El pasado fin de semana la cantante Shakira terminó su gira por Centroamérica, cerrando con cinco fechas en El Salvador. Después de esto la barranquillera llegó en un vuelo charter a su ciudad natal que estaba en plena época de Carnaval.El arribo lo hizo junto a sus dos hijos Milan y Sasha para aprovechar y visitar a sus padres, pero también con otro objetivo y era el de grabar un video músical junto con el cantante Beéle. El también barranquillero que el sábado de Carnaval se presentó se presentó en el Metroconcierto.Lo que se conoce es que los artistas acordaron grabar el video de una canción que aún no se conoce.Blu Radio logró conocer que en avanzados horas de la noche del martes fue cerrado el paso por una zona del Malecón y se vieron a lo lejos unas cámaras. El rumor de la presencia de la artista en la ciudad aumentó luego de que sus seguidores vieran que en las redes de integrantes del equipo de producción de Shakira, estos compartieron fotos en Barranquilla.Una de las publicaciones fue hecha por Keityn, el productor de Shakira, quien en su cuenta de Instagram publicó una fotografía tomada en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, además de otra imagen en un reconocido restaurante de la ciudad.Una de las locaciones escogidas para grabar el video fue el Barrio Abajo, en un sector conocido como el Museo Abierto, zona que recientemente fue dispuesta al turismo. Hasta allí logró llegar Blu Radio y encontró el montaje de lo que sería la nueva producción musical.Este medio conoció además que integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, quienes estuvieron desfilando por la vía 40 durante El Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, están participando de la filmación
Cartagena de Indias se prepara para recibir a 9.500 corredores de 15 países en la novena edición de la Media Maratón del Mar 2026, programada para el próximo domingo, 22 de febrero. Con este evento, la ciudad heroica abrirá el calendario del running en Colombia mezclando deporte, turismo y proyección internacional.Más del 80 % de los inscritos llegarán desde más de 30 departamentos del país, mientras cerca de 400 atletas serán extranjeros. El flujo de visitantes convierte la carrera en una prueba logística para la capital de Bolívar.Recorrido Media Maratón del Mar 2026El recorrido partirá desde el Puerto de Cartagena y atravesará corredores urbanos y turísticos emblemáticos. Es una de las pocas competencias de media maratón en el mundo que inicia en un entorno portuario, un rasgo que refuerza su identidad.Logística, Expo y movimiento económicoLos días 20 y 21 de febrero se realizará la Expo Media Maratón del Mar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Allí se entregarán los kits oficiales y participarán cerca de 85 marcas vinculadas al deporte, la salud y el bienestar.La organización espera alrededor de 20.000 visitantes durante la feria, lo que impactará sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio. La carrera se consolida como un motor de turismo deportivo en temporada alta.El evento también incluye la MMM Kids, con recorridos de 1 y 2 kilómetros para niños y niñas. La apuesta amplía el alcance familiar y fortalece la cultura del running en la ciudad.Medalla, camisetas y presencia éliteLa edición 2026 presentó su medalla inspirada en el faro del Club Naval de Cartagena, símbolo de guía y perseverancia. El diseño integra elementos gráficos asociados al mar Caribe y al movimiento.Las camisetas oficiales fueron desarrolladas por ASICS, aliado técnico del evento durante los últimos cuatro años. La marca también tendrá en competencia a figuras como Kellys Arias y David Gómez González.El reto del clima y la preparación médicaMás allá del número de participantes, el principal desafío será el clima cálido y la alta humedad de Cartagena. La dirección médica recomendó llegar con al menos 48 horas de anticipación, priorizar la hidratación y evitar esfuerzos intensos previos.Durante la carrera, síntomas como mareos, náuseas o visión borrosa deben tomarse como señales de alerta. El operativo contará con ambulancias medicalizadas, desfibriladores y personal de atención prehospitalaria en distintos puntos del recorrido.
Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones de pacientes, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial y otras conductas que puedan establecerse durante la investigación.Según el documento, el ministro habría incumplido de manera consciente y reiterada varias órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento. La denuncia señala que estas decisiones estarían relacionadas con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos que financian servicios y tecnologías en salud no cubiertos por ese mecanismo. Para los denunciantes, estas actuaciones habrían puesto en riesgo la estabilidad del sistema y la garantía del derecho a la salud de millones de usuarios.El escrito menciona que, pese a advertencias de la Corte en autos emitidos entre 2023 y 2025, el Ministerio de Salud habría mantenido prácticas contrarias a lo ordenado, como no unificar los presupuestos máximos para toda la vigencia anual mediante un acto administrativo, realizar pagos tardíos y fijar el valor de la UPC con base en la inflación y no en estudios técnicos completos. La Corte ha calificado estos hechos como incumplimientos en materia de suficiencia financiera del sistema.La denuncia también advierte que las mesas técnicas ordenadas para revisar la UPC se habrían desarrollado sin una deliberación efectiva. De acuerdo con Pacientes Colombia y otras organizaciones firmantes, se habrían presentado restricciones en el acceso a la información, exclusión de actores del sistema y decisiones ya definidas por el ministerio. Voceros de estas organizaciones sostienen que sus aportes técnicos no fueron incorporados y que no se garantizó una participación efectiva.“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país. Consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón de elusión de decisiones judiciales mediante actos aparentes de cumplimiento”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, al solicitar a la Fiscalía que investigue la responsabilidad penal individual del jefe de la cartera de Salud.En la denuncia se solicita además la adopción de medidas cautelares urgentes, entre ellas la protección de denunciantes y testigos y la evaluación de una suspensión temporal de las funciones del ministro relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos, mientras se adelanta la investigación. Según los firmantes, estas acciones buscan evitar la prolongación de un escenario de desfinanciamiento que estaría afectando la atención y la continuidad de los servicios.
La indignación crece entre médicos y científicos tras la muerte de Kevin, un niño de siete años con hemofilia, cuyo caso se convirtió en símbolo de las fallas del sistema de salud. Este miércoles 18 de febrero de 2026, en entrevista con Mañanas Blu, Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, lanzó una crítica directa al manejo oficial de la situación.“Es intolerable, es indignante total lo que pasó con este niño”, afirmó Quintero, al cuestionar la narrativa del Gobierno frente a un caso que, según dijo, pudo evitarse con un tratamiento oportuno. Para el dirigente gremial, el episodio refleja una falta de sensibilidad y rigor científico frente a enfermedades raras y de alto costo.“Con la sola profilaxis, el niño podía tener una vida normal”Durante la entrevista, Quintero explicó que la hemofilia, aunque es una enfermedad crónica, permite una vida plena si se garantiza el medicamento adecuado. “Solamente con la profilaxis es una enfermedad que no tiene por qué pasarle nada al niño y seguir su proyecto de vida normal”, señaló.El médico rechazó de manera tajante la versión que atribuyó el deterioro del menor a un accidente en bicicleta. “Eso es absurdo. No es posible tratar de imponerle esa narrativa a una comunidad que sí sabe”, dijo, al insistir en que la falta de acceso al medicamento fue determinante.Desde las sociedades científicas, advirtió que no se trata de un caso aislado. De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Hematoncología Adulto y Pediátrica, en Colombia hay cerca de 6.000 personas diagnosticadas con coagulopatías, de las cuales al menos 3.200 tienen hemofilia, incluidos cientos de niños.Críticas por la divulgación de la historia clínicaQuintero también cuestionó la divulgación pública de la historia clínica de Kevin, mencionada por el presidente Gustavo Petro. A su juicio, esa acción vulnera la ley. “La historia clínica es del paciente. Eso viola totalmente la norma”, afirmó.El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas advirtió que este tipo de episodios profundizan la desconfianza en el sistema. “Aquí no pasa nada, pueden hacer lo que quieran y nadie responde”, sostuvo.Finalmente, hizo un llamado a que el debate se dé con evidencia médica y respeto por los pacientes. “Esto no es ideología, es ciencia, es medicina y es la vida de los niños”, concluyó.
