emergencia económica y ambiental en razón de las graves inundaciones en la región Caribe y Pacífica del país, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND), se propuso como una alternativa para la atención, mitigación y restablecimiento de las zonas afectadas, la utilización de saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías en las carteras ministeriales, que ascienden a más de 6 billones de pesos y corresponden a los recursos disponibles de Ambiente (1,5 billones) y Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) (4,6 billones)”, dice el comunicado de la federación.La propuesta se le hizo formalmente al Gobierno durante el consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro en Montería. La idea la llevó a la mesa el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta."Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que en virtud de la misma se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar ni violar la autonomía territorial de los ya limitados ingresos de los departamentos", señaló el Gobernador Zuleta.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 9 de febrero:La tecnología que apareció en el show del mediotiempo del Super Bowl: más allá de los drones que siguieron a Bad Bunny.La tendencia de la generación del uso de las imágenes con inteligencia artificial y cómo potencian las mismas redes sociales.Cuidado con las estafas digitales. Ahora intentan suplantar plataformas de entretenimiento como Netflix y más.
El Consejo de Estado rechazó una demanda que pretendía anular la resolución 1117 del 30 de enero de 2026, con la que la Registraduría avaló la inscripción del comité promotor que busca recoger las firmas y el respaldo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Gobierno en cabeza del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.La decisión se da luego de que el alto tribunal alertara de un error, pues la demanda se hizo en contra de la resolución que aún no es un hecho definitivo si no un trámite administrativo que está en proceso. En otras palabras, no cabe recurso contra la inscripción porque es la etapa inicial y aún el comité debe cumplir otros requerimientos.Y es que para el demandante, el contenido del proyecto presentado por los promotores no es una simple iniciativa de participación ciudadana, sino que proyectaba un verdadero diseño integral de un proceso constituyente al hablar de la composición de la eventual Asamblea, las reglas de elección de delegados, límites del poder constituyente y la pregunta que sería sometida a votación.Sin embargo, el Consejo de Estado explicó que la resolución tuvo como fin verificar que se cumpliera los requisitos formales para la inscripción de un comité promotor, como la identificación de los ciudadanos, la designación de un vocero y la presentación del proyecto de articulado. Es decir, que el documento era más de carácter instrumental y no estaba avalando si la inventiva era legal o no.“En ese contexto, se tiene que la decisión de inscribir el comité promotor de una iniciativa legislativa no produce un efecto jurídico definitivo respecto del trámite iniciado, salvo que, en efecto, el plazo legal para ese propósito ya hubiere vencido, caso en el cual, si no se ha logrado completar el número de apoyos requeridos, la propuesta será archivada, tal como lo establece el artículo 1”, reseñó el fallo.El Consejo de Estado recordó finalmente que los actos administrativos, como la resolución en cuestión, sólo pueden ser demandados ante tribunales administrativos o solo podrían ser evaluados cuando están frenando un procedimiento. Y en este caso, la inscripción del comité promotor no bloquea el proceso, sino que apenas da inicio a etapas como la recolección de firmas, la verificación de apoyos ciudadanos y la eventual certificación del cumplimiento de los requisitos legales.Con este fallo, el comité promotor conformado por nueve personas, podrá continuar con la recolección de firmas a través de los formularios aprobados. Esos apoyos o firmas serán entregados nuevamente a la Registraduría para su verificación: si estas no cumplen los requisitos, la iniciativa se archiva, pero de lo contrario pasará a ser un proyecto de ley listo para radicarse y debatirse en el Congreso, que tendrá la palabra final.
Este lunes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Días atrás, específicamente el 5 de febrero, Omar Pérez fue atendido de urgencia en la Clínica Marly tras sufrir un infarto que obligó a quedar hospitalizado durante algunos días, noticias que, en su momento, preocupó y dejó en vilo a los hinchas de Independiente Santa Fe en torno al estado de salud de uno de los grandes ídolos de la institución.“Como todos saben, hace unos días enfrenté un problema de salud inesperado, un infarto, que sin duda fue un momento difícil para mí y mi familia. Gracias a la atención oportuna, al profesionalismo del equipo médico, y en especial al doctor Salazar y al doctor Pacheco por su dedicación, hoy puedo decirles con gran alivio que ya recibí el alta médica”, fueron las primeras palabras del ‘10’ cardenal este lunes tras ser dado de alta tras este pequeño “susto”, asegurando que seguirá en observación, pero, por ahora, fuera de peligro.En ese orden de ideas, en su comunicado, Pérez aseguró que deberá estar en calma y con responsabilidad para seguir adelante con todas las recomendaciones médicas para recuperar el 100 % de sus fuerzas y así volver, poco a poco, a sus actividades del día a día siguiendo al pie de la letra todo lo indicado por el personal médico.“Lo que realmente hizo la diferencia fue sentirme acompañado por ustedes. Cada mensaje, cada oración, cada buena energía llegó en el momento justo. No tienen idea de cuánto significó para mí. Ahora me toca seguir las indicaciones médicas y tomarme unos días de descanso en casa, con calma y responsabilidad, para recuperar fuerzas. Mi prioridad es sanar completamente”, añadió.Esta noticia tranquilizó a los hinchas de Independiente Santa Fe que esperan que el exfutbolista pueda recuperarse al 100 % y algún volver a la institución como en algunas ocasiones lo ha mencionado, mientras sigue forjando y preparando su camino al máximo.
