El cerebro puede recuperarse y mejorar su capacidad de aprendizaje también mediante una breve siesta, no solo con el sueño nocturno más prolongado, concluye una investigación realizada por instituciones científicas y médicas de Suiza y Alemania.La investigación demuestra que incluso una siesta es suficiente para reorganizar las conexiones entre las células nerviosas, de modo que la nueva información pueda almacenarse con mayor eficacia, según el estudio llevado a cabo por expertos del Centro Médico de la Universidad de Friburgo (Alemania), los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) y la universidad de la misma ciudad suiza (UNIGE)."Incluso periodos cortos de sueño aumentan la capacidad del cerebro para codificar nueva información", recalcó en un comunicado de los HUG el director del estudio, Christoph Nissen, actualmente responsable del Centro de Medicina del Sueño en los hospitales ginebrinos y catedrático de Psiquiatría en UNIGE.¿Por qué una siesta es buena para el cerebro?El cerebro está en constante actividad durante el día al procesar nuevas impresiones, pensamientos e informaciones, lo que refuerza las conexiones entre las células nerviosas (sinapsis) fundamentales para el aprendizaje, pero ello produce una saturación, de modo que la capacidad del cerebro para seguir aprendiendo disminuye.El sueño ayuda a regular de nuevo esta actividad excesiva, sin perder información importante, y ahora el nuevo estudio demuestra que ese "reinicio sináptico" puede producirse con solo una siesta por la tarde, "liberando espacio para la formación de nuevos recuerdos", señaló Nissen.En el estudio se analizó a 20 adultos jóvenes que, en dos tardes distintas, durmieron una siesta de unos 45 minutos o permanecieron despiertos, y se analizó su actividad cerebral con métodos no invasivos como la estimulación magnética transcraneal y electroencefalogramas.Los resultados mostraron que tras la siesta la fuerza global de las conexiones sinápticas en el cerebro se reducía, un indicio del efecto reparador del sueño, y al mismo tiempo la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones mejoraba de forma significativa.El estudio da una explicación biológica de por qué las personas suelen rendir mejor después de una siesta por la tarde, especialmente en profesiones o actividades que exigen un alto nivel de rendimiento mental o físico como la música, el deporte o profesiones críticas en el ámbito de la seguridad."Una siesta por la tarde puede sostener el rendimiento en situaciones de alta exigencia", resumió el director del estudio, publicado en la revista especializada NeuroImage.
La reciente confirmación de varios casos del virus Nipah en India, incluyendo una muerte, volvió a encender las alarmas de las autoridades sanitarias internacionales. Más de 100 personas fueron puestas en aislamiento domiciliario como medida preventiva, mientras los pacientes reciben atención médica especializada. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, su alta letalidad y la ausencia de vacuna o tratamiento específico la convierten en una amenaza de alto riesgo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).Este virus, que se transmite principalmente desde animales a humanos, ha causado brotes en países como Bangladesh, India, Malasia y Singapur, aunque los murciélagos que actúan como reservorio natural habitan en buena parte del sudeste asiático. Por eso, los expertos recomiendan estar atentos a los síntomas y a los mecanismos de contagio.¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa?El virus Nipah es un patógeno zoonótico, lo que significa que puede pasar de animales a personas y también entre humanos. De acuerdo con la OMS, no existe actualmente una vacuna ni un tratamiento antiviral específico, y su tasa de mortalidad puede variar entre el 40 % y el 75 %, dependiendo del brote y la variante.Además, algunos pacientes que logran sobrevivir pueden presentar secuelas neurológicas a largo plazo, como convulsiones persistentes, dificultades cognitivas o cambios en la personalidad. En casos raros, la enfermedad puede reaparecer meses o incluso años después.Síntomas del virus Nipah: señales de alertaUno de los mayores riesgos es que los primeros síntomas suelen ser similares a los de una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el período de incubación oscila entre cuatro y 21 días, aunque en situaciones excepcionales puede ser mayor.Entre los síntomas más frecuentes se encuentran: Fiebre altaDolor de cabeza intensoFatiga y malestar generalDolores muscularesTos y dificultad para respirarConfusión o desorientaciónEn los casos más graves, puede desarrollarse encefalitis, una inflamación del cerebro que provoca convulsiones, pérdida de conciencia o incluso coma.¿Cómo se transmite el virus Nipah?La principal fuente de contagio son los murciélagos frugívoros del género Pteropus. Las personas pueden infectarse al tener contacto directo con estos animales o al consumir frutas y alimentos contaminados con su saliva, orina o heces.También se ha documentado transmisión de persona a persona, especialmente a través del contacto estrecho con fluidos corporales de individuos infectados, lo que hace necesario el aislamiento temprano de los casos sospechosos.Recomendaciones clave para prevenir el contagioAunque el riesgo global sigue siendo bajo, las autoridades sanitarias recomiendan mantener medidas básicas de prevención:Evitar consumir frutas mordidas o parcialmente comidasMantener una adecuada higiene de manosEvitar el contacto con personas que presenten síntomas compatiblesBuscar atención médica inmediata ante fiebre persistente y signos neurológicosEl reciente brote en India recuerda que, aunque el virus Nipah es poco común, su impacto puede ser grave. Por eso, la detección temprana y la información clara siguen siendo herramientas fundamentales para proteger la salud pública.
La Supersoiciedades confirmó el acuerdo de reorganización de Audifarma S.A. en una decisión que permite a la compañía continuar operando mientras cumple un plan de pago para superar las dificultades financieras que enfrentó en los últimos años.Audifarma había sido admitida al proceso de reorganización en diciembre de 2024, luego de presentar problemas de liquidez que afectaron “el pago oportuno a sus proveedores, trabajadores y demás acreedores”, indicó el organismo de control.La empresa se dedica a la distribución de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, prótesis, productos cosméticos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).De acuerdo con la Superintendencia, a 30 de septiembre de 2025, Audifarma registró “activos por aproximadamente $3,07 billones y pasivos por $3,06 billones”.De momento, la compañía cuenta con una amplia red de farmacias en todo el país y una planta de personal compuesta por 3.038 empleados permanentes y 284 temporales, para un total de 3.322 trabajadores, señalo la Supersociedades.El acuerdo fue aprobado por más del 80% de los acreedores y permitirá la normalización de pasivos por más de $2,7 billones en un plazo de 12 años.La entidad precisó que Audifarma no registra deudas con sus trabajadores y que las obligaciones con entidades públicas, proveedores y entidades financieras “se pagarán conforme a la prelación legal vigente”, según la entidad.El plan de pagos está sustentado “en el flujo operativo de la empresa y en los recursos que se recauden de la cartera pendiente”, lo que busca garantizar que las obligaciones se cumplan de manera oportuna y que la empresa continúe operando con normalidad.El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que “este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite salvaguardar unidades productivas en todos sus frentes y dimensiones”. Añadió que la decisión “evita el cierre de una empresa del sector farmacéutico, protege la libre competencia y garantiza la prestación de los servicios de salud a sus usuarios”.
