La salida de Jorge Lemus de la Dirección de Nacional de Inteligencia no dejaría en el limbo el avance de las conversaciones entre el Gobierno y los líderes de las bandas 'Los Pepes' y 'Los Costeños', pese a que hay tensión en el proceso por la suspensión de unos recientes traslados que iban a ser realizados a la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Así lo reveló Lemus en entrevista en Mañanas Blu, quien explicó que las mesas exploratorias continúan. "Eso sigue. Se están haciendo todas las cuestiones logísticas para la reunión que se tiene que hacer antes del 20 de enero antes que se acaba la tregua que ellos tienen. Eso sigue", explicó. Al respecto, manifestó que fue él quien solicitó la suspensión de los traslados que iban a iniciar el pasado 10 de enero, de un grupo inicial de 14 personas, entre las que se encontraba Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', y Ober Ricardo Martínez, alias 'El Negro Ober'. "Nosotros les dijimos que íbamos a hacer un proceso con ellos e íbamos a llevar a algunos privados de la libertad que estaban en diferentes cárceles del país para sentarnos con el gobierno Distrital y el gobierno departamental del Atlántico, pero los empezaron a trasladar desde el Inpec. Entonces yo me atreví a escribirle al del Inpec que no los trasladaran, que los dejaran quietos mientras hacíamos el traslado correspondiente que todavía no es", explicó el director saliente quien se quedará al frente de la UIAF. Manifestó que el traslado no debe involucrar a los 45 reclusos que solicitaron los líderes de estas bandas. Que puede ser un número inferior.
El incremento en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional no solo golpea al sector financiero, sino también al trabajo de resguardo de animales que se realiza en el Zoológico de Barranquilla, donde tuvieron que incrementar el precio de las entradas para este nuevo año.Farah Ajami, directora del zoológico, expresó que este año el aumento de las entradas subió un 20% dado que su operación depende principalmente del salario y no del IPC.“Tenemos una gran cantidad de personal operativo que es el que cuida a los animales y los atiende, hace la rutina de limpieza, de alimentación. Además de eso, pues tenemos otros gastos que se ven afectados por el incremento del salario mínimo como vigilancia, aseo, jardinería, mantenimiento”, expresó en medio de su entrevista.Así las cosas las entradas pasaron de costar 30 mil a $36.900 para los niños que midan entre 80 y 150 centímetros y para adultos de $35.000 a $42.900.Esta operación es permanente e independiente de que el Zoológico esté abierto o no al público, porque implica el cuidado diario de 700 seres vivos. A esto se suman otros costos también presionados por el aumento salarial, como vigilancia, y un mantenimiento cada vez más costoso, debido a una infraestructura con más de 70 años de antigüedad.Del mismo modo, la directora Farah Ajami especificó que necesitan un impulso en las visitas que diariamente reciben en estas instalaciones, puesto que el 70% de su sostenimiento depende de ello. Por estos motivos, no miran con malos ojos una reubicación urgente del zoológico, pues es un proyecto que lleva años discutiendo.Afirma Ajami que aunque “hoy funciona como un gran parque y pulmón verde para Barranquilla al estar en un entorno urbano”, no tienen posibilidades de expansión.Desde tiempos anteriores a la pandemia, este lugar estaba acostumbrado a recibir cerca de 305.000 visitantes anuales, sin embargo con el pasar del tiempo los rublos bajaron hasta 143.000, siendo más grave el último año donde hubo solo 134.000 que llegaron hasta este punto.
Un joven remitido a una Unidad de Cuidados Intensivos en un centro asistencial de la ciudad y otro a la espera de una operación fue el saldo que dejó en las últimas horas el ataque con piedras hacia un bus afiliado a la reconocida empresa Tecnoglass en BarranquillaEl acto vandálico protagonizado, según conoció Blu Radio, en la noche de este martes por un adulto que transitaba por la zona, también dejó daños en las ventanas de este vehículo.“Barro, lo partieron. Veníamos ahí en la ruta en la vía y le tiraron un peñonazo al chico. Y acá otro señor nos dice que eso lo andan haciendo. Le partieron la cabeza, tiene tremenda herida en la cabeza”, se puede escuchar en uno de los tantos videos que se ha hecho viral por las redes sociales.Los hechos tuvieron lugar debajo de un puente ubicado en la Avenida Circunvalar con carrera 38, mientras que hasta el momento solo uno de los empleados fue identificado como Giovanny Martínez.La Policía Metropolitana está al frente de la situación, al tiempo que la comunidad pide un refuerzo de la seguridad para esa zona que usualmente es bastante oscura.Otro atentado Precisamente, en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla está la investigación con la que se busca esclarecer el intento de asesinato perpetrado este miércoles contra el conductor de un carro particular en el suroccidente de la ciudad, hechos que dejaron además una segunda víctima herida que caminaba por la zona.Reportaron las autoridades que el episodio sucedió puntualmente en inmediaciones al barrio La Alboraya, por lo que ambos fueron trasladados hacia el Paso Murillo y en estos momentos se avanza en sus procesos de identificación.Al parecer, los sicarios —que hoy son buscados por investigadores de la Policía— interceptaron al vehículo en una moto de alto cilindraje y, al ver que impactaron a una persona que no era su objetivo, huyeron del sitio.Del mismo modo, aún no son de conocimiento las motivaciones detrás de este atentado.
