Es una batalla contra el agua la que se vive en Córdoba, donde ya hay municipios que cumplen diez días de estar bajo inundaciones. El problema ya no es solo por las lluvias, sino también por las crecientes súbitas que llegan desde las zonas altas. Según el último censo van 51.000 familias damnificadas, lo que eleva por encima de las 200.000 las personas afectadas. Una crisis que se registra en 24 municipios, pero que se intensifica en unos más que en otros. Por esto mismo, anoche los alcaldes de Puerto Libertador, Canalete, Puerto Escondido, Cotorra, Tierralta, Cereté, Moñitos, Los Cordobas, Lorica y Ciénaga de Oro llegaron al consejo de ministros para ser escuchados, pero solo dejaron ingresar al recinto a los gobernadores de Córdoba y Sucre y al alcalde de Montería. Los otros mandatarios se quedaron sentados en el piso a las afueras del punto de la reunión.Los mandatarios, según declararon a medios, llegaron con la esperanza de ser escuchados. Su espera se extendió por más de cuatro horas y algunos, como los alcaldes de Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro, prefirieron irse ante la larga espera. Finalmente, el grupo que se quedó fue atendido por funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo. Allí expusieron los problemas que enfrenta cada municipio, pese a que el propósito inicial era ser escuchados por Gustavo Petro. "Es una angustia porque no sabemos cómo vamos a recuperar lo que muchas personas perdieron. En estos momentos tenemos dos corregimientos incomunicados porque las vías están colapsadas. Necesitamos ayudas humanitarias, colchonetas, hamacas, maquinaria amarilla para rehabilitar las vías. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda del gobierno nacional para que Puerto Escondido vuelva a tener unas condiciones dignas", manifestó Ivya Marzola, mandataria de Puerto Escondido, mientras esperaba que la atendieran. "Estamos en crisis porque lo que le vamos a pedir a nuestro presidente es que nos ayude a reactivar nuestra economía. Que nos ayude en esas vías. que nos ayude a reconstruir a Canalete. Son familias rurales que lo han perdido todo. Tenemos alrededor de cinco mil familias damnificadas", manifestó la alcaldesa de Canalete. Los mandatarios lamentaron no haber sido incluidos en el consejo de ministros, aunque sus peticiones fueron atendidas por la UNGRD hasta entrada la medianoche.
En respuesta a un recurso de apelación que interpuso la Fiscalía, un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla decidió que Digno José Palomino Rodríguez, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Pepes’, debe permanecer en prisión.Este reciente fallo revocó la decisión de primera instancia que le había concedido detención domiciliaria a Digno Palomino y ordenó, en cambio, privación de su libertad en centro carcelario, tal como se lo han impuesto en otros procesos y por los cuales ha continuado recluido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué.Vale recordar que esta nueva medida de cárcel está relacionada con la investigación que se le sigue por la presunta ejecución de 17 homicidios en Barranquilla, Soledad y Malambo, entre ellos el crimen de una comerciante.En el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía ha expuesto testimonios de testigos que señalan a Palomino como el líder de la estructura criminal para la que trabaja el sicario que le quitó la vida a esta comerciante por no cumplir con el pago de una extorsión.Dice la Fiscalía que sí entregó las pruebas contundentes que vincularían a Digno con la banda ‘Los Pepes’ y que no se puede pretender a que tenga que accionar un arma para poder señalarlo como responsable de un homicidio.En su momento, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial también compulsó copias en contra del juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla para que se investigue una presunta actuación irregular al pretender conceder dicho beneficio de casa por cárcel a Palomino.
En una mesa científica que reunió a académicos, investigadores y funcionarios de la Alcaldía de Montería; la Universidad de Córdoba ofreció toda su “capacidad humana, académica y técnica con enfoque interdisciplinar, para actuar de inmediato, durante y después de la tragedia invernal que golpea a la región, especialmente en Montería y gran parte de su área rural”.Es así como durante la reunión se definió una hoja de ruta con las acciones que se realizarán en el mediano y largo plazo, entre ellas, “definir con la Facultad de Ciencias de la Salud un plan de vacunación inmediata para la prevención de enfermedades propias de este tipo de emergencias”.También, “con el laboratorio de aguas, se realizará un monitoreo en zonas definidas para establecer cuál es el estado del estancamiento y tomar decisiones e, igualmente, con la facultad de Educación se llegará a los albergues para identificar a la población infantil y definir estrategias lúdicas y artísticas que permitan reducir el estrés y gestionar emociones”.Además, “desde Ciencias Agrícolas se propone actuar frente al desabastecimiento que se aproxima en semanas y la restauración de suelos que terminan dañados, así como seguir desde el programa de Geografía, elaborando las cartografías que permitan conocer la mancha de la inundación”.“Existe un equipo interdisciplinario que hoy tiene una comprensión de la complejidad que nos permite proponer para que la institucionalidad tome decisiones. Haremos agenda de trabajo en conjunto para seguir haciéndole frente a la situación”, sostuvo el rector Torres Oviedo.La Unicórdoba también pidió hacer parte con voz y sin voto de los Puestos de Mando Unificados “para contribuir a comprender en las audiencias lo que va ocurriendo día a día en términos de precipitación, caudales entrantes y salientes, hidrología y muchos otros conceptos técnicos, mediante un lenguaje sencillo y cercano con las poblaciones”.
