El reconocido pelotero cartagenero Giovanny Urshela ha denunciado públicamente un hurto millonario ocurrido en su vivienda, ubicada en el norte de Barranquilla. De acuerdo con las fuentes, los delincuentes aprovecharon un momento en que la casa se encontraba sin nadie dentro para ingresar y sustraer diversos objetos de valor.Entre las pertenencias robadas se encuentran joyas y otros elementos costosos. Más allá de la pérdida material, Urshela manifestó su preocupación por la vulneración de su espacio personal, relatando con angustia que los asaltantes "se metieron al cuarto donde duerme con su esposa e hija"."El turno fue para mí hoy en la ciudad de Barranquilla, donde la delincuencia tocó mi casa". Afortunadamente estábamos por fuera de la casa. Delincuentes se aprovecharon para entras a la casa e ir directamente al cuarto donde duermo con mi esposa e hija para llevarse joyas y objetos de valor que, sumando todo, es una alta cantidad monetaria", escribió en su cuenta de Instagram el reconocido pelotero.Asimimo, invitó a sus seguidores a siempre estar pendiente de lo suyo y de quienes entran a sus casas."Aprovecho para decirles que siempre estén pendiente de todo y de cada persona que los rodea que el más cercano es el que puede estar haciéndote daño". Ya estamos trabajando para la recuperación de lo robado", finalizó.
Aunque las 53 mujeres asesinadas este año en el Atlántico representan una disminución con respecto al 2024, donde 77 de ellas perdieron la vida, despierta preocupación en la comunidad el incremento de feminicidios que en 2025 subió de 11 a 13, aún con días para finalizar el calendario.Por estos motivos, líderes sociales como Ruth Pareja, de la red de mujeres por el Atlántico, insisten en medio de mesas de trabajo, con la Gobernación y la Policía, en la creación del primer observatorio de crímenes contra la mujer, que sería importante para identificar eventuales víctimas y posibles feminicidios.“Desde las mesas de trabajo se hicieron sugerencias y se ratificó la importancia de crear el observatorio con articulación de la institucionalidad. Ese proyecto tiene que ir mucho más allá de las cifras, porque allí debemos articularnos con todas las instituciones y mirar desde esas cifras las mujeres que están en un alto riesgo de vulnerabilidad o en tentativa de feminicidio”, introdujo Pareja.“Esa es la intención de pedir un observatorio. Ir monitoreando los casos desde las comisarías de familia, también desde el ICBF con los niños que están en hogares donde hay una violencia intrafamiliar. Eso es lo que le estamos pidiendo a la Secretaría de la Mujer, a la Policía Púrpura, al gobernador (Eduardo Verano), Procuraduría y Fiscalía”, agregó.Del mismo modo ante las autoridades fue presentada por Pareja la propuesta de crear una plataforma de movilidad solo para mujeres, en pro de reducir los abusos de conductores en 2026.“Una plataforma donde solo las mujeres sean las conductoras. Esa debe ser una articulación con el Distrito de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el sector privado. Muchas mujeres han sido violentadas en los servicios públicos, cuando por medio de plataforma piden un servicio”, remarcó.Finalmente, con miras al próximo año, la líder de esta organización considera que debe crecer el compromiso de las autoridades con la reducción de estos delitos y que la Procuraduría debe vigilar a los funcionarios que no lo hagan.“Debe crecer el compromiso en la agenda de mujeres. Sigue fallando la articulación, hay negligencia desde las entidades, entre esas de la Fiscalía. Sobre ellos recae toda la responsabilidad para que los hechos salgan adelante, que se haga justicia y no queden en la impunidad”, culminó.Denuncia Ruth Pareja que durante el 2025 se evidenciaron casos cuya judicialización no tuvo muchos avances, derivado de cambios de fiscales y trucos de los abogados para lograr beneficios por vencimiento de términos.
Movilizar a más de 750.000 pasajeros es la meta trazada desde la Terminal de Transporte de Barranquilla para este año 2025, lo que estarían encaminados a cumplir teniendo en cuenta que en estos momentos han sido transportados más de 400.000 personas en alrededor de 10.000 despachos contando desde el 12 de diciembre.Dice el gerente de esta terminal, Jorge Camargo, que solo este fin de semana pronostican el paso o llegada de 60.000 pasajeros, por lo que la recomendación es viajar con la mayor antelación posible.“Este fin de semana después del 24 (de diciembre) es de alto flujo. Debe movilizarse por lo menos 60.000 personas, desde el viernes hasta el lunes. Baja un poquito el lunes y repunta martes y miércoles”, dijo inicialmente.“Nuestra gran temporada, en realidad, empieza en Navidad y se extiende hasta el 12 de enero. Primero la gente trata de compartir en sus lugares de trabajo o de familia, luego empiezan viajes de diversión o reencuentro de familia después del 24 de diciembre. Reitero, estamos en nuestro máximo punto de operación”, agregó."Barranquilla y el Atlántico se han convertido en un destino turístico, así que esperamos a todas las personas que vengan a visitarnos. Los que quieran transportarse con seguridad y con garantía de un buen servicio desde la Terminal de Transporte”, añadió.Los destinos favoritos, según el gerente Camargo, siguen siendo las ciudades con playa como Cartagena y Barranquilla. Luego de ellos, siguen Maicao, Riohacha, Bogotá y Medellín.Asimismo, anunció que se han adelantado adecuaciones en baños y plataformas de llegada y, hasta se instaló un coworking para los que no puedan dejar de trabajar.Los niños y niñas menores de siete años de edad, por instrucción de Supertransporte, deben viajar con su registro civil a la mano y acompañado de sus padres. De no ser posible, necesitarán una autorización expresa.
