La caída del cabello dejó de ser un tema menor. En Colombia, la alopecia afecta al 27 % de la población, es decir, a más de dos millones de personas, según cifras del DANE. El impacto no es solo estético: también toca la autoestima y la calidad de vida. En ese escenario, el país se ha convertido en un actor fuerte del turismo médico en América Latina, especialmente en tratamientos capilares.El mercado global de implantes proyecta mover 6.300 millones de dólares hacia 2032, y Colombia quiere una tajada importante. De hecho, ProColombia estima que el país podría atraer hasta 2,8 millones de turistas de salud en los próximos años. Con esa demanda en aumento, cuatro clínicas marcan la pauta en innovación y resultados.Las cuatro clínicas de implante capilar que más buscan los colombianosEl crecimiento del sector no es improvisado. Estas instituciones combinan tecnología, experiencia médica y modelos de atención diferenciados:Medicapilar: irrumpió en Bogotá en 2025 con una propuesta enfocada en accesibilidad. Implementa la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), un método mínimamente invasivo que ofrece resultados naturales y permanentes. Ha atendido más de 500 pacientes con una tasa de éxito reportada del 100 %.Mediarte: con 12 años de trayectoria y 22 sedes en el país, es la única certificada en Colombia para implantes con fibras biocompatibles desarrolladas por Medicap. Ha realizado más de 20.000 procedimientos y ofrece garantía escrita sobre el crecimiento del cabello implantado.Hero Institute: apuesta por tecnología robótica de precisión quirúrgica. Sus sistemas automatizados permiten implantes milimétricos, reduciendo el margen de error y optimizando resultados estéticos.Dermaster Hair Medical: en Barranquilla, combina trasplante FUE y ARTAS con medicina regenerativa. Su enfoque integra terapias que fortalecen el folículo y mejoran la calidad del cabello existente.Implante capilar en Colombia: innovación, turismo médico y crecimiento del sectorEl sector de belleza y cuidado personal emplea a 2,3 millones de personas en el país y crece a un ritmo del 12,8 % interanual. Bogotá y Medellín lideran el turismo de salud, consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos en restauración capilar.Hoy el implante ya no es un lujo inalcanzable. La combinación de tecnología avanzada, personal médico especializado y modelos de financiación más flexibles está democratizando el acceso. Para quienes enfrentan la pérdida de cabello, el país ofrece cada vez más alternativas con estándares internacionales y resultados respaldados por ciencia.
Medellín realizará una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero, con más de 80 puntos habilitados en las 16 comunas y cinco corregimientos. La estrategia busca fortalecer la prevención de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos. La aplicación del biológico será gratuita y estará disponible para toda la población que no tenga la dosis.La Administración Distrital reiteró que la fiebre amarilla puede generar complicaciones graves si no se detecta y atiende a tiempo. Aunque en la ciudad no se registran casos históricos de la enfermedad, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa. La vacunación sigue siendo la principal medida para evitar riesgos, especialmente ante viajes a zonas endémicas.De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se aplicaron 121.490 dosis en Medellín, principalmente en personas entre los 15 y 39 años. Este balance evidencia la disponibilidad del biológico y la capacidad de respuesta de la red de servicios de salud. Sin embargo, el llamado es a verificar el carné de vacunación y completar el esquema si es necesario.¿Cómo es la vacuna contra la fiebre amarilla?La vacuna contra la fiebre amarilla es de dosis única y ofrece protección de por vida. No tiene costo y está incluida dentro del esquema nacional de inmunización. Las autoridades insisten en que la protección individual es clave para evitar la propagación del virus en el territorio.“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la fiebre amarilla, una enfermedad prevenible que, sin embargo, continúa generando afectaciones graves en el país”, señaló Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Agregó que desde 2024 se han confirmado 169 casos y más de 70 fallecimientos en Colombia, aunque en Antioquia no se reportan contagios.La funcionaria precisó que muchos casos se concentran en departamentos como Tolima, lo que incrementa el riesgo para viajeros. Por ello, recomendó acudir a los puntos habilitados antes de desplazarse a zonas donde circula el virus. La programación y ubicación de los puestos puede consultarse en el portal oficial de la Alcaldía de Medellín.Síntomas de fiebre amarillaAdemás de la vacunación, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, náuseas o vómito. La atención temprana permite identificar posibles complicaciones y evitar desenlaces graves. También se insiste en no automedicarse.
Para quien ha perdido movilidad, la meta no es simplemente recibir una prótesis, sino volver a caminar con seguridad, sostener objetos con firmeza o desplazarse sin depender de otros. En Colombia, más de 2,6 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, muchas de ellas con barreras para acceder a procesos de rehabilitación integrales. En ese contexto, la innovación tecnológica —desde rodillas mecatrónicas hasta manos con sensores— se abre paso como una alternativa que busca devolver funcionalidad real y autonomía cotidiana.Por eso, Ottobock plantea un modelo en el que el paciente encuentra en un solo lugar evaluación médica especializada, adaptación personalizada de prótesis u órtesis y acompañamiento clínico continuo. Uno de los diferenciales es la posibilidad de ajustar la tecnología según la evolución del paciente. Por ejemplo, pasar de caminar trayectos cortos a retomar una jornada laboral completa.En términos tecnológicos, las opciones van desde pies de fibra de carbono que aportan mayor impulso y resistencia, hasta rodillas mecatrónicas que interpretan el movimiento en tiempo real para ofrecer estabilidad en diferentes superficies. En miembros superiores, los codos mioeléctricos y las manos con sensores permiten movimientos más precisos y naturales, facilitando acciones como subir escaleras, sostener objetos o manipular herramientas con mayor control y menor esfuerzo.Además, en el campo de la neurorehabilitación, soluciones como el traje de neuromodulación Exopulse Mollii ofrecen alternativas no invasivas para personas con espasticidad u alteraciones del tono muscular. Según explicó Derly Patricia Martínez Barreto, Business Development Manager para Latinoamérica de Ottobock, el propósito es que la tecnología sea un medio y no un fin: apoyar el trabajo clínico, prevenir complicaciones y mejorar la participación activa del paciente en su vida diaria.