Dos jóvenes campesinos desaparecieron entre las aguas que mantienen inundado al departamento de Córdoba, cuando intentaban cruzar a caballo el tramo vial entre La Madera y Bongamella para evacuar, pero fueron sorprendidos por una creciente súbita del arroyo El Barroso en esta zona rural del municipio de San Pelayo.El caballo blanco en el que viajaban los jóvenes fue avistado a la deriva, atascado entre la maleza y el lodo que rodea la corriente, pero de sus dueños aún no se tiene rastro desde la tarde de este lunes, cuando el arroyo los arrastró y los desapareció.Para hallarlos cuanto antes, las comunidades de la zona y organismos de socorro alternan las labores de evacuación con una exhaustiva búsqueda entre las aguas y desde el aire, informó Raúl Gómez, director de la Defensa Civil en Córdoba."Son campesinos del lugar que seguramente estaban tratando de sacar algún ganado y cayeron, al parecer, en una zona donde en este momento se encuentran desaparecidos. No estamos seguros de que estén precisamente cerca de ese sitio donde ocurrió el incidente, pero ya se encuentra sobrevolando un dron para tratar de ubicarlos", dijo Gómez.La comunidad en la zona denuncia que esta nueva creciente no solo sería consecuencia de las lluvias, sino del actuar de algunos particulares que habrían construido barreras de contención para proteger sus predios, bloqueando el paso de una corriente que hoy solo busca recuperar su cauce.En Córdoba ya son cuatro los desaparecidos en medio de las inundaciones, pues al reciente caso se suma el de otro par de personas que fueron arrastradas por una creciente cuando se movilizaban en un camión en la ruta Puerto Escondido - Montería.Las inundaciones en Córdoba mantienen en una grave crisis humanitaria a 24 municipios del departamento, donde se contabilizan más de 45.000 familias damnificadas, para un total de más de 120.000 personas a la intemperie.
Viajar a Machu Picchu será un poco más costoso a partir de mayo. El Gobierno de Perú confirmó un ajuste en las tarifas de ingreso al sitio arqueológico más emblemático del país, una decisión que ya empieza a sentirse entre turistas extranjeros, viajeros de la región andina y operadores turísticos que preparan la temporada alta de mitad de año.El incremento, que entrará en vigor el 1 de mayo, responde —según las autoridades— a la necesidad de garantizar recursos para la conservación ambiental y el mantenimiento del parque, una zona que recibe miles de visitantes cada día y que enfrenta una presión constante por el alto flujo turístico.Cuánto sube la entrada y a quiénes afecta másEl mayor impacto lo sentirán los turistas extranjeros adultos, quienes deberán pagar 163 soles (casi 50 dólares) por el acceso a Machu Picchu, tras un aumento de 11 soles frente a la tarifa actual. Para los visitantes internacionales menores de edad, el incremento será menor, pero también aplicará desde mayo.En el caso de los turistas peruanos y ciudadanos de la Comunidad Andina —entre ellos colombianos, ecuatorianos y bolivianos— el ajuste será más moderado, aunque igualmente eleva el costo total de una visita que, para muchos viajeros regionales, ya implica gastos elevados en transporte, alojamiento y alimentación.Aunque el aumento puede parecer reducido en dólares, operadores turísticos advierten que cualquier alza en Machu Picchu impacta el presupuesto total del viaje, especialmente para quienes viajan en familia o planean recorrer varios destinos dentro del país.Por qué el Gobierno decidió aumentar la entrada a Machu PicchuSegún explicó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el ajuste no es nuevo ni improvisado. La actualización de tarifas había sido aprobada desde 2022 por la Unidad de Gestión de Machu Picchu, pero se aplazó durante varios años por decisiones administrativas y coyunturas del sector turístico.Ahora, con una recuperación sostenida del turismo internacional y una presión creciente sobre la infraestructura del parque, el Ejecutivo decidió activar el incremento para financiar:Conservación de senderos y zonas arqueológicasProtección de los ecosistemas naturalesMejoras en accesos y seguridad para visitantesGestión ambiental del área protegidaLas autoridades insisten en que Machu Picchu no puede seguir operando con los mismos ingresos mientras aumenta la demanda y el desgaste del entorno.Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es si el aumento se aplicará también a boletos ya comprados para los meses de junio y julio, cuando se concentra la mayor llegada de turistas.El Gobierno peruano confirmó que el tema sigue en evaluación, lo que ha generado inquietud entre viajeros que planificaron su visita con meses de anticipación y cerraron presupuestos bajo las tarifas actuales.Agencias de viaje recomiendan a quienes tengan entradas compradas verificar directamente con los canales oficiales cualquier cambio en las condiciones del boleto.