Muchas personas, tanto mujeres como hombres, están en la búsqueda de la juventud eterna y, con ello, muchos caen en un error silencioso: someterse a procedimientos estéticos sin criterio médico o de forma excesiva. Si bien estos procedimientos prometen resultados rápidos, expertos en medicina estética advierten que, si son mal aplicados, pueden acelerar el envejecimiento de la piel y afectar la armonía del rostro.De hecho, la médica estética Andrea Díaz señala que el problema no se encuentra en los tratamientos como tal, sino en el cómo, cuándo y con qué frecuencia se llevan a cabo. En lugar de rejuvenecer, algunos procedimientos pueden debilitar los tejidos, alterar la estructura facial y generar daños que, en muchos casos, son prácticamente imposibles de revertir.Bótox y rellenos: si es en exceso puede salir muy caroUno de los errores más comunes es el uso temprano y repetitivo de toxina botulínica. Aunque el bótox puede tener un efecto preventivo en casos bien indicados, aplicarlo sin una necesidad real puede debilitar los músculos faciales y alterar la expresión natural con el paso del tiempo.Algo similar ocurre con el sobrellenado facial. El abuso de rellenos dérmicos no rejuvenece: añade peso innecesario, distorsiona la anatomía del rostro y genera una apariencia cansada. De acuerdo con la profesional, un rostro sobrecargado pierde naturalidad y envejece visualmente mucho más rápido.Peelings, láser y exfoliaciones mal aplicadasLos peelings químicos y los tratamientos con láser o luz pulsada también requieren especial cuidado. Cuando se realizan de forma agresiva o sin una evaluación previa, pueden dañar la barrera cutánea, aumentar la sensibilidad de la piel y favorecer el fotoenvejecimiento, especialmente en países como Colombia, donde la radiación solar es muy alta.Asimismo, preocupa el uso exagerado e indiscriminado de exfoliantes, retinoides y sesiones frecuentes de microneedling. Sin los tiempos adecuados de recuperación, la piel entra en un estado de inflamación constante que afecta la producción de colágeno y acelera su deterioro.Procedimientos estéticos que más alertas generanDe acuerdo con la experta, estos son algunos de los tratamientos que mayores riesgos presentan si no se realizan con supervisión médica:Hilos tensores aplicados de forma repetitiva, que pueden generar fibrosis y pérdida de elasticidad.Radiofrecuencia sin diagnóstico previo, con riesgo de flacidez o quemaduras.Uso de biopolímeros o sustancias modelantes, considerados altamente peligrosos.Hidroquinona utilizada por tiempos prolongados, que puede causar manchas irreversibles.La recomendación es clara: el rejuvenecimiento sostenible no depende de la cantidad de procedimientos, sino de su calidad, pertinencia y seguimiento profesional. Cuidar la piel también implica saber cuándo no intervenir.
En un reconocido hotel de Bucaramanga fue detenido un turista estadounidense, quien tenía una alerta por explotación sexual.De acuerdo con las autoridades de Migración Colombia, agencias homólogas habrían hecho el reporte y se había lanzado una alerta internacional para tener especial atención con este hombre.Blu Radio pudo conocer que la Policía de Santander recibió información acerca de la llegada del estadounidense a la capital santandereana y de inmediato se organizó un operativo para determinar los movimientos del hombre.Después de algunas indagaciones, se logró determinar el hotel en el que se había registrado. Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía y funcionarios de Migración Colombia para realizar las labores de verificación de su identidad.Tras el operativo, los uniformados lograron confirmar la identidad del extranjero y de inmediato comenzó el proceso para cancelarle el permiso de turismo, razón por la cual el hombre deberá abandonar el país en las próximas horas.Cabe destacar que el cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.Gracias al apoyo del sistema Angel Watch, Migración Colombia detectó durante 2025 a 65 ciudadanos extranjeros con antecedentes por delitos contra menores de edad, quienes fueron inadmitidos, evitando su ingreso a Colombia.A través de un comunicado Migración Colombia anunció que “reforzará el apoyo en sistemas de información, alertas tempranas y la articulación con agencias nacionales e internacionales para el ejercicio eficaz del control migratorio y la protección de los niños, niñas y adolescentes”.
Este 2026 las altas cortes concentran la atención del Gobierno del presidente Gustavo Petro por varios temas de interés en manos de los altos tribunales, uno de ellos, el decreto del salario mínimo expedido en diciembre del año pasado y que generó controversia.En ese sentido, el Consejo de Estado decidió no dar por terminado el proceso de nulidad promovido por el abogado Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y del Trabajo, pese a que él mismo pidió retirar la demanda tras denunciar amenazas en su contra y contra su familia.El alto tribunal explicó en un auto conocido por este medio que al tratarse de una acción de simple nulidad, el demandante no puede desistir libremente de las pretensiones, ya que este tipo de procesos tienen un carácter público y buscan proteger el ordenamiento jurídico, más allá del interés particular de quien los presenta.Además, el Consejo de Estado señaló que la solicitud de retiro y desistimiento no obedecía a una manifestación libre y espontánea, sino que estaba mediada por presuntas presiones y actos de intimidación derivados de la exposición pública del caso.“Es deber del juez prevenir, remediar, sancionar y denunciar cualquier acto que resulte contrario a la dignidad de la justicia. En el presente caso, dicha dignidad se ve gravemente comprometida por la coerción ejercida por quienes discrepan de la postura jurídica del demandante”, señaló el Consejo de Estado.Por las mismas razones, el Consejo de Estado también negó la petición de renunciar a la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, al considerar que dicha decisión estaba igualmente influenciada por el clima de hostilidad denunciado por el actor.Esto en la práctica significa que este proceso seguirá vivo y el Consejo de Estado deberá determinar si suspende o no provisionalmente el decreto del salario mínimo.