El pasado fin de semana, el gobierno no solo tenía lista la resolución del Inpec con la que autorizaba el traslado de Jorge Eliécer Diaz Collazos, más conocido como ‘Castor’, líder de la banda Los Costeños y la de Ober Ricardo Martíenz, alias ‘El Negro Ober’, quien lidera la facción de ‘Los Rastrojos Costeños’; sino también la de 12 miembros más de la banda ‘Los Costeños’.Estos traslados, sobre los que poco o nada sabían las autoridades en Barranquilla, fueron acordados posterior al cese al fuego anunciado por parte de estas bandas en septiembre pasado, para que un total de 45 miembros de ‘Los Costeños’ y siete de ‘Los Pepes’, incluyendo sus líderes, fueran conducidos a la Penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico, desde donde liderarían diálogos en aras de avanzar en el desarme de más de cuatro mil personas que hacen parte de sus estructuras criminales. Gran parte de estos traslados fueron comprometidos para ser realizados antes del 20 de enero, fecha en la que se previó instalar una mesa de diálogos formal en la ciudad de Barranquilla, para llevar a acabo este plan de desarme.El aplazamientoEl viaje de este primer grupo de 14 personas, según conoció Blu Radio, estaba coordinado para ser realizado el pasado sábado 10 de enero. Para esto ya se encontraban en la ciudad de Bogotá estos reclusos, desde donde iban a ser trasladados en una avioneta hacia Barranquilla, para posteriormente ser conducidos a la penitenciaría referida.Sin embargo, debido a trámites administrativos ligados con la operación aérea, este viaje fue modificado para el martes 13 de enero, día en el que finalmente no se pudo realizar el traslado debido a que 24 horas antes fue entregada una orden de suspensión para el proceso mismo.Uno de los nombres que iba a estar ausente en el manifiesto de aquel vuelo era el de Digno Palomino, quien no habría cumplido con un compromiso previo ante la Dirección Nacional de Inteligencia de explicar lo que haría en Barranquilla como parte su aporte al control de la criminalidad. Esto habría implicado un estancamiento en su proceso, el cual se preveía que avanzara posterior al traslado del primer grupo. Blu Radio conoció que la suspensión de esta medida de traslado, que fue solicitada por Otty Patiño, generó tensión en el Gobierno nacional, por lo que este miércoles fueron citados varios funcionarios al Ministerio de Justicia para definir el futuro de este proceso que hace parte de la llamada Paz Total. CifrasDe acuerdo con la defensa realizada por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, el cese al fuego permitió reducir los crímenes en Barranquilla. "'Los Pepes' y 'Los Costeños' acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida", indicó en su cuenta de X.
La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la banda criminal autodenominada 'PPP' (Por el Pueblo y para el Pueblo) confirmó nuevos detalles sobre su presunto financiamiento, estructura y vínculos con personas relacionadas con el ELN, así como su participación en actos de vandalismo y terrorismo en sectores aledaños a universidades públicas de Bogotá.De acuerdo con el ente acusador, esta organización estaría dedicada a promover y ejecutar manifestaciones violentas, bloqueos y ataques con artefactos explosivos improvisados, entre ellos bombas incendiarias y las denominadas “papas bomba”, con especial afectación al sistema de transporte TransMilenio y a la seguridad de decenas de ciudadanos. Según la Fiscalía, parte de los recursos utilizados para estas actividades ilícitas habrían sido enviados desde Medellín, con el propósito de financiar la logística y la fabricación de los artefactos.Durante las diligencias de judicialización, la fiscal del caso expuso el presunto modus operandi del grupo y la forma en la que se camuflarían dentro de las instituciones educativas para evadir a las autoridades. “Ustedes presuntamente utilizarían guantes de carnaza para manipular los elementos peligrosos. Una vez hayan realizado esas conductas delictivas, ingresan nuevamente a las instituciones educativas para cambiarse y así no ser detectados por las autoridades”, señaló la funcionaria judicial.La investigación sostiene que los integrantes de esta red se refugian en universidades públicas de la capital, aprovechando la masividad y el flujo constante de estudiantes. En ese contexto, la Fiscalía indicó que la organización habría cambiado de nombre de manera reiterada para dificultar su identificación. “Este grupo presuntamente estaría siendo financiado por personas con vínculos con el ELN, y constantemente ustedes cambian su nombre como organización. A lo largo de la investigación se han hecho llamar FEC (Frente Estudiantil Clandestino), ‘Los Nadie’, ‘Los Arruera’ y, por último, ‘PPP’, para así lograr evadir la administración de justicia”, afirmó la fiscal.Según el ente investigador, al menos 11 personas se habrían concertado para conformar una sociedad criminal con vocación de permanencia, con roles definidos y participación en por lo menos 15 eventos violentos. Estos hechos, de acuerdo con la Fiscalía, no fueron aislados, sino coordinados y planificados para generar caos y temor en la comunidad.Uno de los elementos más graves revelados en el proceso es la presunta relación directa con estructuras guerrilleras. La fiscal explicó que para asegurar la financiación y el aval de las acciones violentas, algunos integrantes de la red habrían asistido a campamentos guerrilleros. “Que es presentarse a un campamento de guerrilla y hablar con un comandante para firmar un contrato. Una vez se firme y se tiene el aval para hacer cualquier cosa de impacto con el fin de generar caos y miedo en la comunidad”, relató durante la audiencia, al referirse a los contactos atribuidos a la organización.La Fiscalía también documentó un proceso de infiltración en universidades públicas mediante el uso de carnés falsos, lo que les habría permitido ingresar sin restricciones a sedes como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. “Ingresan a un baño, a un salón o cerca de una de las puertas de estas universidades, con el fin de preparar artefactos explosivos improvisados, con insumos que presuntamente arribarían desde la ciudad de Medellín”, detalló la fiscal, quien añadió que los elementos incendiarios eran fabricados de manera artesanal.Entre los hechos de mayor impacto atribuidos a esta estructura se encuentran el ataque con bombas incendiarias a una patrulla de la Dirección Antinarcóticos en la calle 26 y un caso en el que un bus de TransMilenio fue secuestrado e incendiado en inmediaciones de una universidad pública. Para la Fiscalía, estos episodios evidencian una escalada en la violencia y un patrón de conducta que va más allá de la protesta social.