El programa del sábado 7 de febrero de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:En Orgullo País, se habló del emprendimiento de colombianos en Europa que busca acercar el café colombiano a nuevos públicos.En Un columnista nos contó, se habló de cómo los hijos con condiciones especiales suelen recibir opiniones o sugerencias bienintencionadas que, sin querer, pueden afectar a sus padres.En el Tema Central, se habló con Santiago Brand explicó cómo el cerebro responde al liderazgo, cómo enfrentar contratiempos y cómo estos retos pueden fortalecer al líder.En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre el mercado laboral.En historias de Viajes, se habló de la técnica de los interrogadores, llamada "elicitación".Escuche el programa completo aquí:
La Oficina de Gestión del Riesgo informó que las lluvias del fin de semana dejan emergencias en 13 municipios del Huila con deslizamientos de tierra en vías rurales, viviendas averiadas e inundadas por desbordamientos de fuentes hídricas, puentes vehiculares colapsados y cultivos de café destruidos.De acuerdo con el reporte oficial, en el municipio de La Plata se desbordó la quebrada La Azufrada y dejó más de cien viviendas inundadas en el barrio San Antonio con, al menos, 50 familias damnificadas quienes perdieron todos sus enseres, situación que obligó al alcalde municipal declarar la calamidad pública.“Tenemos afectaciones por vías terciarias obstruidas en los municipios de Oporapa y Saladoblanco, por inundaciones tenemos al menos 50 familias damnificadas en el municipio de La Plata, también tenemos emergencias en el municipio de Timaná donde colapsó el sistema de alcantarillado y dejó más de 20 viviendas inundadas y 10 locales de comercio en el casco urbano”, dijo Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina para la Atención de Desastres del Huila.Asimismo, los municipios de Saladoblanco, Elías, Íquira, Algeciras, Guadalupe, Agrado y Gigante han reportado múltiples deslizamientos de tierra que han generado cierres totales y parciales en vías departamentales y terciarias, afectando la movilidad de las comunidades campesinas. En Pitalito, varias viviendas resultaron afectadas por vendavales.Emergencias en La Plata, HuilaLa alcaldía municipal declaró la calamidad pública a raíz de las graves emergencias que provocaron el desbordamiento de las quebradas La Azufrada y Museñas, dejando más de 50 familias damnificadas con pérdida total de enseres y varios vehículos afectados por las inundaciones.El alcalde Camilo Ospina, con el apoyo de la Oficina de Gestión del Huila, los cuerpos de Bomberos de varios municipios, la Cruz Roja, la Defensa Civil, adelantaron el respectivo censo de las familias afectadas, viviendas averiadas tanto urbanas como rurales y un puente destruido por desbordamiento de la quebrada Museñas.Entre tanto, la administración municipal, con la ayuda del Gobernación del Huila, el sector comercio y entidades privadas entregaron alimentos y ayudas de primera necesidad como colchonetas, frazadas, cobijas, ropa a las familias que lo perdieron todo tras las inundaciones.Balance de emergencias 2026 en HuilaEn lo que va corrido del año 2026, la Oficina de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro de los municipios, reportan 117 familias damnificadas, 135 viviendas urbanas y rurales averiadas, tres sedes educativas afectadas, 99 deslizamientos de tierras en vías principales y terciarias.Según reporte del Ideam, en el Huila los municipios de Altamira, Garzón, Gigante, Paicol, Rivera, Guadalupe, Agrado, Saladoblanco, Elías, se encuentran en alerta roja por eventuales emergencias y deslizamientos de tierra, mientras que, en alerta naranja, están: Acevedo, Algeciras, Campoalegre, Hobo, La Plata, Nátaga, Palestina, Pital, Pitalito, San Agustín, Teruel, Tesalia, Yaguará e Íquira.
En medio de la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó una estrategia de atención reforzada para acompañar a las comunidades afectadas. La entidad desplegó 14 Unidades Móviles en nueve municipios, integradas por equipos de psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas que brindan atención directa, apoyo emocional y orientación a las familias. Este operativo se complementa con el uso de 18 vehículos institucionales para facilitar la llegada de la ayuda a las zonas priorizadas.Como parte de la respuesta en seguridad alimentaria, el ICBF dispuso 136.800 unidades de Bienestarina líquida y cerca de 1,3 toneladas de Bienestarina en polvo, con el objetivo de fortalecer la nutrición de niños, niñas y sus cuidadores. Además, la entidad ha garantizado la entrega de cerca de 40 toneladas de alimentos en 23 municipios priorizados y programó el envío de más de 19 toneladas adicionales al municipio de Tierralta.Con estas acciones, el respaldo nutricional alcanza cerca de 60 toneladas de ayuda, en una intervención sostenida que busca proteger a la niñez y apoyar a las familias en medio de la contingencia. El ICBF señaló que mantendrá la presencia institucional en el territorio para asegurar la continuidad de la atención integral durante la emergencia.
La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. Los delitos imputados son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso que involucra la acreditación de estudios que habrían sido utilizados para aspirar a un cargo en el Gobierno nacional.De acuerdo con la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, la investigación determinó que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, atribuidos a Guerrero, habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley. Estos documentos fueron registrados en el sistema oficial de empleo público en agosto de 2025.“Teniendo en cuenta, de acuerdo con la investigación, no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas a saber, por lo menos hasta la hora acreditado en la investigación. (…) Nosotros tenemos, pues lo que tiene que ver con la no expedición de la expedición del título, sino el lleno de registros en la universidad, a donde se hizo una inspección judicial para obtener los documentos que acreditara que efectivamente la persona, Juliana Guerrero, presentó, no reunía requisitos porque además de no asistir a la universidad”, dijo la fiscal.Inspección judicial y hallazgos de la investigaciónSegún la Fiscalía, durante una inspección judicial realizada en la universidad se recopilaron registros académicos y administrativos que indicarían que Juliana Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las evaluaciones necesarias para obtener los títulos. La entidad sostiene que, pese a ello, los diplomas fueron expedidos con fecha del 1 de julio de 2025.La imputación también alcanza al secretario general de la institución, señalado como el funcionario responsable de la expedición de los títulos por delegación del Ministerio de Educación. La Fiscalía investiga si existió participación directa en la elaboración o validación de documentos que no cumplían los requisitos legales.La Fiscalía anunció que solicitará medida de aseguramiento domiciliaria contra ambos imputados mientras avanza el proceso judicial. Un juez de control de garantías deberá evaluar la legalidad de la imputación y decidir si procede la restricción de la libertad.El caso tomó relevancia pública luego de que los títulos fueran utilizados para respaldar la aspiración de Guerrero a un cargo viceministerial. Posteriormente, la propia Fundación Universitaria San José anuló dichos diplomas tras concluir que no existía evidencia de actividad académica suficiente.Paralelamente, la representante a la Cámara Cathy Juvinao denunció que al menos 24 títulos expedidos por esa institución presentarían presuntas irregularidades. Según su informe, algunos graduados no habrían presentado la prueba estatal Saber Pro —requisito obligatorio— o lo habrían hecho después de obtener el diploma. La congresista solicitó investigaciones por parte del Ministerio de Educación, la Procuraduría y la Fiscalía.