Una inversión de al menos 8.100 millones de pesos de parte del Ministerio de Educación estaría próxima a llegar a las arcas de la Universidad del Atlántico en el 2026, según lo anunciado por su rector encargado, Rafael Castillo Pacheco, a través de las redes sociales.La buena noticia fue confirmada por el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, luego de una junta enmarcada en el proceso de vigilancia que hoy se adelanta sobre esta alma mater.Así las cosas, $6.800 millones serán llevados hacia programas de gratuidad, mientras que los otros $1.300 millones los invertirán en la terminación de proyectos como la sede en el municipio de Soledad y el teatro de Bellas Artes.“El viceministro Ricardo Moreno nos hizo importantes anuncios: $6800 millones de pesos de recursos de gratuidad, que destinaremos, para programas de bienestar de estudiantes; $1300 millones para terminación de teatro de Bellas Artes y continuidad en proyecto de sede Soledad”, fueron las palabras que escribió Castillo en su plataforma de X.Hay que recordar que la Universidad del Atlántico reanudará sus clases presenciales el próximo 15 de enero para terminar el segundo semestre académico de 2025, el cual había sido suspendido en octubre por los mismos estudiantes, en medio de las protestas contra el Consejo Superior tras la escogencia de Leyton Barrios como rector.Basado en el cronograma oficial, las clases se extenderán hasta el 24 de enero, para luego dar paso a los exámenes finales entre el 26 y el 31 de enero, y cumplir con los supletorios desde el 27 de enero hasta el 2 de febrero.Las habilitaciones tendrán lugar entre el 3 y 4 de febrero, al tiempo que el periodo académico 2025-2 tiene previsto cerrarse de forma definitiva el 6 de febrero.Rafael Castillo manifestó en una entrevista con Blu Radio que las directrices que recibió desde el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.
En desarrollo de operaciones militares, soldados de la Décima Cuarta Brigada, junto con la Policía Nacional, realizaron cinco diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, las cuales dejaron capturados a alias de 'Yupi' y 'Julián', los cuales tenían orden judicial y otro hombre en flagrancia. Además, en el procedimiento fue aprehendido un menor de edad.De acuerdo con las investigaciones, los capturados pertenecen a una estructura delincuencial al servicio del Clan del Golfo y serían los responsables del tráfico de estupefacientes y de homicidios selectivos en diferentes sectores del municipio. Asimismo, registran anotaciones judiciales por delitos como extorsión, homicidio, amenazas, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, entre otros.Al respecto se refirió el teniente coronel Germán René Martínez Campos, comandante del Batallón de Ingenieros Ferroviarios N.°56."Realizaron tres capturas por orden judicial y la aprehensión de un menor de edad en el barrio Los Naranjos y la Vereda Grecia, en el municipio de Puerto Berrío. Estas capturas se realizan afectando directamente la estructura pacificadora del Samaná del Clan del Golfo, directamente, el componente criminal focalizado, 'Los Porteños', que delinquen dentro de nuestra jurisdicción", indicó.Durante las diligencias las autoridades logró la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta Remington, un arma artesanal, 35 cartuchos, cinco proveedores, sustancias estupefacientes, tres teléfonos celulares y un radio de comunicaciones.Por lo pronto, estas personas deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros.
Recientemente, las redes sociales estallaron luego de que una mujer contara su historia de desamor a través de un video publicado en TikTok. La anécdota, narrada con un tono coloquial y directo, provocó risas, sorpresa y también un debate inesperado entre los usuarios, que no tardaron en replicar el clip en distintas plataformas.El video, protagonizado por una mujer que aparenta ser paisa y que usa un lenguaje espontáneo, se viralizó en cuestión de horas y empezó a circular con fuerza en redes como Instagram y X. Su manera de contar lo ocurrido, sin filtros y con mucho desahogo, fue clave para que miles de personas se sintieran identificadas o, al menos, entretenidas con la historia.El video viral que desató risas y comentarios en redesEn el clip, la mujer relata que estaba saliendo con otra joven, a quien describe, con acento paisa, como “una chimbita más linda”. Según cuenta, ambas se identificaban como lesbianas y llevaban un tiempo conociéndose. En plena temporada navideña, decidió preguntarle qué quería de regalo y le aseguró que le compraría lo que pidiera.La respuesta fue la que marcó el inicio del desconcierto. La joven le pidió una pañalera, una bicicleta de bebé y un bolso para bebé. Al preguntarle por qué tantos artículos, recibió como explicación que eran para una hermana que estaba esperando un hijo. Confiada en esa versión, la mujer accedió a comprar los regalos sin sospechar nada más.Sin embargo, la historia dio un giro cuando revisó los estados de WhatsApp y descubrió que la mujer con la que estaba saliendo era, en realidad, quien estaba embarazada. El hallazgo la dejó en shock y dio paso al momento más comentado del video.“Yo quedé con cara de payasa”: la frase que se volvió tendencia“Me la preñaron. ¿No que era lesbiana pues? Yo quedé con cara de payasa”, dice en el video, una frase que se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos y comentados. La mezcla de ironía, rabia y humor fue suficiente para que miles de usuarios reaccionaran, comentaran y difundieran la historia.En redes sociales, muchos tomaron el relato como una situación particular y graciosa, destacando la naturalidad con la que la mujer cuenta una experiencia incómoda y dolorosa. Otros aprovecharon el video para abrir debates sobre las relaciones, la honestidad y las expectativas. Lo cierto es que, sin proponérselo, la protagonista convirtió su desahogo en uno de los relatos más virales de los últimos días.