La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación penal contra Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, mencionada en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares en octubre de 2010. El caso se está desarrollando por presuntas conductas relacionadas con lavado de activos y enriquecimiento ilícito, derivadas de un supuesto entramado de facturación falsa y evasión tributaria.De acuerdo con el expediente judicial, Moreno habría utilizado varias empresas como fachada para expedir facturas por servicios inexistentes, una práctica que, según el ente acusador, hacía parte de una estructura de defraudación tributaria que operó entre 2006 y 2009. La investigación lo vincula a un esquema liderado por Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida por el alias La Patrona, que buscaba reducir de manera fraudulenta la base gravable de múltiples compañías en Colombia. En ese contexto, la Fiscalía señala que la empresa Montajes JM, fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias con el objetivo de simular e inflar costos y gastos inexistentes, lo que le habría permitido obtener beneficios económicos indebidos. Por estos hechos, el principal delito que se analiza es el de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito. En una audiencia reciente, previa a una eventual imputación, Jorge Moreno no compareció por problemas de salud. Durante la diligencia, su abogado defensor, Héctor Escobar, propuso una salida alternativa al proceso penal, solicitando explorar acuerdos administrativos y económicos que permitan resolver el caso sin una imputación inmediata.“En este momento hay gente que está trabajando para hacer un borrador de proposición para usted para la solución del caso y no tiene que existir una imputación”, manifestó el defensor, al explicar que la empresa de Moreno mantiene acuerdos vigentes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), reconocida como víctima en el proceso, así como con entidades bancarias por obligaciones financieras.Escobar advirtió que una imputación en este momento tendría consecuencias económicas inmediatas. “Si la imputación se produce hoy, sale el titular de prensa de que fue imputado Jorge Moreno, el papá de Laura Moreno, y automáticamente un banco va a ejecutar las obligaciones que tiene”, sostuvo. Según la defensa, ese escenario “va a acabar con esa empresa, con el empleo de más de 200 familias y además con que la Dian ya no va a recibir dinero del acuerdo que han hecho hacia 2030 para el pago de temas tributarios”.El abogado insistió en que avanzar con la imputación podría generar un doble perjuicio para el Estado. “La Fiscalía, antes que contribuir a un restablecimiento de derechos para las víctimas, lo que está generando es un doble perjuicio”, afirmó, al señalar que, en su criterio, la Dian terminaría sin posibilidad real de recuperar los recursos adeudados.En esa misma línea, Escobar reiteró que Moreno se encuentra acogido a mecanismos legales de insolvencia y cumpliendo sus compromisos. “Tiene un acuerdo con la Dian. Está cumpliendo con ese acuerdo. Tiene un acuerdo con la banca. Lo está cumpliendo, pero la imputación materialmente va a convertir a la Dian en una víctima doble porque al final no va a poder recuperar ni un solo peso”, argumentó.Pese a la propuesta de la defensa, el fiscal del caso dejó clara su posición frente a la solicitud, pues señaló que la imputación es un paso inevitable dentro del proceso penal. “Para mí sí es importante que usted sepa, doctor Héctor, desde ahora que la imputación es un requisito sine qua non”, afirmó el funcionario, al precisar que no es posible optar por una salida distinta sin que se formule imputación.El fiscal agregó que esperará a que, después del 6 de febrero, la defensa informe si Jorge Moreno se encuentra en condiciones de salud adecuadas para comparecer. “Esperaría que después del 6 de febrero usted nos diga si el señor ya está en buenas condiciones”.Por ahora, no se ha definido si las partes accederán a estudiar un acuerdo en los términos planteados por la defensa. Mientras tanto, el proceso continúa y la imputación sigue siendo, según el propio ente acusador, el paso necesario para definir el rumbo judicial del caso.
Un operativo de control vial terminó en una persecución policial y un fuerte accidente que dejó al descubierto un cargamento de 744 kilogramos de marihuana en carreteras del Valle del Cauca. El procedimiento fue adelantado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en uno de los principales corredores del departamento.Los hechos ocurrieron en el sector de la estación de servicio Zeus, donde uniformados le hicieron la señal de pare al conductor de una camioneta. Lejos de atender la orden, el sujeto aceleró el vehículo e intentó evadir el control, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de las autoridades.Minutos después, a la altura de la entrada a la vereda Cumba, el conductor perdió el control del automotor y terminó colisionando contra un árbol. Tras el choque, descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue interceptado y capturado metros más adelante por los policías.Durante la inspección del vehículo siniestrado, las autoridades hallaron varios paquetes de distintos tamaños que contenían una sustancia vegetal que, por su olor y características, correspondía a marihuana. De acuerdo con la investigación preliminar, el cargamento cubría la ruta Corinto–Medellín y estaría vinculado a redes de tráfico de estupefacientes que utilizan las vías nacionales para el transporte de droga.“Este importante resultado es producto de los controles permanentes que adelanta la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en los principales corredores viales del país, con el objetivo de combatir de manera frontal el tráfico de estupefacientes. Gracias a la reacción oportuna de nuestros uniformados, se logró la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 744 kilogramos de marihuana que eran transportados ilegalmente por la ruta Corinto–Medellín”, indicó la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía.El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que el vehículo y el cargamento quedaron bajo custodia judicial. Las autoridades señalaron que este resultado representa un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en los corredores viales del suroccidente del país.
La exdirectora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, le respondió a José Félix Lafaurie, quien en una carta denunció presuntas irregularidades en el proceso de selección de la candidata del partido a la Presidencia.En ese proceso fue elegida Paloma Valencia, por encima de María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie, y de la senadora Paola Holguín. En la misiva, Lafaurie señala que Nubia Stella Martínez habría dicho que Paloma Valencia era la ganadora del proceso antes de que se conocieran los resultados.“También conviene informarte de una reunión de Nubia Stella con el médico Luis Escaf en Barranquilla, el jueves 11, en la que ella daba como ganadora a Paloma. ¿Cómo lo sabía? Habrá que preguntarle”, dice Lafaurie.Martínez asegura que Lafaurie y Cabal no son sus enemigos, pero que desde hace algunos años han cuestionado diferentes decisiones del partido.“Encuentro imperdonable su comportamiento con el Partido frente a la selección del doctor Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años, cuando adujeron fraude en la selección de candidato del Centro Democrático. Fue un proceso transparente adelantado por firmas encuestadoras nacionales de intachable trayectoria. Ellos conocieron y aceptaron cada regla una a una. Se contrató la auditoría del 100 % de las encuestas. Todo se discutía con los compromisarios y el Dr. Lafaurie era el de la senadora Cabal. No obstante, mantuvieron en público información imprecisa y malintencionada”, dijo Martínez.Además, agregó que, según ella, a Lafaurie y Cabal solo les servía el resultado si eran ganadores. “Los vimos aceptar con desánimo la proclamación de Paloma Valencia el pasado 17 de diciembre. Solo les servía su triunfo. Hoy sabemos que, aunque aceptaron, anuncian su apoyo a la candidata, pero realmente estaban incubando un nuevo ataque para cuestionar, una vez más, con base en suposiciones y consejas, la decisión soberana del Partido”, dice la carta de la exdirectora del partido.
