Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.De acuerdo con la Policía, el primer hallazgo se registró el 22 de febrero de 2026, a las 6:10 de la mañana, en zona rural del municipio de Sincelejo, donde fue encontrado el cuerpo deEl primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
Al concejal de Barranquilla Alexis Castillo, del partido Conservador, lo sorprendieron recientemente con la notificación de que existía una orden de captura en su contra, la cual habría sido solicitada por la Fiscalía el pasado 11 de febrero a un Juzgado de Control de Garantías de Barranquilla, el cual fue aprobado la orden la semana pasada. Se trata de una decisión que se toma en el marco de una investigación realizada contra el cabildante por presuntamente maltratar física y psicológicamente a su expareja sentimental. Lo que, incluso, habría incluido episodios con fuertes golpes que ocasionaron daños en la piel de la víctima. Según consigna en la denuncia interpuesta por la mujer, lo actos de maltrato habrían iniciado en 2023, y habrían pasado también al plano de lo patrimonial, teniendo en cuenta que no les estaría pasando suficiente dinero para la manutención mensual de sus hijos. Lo curioso del caso es que el cabildante hacía parte de la Comisión de la Mujer de la corporación citada para cuando se conocieron los hechos. Al respecto, el concejal compartió un video en sus redes sociales en el que manifestó estar sorprendido por la información difundida y aseguró que en estos momentos está solventando la situación. "A un fiscal se le dio por decir que yo tengo que presentarme ante las autoridades, pero no es por el caso, es porque no llegue a presentarme a una audiencia a firmarle un documento de traslado de un escrito. Yo digo: ombe fiscal, se le pasó una excusa, pero si eso fue una falta de respeto, uno presenta las pruebas para aclararlo", manifestó.
El nuevo hospital de Usme acumula cerca de 37 meses de retraso frente a la fecha inicial de entrega y supera los $280 mil millones en inversión, según advirtió la Contraloría de Bogotá durante una visita de seguimiento realizada este 23 de febrero de 2026.De acuerdo con el informe del organismo de control, el proyecto fue contratado el 25 de febrero de 2020 e inició obras en mayo de ese año, con una fecha de entrega prevista para el 3 de mayo de 2023. Sin embargo, tras múltiples prórrogas, suspensiones, adiciones y modificaciones contractuales, el plazo se extendió hasta finales de 2025 y posteriormente hasta junio de 2026, prácticamente duplicando el tiempo inicialmente pactado.Aunque el avance físico reportado supera el 97 %, persisten problemas técnicos en el sistema eléctrico y en la energización total del hospital, aspectos clave para su operación integral. Sin la certificación eléctrica completa, el centro asistencial no puede prestar todos los servicios en condiciones normales, lo que obliga a una apertura gradual.La Administración Distrital anunció que algunos servicios especializados comenzarán a funcionar en las próximas semanas; el área de urgencias entrará en operación en abril y hospitalización, unidades de cuidados intensivos y cirugía lo harán en junio. No obstante, esta puesta en marcha por fases confirma que la infraestructura no será entregada totalmente terminada en un solo momento, como se proyectó inicialmente.El contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga Morillo, señaló que, si bien es positivo que cerca de 500.000 habitantes del sur de la ciudad empiecen a recibir atención en la nueva sede hospitalaria, no se pueden normalizar retrasos de esta magnitud en proyectos estratégicos. “Un hospital no se mide por el porcentaje de construcción, sino por su capacidad real y oportuna de prestar un servicio completo a la ciudadanía”, afirmó, según el comunicado oficial.La Contraloría indicó además que existen controversias contractuales en trámite ante tribunales de arbitramento y reiteró que continuará ejerciendo vigilancia fiscal para garantizar la culminación total del proyecto con responsabilidad técnica, financiera y jurídica, así como para determinar eventuales responsabilidades por los retrasos y sobrecostos registrados.
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.