A través de una comunicación, la Secretaría de salud de Bogotá confirmó un caso de sarampión importado de un pasajero proveniente desde México. Según explicó el distrito, el caso se identificó en un punto de control de la Secretaría de Salud instalado en las entrada internacionale del aeropuerto El Dorado.Así las cosas, el caso se comprobó tras hacer pruebas técnicas PCR en la que el resultado dio positivo notificado en la mañana del jueves 19 de febrero. Sin embargo; el distrito aseguó que en pruebas de orina realizadas el 15 febrero ya estaba la alerta en análisis científico.“Las muestras fueron remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su confirmación y notificación oficial. Detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.Así las cosas, la secretaria de salud de Bogotá confirmó que la persona identificada ya está en su domicilio, recibiendo atención médica y cumpliendo con la cuarentena. Entre tanto, algunas recomendaciones para evitar la propagación es aislamiento domiciliario al tener la alerta y así mismo cuando el caso es confirmado, reportar a las instituciones e implementar el cerco vacunal preventivo.
Junior, cuarto con 12 puntos, llega fortalecido tras vencer 2-1 a América en la fecha pasada, un triunfo que le permitió afianzarse en el grupo de los ocho y confirmar su capacidad para competir ante rivales directos.El equipo barranquillero suma cuatro victorias en seis partidos y es uno de los más efectivos en ataque, con once goles a favor, respaldado por la experiencia y el olfato goleador de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel o Carlos Bacca.Santa Fe, por su parte, atraviesa un momento más complejo tras caer 3-1 ante Jaguares en la jornada anterior y se mantiene decimoquinto con siete unidades. El revés volvió a evidenciar dificultades defensivas en el equipo bogotano que acumula nueve goles en contra y lo obliga a reaccionar para no descolgarse prematuramente de la pelea por la clasificación.Otro juego atractivo es el duelo entre Internacional de Bogotá, que lidera el campeonato con 14 puntos tras empatar 1-1 con Pasto, y Millonarios, que viene en ascenso luego de vencer 2-1 a Llaneros.El conjunto 'embajador' es decimocuarto con ocho unidades y, en una tabla apretada en la zona media, podría escalar varias posiciones si logra imponerse al puntero, aunque llega con dudas en ataque, ya que el argentino Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García están en evaluación por molestias físicas.La jornada se abrirá este viernes con los duelos Llaneros-Medellín y Deportivo Pereira-Pasto, que pondrán en marcha un fin de semana decisivo.El sábado, además de Internacional de Bogotá-Millonarios, será el turno de Once Caldas-Fortaleza, Bucaramanga-Deportivo Cali y Atlético Nacional-Alianza, compromisos clave para equipos que buscan afirmarse en la zona media.El domingo concentrará la mayor tensión con el atractivo Santa Fe-Junior, además de Boyacá Chicó-Águilas Doradas y América-Jaguares.La octava fecha bajará el telón el lunes con Cúcuta-Tolima, en un cierre que puede terminar de mover la parte alta y ajustar la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que los recientes bloqueos en la Autopista Sur no obedecen a problemas de extorsión, sino a las acciones contundentes que su administración, en coordinación con la Policía Nacional, viene adelantando contra el transporte ilegal en el municipio.En entrevista en Mañanas Blu, el mandatario explicó que el llamado 'Plan Guitarra' es una estrategia de acompañamiento integral a los transportadores formales. “Hace parte del acompañamiento de toda la ruta del transporte, desde el despacho, desde cada uno de los paraderos, por supuesto todo el seguimiento tanto dentro del transporte público como en las vías, hasta conectar con TransMilenio y el corredor de la Autopista Sur tiene acompañamiento de la Policía Metropolitana de la ciudad”, señaló el alcalde de Soacha.En los últimos días, un grupo de transportadores se ha concentrado en el sector de San Mateo, cerca del centro comercial Unisur, generando plantones que en ocasiones han derivado en bloqueos parciales de la Autopista Sur, una de las arterias más importantes para la movilidad entre Soacha y Bogotá.Sánchez fue enfático en desligar estos hechos de supuestas amenazas o problemas de seguridad generalizada. “Los bloqueos del día lunes y lo sucedido esta semana en el transporte público de la ciudad de Soacha no obedece en materia de seguridad y de extorsión”, afirmó. No obstante, reconoció que sí existen hechos puntuales que han sido atendidos por las autoridades.El alcalde reveló que detrás de las protestas está el impacto de un operativo de gran escala contra la ilegalidad en el transporte público. “Venimos adelantando de la mano de la Policía Nacional y de la DIJIN el operativo más grande que se había hecho en Colombia frente al delito de falsedad marcaria y la reducción y falsificación de documentos públicos en transporte público en nuestro territorio”, aseguró.Según detalló, la operación dejó como resultado 30 vehículos inmovilizados, dos personas capturadas y la recuperación de dos automotores reportados como hurtados en Bogotá. Además, fue recuperado un cabezote de tractomula robado en Villavicencio y se intervinieron judicialmente dos parqueaderos que funcionaban como “deshuesaderos” para desmantelar vehículos.De acuerdo con el diagnóstico de la DIJIN, en Soacha operarían 260 vehículos ilegales. “Treinta fueron inmovilizados el día martes y estamos diseñando operaciones que nos permitan tener la oportunidad de inmovilizar los demás”, indicó el alcalde.Para Sánchez, las recientes manifestaciones son una reacción directa de quienes se han visto afectados por las medidas. “Son las personas que han intentado de manera colateral afectar el corredor de la Autopista Sur a través de bloqueos, intimidaciones y algunos espacios de vandalismo ante los vehículos formales”, sostuvo.Mientras tanto, aseguró que el transporte formal continúa prestando servicio con normalidad y que la administración mantendrá los operativos para garantizar condiciones equitativas y seguras para quienes trabajan legalmente.
La decisión ratifica la pena de 168 meses de cárcel, al concluir que las interceptaciones telefónicas, los testimonios y la evidencia digital demostraron su papel como jefe de una estructura que ejercía control territorial mediante amenazas, cobros extorsivos y difusión de panfletos.La condena se da en medio de su designación como gestor de paz. Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República lo incluyó dentro del grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) autorizados para apoyar procesos de diálogo en el marco de la política de Paz Total.En el documento se señala que la designación tiene como propósito que los nombrados contribuyan con su conocimiento y experiencia a la construcción de paz y a las garantías de no repetición.Sin embargo, la misma resolución aclara que ese reconocimiento no modifica la situación jurídica de los designados ni implica beneficios judiciales.El término de esa designación fue fijado hasta el 6 de agosto de 2026 y su participación debía desarrollarse bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas por el Gobierno.En la sentencia, el Tribunal reiteró que no proceden beneficios como la suspensión condicional de la pena ni la prisión domiciliaria, debido a la gravedad de los delitos y al tiempo de condena.