Al iniciar el año muchos anotaron entre sus propósitos, o mapas de sueños, viajar y conocer nuevos destinos en el mundo. Sin embargo, según expertos, un lugar puede cambiar significativamente de acuerdo con la fecha y así mismo el mes en que se visite debido a que podría variar incluso el clima.Es porque, a través de un comunicado, Booking.com, reconocida plataforma de viaje, entregó una lista de destinos a visitar por cada mes del año con base a las actividades, clima y temporada en que se visita cada lugar, por ejemplo, en enero la recomendación fue Cartagena al ser “una época perfecta que mezcla el sonido del mar con los días soleados del mes”.“Un 34 % de los viajeros colombianos elige sus destinos motivados por eventos culturales, mientras que un 65 % se siente atraído por fenómenos naturales únicos, demostrando que cada momento del año tiene algo especial que ofrecer”, revelaron.El destino perfecto para cada mes de 2026Febrero (Río, Brasil): este destino se vuelve fuerte en este mes porque las fiestas crecen y la música se adueña de la calle, al igual que la ciudad vibra de manera diferentes en las playas de Copacabana o Ipanema.Marzo (Kioto, Japón): la llegada de la primavera es acompañada de una postal de película con los famosos cerezos y caminar por Arashiyama se vuelve algo imperdible en vida.Abril (Ámsterdam, Países Bajos): el mes ideal para recorres esta ciudad en bicicleta en donde visitar museos, mercados y las terrazas hacen parte de los mejores panes durante esta época.Mayo (Marrakech, Marruecos): la ciudad se vive con mayor comodidad, permitiendo explorar sus zocos, patios escondidos y jardines históricos sin prisas. Desde las noches animadas en la plaza Jemaa el-Fna.Junio (Reikiavik, Islandia): sus paisajes paradisiacos se vuelven especiales en esta época en donde las cascadas, campos de lavas, géiseres y aguas termales terminan dando una profundidad cultural de lo que es este país.Julio (Gorde, Francia): te destino es ideal para quienes buscan paisajes, gastronomía y calma. Los días se llenan de paseos tranquilos, vinos locales y atardeceres dorados que parecen detenidos en el tiempo.Agosto (Edimburgo, Escocia): durante esta época se vuelve en una zona de película con castillos y colinas ideales para explorar el caso antiguo, además una oportunidad de probar el mejor momento de la cerveza local en los pubs tradicionales.Septiembre (Múnich, Alemania): se llena de vida, música y encuentros alrededor de largas mesas, mientras parques y plazas invitan a disfrutar del final del verano. Además de su famosa fiesta cervecera.Octubre (Stowe, Vermont, EEUU): la temporada es ideal para reconectar con la naturaleza y vivir el otoño en máxima expresión, además de que las zonas se vuelven en centros acogedores de estilo hogareño.Noviembre (Tokio, Japón): mes perfecto para caminar, descubrir rincones gastronómicos y experimentar la convivencia entre tradición y modernidad, además que se tiñen de rojo y dorado los parques ante la temporada.Diciembre (Viena, Austria): los mercados navideños acompañados de música clásico terminan haciendo de un sector acogedor este país, en especial esta ciudad. Pasear entre luces, probar especialidades locales y asistir a conciertos convierte el final del año en una experiencia memorable.
Los recursos para atender la crisis por lluvias en el país dependen de la decisión que adopte la Corte Constitucional frente al decreto de emergencia económica, según afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El funcionario indicó que el Gobierno nacional fijó plazo hasta el miércoles 11 de febrero para que se reactive la medida, con el fin de garantizar financiación para las acciones de atención.Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó los alcances del nuevo decreto que prepara el Ejecutivo. Señaló que, tras la suspensión provisional de las medidas adoptadas en la anterior emergencia económica, estas no pueden repetirse en un nuevo acto administrativo.Ante ese escenario, el Gobierno plantea enfocar la nueva emergencia en la obtención de recursos a través de una medida tributaria. La propuesta consiste en la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con un esquema progresivo que excluye a las pequeñas y medianas empresas.De acuerdo con el ministro de Hacienda, el gravamen se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos. Para ese rango, la tarifa sería del 0,6 %, mientras que los patrimonios que superen las 600.000 UVT tendrían una tarifa del 1,2 %.El Gobierno sostiene que esta medida busca asegurar recursos para la atención de la emergencia, mientras se define la situación jurídica del decreto ante la Corte Constitucional.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias requerirá hasta 8 billones de pesos. Para financiar esa intervención, el Gobierno evalúa la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con carácter progresivo, una medida que, según explicó, busca obtener recursos sin afectar a las pequeñas y medianas empresas.
