A las 5:40 de la tarde del pasado miércoles fue la última vez que Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, fue visto en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, Atlántico.El niño se encontraba jugando fútbol con dos amigos de su edad, cuando a la cancha se acercó un hombre misterioso en una motocicleta, vestido con una chaqueta negra y lentes del mismo color, quién le pidió que lo acompañara a hacer un mandado.En su inocencia, el menor subió al vehículo, pero desde entonces se desconoce su paradero. Su familia, angustiada, denunció la desaparición ante el Gaula de la Policía, y de inmediato se activaron las rutas de búsqueda, sin que hasta el momento se conozca algún detalle de su paradero.Wendy Aguilar, madre del menor, afirma que lo más preocupante es que recientemente la ha estado llamando una persona a pedirle dinero a cambio de liberar a su hijo."A las 6:00 de la mañana me llamaron y me dijeron que ellos tenían a mi hijo, que era un grupo de las Autodefensas, que ellos tenían a mi hijo y que en 20 minutos, si no tenía 1 millón de pesos, ellos no me entregaban a mi hijo, porque ellos no iban a hacer nada con plata, sino con mi hijo", contó la angustiada madre.El pequeño Isaías de Jesús está vestido con una pantaloneta azul y una camiseta azul con vivos rojos en sus hombros.La búsqueda del niño se ha extendido en todos los municipios cercanos, Policía de Infancia y Adolescencia, Sijin, Gaula, y el ICBF se han sumado al esfuerzo de los familiares de este pequeño.“El comando de departamento de Policía Atlántico reitera la importancia de la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Isaías de Jesús Castro Aguilar. Cualquier información que pueda conducir a la localización del menor es de vital importancia y puede ser suministrada al número 3212172427. La Policía Nacional garantiza absoluta reserva y no cesaremos con nuestras capacidades institucionales hasta lograr el regreso seguro del menor a su hogar”, indicó la Policía.
Cartagena está a pocos días de decirle adiós a una de las postales más recurrentes en el Centro Histórico: los paseos en coches impulsados por caballos.El alcalde Dumek Turbay anunció que ya están listos y ensamblados en la ciudad, 24 de los 62 coches eléctricos, que reemplazarán definitivamente los coches de tracción animal.Estos nuevos coches, que mantienen el color y prototipo de los tradicionales al estilo colonial, son impulsados por un banco de baterías, cuentan con asientos traseros hasta para 6 personas, sistemas de registro y monitoreo, y hasta una radio con una pantalla de 9 pulgadas.“Esto que por años reclamó la ciudad y el país hoy es una realidad. Ha sido un proceso complejo, pero hemos podido construirlo junto a Corpoturismo y a todos los involucrados. Este proyecto no solo garantiza bienestar animal, sino que nos permite despedir el 2025 sin un solo caballo más usado como tracción en Cartagena. Estamos entregando un sistema moderno, seguro y amigable con el medio ambiente”, señaló el alcalde.La presidenta de la Corporación de Turismo, Liliana Rodríguez, explicó a su vez que los coches eléctricos cumplen con toda la normatividad del Ministerio de Transporte.“Tienen sistema de geolocalización, funcionamiento con energía eléctrica y todos los elementos necesarios para prestar un servicio confiable. Queremos que los cartageneros y visitantes tengan la tranquilidad de que solo rodarán coches seguros y autorizados”, describió.Entretanto, en medio de la polémica por la circulación en la ciudad de tres coches turísticos de un privado, el alcalde Turbay emitió un decreto que señala que sólo podrán operar en Cartagena las carrozas eléctricas formalmente adoptadas, registradas y autorizadas por el Distrito.“Esto, para evitar que terceros privados compren, fabriquen y pongan a circular carruajes eléctricos ilegales: uno de los acuerdos con los actuales cocheros en la concertación para que la transición hacia la movilidad eléctrica se diera sin contratiempos”, indicó la Alcaldía.El decreto 2258 del 1 de diciembre de 2025 fija en 62 el número máximo de carrozas eléctricas autorizadas para prestar servicio turístico en Cartagena, que es la cifra equivalente a los coches tradicionales actualmente registrados por el Distrito.El documento también establece que el total de vehículos permitidos en el Centro Histórico no podrá superar ese mismo límite, de acuerdo a un estudio técnico sobre la capacidad de carga de este sector.
Cinco de los siete aspirantes que harán parte de la lista de candidatos de Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico se inscribieron este jueves en la sede de la Registraduría que está en el centro de Barranquilla y allí estuvieron acompañados del líder de este partido, Fuad Char, y su hijo Arturo.Tras ser consultado por una posible candidatura de Arturo, Fuad Char aseguró que ya está definida la lista con una apuesta hacia varios "jovencitos", partiendo de la "reestructuración" que propuso su otro hijo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. En esa lista, dejó claro, no figura el nombre de Arturo Char.“Fue idea de Alex hacer una restructuracion y metimos a todos estos jovencitos. Hoy Arturo estará acompañándonos. Si estuvimos considerándolo (registrarlo), pero ya la decisión está tomada”, expresó Fuad Char.Eso sí, a Fuad y a Arturo Char se les vio entre abrazos y muestras de afecto, como para acallar los rumores sobre una división o confrontación al interior de la casa política, de hecho, el mismo Arturo reconoció que ha habido "diferencias", pero que nada distinto a lo que suele ocurrir entre las familias y que justamente por querer estar cerca de su padre es que está decidido a acompañar al partido, sin importar si es fuera o dentro de la cancha, lo que dejaría abierta la posibilidad de una inscripción a último minuto."Extrañando mucho estar cerca del viejo y estoy aquí, quiero estar al lado de él desde cualquier posición, adentro de la cancha, afuera de la cancha, como espectador o en la tribuna, donde sea (...) todavía no me han convocado. En la convocatoria no estoy", dijo Arturo.Las cuentas para Cambio Radical todavía siguen moviéndose, pues aún está pendiente la renuncia de Welfran Mendoza y Gonzalo Baute, para postularse a la lista de Cámara y Senado, respectivamente. Estas, según conoció Blu Radio, se darían el viernes para la posterior inscripción.Las visitas para los próximos días continuarán, siendo que el 5 de diciembre estaría arribando Centro Democrático a las 9 de la mañana y luego a las 11 de la mañana el partido de la U con sus candidatos. También mañana, pero a las 3:00 de la tarde, llegarán los miembros del partido Conservador con su candidato a Cámara y candidato a Senado. Para el sábado asistirán Pacto Histórico y Coalición Verde, en marcha, ASI, renaciente y Vamos Juntos.Lista de candidatosLos aspirantes que este jueves inscribieron formalmente su candidatura a la Cámara de Representantes fueron, en su orden, Doris Ebrat, Samir Radi, Darlys Rodríguez, Yolanda Herrera Peña y Estefanel Gutiérrez.Sin embargo, hubo dos ausentes, quienes tendrán hasta la próxima semana para inscribir oficialmente su candidatura: Welfran Torres y el influencer Andrés Camargo González, este último más conocido en redes sociales como Saruma.