Marcela Meléndez asumió esta semana como nueva directora de Fedesarrollo, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el centro de pensamiento económico en más de cinco décadas de historia. En su primera entrevista para Mañanas Blu 10:30 tras asumir el cargo, Meléndez dejó clara una de sus principales preocupaciones: la seguridad como condición indispensable para el desarrollo.“Yo creo que no hay manera de que el país se ponga en una senda virtuosa de crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad mientras no aborde el tema de seguridad con todas las ramificaciones que tiene”, afirmó.¿Qué relación tiene la seguridad y el crecimiento económico?Para la nueva directora, el problema de orden público no solo es un asunto de defensa o justicia, sino un obstáculo estructural para la economía. Explicó que la inseguridad impacta las finanzas públicas, la inversión privada y la productividad.Por un lado, señaló que los recursos destinados a atender la violencia se desvían de sectores clave como educación, salud e infraestructura. Por otro, advirtió sobre el efecto en las empresas: “El tema de seguridad le pega, no solo por los costos ineficientes que a veces hay que asumir para protegerse (…) sino también porque hay una incertidumbre muy grande sobre cómo se recupera la inversión que uno realiza”.Además, subrayó el impacto social de largo plazo. “Cuando tú has tenido tanta gente golpeada por la violencia y expuesta a un trauma violento, pues esas personas tienen un reto mayor que otras para engancharse en el mercado laboral”, explicó, advirtiendo que esto profundiza la desigualdad en un país ya marcado por brechas estructurales.Orden fiscal y reformas pendientesMeléndez también puso sobre la mesa los retos macroeconómicos inmediatos. Habló de la necesidad de “ordenar la casa desde lo macrofiscal” y de mantener niveles de deuda sostenibles. A su juicio, existe un desbalance entre ingresos y gastos que obligará al próximo gobierno a tomar decisiones difíciles.En esa línea, fue clara sobre el debate tributario: “Creo que no” es posible que el próximo presidente gobierne sin una reforma tributaria. Más allá de aumentar o reducir impuestos, planteó que el país debe revisar la complejidad del sistema y corregir distorsiones que afectan la actividad productiva.El salario mínimoEn cuanto al incremento del salario mínimo, señaló que en Colombia no funciona como un verdadero mínimo, pues cerca del 50 % de los trabajadores gana menos que ese valor. Alertó sobre los efectos colaterales de aumentos elevados, especialmente por la indexación del salario mínimo a pensiones, subsidios y vivienda de interés social.“Son grandes preguntas que hay que contestar alrededor de una decisión que no solamente es simbólica”, explicó, insistiendo en la necesidad de analizar las implicaciones fiscales y distributivas.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Ejército adelanta las labores de búsqueda de tres soldados que fueron reportados como extraviados tras combates contra criminales de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. El hecho ocurrió en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, en medio de operaciones militares contra una estructura ilegal al servicio de alias ‘Calarcá’.Según información preliminar conocida tras la verificación en el área, los soldados se perdieron durante una maniobra táctica adelantada por tropas que enfrentaban a integrantes de la Estructura Isaías Carvajal. La situación encendió las alertas dentro de la institución, que activó de inmediato protocolos de búsqueda y localización.Para dar con su paradero, fueron desplegadas capacidades adicionales en la zona, incluyendo refuerzos terrestres, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, medios aéreos y personal especializado. El objetivo es establecer su ubicación, garantizar su integridad y lograr su pronta recuperación en medio de un terreno selvático complejo y con presencia de actores armados ilegales.El extravío se produjo en el contexto de intensos combates contra las disidencias que delinquen en esa región estratégica del país, donde persisten enfrentamientos recurrentes. En medio de esas acciones, también se reportaron militares heridos y un uniformado muerto. Mientras avanzan las operaciones, la institución mantiene comunicación permanente con las familias de los soldados desaparecidos, a quienes se les brinda acompañamiento y apoyo.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
Este lunes, a las 9:00 de la mañana, se retomaron las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La diligencia está programada para desarrollarse este 23, 24 y 26 de febrero, inició con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien representa la defensa del hijo del presidente.Durante su intervención, el abogado apeló la admisión en el juicio de varios elementos a los que el juez Hugo Carbonó le dio cabida.El primero de estos fue el teléfono celular de Daysuris Vásquez. Consideró que este equipo de comunicación no debería ser aceptado en el juicio oral, por ser, a su juicio, una prueba ilegalmente obtenida, al no realizarle una audiencia de control posterior y pone entre dicho que Daysuris Vásquez lo haya entregado de forma voluntaria a la fiscalía dado que la información extraída del equipo, la terminó“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, expresó el abogado.La defensa de Nicolás cuestionó la aceptación de informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.Para el abogado, esta persona que entregó información a la Fiscalía debió ser llevada a juicio como testigo para ser interrogada, dado que sus declaraciones dieron origen al allanamiento de la casa del exdiputado del Atlántico, su posterior captura e incautación del teléfono de Laura Ojeda, su actual esposa.Cuestionó el abogado que no se demostró que esa fuente no formal estuviera amenazada.“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, detalló.