La victoria 0-1 del Real Madrid sobre el Benfica en Lisboa quedó en segundo plano. El foco terminó puesto en un nuevo episodio de presunta violencia racista contra Vinicius Junior, que obligó a activar el protocolo antirracismo en plena ida del ‘play-off’ de la Champions League.La UEFA confirmó que ya revisa los informes oficiales del encuentro para determinar si abre un procedimiento disciplinario. El incidente se produjo en el minuto 49, tras el gol del brasileño. Vinicius celebró con un baile junto al banderín de córner y, segundos después, denunció ante el árbitro François Letexier un insulto racista presuntamente pronunciado por el argentino Gianluca Prestianni.Protocolo antirracismo de la UEFA tras incidente en Benfica-Real MadridEl árbitro aplicó el protocolo aprobado en 2009 por el Comité Ejecutivo de la UEFA. El partido se detuvo durante cerca de ocho minutos, en medio de la tensión en el campo y en las gradas. Algunos jugadores del equipo español, incluido Kylian Mbappé, hicieron ademán de abandonar el terreno de juego.El procedimiento contempla tres fases claras:Primera: detener el partido y emitir un mensaje por megafonía solicitando que cesen los comportamientos racistas.Segunda: suspender temporalmente el encuentro y enviar a los equipos a vestuarios.Tercera: como último recurso, cancelar definitivamente el partido.“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud”, declaró Mbappé tras el encuentro.Investigación por insultos racistas y lanzamiento de objetosLa UEFA no solo estudia el presunto insulto. También analizará el lanzamiento de objetos desde la grada —uno impactó en Vinicius— y la expulsión del técnico del Benfica, José Mourinho, quien fue sancionado por protestar y no podrá estar en el banquillo en el partido de vuelta.Prestianni negó las acusaciones: “En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior… Jamás fui racista con nadie”.Vinicius respondió con firmeza: “Los racistas son, ante todo, cobardes… necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son”. También cuestionó la ejecución del protocolo y lamentó haber recibido tarjeta amarilla por celebrar su gol.Ahora, la decisión queda en manos de la UEFA. Si los informes confirman los hechos, el caso podría derivar en sanciones disciplinarias. Mientras tanto, el debate vuelve a instalarse en el fútbol europeo: cómo frenar, de una vez por todas, el racismo en los estadios.
Las autoridades en Antioquia propinaron un duro golpe al microtráfico tras la incautación de un abundante cargamento de marihuana que posiblemente sería comercializado en la ciudad de Medellín.Se trata de 5.2 toneladas de esta sustancia psicoactiva que fue identificada por agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en vías del Suroeste del departamento, en jurisdicción del municipio de La Pintada.Según reveló el general William Rincón, director general de la Policía Nacional, los paquetes de marihuana eran transportados en un furgón con placas falsas que había sido reportado como robado desde el año 2016 en el municipio de Miranda, Cauca. Las indagaciones permitieron determinar que el vehículo había iniciado su ruta desde este mismo departamento.“Este resultado operacional evita que miles de dosis lleguen a las calles, debilitando las economías ilícitas que financian el crimen organizado”, destacó en su cuenta de X el uniformado.Mientras que las autoridades investigan sobre la procedencia y pertenencia del material incautado, los ocupantes del vehículo quedaron a disposición de las entidades judiciales.