Hasta Barranquilla arribaron los 20 nuevos articulados de Transmetro que apoyarán el servicio troncal y alimentador de este sistema de transporte masivo en la ciudad, enfrentando así las dificultades de movilidad para los barranquilleros.La gerente de ciudad, Ana María Aljure, habla de un grupo total de 40 buses. Sin embargo, los otros 20 llegarán entre finales del presente mes y enero de 2026.“Contamos con cámaras de reconocimiento facial y de seguridad que tienen la capacidad de detectar cualquier fatiga que pueda tener el conductor. Algo muy importante es que vienen con disponibilidad para internet, lo que permitirá trabajar o ir resolviendo cosas de la casa con el Wi-Fi. Los usuarios podrán conectar todo lo que es cargadores, entre otros”, declaró ante los medios de comunicación.Con esta entrega, Transmetro completa 60 buses nuevos vinculados en 2025, distribuidos entre la operación troncal y alimentadora, “reafirmando el compromiso con una ciudad que apuesta por un transporte más seguro y alineado con el desarrollo urbano que lidera la Alcaldía Distrital de Barranquilla”.Del mismo modo, manifestó Aljure que para la compra de estos articulados se necesitó una inversión de 65 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que son vehículos con capacidad para 160 pasajeros y seis puertas que agilizarán el flujo.Además, con la entrada en operación de estos vehículos, la flota blanca de buses articulados salió definitivamente del servicio troncal, dando paso a una operación 100% renovada, más moderna y equipada con tecnología de última generación.Características de nuevos buses del Transmetro en BarranquillaLos nuevos buses incorporan tecnología de última generación que mejora la seguridad, optimiza la experiencia de viaje y fortalece la operación troncal.Cuentan con seguridad inteligente, cámara frontal con alerta de colisión, cámara orientada al operador, que detecta fatiga o distracción y envía alertas al Centro de Control, cámaras internas y trasera para monitoreo continuo; y sistema de conteo de pasajeros.Al tiempo, tienen botón de pánico que activa alertas inmediatas al Centro de Control, tecnología limpia a gas Euro 6, espacio exclusivo para usuarios con silla de ruedas, con área delimitada y segura, espacio destinado para usuarios con perro guía (lazarillo), garantizando independencia y accesibilidad durante el viaje; e iluminación y señalización renovadas.
Un terremoto de magnitud 6 sacudió este jueves el condado de Aheqi, en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, sin que se conozcan de momento daños materiales o personales. El sismo se registró a las 15.44 hora local (07.44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó en los 41,13 grados de latitud norte y 78,40 grados de longitud este, en una zona montañosa cercana a la frontera con Kirguistán.Hasta el momento no se han comunicado informaciones sobre posibles daños materiales o víctimas derivadas del temblor. El área afectada se encuentra a unos 800 kilómetros de Urumqi, la capital regional.El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya. Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
El periódico Dallas Express reveló una carta dirigida al presidente Donald Trump por Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más influyentes durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En el documento, fechado el 2 de diciembre de 2025, Carvajal expone una serie de señalamientos sobre la actuación del régimen venezolano, particularmente en asuntos relacionados con narcotráfico, criminalidad transnacional y presuntas operaciones de inteligencia.Carvajal, quien afirma encontrarse detenido en una cárcel estadounidense tras declararse culpable de cargos por conspiración de narcoterrorismo, explica que la misiva busca “expiar culpas” y ofrecer información que, según él, permitiría a Estados Unidos anticiparse a amenazas que asegura haber presenciado durante su trayectoria dentro del aparato de seguridad venezolano.Nexos con el narcotráfico y el llamado Cartel de los SolesEn el primer apartado, titulado “Narcoterrorismo”, Carvajal sostiene que durante los gobiernos de Chávez y Maduro se consolidó una estructura criminal que, afirma, empleó el tráfico de drogas como herramienta política y estrategia contra Estados Unidos. Según su versión, esta organización sería conocida actualmente como el Cartel de los Soles.El exfuncionario señala que esta presunta red habría contado con apoyo de grupos armados como FARC y ELN, además de apoyo operativo de estructuras extranjeras. Añade que, de acuerdo con su experiencia, las drogas enviadas a Estados Unidos no eran operaciones aisladas de narcotraficantes, sino acciones planificadas por altos funcionarios del régimen.El Tren de Aragua y la exportación del crimenEn un segundo capítulo, Carvajal describe su supuesta presencia en discusiones internas en las que —según la carta— se habría decidido organizar bandas criminales para defender al régimen. Entre ellas menciona al Tren de Aragua, grupo que en los últimos años ha sido señalado por autoridades de varios países como una organización delictiva multinacional.El exjefe de inteligencia asegura que la estructura habría crecido con el apoyo de instituciones oficiales venezolanas y que, en determinado momento, se habría ordenado el envío de miembros de estas bandas al exterior. La carta indica que esta movilización obedecería a una estrategia para reducir artificialmente la criminalidad interna y perseguir opositores fuera del país.Carvajal afirma que, con la política de fronteras más flexibles durante el gobierno Biden–Harris, estos grupos encontraron oportunidad para desplazarse hacia Estados Unidos, donde —siempre según el documento— habrían continuado actividades delictivas.Acusaciones sobre espionaje y cooperación con RusiaEn un tercer apartado, el exfuncionario venezolano afirma que la inteligencia rusa habría propuesto intervenir cables submarinos de internet que conectan América del Sur y el Caribe con Estados Unidos, con el fin de penetrar comunicaciones del gobierno estadounidense. Carvajal asegura haber advertido sobre ese riesgo en 2015, aunque su supuesta preocupación no fue atendida.También sostiene que durante dos décadas se habrían enviado espías a Estados Unidos, algunos supuestamente encubiertos como opositores venezolanos. Menciona además que la inteligencia cubana habría participado en operaciones de largo plazo en territorio estadounidense.Smartmatic y procesos electoralesEn el último punto, Carvajal se refiere a Smartmatic, compañía que en su origen estuvo asociada a procesos electorales venezolanos. Según afirma, el sistema electoral basado en esta tecnología “puede ser alterado”, y sostiene que el software habría sido utilizado dentro de Venezuela para manipular procesos electorales. Aunque no asegura que todas las elecciones en otros países donde opera la tecnología hayan sido alteradas, sí sostiene que la manipulación es técnicamente posible.Llamado final y respaldo a TrumpCarvajal concluye la carta afirmando que el régimen venezolano representa, en su opinión, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, al emplear “drogas, pandillas, espionaje y procesos democráticos” como armas. También declara su respaldo a las políticas de Donald Trump hacia Venezuela, asegurando que se trata de acciones tomadas en “legítima defensa”.Finalmente, afirma estar dispuesto a proporcionar más detalles a autoridades estadounidenses.