La violencia sacudió al área metropolitana de Bucaramanga tras registrarse tres homicidios en menos de 24 horas, dos de ellos en el mismo barrio, sobre la misma calle y con apenas 35 minutos de diferencia, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.El primer caso ocurrió el 27 de diciembre, hacia las 8:15 de la noche, en la calle 31 del barrio La Cumbre, en Floridablanca. Allí fue asesinado Pablo Javier Gómez Tabarquino, de 34 años, quien se encontraba en la verja de una vivienda cuando fue abordado por dos hombres en motocicleta. Tras una breve discusión, uno de los atacantes sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar, la víctima llevaba apenas tres días en el sector, donde había alquilado una habitación.Solo 35 minutos después, hacia las 8:50 de la noche, se registró el segundo homicidio, también en la calle 31 del barrio La Cumbre. La víctima fue identificada como Junior Antonio Galíndez González, de 31 años, quien se encontraba frente a su residencia cuando fue atacado por dos sujetos en motocicleta que le dispararon sin mediar palabra. Galíndez González falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. En ambos casos, las autoridades manejan como principal hipótesis un sicariato por ajuste de cuentas, dado los antecedentes de las víctimas.El tercer hecho fue registrado hacia las 12:10 de la madrugada, en el sector Las Delicias – Puerto Madero, municipio de Piedecuesta. Allí fue asesinado Gustavo Armando Durán Jaimes, de 33 años, cuando se encontraba sentado en una acera.Según testigos, una motocicleta blanca con dos hombres llegó al lugar y uno de ellos descendió para dispararle en repetidas ocasiones. Aunque la comunidad lo trasladó a la Clínica de Piedecuesta, la víctima llegó sin signos vitales. En este caso, las autoridades investigan una posible riña e intolerancia social como móvil.La Policía Metropolitana adelanta operativos en los dos municipios mientras analiza cámaras de vigilancia y recolección de pruebas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
Disturbios que terminaron en un incendio al interior de la institución el pasado 9 de Diciembre, hizo que la Procuraduría General de la Nación, en las últimas horas, anunciara que asumirá el indagar el manejo de procesos disciplinarios relacionados con temas de contenido sexual y acoso en el contexto laboral que se denunció en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín.A través de la circular 06 de 2025 expedida por la entidad, el jefe del Ministerio Público ejerció el poder preferente para tramitar este caso, que indicó se abordará de manera prioritaria y revisará posibles inconsistencias en el manejo de procesos de acoso en esta institución educativa pública.Y es que en su momento, incluso, circularon panfletos dentro del campus universitario señalando al presidente de Asinserpol, Juan Carlos Jaramillo, como quien estaría detrás de los señalamientos. Este se defendió, en ese entonces, indicando que las fuertes acusaciones que se están haciendo en su contra se trata de un "entrampamiento por parte de un sector de los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid".Algunos versiones conocidas de manera extraoficial dejan en evidencia que, al parecer, en la oficina en donde ocurrió el incendio era el lugar donde reposaban algunas de las pruebas como fotos de mujeres, material en donde habría menores de edad e, incluso, información relevante de varios estudiantes, por lo que en forma de protesta los encapuchados habrían encendido el fuego para quejarse por la supuesta poca respuesta institucional ante las denuncias.Por lo pronto, la Procuraduría solicitó información al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en etapa de juzgamiento, confirmando que actualmente la institución de educación superior tramita un proceso que cumple los lineamientos y sobre el cual se profirió un fallo de primera instancia.Recompensa por desmanesEl hecho en donde 10 personas encapuchadas encendieron fuego dentro de una oficina del Politécnico no solo causó indignación en Antioquia, en su momento, sino que generó que el gobernador Andrés Julián Rendón anunciara una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar el paradero de los responsables de la conflagración y otras alteraciones al orden público en instituciones como la Universidad de Antioquia.En el cartel están las imágenes de encapuchados que ya han sido identificados por las autoridades con los alias de ‘Chiqui’, ‘More’, ‘Manu’, ‘Flaco’, ‘Ratón’, ‘Jhon’, entre otros.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció una revisión técnica y preventiva de los contratos que se manejan en la dirección regional Atlántico, con el fin de descartar posibles casos de corrupción y garantizar el buen uso de los recursos públicos.Por estos motivos, la entidad decidió asumir de manera temporal la autorización de los gastos en esta jurisdicción desde sus directivas nacionales. Una función que quedará en manos de la subdirección general y la Secretaría General hasta el próximo 31 de enero de 2026, según lo establece la Resolución 7924, expedida el pasado 22 de diciembre.El ICBF explicó que esta medida busca fortalecer los controles administrativos y asegurar que los recursos destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes sean manejados correctamente.“En el marco de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y protección de los recursos públicos, el Bienestar Familiar viene adelantando una revisión técnica y preventiva de los procesos contractuales que apoyan la gestión institucional y el funcionamiento administrativo de la dirección regional Atlántico”, apuntaron en su comunicado.Además, la entidad invitó a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a reportar cualquier irregularidad a través de la línea anticorrupción y el correo institucional dispuesto para ese fin.“El Instituto invita a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a mantener una participación activa, responsable y preventiva frente a cualquier situación que pudiera poner en riesgo la adecuada gestión administrativa, utilizando los canales institucionales dispuestos para recibir reportes o alertas: línea gratuita anticorrupción 01 8000 91 80 80 y el correo electrónico anticorrupcion@icbf.gov.co”, se puede leer.Finalmente, el Instituto recordó que todos sus trámites son gratuitos y que no se necesitan intermediarios para acceder a los servicios del Bienestar Familiar.