Conmoción ha causado el crimen de Óscar Montilla Iriarte, concejal de Calamar, Bolívar, por el partido Liberal y reconocido comerciante al que delincuentes atacaron a tiros este lunes en el municipio de Soledad, Atlántico, al parecer, para obligarlo a pagar con su vida una millonaria extorsión a la que se habría negado.Esta primera hipótesis surge ya que la víctima, de 56 años, fue baleada en el interior de su negocio, una distribuidora de quesos al por mayor conocida como La Lira, hasta donde arribaron en taxi tres hombres armados, con la única intención de cometer el asesinato.Los asesinos dispararon en varias oportunidades y, una vez consiguieron ver a la víctima sin vida en el suelo, intentaron huir en el mismo vehículo de servicio público en el que llegaron, pero cuadras más adelante fueron interceptados por la Policía.Durante el procedimiento, según informó la Policía Metropolitana de Barranquilla, fueron capturados como presuntos responsables del crimen Diego Armando Olivares Amaya, Ronaldo Enrique González Cabello y Óscar Andrés Movilla Zanabria.A los capturados les hallaron una pistola 9 milímetros, un proveedor, cuatro cartuchos percutidos y cuatro más sin percutir, los cuales les fueron incautados junto al taxi, como elementos de prueba para esclarecer lo ocurrido.La Alcaldía de Calamar, a través de sus redes sociales, envió un mensaje de condolencias a familiares y allegados.Manuel Berdugo, también concejal y compañero de la víctima, contó que Montilla era un hombre emprendedor que mostró su compromiso con el Concejo hasta horas antes de su muerte."Lo último que supimos de él fue a través del grupo de WhatsApp que tenemos de la corporación del concejo. Ahí él escribió en horas de la mañana para sesionar y llegar temprano a la 1:00 de la tarde porque la sesión estaba prevista para las 2. Mencionó que tenía unas ocupaciones acerca del negocio del queso, como que iba a distribuir en unos barrios nuevos o algo así", contó Berdugo."Lo que hemos escuchado es que el caso pudo ser una extorsión, pero él en los 2 años que llevaba militando con nosotros nunca nos habló de ese tema, por el contrario, él decía: soy un hombre bendecido, a mí, gracias a Dios, ese tipo de personas no se me han acercado y no han llegado al negocio", recordó.
Manuel Riquet es el nombre del líder que resultó víctima de un ataque sicarial. El hombre, quien es el presidente de la junta de acción comunal del barrio Villa Soledad, estaba en su silla de ruedas a las afueras de su casa, en un sector conocido como El Bajito, cuando sicarios en moto le dispararon en varias oportunidades.Al parecer, el ataque iba dirigido contra otra persona que se encontraba junto a Riquet, sin embargo, todo es motivo de investigación para la seccional de investigación criminal de la policía.Por este ataque, la Alcaldía de Soledad convocó un consejo extraordinario de seguridad al tiempo que pidió a la Policía actuar de manera rápida para dar con los responsables. Por el momento, hay un ofrecimiento de una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quién de información.El coronel Edgar Andrés Narváez Solarte, comandante del Distrito N.° 6 – Soledad, pidió la colaboración de la comunidad para dar con los responsables."Invitamos a la comunidad a aportar información que nos ayude a esclarecer este crimen a la línea 123 y a la líneas contra el crimen 3178965523, bajo absoluta reserva", indicó el oficial. Riquet justamente había quedado en silla de ruedas, luego de sufrir una lesión en su columna en medio de un intento de atraco, hace varios años.
Un motín protagonizado por presuntos integrantes de las estructuras delincuenciales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ se registró hacia las 12:30 de la madrugada de este lunes en la Estación de Policía Norte de Barranquilla.De acuerdo con la información preliminar, varios de los detenidos prendieron fuego a colchonetas dentro de la carceleta, lo que generó momentos de tensión y obligó a la intervención inmediata de los uniformados y a pedir refuerzos para poder controlar la situación antes de que esta se saliera más de control.La revuelta dejó ocho privados de la libertad heridos, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica. Horas después, siete de ellos fueron dados de alta y retornaron a otros centros de detención transitorio, mientras que otro de los heridos, quien presenta una lesión de mayor gravedad, permanece hospitalizado en el Hospital Barranquilla.En esta estación de Policía permanecen entre 80 y 100 personas privadas de la libertad, en un espacio que funciona como centro de detención transitorio y que tiene un hacinamiento.Según las primeras hipótesis, la intención de los internos habría sido generar caos como parte de un plan para intentar fugarse. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y determinar si hubo coordinación previa para ejecutar la acción que finalmente no dejó presos fugados.