Lo que durante años fue sinónimo de miedo, control armado y despojo para 619 hectáreas de tierra rural, ubicadas en los municipios de San Luis y Guamo, Tolima, ahora serán una nueva oportunidad para comunidades campesinas, víctimas del conflicto, como parte de los procesos de Reforma Agraria que adelanta el Gobierno Nacional.Se trata de predios que, según registros oficiales del Fondo de Reparación para las Víctimas, estuvieron presuntamente vinculados al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que hoy ingresan a un proceso institucional orientado a su uso social, productivo y reparador.La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lideró la recuperación y administración de estas tierras, que, por décadas, estuvieron marcadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la informalidad en la tenencia. Los predios El Paraíso y El Jardín, en Guamo, y Guamal, en San Luis, suman en conjunto las 619 hectáreas que ahora tendrán un nuevo propósito: producir alimentos y garantizar acceso a la tierra a familias campesinas.Según Javier Marín, experto grado 6 de la Dirección General de la ANT, este proceso representó un giro histórico para el territorio. “Estos predios provienen del Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas y hacen parte de los procesos que adelanta la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en su entrega a comunidades campesinas, en el marco de la Reforma Agraria”, explicó.Marín precisó que uno de los predios más representativos está ubicado en San Luis, con una extensión superior a las 370 hectáreas, y que habría sido señalado en procesos judiciales como un punto estratégico del Bloque Tolima. “Hoy ese mismo predio deja atrás su pasado ligado a la guerra y pasa a manos de campesinos y víctimas del conflicto, con fines productivos y de reconstrucción del tejido social”, señaló.La recuperación de estas tierras se sumó a otros procesos similares en el departamento. Con estas 619 hectáreas, el Tolima alcanza 1.374 hectáreas recuperadas para la Reforma Agraria, consolidando una de las apuestas centrales del Gobierno para saldar la deuda histórica con el campesinado.Desde la ANT se reiteró que estos procesos no solo buscan devolver la tierra, sino transformar territorios golpeados por la violencia en espacios de producción, arraigo y paz rural. Para las comunidades campesinas, el paso de estos predios a manos legales representa la posibilidad de reconstruir proyectos de vida y fortalecer la economía del campo.
La senadora Aida Quilcué fue rescatada este martes tras un operativo de presión civil y militar en la zona rural del departamento del Cauca. La congresista, que había sido interceptada por hombres armados en jurisdicción del municipio de Totoró, ya se encuentra bajo la protección de la Guardia Indígena y en proceso de traslado hacia la ciudad de Popayán para reencontrarse con su familia.Detalles del rescate de la senadora Aida QuilcuéEl operativo de liberación se concentró en el páramo de Guanacas, una zona de difícil acceso ubicada en la parte alta del municipio de Inzá. Según confirmó el alcalde del municipio, Delio Trujillo, la recuperación de la libertad de la líder indígena fue resultado de una acción coordinada. "La presión de la ciudadanía, de la guardia y las autoridades indígenas, en conjunto con la fuerza pública, sirvió", señaló el mandatario local.La senadora fue hallada junto a los dos integrantes de su esquema de seguridad en un sector donde la comunicación por señal de celular o radio es inexistente. Tras el contacto inicial, se reportó que Quilcué se encuentra en buen estado físico. "Hablé con ella, estaba tranquila, estaba bien, por lo menos en su voz", añadió el alcalde.Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), advirtió sobre la peligrosidad del sector donde ocurrió el incidente. "Es una zona bastante complicada en la que ya se han dado varios hechos anteriores", explicó el vocero, subrayando que el área es escenario recurrente de afectaciones contra comuneros y ciudadanos.Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué grupo armado ilegal estuvo detrás de la retención. La congresista será trasladada a un centro asistencial para una valoración médica detallada mientras los organismos judiciales inician las investigaciones para esclarecer los móviles del secuestro.
Más de 70 niños y niñas de zonas rurales del Catatumbo, en Norte de Santander, estrenarán mejores espacios para estudiar. El Ministerio de Educación, en articulación con Findeter, entregó este domingo varios proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa en tres municipios de la región, con una inversión total que supera los 1.800 millones de pesos.Las obras se realizaron en Teorama, Hacarí y San Calixto, territorios históricamente golpeados por el conflicto y por las dificultades de acceso a servicios básicos. En total fueron destinados $1.839 millones para la adecuación de aulas, cocinas y comedores escolares, cubiertas, baterías sanitarias, zonas exteriores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de dotación básica de mobiliario.En Teorama se intervino la Institución Educativa – Sede Pulpitos, ubicada en zona rural del municipio. Allí se invirtieron cerca de $279 millones en trabajos que se ejecutaron entre julio y diciembre de 2025 y que beneficiarán directamente a cinco estudiantes de la vereda.Por su parte, en Hacarí se desarrollaron dos proyectos. El primero se llevó a cabo en la Institución Educativa – Sede El Cerro, donde se invirtieron aproximadamente $680 millones para mejorar las condiciones de estudio de 13 alumnos. El segundo correspondió a la Institución Educativa El Valle, que recibió adecuaciones por $410 millones y beneficia a 17 estudiantes.En el municipio de San Calixto también hubo buenas noticias. Allí se entregaron las obras en la Institución Educativa Quebrada Azul, que atiende a 36 estudiantes de la zona rural y que contó con una inversión cercana a los $470 millones.Según el Ministerio de Educación, estas intervenciones buscan cerrar brechas históricas en el acceso y la calidad educativa en regiones apartadas del país, garantizando espacios dignos para el aprendizaje.Con estas entregas, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso con el fortalecimiento de la educación rural en el Catatumbo y con el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades educativas de Norte de Santander.