El turismo en Barranquilla sigue creciendo y sumando récords, sobre todo alrededor del Gran Malecón del Río, cuyo corredor turístico tuvo 111.300 visitas solo durante las celebraciones navideñas de 24 y 25 de diciembre.Esta cifra representa un aumento de 48,4% en el número de visitantes, teniendo en cuenta que en 2024 el lugar fue recorrido en esta misma fecha por unas 75.000 personas; es decir, que este año 36.300 personas más llegaron a este atractivo turístico de la ciudad.“La cifra también refleja el crecimiento sostenido de visitantes debido al impacto positivo de su oferta recreativa, cultural, deportiva y gastronómica, especialmente en fechas especiales como la Navidad”, afirmó la Alcaldía en un comunicado.Y es que recorrer el Gran Malecón es una experiencia que combina múltiples planes en un solo lugar. A lo largo de sus 5,5 kilómetros, desde el sector Puerta de Oro hasta Jardín del Río, los visitantes pueden disfrutar de la brisa del río Magdalena, caminar o hacer deporte al aire libre, compartir en familia y deleitarse con una variada oferta gastronómica.Reporta la administración distrital que el gran éxito se debe a la Luna del Río, el nuevo atractivo turístico de este lugar en el que se puede lograr una vista 360 de la ciudad y del río Magdalena, pero por lo menos durante esta época primero hay que entrar en sus largas filas.El Malecón cuenta con cuatro unidades funcionales diseñadas para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas. Sus espacios incluyen parques infantiles, zonas para mascotas, áreas de picnic, plazoletas para eventos, activaciones culturales y zonas gastronómicas con cocina local, nacional e internacional.Gracias a su completo equipamiento, el Gran Malecón ofrece escenarios ideales para la práctica deportiva y el esparcimiento. Entre sus espacios se destacan: canchas de fútbol, voleibol y fútbol playa, canchas de básquet y gimnasios biosaludables.Otra de los espacios novedosos es el Skatepark, una zona destinada exclusivamente para la práctica de deportes como skateboarding, BMX freestyle y roller freestyle, permitiendo la realización de acrobacias, trucos y maniobras, tanto para quienes inician su formación, como para los avanzados que podrán perfeccionar su técnica.Uno de los atractivos más utilizados es la ciclobanda, que inicia en el sector gastronómico y está destinada exclusivamente para el uso de bicicletas, patines y patinetas, permitiendo recorrer el Malecón de forma segura y organizada.
Bajo el yugo de la violencia dicen estar los miembros de la comunidad indigena Wiwa, presentes en los alrededores de la Sierra Nevada en jurisdicción de Riohacha, en La Guajira, y quienes denunciaron el vil asesinato del líder José Miguel Mojica Conchangui mientras compartía con su esposa e hijos.En un comunicado, compartido luego por la defensora del pueblo, Iris Marín, es rechazado este crimen en el que José Miguel al parecer fue ultimado en la vereda La Mucura, de la jurisdicción mencionada, por integrantes de un grupo armado todavía no identificado.Allí indican reportes que estuvo sin vida durante varias horas, pues su cuerpo solo pudo ser levantado cuando sus homicidas se marcharon del lugar.La comunidad Wiwa exige la implementación de la alerta temprana emitida por la Defensoría, en la que se advierte un grave enfrentamiento territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, al tiempo que temen por un desplazamiento forzado que pueda provocar esta violencia.“El pueblo indígena Wiwa que habita en el territorio ancestral y tradicional de la línea negra resguardo Kogui-Malayo- arhuaco ha vivido históricamente sumergido bajo el yugo de la violencia en su propio territorio desde hace varios años, con pleno conocimiento de las instituciones del estado colombiano, tal como lo evidenció la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, es evidente la vulneración de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, lo cual podría generar una crisis humanitaria y el desalojo por desplazamiento forzado de los habitantes de nuestras comunidades y territorios”, expresa la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrya Tairos en un comunicado.“El territorio del pueblo Wiwa sufre las afectaciones, los impactos, daños por la presencia de los actores armados que someten a nuestras comunidades bajo el miedo, desconfianza y señalamiento, irrumpiendo la tranquilidad, la armonía comunitaria social y la pérdida de la gobernabilidad, el conocimiento y la sabiduría cultural que está en cada uno de nosotros. La naturaleza se enlutece por la pérdida de padres y madres que dejan a hijos huérfanos, mujeres viudas y hombres viudos, tragedia que sufre el corazón del mundo”, agregan.La Defensoría advirtió que son un total de 21 municipios los que están en riesgo por “la intensa y escalada disputa por el dominio de territorios estratégicos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)”.Para la vertiente norte de la SNSM: Santa Marta (Distrito), en Magdalena, y Riohacha y Dibulla, en La Guajira; para la vertiente occidental: Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en Magdalena, y El Copey y Bosconia, en Cesar; para la vertiente suroriental: El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar, y San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en La Guajira.