Entre las calles aún mojadas de Santa Marta, donde el lodo sigue marcando las huellas de la tragedia, ha comenzado a florecer algo que no se ve en los informes oficiales ni en las alertas del Ideam: la solidaridad. No la que se decreta desde los escritorios, sino la que nace en el pecho de los que no pueden quedarse quietos mientras otro sufre.Santa Marta vivió hace unos días una de sus peores emergencias por lluvias en años. Más de 60 barrios terminaron bajo el agua; casas anegadas, electrodomésticos perdidos, colchones flotando y calles que se transformaron en ríos turbulentos. Pero con el desastre, también emergió algo más poderoso: la voluntad de ayudar.Desde la misma noche de la primera tormenta, Felipe Bautista, un joven emprendedor conocido por su negocio de comida “Don Pipe Chicharrón”, no esperó a que las autoridades lo llamaran. Se subió a su carro, lo llenó de alimentos, y se fue a buscar a los damnificados. Esa noche no durmió, y desde entonces no ha parado.“Hemos logrado recolectar más de 70 millones de pesos en ayudas. Entre mercados, utensilios, colchonetas… pero aún falta mucho”, dice Felipe con la voz firme, mientras organiza una nueva entrega con los más de 20 voluntarios que ha unido en esta causa. Jóvenes que antes creaban contenido para redes, hoy cargan bolsas de mercado, reparten sábanas, recorren callejones de barro. “Cada granito de arena cuenta. Es hora de enseñarle a Santa Marta que unidos, sí podemos ayudar”, insiste.Su restaurante, ubicado en la Avenida del Libertador, se ha transformado en punto de acopio. Allí no se sirven platos, se empacan ayudas. Las mesas son ahora estaciones de clasificación. El aceite de cocina ya no es para fritar, sino para llenar los kits de mercados.Otro rostro de esta cadena humana es Junior Perdomo, gerente de TUMAP, la organización que gestiona el turismo en Santa Marta. A él, las lluvias le cambiaron la agenda. En lugar de reuniones sobre promoción turística, ahora coordina a hoteles, hostales y operadores que han empezado a donar camas, sábanas y toallas.“Esto no es solo una tragedia. Es también una oportunidad para mostrar qué tipo de ciudad queremos ser”, dice Perdomo. Y tiene razón. Varios hoteles que hace poco atendían turistas, hoy están donando el mobiliario que les sobró. Lo que ayer era lujo, hoy es alivio.Desde la institucionalidad, hay quienes también han entendido que esta emergencia no se resuelve solo con comunicados y desde el escritorio. Carlos Jaramillo Ríos, secretario de Desarrollo Económico del Distrito, se ha visto en todos los frentes: gestionando maquinaria amarilla, coordinando entregas de ayudas, escuchando a la gente.Ha recorrido a pie los barrios más afectados, empapado de lluvia y con el rostro cansado, pero presente. “Aquí no se trata solo de venir a tomarse la foto, se trata de estar, de quedarse, de volver si es necesario, seguimos las directriz de nuestro Alcalde Carlos Pinedo Cuello, de estar 24 / 7 al lado de la gente y esto lo hacemos entre todos, unidos”, ha dicho en varias intervenciones.Y es cierto. Porque entre la tristeza y la impotencia, hay imágenes que emocionan: una señora llorando al recibir una colchoneta nueva, un niño abrazando un paquete de leche, un grupo de voluntarios riendo después de cargar bultos de arroz bajo el sol.Santa Marta está dolida, pero no vencida. Ha vuelto a llover, y volverá a llover. Pero esta vez, la ciudad ha demostrado que la resiliencia no se mide solo en la capacidad de resistir, sino en la decisión de levantarse y ayudar a levantar a otros.Esta no es solo la ciudad de El Morro y las playas de postal. Es también la ciudad donde un joven decidió convertir su restaurante en centro de ayuda, donde los hoteleros cambiaron sus prioridades, donde los funcionarios están en la calle y no solo en sus oficinas, y donde cientos de ciudadanos —anónimos y visibles— han recordado que cuando todo se inunda, lo único que no puede ahogarse es la solidaridad.