La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez es una de las autoras de la ley de salud mental, iniciativa que busca una atención diferente e integral en el país frente a este tema.La representante dice que los colombianos no pueden vivir entre el miedo y la violencia, agregando que la salud mental en Colombia es una prioridad nacional.“En Colombia, 2 de cada 3 personas en algún momento de su vida ha enfrentado un problema emocional; el 44 % de los jóvenes presenta un trastorno en su salud mental”, agregó la representante. Es por eso que la congresista dice que la ley de salud mental no puede ser letra muerta.“Por primera vez en Colombia hay una nueva ley de salud mental, por primera vez en Colombia hay una nueva política articulada con la ley. Nuestra ley generó recursos, una subcuenta para la salud mental. En el año 2026 la salud mental en Colombia va a tener más de medio billón de pesos”, señaló la congresista.Por otro lado, se refirió a la decisión del Gobierno de acoger una de las propuestas de Velásquez que tiene que ver con los alivios tributarios.“Son fundamentalmente para el empresariado del país, para personas naturales y jurídicas que tienen deudas con la Dian. Permite desahogar a miles de colombianos que aún arrastran deudas desde la pandemia. Los descuentos son del 80 % en intereses y del 85 % en sanciones. Representa un respiro real y una oportunidad para ponerse al día. A la fecha se han recaudado cerca de 300 mil millones de pesos y mi invitación es a todos los colombianos que aprovechen este alivio tributario que está vigente hasta el 31 de marzo; se cumplen obligaciones tributarias pendientes, los alivios representan reactivación económica, progreso y evitar que una empresa cierre”, dijo la congresista Velásquez.
El Ministerio de Salud expidió recientemente una nueva circular en la que solicita reforzar y reportar la vacunación contra la fiebre amarilla, ante el aumento de contagios registrado este año. La medida se adopta luego de que, en lo corrido de 2026, se hayan confirmado 13 casos de la enfermedad en el país, de los cuales 10 han terminado en fallecimientos, la mayoría durante el mes de enero. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el principal foco de transmisión se concentra en el departamento del Tolima.Uno de los aspectos que motivó la actualización de las directrices es que dos de las personas fallecidas ya contaban con el antecedente de vacunación contra la fiebre amarilla. Ante este escenario, la nueva circular establece que será necesario aplicar un refuerzo de la vacuna cada 10 años en personas que residan o se desplacen a zonas donde el virus circula de manera activa.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que la decisión busca fortalecer la protección de la población expuesta al riesgo y mejorar el control epidemiológico en los territorios priorizados. Según indicó, la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad, que no cuenta con tratamiento específico.De acuerdo con el Ministerio de Salud, el Tolima concentra la mayor carga de la fiebre amarilla en el país, con 139 casos confirmados y 58 fallecimientos, cifras que representan más del 85 % de los contagios reportados desde 2024. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia en este departamento, especialmente en zonas donde se ha identificado circulación del virus.Además del Tolima, se han registrado casos en otros territorios. En Putumayo se reportan ocho contagios, seis de ellos con desenlace fatal, mientras que en el departamento del Meta se han confirmado tres casos, todos con fallecimientos asociados.La circular también solicita a las entidades territoriales y a las EPS intensificar el reporte de la vacunación y las acciones de seguimiento, con el fin de reducir el riesgo de nuevos contagios y fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a la fiebre amarilla en el país.
El British Medical Journal (BMJ), una de las principales publicaciones académicas en medicina a nivel internacional, dedicó un editorial a Colombia para analizar la situación actual de su sistema de salud y las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El texto sostiene que los problemas registrados en la prestación de servicios están relacionados con decisiones adoptadas desde el Ejecutivo y afirma que el deterioro era evitable.El artículo, titulado “Las reformas fallidas de Colombia demuestran por qué los sistemas de salud deben estar protegidos de la política”, describe una secuencia de hechos que, según la revista, marcaron el inicio de la crisis. “Todo empezó con retrasos”, señala el BMJ, al referirse a filas prolongadas en farmacias y a la postergación de cirugías. Posteriormente, menciona escasez de medicamentos, incluyendo insulina y tratamientos oncológicos, así como rechazos de pacientes en estado crítico en hospitales.El editorial también reporta cierres de servicios hospitalarios. “Las salas de maternidad y las unidades neonatales están cerrando sus puertas”, indica la publicación, y añade que los servicios de urgencias enfrentan sobrecarga y que se han cancelado programas de formación para médicos especialistas.Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, es citado en el texto. “La tragedia es que todo esto era completamente evitable”, afirma. En otra declaración incluida por el BMJ, señala: “Millones de vidas se han puesto en peligro y hay gente muriendo. Hay muchísimas lecciones que aprender”.El artículo recuerda que, durante más de dos décadas, el sistema de salud colombiano fue presentado como un modelo en la región. Según la revista, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial destacaron la cobertura y el esquema de financiamiento, basado en subsidios estatales y competencia entre aseguradores. El BMJ indica que cerca del 99 % de la población contaba con cobertura y que el gasto de bolsillo se ubicaba entre los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.La publicación también menciona que Colombia cuenta con 11 de los 30 hospitales incluidos entre los mejores de América del Sur y cita una comparación publicada en The Lancet, en la que el país fue clasificado en segundo lugar en América Latina, después de Costa Rica, en desempeño del sistema de salud.Pese a estos indicadores, el BMJ afirma que el presidente Gustavo Petro impulsó una reforma estructural del sistema tras su elección. El editorial sostiene que las medidas adoptadas alteraron el funcionamiento previo y que los efectos se reflejan en la prestación actual de servicios.El texto concluye que el caso colombiano ofrece elementos para el análisis internacional sobre la relación entre política y sistemas de salud, y subraya la necesidad de evaluar las consecuencias de las reformas en contextos similares.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió sin titubeos la polémica frase “los ricos también lloran”, pronunciada días atrás en medio de la crisis del Hospital San Rafael Itagüi, y dejó claro que no se arrepiente de haberla dicho. En entrevista con Recap Blu, el jefe de la cartera aseguró que su declaración fue sacada de contexto y que, en realidad, apuntaba a denunciar prácticas de mala administración, politiquería y corrupción en algunos centros hospitalarios del país.