Oficialmente los coches de tracción animal en el centro histórico de Cartagena tienen los días contados. A través del Decreto 2296 de 2025, la Alcaldía de Cartagena prohibió la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico a partir de este 29 de diciembre, y de esta forma pone fin a una pratica que durante años ha generado controversias por las múltiples denuncias de maltrato y las largas jornadas a las que son expuestos los caballos.Asimismo, el Distrito oficializó este lunes 29 de diciembre como la fecha en la que empezarán a circular los coches eléctricos que remplazarán definitivamente los tradicionales coches halados por caballos.El jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía de Cartagena, Milton Pereira, señaló que este decreto además busca evitar el monopolio de privados en este proceso de transición.“Esta normativa no solo marca el inicio oficial de la era de la movilidad sostenible en el Centro Histórico, sino que la ciudad reafirma su compromiso con la protección animal, a través de un modelo contrario al suplicio que, por años, padecieron nuestros caballos, estableciendo un marco legal robusto para impedir el avance de monopolios privados y garantizar que la transición beneficie a los actores tradicionales del sector”.El funcionario además explicó que que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) será el encargado de regular las rutas y horarios de los coches que aún operen fuera del perímetro amurallado.“Se prohibió la circulación de vehículos de tracción animal, es decir de las carrozas de tracción animal en el centro histórico, correspondiéndole a las autoridades de tránsito definir otras zonas turísticas para efectos de la operación de este tipo de vehículos. El alcalde mayor de Cartagena el 29 de diciembre tiene los mecanismos para que puedan andar los coches de carrozas eléctricas en nuestro centro histórico”, sostuvo.“No se permitirán coches piratas”: DistritoEn días pasados el alcalde Dumek Turbay anunció que el tope máximo de coches eléctricos que podrán operar en el centro histórico es de 62, y que este es el mismo número de vehículos que fue adquirido por el Distrito para el proceso de su sustitución animal.De acuerdo con el Decreto 2258, este número además corresponde exactamente al número de coches tradicionales censados y registrados en la ciudad.Sobre quiénes serán los encargados de manejar los coches eléctricos, la Alcaldía indicó que “los actuales cocheros, tras un proceso de concertación y capacitación, accederán al uso y goce de estas carrozas a través de un ‘instrumento económico territorial’. No obstante, la ley es clara: los beneficiarios no podrán vender, ceder, alquilar ni gravar estas carrozas”.Estos nuevos coches, que mantienen el color y prototipo de los tradicionales al estilo colonial, son impulsados por un banco de baterías, cuentan con asientos traseros hasta para 6 personas, sistemas de registro y monitoreo, y hasta una radio con una pantalla de 9 pulgadas.A su vez, ha detallado el Distrito, el sistema integra una estación de intercambio de baterías con carga fotovoltaica (solar) de 150 kWp que asegura que la operación sea carbono neutro. Cada unidad cuenta con GPS para monitorear en tiempo real que se cumplan las rutas y horarios establecidos; al tiempo que se habilitará un motocarro-taller eléctrico exclusivo para atender cualquier eventualidad técnica en las calles del Centro Histórico.Las carrozas estarán equipadas con terminales POS para facturación electrónica.
A la espera de ser presentado ante un juez se encuentra Carlos De La Cruz Silvera, el hombre que en las últimas horas se entregó a las autoridades que lo requerían por la brutal agresión que habría cometido contra su esposa y madre de sus dos hijos, en el municipio de Baranoa, Atlántico.De acuerdo con la denuncia, a la cual tuvo acceso BLU Radio, Liseth Barrios Monterrosa era sometida a constantes maltratos, tanto así que ella tuvo que pasar la reciente celebración de Velitas en el presente mes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por el ataque que sufrió, al parecer, a manos de su pareja, quien no solo le causó una herida en el rostro, sino que le provocó una grave lesión por la que fue necesario extraerle el bazo.Antes de esta golpiza, según se lee en la denuncia, la víctima también había sufrido quemaduras en el cuello, luego de que su esposo, hoy capturado, al parecer la atacó con un cigarrillo encendido.Barrios, de 32 años, ahora intenta recuperarse de la cirugía a la que debió ser sometida, mientras su esposo deberá enfrentar a la justicia por el delito de tentativa de feminicidio, en un caso que es atendido por agentes del CTI de la Fiscalía Sabanalarga.En aquella ocasión reportaron las autoridades que la víctima tuvo que esperar a que Carlos De La Cruz se quedara dormido para poder escapar de su casa y pedir ayuda junto con sus dos hijas de 13 y 4 años.De hecho, su judicialización ya había sido pedida por la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno: "Esta pareja venía presentando ya violencia de género desde hace bastante tiempo, pero las rutas de atención están débiles. La policía había ido allí, pero no había resuelto en la situación. Hoy Elizabeth Barrios se encuentra bastante grave y todavía no le da orden de captura al agresor. Por eso yo le estoy pidiendo a las autoridades que generen los cargos por tentativa de feminicidio por la gravedad de los hechos", fueron las palabras que dijo en su tiempo.
A inicios de la próxima semana, por orden de la Gobernación del Atlántico, quedaría en firme la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, en respuesta a la solicitud enviada por la Contraloría Departamental que avanza en su investigación contra el mandatario por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de los recursos públicos.Explicó a Blu Radio el secretario jurídico departamental, Rachid Náder, que un funcionario de esa Alcaldía deberá ponerse al frente, mientras que el gobernador Eduardo Verano define quien será el indicado para tomar las riendas del municipio por los próximos tres meses o hasta que culmine el proceso de control fiscal.Aclaró Náder, al igual que la Contraloría, que esta suspensión tendría un carácter temporal y preventivo, más no sancionatorio, por lo que no podrá extenderse más allá de su periodo de mandato legal.“Nosotros como Gobernación no tenemos incidencia dentro del proceso de carácter fiscal que está dando la Contraloría Departamental. Lo que recibimos por parte de esta última fue una solicitud de suspensión del alcalde (José Elías Chams) como medida provisional mientras se desarrolla el proceso de investigación. No es una sanción que se está imponiendo, sino una medida dentro del caso que se adelanta”, introdujo.“Lo que nos corresponde es hacer efectiva la solicitud de la Contraloría, proceder al encargo de un funcionario de la Administración Departamental de la Alcaldía y solicitarle terna al partido que avaló al alcalde, para así designar una persona por el tiempo que dure la suspensión, todo ello de acuerdo con la ley 136 de 1994”, agregó.Hay que remarcar que la Contraloría Departamental del Atlántico solicitó al gobernador Eduardo Verano De la Rosa la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, para proteger, dicen ellos, la investigación que hay en su contra.Cabe aclarar que, esta semana, la Contraloría emitió un fallo sancionatorio por cerca de $12 millones contra el alcalde de Sabanalarga por no entregar oportunamente los documentos con los que se revisaría su gestión financiera.Por ejemplo, hay proceso de responsabilidad fiscal en su contra por $4.241 millones en la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdis, entre otros proyectos.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector de la Seccional Atlántico, William Fernando Orlando Jaiquel, por presuntamente engañar a la entidad con una falsa condición para que su cargo fuera excluido de los puestos ofertados en el concurso de méritos 2024.El funcionario deberá responder por el delito de fraude procesal tras ser señalado de haber acreditado ser padre cabeza de familia, a través de una declaración jurada, para que su empleo como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado no entrara en la convocatoria pública.De acuerdo con la investigación, "el entonces director seccional no era padre de familia y habría presentado información contraria a la realidad para hacer incurrir en error a los servidores del área administrativa de la Fiscalía que finalmente excluyeron su cargo del concurso de méritos. En ese sentido, obtuvo un beneficio indebido".El procesado no aceptó el cargo en su contra y, en diálogo con BLU Radio, afirmó que "jamás" presentó información que "no fuera cierta y verificable"."Jamás dije ser padre cabeza de familia en mi declaración, ni soltero. Solo manifesté la dependencia económica de mi hijo y el pago de sus estudios. Esto es un ataque de mis detractores de la dirección y asumiré con responsabilidad mi defensa", aseveró.