A través de un plan candado y en una persecución de película la Policía de Tránsito detuvo a un camión que había sido hurtado cargado con más de 120 bultos de sal en el sector conocido como Bajo Sartenejo, en la vía principal que comunica al municipio de Garzón con Neiva.Minutos después, los uniformados motorizados lograron la captura de otras cuatro personas involucradas en el hurto del automotor de carga, cuando se movilizaban en dos automóviles particulares en inmediaciones del centro poblado de La Jagua en la vía Garzón – Pitalito.“Hemos capturado a seis delincuentes, quienes en plena vía nacional Ruta 45 habían hurtado un camión con la mercancía que llevaba, las dos personas propietarias de la carga, de inmediato dieron aviso a la policía de Garzón, se coordinó con policía de carreteras y con los comandantes de las estaciones de policía de Gigante y Altamira y se logró la captura de estos delincuentes” indicó el coronel Javier Alberto Duarte, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las autoridades, el vehículo hurtado y recuperado es un camión de estacas marca HINO línea FC500, color blanco, avaluado en aproximadamente 150 millones de pesos, mientras que los 120 bultos de sal estarían avaluados en la suma de 12 millones de pesos.Los seis capturados identificados como Juan Camilo Gómez, Luis Fernando Vivas, Gisela Juliana, Maicol López, Alexis Mosquera y Fredy Varón, fueron imputados por la Fiscalía por el delito de hurto calificado y un Juez de Control de Garantías de Garzón, Huila, les impuso medida privativa de la libertad en centro penitenciario. La mujer tendrá casa por cárcel.
El Ministerio de Minas y Energía rechazó la medida arancelaria del 30 % que fue impuesta por el Gobierno ecuatoriano para todos los productos exportados desde Colombia, tachando la medida como unilateral, que afecta la integración regional y la relación comercial entre ambos países.El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Además, añadió que, aun cuando Colombia enfrentaba una de las épocas más críticas de sequía de toda la historia por efectos del cambio climático, se garantizó tanto el abastecimiento interno como el cumplimiento de los compromisos internacionales.El ministro recordó que, ante el riesgo de bajos niveles en los embalses de Mazar y Coca Codo Sinclair, el Gobierno colombiano había expedido recientemente una resolución para permitir la participación de iniciativas privadas en la venta de energía entre varios países, con el fin de ampliar la cooperación binacional y evitar déficits, pero ahora el ministro ordenó desmontar esta medida.La inseguridad también fue un punto de partida. El ministro hizo referencia a los impactos de la inseguridad que ha tenido Colombia en el suroccidente del país, específicamente en la infraestructura energética. En diciembre pasado, un atentado contra redes eléctricas en el suroccidente del país afectó temporalmente la capacidad de exportación; sin embargo, una acción coordinada entre la Fuerza Pública, el Ministerio de Minas y Energía, los operadores de red y el operador del sistema permitió reconfigurar los circuitos y mantener los volúmenes de energía que Ecuador requería.De acuerdo con cifras oficiales, la demanda diaria de energía eléctrica en Ecuador oscila entre 92 y 100 gigavatios hora. Aun después del atentado, Colombia ha mantenido exportaciones cercanas a los 8 gigavatios hora diarios, lo que equivale a entre el 8 % y el 10 % del consumo total del país vecino, gracias a la fortaleza de su infraestructura eléctrica y a los acuerdos vigentes de la Comunidad Andina de Naciones.Finalmente, el Gobierno colombiano reiteró el llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones concertadas que permitan preservar la cooperación energética y comercial entre Colombia y Ecuador.