Un almacén de la ciudad de Montería disminuyó su actividad comercial para volcarse con los damnificados por inundaciones a causa de las fuertes lluvias que han azotado a Córdoba. En medio de la emergencia climática que golpea con fuerza a este departamento, el Gigante del Hogar protagonizó una hazaña de solidaridad que ha conmovido a la región. Ante la magnitud de las inundaciones, la empresa tomó la decisión radical de disminuir la operación de sus tiendas para poner a todo su personal y logística al servicio de quienes lo han perdido todo. El establecimiento comerciales decidió no rendirse ante la adversidad económica y, en su lugar, priorizar la ayuda humanitaria.Un equipo humano en las callesLa empresa dispuso de sus 12 colaboradores, quienes dejaron sus puestos habituales en las tiendas para convertirse en voluntarios en el terreno. La hazaña no solo ha consistido en el despliegue de personal, sino también en la entrega constante de comida, alimentos y mercancía de hogar (enseres) para las familias damnificadas.Ruta de la esperanzaLa labor de auxilio se ha extendido por puntos críticos del departamento, llegando a zonas como Puerto Escondido, Martinica, Morindó y diversos sectores de Montería. Esta acción ha sido calificada por los testigos como una muestra de la resiliencia de las personas ante la adversidad, demostrando que, más allá de las pérdidas materiales, la prioridad absoluta de este negocio ha sido la recuperación y el bienestar de su comunidad
Juan Acevedo, presidente encargado de la central hidroeléctrica de Urrá, ha desmentido categóricamente las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a la entidad de haber operado por encima de los niveles permitidos, contribuyendo así a las inundaciones en Córdoba. Según Acevedo, el mandatario nacional está haciendo eco de información, que, según él, es "falsa proveniente de redes sociales y grupos ambientalistas"."El presidente está haciendo eco a un escrito, a un audio de unos ambientalistas y eso es totalmente falso. Jamás violamos los niveles máximos permitidos que están regidos por algo que se llama curva guía máxima de operación. Ese audio habla de que Urrá, por la avaricia del dinero, elevó los niveles para tener agua, para vender energía, eso es falso, porque nosotros no incidimos en el precio final de ofertas, no tenemos cómo poner precio", afirmó Acevedo.Sobre la magnitud de las lluvias en Córdoba, Acevedo describió la situación climática como un evento sin precedentes históricos para el mes de febrero."Esto es una situación imprevisible, un hecho sobreviviente. El promedio esperado para el mes de febrero es de 121 m³ por segundo y hoy tenemos promedio de 1.547 m³ por segundo. Ha llovido tanto que si nosotros guardáramos esa agua tendríamos que tener el envase vacío. Ha llovido el equivalente a casi toda el agua embalzada en Urrá. Además. hay que decir que no hay declarada ninguna Niña para el mes de febrero, el cual siempre es un mes seco. Nosotros estábamos en los niveles permitido que nos permitían controlar las avenidas", indicó el presidente de la Hidroeléctria de Urrá.Sobre la responsabilidad y el papel de la hidroeléctricaFrente a las críticas de quienes lo perdieron todo por las inundaciones, Acevedo afirmó que este evento fue natural y no "fue responsabilidad de Urrá"."No se puede perder de vista que esto es un evento natural, no es un evento responsabilidad de Urrá. A nosotros nos pueden indagar todo el daño, pero este es un evento natural y no se le puede achacar a Urrá lo que está sucediendo de manera total. La central ha sido capaz de amortiguar el 97% de las crecientes que hemos tenido llegando al embalse desde que estamos en operación. A nivel de estructura existe cero riesgo. Las estructuras de la central son sólidas, son seguras", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Hasta las instalaciones de la Fiscalía, en el centro de Barranquilla, llegó este jueves Daysuris Vásquez junto con su abogado Alait Freja, para adelantar una diligencia de ampliación de denuncia en contra de Nicolás Petro y su abogado Alejandro Carranza por los delitos de "injuria, calumnia y hostigamiento".Los hechos guardan relación con un dictamen pericial que pretendía usar la defensa de Nicolás para demostrar una supuesta mendacidad crónica de Day Vásquez en el juicio que se le adelanta al hijo del presidente, prueba que el juez rechazó de plano al considerar que “resulta discriminatoria contra la mujer” y “repudia esta clase de dictámenes, más cuando en estos momentos se busca dignificar a la mujer en el proceso penal".Según el abogado Alait Freja, esta situación ha desencadenado, además, en ataques en redes sociales.“Estamos denucniando todo lo que se ha configurado a través de las redes sociales y que ha tenido que sufrir mi defendida la señora Daysuris Vásquez”, expresó el abogado Freja. Lo que pretendía el abogado Alejandro Carranza con el perfilamiento psicológico era demostrar en el juicio que Day, la principal testigo de la Fiscalía, no tenía coherencia en sus declaraciones.La diligencia de ampliación de la denuncia continuará el martes con el aporte de algunos elementos probatorios, señaló la defensa de Vásquez.
A tres días de las elecciones atípicas que definirán al nuevo gobernador del Magdalena, el clima político y de seguridad en el departamento es cada vez más tenso. Las autoridades confirmaron que habrá un refuerzo extraordinario de Policía y Ejército, en medio de denuncias por amenazas, constreñimiento al electorado y una confrontación abierta entre campañas que ha marcado el rumbo de esta contienda.La Policía Nacional anunció presencia en los 155 puestos de votación, vigilancia para más de 1.400 mesas, acompañamiento a zonas vulnerables y reacción rápida frente a delitos electorales. Por su parte, el Ejército Nacional, a través de la Segunda Brigada y el Batallón Córdoba, cubrirá 132 mesas en áreas rurales, donde se han advertido riesgos por la presencia de grupos armados.A este dispositivo se suma la llegada de delegados del Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, quienes estarán en el Magdalena hasta el 25 de noviembre para monitorear la jornada.Crecen las denuncias en la recta finalEl ambiente ya venía caldeado. La semana pasada, el exgobernador Carlos Caicedo denunció un supuesto “pacto criminal” para “robarse las elecciones”, involucrando al Clan del Golfo, los Pachenca, la Registraduría y la campaña del candidato Rafael Noya, lo que desató un huracán político.Noya respondió con una denuncia penal por injuria y calumnia, y negó cualquier nexo con grupos ilegales.Pero este miércoles, la candidata del partido Fuerza Ciudadana, Margarita Guerra, sumó un nuevo capítulo a la tensión electoral: denunció amenazas y constreñimiento a líderes de su campaña en varios municipios del sur del Magdalena.“No se ha podido abrir nuestra sede de campaña por el constreñimiento y las amenazas que están sufriendo nuestros líderes sociales por parte del Clan del Golfo (…) Están dando la orden de no votar por mí y de votar por el traidor del pueblo. Eso se llama constreñir”, afirmó Guerra desde Sabanas de San Ángel, municipio donde aseguró que el miedo está afectando la participación ciudadana.La candidata pidió garantías al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Defensa y a la Registraduría. “No podemos volver a la época del 2000, cuando los grupos al margen de la ley decidían quiénes eran los alcaldes o gobernadores”, dijo.El Comité de Seguimiento Electoral revisó, además, las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y discutió los posibles escenarios ante la decisión pendiente del CNE sobre tres solicitudes de revocatoria de inscripción contra igual número de candidatos.