A través del pago de indemnizaciones, cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz, y procesos de reparación a comunidades que han sufrido violencia de forma colectiva, el Gobierno actual ha sido el que más víctimas del conflicto armado ha reparado desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Superando a los tres gobiernos anteriores con 2,4, 2,5 y 3,5 billones de pesos en indemnizaciones, respectivamente.En cumplimiento de la función misional asignada por la Ley 975 de 2005, frente al pago de las indemnizaciones judiciales ordenadas en las sentencias de Justicia y Paz, se han ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial a 20.298 víctimas, superando los $787 mil millones de pesos, los cuales han sido destinados principalmente a víctimas del Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico. Respecto al Gobierno anterior, en el cual se realizaron 16.858 pagos a 14.282 víctimas, por un valor de $357 mil millones de pesos, nuevamente se posiciona la actual administración como la que más indemnizaciones por sentencias de Justicia y Paz ha realizado.Otros dos logros significativos tienen que ver con la reparación a víctimas con pertenencia étnica y víctimas de delitos de violencia sexual. Para el primer caso, se han entregado 316.076 indemnizaciones, lo que representa el 64% del total histórico. Mientras que para las víctimas de violencia sexual, se han entregado 11.124 indemnizaciones, representando el 52% del total de víctimas que han sido indemnizadas por este delito. En este sentido, este ha sido el gobierno que más ha reparado a estas víctimas del conflicto de manera histórica.Estos avances se suman también a la jornada que benefició a víctimas provenientes de Aguachica, Agustín Codazzi, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Tamalameque y Valledupar, en el departamento del Cesar; así como de Maicao, Riohacha y San Juan del Cesar, en La Guajira, en el mes de febrero. Consolidando así, el compromiso del actual Gobierno con el bienestar de las poblaciones que más han sufrido las consecuencias del conflicto en el país.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La crisis en la atención de pacientes afiliados a distintas EPS en Colombia vuelve a quedar en evidencia con el caso de doña Blanca Uribe, una mujer de 92 años que permanece hospitalizada desde hace más de un mes y medio en el Hospital Manuel Uribe Ángel, en Envigado, a la espera de un procedimiento urgente: el cambio de su marcapasos.Pese a que un juez falló a favor de la paciente mediante una acción de tutela, y a que se han interpuesto dos incidentes de desacato por incumplimiento, la Nueva EPS no ha autorizado el traslado ni el suministro del dispositivo necesario para la intervención. El caso, revelado en Mañanas Blu con Néstor Morales, expone nuevamente las demoras en la atención en salud y el incumplimiento de fallos judiciales por parte de entidades intervenidas.Un marcapasos sin vida útil y una salud en deterioroDe acuerdo con su hija, Mónica Restrepo, el marcapasos que le fue implantado a doña Blanca cumplió su vida útil tras diez años de funcionamiento. Desde agosto del año pasado comenzaron las gestiones para programar la revisión y eventual reemplazo del dispositivo, pero las citas fueron aplazadas reiteradamente.“Mi mamá necesita en este momento el cambio de marcapasos, ya que el que tiene llegó a su vida útil, la batería se agotó. Necesitamos que le cambien el marcapasos urgentemente”, afirmó Restrepo en entrevista radial.El 8 de enero, ante complicaciones asociadas a niveles bajos de sodio y potasio, la adulta mayor fue ingresada por urgencias. El 13 de enero, tras la revisión por parte de un electrofisiólogo, se determinó que el dispositivo debía ser reemplazado de inmediato. Sin embargo, el Hospital Manuel Uribe Ángel informó que no contaba con el marcapasos requerido, por lo que la Nueva EPS debía autorizar la remisión a otra clínica.Desde entonces, la familia asegura que no ha recibido respuesta formal. “Llevamos esperando ya casi dos meses que la remitan y no lo han hecho. La salud de mi mamá se ha deteriorado casi que en un 80%”, denunció su hija.Tutela, desacatos y arresto: sin solución de fondoAnte la falta de respuesta, la familia interpuso una acción de tutela el 23 de enero, la cual fue fallada a su favor. No obstante, según Restrepo, la orden judicial tampoco fue acatada.“Se había instaurado la tutela y no atendieron esa tutela. Se les hicieron dos desacatos a los cuales tampoco accedieron. No hubo ninguna respuesta”, aseguró.El juez del caso impuso sanciones que incluyen orden de arresto y multas contra funcionarios responsables por el incumplimiento. Sin embargo, la medida no ha derivado en la autorización del procedimiento. “No ha llegado ni llamadas telefónicas ni respuestas al Manuel Uribe. No se han pronunciado en ningún momento”, agregó.El caso pone en el centro del debate la efectividad de los mecanismos judiciales para garantizar el derecho fundamental a la salud, especialmente en el contexto de la intervención estatal a varias EPS y las dificultades financieras y administrativas que atraviesan.El deterioro clínico y el paso por UCIMientras se define la responsabilidad administrativa, la condición médica de doña Blanca continúa agravándose. Según su hija, la paciente presentó acumulación de líquidos en los pulmones y debió ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).Incluso, denunció tensiones con uno de los médicos tratantes cuando solicitó exámenes adicionales ante el deterioro visible de su madre. “Yo le decía: por favor, doctor, ayúdeme, que necesito que le hagan una radiografía. Mi mamá debe estar llena de líquido. Él se enojó y me dijo que él era el que mandaba”, narró.Posteriormente, tras practicarse la radiografía, se confirmó la acumulación de líquidos y la paciente fue remitida a UCI durante dos días para recibir tratamiento.Crisis en la atención de la Nueva EPSEl caso de Blanca Uribe no es aislado. En medio del complejo panorama que enfrenta el sistema de salud colombiano, múltiples usuarios han denunciado demoras en autorizaciones, entrega de medicamentos y procedimientos especializados, particularmente en entidades intervenidas por el Gobierno nacional.La situación de la Nueva EPS ha sido objeto de seguimiento por parte de autoridades y medios de comunicación, en un contexto donde miles de pacientes reportan dificultades similares. “Nos sentimos abandonados por el Estado, por la Nueva EPS”, expresó Restrepo.Más allá de las sanciones judiciales, la familia insiste en que el objetivo principal es salvar la vida de la paciente. “Mi mamá se me está muriendo en una cama y yo no puedo hacer nada. Ya he hecho todo lo humanamente posible”, afirmó.El caso reabre el debate sobre la garantía efectiva del derecho a la salud en Colombia, la capacidad de respuesta de las EPS intervenidas y el cumplimiento de fallos judiciales en situaciones de urgencia médica. Mientras tanto, en una habitación del Hospital Manuel Uribe Ángel, una mujer de 92 años espera que llegue el marcapasos que podría estabilizar su corazón y devolverle una oportunidad de recuperación.