La emoción volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos por los colombianos. El sorteo número 4932, realizado el miércoles, 3 de diciembre de 2025, dejó miles de ganadores y reafirmó por qué esta lotería, con más de cien años de historia, sigue representando suerte, tradición y esperanza.Premio Mayor del sorteo 4932El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, es el 6843 de la serie 197. Además del premio principal, la entidad distribuyó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las posibilidades de ganar en todo el territorio nacional.¿Cuáles son los premios secos?La Lotería de Manizales recuerda que los resultados oficiales deben consultarse únicamente a través de sus canales autorizados, donde se garantiza la autenticidad de los datos.Gana Siempre Sin Serie - $1.500 millones30752 Secos de $300 millones1342 - Serie: 2107421 - Serie: 3283 Secos de $200 millones1674 - Serie: 3400828 - Serie: 0185079 - Serie: 0565 Secos de $100 millones5267 - Serie: 3457759 - Serie: 3074968 - Serie: 1306299 - Serie: 2894150 - Serie: 09110 Secos de $80 millones8071 - Serie: 0968237 - Serie: 0172319 - Serie: 2256780 - Serie: 2363685 - Serie: 2178706 - Serie: 0664353 - Serie: 1754391 - Serie: 0605994 - Serie: 0182489 - Serie: 01510 Secos de $60 millones2704 - Serie: 0977544 - Serie: 1724686 - Serie: 1597543 - Serie: 3327341 - Serie: 1938811 - Serie: 1099459 - Serie: 1654276 - Serie: 3265449 - Serie: 3414948 - Serie: 03010 Secos de $50 millones1871 - Serie: 1118068 - Serie: 0581178 - Serie: 0814513 - Serie: 2663344 - Serie: 2399012 - Serie: 3364904 - Serie: 2960091 - Serie: 0014940 - Serie: 2722238 - Serie: 34910 Secos de $40 millones8579 - Serie: 2724188 - Serie: 0061437 - Serie: 0347507 - Serie: 3240875 - Serie: 2800053 - Serie: 3460672 - Serie: 0782406 - Serie: 3216466 - Serie: 0341115 - Serie: 244Los sorteos se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con variaciones en días festivos.Valor del billete completo: $12.000Valor de la fracción: $3.000Cada compra contribuye directamente a financiar programas de salud en Colombia, uno de los pilares sociales de esta lotería.Requisitos para reclamar un premioLos ganadores cuentan con un plazo de un año desde la fecha del sorteo y deben presentar:Billete original en buen estadoCédula de ciudadanía (original y copia al 150 %)RUT (obligatorio para premios de alto valor)Más que suerte: una misión socialLa Lotería de Manizales no solo entrega premios millonarios; también fortalece el sistema de salud del país a través de sus transferencias. Su compromiso con el bienestar colectivo la ha convertido en una entidad emblemática para miles de colombianos.Cada miércoles, esta lotería renueva la ilusión de quienes juegan y continúa transformando vidas con cada nueva edición
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las operaciones militares realizadas entorno a Venezuela van "mucho más allá" de una campaña de presión contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.La afirmación del mandatario sucedió durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval en la que fue cuestionado sobre "la campaña de presión" sobre Maduro a lo que respondió que es algo mucho más que eso.Trump aprovechó para repetir que "pronto" podría iniciar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas."Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra", recalcó el republicano.Durante su intervención, Trump aseguró que conocen "cada ruta, cada casa" dónde fabrican "esta porquería" en referencia, a drogas como cocaína.De acuerdo con el Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
La Fiscalía General de la Nación pide que el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, sea recluido en una cárcel de Barranquilla para facilitar su comparecencia y afirman que una detención domiciliaria no sería procedente en este nuevo proceso que se le adelanta por presuntamente apropiarse de dineros públicos.Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, la fiscal Lucy Laborde argumentó ante el juez que, mientras avanza el juicio por los cinco nuevos delitos imputados, el hijo mayor del presidente podría ocultar pruebas aprovechando su “estatus influyente”, así como interferir con testigos que podrían resultar relevantes en el proceso. Por ello, insistió en que la única medida adecuada es la reclusión en un centro penitenciario.En este sentido, pidió al juez que al hijo mayor del presidente Gustavo Petro lo envíe a una cárcel de Barranquilla, dado que esto facilita su comparecencia tanto al juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito como a la nueva investigación en su contra. Lo anterior, teniendo en cuenta que, al estar incluido en la lista OFAC, no puede adquirir tiquetes aéreos.“Solicita a usted en el evento de imponer esa medida restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario al señor Nicolás Fernando Petro Burgos se haga el establecimiento carcelario de la ciudad de Barranquilla, lo cual le permitiría acudir al proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público que se le sigue ante el señor juez segundo penal especializado de la ciudad de Barranquilla, toda vez que, por este encontrarse registrado en esa lista OFAC, pues no puede viajar”, pidió Laborde.La representante de la Fiscalía descartó de plano la posibilidad de una detención domiciliaria. Aseguró que esta medida resulta improcedente por la gravedad de los delitos investigados y porque se generaría condiciones favorables para una posible obstrucción de la justicia.