En la vereda La Pradera, municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, un ataque con explosivos lanzados desde un dron acabó con la vida de un soldado del Ejército y dejó a otros siete uniformados heridos. El hecho ocurrió en medio de operaciones militares que se desarrollaban en la zona para combatir a grupos armados ilegales.Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por integrantes del ELN. Las tropas se encontraban adelantando labores de control cuando el dron sobrevoló el área y dejó caer los artefactos explosivos. El soldado profesional Jhon Redondo Jiménez resultó gravemente herido y, a pesar de los esfuerzos de sus compañeros y del personal médico, falleció mientras era trasladado a un hospital en Bucaramanga.Los otros siete militares sufrieron heridas leves causadas por esquirlas. Tras el ataque, el Ejército desplegó nuevas maniobras para asegurar el lugar y localizar a otros cuatro soldados que formaban parte del operativo.El comando militar condenó el hecho, calificándolo como un acto terrorista que no solo atenta contra la vida de los uniformados, sino que también pone en riesgo a la población civil. La institución envió un mensaje de condolencia a la familia del soldado, a sus compañeros y amigos, resaltando su compromiso con la defensa y seguridad del país.Un equipo especial del Ejército se encuentra acompañando a la familia de la víctima con apoyo psicológico, jurídico y espiritual. Las operaciones militares en el sur de Bolívar continúan con el objetivo de frenar las acciones de los grupos armados ilegales y proteger a las comunidades de la región.
Ni con sacos de arena ni con piedras, los mojaneros buscan de una vez cerrar el boquete de caregato que permite la entrada del río Cauca a esta subregión. En esta ocasión, decidieron improvisar con la construcción de 2.100 estrellas de cemento y varilla, es decir, de unas estructuras de un metro de largo cada una, las cuales lanzarán al agua la próxima semana para generar una barrera artificial a lo largo de los 64 metros que aún hay de boquete y con esto, frenar la entrada de agua.Pedro Nel Ramos, líder de esta zona, asegura que, ante el poco apoyo que han recibido del gobierno para cerrar el boquete, hicieron rifas y vendieron ganado para comprar los materiales que se necesitaban."La gente ha ido de a poquito recogiendo el dinero. Se realizaron rifas, se vendieron ganados y se recibieron aportes para avanzar con la realización de estas estrellas en concreto", contó. A pesar de que ya hay 2.100 de estas estructuras listas, todavía no ha terminado la gestión de los recursos, pues para la próxima semana requieren alquilar una lancha y un planchón para arrastrar estas toneladas de estrellas hasta el punto del boquete, ya que todavía requieren recaudar lo que se van a gastar en transporte y movilización de equipos.Después de eso, es incierto lo que pueda suceder, pues el mismo Pedro Nel reconoce que se trata de una obra improvisada que resulta de la desesperación que enfrentan."Nosotros intentaremos y esperamos que funcione, pero es incierto lo que pueda pasar", comenta la mujer. Este tipo de estructuras son empleadas con frecuencia para frenar la erosión costera y también para las zonas ribereñas, pero, para este caso, sería para bloquear el paso del agua hacia la población.
En Montería hay rechazo por el caso de una bebé de 48 horas de nacida que fue abandonada en un basurero. Su llanto llamó la atención de un ciudadano que transitaba por el sector y dio aviso a la Policía. Autoridades buscan a los responsables para judicializarlos.Joel Ágames, un habitante de la ciudad de Montería, aún no se repone de la impresión que sintió al abrir una bolsa negra que estaba en un basurero del barrio el Edén, de la capital de Córdoba, y ver que dentro había una bebé recién nacida que lloraba a todo pulmón, como buscando quién la protegiera.El hombre, que caminaba por el sector junto a su padre, llamó desesperado pidiendo ayuda a la línea 123 de la Policía, donde de inmediato mandaron a varios uniformados, encontrando a la pequeña llena de arena.“Yo me encontraba aquí acompañando a mi papá e íbamos pasando y en el momento escuché como unos llantos. Creo que vi ver la bolsa moviéndose, y llamé a la policía también para que viniera a hacer acto de presencia para que me colaborara porque, no sabía en el momento qué hacer” contó Joel.La recién nacida fue trasladada en una ambulancia al hospital San Jerónimo de Montería, donde médicos continúan brindándole atención.El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía de Montería, señaló que han abierto una investigación para encontrar a la persona que abandonó a la pequeña.“Estamos adelantando todas las actuaciones de investigación, criminal e inteligencia, para identificar a él o a los responsables del abandono de esta recién nacida, quienes deberán responder ante la justicia”El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, lamentó lo ocurrido con la bebé de apenas 48 horas de nacida, al tiempo que informó que está fuera de peligro.El mandatario hizo un llamado urgente a la comunidad para que, si tiene información que permita esclarecer los hechos, la entregue de inmediato a las autoridades.