Fenalco presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad, acompañada de una solicitud de suspensión provisional urgente, contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 %. Para el gremio, la medida se adoptó por fuera de los parámetros legales y constitucionales que rigen este proceso.Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el Gobierno reemplazó las variables obligatorias para definir el salario mínimo —inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional— por el concepto de “salario vital”, sustentado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante. Además, señaló que el decreto desconoce la competencia exclusiva del Dane como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, base para medir la inflación en Colombia.El líder del gremio de los comerciantes también cuestionó que el decreto no explique de manera clara ni verificable cómo se pasó de un escenario económico que, según Fenalco, justificaba ajustes cercanos al 6,21 %, a un incremento del 23,7 %, sin un soporte técnico sólido que respalde esa diferencia. Para el gremio, esta falta de explicación genera incertidumbre y debilita la seguridad jurídica.En su solicitud ante el alto tribunal, Fenalco advirtió que la aplicación del decreto podría generar efectos irreversibles, como mayores presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.Por ello pidió dejar sin efectos la norma y suspender su aplicación mientras avanza el análisis judicial. “Esta no es una discusión contra los trabajadores, que terminarán afectados por la inflación que genere la medida; es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país”, concluyó Cabal, al pedir que prevalezca el interés general sobre lo que calificó como intereses politiqueros del Gobierno.
Tras una sesión reservada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se extendió por varias horas, la representante Carolina Arbeláez fijó una postura crítica frente al manejo que el gobierno de Gustavo Petro le está dando a las relaciones internacionales,. En el encuentro, que por ley mantiene un carácter confidencial, la oposición tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones directamente al mandatario, enfatizando que las relaciones diplomáticas no deben gestionarse a través de las redes sociales,.La urgencia de una agenda técnica con Estados UnidosUno de los puntos centrales de la discusión fue el futuro de la relación con los Estados Unidos, especialmente ante el panorama político actual de ese país. Arbeláez subrayó que, tras más de 200 años de historia compartida, Colombia no puede permitir que la ideología del gobierno de turno ponga en riesgo la inversión, el empleo y la cooperación estratégica. Durante la reunión, se le insistió al presidente Petro que no asista a sus encuentros internacionales simplemente a "dar discursos", sino que presente una agenda clara con métricas e indicadores específicos.La preocupación radica en que los indicadores actuales, especialmente en temas sensibles como el crecimiento de los cultivos de coca, no favorecen al gobierno colombiano ante los ojos de Washington. Para la oposición, es imperativo que el país demuestre avances tangibles en la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos para preservar una alianza que es hemisférica y legítima para los intereses estadounidenses.El rol del presidente: diplomacia frente a activismoLa representante Arbeláez fue enfática al recordarle al mandatario su rol institucional. Según la congresista, se le pidió al presidente que entienda que "no es un activista ni un bodeguero", sino el representante de todo un país. La crítica se centró en la necesidad de activar los canales diplomáticos tradicionales y abandonar la confrontación pública que a menudo se genera en plataformas digitales. Ante este cuestionamiento sobre el uso de redes sociales para gobernar, se informó que el presidente guardó silencio, aunque se percibió una consciencia sobre la necesidad de recomponer las relaciones internacionales.Escuche aquí la entrevista:
La marca sueca de carros premium Volvo confirmó el lanzamiento del Volvo EX60, un modelo totalmente eléctrico que se ubicará en el segmento de alto rendimiento en autonomía, con una cifra preliminar de hasta 810 kilómetros por carga, medida bajo el ciclo de homologación WLTP.La marca dio a conocer que este SUV fue concebido para trayectos de larga distancia y uso cotidiano, en un contexto donde la autonomía y los tiempos de carga siguen siendo determinantes para los compradores de autos eléctricos. El EX60 se convertirá, según la compañía, en el automóvil eléctrico con mayor alcance desarrollado por Volvo hasta ahora y se enfrentará directamente a SUVs premium ya posicionadas como el Tesla Model Y, el Porsche Macan eléctrico, Mercedes-Benz GLC Eléctrico y BMW iX3.Autonomía y carga rápida del Volvo EX60Uno de los puntos centrales es la capacidad de autonomía del EX60 en su versión de tracción total, una configuración que tradicionalmente penaliza el consumo energético. Aun así, Volvo asegura que el SUV puede recorrer hasta 810 kilómetros con una sola carga, superando a otros modelos eléctricos recientemente presentados en el mismo segmento.A esto se suma un sistema de carga rápida que permitirá recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en solo diez minutos, siempre que se utilice un cargador de 400 kW. De acuerdo con la compañía, esta mejora busca reducir los tiempos de detención durante viajes largos y acercar la experiencia de recarga a la de un repostaje convencional.Nueva plataforma eléctrica SPA3El EX60 será el primer modelo de Volvo construido sobre la arquitectura SPA3, la plataforma eléctrica más avanzada desarrollada por la marc, y que optimiza la eficiencia de los principales sistemas del vehículo y permite una mejor gestión energética, según explicó el fabricante.Volvo detalló que la batería está integrada directamente en la estructura del vehículo mediante tecnología de celda a carrocería, lo que reduce peso y mejora el aprovechamiento del espacio. Además, los motores eléctricos fueron desarrollados internamente, con el objetivo de disminuir pérdidas energéticas.El SUV también será el primer Volvo fabricado mediante un proceso de megafundición, una técnica industrial que reemplaza cientos de componentes por una sola pieza de fundición de alta precisión, solución que permite reducir el peso total del vehículo y mejorar la autonomía, de acuerdo con la información oficial.Sistema eléctrico de 800 voltios y gestión inteligente de la bateríaEl EX60 incorpora un sistema eléctrico de 800 voltios, que permite velocidades de carga más altas y una mejor distribución de la energía hacia la batería. Volvo señaló que el uso de materiales más ligeros y la reducción del calor generado durante la carga contribuyen a disminuir los tiempos de recarga.Adicionalmente, el modelo contará con algoritmos desarrollados por Breathe Battery Technologies, empresa que hace parte de la cartera de Volvo Cars. Estos sistemas ajustan de manera constante el consumo de la batería para mantenerla dentro de su rango óptimo de funcionamiento, independientemente de las condiciones climáticas.Anders Bell, director de tecnología de Volvo Cars, afirmó que el EX60 fue diseñado para atender las principales inquietudes de los clientes frente a los vehículos eléctricos. Según explicó, la combinación de autonomía extendida y carga rápida busca eliminar la denominada “ansiedad por la autonomía” y facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica.Fecha de presentaciónVolvo confirmó que el EX60 será presentado oficialmente el 21 de enero de 2026, en un evento que será transmitido en directo por la compañía. Además, todos los clientes del modelo contarán con una garantía de 10 años para la batería, según lo anunciado por el fabricante.