Al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, llegó el pasado 12 de enero una queja disciplinaria en contra de quien hasta diciembre fungió como presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, y en contra de dos actuales funcionarios de la entidad.En la denuncia, presentada por el abogado y exzar anticorrupción Camilo Enciso, se señala que estas tres personas habrían incurrido en varias faltas graves correspondientes a temas como la omisión de declarar conflictos de interés y el presunto tráfico de influencias en la contratación pública.La historia es así: en junio de 2023, el presidente Gustavo Petro nombró como presidente de la entidad a Juan Carlos Muñiz, oriundo de Sabanalarga y quien había fungido en el pasado como secretario de Hacienda de la Gobernación del Atlántico. Al poco tiempo de llegar, Muñiz nombró como su asesora personal en la entidad a Betty Amada Ruiz Cantillo, la prima hermana de su esposa, Wadeth Chams Cantillo.Ruiz Cantillo registra hoy en el directorio de Findeter como gerente de Asuntos Estratégicos, oficina adscrita a la Presidencia y que, según se puede leer en el manual de funciones de la entidad, tiene entre varias funciones: “Formular y gestionar los proyectos y actividades transversales de cara al cumplimiento de las metas de la entidad”.Posteriormente, Muñiz nombró como director de Asuntos Contractuales a Iván Ramírez Rusinque, quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario general y hoy es el presidente encargado de la entidad tras la salida de Muñiz. Poco tiempo después, Ramírez Rusinque y Ruiz Cantillo iniciaron una relación de pareja.Con ocasión de la evolución de la relación, el 30 de octubre de 2025 Betty Amada radicó una declaración jurada y de conflictos de interés, en la que reportó que Iván Ramírez es su esposo. Sin embargo, no consideró que el hecho de que su esposo trabaje en la entidad pueda generar un potencial conflicto de interés entre ellos.De forma similar, con ocasión de su ascenso al cargo de secretario general de la entidad, Ramírez radicó una declaración de patrimonio y conflictos de interés en noviembre del año pasado, en la que declara de manera similar que su esposa es Betty Amada Ruiz Cantillo, pero tampoco vio ningún conflicto de interés, en contravía de la Política de Conflictos de Interés de la organización.Sumado a este posible caso de conflicto de intereses entre Muñiz, Ruiz Cantillo y Ramírez Rusinque, la denuncia de Enciso habla de un convenio interadministrativo que se habría firmado en noviembre de 2025 por valor de $22.000 millones de pesos entre Findeter y el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, primo del suegro de Muñiz, Jorge Chams Cure.Adicionalmente, el denunciante habla de tres fuentes internas de Findeter que han pedido la reserva de su nombre y que denuncian que existirían presuntos cobros de “coimas” o “comisiones” del 10 % al 20 % sobre el valor de contratos adjudicados por Findeter durante 2024-2025.Blu Radio consultó con Findeter y con el exdirector Muñiz sobre las denuncias de Enciso. En el caso de Muñiz, este señala que no tiene ningún tipo de conflicto, ni inhabilidad ni incompatibilidad que estén contempladas en la ley; que Betty Ruiz Cantillo no ostenta cargo directivo en la entidad, sino profesional; que Iván Ramírez tiene ocho años en Findeter y fue allí donde inició su relación sentimental, que llevó a su matrimonio en octubre de 2025; y que, frente al caso de Sabanalarga, no se trató de un convenio, sino de “una aprobación de un crédito, como se le hacen a todos los municipios del país, de acuerdo con su capacidad establecida en las normas pertinentes. Yo no tengo ninguna relación de consanguinidad ni conflicto de interés con ese alcalde”.Por su parte, desde Findeter rechazaron de manera categórica las denuncias sobre presuntos conflictos de interés y hechos irregulares en la entidad, al señalar que carecen de sustento fáctico y jurídico. Se aclaró que Betty Ruiz Cantillo no ocupa un cargo directivo, sino que se desempeña como profesional, y que tanto ella como Iván Ramírez ingresaron a la entidad antes de existir cualquier vínculo personal, lo que descarta inhabilidades o incompatibilidades. Frente al convenio por $22.000 millones con el municipio de Sabanalarga, se indicó que el crédito fue aprobado bajo los mismos procedimientos, controles y estándares aplicables a cualquier entidad territorial. Finalmente, se calificaron como falsas y temerarias las afirmaciones sobre supuestas coimas o comisiones, invitando a quienes las sostienen a presentar denuncias formales ante las autoridades competentes y advirtiendo que dichos señalamientos afectan injustamente el buen nombre de los funcionarios y de la entidad.
El anuncio del decreto firmado por Gustavo Petro, que recorta las primas del Congreso, volvió a poner sobre la mesa un tema delicado en los cargos públicos: los salarios del Estado. Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, citado en Mañanas Blu, reveló cifras que llaman la atención sobre los ingresos de algunos funcionarios.La discusión no se limita únicamente a los congresistas, sino que se extiende a una amplia lista de cargos cuyos titulares reciben, mes a mes, ingresos muy por encima del promedio nacional.La medida del Gobierno busca ajustar salarios y beneficios como primas y bonificaciones, bajo el argumento de aliviar el gasto y enviar un mensaje de austeridad. Sin embargo, expertos coinciden en que el ahorro sería limitado frente al tamaño del Presupuesto General de la Nación, que supera los 550 billones de pesos.¿A quiénes realmente afecta la medida de Petro?Si bien el presidente ha insistido en comenzar con los congresistas, el informe deja claro que no son ellos quienes más ganan. Por eso surge la pregunta sobre si el ajuste se extenderá a otros cargos con salarios mucho más altos. Analistas advierten que, si la medida se limita al Congreso, el impacto sería mínimo y podría interpretarse más como un gesto político que como una reforma estructural.Los cargos del Estado que más ganan en ColombiaDe acuerdo con el informe del Observatorio Fiscal, hay funcionarios cuyo ingreso mensual supera incluso al de ministros y congresistas. Entre los casos mencionados están:Cargo: Subsecretario general del Senado.Sueldo: 98.100.000 COP, recibidos mensualmente tras bonificaciones. Su costo total para el Estado supera los 135 millones de pesos al mes.Cargo: Directora del Fondo de Adaptación, anteriormente en el DAPRE.Sueldo: 94.700.000 COP.Cargo: Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Vargas.Sueldo: 91.000.000 COP.Cargo: Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.Sueldo: 59.000.000 COP.Cargo: Secretario general del Senado.Sueldo: 53.600.000 COP.Cargo: Secretario general de la Cámara.Sueldo: 53.600.000 COP.Estas cifras corresponden a lo que realmente reciben, luego de sumar salario base, gastos de representación, primas y bonificaciones, un aspecto clave señalado por los analistas.Según cálculos del Observatorio Fiscal, el ahorro estimado rondaría los 50 mil millones de pesos, una cifra baja frente al tamaño del presupuesto nacional. Para los expertos, el verdadero reto está en revisar a fondo primas, fondos extrapresupuestales y rubros de alto impacto como salud y educación.