Un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud aseguró que la desfinanciación progresiva y el desacato institucional están poniendo en riesgo la vida de los pacientes en Colombia. A través de un comunicado fechado el 19 de febrero de 2026, los exfuncionarios afirmaron que la muerte del niño Kevin Acosta Pico debe analizarse en el contexto de un deterioro estructural que, según indican, viene siendo advertido desde 2023.En el documento expresan su solidaridad con la familia del menor y señalan que su caso “no es un hecho aislado”, sino el reflejo visible de una crisis que afecta a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y huérfanas, quienes enfrentan interrupciones en tratamientos, desabastecimiento de medicamentos y mayores barreras de acceso.Los exministros sostienen que desde finales de 2023 alertaron que la reforma al sistema de salud propuesta por el Gobierno incumplía mínimos constitucionales, debilitaba el aseguramiento individual y no contaba con fuentes sostenibles de financiación. En particular, advierten que la insuficiencia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha generado una crisis operativa en EPS, IPS y proveedores, reflejada en aumento de tutelas, quejas, cierre de servicios y acumulación de deudas, especialmente en entidades intervenidas.Asimismo, indican que durante 2025 insistieron en que persistían fallas estructurales en la metodología actuarial para fijar la UPC y que el incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional profundizó la incertidumbre financiera del sistema. Señalan que cuando la insuficiencia de recursos se traduce en la interrupción de tratamientos, el deterioro financiero se convierte en un riesgo vital.En el comunicado proponen corregir de inmediato la desfinanciación estructural mediante un cálculo técnico y transparente de la UPC, cumplir las decisiones judiciales, sanear pasivos acumulados y convocar una mesa amplia de concertación nacional con carácter técnico. También reiteran la necesidad de preservar el aseguramiento individual como eje de la gestión del riesgo en salud.Finalmente, hacen un llamado al Gobierno Nacional para reconocer la magnitud de la crisis, adoptar correctivos técnicos y reconstruir la sostenibilidad del sistema. Según concluyen, aún es posible corregir el rumbo si se actúa con rigor, responsabilidad y enfoque en la protección efectiva del derecho a la salud.
La empresa con raíces colombianas Samay dio un paso clave en la innovación médica al obtener su patente número 18 en Europa, un reconocimiento que respalda su tecnología para anticipar crisis respiratorias. El avance cobra especial relevancia en un contexto en el que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) provoca más de tres millones de muertes cada año en el mundo y continúa siendo subdiagnosticada, especialmente en etapas tempranas, cuando aún es posible evitar daños irreversibles.La compañía, con sedes en Mountain View, California, y en Medellín, desarrolló un sistema de resonancia acústica para el monitoreo pulmonar continuo. La nueva patente protege el uso de sensores acústicos activos capaces de medir el atrapamiento aéreo y evaluar la función pulmonar, permitiendo detectar alteraciones en las vías respiratorias pequeñas antes de que el deterioro sea severo. Su primer producto está diseñado para reemplazar la espirometría tradicional en consultorios, clínicas y hospitales.Los resultados clínicos respaldan el potencial de la tecnología. Según la empresa, ha demostrado hasta un 93 % de precisión en el diagnóstico de la EPOC, un 80 % en la detección del atrapamiento de aire —frecuente en pacientes con dos o más crisis anuales— y un 91 % en la identificación de enfermedad de vías aéreas pequeñas, que corresponde a fases iniciales de la EPOC. Además, el sistema busca anticipar cambios en la función pulmonar que preceden a una exacerbación, ampliando así la ventana de intervención médica y reduciendo hospitalizaciones.“Lo que protegemos no es solo el diseño de un dispositivo, sino también una forma completamente nueva de medir la función pulmonar”, afirmó la doctora María Artunduaga, fundadora y CEO de la compañía. La combinación de sensores acústicos activos, inteligencia artificial y un portafolio internacional de patentes consolida, según explicó, una ventaja competitiva difícil de replicar en el sector de tecnología médica.Actualmente, Samay cuenta con 18 patentes concedidas y 19 adicionales en trámite en 14 países. Con este respaldo, proyecta su expansión hacia América Latina y prevé un lanzamiento comercial en 2028. En julio abrirá una sede en Bogotá que operará como centro nacional, con el objetivo de fortalecer la capacidad diagnóstica en una región donde hasta el 80 % de las personas con síntomas respiratorios no recibe tratamiento oportuno.
El fenómeno de los therians —personas que se identifican internamente con animales— ha comenzado a generar debate en Colombia tras la convocatoria a un “mega convivio” en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. El encuentro, promovido en redes sociales para el próximo 28 de febrero, invita a “convivir con personas que se identifican con animales”, con actividades y juegos incluidos. Ante la creciente visibilidad del movimiento, el programa Mañanas Blu, dirigido por Néstor Morales, consultó a la psicóloga argentina Débora Pedace, quien ha estudiado este fenómeno en su país.La pregunta central es clara: ¿se trata de una moda juvenil, una expresión identitaria o de un problema de salud mental?¿Qué son los therians y por qué generan polémica?De acuerdo con Pedace, los therians son personas que “se identifican internamente como un animal”. La especialista explicó que es fundamental diferenciar entre una identificación simbólica y una creencia delirante.“Una cosa es una identificación simbólica. La persona dice: ‘me siento lobo, me identifico con un perro’, pero entiende que biológicamente es un humano. Ahora, también hay lo otro, es la creencia delirante”, señaló.El debate sobre los therians ha escalado en redes sociales, donde circulan videos de jóvenes usando máscaras, desplazándose en cuatro patas o imitando conductas animales. En Argentina, incluso, se reportó la apertura de una escuela exclusiva para personas que se identifican con perros. Según la psicóloga, la viralización ha sido determinante en la expansión del fenómeno: “Cuanto más se muestra el tema, más aparecen las personas”.Identificación simbólica vs. trastorno psiquiátricoUno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la distinción clínica entre expresión simbólica y patología. Pedace fue enfática al afirmar que no todo comportamiento que resulta “anormal” es necesariamente patológico.