Una estafa masiva, que afectó a 37 personas, es la que hoy están denunciando las comunidades educativas de tres colegios oficiales en el Atlántico, los cuales pagaron a un particular la suma de 40.404.000 pesos para enviar a sus semilleros de investigación a Brasil y participar en la COP30 de Belém do Pará, pero no alcanzaron ni a salir del país, porque el recaudador desapareció con el dinero.Los afectados son 23 estudiantes, 9 madres y padres de familia, y cinco docentes de la IED Técnico Bilingüe Jorge Nicolás Abello, en Barranquilla; del IE Tajamar de Soledad y del IET Comercial e Industrial de Palmar de Varela, quienes en virtud del Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima fueron invitados al encuentro internacional que se realizó entre el 7 y el 18 de noviembre.Según la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el docente Édgar Prieto Martínez, él compartió esta invitación en una reunión, pero los mismos padres de familia organizaron la logística, designaron a una madre como tesorera y esta, a su vez, consiguió a un supuesto trabajador de Avianca, quien se presentó como Daniel Alemán Acosta y solicitó el “pago adelantado de los tiquetes y otros gastos logísticos relacionados con el viaje, asegurando que dicha gestión garantizaba la participación del grupo en el evento internacional”.Los pagos se realizaron, pero a pocos días del viaje Alemán Acosta dejó de responder toda clase de llamadas y mensajes, los tiquetes nunca fueron entregados ni los fondos tampoco fueron devueltos, lo que impidió la asistencia de los estudiantes a la COP30 y derivó en una denuncia en contra de esta persona por el delito de estafa agravada y falsedad en documento privado."Mi hijo estaba incluido en ese grupo de niños que iban a ir, este era su regalo de cumpleaños y su fiesta iba a ser en Brasil. Otro niño también pensaba celebrar su cumpleaños con ese viaje, además de lo importante que es el evento para la parte académica, pero por motivos de esta estafa no pudieron ir y la plata se perdió", manifestó un padre de familia. La Secretaría de Educación de Barranquilla indicó que está acompañando a los padres en esta situación, pero aclaró, no obstante, que el viaje a Brasil iba a realizarse como una iniciativa propia de los estudiantes y sus padres de familia y no como una actividad oficial de los colegios, pues incluso desde el Distrito habían negado el permiso para asistir al evento a nombre de las instituciones o de la ciudad.
La recolección de objetos arqueológicos del Área Arqueológica Protegida del galeón San José continúa para la Armada Nacional, quienes desarrollaron una segunda operación, denominada Poseidón, para dar con nuevos elementos que permitan avanzar en el registro y la verificación del patrimonio que está en torno a la embarcación. Entre los elementos recuperados hay un cañón, una taza de cerámica y tres macuquinas, estas últimas equivalen a monedas hechas a golpes de martillo que solían utilizarse durante el siglo XVI. La extracción fue posible a través del uso de equipos robóticos que eran manejados de manera remota desde la superficie. La operación fue acompañada con especialistas en operaciones subacuáticas, quienes supervisaron el transporte adecuado hacia la superficie desde el fondo marino. "El despliegue contó con la participación de los Buzos de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional, especialistas en operaciones subacuáticas complejas, quienes ejecutaron las maniobras de observación, registro y verificación del contexto arqueológico y, además, fueron los encargados de realizar la extracción de los objetos mediante técnicas seguras y controladas", indicó la institución a través de un comunicado. Estos objetos serán sometidos a análisis arqueológicos y arqueométricos, para conocer sobre la historia en torno al uso que se realizó de los mismos, la procedencia y tener mayor proximidad al estado en el que se encuentra el Galeón San José. "El proyecto es liderado de manera conjunta por el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada de Nacional, la Dirección General Marítima y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH-. Con estas acciones, la Armada Nacional reafirma su compromiso con la protección, estudio y difusión del Patrimonio Cultural Sumergido, contribuyendo desde sus capacidades navales, científicas y humanas a la preservación de uno de los tesoros históricos más importantes del país", expresó la Armada.
La Procuraduría General de la Nación puso la lupa a la ocurrido en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla donde el pasado 2 de febrero delincuentes arrojaron un artefacto explosivo contra las instalaciones de la cárcel distrital El Bosque, de Barranquilla, dejando a dos guardias de seguridad heridos. En este sentido activó su función preventiva para tomar medidas frente a lo ocurrido. El ente de control señaló que este tipo de hechos impacta la seguridad pública y la convivencia ciudadana, además de generar posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, del personal que labora en el centro penitenciario y de los residentes en sectores aledaños.Con esta actuación, lo que busca el Ministerio Público es verificar las acciones desplegadas por las autoridades distritales competentes, así como prevenir posibles transgresiones a derechos fundamentales y que se promuevan medidas institucionales que permitan anticiparse ante nuevas situaciones de riesgo.En el marco de esta función preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla envió requerimientos formales a las secretarías distritales de Gobierno y Salud, así como a la Oficina de Seguridad y Convivencia, con el fin de conocer las acciones adoptadas frente a lo ocurrido.