“No, no, de ninguna manera. No me arrepiento de haber dicho eso por una sencilla razón: hay que saber quién es el que está llorando, porque desafortunadamente hay mucha gente que llora para engañar”,dijo el ministro en Blu Radio.Según el ministro, las manifestaciones emotivas no pueden ocultar años de malas decisiones administrativas. A su juicio, muchos hospitales han sido entregados “a la voracidad de políticos y de gente corrupta, ineficiente e incapaz”, lo que termina afectando directamente la prestación del servicio de salud.Jaramillo recordó su experiencia como exgobernador y exalcalde. Afirmó que durante su gestión logró recuperar hospitales en condiciones críticas, sanear deudas y dejarlos funcionando plenamente. “Cuando fui gobernador recuperé totalmente el Federico Lleras, lo dejé 0 kilómetros en todas las deudas. Lo mismo hice cuando fui alcalde entre 2016 y 2019: levanté el hospital, lo fusioné y lo dejé saneado (...) Me fui yo y hoy tuvo que intervenir la Superintendencia por corrupción, deudas y abandono”, afirmó.En el caso específico del Hospital San Rafael Itagüi, el ministro cuestionó que, pese a la posibilidad de recibir recursos del Gobierno nacional —alrededor de 2.000 millones de pesos—, la administración se negara a aceptarlos por no haber levantado embargos antiguos."Entonces aquí no pueden venir es con lágrimas de cocodrilo. A venir a presentar una situación, echarle la culpa a los demás, cuando resulta que uno tiene que cumplir con su deber, administrar bien, quitar la corrupción", sostuvo.Frente a las críticas de que, más allá de la disputa política, quienes sufren son los pacientes, Jaramillo respondió que el sistema ha buscado alternativas para garantizar la atención. Indicó que en municipios como Itagüí existen otros hospitales que sí están funcionando correctamente y que están absorbiendo la demanda de servicios.
El agente interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo, se pronunció frente a los cuestionamientos del representante a la Cámara Andrés Forero y dio a conocer los principales resultados obtenidos durante los primeros 60 días de intervención de la entidad, en medio del debate público sobre la situación del sistema de salud.Gallo señaló que durante este periodo se adoptaron medidas administrativas y de disciplina financiera que permitieron una reducción del 43 % en la pérdida proyectada y una disminución de la siniestralidad, que pasó de 117,6 % a 108,5 %.En relación con los gastos administrativos, recordó que el sector cuenta con un tope regulado del 8 %. Según indicó, este indicador se ubicaba en 6,7 % en octubre de 2025 y cerró el año en 5,4 %, como resultado de acciones de control del gasto.En materia de atención a los usuarios, el interventor informó que se implementaron acciones para atender el rezago de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS). De acuerdo con las cifras presentadas, los casos acumulados pasaron de 11.857 a 5.017, lo que representa una reducción del 58 %.Sobre las tutelas, explicó que se fortaleció el seguimiento a estos procesos, luego de registrarse un pico de 2.775 casos en octubre, cifra que se redujo a 1.808 en diciembre.El balance también incluyó la implementación de la estrategia Ruta Región, que contempló recorridos y verificación directa en los departamentos de Meta, Tolima, Santander, Magdalena y Atlántico, con encuentros con autoridades locales y prestadores de servicios de salud.Finalmente, el interventor extendió una invitación al representante Andrés Forero a una mesa técnica de gestión, con participación de los equipos responsables y soporte documental, para revisar los avances y retos del proceso de intervención.
Luego de la alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. anunció el retiro voluntario de varios lotes de leches infantiles de la marca Alula Gold Premium que se encontraban disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos del país.La decisión se tomó tras conocerse una alerta internacional relacionada con la posible presencia de la toxina cereulida en un ingrediente suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas fórmulas infantiles. De acuerdo con la información entregada por la compañía, dicho ingrediente corresponde al omega-6 ARA, insumo presente en algunos de los productos retirados.Sanulac informó que, una vez conocida la alerta, solicitó análisis al proveedor del ingrediente y, de manera paralela, ordenó pruebas a un laboratorio independiente acreditado. Los primeros resultados, realizados tanto al ingrediente como al producto final mediante métodos internacionales normalizados, arrojaron resultados conformes. No obstante, análisis adicionales practicados al producto ya reconstituido evidenciaron la presencia de trazas de la toxina, lo que motivó el retiro preventivo de los lotes identificados.La empresa indicó que el retiro aplica únicamente para productos específicos de las líneas Alula Gold 1, 2, 3 y Alula Gold Comfort Premium, en distintas presentaciones y fechas de vencimiento, los cuales fueron detallados en el listado oficial divulgado por la compañía. Los demás lotes de estos productos no hacen parte del proceso de retiro y no están incluidos en la medida.Sanulac solicitó a las familias no consumir los productos pertenecientes a los lotes señalados, no devolverlos a los puntos de venta, tomar una fotografía del número de lote y comunicarse con la línea de atención dispuesta por la empresa para recibir orientación sobre el procedimiento. Asimismo, recomendó desechar los productos afectados y consultar con un profesional de la salud ante cualquier inquietud relacionada con el estado de los menores.El Invima mantiene la vigilancia sobre el caso en el marco de sus competencias, mientras se adelanta el seguimiento a las acciones adoptadas por la empresa frente a la alerta sanitaria.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 7-2026 luego de identificar un posible riesgo para la salud de bebés y niños pequeños asociado a algunos lotes de fórmulas infantiles de la marca ALULA.Según la entidad, uno de los ingredientes utilizados en estas fórmulas estaría contaminado con una toxina producida por una bacteria, la cual podría causar afectaciones a la salud si el producto es consumido.El ingrediente comprometido es el ácido araquidónico (ARA), un tipo de grasa (omega-6) que se añade a las fórmulas infantiles como parte de su composición nutricional. Ante esta situación, el Invima recomendó suspender de inmediato la distribución y el consumo de los productos involucrados mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.No es la primera vez que el Invima emite alertas relacionadas con fórmulas infantiles en el país. En ocasiones anteriores, la entidad ha advertido sobre riesgos sanitarios asociados a estos productos, en algunos casos en respuesta a alertas internacionales por la comercialización irregular de fórmulas vinculadas a enfermedades graves.Estos son los lotes que contienen el ingrediente contaminadoEl Invima publicó a través de un comunicado un listado con los nombres de las fórmulas infantiles, los lotes y las fechas de vencimiento y distribución en el país, y recomendó a la ciudadanía retirar inmediatamente el consumo de estos productos si adquirieron estas leches de fórmula.La alerta aplica para las presentaciones de 200, 400, 800 y 900 gramos de las fórmulas ALULA Gold Premium y ALULA Gold Comfort Premium, ante lo que la entidad solicitó a padres de familia y cuidadores revisar cuidadosamente el número de lote del producto antes de usarlo para identificar si coincide con los incluidos en la alerta sanitaria:La entidad sanitaria también exhortó a la comunidad a suspender inmediatamente el consumo de cualquier presentación incluida en la alerta y a reportar el hallazgo de estos productos a las autoridades sanitarias competentes.Las autoridades recordaron que los lotes vinculados no deben ser comercializados en Colombia y que cualquier hallazgo en puntos de venta debe ser notificado para fortalecer acciones de vigilancia y control.¿Qué responde la empresa?Luego de la alerta del Invima, la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. anunció el retiro voluntario de varios lotes de leches infantiles de la marca Alula Gold Premium que se encontraban disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos del país.