La Troncal del Caribe, vía que conecta a Santa Marta con La Guajira, fue desbloqueada tras permanecer cerrada por más de un día por comunidades campesinas e indígenas de la Sierra Nevada. Sin embargo, los manifestantes trasladaron su protesta hasta las taquillas del Parque Nacional Tayrona, donde están permitiendo el ingreso gratuito de turistas como forma de presión hacia Parques Nacionales.El paro se originó por el incumplimiento de un acuerdo de zonificación ambiental que campesinos e indígenas aseguran haber pactado con el Ministerio de Ambiente desde febrero de este año. Según los manifestantes, este convenio garantizaría la permanencia de más de 2.000 familias que habitan hace más de 70 años en la zona de la Lengüeta, actualmente en disputa con Parques Nacionales.“Lo que pedimos es que la ministra firme el acuerdo con el que ya se había comprometido. No podemos seguir siendo excluidos del desarrollo por vivir en una zona que ahora consideran intocable, cuando nuestras comunidades han estado allí por generaciones”, expresó Carlos Piro, líder campesino.Ante esta situación, el gremio bananero del Magdalena también alzó su voz. José Francisco Zúñiga, presidente ejecutivo de ASBAMA, aseguró que el sector enfrenta graves afectaciones por la reiteración de bloqueos en la vía.“En lo que va del año ya van 32 bloqueos en el departamento del Magdalena. Esto pone en riesgo la exportación de más de mil contenedores semanales de banano que se movilizan hacia el puerto de Santa Marta. Afecta la calidad de la fruta y pone en riesgo el sustento de más de 19.000 familias que dependen del sector”, explicó Zúñiga.El líder gremial pidió al Gobierno nacional establecer una regulación clara sobre las manifestaciones sociales que garantice el derecho a la protesta, pero sin vulnerar el derecho al trabajo y la movilidad de otros sectores productivos.Aunque los manifestantes aseguraron que por hoy no volverán a bloquear la vía, advirtieron que si no se instala una mesa de diálogo con presencia de la Ministra de Ambiente, podrían retomar el cierre. Por ahora, la tensión se mantiene y la protesta continúa en la entrada al Tayrona.