El departamento de Córdoba enfrenta una de las crisis climáticas más severas de su historia reciente. En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador Erasmo Zuleta describió un panorama desolador, calificando la situación como un hecho sin precedentes que ha dejado a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad extrema. Según el mandatario, las lluvias torrenciales han impactado a 24 de los 30 municipios del departamento, afectando a más de 45,000 familias y sumando un total de más de 120.000 personas damnificadas.Magnitud de la tragedia y balance de dañosEl reporte entregado por el gobernador detalla que las inundaciones han alcanzado a más de 200 barrios, 300 veredas y 100 corregimientos. La capital, Montería, es una de las zonas más críticas, con al menos 13 barrios totalmente inundados. Más allá de los daños materiales, la pérdida de vidas humanas y de sustento económico es alarmante: se reportan aproximadamente cuatro o cinco personas fallecidas, una cantidad incalculable de animales muertos y la pérdida de más de 40.000 hectáreas de cultivos.En cuanto a la infraestructura física, el balance es crítico. El gobernador informó sobre afectaciones en más de 70 vías principales y más de 60 puentes en todo el departamento, además de la destrucción parcial o total de varias instituciones educativas.Una "tormenta perfecta" climatológicaZuleta explicó que Córdoba fue víctima de lo que los expertos denominan una "tormenta perfecta", resultado de la convergencia de dos eventos climáticos simultáneos: un frente frío proveniente del Caribe y un fenómeno atmosférico de la Amazonía que cruzó hacia la región andina. Esta combinación provocó que en tan solo dos o tres días cayeran más de 250 mm de agua, volumen equivalente a lo que normalmente llueve en dos meses de temporada invernal.Ante las teorías que sugieren que el manejo de la hidroeléctrica de Urrá es el principal responsable de las inundaciones, el gobernador pidió evitar controversias innecesarias. Aclaró que, si bien los niveles de los ríos Sinú y San Jorge han aumentado, esto se debe a descargas naturales y lluvias intensas en toda la cuenca, no solo a la represa. "No es momento para señalamientos, es momento para unirnos", enfatizó.Llamado urgente al Gobierno nacionalEl mandatario cordobés hizo un llamado respetuoso pero firme al presidente Gustavo Petro para que haga presencia en el departamento junto con todo su gabinete. Aunque ha mantenido comunicación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Ministerio de Transporte, Zuleta insiste en que la magnitud del desastre requiere un plan de reactivación económica y reconstrucción de infraestructura liderado directamente por el Gobierno Nacional.Solidaridad regional y estado de las evacuacionesA pesar de la tragedia, el gobernador destacó la tremenda ola de solidaridad que ha recibido de alcaldes de ciudades como Cartagena, Barranquilla y Medellín, así como de otros gobernadores del país. Empresas privadas también se han sumado, facilitando el transporte de ayudas hacia Montería.Actualmente, aunque el sol ha empezado a salir en algunas zonas, las autoridades mantienen la alerta. Zuleta instó a las comunidades ribereñas de municipios como Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica y San Bernardo del Viento a evacuar de manera preventiva, ya que los niveles del río Sinú podrían seguir aumentando debido a las lluvias registradas en el Alto Sinú. Escuche aquí la entrevista:
El Pacto Histórico tiene oficialmente inscritos a sus candidatos por el Atlántico con miras hacia la Cámara de Representantes, pese a que el pasado jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió la posibilidad de una revocatoria por dudas en el orden propuesto inicialmente por la coalición.Este proceso se atañe a la reclamación realizada por la ciudadana Diana Karina Amaya, la cual buscaba que en el diseño de la lista se respetaran los resultados de la consulta realizada en 2024. No obstante, a pesar de que el Consejo tenía lista dicha revocatoria, esta nunca fue notificada a la Registraduría.El candidato Jaime Santamaría confirmó que estuvieron muy pendientes hasta la noche de este domingo para hacer los ajustes, pero el fallo en su contra nunca apareció.“Estuvimos desde las 4:00 de la tarde acá en la sede de la Registraduría con la delegación departamental encargada de recibir a las diferentes listas y candidatos con algún tipo de reclamación. Teníamos una del CNE desde el jueves para hacer unas modificaciones; sin embargo, nunca tuvo un fallo definitivo. Es decir, no tuvo una decisión debidamente ejecutoriada”, dijo inicialmente a Blu Radio.“Estuvimos esperando a que el CNE fallase, a favor de nosotros o no, pero, repito, nunca llegó la notificación del fallo, por lo cual sigue la lista tal cual se escribió el 6 de diciembre del año anterior”, agregó.Del mismo modo, Santamaría defendió que, ante los argumentos del reclamo, como la no presencia de Antonio Bohórquez al obtener una cantidad considerable de votos, dijo que esta persona renunció a su candidatura y que los ajustes entre las candidatas 4 y 6 se debieron al conteo de unos sufragios que en el preconteo no se tuvieron en cuenta.“Para el CNE, Antonio Bohórquez no debió ser excluido de la inscripción definitiva, pero lo que no entienden es que, tal como lo dice el E6, que es el primer formulario de inscripción, él no aceptó su candidatura. En el cambio del segundo punto, se ignora que después hubo proceso de escrutinio, en el cual varias de esas cifras del preconteo cambiaron. Nataly (Álvarez) recuperó unos votos y Cindy (Vides) perdió otros”, señaló.Así las cosas, la lista será integrada —y en ese orden— por Jaime Santamaría, Andrea Vargas De la Hoz, Yeiner Ángulo González, Nataly Alba Álvarez, Eloy Soto Rivero, Cindy Carolina Vides y Tomás Manuel Ramos Quiroz.En total, fueron demandadas 15 listas a la Cámara de Representantes en todo el país, incluyendo en ese grupo a la del Atlántico por el Pacto Histórico.