Un desabastecimiento crítico de medicamentos atraviesa Colombia, denunció la representante a la Cámara Carolina Arbeláez Giraldo, con base en datos proporcionados por el Invima. La congresista aseguró que los pacientes con dificultades para acceder a tratamientos pasaron de 30.000 a más de 205.000.Según una gráfica publicada por Arbeláez en su cuenta de X, actualmente hay 15 medicamentos desabastecidos. Entre los más preocupantes se encuentra la fenitoína, usada para tratar epilepsia y convulsiones; el nifedipino, para pacientes con hipertensión y partos prematuros; la metilergometrina, para casos de hemorragia posparto; la fampridina, necesaria para esclerosis múltiple; la penicilina V para infecciones bacterianas; el quinapril para enfermedades cardiovasculares y la triamcinolona inyectable.En la publicación también advierte que otros nueve medicamentos están en riesgo de desabastecimiento. Entre ellos figuran el candesartán con hidroclorotiazida, usado para pacientes con hipertensión arterial; el rocuronio bromuro, necesario para cirugías, UCI e intubaciones; y la olanzapina inyectable, necesaria para atender crisis psiquiátricas severas.Además, la representante divulgó cifras de reclamos en salud con corte a septiembre de 2025, que dan cuenta de 205.542 quejas registradas por el Invima. A esto se suma la alerta de la Anif, que señala que las quejas al sistema crecieron un 80 %, y el reporte de Acemi sobre 1,7 millones de reclamos en un solo año, según la publicación en X.Arbeláez advirtió que cerca de 1,3 millones de pacientes podrían quedarse sin tratamientos de alto costo y que el sistema de salud enfrenta un déficit cercano a los $32 billones, un panorama que, según dijo, agrava la garantía del derecho a la salud en el país.
La crisis en la Nueva EPS continúa profundizándose, según denunció Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de esta entidad, durante una entrevista en El Radar en la que advirtió que la intervención estatal, lejos de mejorar la situación, ha generado un deterioro sin precedentes en la atención médica, la entrega de medicamentos y la estabilidad administrativa.Álvarez explicó que los problemas se agravaron desde que la EPS fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024. “En este momento es una empresa que va sin control. Hay una rotación cada dos o tres meses de todos los directivos y no hay una política clara para manejar la crisis”, afirmó. Según el líder de pacientes, en menos de dos años han pasado cerca de siete interventores, lo que ha generado desorden, incumplimiento de acuerdos y pérdida de confianza por parte de los prestadores de servicios.Uno de los impactos más visibles, señaló, ha sido la interrupción en la entrega de medicamentos y la falta de atención médica oportuna. “Tenemos todos los pacientes un mes casi sin reclamar medicamentos, y el Ministerio y la Supersalud están en silencio. Nada pasa en este país con una violación tan sistemática de un derecho fundamental como es el derecho a la salud”, denunció Álvarez. A esto se suma la suspensión de diagnósticos, consultas y ayudas especializadas, lo que estaría afectando tanto a pacientes crónicos como a quienes requieren atención por primera vez.Sobre las explicaciones oficiales que atribuyen la crisis a embargos judiciales superiores a dos billones de pesos, el vocero fue enfático en rechazarlas. “Esto es una cortina de humo. Desde mucho antes la situación venía crítica, con cierres de servicios permanentes durante todo 2025 y ahora en 2026”, aseguró. En su concepto, el verdadero problema radica en el desorden administrativo, la insuficiencia de recursos y la falta de continuidad en la gestión.Álvarez también cuestionó la idoneidad de quienes han asumido la intervención. “Es absurdo que una empresa en crisis sea manejada por personas sin experiencia gerencial en organizaciones de esta dimensión. Las intervenciones nunca han servido para mejorar una EPS, siempre terminan en liquidación y deterioro del servicio”, advirtió.Frente a la posibilidad de un colapso definitivo de la Nueva EPS, el dirigente señaló que hablar de quiebra por los embargos es irresponsable, pues “el 80 % del giro directo sigue entrando al sistema”. Sin embargo, alertó que la falta de decisiones oportunas y el silencio de los entes de control están agravando el panorama.Finalmente, Álvarez fue crítico con los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la eventual liquidación de EPS intervenidas. “Es una irresponsabilidad política, ética y legal crear más incertidumbre en los pacientes. No se puede jugar con la salud de millones de personas”, concluyó.