La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la muerte de un hombre de 27 años llamado Brayan Enrique Sánchez Díaz, quien de acuerdo a su reportes oficiales habría intentado disparar contra dos uniformados en un enfrentamiento que también propició la captura de Luis Mario Barbosa Martínez, de 21 años y con quien se movilizaba en una motocicleta.El general Edwin Urrego, comandante de la institución armada en la capital del Atlántico, relató que los mencionados desobedecieron una orden de detención y sacaron armas de fuego. “Los individuos fueron alcanzados por los uniformados, momento en el cual, sin mediar palabra, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y realizó disparos contra los policías. En defensa de su integridad, los agentes hicieron uso de su arma de dotación, logrando reducir a los hombres, quienes fueron trasladados inmediatamente a un centro médico”, se aprecia en un comunicado.“Lamentablemente, uno de los presuntos delincuentes, identificado como Brayan Enrique Sánchez Díaz, de 27 años de edad, falleció en el centro asistencial debido a la gravedad de las heridas sufridas. En el lugar, se le incautó un arma traumática tipo pistola modificada con cinco cartuchos calibre 9 milímetros”, se puede seguir leyendo.Sánchez Díaz, según la institución, había sido capturado en flagrancia el 6 de junio de 2025 por el delito de hurto de motocicleta. Además, contaba con una anotación judicial por hurto calificado y cumplía con una detención domiciliaria.Por otro lado, Barbosa Martínez, hoy siendo atendido en un centro asistencial bajo vigilancia policial, registra siete anotaciones judiciales por delitos de hurto y tres por tráfico de estupefacientes.“Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad”, finalizó la misiva.Este sería el tercer altercado que involucra a motorizados y oficiales, debido a un caso ocurrido este lunes en el que dos sicarios hoy aprehendidos arremetieron contra ellos en un intento por escapar y otro episodio en el que perdió la vida Juan Camilo Oliver Navarro, barbero de 22 años al que perseguían para solicitarle una requisa.
La Gobernación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina informó en las últimas horas que fue decretada una ley seca para este jueves festivo 7 de agosto, debido al desfile tradicional que se tiene preparado para esta ocasión y en el que no quieren que se repitan los múltiples altercados de orden públicos registrados el pasado 20 de julio.De esa manera se puede leer en el decreto que fue 0359 que fue publicado en las redes sociales, en el que se fundamenta además que se busca “incidir en el normal desarrollo del desfile patrio, constando las situaciones que han alterado el orden público en años anteriores, poniendo en riesgo la integridad de quienes participan en el desfile, así como los espectadores de este”.Al respecto mencionó el coronel James Evelio Totena, comandante del Departamento de Policía de San Andrés, que más de 120 uniformados estarán desplegados para garantizar seguridad y evitar que el alcohol dañe esta fiesta.“Efectivamente son situaciones de riñas las que se presentan y lo que buscamos es evitar eso, que disfrutemos con nuestros niños. Recordemos que los tenemos con nosotros y claro que las bebidas alcohólicas cumplen con su cometido en la alteración de su capacidad y su raciocinio. Por eso se determina esta ley seca que inicia desde los primeros minutos de este jueves hasta horas de la tarde”, declaró en conversación con Blu Radio.Para hacer claridad, la ley seca iniciará a las 12:01 de la madrugada de este jueves festivo 7 de agosto hasta las 6:00 de la tarde. Habrá multas para los desobedientes, así como cierres parciales para establecimientos que no la respeten.Los cierres viales relacionados al desfile entrarán en vigor desde las 5:00 de la mañana en los alrededores del barrio San Luis “Ginnie Bay", mientras que la Policía Nacional prepara sobrevuelos para evitar la delincuencia.
Desde la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria) defienden la gestión realizada para la salida de un buque con combustible que fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, por presuntamente dirigirse hacia Cuba, país que está bajo bloqueo para la venta de petróleo y derivados del mismo. Al respecto, el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, afirmó que el buque que zarpó iba con cargamento de fibroil y que mostró su documentación al día para llegar a un puerto de República Dominicana. La operación comercial se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana se comprometió a entregar el producto en el puerto de origen, mientras que el comprador asumió la responsabilidad del transporte y el destino final de la carga, lo que deslinda cualquier responsabilidad del puerto de Palermo frente a lo que pudo suceder en la trayectoria del mismo. No obstante, defiende que al final el barco llegó a Haití, país ubicado en la misma isla que República Dominicana, por lo que consideró que las versiones que lo vinculan con un supuesto destino a Cuba “entran en el terreno de la especulación”."Porque el barco termina en Haití no se sabe si ese fue un destino nuevo o si por las interceptaciones. Nada dice o de ahí en adelante que el producto iba para Cuab. Pero son negocios entre particulares y ahí la responsabilidad la lleva el comprador del producto", explicó.