“Esta medida sería desproporcionada, señoría. El señor Petro Burgos reside en un lugar con acceso a todos los medios tecnológicos, a la posibilidad de que muchas personas influyentes acudan. Puede salir y entrar a su libre albedrío en los vehículos que nadie puede requisar, pues su esquema de seguridad no lo permitiría. Es de mencionar, su señoría, que el señor Nicolás Fernando Petro en la actualidad vive o reside mejor, en un lugar con acceso a todos los medios y relaciones de alto nivel”, puntualizó.El desarrollo de la diligencia se vio interrumpido en varias ocasiones por el abogado defensor de Nicolás Petro, Alejandro Carranza. El juez, visiblemente molesto, le llamó la atención por las constantes interrupciones a la intervención de la fiscal y advirtió que, de continuar con esa conducta, podría imponer medidas disciplinarias al considerar que estaba intentando torpedear el trabajo del ente acusador.Documentos falsosLa funcionaria señaló que Petro habría incurrido en el delito de falsedad en documento público al presentar un certificado laboral en el que aseguraba haber trabajado para el Grupo de Energía Delta Ltda. Sin embargo, la compañía informó posteriormente que el exdiputado no ha tenido ningún vínculo contractual con ellos y, por ende, nunca recibió los pagos que él mismo certificó.“El grupo de energía Delta Ltda allegó una certificación en la cual manifiesta que el representante de esa entidad certifica que Nicolás Fernando Petro Burgos no ha tenido vínculo laboral, contractual ni asesoría con esta empresa, así como jamás se ha realizado pagos por ningún concepto en el periodo de enero de 1998 fecha de creación de la empresa, hasta la fecha de expedición de la presente certificación”, expresó Laborde, al argumentar que esto constituye un delito de falsedad en documento público.Asimismo, Laborde argumentó ante el juez que, mientras avanza el juicio por los cinco nuevos delitos imputados, Petro Burgos podría ocultar pruebas aprovechando su “estatus influyente”, así como interferir con testigos que podrían resultar relevantes en el proceso. Por ello, insistió en que la única medida adecuada es la reclusión en un centro penitenciario.Uno de los puntos que detalló la fiscal tiene que ver con el presunto ingreso indebido de funcionarios públicos, entre ellos, un miembro de la Policía Nacional sin relación con el caso, al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).Según Laborde, estos ingresos habrían tenido como propósito extraer información reservada del proceso para entregársela al procesado.
En medio de la rendición de cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que se realizó en Cartagena, el director de la entidad, Carlos Carrillo, aseguró que un total de 7.722 millones de pesos que hicieron parte del desfalco por los sobrecostos de los carrotanques de La Guajira , ya se encuentran en las “arcas de la Nación”.“Efectivamente se han hecho efectivos parte de los recursos de los sobrecostos de estos carrotanques, los dichosos carrotanques que el país ha visto una y otra vez y sus sobrecostos; pues un poco más de 7.200 millones de pesos ya están en las arcas de la Nación de regreso. Es el dinero que se habían robado y ese dinero hoy está de nuevo a disposición del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo”, aseguró.De acuerdo a la UNGRD, estos recursos fueron asegurados por la Fiscalía en el marco del proceso penal que se adelanta por este caso, y un juez reconoció la titularidad de esos recursos a favor de la entidad.“En total son 11.000 millones de pesos que vamos a recuperar de esos sobrecostos, pero también hemos pedido dentro de este proceso que se lleva a cabo, el reintegro de 16 mil millones de pesos por el segundo lote de carrotanques, que también era de 40, que es el que tiene preso también al representante legal de Yapurutú”, dijo el funcionario.A su vez, Carillo señaló que todos estos recursos serán invertidos en La Guajira.“El dinero ya se hizo efectivo, la fiscalía nos lo devolvió. Ese dinero se va a destinar a La Guajira, pues nunca debió haber salido de ahí, y lo vamos a destinar a proyectos de agua potable”, sostuvo.
Todo apunta a que los días de Leyton Barrios en la rectoría de la Universidad del Atlántico están contados o, por lo menos, así lo dejó ver el gobernador Eduardo Verano al considerar que se hace "insostenible" la permanencia del ex Secretario de Educación en este cargo.Verano insistió en que Barrios no puede seguir en la rectoría, si hubo falsedad en sus certificaciones laborales, y que, por lo tanto, este mismo martes se sentará con su equipo jurídico para determinar cuándo se convocará a un nuevo Consejo Superior, en el que se pueda definir el futuro de esta rectoría."No podemos tener en la rectoría, que continúe un proceso para manejar la universidad, alguien que no tenga claridad en materia de las certificaciones que presentó. Eso es todo lo que estamos tratando de buscar, en este momento no tenemos la suficiente claridad y queremos que haya tranquilidad para toda la comunidad de la universidad", dijo el rector.Por su parte, el abogado Iván Cancino, representante de Leyton Barrios, cuestionó si el cambio de parecer del gobernador Verano, que primero apoyó la designación y ahora la cuestiona, se debe a una presión del Gobierno.Le puede interesar: Procuraduría indaga posible represión policial en Universidad del Atlántico tras elección del rector"Las últimas manifestaciones del señor gobernador las vemos con preocupación. Nos parece una falta de carácter, de compromiso con el departamento y con la universidad", dijo."Nos parece que ahora se vuelve una persecución. Tal vez por una presión del gobierno. Hay que preguntarle al gobernador a qué obedece ese cambio de actitud", agregó Cancino.El defensor aseguró que tienen pruebas para demostrar que el nombrado rector sí cumplió los requisitos y que, por lo tanto, "una acción de nulidad en su contra no prosperará".Lo cierto es que, según afirmó el mismo gobernador Verano, Barrios continuará en el cargo hasta que se defina su situación jurídica, pues esto escaló a los tribunales.