Hasta seis meses podría tardar el departamento de Córdoba para volver a su realidad económica luego de superar este frente frío que ha generado emergencias e inundaciones en todo su territorio, desde la semana anterior.Así fue confirmado por el director de Fenalco Córdoba, Luis Martínez García, quien dice que las autoridades tendrán que sostener económicamente durante ese tiempo a más de 20.000 familias de zonas rurales y urbanas, por lo que es importante la ayuda que pueda entregar el Gobierno Nacional.“Este tipo de eventos catastróficos en una tierra agrícola y ganadera pueden demorar entre cuatro y seis meses en reconstruir su modelo habitual de economía. ¿Eso qué implica? Estamos viviendo una situación atípica por lo que se está presentando y que rebasó todos los límites y la capacidad que tiene el departamento de Córdoba de levantarse rápidamente”, declaró a Blu Radio.Martínez señala que la falta de productos agrícolas se empieza a sentir en los comercios y que este tipo de fenómenos traen primero una crisis en la que se busca preservar la vida y luego viene otra asociada más a lo económico, social y ambiental.“Claro, tenemos problemas: yuca, ñame, plátanos, carne, porque hemos perdido, o más bien tengo conocimiento de que hay más de 2.500 reses desaparecidas. El ganado ha tenido que ser trasladado porque no tiene cómo alimentarse. Seguramente vamos a ver especulación de precios en carnes, será más costoso y no es culpa del productor”, agregó.Del mismo modo, recuerda que Córdoba no solo abastece agrícolamente a su gente, sino a varios municipios de Colombia, por lo que en el ojo del huracán también están algunas empresas que desde inicio de año ya sufrían con el aumento del salario mínimo en el país.Lo que sí se destaca desde Fenalco es que muchos empresarios están ayudando con donaciones, tanto con bienes necesarios como en efectivo.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, elevó un clamor al Gobierno Nacional y, más puntualmente, al presidente Gustavo Petro para que se presente en este territorio y respalde los esfuerzos que se hacen para superar esta emergencia por fuertes lluvias que tiene sumido al departamento.El mandatario publicó un video en sus redes sociales en el que muestra las fuertes imágenes que ha dejado el paso del frente frío por el Caribe; asimismo, mencionó a Petro, diciendo que esta también era su tierra, haciendo referencia a que el jefe de Estado es oriundo de Ciénaga de Oro.Para Zuleta Bechara es importante no solo superar estas emergencias, sino avanzar en un gran programa de reactivación económica.Pues dice que hay miles de familias que lo perdieron todo, especialmente campesinos, que hoy requieren apoyo para volver a sembrar, producir y sostener a sus hogares.“Estamos enfocados en atender a los damnificados y proteger la vida. Con la ayuda de todos los organismos de socorro, la CVS, la fuerza pública y los alcaldes municipales, no vamos a bajar la guardia. Seguimos trabajando sin descanso desde el territorio y desde el PMU departamental las 24 horas del día con toda la capacidad institucional”, manifestó el gobernador.El mandatario adelantó en las últimas horas un recorrido por la capital del departamento, donde inspeccionó las obras de contención del río Sinú que se vienen ejecutando como medida de mitigación ante el aumento de los niveles del afluente y el riesgo de desbordamiento que afecta a distintos sectores en la capital, Montería.Otras emergenciasEn estos momentos está cerrado el paso desde Montería hacia Puerto Rey, población ubicada en los límites entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, debido a los daños que causaron las fuertes lluvias en el puente Jalisco, a la altura del municipio de Las Córdobas.La recomendación de las autoridades es evitar transitar por el sector mientras un equipo técnico especializado evalúa las condiciones de la estructura, debido a que este tramo en específico no tiene rutas alternas.Al mismo tiempo, hasta el sitio llegará el gobernador Erasmo Zuleta, teniendo en cuenta que es el segundo puente que colapsó en menos de una semana, estando el otro ubicado en Canalete.“Es importante que, por favor, nos miren como municipio, que acá la gente los está necesitando, que necesitamos soluciones definitivas e inversión, porque la verdad esto es con inversión. Sí, la Alcaldía de Canalete puede hacer lo que está a su alcance, pero esto ha desbordado todas las capacidades que tiene la administración municipal. Realmente son inversiones cuantiosas y necesitamos su ayuda”, declaró Yeis Lenis Simanca, alcaldesa de Canalete, especificando que hay más de 8.000 familias afectadas.Así las cosas, tanto los municipios de Canalete y Las Córdobas, con sus respectivos corregimientos, están incomunicados y bajo riesgo de más emergencias por inundaciones.
Este domingo llegará hasta Montería el primer camión de ayudas humanitarias desde Cartagena, donde su alcalde, Dumek Turbay, decidió colaborar con el envío de alimentos y colchonetas. Dichas ayudas coinciden con la evacuación inmediata que fue ordenada desde las autoridades de esta ciudad hacia las viviendas ubicadas entre las carreras 7W a 9W.Para ser más claros, estos son al menos 13 barrios que componen el llamado margen izquierdo del río Sinú y cuyo riesgo de inundación se aumentó en las últimas horas por el colapso de su sistema de alcantarillado.Esta zona primaria de evacuación comprende los barrios: El Tambo, El Rosario, Alboraya, Campo Alegre, El Campano, Casita Nueva, Las Viñas, Villa Real, El Amparo, Puente No. 2, Río de Janeiro, Rosario y Magdalena.“La decisión se adopta como medida preventiva para salvaguardar la vida de las familias que residen en esta zona, donde se registra un aumento del caudal que podría generar desbordamientos hacia áreas habitadas”, se lee en un comunicado de la administración.Sobre la carrera 9W, considerada vía principal del sector, se adelantan labores de construcción y elevación de jarillones, así como un muro de contención para mitigar el avance de las aguas hacia estos sectores; por tal motivo, esta vía se encuentra restringida, además de ser un punto de alto riesgo para la circulación debido a su cercanía con el área que podría inundarse. La restricción permite el movimiento de maquinaria pesada y el desarrollo seguro de los trabajos de obra y mano de obra comunitaria.“Empiecen sacando primero a sus hijos y esposas, llevándolos a un lugar seguro. Primero es la vida. Esta es una situación muy seria, así que agradezco inmensamente el trabajo que cada uno de ustedes está haciendo. De verdad que cuando me bajé del carro y vi a todo el mundo luchando contra el agua, me llené de emoción y me llené de ganas de seguir”, expresó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, en horas de la madrugada.El mandatario explicó que hubo un rompimiento de la carretera entre Las Palomas y Guasimal, que permitió el ingreso de grandes volúmenes de agua a la Ciénaga de Martinica, inundando a más de siete sectores de Montería, por lo que la tarea es evitar que esas aguas se unan al caudal del río Sinú.Para esto, se solicitará al Gobierno mayor presencia de la Defensa Civil y la Cruz Roja.