“Lo patológico aparece cuando hay pérdida de juicio de realidad”, explicó. Esto ocurre cuando la persona cree literalmente que es un animal y actúa en consecuencia, afectando su salud o su funcionamiento cotidiano.La especialista detalló casos en los que adolescentes afirmaban comer alimento para mascotas o acudir al veterinario en lugar de un médico. “Cuando empiezan las autoagresiones o el atentado contra la propia vida, ahí ya está dentro del cuadro psiquiátrico y hay que intervenir de forma urgente”, advirtió.En contraste, si se trata de una identificación simbólica sin deterioro funcional, el abordaje es distinto. “Una cosa es que me sienta identificado con un lobo y otra muy distinta es que crea que mi biología cambió”, puntualizó.Adolescencia, identidad y redes socialesEl fenómeno therian se presenta principalmente en adolescentes. Según Pedace, esta etapa vital está marcada por la búsqueda de identidad y por un desarrollo cerebral aún incompleto, especialmente en la corteza prefrontal, encargada del juicio y la toma de decisiones.Para la psicóloga, muchos jóvenes que adoptan esta identidad atraviesan situaciones de sufrimiento, exclusión o bullying. “En definitiva, lo que hay es una evasión. Quiero salir de la realidad que me duele tanto. Entonces me pongo una máscara para poder evadir esa realidad”, explicó.En ese sentido, el problema de fondo no sería la identificación con un animal, sino un déficit en la construcción de identidad. “No importa el objeto al que ellos se identifiquen. Tiene que ver más con un problema deficitario de la identidad y de lo mal que estoy internamente”, sostuvo.Las redes sociales cumplen un papel amplificador. “Sin redes sociales era mucho más difícil que alguien se identifique con esto. Hoy vivimos expuestos 24/7 y eso hace que crezca y se viralice mucho más”, agregó.¿Cómo deben actuar padres frente a los therians?Frente a la pregunta sobre cómo reaccionar ante un hijo que se identifique como animal, Pedace evitó respuestas absolutas, pero subrayó la importancia de establecer límites.“Cuando alimentas el síntoma, el circuito se hace cada vez más grande”, afirmó. La especialista relató el caso de una familia que respondió marcando límites coherentes con la lógica de la identidad adoptada por la menor, lo que llevó a que desistiera en pocos días. “El límite da seguridad”, aseguró.Sin embargo, también advirtió que si el adolescente acepta conductas que pongan en riesgo su salud —como alimentarse exclusivamente como un animal—, se requiere intervención psiquiátrica inmediata.En cuanto a la actitud social, fue clara: “Primero, no ridiculicemos ni convirtamos esto en un espectáculo”. Para Pedace, la burla y la exposición mediática pueden incentivar la adopción de esta identidad en jóvenes vulnerables que buscan pertenencia.Un fenómeno antiguo con nuevos nombresFinalmente, la psicóloga contextualizó el debate dentro de la historia de los problemas identitarios. “El problema de identidad existió siempre. Lo que pasa es que antes no teníamos la posibilidad de expresarlo como hoy”, reflexionó.Desde su perspectiva, el fenómeno therian no es un hecho aislado, sino una manifestación contemporánea de conflictos identitarios que han adoptado distintas formas según el contexto cultural y tecnológico.Mientras en Bogotá se prepara el “mega convivio” y en Argentina el fenómeno continúa en expansión, la discusión sobre salud mental, identidad y redes sociales sigue abierta. Más allá del impacto mediático, el llamado de los expertos es a analizar el trasfondo psicológico sin caer en la estigmatización, pero tampoco en la normalización acrítica de conductas que puedan implicar riesgos para la integridad de los jóvenes.En palabras de Débora Pedace: “Una cosa es permitir esta expresión simbólica y otra cosa es naturalizarla con pérdida de realidad”. El desafío, concluye, está en encontrar ese equilibrio.
La muerte del actor James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en la serie 'Dawson’s Creek', a los 48 años tras ser diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa avanzada, ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de conocer los síntomas de esta enfermedad y detectarla a tiempo. Este tipo de cáncer, que afecta el intestino grueso, es uno de los más comunes y también uno de los más mortales en el mundo.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal representa cerca del 10 % de todos los diagnósticos de cáncer a nivel global, lo que lo convierte en el tercer tipo más frecuente. Además, es la segunda causa de muerte por cáncer, una cifra que preocupa a los expertos en salud pública.Qué es el cáncer de colon y por qué es peligrosoEl cáncer de colon se origina cuando células anormales comienzan a crecer sin control en el colon o el recto, partes fundamentales del sistema digestivo. Esta enfermedad puede desarrollarse lentamente durante años, y en muchos casos no presenta señales evidentes en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana.Aunque históricamente se ha asociado con personas mayores de 50 años, especialistas han alertado sobre un aumento en casos entre adultos jóvenes, incluso entre los 30 y 50 años. Los hombres presentan un riesgo ligeramente mayor que las mujeres, aunque puede afectar a ambos sexos.Cuando no se detecta a tiempo, el cáncer colorrectal puede extenderse a otros órganos, reduciendo significativamente las probabilidades de supervivencia.Síntomas del cáncer de colon que no se deben ignorarUno de los principales retos de esta enfermedad es que los síntomas pueden ser leves o confundirse con otros problemas digestivos. Sin embargo, hay señales de alerta que requieren atención médica inmediata:Cambios persistentes en el hábito intestinal, como diarrea, estreñimiento o variación en la forma de las heces.Presencia de sangre en las heces, ya sea roja brillante o de color oscuro.Dolor abdominal frecuente, cólicos o sensación de hinchazón constante.Pérdida de peso sin razón aparente.Fatiga o debilidad prolongada.Anemia causada por sangrado interno crónico.Los especialistas advierten que estos síntomas no siempre significan cáncer, pero sí son motivo suficiente para acudir a un médico y realizar estudios.Factores que aumentan el riesgoEl estilo de vida juega un papel clave en el desarrollo del cáncer de colon. Entre los factores que incrementan el riesgo se encuentran:Dieta alta en carnes procesadas y baja en fibra.Sobrepeso u obesidad.Falta de actividad física.Consumo de alcohol.Tabaquismo.Antecedentes familiares de cáncer colorrectal.La combinación de estos factores puede aumentar significativamente la probabilidad de desarrollar la enfermedad.Cómo se diagnostica el cáncer colorrectalEl diagnóstico suele incluir varios procedimientos médicos que permiten confirmar la presencia de tumores y evaluar su avance. Entre los más utilizados están:Colonoscopia, que permite observar el interior del colon.Biopsia, para analizar muestras de tejido.Tomografía computarizada o resonancia magnética.Pruebas moleculares para detectar alteraciones genéticas.Detectar la enfermedad en fases tempranas puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un pronóstico más complicado.