La Fiscalía solicitó en la mañana de este martes 2 de diciembre cárcel para Nicolás Petro Burgos, por considerar que este habría actuado para favorecer la entrega de al menos dos contratos entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico, durante los años 2021 y 2022, para posteriormente recibir recursos para solventar asuntos personales de él, de su entonces esposa Daysuris del Carmen y de Pedro Name.La exposición la realizó la fiscal Lucy Laborde, quien también le sigue a Petro el proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sin embargo, en esta ocasión, señaló al juez que el hijo del presidente debía ir a prisión siendo que este habría instrumentalizado a su entonces esposa Daysuris Vásquez para que fuera el enlace entre el representante de la fundación y la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico. "Solicito medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario", dijo Laborde. "Si bien Daysuris es quien efectúa el contacto material, lo hace por instrucciones de Nicolás Petro. Y lo hace por su influencia social y política, por tener relevancia en el contexto Caribe y nacional", expuso la fiscal. Pero es que además, la fiscal indicó que para que Nicolás llegara a estos contratos era esencial su labor como diputado, siendo que “bastaba una reunión” que tuviera con la entonces gobernadora Elsa Noguera para acceder a recursos de contratación pública.Laborde, en medio de la solicitud de aseguramiento contra Nicolás Petro, reveló un audio que daría cuenta de cómo Daysuris Vásquez fue instrumentalizada por el hijo del presidente para coordinar la asignación de dos contratos a una fundación, cuyos recursos iban a ser utilizados para beneficio personal y no para el objeto del contrato.Se trata de conversaciones entre Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás, y Gustavo de la Ossa, representante legal de la Fundación Conciencia Social. En estos audios acuerdan precios, realizan concertaciones sobre procesos de pagos y posibles futuros contratos. Incluso, también establecen las personas que serán contratadas y las funciones que realizarán, incluyendo entre estas a la mamá de Daysuris y a un hermano de Pedro Name, quien es padre del hijo de Day y el enlace en la Gobernación.“Toca revisar lo que haremos con la Retención a la Fuente, pero cuenta con eso… haremos tres entregadas por 36 cada una… Creo que hemos trabajado bien y eso es importante para que todo siga fluyendo”, hace parte de los apartes revelados por la Fiscalía.Por ejemplo, acordaron que el médico solo trabajaría ocho días y no los cuatro meses que duraba el contrato.
Repudio causó una pareja en Puerto Colombia (Atlántico) el pasado fin de semana, cuando a la vista de todos y sin vergüenza alguna sostuvo relaciones sexuales en una concurrida playa de este municipio.A la pareja la sorprendieron en plenos actos obscenos a la orilla del mar, cerca de uno de los espolones de la playa del Country, en el corregimiento de Salgar, donde en ese momento se encontraban decenas de familias con sus niños y organismos de socorro.La situación alteró los ánimos de los presentes, al punto que los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia, que fueron testigos de lo ocurrido, llamaron a la Policía y esta debió intervenir, no solo para sacar a la pareja de la playa, sino para obligarla a pagar el consumo que tuvieron, pues no conforme con sus actos obscenos, pretendían evadir la cuenta de los caseteros."La Policía Nacional llega hasta el sitio y les realiza un comparendo, como medida correctiva por este comportamiento contrario a la convivencia, a estas dos personas que al parecer estaban en estado de alicoramiento y tenían esos actos obscenos en el sector de bajamar de este importante balneario", contó el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Saúl Leiva."Ellos son expulsados de la playa por parte de la Policía Nacional, porque de una u otra forma también querían irse sin pagar las cuentas a los operadores de turismo que estaban en el sector", agregó.El funcionario sostuvo que los operativos de control se reforzarán en las playas para evitar cualquier hecho que altere la tranquilidad de propios y turistas, sobre todo, en esta temporada alta de vacaciones de fin de año.
Con atención garantizada están los usuarios de la Nueva EPS en La Guajira y Cesar, debido al acuerdo logrado en la reciente mesa de diálogo entre la comunidad, la Gobernación del Cesar y el grupo Clínica Médicos, que aceptó levantar su suspensión de atención médica y ya no trasladar a sus pacientes pese a los millonarios saldos que les adeudan desde la entidad mencionada.Así lo dio a conocer la misma gobernación por sus redes sociales, en las que afirmó que, tras el encuentro, “se logró que Nueva EPS restableciera la plataforma de autorizaciones al grupo Clínica Médicos” y que los usuarios “seguirán siendo atendidos en estas clínicas, teniendo en cuenta sus capacidades para realizarlo”.Allí también especificaron que, semanalmente, “las secretarías de Salud Municipal y Departamental realizarán revisión de los usuarios en esta red del Grupo Médicos, para verificar la prestación de servicio de salud” y que “Nueva EPS tiene el compromiso de velar por la red prestadora de servicios y en caso de las remisiones ellos deben tramitarlas, y poner a los pacientes teniendo en cuenta el nivel de complejidad que requieren”.Todo sin olvidar que el gerente regional de Nueva EPS se comprometió con informar al interventor nacional sobre el tema financiero del Cesar, ya que Nueva EPS debía realizar un giro para diciembre y el valor postulado no alcanza a cubrir el porcentaje pactado.La decisión de no suspender la atención se tomó al tiempo con otra conversación entre abogados en Bogotá, donde se intenta llegar a un acuerdo de pago, aunque no se descarta que los pacientes que no estén en Cuidados Intensivos sí sean llevados a centros de mediana complejidad según conoció Blu Radio.Esto no gusta a usuarios como Griselda Barros, familiar de una mujer hoy atendida en la Clínica Alta Complejidad, en Valledupar, quien dice que están dispuestos a seguir protestando a las afueras de las clínicas para evitar las remisiones.Le puede interesar: Madres reclaman a Nueva EPS fallas en la atención a pacientes con enfermedades huérfanas en Cali“Nosotros los usuarios, los afiliados, no tenemos porqué estar involucrados en los trámites administrativos, tanto de las IPS como de las EPS. Nos deben sacar de ese tema y brindarnos salud con oportunidad, eficiencia y calidad. No estamos mendigando atención, muchas de las personas que están luchando son beneficiarios del régimen contributivo”, dijo a Blu Radio.Para este propósito, Barros menciona que los han llamado usuarios de Cúcuta, Magangué, Barranquilla y Bogotá también con inconformidades en atención y con la firme intención de unirse a los reclamos.Actualmente son 300 mil usuarios afiliados a la Nueva EPS, 124 de ellos en Cuidados Intensivos, por lo que el no pago de las deudas ocasionará un despido masivo de profesionales en estas clínicas.