Ya se reiniciaron las labores en las altas cortes tras la vacancia judicial, en ese sentido, el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda contra el decreto con el que el Gobierno nacional incrementó el salario mínimo a 2 millones de pesos el pasado 29 de diciembre y que no ha sido visto con buenos ojos por varios sectores en el país.Está demanda fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo, al considerar que el decreto vulneraría disposiciones legales y constitucionales.El Consejo de Estado ya hizo lo propio al notificar a los ministerios involucrados y asimismo, corrió traslado de la demanda por 30 días a las entidades accionadas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el fondo del asunto.El despacho también ordenó al Gobierno nacional allegar la totalidad de los documentos que precedieron la expedición del decreto del salario mínimo para este 2026.“En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Y es que desde su expedición este decreto que fijó el incremento del salario mínimo ha sido objeto de duras críticas por gremios y sectores quienes advierten que el aumento no estuvo soportado bajo estrictos criterios técnicos.
Tres niños, un adolescente y un adulto resultaron heridos con arma de fuego en un ataque ocurrido la noche del domingo en el barrio La Gloria, en el suroccidente de Barranquilla.De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, los hechos se registraron hacia las 7:50 de la noche cuando dos sicarios en una motocicleta llegaron hasta el frente de una vivienda y, sin mediar palabra, dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar, sin importar la presencia de varios menores.En el ataque resultó herido un niño de 2 años, una niña de 4, una niña de 9, un adolescente de 16, y el adulto identificado como Ubaldo Enroque Barranco Cotes, de 25 años, quien fue impactado por tres disparos: uno de ellos en la zona inguinal, otro en la espalda y uno más la pierna derecha.Las cinco personas heridas fueron llevadas al Hospital de Barranquilla, donde se conoció que los niños permanecen fuera de peligro, mientras que el joven de 25 años reviste heridas de mayor gravedad.Las autoridades indicaron además que esta persona registra una anotación como indiciado en el SPOA por el delito de receptación.Las primeras hipótesis señalan que el ataque estaría relacionado con disputas internas del grupo delincuencial organizado Los Costeños, presuntamente derivadas de un enfrentamiento previo entre alias ‘Mello Cote’ y alias ‘Guillermito’.
Gobernador Eduardo Verano asegura que cárceles de Barranquilla no están preparadas para recibir a cabecillas de las bandas Los Pepes y Los Costeños.Advierte que, de darse un eventual traslado, colapsaría el sistema carcelario por enfrentamientos entre miembros de estas estructuras. Actualmente, de acuerdo con datos del Inpec, la Penitenciaría El Bosque, uno de los centros de reclusión a los que serían llevados cabecillas de las bandas Los Pepes y Los Costeños, si se retoman las intenciones del Gobierno de trasladarlos junto a 40 miembros de sus estructuras, alberga 1.800 privados de la libertad, muy a pesar de que su capacidad, es de 1.200 cupos incluyendo los nuevos pabellones.El hacinamiento en este centro penitenciario es del 50%, sin contar que no tiene las características de una cárcel de máxima seguridad como la de cómbita y la Picota, donde Digno Palomino, alias 'Castor' y el ‘Negro Ober’, hoy están detenidos.Aunque por el momento se frenó el traslado de estos peligrosos delincuentes a Barranquilla por orden del ministro de Justicia Andrés Idárraga, el gobernador Eduardo Verano insistió en que un traslado sin planeación podría generar confrontaciones entre los miembros de estas estructuras en cárceles de la ciudad.En este sentido, recalcó que hace falta un diálogo previo para entender cuál es la propuesta que le va a hacer el Gobierno a estas organizaciones para que dejen de delinquir.
Con capuchas, tapabocas y pistolas en mano están llegando hasta los comercios de la isla de San Andrés un grupo de individuos a los que se les señala de disparar los índices de robos en el archipiélago e incluso de cometerlos también en jurisdicción de Providencia, donde aprovechan la poca presencia de la Policía.Según los reportes, son más de seis los hurtos cometidos en menos de un mes, registrándose el último de ellos este fin de semana en un pequeño supermercado. Como lo describe la comunidad, la situación les resulta atemorizante, pues no están acostumbrados a estos actos delincuenciales.Un comerciante, quien prefirió guardar su identidad por seguridad, señaló que la ocurrencia de estos hechos refleja la “vulnerabilidad” que sienten ante la situación.“Sentimos que no contamos con una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales, que no solicitan un mayor refuerzo al Gobierno nacional, ya que la situación se ha salido un poco de las manos y es muy preocupante. En esta isla no se veía esto hace al menos 10 o 12 años, o incluso mucho antes”, afirmó el ciudadano.Desde Providencia también se reporta un incremento en los robos a comercios, pues los afectados alegan que estos mismos sujetos, hoy buscados por las autoridades, suelen trasladarse hacia esa zona cuando hay menos unidades policiales.En ese sentido, las autoridades confirmaron una ofensiva contra estas bandas y, en menos de dos días, tres personas han sido capturadas: dos por el delito de hurto y una por porte ilegal de armas de fuego.Asimismo, el Gobierno local anunció recientemente el aumento del pie de fuerza para las islas, tras el arribo de una veintena de hombres y mujeres para aumentar la capacidad de respuesta.