La intolerancia sigue cobrando vidas. En plena celebración de Nochebuena, una discusión terminó en tragedia en el barrio Arroz Barato, en el sur de Cartagena.En medio de una discusión entre varias personas, en plena vía pública, un hombre sacó un arma de fuego y disparó contra Jhon Jairo Ángulo, un ayudante de obra de 40 años, causándole la muerte.En el mismo hecho, una joven de 23 años y un niño de tan solo 7 años, que se encontraban en el lugar, resultaron heridos.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el agresor, quien fue capturado tras el hecho, disparó en varias ocasiones, causando la muerte de la víctima.“Se habría presentado una discusión entre varias personas que se encontraban departiendo, donde el hoy capturado dispara en varias ocasiones contra el hoy occiso. De forma colateral, una mujer de 23 años y un menor de 7 años resultaron con una herida en la pierna, quienes se encuentran fuera de peligro y recuperándose en un centro asistencial”, indicaron.Durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre en Cartagena se registraron dos muertes por riñas y se atendieron más de 25 casos.“Durante Nochebuena y la madrugada del 25 de diciembre se atendieron más de 300 llamadas a la línea de emergencia 123 por diferentes motivos. Entre ellas, 25 por riña y 11 por perturbación a la tranquilidad, reportando una disminución en estos comportamientos respecto al año anterior”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.Estas cifras, de acuerdo con la Policía, representan una reducción del 74 % en lesiones personales, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Los tradicionales carruajes con caballos quedarán prohibidos a partir del 29 de diciembre en Cartagena, joya turística de Colombia, informó el alcalde local el viernes.Conocida por su centro histórico amurallado y su arquitectura colonial, la ciudad caribeña tuvo por décadas como uno de sus símbolos los carruajes tirados por caballos para pasear turistas a lo largo de las calles empedradas. Pero activistas por los derechos de los animales han denunciado que estas jornadas provocan lesiones, estrés y colapsos por agotamiento en los animales."Bajo ninguna circunstancia permitiremos ninguna forma de maltrato animal", dijo el alcalde Dumek Turbay en X.El gobernante prohibió por decreto y "bajo cualquier concepto o finalidad, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico" de esta ciudad de casi un millón de habitantes.Turbay también anunció que en Cartagena circulará un "primer lote de coches eléctricos", regulado por la alcaldía y con un tope máximo de 62 carrozas."NO habrá espacio para carruajes eléctricos 'piratas'", añadió.El gremio de cocheros ha manifestado su inconformidad, y cuestiona no haber sido tenido en cuenta para la implementación de la nueva medida.En el pasado el Congreso ha debatido sin éxito proyectos de ley para prohibir los vehículos de tracción animal, por considerarlo maltrato.En mayo de 2024 los legisladores prohibieron las corridas de toros a partir de 2027.
La Sala Especial de la Corte Constitucional, que le hace seguimiento a la sentencia T-302, que busca garantizar la vida de la población wayúu de La Guajira, le hizo reparos por bajo cumplimento a las acciones del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria de la niñez guajira."Muy pero muy corto, no han cumplido, esa es la palabra, no ha cumplido el Gobierno nacional, no ha solucionado el tema alimentario de fondo, los niños se siguen muriendo por desnutrición y el abandono sigue, es decir, le ha quedado corto al Estado esta problemática de la sentencia T-302", dijo Eudes Romero, líder social de la comunidad Villa Fátima, ubicada en zona rural de Riohacha.Lo que dice la CorteSegún la Corte Constitucional, hay desequilibrio entre las acciones del Gobierno nacional y los municipios para garantizar la seguridad alimentaria. No hay un plan para superar el asistencialismo y las inversiones hasta ahora reportadas no han garantizado la seguridad alimentaria de los niños."No es mentira que nuestros niños cada día se mueren de hambre y sed por el abandono estatal, no es mentira cuando la Corte Constitucional determina que estamos en una crisis humanitaria", explicó José Silva, director de la ONG de Derechos Humanos 'Nación Wayúu'.El gobernador de La Guajira creó el fondo de seguridad alimentaria con el que han entregado más 400 toneladas de alimentos en la alta Guajira, pero dice que necesita más apoyo del Gobierno nacional."El llamado es clave, es avanzar en temas estructurales, la importancia de las vías y fortalecer el fondo de seguridad alimentaria que el año pasado logramos constituir en el departamento, los esfuerzos son necesarios para atender en el menor tiempo posible las necesidades de nuestra gente", dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.La Sala de la Corte calificó de "inadmisible" que, tras siete años de notificada la sentencia, todavía la cifras de niños con desnutrición y de mortalidad infantil no hayan cedido considerablemente.