Dos meses después de un doble asesinato que sacudió a Barranquilla, en dónde las víctimas fueron el médico epidemiólogo Roberto Vásquez Camargo, de 88 años, y su esposa Porfiria Isabel Escorcia Villalba, de 80, autoridades avanzaron en el esclarecimiento de los hechos.Jóvenes aprehendidosTres adolescente, uno de 15 y dos de 17 años, son los principales sospechosos de haber cometido el crimen. Los menores son señalados de haber ingresado a la casa de la pareja el pasado 13 de junio en el barrio Altos de Riomar, en el norte de Barranquilla, y propinarles golpes con objetos contundentes hasta dejarlos sin vida.Sus detenciones se produjeron en medio de un operativo de la Sijin en el barrio Rebolo, en un sector conocido como las ‘Aguas Mansas’.Estos habrían quedado grabados videos de cámaras de seguridad que ahora están en poder de las autoridades y que son usadas como elementos de prueba dentro de la investigación.Néstor Escorcia, sobrino del médico Vásquez, señaló que sienten un alivio al presentarse estas detenciones, pero hacen un llamado para que el proceso siga avanzando."Sentimos un alivio al saber que las autoridades están trabajando, eso nos llena de de tranquilidad, de confianza, y lo que se le pide a las autoridades es que sigan haciendo su trabajo y siga el proceso con las personas que fueron capturadas", indicó Escorcia a Blu radio.Principal hipótesis sobre el móvil Está relacionada con un robo, sin embargo, este medio conoció que los criminales solo se llevaron unas tarjetas de crédito y el bolso de Porfiria Escorcia.Los menores serán presentados ante un juez en las próximas horas para definir su situación judicial.
Previo al debate de precandidatos presidenciales agendado para este jueves en el Congreso Empresarial Colombiano que se realiza en Cartagena, el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay fue homenajeado en el evento.Aunque de manera virtual, Miguel Uribe padre envió un mensaje de agradecimiento a todo el sector empresarial del que aseguró su hijo era muy cercano porque reconocía su importancia.“Él estaba convencido de que si tenemos un país seguro, en el que reina el imperio de la ley y la seguridad jurídica, habrá más crecimiento y más prosperidad. habrá más oportunidades para que cada colombiano pueda decidir su propio futuro y conquistar sus sueños. Por eso, él siempre hablaba de la seguridad como el plan fundamental y veía con preocupación hacia dónde nos estábamos dirigiendo. La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió otra vez y tocó la puerta de mi familia. primero llevándose la vida de mi esposa y ahora la de mi hijo”, dijo en medio de un emotivo discurso que dirigió a los cientos de asistentes al salón Getsemaní del Centro de Convenciones.El padre del también precandidato presidencial del Centro Democrático aseguró, además, que como colombianos hay que responder este acto de horror con civismo y profundo patriotismo.“Nuestra responsabilidad histórica es seguir unidos""A pesar del horror para derrotar a la oscuridad", el padre de Miguel Uribe invita a los colombianos a seguir unidos."Eso es lo que Miguel hubiese querido que hiciéremos, luchemos todos juntos por la seguridad nacional, los convoco a que respondamos este hecho cobarde y siniestro con absoluto civismo y profundo patriotismos para defender nuestra forma de vida: la democracia”, enfatizó.Miguel Uribe Londoño finalizó su intervención invitando a seguir luchando por la seguridad del país, pues asegura que es el único camino para construir una Colombia en paz como soñaba su hijo.“Sin seguridad nunca habrá paz. Sin seguridad nunca habrá nada. Sin seguridad no habrá una Colombia posible. Colombianos, luchemos todos por esta causa. Dios bendiga a Colombia. Dios bendiga a todos los colombianos”, concluyó.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.