El Ministerio de Defensa se pronunció luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigor a partir del primero de febrero y que fue presentada por el mandatario ecuatoriano como una “tasa de seguridad”.El mensaje del Gobierno colombiano puso el foco en los resultados de cooperación binacional en materia de seguridad. Según el Ministerio de Defensa, una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército del Ecuador permitió la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza.La acción se logró, según Colombia, precisamente gracias al intercambio de información y a la coordinación en terreno entre las dos fuerzas militares. El resultado, señaló el Ministerio, evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana y representó una afectación económica superior a los 13 millones de dólares para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.En su pronunciamiento, la cartera de Defensa aseguró que Colombia mantiene su compromiso con la cooperación bilateral en seguridad, el trabajo coordinado en zonas de frontera y el intercambio de información como herramientas clave para enfrentar el narcotráfico transnacional y proteger a las comunidades que habitan en estas regiones.El mensaje contrasta con las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien horas antes había anunciado la decisión de imponer el nuevo arancel a productos colombianos. En su cuenta de X, el mandatario afirmó que Ecuador ha hecho “esfuerzos reales de cooperación con Colombia”, pese a registrar, según dijo, un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales.Noboa aseguró que, mientras su Gobierno ha insistido en el diálogo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas continúan enfrentando en la frontera a grupos criminales ligados al narcotráfico “sin cooperación alguna”. Bajo ese argumento, justificó la aplicación de la tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas.El presidente ecuatoriano advirtió que la medida se mantendrá vigente hasta que, en su criterio, exista un compromiso “real” y acciones firmes para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con el mismo nivel de decisión que hoy asume Ecuador.En complemento a ese panorama, las Fuerzas Militares reportaron que, en los últimos años, han sostenido una ofensiva permanente en la frontera con Ecuador, con operaciones orientadas a debilitar de manera directa a los grupos armados organizados y a las economías ilícitas que operan en la zona limítrofe. De acuerdo con los resultados, estas acciones han impactado a estructuras del ELN, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, con una afectación acumulada de más de 1.200 integrantes, además de 2.899 capturas y 255 personas sometidas a la justicia.En el mismo periodo, las operaciones permitieron la recuperación de 136 menores de edad y la incautación de más de 2.000 armas y cerca de 15.000 artefactos explosivos.En el frente del narcotráfico, las FF. MM. señalaron que los golpes han sido continuos y de alto impacto, con la incautación de más de 209 toneladas de cocaína, la destrucción de más de 5.500 laboratorios para el procesamiento de droga y la erradicación de más de 28 millones de matas de coca en zonas de frontera.A estos resultados se suma la neutralización de semisumergibles, embarcaciones, vehículos e insumos utilizados por las redes criminales, así como 196 combates registrados, la ubicación de 2.011 depósitos ilegales y la neutralización de 988 artefactos explosivos, cifras con las que Colombia busca respaldar su postura frente a los señalamientos de falta de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El presidente Gustavo Petro presentó el diseño del nuevo pasaporte colombiano, asegurando que este documento se posicionará entre los cuatro más seguros a nivel global. Durante un consejo de ministros, el mandatario exhibió la primera imagen de la libreta, señalando que la actualización es el resultado de una reestructuración profunda en el modelo de contratación para erradicar presuntas irregularidades.El jefe de Estado vinculó la transformación del documento con el fortalecimiento de la soberanía tecnológica. "Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte", afirmó Petro, resaltando que la seguridad será el pilar fundamental de esta nueva versión. Según el mandatario, el nivel de protección de los datos permitirá que Colombia destaque en el escalafón internacional por la calidad de su identificación migratoria.Petro también denunció intentos de sabotaje al proceso, relacionando la emisión del pasaporte con el control de softwares sensibles en el país. "Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia", sostuvo. El presidente advirtió que la transparencia en los algoritmos es clave para evitar fraudes, añadiendo que la reforma en la contratación "casi le cuesta la cárcel".Finalmente, el mandatario evitó profundizar en detalles técnicos para no incurrir en faltas legales.