Para el candidato presidencial Sergio Fajardo las recientes denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro, en el sentido de un posible fraude electoral para las elecciones del próximo 8 de marzo, es una manera del mandatario de realizar actividad política, algo que no está permitido para ningún funcionario del Gobierno. "Creo que es una estrategia del presidente para crear caos y malestar. El presidente no puede hacer política y está haciendo política de manera descarada y eso no lo puede hacer y no es correcto, pero eso lo viene haciendo desde siempre", manifestó el candidato desde Barranquilla. Para el también exalcalde de Medellín no es creíble que haya riesgo de fraude, a lo que agrega que es importante que empiecen a ser aceptados y respetados los resultados de las elecciones. "Yo he perdido y siempre he sido respetuoso de los resultados. Es parte del reto político aceptar", explicó.Fajardo fue enfático en señalar que no se debe politizar el debate y que se necesitan líderes que sepa tender puentes y no construir trincheras. ApoyosA propósito de la visita realizada por Fajardo a Barranquilla, este recibió el apoyo del exvicepresidente Gustavo Bell, del expresidente de Promigas Antonio Celia, del exministro de Educación Germán Bula, entre otros. El candidato incluyó en su jornada la visita a varios sectores en los que socializó sus propuestas para acceder a una mejor tarifa de energía.
En video quedó registrado un violento caso de hurto del que fue víctima una turista este domingo en la ciudad de Cartagena. En las imágenes, que han sido difundidas en redes sociales, se observa como la mujer es agredida, mientras forcejea con el delincuente para evitar que este se lleve su bolso, en plena vía pública del barrio Loma Fresca en la vía que conduce al Cerro de La Popa.El video, de 24 segundos, que fue grabado por un testigo del hecho, muestra como el delincuente arrastra a la mujer por la calle, e incluso la lanza contra el andén, mientras ella se aferra al bolso sin soltarlo en ningún momento. Al no lograr despojarla de sus pertenencias, el hombre abandona su cometido, y huye del lugar en una motocicleta que lo esperaba.Tras la difusión del video, el alcalde Dumek Turbay anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los dos presuntos responsables, de los que dijo están plenamente identificados.“Nosotros lo que hemos hecho hoy es poner a consideración una recompensa de 10 millones. Los tenemos totalmente identificados alias ‘El Tirito’ y alias ‘Douglas’, del barrio Loma Fresca. Ahí está la Policía atenta a lograr su captura”, señaló el mandatario.Habitantes del sector y trabajadores del gremio turístico pidieron que se refuerce la seguridad y los controles policiales en esta zona que se ha convertido de gran atractivo para los visitantes tras la habilitación de una nueva vía al Cerro de La Popa.“La verdad es peligroso transitar a ciertas horas, y hay turistas que prefieren subir o bajar caminando y se exponen a este tipo de situaciones que son muy recurrentes”, dijo a BLU Radio un taxista que se dedicada a transportar turistas a este sector.Entretanto, el alcalde Turbay afirmó que se continuará “afianzando el trabajo articulado con la fuerza pública para mejorar los niveles de tranquilidad y convivencia en la ciudad, especialmente en zonas turísticas y de alta afluencia de visitantes”.Asimismo las autoridades distritales informaron que cualquier información sobre estos presuntos atracadores será atendida, bajo reserva absoluta, a través de los canales oficiales de la Policía Metropolitana de Cartagena.Vea el video aquí:
Una crisis de salud pública se vive este lunes 23 de febrero en San Pelayo, Córdoba, luego de que un grupo de casi 60 menores recibiera una donación por parte de unos profesores que decidieron realizar una entrega de alimentos a niños afectados por las recientes lluvias que ya dejan a más de 220.000 personas damnificadas en este departamento. Los alimentos fueron entregados durante una actividad realizada en la vereda El Diluvio, del corregimiento de La Madera, en la tarde del domingo. Como parte del menú fueron incluidos dos huevos cocidos, yuca cocida, queso y mantequilla. Sin embargo, al parecer durante el traslado, estos habrían sufrido alteraciones, lo que llevó a que más de 20 niños resultaran afectados tras su consumo. Al respecto, se está realizando un estudio para establecer una posible Enfermedad Diarreica Aguca, teniendo en cuenta que están presentando un cuadro gastrointestinal asociado a una posible intoxicación alimentación. "La comunidad dice que habría sido el queso, el causante de la intoxicación masiva. Son muchos niños, pero bueno no creemos que haya sido de mala fe", indicó Ivan Conde, un líder de la vereda. Pese a que los primeros 14 menores fueron llevados de urgencia el domingo por la noche, durante la mañana del lunes llegaron otros seis niños más, para un total de 20 menores atendidos. De estos, cuatro ya fueron dados de alta y 16 permanecen estables bajo atención médica.