Un preocupante caso de fraude en el sistema de salud fue denunciado ante la Fiscalía por la EPS Cajacopi, quién detectó que una de sus afiliadas intentó adquirir medicamentos de alto valor sin que estos fueran prescritos por un médico.El hecho ocurrió en el municipio de Soledad, Atlántico, y ha encendido las alarmas sobre un posible cartel dedicado a cometer fraudes con la falsificación de fórmulas médicas en otras regiones del país.Según la EPS, la mujer con el documento falso, solicitó la entrega de 270 esporas de bacillus, las cuales son utilizadas para restaurar la flora intestinal en pacientes con alteraciones gastrointestinales, cuyo valor oscila entre los $6 millones de pesos. Millonario valor del medicamentoAdemás buscaba que le entregaran cuatro jeringas de etanercept, un medicamento inmunosupresor indicado para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. El valor de las cuatro jeringas está alrededor de los 12 millones de pesos.El gerente general de Cajacopi EPS, Roberto Solano Navarra, indicó que la mujer falsificó la fórmula médica para hacer creer que había sido atendida el 7 de junio pasado en su IPS local ordenándose los medicamentos."El intento de fraude fue detectado gracias a la verificación conjunta entre nuestro operador farmacéutico y el equipo técnico de Caja Coppel EPS que contrastó la información con la institución de salud supuestamente emisora de la orden médica. La investigación confirmó que la consulta y la prescripción nunca ocurrieron, lo que evidencia un intento de engaño al sistema", informó Solano. Cajacopi EPS interpuso denuncia formal por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, estafa agravada y concierto para delinquir, solicitando que se investigue a fondo y se identifique a todos los responsables.En respuesta al caso, la EPS anunció que implementará la presentación obligatoria del documento de identidad original como nuevo requisito para la entrega de medicamentos en toda su red. Esta medida busca prevenir la suplantación de identidad y evitar que fármacos lleguen a personas no autorizadas o con fórmulas falsas.
Un singular episodio durante una misa dominical en la ciudad de Cartagena le está dando la vuelta al país en redes sociales. En un video quedó registrado el momento en que en medio de la homilía de la eucaristía del pasado 17 de agosto en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del barrio Bocagrande, una niña aseguró que lo que más dividía al país era el presidente Gustavo Petro.En las imágenes, que rápidamente se iniciaron virales, se ve como el sacerdote empieza a preguntarle a un grupo de niños qué es lo que más divide a una Nación, a lo que una niña respondió el dinero. Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención, e incluso causó aplausos en el recinto religioso, fue la de una niña de aproximadamente 9 o 10 años que dijo, sin titubear, que el presidente PetroLa respuesta tomó por sorpresa a los asistentes y al mismo párroco que cerró la intervención asegurando que “esto no es apto para políticos”, al tiempo que hacía una gesto de cerrar la boca.En diálogo con Blu Radio, el sacerdote Enán Humánez explicó que cada domingo abre un espacio para que los niños reflexionen y aporten su punto de vista acerca de las enseñanzas del evangelio, y que no solo lo tomó por sorpresa la respuesta de la niña sino todo el revuelo que se ha generado por el video.“Después de la homilía, que es la explicación del evangelio, siempre les hago una pregunta, entonces yo le pregunté a ellos que era lo que nos dividía, primero a nosotros como personas, a lo que los niños respondieron el pecado, el egoísmo, después les pregunté que los dividía como familia y ellos dijeron que el internet, no compartir, el pelear entre ellos y pelear con los hermanos, y después les pregunté qué nos divide como país, como Nación, y dijeron la guerra, el dinero, y la niña dijo que Petro. Obviamente nosotros no nos esperábamos esa respuesta y fue una sorpresa”, aseguró.A su vez, el sacerdote Humánez señaló que cada domingo esta eucarística es transmitida a través de redes sociales, y que de ahí que la respuesta se haya popularizado.El párroco también aprovechó para enviar un mensaje al país para dejar atrás el odio, la guerra, y buscar la unidad de todos.“Este año, en la iglesia estamos celebrando el jubileo de la esperanza. Necesitamos que la palabra la desármenos, que seamos un instrumento de paz para los demás, que donde hay odio reine la compresión, siempre ponernos en los zapatos de los demás antes de juzgarlos, y sobre todo, buscar la unidad en medio de todas las diferencias que pueden existir por nuestros pensamientos, raza, religión, lo que sea, pero que siempre busquemos la unidad”, agregó.Vea el video aquí:
Varios son los cuestionamientos que rodean la decisión de la jueza Amalia Rondón Bohórquez, quien el pasado 14 de agosto ordenó suspender la realización de la prueba escrita que más de 100.000 personas tienen prevista realizar este domingo, debido a que admitió una tutela a favor de un ciudadano que reclamó ser tenido en cuenta, pese a no llenar el total de requisitos sobre experiencia laboral. En un oficio enviado el 19 de agosto a la juez por parte de Carlos Humberto Moreno, subdirector nacional de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía, solicita a la togada que se declare impedida para tomar una decisión en este proceso y que, en contraparte, levante la orden de suspensión impartida. En detalle, presenta que Rondón Bohórquez se inscribió al concurso para ser tenida en cuenta en la asignación de más de 4.000 puestos en la entidad, pero que fue inadmitida por no tener el total de los requisitos de la experiencia laboral, según los requerimientos establecidos para este concurso. Lo anterior sería un dato menor, de no ser porque esta es la misma situación que presenta Nelson Uribe Martínez, el tutelante, a quien le admitió el proceso, por lo que consideran que una decisión en sentido favorable "conllevaría directamente a un interés particular sobre el estado actual de la doctora Amalia". "Puede apoyar de manera indirecta a futuras demandas y requerimientos en su caso particular. Por lo anterior y ante la similitud fáctica del caso del accionante con la juez de conocimiento no es posible para la judicatura garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia de las actuaciones judiciales por parte del funcionario judicial de conocimiento", indica el documento. La polémica genera amplias discusionesLa sola organización de las pruebas, que se adelantarán en las 32 ciudades capitales del país, ha requerido la inversión de $5.000 millones de pesos, según cifras de la Fiscalía.