Lo que parecía ser un episodio común de su ciclo menstrual terminó convirtiéndose en una emergencia médica que cambió por completo la vida de Shakira Gorman, una adolescente de 17 años residente en Banbury, Inglaterra. Durante dos días, la joven soportó un sangrado intenso que atribuyó a su periodo, sin imaginar que su cuerpo estaba enviando señales de una condición extremadamente grave.Según relataron sus familiares, Shakira era una joven activa, saludable y sin antecedentes médicos relevantes. Sin embargo, su estado empeoró de forma repentina: empezó a sentir dificultad para respirar y perdió sensibilidad en brazos y manos. Alarmados por la situación, sus familiares llamaron a una ambulancia que la trasladó inicialmente a un centro médico local.De acuerdo con su cuñada, Chelsea Coles, los médicos enfrentaron grandes dificultades para identificar qué ocurría. “Le hicieron múltiples exámenes y no encontraban una causa clara. Cuatro horas después tuvieron que remitirla de urgencia al Hospital John Radcliffe”, explicó. Esa misma noche, el dolor en el pecho y en todo el cuerpo se volvió insoportable, por lo que fue necesario sedarla para realizarle estudios más complejos.El diagnóstico llegó al día siguiente y fue devastador: Shakira había sufrido un accidente cerebrovascular espinal, una condición extremadamente poco común, especialmente en personas tan jóvenes. Un coágulo había bloqueado el flujo sanguíneo hacia su médula espinal, provocándole una parálisis casi total. De inmediato, fue ingresada a cuidados intensivos y conectada a un respirador, donde permaneció durante 15 días.Actualmente, la adolescente continúa bajo tratamiento con anticoagulantes, aunque los médicos aún no pueden determinar si logrará una recuperación completa. “El único síntoma previo que tenía era un leve dolor en el hombro y la espalda. Incluso el personal médico estaba desconcertado, porque este tipo de derrame es prácticamente inaudito en adolescentes”, señaló su cuñada.Según la organización Brain & Spine Foundation, los accidentes cerebrovasculares espinales representan apenas el 1,25 % de todos los derrames, lo que hace aún más excepcional el caso de Shakira. Hoy, la joven no puede hablar y se comunica con su familia mediante una pizarra y lectura de labios. Apenas logra mover algunos dedos y no tiene fuerza suficiente para usar su teléfono.El caso ha generado conmoción entre especialistas y familiares, quienes insisten en la importancia de prestar atención a síntomas inusuales, incluso cuando parecen comunes. Para la familia de Shakira, lo ocurrido es un llamado urgente a no subestimar ninguna señal del cuerpo, por más cotidiana que parezca.
La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) envió una carta al Ministerio de Salud en la que expone las dificultades financieras que enfrenta la red hospitalaria pública del país, asociadas al incremento del salario mínimo y a la acumulación de deudas por parte de las EPS. En carta conocida por Blu Radio, la asociación dirigió la comunicación al ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta oficial.En el documento, fechado el 7 de enero de 2026, ACESI señala que el aumento del salario mínimo para este año, fijado en 1.746.882 pesos más auxilio de transporte, impacta de manera directa a las Empresas Sociales del Estado, donde los gastos de personal representan cerca del 70 % del presupuesto total. Según la asociación, el incremento del 22,7 % no ha estado acompañado de un ajuste proporcional en los ingresos de los hospitales públicos.La carta también advierte sobre el estado de la cartera hospitalaria. De acuerdo con la información expuesta, más del 60 % de las deudas que mantienen las EPS con los hospitales públicos supera los 360 días de mora y el monto total adeudado supera los 11 billones de pesos con corte a septiembre de 2025, situación que afecta el flujo de recursos para la operación de la red pública.Además, ACESI menciona casos en los que algunas EPS no habrían aplicado incrementos autorizados de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en vigencias anteriores, lo que habría generado mayores presiones financieras sobre varios hospitales del país.En el documento, ACESI denuncia que en departamentos como Boyacá y Santander algunas EPS, entre ellas Sanitas, no habrían aplicado el incremento autorizado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante 2025, pagando a hospitales públicos valores correspondientes a la vigencia 2024. Según la asociación, esta situación habría generado un déficit adicional cercano al 5,36 % en los recursos que debían recibir las instituciones por los servicios prestados.La comunicación también hace referencia a la Resolución 2605 de diciembre de 2025, que ordena la equiparación de la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo para 2026. Frente a esta medida, la asociación advierte que algunas EPS estarían ofreciendo incrementos cercanos al 3 %, lo que, según el documento, no se ajustaría a lo establecido en la normativa vigente ni a los pronunciamientos de la Corte Constitucional.Ante este panorama, la asociación solicitó al Ministerio de Salud la apertura de una mesa de trabajo para analizar el impacto del aumento salarial, el traslado efectivo de los recursos de la UPC y acciones frente a la cartera vencida. Hasta el momento, no se conoce respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
La Contraloría General de la República presentó un informe en el que evidencia el crecimiento de las deudas de las EPS con los hospitales públicos del país. De acuerdo con el documento, entre enero y septiembre de 2025 la cartera pasó de $12,5 billones a $16,28 billones, lo que representa un aumento cercano a $4 billones y un incremento del 30 % en solo nueve meses.En diálogo con Blu Radio, Julián Niño, contralor delegado para el sector salud, explicó que la información analizada proviene, entre otras fuentes, de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), gremio que agrupa a más del 50 % de estas instituciones.Según el funcionario, en el listado de mayores deudores aparece de manera recurrente la EPS más grande del país, responsable de la atención de más de 11 millones de afiliados, seguida por otras entidades como Avia Salud, Emsanar, Asmet Salud y Comparta, esta última ya liquidada.Niño indicó que, por el peso que tiene en el sistema, la Nueva EPS concentra una parte importante de la cartera reportada y señaló que la Contraloría realizará una aproximación adicional con la Superintendencia Nacional de Salud para revisar el comportamiento del resto de las EPS en materia de deuda. Frente a las causas del incremento, el contralor delegado explicó que el informe evidencia una disminución en el flujo de recursos frente a la facturación de los hospitales.Como ejemplo, detalló que en 2024 los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones, equivalentes al 84 % de lo facturado, lo que dejó un rezago del 16 %. En contraste, entre enero y septiembre de 2025 la facturación fue cercana a $16,3 billones, pero los pagos alcanzaron solo $12,6 billones, lo que redujo el giro al 77 % y dejó un faltante del 23 %. Según la Contraloría, esta brecha impacta directamente la operación de las Empresas Sociales del Estado y las decisiones administrativas que deben tomar sus gerentes.El informe también identifica recursos disponibles en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), correspondientes a presupuestos máximos, que requieren gestión administrativa por parte de las EPS para su uso efectivo. Niño señaló que la próxima semana se adelantará una reunión con la ADRES para revisar esta situación y reiteró que, en el caso de la Nueva EPS, la Contraloría advierte la ausencia de estados financieros públicos desde 2023, lo que limita el conocimiento sobre su realidad financiera.Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Olga Lucía Zuluaga, afirmó que la Nueva EPS es una de las entidades con mayor nivel de deuda con la red pública, en parte por el alto número de usuarios que concentra y por la dependencia que tienen varios municipios del régimen subsidiado administrado por esta entidad. Según el gremio, entre 2024 y septiembre de 2025 la cartera con esta EPS aumentó cerca del 40 %.Zuluaga explicó que el cambio recurrente de agentes interventores ha dificultado la continuidad de los acuerdos de pago y señaló que, adicionalmente, se están devolviendo facturas completas a los prestadores, pese a que la normativa permite objeciones solo sobre servicios o valores específicos. Esta situación, afirmó, ha generado obstáculos para la conciliación de cuentas y acuerdos de pago, especialmente en las regiones.El gremio indicó que la asociación mantiene comunicación con la ADRES, aunque precisó que los giros dependen de las autorizaciones de las EPS, y confirmó que se solicitó al Ministerio de Salud la instalación de una mesa técnica para revisar la situación financiera de la red pública hospitalaria.