La Personería de Bogotá, en el marco se reunión el pasado jueves con actores claves del sistema de salud de la ciudad con el fin de conocer las estrategias que se han puesto en marcha para solucionar el problema de distribución y acceso a medicamentos que hoy afecta a miles de pacientes en la capital del país.Solo el primer trimestre de 2025, el Ministerio Público Distrital recibió 791 quejas relacionadas con la dificultad en la entrega de medicamentos, cifra que representa el 42% del total de las solicitudes al ente de control en temas de salud. En 2024, ese número llegó a 1.939 (19% de los requerimientos).Con el propósito de evidenciar esta situación en los lugares de despacho de medicamentos, el organismo de control visitó, entre febrero y marzo, 9 puntos de entrega, en los que se evidenciaron tiempos de espera mayores a 3 horas y entregas pendientes de más de 3 meses, lo que obliga a los pacientes a acudir a 4 o 5 sedes de dispensación para obtener sus medicinas.También evidenciaron cobros de cuotas moderadoras de fármacos que no se entregan y, en algunos casos, ausencia de un trato digno a los usuarios, en especial, adultos mayores y población con discapacidad.Roberto Alonso Pinto, superintendente delegado para gestores farmacéuticos, enfatizó en que la Supersalud está adelantando medidas cautelares a la Nueva EPS y Audifarma con el propósito de que se garantice la correcta dispensación de medicamentos a los afiliados.
Amanda Rodríguez, paciente trasplantada de hígado, enfrenta dificultades para acceder a su tratamiento posoperatorio, luego de que su trasplante se realizara el 18 de febrero de 2024 en la Fundación Cardio Infantil, y aunque se ordenó un control médico el 4 de diciembre de 2024, la institución no ha dado respuesta positiva para continuar con la atención.Según el proceso, la afectada padece una enfermedad crónica y se vio gravemente perjudicada cuando su EPS anterior dejó de prestarle el servicio, ahora, la nueva entidad, por su parte, se negó a suministrar los medicamentos recetados argumentando la necesidad de cumplir con nuevos procedimientos administrativos.“Desde que me hicieron el trasplante, solo he podido tener un control, y eso fue gracias a una tutela anterior. La negligencia es evidente”, afirmó Rodríguez Jiménez en su denuncia.En su fallo, con ponencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz, el Tribunal ordenó a la EPS garantizar el suministro inmediato del medicamento, “sin exigirle nuevos trámites que retrasen su tratamiento”.El Tribunal también hizo énfasis en que la continuidad en la prestación del servicio de salud es un deber esencial de las EPS y que los cambios administrativos no pueden afectar el derecho de los pacientes a recibir su tratamiento oportunamente.
Nueva EPS presentó un informe detallado sobre las facturas por servicios de salud radicadas ante las redes prestadoras, tanto públicas como privadas, entre enero y diciembre de 2023, así como en periodos anteriores. Según el comunicado oficial, se identificaron serias falencias en la gestión de estos trámites, lo que provocó un atraso inicial de 12 millones de facturas pendientes de procesar, con un valor aproximado de 4,3 billones de pesos.Además, afirman que este atraso se produjo antes de que la Superintendencia Nacional de Salud llevara a cabo una intervención administrativa forzosa el 3 de abril de 2024, cuya duración fue extendida hasta el 3 de abril de 2026.En el informé no solo señalan los problemas de administradores anteriores, sino también informan lo que está llevando a cabo el nuevo interventor, Bernardo Camacho, para resolver la situación. Camacho explicó que, para abordar este problema, se encuentra en proceso de contratación e implementación de una nueva herramienta informática avanzada, que integrará robótica, ciencia de datos e inteligencia artificial. Estas tecnologías buscan transparentar los procesos de radicación de las facturas y mejorar la auditoría médica concurrente, con el fin de evitar futuros atrasos y asegurar la eficiencia en la gestión.El interventor aseguró que, a pesar de las dificultades heredadas, su objetivo es optimizar el sistema, garantizando que las facturas se procesen de manera rápida y precisa, con total transparencia.
La Academia Nacional de Medicina, en alianza con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y Caracol TV, en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá, BOG25, lanza la campaña “El arte de dar las gracias”, que invita a los colombianos a sumarse a través de donaciones para levantar un monumento en homenaje al personal de la salud que atendió la pandemia del COVID-19 en el país.La idea del monumento surge por iniciativa de la Academia Nacional de Medicina y a ella une la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que decide apoyarla con recursos propios y propone el lanzamiento de la campaña El arte de dar las gracias con el fin de sumar esfuerzos y motivar a la ciudadanía y al sector privado a conocerla y apoyarla mediante donaciones.El objetivo es levantar un monumento de ciudad que reconozca la labor heróica del talento humano de la salud que batalló contra el COVID-19, y que se convierta en un lugar de orgullo, encuentro y reflexión para los bogotanos y visitantes extranjeros.La campaña, ha dispuesto del sitio web www.elartededarlasgracias.com para hacer donaciones hasta el próximo 12 de mayo a una cuenta de la Academia Nacional de Medicina, que expedirá un certificado de donación a quienes lo soliciten.
La divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció hace pocos días, junto con declaraciones del presidente Gustavo Petro y de miembros del Gobierno, desató un nuevo foco de controversia en medio del debate por la muerte del menor, quien era paciente de Nueva EPS.Para el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, se trata de una actuación contraria a la normatividad vigente y al respeto por los derechos fundamentales. “Es totalmente ilegal y no está bien. El respeto a la privacidad de las personas lo tenemos que cumplir todos los colombianos, no importa si es el presidente de la República o la persona más humilde de este país”, afirmó Galán.El director insistió en que la historia clínica está protegida por normas y regulaciones específicas y advirtió que la actuación del mandatario no solo tendría implicaciones legales, sino también un impacto humano sobre la familia. En particular, señaló que la exposición pública de la información médica revictimizó al niño y a sus familiares.Adicionalmente, Galán explicó que el caso de Kevin refleja la situación que hoy enfrentan miles de pacientes en el país. De acuerdo con el director, más de 4.500 personas con hemofilia estarían en riesgo de vivir escenarios similares, debido a las dificultades para acceder de manera oportuna a los medicamentos que requieren para sus tratamientos.En ese contexto, aseguró que la intermitencia en la prestación de los servicios de salud está relacionada con un problema de financiación del sistema. “Hay pacientes con otras enfermedades de alto costo, que lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, y la indolencia del Gobierno no lo ha querido solucionar. Y tiene que ver con la desfinanciación estructural que está diagnosticada desde hace bastante tiempo”, agregó.Durante el encuentro de socialización Colombia Progresa 2026, una iniciativa de seis centros de pensamiento que busca proponer una hoja de ruta al próximo gobierno sobre los principales desafíos del país, Galán sostuvo que el mayor problema del sistema de salud es la crisis financiera que atraviesa, la cual pone en riesgo su sostenibilidad, la continuidad en la prestación de los servicios y el derecho efectivo a la salud. Por esa razón, indicó que una de las principales recomendaciones es estabilizar el sistema mediante una mayor inyección de liquidez.Finalmente, el director del observatorio señaló que parte del deterioro actual también está relacionado con las recientes intervenciones del Gobierno a varias EPS. “El próximo gobierno va a tener que solucionar la intervención que hay sobre las EPS, que tienen en este momento aproximadamente 25 millones de afiliados y que esas EPS intervenidas por el gobierno nacional desde hace más de dos años, pues han visto deteriorar su operación y su patrimonio, y han visto incrementar las quejas, peticiones y reclamos”, concluyó.