La seccional Bolívar de la Comisión Nacional de Disciplina destituyó e inhabilitó a Larry López, un abogado que fungió como empleado de la rama judicial en este departamento, a quien le lograron demostrar que registró irregularmente en el sistema de nómina a seis falsos servidores judiciales, que en realidad eran amigos suyos, a quienes les transfirió más de $500 millones entre enero y septiembre de 2021 por servicios de asesorías nunca contratados.Se trató de una nómina paralela que le costó a López un proceso penal por los cargos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación; mientras que tuvo que enfrentar un proceso disciplinario por las faltas gravísimas realizadas a título de dolo durante este desvío de recursos públicos.Según la investigación, estos pagos iban entre los $10 y los $20 millones de pesos. Pero, lo más curioso, es que el abogado sancionado pedía a estas personas que posteriormente le entregaran el dinero a él, viéndose directamente beneficiado por esta nómina paralela.“Esto es un tema de corrupción por parte de este funcionario durante un periodo de tiempo. Este empleado a través de algunas personas que no estaban en la rama judicial, las incluyó como si fueran empleados y, a partir de eso, hacía la dispersión del dinero en distintos momentos del tiempo del recursos público para apropiárselo”, indicó el magistrado Jorge Rojas, quien estuvo a cargo de la investigación. Sin embargo, Según la investigación, en total habría movido unos $2.700 millones en transferencias desde 2018, lo que significó un duro golpe a las finanzas de la rama judicial. El proceso involucró sanción tras encontrarlo culpable por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. “Las pruebas que tiene la investigación penal documenta que este empleado desde el 2018 venía alterando la nómina y la cifra establecida por la fiscalía desde ese punto de vista preliminar, cuenta que preliminarmente a él le formularon por apropiación de más de $2.700 millones”, expuso. Entre otros datos, llama la atención que a esta persona le lograron demostrar que tomaba vacaciones en forma discontinua para no afectar la liquidación de la nómina paralela que manejaba. En total, unas 12 personas se vieron involucradas en esta investigación.
Con un disparo en el brazo izquierdo resultó herido el acordeonero Goyo Gutiérrez, luego de ser atacado por delincuentes que lo abordaron cuando se bajó de su vehículo para llevar a un restaurante a comer en el norte de Barranquilla.Su mánager, Wilmer Rivas, contó que los asaltantes, quienes al parecer, ya venían persiguiendo al artista, inicialmente le pidieron la cadena de oro que llevaba puesta y su teléfono.El acordeonero lanzó su celular y en una reacción desesperada intentó correr para escapar de los delincuentes, pero uno de estos le disparó causándole una herida.“Primeramente pidieron su cadena y él accedió a dársela, pero en ese momento el el ladrón se fijó de su teléfono y él se lo tiró y al ladrón se le cayó el teléfono y en ese momento él iba a correr del susto y el ladrón pensó que se iba a tirar encima y lo que hizo fue de dispararle. Goyo pudo moverse y la bala impactó en su brazo y no en el pecho, gracias a Dios, porque el cuento hubiese sido otro. En estos momentos le están haciendo radiografías y curaciones porque sí fue una perforación de una gran magnitud”, informó Rivas. El asalto ocurrió en la calle 70 con la carrera 54. El Rey vallenato aficionado 2025 fue trasladado a la Clínica Reina Catalina. Varias patrullas de la Policía llegaron al sitio e iniciaron la búsqueda de los responsables, sin embargo, los delincuentes lograron huir.
El proceso de nulidad electoral contra la designación del rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios Torres, avanzó con una decisión clave del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico.A través de un auto emitido por el magistrado Óscar Wilches Donado, la corporación judicial concedió un plazo de cinco días para que Barrios presente sus argumentos frente a la solicitud que hizo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, de anular su nombramiento.En la demanda en la que el gobernador solicitó la aplicación de una medida cautelar de urgencia para suspenderlo de forma provisional del cargo, se alegan irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para ocupar el puesto de rector, señalando el reciente rechazo de una certificación académica cuya autenticidad fue desvirtuada por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.Ante la solicitud el magistrado Donado decidió priorizar el derecho a la defensa, y por ello, antes de tomar una decisión de fondo, ordenó trasladar la solicitud a la parte demandada para que se pronuncie dentro de los cinco días establecidos.Según el auto, solo una vez concluido este término, el magistrado quedará en posibilidad de decidir si suspende o no de manera provisional la designación de Barrios como rector mientras avanza el proceso de nulidad.Vale recordar que el gobernador Eduardo Verano el pasado primero de diciembre calificó de “insostenible”, el nombramiento de Leyton Barrios en el cargo de rector, esto luego de conocerse el pronunciamiento de la Universidad Empresarial de Salamanca en el que indica que:"Se determinó rechazar de manera expresa el contenido de la certificación cuestionada por carecer de veracidad, ordenar la apertura de una investigación interna orientada a establecer el origen, circulación y contexto del documento y poner en conocimiento de las autoridades competentes la información recibida, toda vez que el contenido aportado no corresponde con la realidad administrativa, ni documental de esta organización”.