Aunque las pistolas de hidrogel se convirtieron en uno de los juguetes más populares durante la temporada de Navidad en las calles de Cartagena, el uso de estos artefactos en menores de edad ha encendido las alertas de los profesionales de la salud por el aumento de accidentes asociados a estos elementos.La clínica Casa del Niño de Cartagena alertó que en las últimas semanas se han registrado cinco casos de menores de edad lesionados con pistolas de hidrogel. Tres de los niños resultaron con traumas en los ojos y dos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente en los oídos tras ser impactados con los balines de estas pistolas.El director científico de la Casa del Niño, Hernando Pinzón, advirtió que los daños producidos por estos artefactos pueden ser severos.“Hemos tenido casos ya no solo de traumas en los ojos, sino también en los oídos de niños que llegan afectados por las armas de hidrogel. Es preocupante porque ya hay reportes en otras ciudades donde se presentan traumas más severos en los ojos. Afortunadamente, los casos que hemos atendido no tienen esa característica de daño ocular, porque puede haber desprendimiento de retina, sangrado intraocular e incluso pérdida de la visión”, detalló el médico.Asimismo, el profesional de la salud hizo un llamado urgente a los padres de familia y cuidadores.“Nuestro llamado es a los padres y a los jóvenes a que eviten jugar con este tipo de cosas, porque esto no es un juego: es una amenaza para la salud de los niños y la salud en general”.La Casa del Niño también advirtió que la manipulación inadecuada de los balines de hidrogel puede causar lesiones en el oído o la nariz, además de riesgos como asfixia u obstrucción intestinal por ingestión accidental, especialmente en niños pequeños.
La champeta en Cartagena y en San Basilio de Palenque está de luto. La violencia volvió a golpear la escena musical colombiana tras confirmarse el asesinato de un reconocido DJ, cuyo nombre era habitual en los picós y celebraciones del Caribe. El hecho ocurrió durante un atraco que quedó registrado en cámaras de seguridad y que hoy genera indignación entre familiares, colegas y seguidores del artista.El crimen no solo apagó la vida de un joven que buscaba llevar el arte picotero por el Caribe colombiano, sino que también reabrió el debate sobre la inseguridad y el uso de armas en el país, incluso aquellas catalogadas como de letalidad reducida, que siguen cobrando vidas en las calles de la ciudad.Atraco en Cartagena terminó con la vida de un DJ de champetaLa víctima fue identificada como Yorlis Yoriel Miranda Valdés, de 32 años, reconocido DJ de champeta y miembro del equipo del picó Vacile de Palenque. El ataque ocurrió el pasado 31 de diciembre, hacia las 7:30 de la noche, cuando se encontraba en una tienda del barrio El Nazareno, en Cartagena.De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, dos hombres llegaron a pie al lugar y lo intimidaron para hurtarle sus pertenencias. Aunque Yorlis entregó lo que le pidieron, uno de los sujetos le disparó directamente al rostro y, cuando ya estaba en el suelo, volvió a accionar el arma.Cámaras de seguridad registraron el violento ataqueLas grabaciones muestran con claridad el momento del atraco y el rostro de los presuntos agresores. Tras el disparo, el atacante continuó amenazando a las personas que estaban alrededor, mientras la víctima quedaba gravemente herida.La Policía Metropolitana señaló que el arma utilizada era de letalidad reducida; sin embargo, las heridas se complicaron con el paso de los días. Yorlis permaneció hospitalizado y luchó por su vida durante casi dos semanas, hasta que falleció recientemente en un centro asistencial de la ciudad.Así despidieron a Yorlis Miranda tras el violento atracoLa noticia generó una ola de mensajes en redes sociales. Familiares y amigos expresaron su dolor tras la muerte del DJ palenquero. “Primo hermano, te arrebataron la vida de la peor manera. Ojalá supieras la falta que nos vas a hacer. Que Dios te tenga en su santo reino”, escribió un familiar.Desde el entorno cultural de Palenque también hubo pronunciamientos por el atroz desenlace: “La familia Rey de Palenque lamenta profundamente el fallecimiento de un familiar y colega en el arte picotero. Su sueño de ser un gran DJ nunca se apagará y permanecerá en nuestra memoria. Vuela alto, Yorlis”.Las autoridades confían en que los videos de seguridad permitan identificar y capturar a los responsables para que este crimen no quede en la impunidad. Mientras tanto, la champeta despide a uno de sus exponentes más queridos.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, defendió con firmeza los diálogos de paz que el Gobierno nacional adelanta con bandas criminales Los Pepes y Los Costeños en Barranquilla, enviando un mensaje directo al alcalde Alejandro Char y al gobernador Eduardo Verano. Según el alto funcionario, las autoridades locales no pueden descalificar la efectividad de estas negociaciones, ya que los resultados en materia de seguridad, aunque cuestionados recientemente, han sido producto de estos acercamientos."No pueden decir que negociación no ha sido efectiva. Ha sido efectiva gracias al Gobierno", afirmó el ministro, señalando que los mandatarios locales aprovecharon la baja en las cifras para sacar pecho en su momento, pero omitieron mencionar que esto se debía a la tregua entre las bandas.El choque por la efectividad de la treguaLa controversia escaló tras la suspensión del traslado de cabecillas de alta peligrosidad, como alias ‘Castor’, Digno Palomino y el ‘Negro Ober’, a cárceles en Barranquilla. Ante las críticas de Char y Verano, quienes calificaron la intención de traslado como una amenaza a la seguridad regional, Idárraga sostuvo que la reducción de homicidios y extorsiones reportada meses atrás fue mérito de la negociación impulsada por el Gobierno.