La eventual imposición de un arancel del 30 % a las exportaciones colombianas impactaría negativamente el envío de medicamentos a Ecuador y tendría efectos significativos sobre la industria farmacéutica nacional, advirtió Clara Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. De acuerdo con el gremio, Colombia exporta anualmente a ese país medicamentos por un valor cercano a los 50 millones de dólares, principalmente destinados al uso humano.Clara Rodríguez, presidenta de Ascif, señaló que un incremento de este nivel en los costos podría afectar de manera directa a las empresas colombianas, su competitividad en el mercado regional y la sostenibilidad de las exportaciones hacia Ecuador.De acuerdo con la dirigente gremial, el escenario planteado podría traducirse en una pérdida de participación en ese mercado, una afectación a la producción local y riesgos para la continuidad del abastecimiento de medicamentos fabricados en Colombia.Desde la asociación explicaron que el mercado ecuatoriano representa un destino relevante para varios laboratorios nacionales, en particular para aquellos que concentran su producción en medicamentos esenciales y de atención humana. En ese contexto, un cambio en las condiciones arancelarias modificaría las dinámicas comerciales y los costos de acceso para los productos colombianos.Rodríguez indicó que Asif mantendrá un seguimiento técnico permanente sobre la evolución de esta situación, con el fin de evaluar sus impactos y definir acciones orientadas a la protección de la industria farmacéutica nacional. El gremio señaló que este análisis incluirá el comportamiento del comercio bilateral, los efectos sobre la producción y las implicaciones para la cadena de suministro de medicamentos.La asociación reiteró que continuará participando en los espacios de diálogo técnico e institucional que permitan analizar las medidas comerciales y sus efectos sobre el sector farmacéutico, así como sobre el acceso y la disponibilidad de medicamentos producidos en el país.
La Contraloría reiteró la advertencia que había emitido desde 2023 sobre el grave deterioro en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria y amplió su llamado de atención al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la crisis financiera del sistema no solo persiste, sino que se ha agravado de manera significativa.De acuerdo con el más reciente análisis del ente de control, pese a que el giro directo de la Adres aumentó un 27.2 %, la deuda con los hospitales públicos creció de forma acelerada, al pasar de $12.5 billones en 2024 a $16.28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento cercano al 30 % en solo nueve meses.“Persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido”, alertó la entidad.El informe también revela una distribución desigual de los recursos. En 2025, los prestadores privados recibieron el 67.7 % del giro directo, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23.2 %, lo que profundiza la asfixia financiera de una red que presta servicios en más de 600 municipios, especialmente en zonas apartadas del país.“En 2024, los hospitales públicos facturaron $18.8 billones, pero solo recibieron pagos por $15.7 billones, equivalente al 84 %. Entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: se facturaron $16.3 billones, pero solo se pagaron $12. 6 billones, es decir, el 77 %”, indicó el órgano de control.Por niveles de complejidad, la Contraloría alertó que la reducción en los pagos afecta a toda la red pública, con caídas significativas en los hospitales de nivel II y III, comprometiendo la sostenibilidad de servicios de mediana y alta complejidad.El ente de control también expresó su preocupación por la situación de Nueva EPS, que no presenta estados financieros desde 2023, pese a los reiterados requerimientos. Según la Contraloría, existen recursos de presupuestos máximos disponibles que podrían ser girados a las IPS para aliviar la crisis, especialmente en los niveles de baja complejidad.La Contraloría instó a la Supersalud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen un flujo oportuno de recursos y eviten un eventual colapso del sistema, que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
La Asociación de Sociedades Científicas (ASC) volvió a responder al Ministerio de Salud y aseguró que la respuesta entregada en el marco de una acción de tutela sobre los Equipos Básicos de Salud no atendió de forma exacta ni detallada las preguntas formuladas por el juez.De acuerdo con la ASC, la autoridad judicial ordenó que la información fuera sustentada en contrataciones reales y vigentes. Sin embargo, el Ministerio mencionó la conformación de 13.473 equipos, sin aclarar cuántos de estos se encuentran activos, vigentes o en operación, ni cómo están integrados actualmente.La asociación también cuestionó la diferencia en las cifras reportadas por la cartera de Salud. Señaló que en septiembre el Ministerio indicó que se habían girado recursos para 23.450 equipos, mientras que en la respuesta reciente no se explica qué ocurrió con cerca de 10.000 equipos ni se aclara el estado de su contratación o ejecución presupuestal.Otro de los puntos señalados tiene que ver con la conformación de los equipos. Según la ASC, el Ministerio describe perfiles posibles y hace referencia a esquemas de flexibilidad, pero no especifica cuántos profesionales integran efectivamente cada equipo ni cuántos están contratados por perfil, información que había sido solicitada expresamente en la tutela.En relación con los salarios, la asociación indicó que la orden judicial pedía claridad sobre las remuneraciones reales. No obstante, la respuesta oficial se limitó a presentar tablas de referencia, sin certificar si esos valores corresponden a lo que se paga efectivamente ni bajo qué modalidades contractuales.Sobre la vigilancia y control de la ejecución, la ASC señaló que el Ministerio atribuyó esta función a la Superintendencia Nacional de Salud, pero omitió mencionar que, de acuerdo con sus propios lineamientos, el Ministerio de Salud tiene un rol directo en el seguimiento del programa.Finalmente, la Asociación de Sociedades Científicas afirmó que será el juez quien determine si la respuesta del Ministerio cumple o no con lo ordenado en la tutela y si la información entregada satisface los criterios de claridad, precisión y detalle exigidos por la autoridad judicial.