En el corazón de Montería, donde hay 53.492 personas damnificadas por las lluvias, el Coliseo Miguel Happy Lora dejó de ser, por unas horas, un frío albergue de paso para convertirse en un palacio de esperanza. En medio de un paisaje marcado por las pérdidas y el agua que lo reclama todo, surgió una historia que logró lo que parecía imposible: cambiar el llanto de angustia por lágrimas de pura alegría.Michelle, una joven cuya vida se vio sacudida por la furia del invierno, se encontró este fin de semana en el centro de un milagro cotidiano. Mientras miles de familias intentan rescatar lo poco que les queda, la comunidad del albergue se unió para que la tragedia no le robara sus 15 años. No hubo grandes salones ni lujos, pero bajo el techo del coliseo que hoy cobija a quienes lo han perdido todo, el brillo de la sorpresa en los ojos de Michelle iluminó la penumbra de la emergencia.Le puede interesar: Más de 400 familias afectadas por lluvias en Córdoba reciben ayuda de la Unidad de VíctimasFue una celebración que desafió a las estadísticas. Entre las colchonetas y los bultos de ropa, los pasos de baile de esta quinceañera recordaron a los presentes que, aunque el río Sinú se haya desbordado, la dignidad y los sueños de los monterianos permanecen a salvo.Este festejo no fue solo para Michelle; fue un bálsamo para los miles de afectados que vieron en su sonrisa una victoria contra la adversidad. En el "Happy" Lora, este fin de semana se demostró que, incluso cuando el agua llega a las rodillas, el corazón puede seguir volando alto. Vea aquí las conmovedoras imágenes de los 15 años de Michelle.
Desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se está advirtiendo sobre la llegada para esta semana, específicamente entre 22 y el 26 de febrero, de un nuevo frente frío sobre el mar Caribe, lo que podría agravar las inundaciones en el departamento de Córdoba, Sucre y Bolívar.Además de los departamentos mencionados, el Ideam incluye al resto de las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, pues la probabilidad de precipitaciones es alta y con ella vendrán vientos de hasta 50 kilómetros por hora o hasta deslizamientos de tierra y crecientes súbitas en zonas ribereñas.Situación en CórdobaLos municipios de San Antero, San Bernardo del Viento, Los Córdobas, Puerto Escondido y Moñitos figuran entre los más expuestos. En Montería ya se suman 53.492 damnificados.Las autoridades advierten que las condiciones podrían generar emergencias, especialmente en sectores vulnerables cercanos al mar y a cuerpos de agua.Ante el riesgo, la CVS pidió a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activar de inmediato los planes de contingencia y reforzar el monitoreo en zonas críticas. También hizo un llamado a pescadores y propietarios de embarcaciones menores para que suspendan actividades marítimas, aseguren sus botes y acaten las restricciones de navegación.El sector turístico deberá extremar medidas, informar a los visitantes sobre los riesgos y restringir el acceso a playas con mayor exposición.La entidad ambiental insistió en que las comunidades aseguren techos e infraestructura liviana, limpien canales y drenajes y se mantengan atentas a cualquier instrucción oficial, incluso ante posibles evacuaciones preventivas.