¿Por qué se suspendió el traslado?Contrario a lo que se pensaba, la suspensión del traslado a las cárceles Modelo y El Bosque no se debió únicamente a la presión política local. El ministro reveló que la orden vino del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, tras un desacuerdo en la mesa de diálogo."Hubo un desacuerdo, porque las personas que se van a trasladar tendrían que trasladarse con fines concretos de paz, no simplemente llevándose pues a los amigos", indicó el ministro de Justicia. Se conoció que el propio Digno Palomino habría manifestado desacuerdo con las condiciones del traslado, lo que llevó a frenar la decisión por ahora."Esa coordinación del traslado, operativamente hablando, no requiere, digamos, de las autoridades locales, pero sí es necesario e importante siempre que las autoridades locales sepan. El traslado se va a surtir, siempre y cuando, así lo autorice el señor Otty Patiño, el director de la oficina del comisionado de paz", aseveró. Escuche la entrevista:
El mandatario de los atlanticenses, Eduardo Verano, respaldó el llamado que más temprano hizo el alcalde Alejandro Char de pedir garantías y un plan riguroso que asegure que, traer a cárceles de Barranquilla a los cabecillas de las estructuras criminales de los Costeños y los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Cástor, Digno Palomino y alias el Negro Ober, no genere impactos negativos en la seguridad ciudadana, ya que, hasta el momento, el Gobierno no los han tenido en cuenta ni les han comunicado tales traslados.“Para esta decisión no hemos sido consultados y obviamente creo que antes debería haber la plena garantía de que se contará con una respuesta institucional, para que todas estas conversaciones se den con orden y garantías de que van a llegar a unas etapas superiores de tranquilidad y seguridad, y, sobre todo, de cumplimiento por lo que se pacta”.Enfatizó Verano en la preocupación existente en Barranquilla y el Atlántico, ya que en los últimos 15 días se han dado 26 homicidios, lo que indica que en el territorio se atraviesa por un momento dramático en materia de seguridad y tranquilidad.El gobernador Verano de la Rosa subrayó la necesidad urgente de una intervención que cuente con la presencia activa en este proceso de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach y la Defensoría del Pueblo.Destacó el mandatario que la presencia de estas autoridades garantiza que estas decisiones no generen un rebrote de violencia o un deterioro del orden público en el departamento.“Solicitamos información completa y verificable sobre los criterios de este traslado. Una decisión de esta magnitud debe ir acompañada de garantías sólidas. La articulación con los entes de control nacional es indispensable para asegurar un seguimiento riguroso que proteja la convivencia en el departamento”, enfatizó el mandatario.Por último, Verano de la Rosa enfatizó en que cualquier decisión que pueda alterar el orden público debe construirse de manera articulada con las autoridades territoriales, con presencia permanente de la Fuerza Pública, protocolos estrictos de control y un plan específico para impedir que estructuras residuales sigan delinquiendo mientras se realizan los diálogos.
El ministro Pedro Sánchez sostuvo que la decisión de ofrecer la recompensa por 100 millones de pesos para dar con los autores de esta masacre en la que murieron acribillados cinco personas en el barrio Altos de Parrantial, fue tomada después de una reunión extraordinaria de Seguridad con la cúpula militar y policial, autoridades regionales y locales en Maicao.Añadió el ministro de Defensa que están realizando las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y capturar a los responsables.Destacan las autoridades que hay serios indicios de que Naín Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’, jefe de sicarios del grupo criminal de Los Pachenca, conocido también como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, es el responsable, aunque en un video difundido en redes sociales negó su participación.“Estamos investigando para esclarecer plenamente los hechos y capturar a los responsables. Aunque Naín Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’, ha negado participación, existen indicios de injerencia criminal en la zona y una orden de captura vigente”, escribió el ministro en la red social X.El titular en la cartera de Defensa también ordenó el refuerzo inmediato en la ciudad fronteriza de Maicao con investigadores especializados de la DIJIN, mayor despliegue del Ejército en las vías y bloqueo de trochas criminales en La Guajira, además de la recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la identificación y la captura de los de los autores de la masacre.El pasado viernes 9 de enero, a eso de las 10: de la noche, cinco hombres fueron asesinados en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao, por hombres que les dispararon indiscriminadamente desde una camioneta.Por el hecho, la Defensoría del Pueblo señaló como responsables a las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, al tiempo que le solicitó a las autoridades mayor eficacia en la captura de los responsables y más protección a la población civil en una zona que sufre la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y los Pachenca.En lo que respecta al Instituto de Medicina Legal, la entidad informó que logró la identificación plena de las víctimas, que fueron entregadas a sus familiares para sus exequias.Precisamente, los hombres asesinados fueron identificados por las autoridades como Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza.