Las constantes quejas de vecinos sobre el comportamiento hostil y agresivo, e incluso las denuncias por acoso a mujeres, provocaron la expulsión del país de un ciudadano estadounidense que se encontraba en Cartagena.El extranjero, de 44 años, que habría intentado ingresar a la fuerza a un apartamento habitado por mujeres, según detalló la seccional Caribe de Migración Colombia, fue señalado además de perseguir durante varios días, y hacer insinuaciones inapropiadas a las jóvenes que vivían en el mismo condominio donde se hospedaba.Tras la acumulación de denuncias, el hombre fue expulsado del país y también se le prohibió el ingreso a territorio colombiano durante 10 años.“Se estableció que la conducta del extranjero no solo afectó a las víctimas directas, sino que alteró la convivencia y el orden público en la zona. Por ello, se tomó la decisión discrecional de expulsarlo del país y prohibir su ingreso por un período de diez años, medida orientada a salvaguardar la tranquilidad social y prevenir nuevos episodios de violencia”, detalló la entidad en un comunicado.Lee puede interesar: Aprueban la extradición de un cura extranjero señalado de agredir a varias menoresAsimismo, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que quienes ingresan al país deben respetar todas las normas y leyes.“En Colombia no toleramos amenazas, acoso ni comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Actuamos de inmediato porque nuestra obligación es proteger a la comunidad y garantizar que quienes ingresan al país respeten las normas y la ciudadanía y, especialmente, las mujeres”, dijo.De acuerdo a Migración Colombia, más de 2.600 extranjeros fueron inadmitidos en todas las terminales del país, incluido el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena.A su vez, cerca de 250 visitantes fueron expulsados, y de estos unos 20 fueron desde la ciudad de Cartagena. Estados Unidos es el cuarto país con más expulsiones desde Colombia en 2025.
Hasta un centro carcelario será movilizado Omar José Castellar de Oro, hombre judicializado por la Fiscalía, tras su presunta responsabilidad en el asesinato de una bebé de un año y ocho meses de nacida, en hechos ocurridos recientemente en jurisdicción de Plato, en Magdalena.Pese a que esta persona de 48 años se declaró inocente, el ente acusador le imputó ante un juez los delitos de homicidio agravado e intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas; y arma blanca, consiguiendo en consecuencia la medida de aseguramiento.“El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, se puede leer en un comunicado de la Fiscalía.De acuerdo con la investigación de las autoridades, Omar José Castellar ingresó a una vivienda en Plato y atacó con un arma cortopunzante a la bebé, quien estaba en brazos de su madre.Luego intentó darse a la huida, pero fue capturado en flagrancia gracias a la reacción oportuna de la comunidad.La hipótesis que se mencionó, en su tiempo, fue que el procesador estaba molesto con la madre de la menor por no querer tener una relación sentimental con él.En BarranquillaEn la madrugada de este miércoles se confirmó el segundo homicidio registrado en el mes de diciembre en el área metropolitana de Barranquilla, siendo la víctima en esta ocasión un joven de solo 18 años llamado Wilson Javier Jiménez Rojas.Su deceso fue confirmado por médicos en el Nuevo Hospital General de Barranquilla, lugar en el que no pudo reponerse de dos disparos en su cabeza, uno en su abdomen y dos más en diferentes partes del cuerpo.Wilson estaba en un sector llamado La Batea del barrio Las Américas, en el suroccidente de la ciudad, cuando fue interceptado por sicarios en motocicleta.Así las cosas, hay que recordar que el primer homicidio registrado en nuestra jurisdicción durante diciembre fue el de John Jader Rangel, alias "Cacha", ultimado en el barrio Villa Belén, de Soledad.Esa víctima tenía cinco anotaciones judiciales y, según sus familiares, había recibido amenazas por altercados con personas del sector.
Sofanor Beltrán Rodríguez es el nombre del dueño de un negocio de lubricantes en el área metropolitana de Barranquilla que ingresó a una sede de Salud Total por problemas de azúcar el pasado 28 de noviembre, pero falleció por un trauma craneoencefálico en la clínica La Misericordia.La razón detrás de estos hechos es que, precisamente, esa ambulancia que realizaba su remisión autorizada terminó chocando violentamente contra un poste, hiriendolo tanto él como a su hijo Gabriel Beltrán Ibarra, de 43 años, persona que lo acompañaba en el recorrido.Dice Gabriel, aún con heridas por el impacto, que no sabe cómo sucedió todo, pues no era una urgencia vital ni se llevaban las sirenas encendidas. Tampoco desde la EPS se han comunicado con ellos para darles claridad de lo que pasó, si hubo una falla mecánica, un microsueño o si el conductor también resultó herido.“Actualmente tengo laceraciones en la cara, en el brazo derecho, en el hombro y en la mano practicamente. Como te digo, nosotros no nos preparamos para el impacto, solamente salimos volando. Mi papá salió de la camilla casi que como una bala, voló”, dijo inicialmente.Del mismo modo, ve con preocupación las fallas en la seguridad dentro de las remisiones, donde declara que no les hablaron nunca de cinturones ni había personal médico a su lado ante posibles complicaciones de salud.“Si un paciente va en camilla, deben asegurarlo, también al paciente, familiar o compañero que está acompañando el traslado. Debe existir seguridad en el vehículo. Nosotros nunca vimos un cinturón de seguridad y tampoco me dijeron colocatelo o de pronto a mi papá le acomodaron uno a la camilla. Es obvio que fallaron muchos protocolos de seguridad”, agregó.Finalmente, Gabriel manifiesta que su familia hoy está muy triste por el deceso de su padre, quien para ellos no debió morir de esta manera.“Lo único que sé es que mi papá no debía morir de esa manera, solo tenía un pequeño desorden en el azúcar que era algo incontrolable. No debió fallecer en un trágico accidente de tránsito durante un traslado de de una clínica a otra en una ambulancia. Eso me duele mucho”, finalizó.Sofanor Beltrán es un empresario de 67 años que tenía 40 años radicado en Barranquilla, tras llegar proveniente de Soplaviento, Bolívar. Le gustaba ayudar a las personas, sobre todo en el barrio Buenos Aires de la capital del Atlántico.
La terminación de varios contratos de largo plazo para el sector gasífero en el país golpea también a la región Caribe con alzas en los precios, especialmente el gas vehicular, lo que podrá presentar variaciones entre 10% y 15%. La situación ya impacta el bolsillo de al menos 5.000 taxistas de Barranquilla que, durante los últimos años, hicieron la conversión de gasolina a gas, para abaratar los gastos en su movilización. Sin embargo, estos advierten que, con esta variación en los precios, se impacta notablemente el monto en sus ingresos. El cálculo es el siguiente: mientras que antes tanqueaban con $25.000, ahora requieren casi de $30.000. Si se suma que son tres tanqueadas en promedio por día para trabajar como servicio tipo taxi, quiere decir, que ahora tendrán que gastar $15.000 más por día. En proyección, por mes, esto puede implicar gastos adicionales hasta por $450.000. "Ahora en diciembre no se sentirá mucho el cambio, pero en enero, cuando baje la demanda, sí, y cómo hace uno para cuadrarse. Es bastante dinero. Yo con eso hago mercado. No me parece justo", indicó un taxista consultado por Blu radio que pidió la reserva de identidad. De acuerdo con Gases del Caribe, hay respaldo en los contratos que tienen con campos menores, por lo que el impacto no será tan alto como en otras zonas del país. Explican que, hasta el momento, la tarifa de gas natural vehicular tuvo un incremento del 11% y que esto, para los transportadores, implica alzas hasta por un 6%.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 020 de 2025, en la que advierte un riesgo alto y urgente para las comunidades que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. Según el Ministerio Público, el escenario está determinado por la escalada de confrontaciones entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachencas, dos estructuras armadas que disputan el control territorial y las rentas criminales en la región.El defensor de derechos humanos Lerber Dimas explicó la gravedad del documento, que abarca los tres departamentos donde se extiende el macizo montañoso: Magdalena, Cesar y La Guajira. “La Alerta Temprana 020 de 2025 está en un nivel de riesgo alto, lo cual es supremamente delicado. Es una alerta amplia que comprende 23 municipios donde se ha identificado un escenario de violencia que afecta a comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y población LGBTIQ+”, señaló.Dimas detalló que la Defensoría reconoce un control hegemónico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en zonas como Santa Marta, Ciénaga y parte del norte del Magdalena, donde el EGC no tiene injerencia. Sin embargo, también advierte un avance del Ejército Gaitanista hacia otros municipios del Magdalena, Cesar y La Guajira, lo que configura una disputa abierta y una fragmentación del dominio armado.“La alerta identifica dinámicas como homicidios, reclutamiento forzado, violencia basada en género, amenazas y extorsión. Son 18 recomendaciones urgentes para prevención y protección, cuatro para la justicia y seis para políticas públicas, que deben implementarse sin dilación”, añadió.La Defensoría también señala la incidencia del conflicto en sectores portuarios de Santa Marta y corredores estratégicos usados para expansión territorial y actividades ilícitas.La Alcaldía de Santa Marta pidió esta actualización desde 2024La alta consejera para la Paz del Distrito, Jennifer del Toro, afirmó que esta alerta representa un reconocimiento institucional a las denuncias que se han elevado desde Santa Marta frente a la reconfiguración del conflicto.“La emisión de la alerta temprana significa el reconocimiento de la Defensoría a las denuncias de autoridades locales y organizaciones sociales sobre la escalada de violencia asociada a la disputa entre dos grupos armados que operan en el territorio”, expresó.Del Toro recordó que, desde hace un año, la Alcaldía de Santa Marta —en cabeza del alcalde Carlos Pinedo Cuello— solicitó la actualización de la alerta temprana para que reflejara la nueva dinámica del conflicto y recomendara medidas excepcionales de seguridad.“Pedimos que la alerta diera cuenta de la reconfiguración del conflicto armado y recomendara actuaciones extraordinarias para recuperar el control del territorio y proteger a las comunidades. Hoy celebramos que esas 38 recomendaciones hayan sido emitidas”, aseguró.Asimismo, destacó que el Ministerio del Interior convocó a una reunión este viernes para revisar el plan de acción que permitirá ejecutar de manera inmediata las medidas sugeridas por la Defensoría. “Para que estas recomendaciones no queden solo en el papel, se necesita una coordinación eficaz entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los 23 municipios incluidos en la alerta. Confiamos en que esta intervención excepcional permita recuperar el orden, la tranquilidad y la seguridad en nuestros territorios”, añadió.Por su parte, organizaciones indígenas, campesinas y ciudadanía en general esperan que, con esta alerta temprana, se activen respuestas reales y efectivas para frenar la violencia que afecta históricamente a la Sierra Nevada de Santa Marta.La Defensoría insistió en que el documento no es un informe más, sino una hoja de ruta para que las autoridades prevengan violaciones a los derechos humanos y actúen antes de que los riesgos se conviertan en hechos irreparables.
Una investigación de la Fiscalía, que buscaba develar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, dejó en evidencia a una red delincuencial que utilizaba una empresa de pinturas para desviar insumos químicos a gran escala, los cuales eran empleados en la producción de clorhidrato de cocaína.A partir de las pruebas recopiladas, la Fiscalía informó que mediante esta compañía legalmente constituida, “la organización presuntamente obtenía diversas cantidades de hexano, acetato de etilo y otros disolventes, que posteriormente trasladaba y almacenaba en una bodega ubicada en Aguachica (Cesar), donde coordinaba su camuflaje y envío en tractocamiones a zonas clandestinas de procesamiento de estupefacientes en Norte de Santander”.Las capturas de tres de los posibles integrantes de esta estructura se produjeron durante diligencias realizadas por la Fiscalía, de manera articulada con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en Ocaña (Norte de Santander) y Villavicencio (Meta).Entre los capturados figuran Fredy Eduardo Barbosa Salazar y Daniel Celis Sepúlveda, “quienes serían los transportadores de los precursores”; y Uriel Carreño Montejo, “señalado de hacer vigilancias y alertar sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar el actuar criminal”, informó el ente acusador.Estas personas, tras ser imputadas por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir, fueron enviadas a la cárcel, de manera preventiva mientras se cumple el juicio en su contra.