La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) anunció el inicio de una auditoría focalizada tras la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico, ocurrida el 13 de febrero en Bogotá. La entidad informó que revisará el proceso de atención brindado al niño dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.De acuerdo con el comunicado oficial, la inspección abarcará la verificación de posibles barreras administrativas, el proceso de autorización y suministro del tratamiento, así como la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y del prestador encargado. También se evaluará el cumplimiento de los protocolos y normas vigentes para la atención de pacientes con hemofilia y enfermedades huérfanas.El menor, de siete años, había sido diagnosticado con hemofilia A severa. Según denuncias públicas conocidas por la entidad, no habría recibido durante aproximadamente dos meses el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente conocido como Hemlibra. La Superintendencia indicó que estos hechos serán objeto de revisión dentro de la auditoría.La investigación administrativa buscará establecer si se cumplieron las disposiciones vigentes sobre la entrega oportuna de medicamentos y las directrices aplicables a enfermedades huérfanas. En particular, se examinará si existieron omisiones en el trámite de autorizaciones o en el suministro del tratamiento indicado.La Superintendencia señaló que, en caso de detectarse irregularidades, podrían imponerse sanciones administrativas, multas u otras medidas correctivas previstas en la ley a los responsables de la prestación del servicio de salud. Asimismo, reiteró que su función es ejercer inspección, vigilancia y control para garantizar los derechos de los usuarios del sistema de salud.
Más de 63.000 medicamentos permanecen pendientes de entrega a usuarios de la Nueva EPS en Manizales. La situación, según advirtió la Defensoría del Pueblo, pone en riesgo la continuidad de tratamientos médicos y vulnera el derecho fundamental a la salud.De acuerdo con información reportada por el gestor farmacéutico Cafam a la Personería Municipal, con corte a enero de 2026, las demoras en la dispensación han generado interrupciones en tratamientos esenciales, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.En paralelo, clínicas y hospitales han suspendido servicios por falta de pago oportuno, lo que agrava la crisis asistencial en el departamento.Una radiografía nacional de la crisisLa Defensoría Delegada para el Derecho a la Salud evidencia que la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos es el principal motivo de queja contra la Nueva EPS en múltiples regiones del país.En la región Andina, Caldas registra 185 quejas en 2025 por falta de oportunidad en medicamentos; Boyacá, 115; Huila, 134; y Quindío, 489, siendo este último uno de los departamentos con mayor número de reclamos. En Norte de Santander se reportan 441 quejas por la misma causa, mientras que en San Andrés y Providencia la cifra asciende a 216.En Norte de Santander, por ejemplo, se han reportado usuarios con más de seis meses, e incluso años, esperando la entrega de medicamentos formulados, particularmente en farmacias como Audifarma y Cafam.A esto se suma la incertidumbre de miles de afiliados que quedaron sin claridad sobre su red de atención tras la salida de Colsubsidio como operador, lo que ha generado confusión, trámites repetidos y mayor represamiento.La problemática también se repite en la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico. En Guaviare, 128 quejas están relacionadas con la falta de oportunidad en medicamentos, mientras que en Chocó la crisis se agrava por deudas que superan los 250.000 millones de pesos, afectando directamente la operación hospitalaria y la atención de pacientes crónicos.Medicamentos no entregadosUno de los aspectos más críticos es que, en varios territorios, los medicamentos no siempre están agotados en el mercado. El problema, según información presentada por la Defensoría, radica en fallas de gestión, contratación de operadores farmacéuticos, pagos atrasados y deficiencias en los canales de información y autorización.Se reportan entregas incompletas, negaciones injustificadas y retrasos prolongados, lo que obliga a muchos pacientes a regresar varias veces a las farmacias o incluso, a suspender tratamientos. En algunos departamentos, esta situación ha saturado los servicios de urgencias, ya que pacientes crónicos llegan en estado crítico tras no recibir oportunamente sus medicamentos.Además, la crisis financiera ha generado suspensión parcial de servicios, cierres de IPS y reducción en agendas de especialistas, afectando toda la cadena de atención en salud, desde la formulación médica hasta la entrega efectiva del tratamiento.La Defensoría del Pueblo reiteró que las dificultades administrativas y financieras de la entidad promotora de salud no pueden recaer sobre los usuarios, quienes necesitan acceso continuo y oportuno a servicios y medicamentos. En ese sentido, recordó su mandato constitucional de proteger el derecho fundamental a la salud y urgió a garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios médicos en el departamento.
Los pacientes trasplantados en Colombia atraviesan dificultades para acceder a los medicamentos necesarios para evitar el rechazo de los órganos, según alertó el presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, el doctor Rubén Luna.De acuerdo con el vocero, la situación hace parte de un problema estructural que afecta a todo el sistema de salud. En el caso de los trasplantados, explicó, se trata de medicamentos inmunosupresores, indispensables para impedir que el organismo identifique el órgano recibido como extraño y lo ataque. Estos tratamientos deben tomarse de manera continua y sin interrupciones.“En este momento los pacientes no están pudiendo acceder a estos medicamentos. Eso pone en riesgo no solo la vida del injerto, es decir, del órgano trasplantado, sino también la vida del paciente”, señaló Luna. Indicó que cuando se suspende el tratamiento, pueden desencadenarse procesos inflamatorios que derivan en el rechazo del órgano y en complicaciones graves.El panorama también impacta las decisiones médicas sobre nuevos trasplantes. Según el especialista, resulta complejo llevar a un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis a un procedimiento de trasplante si no existe garantía de que podrá recibir los medicamentos posteriores. “Sería realizar un procedimiento exitoso quirúrgicamente, pero sin poder asegurar que el órgano funcione a largo plazo”, afirmó.En algunos casos, explicó, los pacientes permanecen hospitalizados durante semanas mientras esperan la entrega de los medicamentos por parte de su EPS. En otras situaciones reciben una parte del tratamiento, pero no la totalidad, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad en los meses siguientes.El presidente de la asociación estimó que en el país hay entre 12.000 y 14.000 personas trasplantadas que no pueden suspender su tratamiento “ni un solo día”. Señaló que cualquier transición o cambio en el sistema de salud debe contemplar mecanismos que aseguren la continuidad de los tratamientos, no solo para esta población, sino también para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hemofilia o cáncer.Sobre si la problemática se concentra en algunas EPS intervenidas por el Gobierno, Luna indicó que se trata de una situación generalizada, asociada a dificultades administrativas y financieras del sistema. “Los contratos y autorizaciones pueden existir, pero si no están respaldados por pagos, es como entregar un cheque sin fondos”, afirmó.En relación con casos graves o fallecimientos asociados a la falta de medicamentos, el dirigente señaló que las cifras cambian a diario y que en distintas clínicas se reciben pacientes con deterioro del órgano trasplantado tras la suspensión del tratamiento. Aunque no entregó un número consolidado, confirmó que hay personas hospitalizadas por periodos prolongados mientras esperan la dispensación.Desde la asociación hicieron un llamado al Gobierno, al Congreso, a los jueces y a la ciudadanía para que la salud sea abordada como una política de Estado. “Las decisiones administrativas deben estar respaldadas por conceptos técnicos y científicos, tanto en su diseño como en su implementación”, concluyó Luna.