El alcalde Alejandro Char hizo fuertes críticas a la decisión del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, de darle el visto bueno al traslado de los cabecillas de las estructuras criminales de Los Costeños y Los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ y Digno Palomino, además de alias ‘El Negro Ober’, a centros penales de la ciudad, al parecer, antes del 20 de enero, día en el que finaliza la tregua firmada por ambos grupos criminales.El mandatario hizo un fuerte pronunciamiento a través de su cuenta de X:“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno Palomino, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”.Agregó que, desde el Gobierno, no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. Tampoco se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios.“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, se preguntó Char.El alcalde también advirtió que Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, por lo que hace una advertencia al Gobierno sobre la seguridad en la ciudad.“Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada "paz urbana" que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”.Por último, Alejandro Char exigió decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocó a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador Eduardo Verano de la Rosa y el Ministerio Público para una reunión urgente.
Nuevos detalles se conocen en torno al atentado ocurrido en la madrugada del viernes 20 de junio en la vía que comunica a Maicao con Riohacha, donde fue ubicado un carro bomba junto a la caseta del peaje Alto Pino, cuya detonación destruyó la caseta y dejó a dos trabajadores de la concesión Santa Marta- Paraguachón sin vida. Entre estos, trascendió que los fueron cerca de 13 personas las que habrían participado en este atentado, quienes llegaron al peaje en diferentes vehículos y habrían alertado a los trabajadores en turno para que se retiraran porque iban a detonar unos explosivos. Sin embargo, en medio del poco margen que tuvieron los trabajadores en turno para correr, no tuvieron tiempo de avisar al vigilante Kerry Mercado Araújo y a la cajera Liceth Orozco, para que salieran también, pues estos se encontraban tomando una siesta en una caseta alterna, por lo que ambos murieron en el lugar de los hechos. Ante esto, las autoridades definieron ofrecer, luego de un consejo de seguridad departamental, una recompensa por hasta $150 millones para dar con los responsables del atentado, quienes presuntamente pertenecerían al ELN, teniendo en cuenta que en el lugar del ataque fue dejada una bandera de este grupo guerrillero. Por el momento, la principal hipótesis está orientada a que habría sido una extorsión contra la concesión, sin embargo, no se descarta que tenga que ver con que el próximo 4 de julio cumplirán años de creación.
Después de haber sido capturados por personal del CTI de la Fiscalía y como resultado de una decisión que ahora está siendo cuestionada, finalmente fueron cobijados con el beneficio de casa por cárcel los dos hombres señalados por el asesinato de la docente pensionada Lissi Judith Camargo Noriega, ocurrido en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico).A Wilmer Enrique Mercado Mendoza y William Sanjuan Núñez, ambos de 45 años y quienes laboraban como vigilantes, los investigan por presuntamente ser quienes dispararon sus armas de dotación unas 18 veces en contra del carro en el que se movilizaba la docente junto a su yerno, por supuestas sospechas de que este vehículo perseguía al excongresista del Atlántico Gerardo Vecino.La profesora, de 62 años, falleció horas después del ataque y su yerno quedó herido, por lo que la Fiscalía les imputó a Mercado y a Sanjuán los delitos de tentativa de homicidio y homicidio agravado, cargos que los procesados no aceptaron.Sin embargo, el hecho de que ambos implicados se hayan declarado inocentes no fue lo que más indignó a la familia de las víctimas, sino el hecho de que los procesados, además, hayan sido cobijados con una medida de detención domiciliaria.Así lo expresó Melisa Pérez Camargo, hija de la docente fallecida y quien hoy asegura que teme por la vida de su familia, debido a esta decisión que tomó el juez y que habría sido solicitada por el fiscal del caso."Ellos (los procesados) no aceptaron cargos. Entonces, él (fiscal) le pidió al juez que les diera medida domiciliaria. Ahora no podemos dormir, tenemos temor de salir a la calle, tememos por nuestra familia, simplemente porque no sabemos para callarnos nos pueden disparar, así como ya lo hicieron", expresa la mujer.Pérez Camargo afirma que, con ayuda de un nuevo equipo de abogados, pedirán que se adelante una investigación por presuntas irregularidades por parte de la Fiscalía en el proceso.
Antes del 30 de junio se espera que inicien los trámites para comenzar los estudios requeridos para obtener el licenciamiento ambiental y avanzar en las obras correspondientes al Megaproyecto del Canal del Dique, las cuales están paralizadas por orden del Gobierno Nacional.El anuncio lo hizo Carlos Rosado, director de Relaciones Públicas de Sacyr, la firma seleccionada para llevar a cabo este megaproyecto. El funcionario, en medio de su participación en el foro nacional realizado por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Norte, precisó que del estudio del impacto ambiental se derivarán las necesidades de la comunidad."Estamos próximos a iniciar estos estudios ambientales. Hemos encontrado una excelente articulación con la nueva administración de la Agencia Nacional de Infraestructura y esperamos, antes del 30 de junio, iniciar este estudio que demorará 14 meses, más los tiempos de aprobación del Gobierno", manifestó Rosado.Sin embargo, el anuncio no satisface del todo a las comunidades ribereñas del sur del Atlántico y el norte de Bolívar, quienes insisten en que a la par de los estudios se deben adelantar obras de mitigación y prevención, pues la expedición de la licencia ambiental tardará más de un año y los niveles del río Magdalena ya se ubican en 7.2 metros este viernes."Nos encontramos preocupados debido a los altos niveles, no dejan hacer ni las obras de mitigación e intervención que ayudan a prevenir el riesgo y es una cuestión muy irresponsable, cómo es posible que un proyecto de 3.2 billones lo tengan paralizado, mientras aquí está en juego la vida de más de 1.500.000 personas, no es justo", expresó Uriel Ávila, líder de la zona.Sacyr afirma que hasta el momento la firma ha venido cumpliendo con las consultas previas a las comunidades, pero estas exigen la presencia de la ministra de Ambiente y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que conozcan de primera mano la urgencia de estas obras.