A través de una medida provisional de suspensión, la jueza Amelia Rondón, del juzgado de circuito laboral 9 de Barranquilla, posterga la realización de las pruebas escritas que estaban previstas para el próximo 24 de agosto en todo el país, en medio del concurso al que más de 100.000 personas aspiran a 4.000 empleos en la Fiscalía General de la Nación. Esto se da a partir de una admisión que realizó la jueza a una tutela presentada por Nelson Uribe Martínez, un ciudadano que aspira al proceso y que no fue aceptado para presentar la prueba, debido a que la Universidad Libre, que es el operador a cargo de la organización del concurso, consideró que su experiencia en docencia universitaria no era equiparable a la experiencia como abogado que se solicitaba en la convocatoria. De acuerdo con lo que falló la jueza Rondón, las pruebas no podrán ser realizadas hasta que "se profiera un fallo de fondo de la presente acción", es decir, hasta que la Universidad Libre responda a la tutela presentada por Uribe Martínez. Pese a que este fallo fue el pasado 14 de agosto, hasta el momento se desconoce si ya hubo una respuesta, pues por lo pronto está suspendida la realización de la prueba escrita. Vale la pena mencionar que este concurso está siendo organizado desde marzo pasado, en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, para que se regularizará la contratación del personal que desde hace años trabajaba en calidad de provisionalidad. Para esto fue habilitada una etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, para lo que los aspirantes debían presentar documentos que acreditara su experiencia, siendo que el pasado 13 de agosto fue publicada la lista de los preelegidos.
Luego de que dos turistas mexicanos denunciaran que fueron víctimas de una estafa y un cobro casi extorsivo durante un paseo a la isla de Tierrabomba, en la zona de Cartagena, las autoridades distritales anunciaron una serie de medidas para poner en “cintura” a los operadores turísticos involucrados en este desafortunado hecho.Tras identificar a los tripulantes de la embarcación en la que se habría obligado a pagar $1.800.000 pesos a los turistas bajo la amenaza de no regresarlos a la orilla, la Secretaría de Turismo reportó el cobro irregular ante la Casa del Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio, logrando la suspensión inmediata del datáfono utilizado en el establecimiento de comercio.Asimismo, la embarcación involucrada en el hecho fue reportada ante la Dirección General Marítima, con el fin que se establezca si cumple con toda la documentación requerida para su operación marítima.Devolvieron parte del dineroPor su parte, la Secretaría del Interior dio a conocer que los cuestionados operadores devolvieron parte del dinero que fue cobrado a los turistas, exactamente 800 mil pesos. Sin embargo, no se ha informado aún que pasa con el resto del dinero.“No vamos a permitir que malas prácticas empañen la imagen de Cartagena ni pongan en riesgo la seguridad de quienes confían en nuestra ciudad como destino turístico. Actuaremos con toda la contundencia de la ley frente a estos hechos”, señaló Teremar Londoño, secretaria de turismo de Cartagena.Cabe recordar que la promesa de una tarde de playa en una isla paradísiaca, se convirtió en una pesadilla digna de una película en altamar para dos turistas mexicanos este fin de semana en Cartagena.Según el relato de los visitantes, todo inició cuando se encontraban en las playas de Bocagrande y fueron contactados por dos operadores turísticos que les ofrecieron llevarlos a una playa en la isla de Tierrabomba, en donde solo debían pagar por el consumo que hicieran en el lugar, y el transporte de la lancha cuyo valor era de 80.000 pesos ida y regreso.Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, y justo cuando venían de regreso a la ciudad tras permanecer una hora y 30 minutos en una playa conocida como ‘Paraíso de sol’, en pleno viaje en la mitad del mar y bajo amenazas, los conductores de la embarcación y otras tres personas que se subieron a la misma, les obligaron a pagar $1.800.000 por el supuesto uso de las instalaciones de la playa. Algo que, aseguran, nunca estuvo pactado en la negociación inicial.“De repente en medio de altamar apagaron motores y uno de ellos empezó a decirnos que pagáramos la visita de la isla, que habíamos hecho uso de las instalaciones y de todos los club de playa de la isla de Tierrabomba, el cual tenía un costo de 1,800,000 pesos, al cual nosotros nos opusimos al desconocer esto desde un inicio (…) Prácticamente nos estaban diciendo que nos iban a dejar bajar, se pusieron muy agresivos, sino le pagamos esa suma”, contó en diálogo con Blu Radio, Gretel Miranda, la mexicana afectada.Estamos entregando todo el material a la Fiscalía: PolicíaEntretanto, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que una vez los turistas interpusieron la denuncia se activó el protocolo para este tipo de casos, y que todo el material probatorio está en este momento en manos de la Fiscalía.“Inmediatamente conocida la denuncia, la Policía Nacional empieza la ubicación de la embarcación, lo cual fue imposible. Al otro día, sin embargo, el dueño de la embarcación se presenta ante las autoridades, juntos a las otras dos personas, que a través de la denuncia están siendo caracterizadas. En este momento se tienen identificadas unas personas y por supuesto la Policía Nacional está dejando a disposición de la Fiscalía General de la Nación, todo lo que hemos tenido conocimiento, a través de la denuncia para hacer una ampliación de la misma”, detalló el general Gerlver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.