El caso de Hans Segura, un hombre de 40 años con hemofilia leve, vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de pacientes que enfrentan obstáculos para acceder a tratamientos oportunos. Su situación se conoce en medio del debate por la atención a personas con esta enfermedad, tras la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, cuyo caso generó cuestionamientos sobre la entrega de medicamentos.Hans, afiliado a la EPS Salud Total, estuvo hospitalizado durante 15 días en el Hospital San José por complicaciones asociadas a un hematoma y a la diabetes que también padece. Según relató su hermana, Estefanía Segura, durante ese tiempo no recibió el factor de coagulación indicado para la hemofilia. Asegura que fue dado de alta sin tratamiento para esta condición y con dificultades adicionales en su estado de salud.La madre de Hans, Ruth Segura, explicó que tiene tres hijos con hemofilia y que, a lo largo de los años, ha enfrentado demoras en la atención en los servicios de urgencias. Señala que, aunque la hemofilia puede implicar sangrados internos, en ocasiones los pacientes no son atendidos con prioridad cuando no presentan hemorragias visibles. También afirma que en algunos casos han esperado entre 24 y 72 horas para la aplicación del factor por falta de disponibilidad.La situación también impacta a la siguiente generación. El nieto de Ruth Segura, de ocho años e hijo de Estefanía Segura, tiene hemofilia leve y ha requerido hospitalización por episodios de sangrado tras golpes. En una de esas emergencias, según su madre, permaneció dos días internado sin recibir el medicamento debido a que no estaba disponible y a que requería autorización del programa especializado.Estefanía indicó que, tras presentar quejas por la atención recibida, su hijo fue retirado del grupo de manejo de hemofilia y posteriormente reasignado a otros programas, lo que generó demoras en la continuidad del tratamiento. Relató que en otra ocasión, ante un sangrado interno de cadera, el menor permaneció todo un día en urgencias sin recibir el factor porque no aparecía registrado en el sistema.De acuerdo con el testimonio de la familia, los cambios de programas, la falta de disponibilidad del medicamento en algunas instituciones y las demoras en urgencias han generado incertidumbre frente a la atención. Señalan que, aunque existen equipos especializados, la coordinación entre hospitales, programas y EPS presenta fallas que afectan la oportunidad del tratamiento.
Hoy en día el sistema de salud pública en Colombia atraviesa una crisis, las deudas acumuladas, las demoras en citas con especialistas y las dificultades para acceder a medicamentos han generado una sensación de incertidumbre en millones de usuarios.Frente a esto, cada vez más familias enfrentan una decisión compleja, esperar dentro del sistema público o destinar parte de sus ingresos a alternativas privadas que prometen mayor rapidez como la medicina prepagada.La constante congestión, trámites extensos y autorizaciones demoradas ha ido debilitando la confianza en el modelo tradicional de las EPS, por ello más colombianos están optando por seguros médicos privados ante la desconfianza en la salud pública.Crece la demanda de seguros médicos privados y medicina prepagadaEn medio de la incertidumbre que rodea al sistema estatal, la demanda de seguros voluntarios y planes de medicina prepagada registra un crecimiento del 23 %, siendo la principal alternativa para quienes buscan atención oportuna y de mayor calidad.Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante 2025 el gasto en salud de los hogares colombianos aumentó 3,2 %, alcanzando los $128 billones.De acuerdo con la firma Raddar, el incremento se debe a la compra de medicamentos de venta libre, consultas particulares y mayor aseguramiento privado mediante pólizas complementarias y medicina prepagada.Felix Ricardo Garzón Rojas, especialista en seguros, explicó que este comportamiento se debe a que, ante la incertidumbre, quienes tienen capacidad económica buscan pagar por una atención más ágil.“El seguro funciona como un complemento que mejora la base obligatoria de la EPS, sin reemplazarla, pero que permite acceder a una red de clínicas más amplia y menos tiempo de espera para ver a un especialista”, afirma.Por su parte, Fasecolda confirma esta tendencia, la salud es el segundo sector de mayor expansión en el ámbito de las aseguradoras, con un crecimiento entre el 24 % y el 25 % anual. “En medicina prepagada, que ya suma 1,4 millones de afiliados, el incremento ha sido del 37 % en los últimos tres años. Además, a julio de 2025 el sector había pagado $15,3 billones en siniestros”.Las modalidades más buscadasEn el mercado colombiano existen tres opciones principales:Medicina prepagada: acceso ágil a redes privadas definidas.Plan complementario: mejora la experiencia dentro de la misma EPS a menor costo.Póliza de salud: contrato técnico que puede incluir reembolsos y mayor libertad de elección.No obstante, el acceso depende del ingreso familiar. Las primas varían según edad, ciudad y preexistencias médicas, y muchos trabajadores ingresan a estos planes a través de pólizas colectivas empresariales.La advertencia de los expertosAunque el crecimiento es grante, expertos en seguros advierten que tener un seguro privado no significa cobertura total. Es clave revisar carencias, exclusiones, topes, copagos y deducibles, así como las clínicas incluidas en la red.Estos seguros no prometen resolver los problemas estructurales del sistema de salud colombiano, pero para muchos usuarios representan algo esencial: tiempo, previsibilidad y tranquilidad.