Arnulfo José Correa Montaño tiene 32 años y padece parálisis cerebral, retraso cognitivo y psicomotor, epilepsia, autismo y otras patologías que lo han mantenido en situación de discapacidad durante toda su vida y, aún así, a partir del próximo 1 de julio podría ver alterados sus tratamientos médicos por un traslado de EPS que, supuestamente, él solicitó por sus propios medios, siendo que él depende 100% de sus cuidadores y nunca ha tenido facultades para hablar, leer ni escribir.A todas luces, el paciente habría sido víctima de una suplantación de identidad por parte de un desconocido que envió una carta por correo electrónico a la EPS Sanitas, haciéndose pasar por él, para solicitar el traslado hacia la Nueva EPS.El caso fue denunciado así ante la Fiscalía por parte de los familiares del paciente, quienes, desde Santa Marta, piden investigaciones para hallar al suplantador y, a su vez, medidas urgentes antes de que se haga efectivo el traslado de Arnulfo José y se generen traumatismos en su atención médica."Sanitas le comentó a mi hija que Arnulfo José pasó una carta diciendo que lo sacaran de ahí y lo trasladaran a la nueva EPS, cosa que es mentira. Arnulfo nunca en la vida ha hablado ni ha escrito. Es una maldad que hicieron hacia mi hijo y él es una persona con discapacidad, con 16 patologías", expresó Martha Montaño, madre de Arnulfo José.La mujer afirma que al tiempo que se interpuso la denuncia ante la Fiscalía, se elevó una queja ante la Superintendencia de Salud y ha hecho peticiones para que se revierta este traslado y su hijo pueda seguir vinculado a la EPS Sanitas, pues ella misma se ha encargado de que él cotice como independiente para que esta entidad le garantice todos sus tratamientos.Montaño clama que esta reversión se haga antes de que finalice el mes, para que el traslado no se efectúe y a su hijo no le toque empezar de cero sus tratamientos.
El alcalde de Maicao, La Guajira, Miguel Alarcón, confirmó en Blu radio que el atentado con carro bomba, durante la madrugada de este viernes en el peaje Alto Pino, vía Riohacha- Maicao, fue cometido por el ELN.Esto se logra confirmar, luego de que en el lugar se encontraran instaladas banderas y mensajes alusivos al grupo armado."En el sitio hay banderas del ELN y otros mensajes alusivos a esta esta organización. Por supuesto, es la información que se tiene hoy de primera mano. Sin embargo, ya se están iniciando las labores de levantamiento y, por supuesto, de investigación e inteligencia en el sector. Hago un llamado del Ministerio de Defensa para que pueda atender esta situación con nosotros y revisar, especialmente, los pasos a seguir. Por ahora, el tramo vial se encuentra interrumpido u obstruido por todos los materiales, pero se espera poder terminar con los levantamientos completamente para poder habilitar el paso", dijo el mandatario.El alcalde de Maicao expresó su consternación con este tipo de actos que, según el funcionario, no se presentaban hace varios años. Asimismo, señaló que previamente esta vía ha sido objeto de intervención con patrullajes constantes para contrarrestar el accionar de bandas de delincuencia común que suelen cometer hurtos en la vía, por lo que sorprende esta acción armada de un grupo guerrillero que no había tenido presencia en la zona."Atentados de ese nivel en el departamento hace muchísimos años no se presentaban, entonces hoy esta situación, por supuesto que nos genera preocupación. Sin embargo, hacemos llamados a la articulación de esfuerzos, tantos municipios, departamento, incluso, otros municipios y ojalá la Nación. Esto es un acto que enluta a todo el departamento de La Guajira", afirmó.Finalmente, hay que recordar que este ataque dejó a dos personas muertas, la cajera del peaje y el vigilante.Escuche la entrevista aquí:
Un carro bomba fue empleado en el atentado realizado contra la caseta del peaje Alto Pino, ubicada entre Riohacha y Maicao, el cual dejó dos fallecidos.ñ, así lo confirmó el alcalde de Maicao, Miguel Aragón, quien junto a la Policía está evaluando el impacto de la detonación, la cual dejó dos víctimas mortales. Según explica el mandatario, hacia la medianoche fue ubicado el vehículo cerca a la caseta de recaudo, el cual fue abandonado por el conductor para posteriormente ser detonada la carga explosiva que puso en alerta a las comunidades que viven en pequeños caseríos en la zona. Como consecuencia de esto fallecieron dos personas, quienes estaban vinculadas a la concesión Santa Marta- Paraguachón. Las víctimas fueron identificadas como Kerry Mercado Araujo y Liceth Orozco, vigilante y cajera, respectivamente. El panorama es desolador en el sitio: láminas de zinc derribadas por doquier, ladrillos caídos tras la detonación y vidrios rotos en cada paso que se da. Mientras tanto, una bandera del ELN fue colgada de una malla verde y varias paredes fueron marcadas con las letras del mismo grupo guerrillero, por lo que el ataque preliminarmente se le atribuye a esta organización.Este atentado se presenta a 24 horas de que dos policías murieran en Río de Oro, Cesar, en medio de un hostigamiento también atribuido a el ELN. Por ahora, se espera que a las 8:00 de la mañana inicie un consejo de seguridad en Maicao para revisar la situación.Como medida de seguridad, las autoridades están desviando el tránsito hacia Maicao a través de la vía de Albania y de Cuestecitas, esto, con el objetivo de no afectar la movilización de pasajeros.En medio del asombro por lo ocurrido con el ELN, el alcalde de Maicao, Miguel Alarcón, señaló que previamente esta vía ha sido objeto de intervención con patrullajes constantes para contrarrestar el accionar de bandas de delincuencia común que suelen cometer hurtos en la vía, por lo que sorprende esta acción armada de un grupo guerrillero que no había tenido presencia en la zona.