Tras la incertidumbre generada por cuenta de un "tercer frente frío" al país, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, aclaró el panorama climático para las próximas semanas. En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria explicó que, si bien existe una masa de aire frío descendiendo desde el hemisferio norte, su impacto sobre el territorio nacional será mínimo o nulo, ya que el fenómeno se encuentra actualmente saliendo de la zona de incidencia.Impacto del tercer frente frío en el territorio nacionalDe acuerdo con la directora Echeverry, este tercer frente frío es una masa de aire proveniente del norte global, un fenómeno usual durante el invierno del hemisferio norte. Sin embargo, a diferencia del frente que causó estragos a principios de febrero, este nuevo evento no generará alteraciones significativas en los patrones de vientos ni aumentos drásticos en las precipitaciones para Colombia.La funcionaria enfatizó que el frente ya está transitando hacia la primavera, lo que reduce la probabilidad de que afecte al trópico con la misma fuerza que los eventos anteriores. "Estamos viendo que ya sale de la zona de incidencia del territorio y que no vamos a tener picos de precipitación asociados", aseguró Echeverry, mencionando que solo podrían presentarse algunas alteraciones menores en el archipiélago de San Andrés.¿Por qué ha sido tan intenso el clima recientemente?El clima en Colombia ha mostrado un comportamiento inusual debido a una "suma de muchos factores". La directora señaló que la intensidad de los frentes fríos este año ha sido histórica, citando como ejemplo el registro de 0 grados en Matanzas, Cuba, algo sin precedentes. En el caso colombiano, el frente frío de inicios de febrero se encontró con un océano Pacífico aún frío y otros fenómenos como la oscilación de Madden-Julian y bajas presiones en el Caribe, lo que exacerbó las lluvias.Fecha estimada para la normalización del clima en febreroPara quienes esperan un respiro de las lluvias, el Ideam trae noticias alentadoras. Se espera que en las últimas semanas de febrero las condiciones climáticas comiencen a alinearse con los promedios históricos, lo que significa una disminución de las precipitaciones, especialmente en la región Caribe. No obstante, se advirtió que regiones como el Pacífico continuarán con lluvias, dado que es su comportamiento climatológico normal durante todo el año.Temporada de lluvias y alertas vigentes para marzoA pesar de la tregua esperada a finales de febrero, la directora advirtió que esta será corta. Colombia se prepara para el inicio de la temporada de más lluvias, que suele instalarse entre marzo y junio para las regiones Andina y Caribe. Por esta razón, las alertas hidrológicas se mantienen vigentes, ya que los suelos saturados y los caudales altos en embalses y ríos podrían generar inundaciones ante cualquier precipitación continuada.Escuche aquí la entrevista:
Colombia amaneció este martes 10 de febrero de 2026 con una nueva señal de alerta en materia de corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción, presentado por Transparencia Internacional, mostró que el país volvió a caer en el ranking global, una tendencia que, según expertos, ya no es coyuntural sino estructural.En entrevista con Mañanas Blu, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, fue directo al describir el panorama: “Hay una tendencia grave de caída”. Colombia perdió dos puestos frente al año pasado y acumula un descenso de 12 posiciones desde 2023.Índice de corrupción en Colombia: una caída que no se detieneHernández explicó que el retroceso responde a múltiples factores evaluados por fuentes internacionales. “Las fuentes miran el alcance de la corrupción en el gobierno, en el Congreso, en la justicia”, señaló, y advirtió que esa mirada externa coincide con lo que se vive dentro del país.Según el directivo, los escándalos recientes no solo son más frecuentes, sino más complejos. “Cada vez generan mayor impacto y, lastimosamente, aún tienen una tarea muy grande por delante en términos de sanción”, afirmó. Para el experto, la percepción internacional refleja lo que sienten muchos ciudadanos en su vida diaria.Expectativas altas y resultados bajos en la lucha anticorrupciónUno de los puntos clave, dijo Hernández, fue el contraste entre las expectativas y los resultados. “Se generó una gran expectativa al inicio del gobierno y eso se marcó en el índice”, recordó. En 2023, Colombia alcanzó 40 puntos sobre 100, pero desde entonces la tendencia ha sido descendente: 39 puntos en 2024 y 37 en la medición actual.“El deterioro es muy preocupante. Hay acciones que no se han tomado y que necesitan mucha urgencia, liderazgo y capacidad para generar resultados”, subrayó.Corrupción global y debilidad de los controlesEl índice también muestra un deterioro a nivel mundial, especialmente en América Latina y África. Para Hernández, esto responde a la falta de liderazgo global y a la persistencia de flujos financieros ilícitos. “Los estándares internacionales están dejando de implementarse”, advirtió.En el plano interno, señaló que los órganos de control tienen un reto enorme. “La expectativa es grande, los resultados no son suficientes”, dijo, al insistir en que Colombia sigue reaccionando tarde, cuando los recursos ya se perdieron.Con 182 países evaluados, Colombia ocupa hoy el puesto 99, por debajo de la mitad del ranking. Un resultado que, más allá de la cifra, confirma una percepción que sigue pasando factura dentro y fuera del país.
Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ han consolidado en el Cauca uno de sus principales bastiones armados a través del denominado Bloque Occidental Jacobo Arenas, una estructura que articula frentes rurales, urbanos y corredores estratégicos hacia el Pacífico. De acuerdo con información de inteligencia, esta facción mantiene una presencia activa y violenta en amplias zonas del departamento, con capacidad para ejecutar atentados, controlar economías ilícitas y ejercer presión directa sobre la población civil.En la cúspide del Bloque Occidental aparece Iván Jacobo Idrobo, alias ‘Marlon’, identificado como el principal cabecilla y uno de los hombres más peligrosos del suroccidente colombiano. Su historial incluye asesinatos de líderes sociales, reclutamiento forzado de menores y expansión territorial en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Bajo su mando delinque un aparato armado con fuerte énfasis en acciones terroristas, uso de explosivos y guerra con uso de drones.Uno de los hombres clave del bloque es Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Viejo Dionisio Rayo’, ideólogo y explosivista, señalado de haber participado en el ataque con morteros contra el Palacio de Nariño en 2002. Actualmente, coordina acciones simultáneas, incluyendo el uso de drones y vehículos cargados con explosivos, lo que ha elevado el nivel de amenaza contra la Fuerza Pública y la población civil en el Cauca.En el componente financiero aparece Geovanny Gómez, alias ‘Mahecha’, cabecilla de finanzas, quien articula el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Su estructura controla producción y rutas de cocaína con destino a mercados internacionales, además de lavado de activos mediante inversiones en bienes y negocios, lo que sostiene la operación armada en municipios caucanos clave.En el territorio caucano delinquen varias estructuras subordinadas. La estructura ‘Jaime Martínez’, bajo el mando de alias ‘Jairo Ramírez’ o ‘Jairito’, concentra su accionar en Suárez, Buenos Aires, Morales y Cajibío, controlando corredores hacia el Pacífico y regulando economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el mercado de marihuana. Esta facción ha ejecutado ataques con explosivos y drones, generando desplazamientos forzados y un esquema de “gobernanza armada” sobre comunidades rurales.Otra de las estructuras más violentas es la ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, liderada por Alex Vitongo Andela, alias ‘David’ o ‘Mípez’, responsable de atentados con carros bomba, asesinatos selectivos de líderes sociales y reclutamiento forzado de menores. Su influencia se extiende por municipios del norte del Cauca, donde también cobra “peajes” al narcotráfico y mantiene secuestros y extorsiones sistemáticas.En el sur del departamento actúa la estructura ‘Carlos Patiño’, comandada por Jhon Alexander Jiménez, alias ‘Zamora’, señalada de secuestros masivos, incluido el plagio de 29 uniformados, ataques en El Plateado, Argelia, El Tambo y Patía, así como asesinatos de líderes sociales y menores que se negaron a ser reclutados. Su financiación proviene principalmente del tráfico de cocaína y la extorsión a campesinos y comerciantes.A estas se suman la estructura ‘Andrés Patiño’, con presencia en el macizo colombiano y municipios como Bolívar y La Vega; y la estructura 30 ‘Jhonnier Toro Arenas’, responsable de atentados en Timbiquí y desplazamientos masivos en la costa pacífica caucana. Ambas combinan acciones terroristas, reclutamiento de menores y control de economías ilícitas, ampliando la presión armada sobre comunidades rurales e indígenas.El documento también advierte sobre la articulación de estas estructuras con frentes urbanos y con otros bloques, lo que refuerza la capacidad de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ para sostener una ofensiva prolongada. En el Cauca, este entramado criminal se traduce en violencia persistente, control territorial ilegal y un impacto directo sobre la seguridad y la vida cotidiana de la población civil, que sigue atrapada entre el miedo, el desplazamiento y la ausencia efectiva del Estado.
El frente frío que azotó al departamento de Córdoba ha dejado a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolas a abandonar sus hogares y perder la totalidad de sus pertenencias bajo el agua. Testimonios recolectados en la región dan cuenta de una tragedia que ocurrió en cuestión de minutos, transformando la rutina de los habitantes en una lucha por la supervivencia."Lo perdimos todo en un abrir y cerrar de ojos"Gina Paola Rodríguez y su cuñada, Jenny Cárdenas Benítez, son reflejo de la crisis que atraviesan sectores como los barrios Rancho Grande y El Níspero en Montería. Según relataron en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el aumento del nivel del agua fue tan repentino que no hubo tiempo de rescatar bienes materiales. "Lo perdimos todo en un abrir y cerrar de ojos. No nos dio tiempo de sacar nada. Las camas, las colchonetas, los closets, todo se dañó realmente", contó Rodríguez.Aparte de lo vivido con sus enseres, Gina Paola habló de una realidad actual y es que, tras la emergencia, muchos familiares han quedado separados."Estamos regados, o sea, mis hermanos están en una bodega y con mis papás estamos acá en el barrio Recuerdo, donde una vecina nos dio una pieza", detalló Gina Paola sobre el desplazamiento de sus familiares.A la pérdida material y el desplazamiento de las familias se suma la preocupación por la seguridad. Los damnificados denuncian que las viviendas abandonadas están siendo blanco de la delincuencia. "Se están metiendo a robar las cosas, estamos a la de Dios", lamentó Gina Paola, señalando que el sector se encuentra completamente descuidado ante la mirada de los amigos de lo ajeno.Escuche la entrevista aquí: