En el municipio de Juárez, en México, fue encontrado con vida Leonardo Ariel Escobar Barrio, el docente barranquillero, de 42 años, del que no se tenían rastros de vida desde el pasado 2 de enero cuando había sido detenido en el aeropuerto de ese país por presuntas faltas “faltas administrativas”.La noticia fue confirmada tanto por familiares como por la Fiscalía de Nuevo León, la cual en sus redes sociales escribió que el hallazgo se debió gracias “a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación”.Escobar Barrio trabaja en la Universidad Iberoamericana Puebla, pero fue retenido dos días en Monterrey, cuando regresaba en un vuelo directo de Bogotá, donde estuvo pasando vacaciones con su familia.El caso tuvo gran relevancia tanto en Colombia como en tierras mexicanas, por lo que abogados del Sistema Universitario Jesuita, al que pertenece la institución en la que trabaja, están solicitando detalles exactos de lo que fue su retención.Elvira Romero Escobar, prima del profesor, contó hace unos días a Blu Radio que al parecer tuvo un problema con Migración al llegar al aeropuerto, pero nadie daba razón de él.“Leonardo estuvo en diciembre acá en vacaciones, no llegó a Barranquilla, solo en Bogotá, pues estaba departiendo con su papá, mi tío. Como él regresaba el 30 (de diciembre) pues Leonardo se devuelve esa misma fecha para México”, dijo inicialmente.“Al parecer ocurre algo, no sé, como un tema de migración, y a Leonardo en un filtro lo detienen. Posteriormente manifiestan que lo liberan el día dos de enero, esa misma fecha se comunica con Lina, su hermana y también me deja unos audios en donde decía lo que pasó. Me decía que le contestara, pero a Lina si le dijo que lo había liberado”, agregó especificando que esa fue la última conversación que habían tenido.
Tanto el presidente Gustavo Petro como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmaron la suspensión de los traslados que se preparaban para Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', y varios integrantes de Los Costeños hacia Barranquilla, debido a las denuncias de falta de garantías en estos penales.Precisamente, Verano aprovechó para reunirse privadamente este viernes con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y aclararle que antes de eso debe haber un sistema institucional sólido y un buen acompañamiento de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo.“Evidentemente creemos que si nosotros vamos a hacer escenario, como el que se está solicitando, de conversaciones de paz entre una serie de organizaciones delictivas, pues sería importante que también hubiese paralelamente la construcción de un sistema institucional muy sólido de parte del Gobierno Nacional. Una conversaciones deben tener presencia de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para poder tener realmente posibilidades de llevarlas a cabo”, dijo inicialmente.“Estaríamos de pronto abriendo las puertas de unas conversaciones que no solamente dificultan la seguridad, sino que tendríamos acá la invasión —por decirlo de alguna manera— de una serie de organizaciones delictivas en nuestras cárceles que no están preparadas. No tienen cámaras de seguridad, ni sistemas de seguridad internos, por lo que pensamos primero en lo que se requiere para poder hacer la propuesta del Comisionado de Paz”, agregó.En la cita no se tomaron decisiones concretas, sin embargo, agendará Verano una segunda reunión para analizar el balance de la tregua entre 'Pepes' y 'Costeños'.Otty Patiño quiso reunirse también con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para hablar sobre este tema, aunque hasta el momento eso no ha sido posible. Asimismo, el barranquillero ha sido uno de los principales contradictores de esta medida.Del mismo modo, la suspensión del traslado también fue confirmado por el mismo presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales escribió que primero se debe profundizar en el “compromiso con la paz de estas personas".Terminó diciendo que la mediación quedará en manos de Cyrillus Swinne, más conocido como el padre Cirilo, y que hasta ahora el proceso de desactivación ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, declaró este viernes desde Barranquilla que le solicitó a Ecopetrol e Indumil iniciar nuevamente la verificación de una posible compra de la empresa Monómeros; esto teniendo en cuenta la toma que Estados Unidos realizó en los primeros días del año sobre Venezuela.El jefe de esta cartera afirmó ante los medios de comunicación que el primer paso será determinar cuánto cuesta la importante petroquímica con sede en la capital del Atlántico."Le he pedido a Ecopetrol e Indumil, que eran las dos empresas públicas interesadas, iniciar nuevamente en este contexto el estudio de la valoración de lo que consideramos cuesta la compañía para mirar si transitamos, así como lo ha querido el presidente Gustavo Petro, a que Monómero sea adquirida por una empresa nacional", fueron sus palabras.Jocosamente el primero en contestarle fue el gobernador Eduardo Verano: “¿Y por qué no se la entrega a la Gobernación del Atlántico?”, a lo que Palma respondió entre risas que debían ir conversando.Recordemos que Monómeros siempre ha sido un deseo para el actual Gobierno nacional, aunque una eventual compra se ha dificultado a causa de las sanciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.En los últimos avances que se tuvieron, hubo gestiones con el embajador en Washington para que la administración estadounidense permitiera una extensión o reactivación de licencias especiales que diera pie a una compra sin violar normativas internacionales.De hecho, se alcanzó a hablar de una firma de acuerdo de confidencialidad, en el que se permitiría intercambiar información con la que actualmente es propiedad de Pequiven, filial de PDVSA (Venezuela), y cuyo valor estimado oscila entre los 70 y 350 millones de dólares.Monómeros ha sido vista como una empresa estratégica para Colombia, para el agro, para los alimentos y para los campesinos, al ser una de las principales proveedoras de fertilizantes del país.
La actuación de la jueza Carmen Luisa Terán en torno a la decisión de darle libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López el pasado 29 de diciembre, por supuestamente presentar buena conducta y estar estudiando y trabajando mientras cumplía con su medida en prisión, está siendo revisada.De acuerdo con la Comisión Judicial de Disciplina, es necesario investigar la conducta de la funcionaria, para lo que solicitaron que el caso sea sometido a reparto “lo más pronto posible en la primera instancia disciplinaria”.Según resume este tribunal, la jueza ha estado asociada desde su despacho del juzgado sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla a varias decisiones. Inicialmente le redujo la condena de 39 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir a 29 años.Además, posteriormente le dio la libertad condicional, lo que fue revertido por orden de un segundo juzgado, lo que lo llevó a regresar a la Penitenciaría El Bosque.“Aunque la decisión judicial adoptada antes de finalizar 2025 estaría soportada bajo argumentos de buen comportamiento, arraigo familiar, trabajo y estudio en prisión, la Comisión de Disciplina Judicial considera que hay méritos para revisar esa actuación”.
Hoy se cumple un año desde que estalló la crisis en el Catatumbo tras el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El informe de la Defensoría del Pueblo reconstruye cómo, en medio de los enfrentamientos, el miedo se instaló en la vida cotidiana: el temor a quedar “en medio de las balas, a perder sus vidas”, o a que reclutaran a sus hijos llevó a familias enteras a salir de manera masiva hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, incluso caminando durante días.De acuerdo con el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.Un año después, la crisis es una realidad que sigue empujando a la gente a desplazarse, a vivir bajo amenaza y a tomar decisiones sin garantías. La entidad advierte que, pasada la tensión inicial, muchas familias intentaron retornar para recuperar sus tierras y sus animales, pero varias tuvieron que salir otra vez.“Los catatumberos cuentan que los grupos armados ilegales llegan a sus casas y les dicen que mantengan sus maletas listas porque en cualquier momento les toca volver a salir”, aseguran en el informe.El mismo informe subraya que, aproximadamente, un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de estos enfrentamientos, en un escenario que califica como desplazamiento masivo proscrito por el derecho internacional.Además, deja constancia de que no hay certeza sobre la población que pudo desplazarse hacia Venezuela: para el 24 de enero de 2025, la OIM estimaba 5.789 personas, de las cuales 75% serían de nacionalidad venezolana.El informe recoge denuncias sobre reglas impuestas a la vida cotidiana: restricciones de movilidad, retenes con revisión de celulares y la obligación de “informar” salidas y retornos.“Si usted va a ir a una cita médica, debe mostrarles el papel de la cita, o, por ejemplo, si va a ir a mercar, cuando regrese tiene que mostrarles lo que compró para que ellos miren que realmente si estaba haciendo mercado", relató un labriego para el informe.Además se reportan controles sobre rutas y horarios, y prácticas de inspección de teléfonos que, según el documento, se han intensificado, afectando incluso a funcionarios, organizaciones y representantes de la Iglesia que deben mostrar sus celulares para poder continuar.La Defensoría documenta relatos de familias que, al huir, encontraron después sus bienes en manos de los grupos armados, con prohibición de reclamar lo que antes era suyo."Yo me enteré que mi casa ya estaba habitada por personas cercanas al ELN. Además, supe que usaron mis animales de granja como las gallinas y los cerdos para alimentar las tropas, y me dañaron todos los cultivos que tenía. En total, perdí como 12 millones de pesos de un proyecto productivo que tenía. Ahora estoy endeudado y sin con qué trabajar”, subrayó una lideresa para el informe.En esa misma línea, el informe señala que el ELN ha condicionado el retorno a “filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario”. Y en materia de tierras, consigna que a abril de 2025 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 411 solicitudes para proteger predios abandonados por sus propietarios o tenedores.La Defensoría integra datos que muestran la dimensión del daño a la población civil: en el periodo citado se incluyen 12 niños, niñas y adolescentes reclutados, 20 personas víctimas de tortura y 22 víctimas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.El consolidado reporta 163 homicidios, incluidos 6 firmantes, al menos 3 líderes sociales y 10 menores de 18 años. A esto se suman los impactos sobre mujeres: entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la Defensoría dice haber conocido 634 casos de violencias basadas en género, con 151 asociados a trata de personas por explotación sexual, matrimonio servil y trabajos forzosos.Los drones y explosivos improvisados aparecen como una amenaza permanente. Con base en datos del Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones (275 en 2025), con 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública muertos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.La Defensoría recoge que las comunidades viven con la zozobra de que “en cualquier momento” un dron ataque viviendas o parcelas; incluso relata que, durante una visita humanitaria en septiembre, comunidades dijeron que los drones se escuchaban sobrevolando las aulas o aparecían cerca de las escuelas, al punto de que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por temor a una detonación.En paralelo, el secuestro sigue siendo una práctica de poder y presión. La Comisión Humanitaria informó que participó en 29 liberaciones, desarrolladas en misiones humanitarias, y que en 2025 se logró la libertad de 121 personas; sin embargo, la Defensoría, regional Norte de Santander, reportó que 59 personas permanecían secuestradas. La Unidad para las Víctimas incluyó 108 eventos de secuestro y 162 personas por hechos ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025; el informe agrega que, según datos de la Defensoría, al menos 180 personas habrían estado secuestradas en el Catatumbo durante 2025.El negocio de la coca, con ganancias “exorbitantes”, es descrito como motor de la confrontación. En el informe se cita que, según fuentes de inteligencia militar, ese negocio puede dejar cerca de 10.000 millones de pesos al año. En esa línea, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, adviertió que “para acabar la guerra debemos acabar primero que todo con el combustible de la guerra. Y el combustible de la guerra son los cultivos ilícitos”. A esto se suma el dato de UNODC-SIMCI (2025), citado en el informe, según el cual el Catatumbo pasó de 42.043 hectáreas sembradas con coca en 2022 a 43.867 en 2023; y que Tibú concentra el 52% del total regional, con 23.029 hectáreas.En medio de esa economía, la Defensoría registra que las comunidades describen extorsiones a comerciantes, cobros por pasos irregulares y mecanismos de control como “carnetización” o exigencias simbólicas, además de presiones sobre obras comunitarias.Además advierte indicios de llegada de nuevos actores armados a la confrontación, como Autodefensas de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), en un territorio estratégico por su frontera porosa con Venezuela y los corredores hacia el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.Las consecuencias también se han sentido fuera de los límites rurales. El informe señala que Cúcuta, además de recibir desplazados, enfrenta disputas de estructuras armadas y normas impuestas en barrios: fronteras invisibles, restricciones de movilidad y riesgos de reclutamiento, especialmente en el área urbana. Y en el propio Catatumbo, el documento resalta impactos sobre pueblos indígenas como los Barí, cuyo confinamiento y riesgo de enfrentamientos han alterado su vida y su seguridad alimentaria.Sin embargo, el informe es enfático en señalar que, para las comunidades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Los habitantes del Catatumbo denuncian que, pese a los anuncios y a la declaratoria del estado de conmoción interior a comienzos de 2025, las promesas no se tradujeron en cambios reales en el territorio. Relatan que la presencia institucional fue temporal y que, una vez se retiró la fuerza pública, las condiciones de inseguridad y abandono persistieron.La Defensoría recoge el descontento de líderes y comunidades que aseguran que el problema no fue la declaratoria de la conmoción interior, sino que las medidas anunciadas “se quedaron en promesas” y con el paso del tiempo “se diluyeron, volviendo al estado de abandono estatal en el que han estado sumidos por décadas”.A ello se sumó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos que permitían la financiación de proyectos estratégicos, lo que, según el informe, anuló las posibilidades materiales del Gobierno para concretar las intervenciones prometidas.El informe también advierte sobre las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación del territorio. El propio Gobierno nacional reconoció, al establecer medidas para financiar las necesidades de seguridad y sociales durante la conmoción interior, que no existen recursos suficientes para cubrir los proyectos que requiere la región.A esto se suman las condiciones de seguridad, que obstaculizan el desarrollo de obras y programas, pues los actores armados limitan el acceso al territorio o imponen cobros a contratistas para permitir el ingreso.Pese a este panorama, el informe señala que los habitantes del Catatumbo no han renunciado a su deseo de vivir en un territorio en paz. Las comunidades insisten en que los actores armados participen en las negociaciones y le demandan al Estado el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se puedan alcanzar en esos escenarios.Otro reclamo recurrente es la necesidad de contar con medios de vida alternativos a la economía de la coca, así como avances reales en la construcción y mantenimiento de vías en condiciones óptimas que les permitan comunicarse entre municipios y con los centros urbanos, y sacar sus productos de manera segura.En materia de derechos, las comunidades insisten en la urgencia de garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y crédito, como condiciones mínimas para permanecer en el territorio.Los afectados reclaman una respuesta estatal imparcial, especialmente por parte de las instituciones encargadas de la protección y la atención a víctimas. Finalmente, demandan atención psicosocial para enfrentar el miedo, la zozobra y el profundo malestar que ha dejado esta crisis.A pocos meses de concluir el mandato del Gobierno nacional, el Catatumbo continúa a la espera de que los proyectos anunciados se materialicen y se implementen conforme a las circunstancias del territorio.
Entre un 10 % y un 13 % incrementaron los precios de los cuatro peajes que administra la concesionaria Pacífico Tres, corredor vial que comunica a Manizales y Pereira con Medellín.El porcentaje de alza varía según la estación de peaje y la categoría vehicular. Por ejemplo, en el peaje de Acapulco, para vehículos livianos (categoría I), la tarifa pasó de $15.800 a $17.600, lo que representa un incremento del 11,4 %.El peaje más costoso de los cuatro es el de Guaico. En 2025 la tarifa para categoría I era de $22.600 y para 2026 quedó en $25.300, es decir, un aumento cercano al 12 %.Estas nuevas tarifas empezaron a regir desde las 6:00 a. m. de hoy viernes 15 de enero.Nuevas tarifas de los peajes de la concesión Pacífico TresPeaje AcapulcoCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.500Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Peaje GuaicoCategoría I: $25.300Categorías II, III y IV: $31.500Categoría V: $74.100Categoría VI: $93.500Categoría VII: $107.600Peaje IrraCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.700Categoría V: $51.600Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.600Peaje SupíaCategoría I: $17.500Categorías II, III y IV: $21.800Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Desde la concesión recuerdan que los usuarios de este corredor vial tienen derecho a servicios como ambulancia, carro taller, grúa, inspección vial, postes SOS, áreas de descanso y zonas de alimentación, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos servicios cuentan con cobertura incluso si el usuario aún no ha pasado por alguno de los peajes.
Hay expectativa en Barranquilla porque en la tarde de este viernes se estará reuniendo el alto comisionado para la paz Otty Patiño con el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano para buscar un acuerdo en torno a los traslados de algunos miembros de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ a centros carcelarios de la capital del Atlántico antes del 20 de enero.Para esto, el funcionario del Gobierno nacional solicitó durante la semana las citas para estos encuentros que realizará por separado; primero con el alcalde y luego con el gobernador.Al respecto, Blu Radio conoció que ya el gobernador Eduardo Verano confirmó el encuentro, sin embargo, no está confirmado si el alcalde Alejandro Char, uno de los más críticos a estos traslados, lo recibirá en su despacho. Patiño buscará acercarse a las autoridades locales del Atlántico, luego de los reclamos que se produjeron el pasado fin de semana porque no había sido socializada la intención de trasladar a líderes como 'Castor', 'El Negro Ober', entre otros, a cárceles de Barranquilla, lo que para el alcalde Alejandro Char dejaba expuesta a la ciudad. "En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente", manifestó el alcalde a través de su cuenta de X el pasado lunes. Patiño explicaría a los mandatarios el objetivo de estos traslados y buscaría realizar acuerdos para involucrarlos en el proceso de diálogo y acercamiento que lidera el Gobierno con estos grupos delincuenciales que operan en la zona urbana de Barranquilla y su área metropolitana.
Enormes filas de carros y motos se vieron por varias horas en la entrada al corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, que con una población de 200.000 habitantes generó un colapso total en la movilidad de los municipios vecinos de Itagüí y La Estrella por el daño en el puente La Limona que provocó que miles de vehículos tuviera que ir por una sola vía.Lo que ocurrió fue una falla de un tubo de EPM que generó la pérdida parcial de la banca, por lo que la Alcaldía de Itagüí decidió cerrar el paso vehicular porque el daño pone en riesgo la estabilidad de la vía porque se estima pasan diariamente más de 20.000 vehículos.Sin embargo, lo más preocupante fue que la zona colapsó por completo y miles de personas quedaron atrapadas en el trancón durante varias horas sin poder hacer nada, debido a las estrechas calles que hay en el acceso al corregimiento."Habían alrededor de cinco o seis filas en direcciones diferentes. Pues como que todo era un caos en ese momento. Llevo por aquí más o menos dos horas en este taco, imposible pasar. Totalmente quieto la movilidad, totalmente colapsado", aseguraron varios ciudadanos.Por ahora, Empresas Públicas de Medellín anunció que realizará los estudios pertinentes para determinar con exactitud qué pasó con la tubería y cuáles serían las labores necesarias para superar la contingencia que tiene preocupados a miles de familias por las pocas alternativas de movilidad que hay en el sector.Bernardo Mejía, director administrativo de Gestión del Riesgo de Itagüí, explicó que las autoridades locales decidieron tomar la medida para evitar una tragedia debido al alto flujo vehicular que pasa por el puente La Limona."La dirección administrativa de gestión del riesgo y la alcaldía de Itagüí darán un cierre definitivo de toda la calzada del puente por el principio de precaución de la ley 1523 de gestión del riesgo", apuntó.Desde el Sur del Valle de Aburrá invitaron a la ciudadanía a tomar vías alternas para entrar y salir del corregimiento como, por ejemplo, la Carrera 64 o la Calle 31 en dirección a la conexión Chorritos - Bariloche, zona en donde también se reportaron enormes congestiones viales durante la noche de este 15 de enero.Se espera que en la mañana del 16 de enero y durante los días que dure cerrado el puente La Limona haya una alta carga de flujo vehicular, por lo que los trancones y largas esperas se harían habituales por lo menos hasta que EPM y autoridades locales tomen acciones de mitigación en el punto del daño de la tubería. Por lo pronto, la Secretaría de Movilidad de Medellín indicó que el cierre persiste y que la única vía habilitada para llegar al corregimiento es la nueva.
El Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín formuló denuncia penal contra el teniente coronel del Inpec Rolando Antonio Ramírez Sanabria, quien se desempeñaba como director de Custodia y Vigilancia de la cárcel La Paz de Itagüí. La decisión quedó consignada en el Oficio 2381.Según el despacho judicial, Ramírez Sanabria habría expedido de manera irregular la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, mediante la cual ordenó el traslado del interno Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, para participar en un acto público realizado en La Alpujarra, donde fue subido a una tarima política encabezada por la senadora Isabel Zuleta.El juzgado advirtió que dicho traslado no contaba con autorización judicial, único mecanismo legal para permitir la salida de una persona privada de la libertad, y recalcó que ninguna autoridad administrativa puede asumir esa competencia.La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla calificó los hechos como de “gravedad mayúscula”, al considerar que se utilizó a un condenado con fines políticos, se violó de manera consciente la ley y se usurparon funciones judiciales. Señaló además que el caso abre la puerta para que respondan penalmente quienes habrían permitido la salida irregular de “Carlos Pesebre” y de al menos otros ocho cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá el 21 de junio de 2025."No lo dije yo, lo está diciendo la judicatura. Y por eso nos han dado la razón, porque resulta que bajo ese marco de la paz total, el presidente Gustavo Francisco y la reinita del sur o Isabel Zuleta creen que pueden pasar por encima de la autoridad", apuntó.Así las cosas, el Juzgado 13 compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen presuntos delitos de fuga de presos y falsedad en documento público, en hechos que habrían ocurrido durante el denominado “tarimazo”.Vale la pena recordar que actualmente existen investigaciones en curso en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que también abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro. Asimismo, avanza una demanda ante el Consejo de Estado que busca la pérdida de investidura de la senadora Isabel Zuleta.
La calidad del servicio de energía en la región Caribe mostró un cambio durante 2025. Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron el mejor desempeño de los últimos años en los indicadores que miden las interrupciones del suministro eléctrico, un avance que impactó de manera directa a más de cinco millones de usuarios entre hogares, comercios e industrias atendidos por Air-e Intervenida.De acuerdo con las cifras consolidadas de la compañía, en promedio la luz se fue 38,21 horas durante todo 2025 en estos tres departamentos. Este dato, medido a través del indicador SAIDI, representa una reducción del 36,6 % frente a 2024, cuando el promedio anual era de 60,33 horas sin servicio. En términos prácticos, los usuarios pasaron menos tiempo a oscuras, una de las principales quejas en esta zona del país.Por otro lado, el indicador SAIFI, que mide cuántas veces se interrumpe el servicio en el año, bajó de 31,58 a 29,96 interrupciones, lo que equivale a una reducción del 5,12 %. Aunque el número de cortes sigue siendo un reto, la tendencia descendente confirma una mayor estabilidad en la operación del sistema eléctrico.A este avance en calidad se suma la estabilidad de la tarifa, anunciada como parte del esfuerzo por aliviar el impacto económico en los usuarios y recuperar la confianza ciudadana. De cara a 2026, la empresa aseguró que continuará ejecutando obras priorizadas, gestionando nuevos recursos con el apoyo del Gobierno y promoviendo una cultura de corresponsabilidad, en la que el pago oportuno y el uso adecuado del servicio sean claves para mantener y mejorar el suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Hacia un centro penitenciario en Barranquilla será trasladado Álvaro Felipe Rivera Ramírez tras la medida de aseguramiento de detención preventiva que le ordenó el Juzgado 07 Penal Municipal por ser el presunto autor material del feminicidio agravado contra su expareja Valentina Cepeda Rodríguez, luego de su hallazgo en un apartamento en abril de 2024.El togado se acogió a la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía, aunque aclaró que esta no es una condena anticipada, pues solo busca proteger los fines de orden constitucional y el avance de las investigaciones. Además, aclaró que en el juicio el procesado podrá utilizar todas sus pruebas para defenderse.“Imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra de Álvaro Felipe Rivera Ramírez, acorde al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, como presunto autor material a título de dolo de la conducta punible de feminicidio agravado. Contra la presente decisión proceden los recursos de ley”, expresó durante la audiencia.En medio de la diligencia, el juzgado especificó como clave el dictamen emitido por Medicina Legal en el que no se evidencia ninguna marca en el cuello de Valentina, proveniente del columpio de Aeroyoga aparentemente utilizado.“¿Y qué traduce esto? Que fue una fuerza extrínseca, una fuerza externa de tal magnitud la que ocasionó la lesión a la laringe. Es decir, que no fue el producto de un ahorcamiento en el columpio de aeroyoga, sino de una fuerza externa de digitopresión. Es decir, que en el caso concreto la versión de la defensa se va difuminando”, añadió.La decisión fue apelada por la defensa de Álvaro Felipe Rivera Ramírez.Recordemos que Valentina Cepeda, en su tiempo, fue llevada hacia la clínica Portoazul en Puerto Colombia. La explicación que entregó su pareja es que le tomó una foto pensando que estaba molestando y minutos después se percató que no respiraba.El fiscal Nicolás Busto señaló que contra la víctima se ejercía violencia económica y física. Del mismo modo, declaró que, al parecer, la controlaba como hombre dominador a través de llaves de jiu-jitsu, un deporte de arte marcial desarrollado en Brasil en el que se busca inmovilizar cuerpos por medio de derribos y estrangulamientos.
Antes de convertirse en un sello de Barranquilla, Curramba fue una solución periodística. Surgió de la necesidad de comunicar con claridad y de evitar confusiones en una época en la que las abreviaturas eran parte esencial del ejercicio informativo. Detrás de esa palabra estuvo el periodista barranquillero Juan Eugenio Cañavera, y hoy, décadas después, su legado encuentra continuidad en una nueva generación que apuesta por contar esa historia más allá de las fronteras.¿Quién era Juan Eugenio Cañavera?Trabajó en medios escritos y radiales en tiempos en los que la precisión del lenguaje era determinante. En ese contexto, era frecuente la confusión entre Barranquilla y Barrancabermeja, ciudades cuyos nombres se abreviaban de forma similar en los sistemas telegráficos y periodísticos. Mientras Barrancabermeja se identificaba como Barranca, Barranquilla aparecía abreviada como Barranq. Para evitar errores, el periodista recurrió a un recurso muy propio del habla barranquillera: invertir las palabras. Así, Barranq pasó a leerse como Qrramba, término que con el tiempo evolucionó a Curramba y terminó instalándose en el lenguaje cotidiano.Lo que comenzó como una solución práctica se transformó en identidad. Curramba dejó de ser una abreviatura invertida para convertirse en una forma de nombrar a la ciudad y a su gente, cargada de sentido de pertenencia, orgullo y carácter caribe. Una palabra que hoy sigue viva en el habla popular y en la memoria colectiva.Legado periodístico a través de su sobrina Daniela Castillo CañaveraEse legado periodístico marcó profundamente la historia profesional de su sobrina, Daniela Castillo Cañavera, una comunicadora social y periodista barranquillera, con más de 15 años de experiencia en el gremio, decidió desde muy joven seguir el camino del periodismo, convirtiéndose en la única integrante de la familia Cañavera que continuó esa vocación de manera profesional. Su cercanía con Juan Eugenio Cañavera, hermano mayor de su abuelo, y las historias escuchadas desde la infancia, sembraron en ella la convicción de que las palabras tienen poder y que la narrativa construye identidad.A lo largo de su carrera, Daniela ha trabajado en importantes casas periodísticas y en el campo de la comunicación estratégica y las relaciones públicas, consolidando un perfil marcado por la narrativa, el análisis y la construcción de mensajes con impacto social. Su trayectoria le ha permitido entender el periodismo no solo como un ejercicio informativo, sino como una herramienta para preservar memoria, conectar comunidades y generar sentido colectivo.Ella asegura que su propósito se mantiene intacto, cuando se decidió por continuar el legado periodístico de su tío y aseguró que su más grande anhelo es seguir contando historias que expliquen quiénes somos. En ese camino, ha asumido la tarea de documentar y proyectar el origen de "Curramba", no como un ejercicio nostálgico, sino como una apuesta cultural hacia el futuro.Para reconstruir esa historia, Castillo ha recopilado información y testimonios colegas, amigos y familiares, entre ellos los relatos conservados por su prima Martha Aimée Cañavera, guardiana de múltiples anécdotas sobre la vida y obra de Juan Eugenio. Ese ejercicio de documentación busca darle rigor y contexto a una palabra que hoy muchos usan, pero pocos conocen en su origen.Llevar el nombre de "Curramba" más allá de Barranquilla Daniela pretende reforzar, especialmente entre las nuevas generaciones, el valor del lenguaje, del dialecto y de la jerga como expresiones de identidad.“Como barranquilleros, es importante apropiarnos de nuestras raíces, de nuestro dialecto y de nuestra idiosincrasia. Cuando conocemos el origen de las palabras que usamos, entendemos su valor y fortalecemos nuestra identidad”, señaló.Desde la comunicación, los espacios culturales y el ejercicio permanente del periodismo, Daniela Castillo Cañavera, trabaja por extender ese legado y demostrar que una palabra nacida del ingenio periodístico puede seguir creciendo y dialogando con el mundo.“Barranquilla es una ciudad hermosa , llena de tanta historia, y como barranquillera me siento orgullosa que parte de esa historia venga de mi familia”, expresó Daniela.Finalmente, hay que decir que Curramba nació de una inversión de letras, pero se sostuvo gracias a una inversión emocional profunda en la ciudad y su gente. Hoy, esa historia continúa escribiéndose a través de nuevas voces que entienden que el periodismo, cuando se ejerce con conciencia y pasión, puede trascender generaciones y fronteras.
Desde el 20 de diciembre, 440.000 afiliados de la Nueva EPS en el Atlántico enfrentan la interrupción en la entrega de medicamentos, situación que ha encendido una alerta sanitaria en el departamento. La entidad atribuye la crisis a problemas de liquidez y embargos judiciales, que generaron una deuda cercana a $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos, quién terminó cerrando todos los puntos de dispensación de medicamentos.El impacto es mayor en pacientes crónicos y de alto riesgo, como Aida Luz Madero, trasplantada de riñón. La crisis de salud que afecta al sistema, la tiene enfrentando una batalla con su cuerpo, sus finanzas y Cafam, el gestor farmacéutico alterno de Nueva EPS, el cual desde hace cuatro meses no le responde por los medicamentos que, mal contados, le cuestan mensualmente $2.600.000 pesos si los asume de su bolsillo.“Hace casi 4 meses que no me entregan la medicación. Tengo pendientes para reclamar y algunos ya se consideran vencidos. Entonces, son medicamentos que prácticamente no vamos a obtener y a otras instancias como la Supersalud, tenemos tutela, tenemos desacatos, pero nada de eso ha sido suficiente para la entrega de medicamento”, expresó en una entrevista con medios de comunicación.Por el momento, Nueva EPS informó que se encuentra en proceso de contratación de un nuevo gestor farmacéutico de Sincelejo, el cual cuenta con 48 puntos de atención. Sin embargo, sigue la preocupación para la Secretaría de Salud dado que no hay claridad sobre la presencia de este gestor en los 22 municipios del departamento.Ante esto, la Nueva EPS planteó realizar "entregatones" masivas y el uso de un link virtual para la captura de fórmulas, una vez se designe el nuevo gestor, a fin de cumplir con los requerimientos de los pacientes.
Hay alerta en Barranquilla, luego del ataque a bala en el que murieron Andrés Manuel Jimenez De La Hoz, de 35 años, y Antonio David Severiche Fruto, de 29, hechos ocurridos en la urbanización Las Gardenias y en los que también resultó gravemente herido Antonio David Moreno Polo, de 48 años.De acuerdo al reporte de las autoridades, estos se encontraban en un punto de mototaxistas, cuando fueron abordados por un desconocido vestido con camisa blanca y bermuda que repentinamente les disparó en varias ocasiones.Las víctimas quedaron en el suelo y el agresor logró escapar en una motocicleta que lo esperaba más adelante.“Lo mató, lo mató, ayudénlo, ayudénlo, llevénlo a una clínica”, fueron las palabras que se pudieron escuchar de la comunidad que salió al instante hacia el sitio para socorrer a los baleados.Gracias a los reportes de la Policía Metropolitana, Blu Radio conoció que los hechos estarían presuntamente relacionados con una venganza por el homicidio registrado en horas de la mañana de Yessid Geovanni Catalán Mantilla, en el barrio Villa Lozano, del municipio de Soledad.Al parecer, Yessid Geovanni Catalán era escolta de alias 'Marlon', quien, según las autoridades, sería el encargado del tráfico de estupefacientes en el conjunto número 7 de Las Gardenias.El caso fue asumido por agentes del CTI de la Fiscalía, los cuales reportaron que Andrés Manuel Jiménez, una de las víctimas de esta doble matanza, registraba una anotación judicial por el delito de homicidio en 2022.Cabe resaltar que en el área metropolitana de Barranquilla, puntualmente en el barrio La Alboraya, también se registró un ataque recientemente en el que resultaron heridos José Gabriel Ramos Solano, de 26 años y Cristian Antonio Orozco Mena, de 41, tras la interceptación a un vehículo Suzuki de placas NER 747.De José Gabriel Ramos Solano se sabe que recibió al menos tres balazos, uno de ellos en la parte derecha de su abdomen, y que tiene seis anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre esos el de fuga de presos.Del mismo modo, en agosto del año 2025, también había sido víctima de un atentado del que logró mantenerse con vida.
Los casos de violencia intrafamiliar siguen generando alertas en el departamento de Bolívar, en donde, en lo corrido de este 2026, ya se han registrado seis capturas por este delito.Precisamente, uno de los casos que más ha generado conmoción entre las organizaciones y redes de mujeres, es el de una mujer en el municipio de Magangué, cuya expareja intentó prenderle fuego a la vivienda en la que ella se encontraba junto a su pequeño hijo.De acuerdo al reporte de la Policía de Bolívar, el agresor llegó en horas de la madruga a la vivienda e intentó incendiarla desde la puerta.“En horas de la madrugada, el hombre habría llegado hasta la vivienda donde residía la víctima junto a su hijo, menor de edad y, de manera violenta, roció gasolina en la entrada del inmueble y prendió fuego, ocasionando un principio de incendio que puso en grave riesgo la vida de ambos. Gracias a la rápida reacción de la víctima, quien logró percatarse de las llamas y apagar el fuego, se evitó una tragedia mayor”, explicó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, subcomandante de la Policía de Bolívar.Esta no habría sido la primera agresión que sufrió la mujer y su hijo, pues días antes, según la denuncia, esta persona la habría golpeado en plena vía pública.“Ante la gravedad de los hechos, la denuncia fue instaurada de inmediato y se adelantaron las labores investigativas correspondientes, permitiendo a la Fiscalía solicitar ante un juez de control de garantías la orden de captura, al considerar que el indiciado representaba un peligro inminente para la vida e integridad de la víctima y su hijo”, detalló el oficial.Tras su captura, el agresor fue enviado a la cárcel por el delito de violencia intrafamiliar violencia intrafamiliar agravada.
La crisis del sector salud golpea a Orleth Flórez y a su hijo Eddwin Torres, madre e hijo barranquilleros, quienes en la mañana de este jueves 15 de enero fueron retirados de la sala de urgencias del Hospital Mental de la red hospitalaria del Atlántico ante la falta de respuestas de la EPS Familiar de Colombia, a la cual le solicitaron desde hace una semana el traslado del paciente a un centro psiquiátrico.Según le manifestó la psiquiatra en turno a Flórez, estos debían irse, porque ya no podían esperar más por la llegada de una ambulancia. La mujer cuenta que suplicó para que no los retiraran, pues, incluso, manifestó que teme ser agredida por su hijo, quien en los últimos días hasta le prohibió el ingreso a su propia casa, pero lo que recibió de respuesta fueron las pertenencias de su hijo, empacadas en una bolsa, para que se retiraran del sitio.EPS no responde“Los psiquiatras dicen que tienen que dar la salida. Que como están llamando a la EPS y no responde, entonces dijeron que se fuera. Él se me va, se me va para el mar. La última vez estaba en el puente Pumarejo. Tengo miedo de llevármelo. Él no me deja llegar a mi casa. Puede intentar agredirme en medio de esta crisis. La EPS Familiar de Colombia no responde. Ellos no llaman ni nada”, contó la madre del hombre.Pese a que la Personería de Barranquilla intervino para que la EPS Familiar de Colombia enviara una ambulancia, la mujer y su hijo completan varias horas, sentados con sus pertenencias en mano, a las afueras del hospital mental porque fueron retirados.
La mesa exploratoria en la que está participando Digno Palomino, como líder de la banda delincuencial 'Los Pepes', enfrenta un momento de tensión, luego de que Palomino no llegara a un acuerdo con la Dirección Nacional de Inteligencia ni con la Oficina del Comisionado de Paz, debido a unas condiciones que le plantearon para que se cumpla el traslado de él, y de varios miembros de su banda, hacia cárceles de Barranquilla. Según información que conoció Blu Radio, desde el Gobierno se les estaría solicitando a 'Los Pepes' y 'Los Costeños' que reconozcan responsabilidad directa sobre zonas específicas de Barranquilla en las que tendrían mayor injerencia. La exigencia incluye que, una vez concentrados o trasladados a las cárceles de la capital del Atlántico, no se presente ningún tipo de accion violenta en dichas áreas. De acuerdo con información conocida por este medio, esa fue la razón por la que no fue incluido en el primer grupo de 17 personas que iba a ser trasladado el pasado sábado a la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, pues manifestó su inconformidad ante esta condición y decidió no dar información al respecto. Este habría manifestado que ni él ni sus hombres pueden asumir una responsabilidad absoluta sobre la seguridad en esos sectores, teniendo en cuenta que hay otros grupos delincuenciales que operan en la ciudad y que cualquien hecho realizado por estos, podría ser atribuido automáticamente a su estructura, lo que pondría en riesgo el proceso y su seguridad jurídica.Por lo pronto hay expectativa por una reunión que se adelantaría en próximos días para lograr un acuerdo frente a la realización de estos traslados hacia Barranquilla, como parte de la previa para la instalación de una mesa de diálogo formal entre el Gobierno y estos grupos delincuenciales.
La salida de Jorge Lemus de la Dirección de Nacional de Inteligencia no dejaría en el limbo el avance de las conversaciones entre el Gobierno y los líderes de las bandas 'Los Pepes' y 'Los Costeños', pese a que hay tensión en el proceso por la suspensión de unos recientes traslados que iban a ser realizados a la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Así lo reveló Lemus en entrevista en Mañanas Blu, quien explicó que las mesas exploratorias continúan. "Eso sigue. Se están haciendo todas las cuestiones logísticas para la reunión que se tiene que hacer antes del 20 de enero antes que se acaba la tregua que ellos tienen. Eso sigue", explicó. Al respecto, manifestó que fue él quien solicitó la suspensión de los traslados que iban a iniciar el pasado 10 de enero, de un grupo inicial de 14 personas, entre las que se encontraba Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', y Ober Ricardo Martínez, alias 'El Negro Ober'. "Nosotros les dijimos que íbamos a hacer un proceso con ellos e íbamos a llevar a algunos privados de la libertad que estaban en diferentes cárceles del país para sentarnos con el gobierno Distrital y el gobierno departamental del Atlántico, pero los empezaron a trasladar desde el Inpec. Entonces yo me atreví a escribirle al del Inpec que no los trasladaran, que los dejaran quietos mientras hacíamos el traslado correspondiente que todavía no es", explicó el director saliente quien se quedará al frente de la UIAF. Manifestó que el traslado no debe involucrar a los 45 reclusos que solicitaron los líderes de estas bandas. Que puede ser un número inferior.
El incremento en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional no solo golpea al sector financiero, sino también al trabajo de resguardo de animales que se realiza en el Zoológico de Barranquilla, donde tuvieron que incrementar el precio de las entradas para este nuevo año.Farah Ajami, directora del zoológico, expresó que este año el aumento de las entradas subió un 20% dado que su operación depende principalmente del salario y no del IPC.“Tenemos una gran cantidad de personal operativo que es el que cuida a los animales y los atiende, hace la rutina de limpieza, de alimentación. Además de eso, pues tenemos otros gastos que se ven afectados por el incremento del salario mínimo como vigilancia, aseo, jardinería, mantenimiento”, expresó en medio de su entrevista.Así las cosas las entradas pasaron de costar 30 mil a $36.900 para los niños que midan entre 80 y 150 centímetros y para adultos de $35.000 a $42.900.Esta operación es permanente e independiente de que el Zoológico esté abierto o no al público, porque implica el cuidado diario de 700 seres vivos. A esto se suman otros costos también presionados por el aumento salarial, como vigilancia, y un mantenimiento cada vez más costoso, debido a una infraestructura con más de 70 años de antigüedad.Del mismo modo, la directora Farah Ajami especificó que necesitan un impulso en las visitas que diariamente reciben en estas instalaciones, puesto que el 70% de su sostenimiento depende de ello. Por estos motivos, no miran con malos ojos una reubicación urgente del zoológico, pues es un proyecto que lleva años discutiendo.Afirma Ajami que aunque “hoy funciona como un gran parque y pulmón verde para Barranquilla al estar en un entorno urbano”, no tienen posibilidades de expansión.Desde tiempos anteriores a la pandemia, este lugar estaba acostumbrado a recibir cerca de 305.000 visitantes anuales, sin embargo con el pasar del tiempo los rublos bajaron hasta 143.000, siendo más grave el último año donde hubo solo 134.000 que llegaron hasta este punto.
Un joven remitido a una Unidad de Cuidados Intensivos en un centro asistencial de la ciudad y otro a la espera de una operación fue el saldo que dejó en las últimas horas el ataque con piedras hacia un bus afiliado a la reconocida empresa Tecnoglass en BarranquillaEl acto vandálico protagonizado, según conoció Blu Radio, en la noche de este martes por un adulto que transitaba por la zona, también dejó daños en las ventanas de este vehículo.“Barro, lo partieron. Veníamos ahí en la ruta en la vía y le tiraron un peñonazo al chico. Y acá otro señor nos dice que eso lo andan haciendo. Le partieron la cabeza, tiene tremenda herida en la cabeza”, se puede escuchar en uno de los tantos videos que se ha hecho viral por las redes sociales.Los hechos tuvieron lugar debajo de un puente ubicado en la Avenida Circunvalar con carrera 38, mientras que hasta el momento solo uno de los empleados fue identificado como Giovanny Martínez.La Policía Metropolitana está al frente de la situación, al tiempo que la comunidad pide un refuerzo de la seguridad para esa zona que usualmente es bastante oscura.Otro atentado Precisamente, en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla está la investigación con la que se busca esclarecer el intento de asesinato perpetrado este miércoles contra el conductor de un carro particular en el suroccidente de la ciudad, hechos que dejaron además una segunda víctima herida que caminaba por la zona.Reportaron las autoridades que el episodio sucedió puntualmente en inmediaciones al barrio La Alboraya, por lo que ambos fueron trasladados hacia el Paso Murillo y en estos momentos se avanza en sus procesos de identificación.Al parecer, los sicarios —que hoy son buscados por investigadores de la Policía— interceptaron al vehículo en una moto de alto cilindraje y, al ver que impactaron a una persona que no era su objetivo, huyeron del sitio.Del mismo modo, aún no son de conocimiento las motivaciones detrás de este atentado.
El pasado fin de semana, el gobierno no solo tenía lista la resolución del Inpec con la que autorizaba el traslado de Jorge Eliécer Diaz Collazos, más conocido como ‘Castor’, líder de la banda Los Costeños y la de Ober Ricardo Martíenz, alias ‘El Negro Ober’, quien lidera la facción de ‘Los Rastrojos Costeños’; sino también la de 12 miembros más de la banda ‘Los Costeños’.Estos traslados, sobre los que poco o nada sabían las autoridades en Barranquilla, fueron acordados posterior al cese al fuego anunciado por parte de estas bandas en septiembre pasado, para que un total de 45 miembros de ‘Los Costeños’ y siete de ‘Los Pepes’, incluyendo sus líderes, fueran conducidos a la Penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico, desde donde liderarían diálogos en aras de avanzar en el desarme de más de cuatro mil personas que hacen parte de sus estructuras criminales. Gran parte de estos traslados fueron comprometidos para ser realizados antes del 20 de enero, fecha en la que se previó instalar una mesa de diálogos formal en la ciudad de Barranquilla, para llevar a acabo este plan de desarme.El aplazamientoEl viaje de este primer grupo de 14 personas, según conoció Blu Radio, estaba coordinado para ser realizado el pasado sábado 10 de enero. Para esto ya se encontraban en la ciudad de Bogotá estos reclusos, desde donde iban a ser trasladados en una avioneta hacia Barranquilla, para posteriormente ser conducidos a la penitenciaría referida.Sin embargo, debido a trámites administrativos ligados con la operación aérea, este viaje fue modificado para el martes 13 de enero, día en el que finalmente no se pudo realizar el traslado debido a que 24 horas antes fue entregada una orden de suspensión para el proceso mismo.Uno de los nombres que iba a estar ausente en el manifiesto de aquel vuelo era el de Digno Palomino, quien no habría cumplido con un compromiso previo ante la Dirección Nacional de Inteligencia de explicar lo que haría en Barranquilla como parte su aporte al control de la criminalidad. Esto habría implicado un estancamiento en su proceso, el cual se preveía que avanzara posterior al traslado del primer grupo. Blu Radio conoció que la suspensión de esta medida de traslado, que fue solicitada por Otty Patiño, generó tensión en el Gobierno nacional, por lo que este miércoles fueron citados varios funcionarios al Ministerio de Justicia para definir el futuro de este proceso que hace parte de la llamada Paz Total. CifrasDe acuerdo con la defensa realizada por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, el cese al fuego permitió reducir los crímenes en Barranquilla. "'Los Pepes' y 'Los Costeños' acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida", indicó en su cuenta de X.
Tres niños, un adolescente y un adulto resultaron heridos con arma de fuego en un ataque ocurrido la noche del domingo en el barrio La Gloria, en el suroccidente de Barranquilla.De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, los hechos se registraron hacia las 7:50 de la noche cuando dos sicarios en una motocicleta llegaron hasta el frente de una vivienda y, sin mediar palabra, dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar, sin importar la presencia de varios menores.En el ataque resultó herido un niño de 2 años, una niña de 4, una niña de 9, un adolescente de 16, y el adulto identificado como Ubaldo Enroque Barranco Cotes, de 25 años, quien fue impactado por tres disparos: uno de ellos en la zona inguinal, otro en la espalda y uno más la pierna derecha.Las cinco personas heridas fueron llevadas al Hospital de Barranquilla, donde se conoció que los niños permanecen fuera de peligro, mientras que el joven de 25 años reviste heridas de mayor gravedad.Las autoridades indicaron además que esta persona registra una anotación como indiciado en el SPOA por el delito de receptación.Las primeras hipótesis señalan que el ataque estaría relacionado con disputas internas del grupo delincuencial organizado Los Costeños, presuntamente derivadas de un enfrentamiento previo entre alias ‘Mello Cote’ y alias ‘Guillermito’.
Gobernador Eduardo Verano asegura que cárceles de Barranquilla no están preparadas para recibir a cabecillas de las bandas Los Pepes y Los Costeños.Advierte que, de darse un eventual traslado, colapsaría el sistema carcelario por enfrentamientos entre miembros de estas estructuras. Actualmente, de acuerdo con datos del Inpec, la Penitenciaría El Bosque, uno de los centros de reclusión a los que serían llevados cabecillas de las bandas Los Pepes y Los Costeños, si se retoman las intenciones del Gobierno de trasladarlos junto a 40 miembros de sus estructuras, alberga 1.800 privados de la libertad, muy a pesar de que su capacidad, es de 1.200 cupos incluyendo los nuevos pabellones.El hacinamiento en este centro penitenciario es del 50%, sin contar que no tiene las características de una cárcel de máxima seguridad como la de cómbita y la Picota, donde Digno Palomino, alias 'Castor' y el ‘Negro Ober’, hoy están detenidos.Aunque por el momento se frenó el traslado de estos peligrosos delincuentes a Barranquilla por orden del ministro de Justicia Andrés Idárraga, el gobernador Eduardo Verano insistió en que un traslado sin planeación podría generar confrontaciones entre los miembros de estas estructuras en cárceles de la ciudad.En este sentido, recalcó que hace falta un diálogo previo para entender cuál es la propuesta que le va a hacer el Gobierno a estas organizaciones para que dejen de delinquir.
Con capuchas, tapabocas y pistolas en mano están llegando hasta los comercios de la isla de San Andrés un grupo de individuos a los que se les señala de disparar los índices de robos en el archipiélago e incluso de cometerlos también en jurisdicción de Providencia, donde aprovechan la poca presencia de la Policía.Según los reportes, son más de seis los hurtos cometidos en menos de un mes, registrándose el último de ellos este fin de semana en un pequeño supermercado. Como lo describe la comunidad, la situación les resulta atemorizante, pues no están acostumbrados a estos actos delincuenciales.Un comerciante, quien prefirió guardar su identidad por seguridad, señaló que la ocurrencia de estos hechos refleja la “vulnerabilidad” que sienten ante la situación.“Sentimos que no contamos con una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales, que no solicitan un mayor refuerzo al Gobierno nacional, ya que la situación se ha salido un poco de las manos y es muy preocupante. En esta isla no se veía esto hace al menos 10 o 12 años, o incluso mucho antes”, afirmó el ciudadano.Desde Providencia también se reporta un incremento en los robos a comercios, pues los afectados alegan que estos mismos sujetos, hoy buscados por las autoridades, suelen trasladarse hacia esa zona cuando hay menos unidades policiales.En ese sentido, las autoridades confirmaron una ofensiva contra estas bandas y, en menos de dos días, tres personas han sido capturadas: dos por el delito de hurto y una por porte ilegal de armas de fuego.Asimismo, el Gobierno local anunció recientemente el aumento del pie de fuerza para las islas, tras el arribo de una veintena de hombres y mujeres para aumentar la capacidad de respuesta.