Mientras crece la incertidumbre en el mundo por la guerra en Irán; en Bolívar, a orillas del Río Magdalena, lloran la muerte de un joven magangueleño, en medio de los bombardeos en Dubái el pasado fin de semana.Sebastián Loaiza Tobio, de 36 años, quien hace más de 12 años trabajaba para una empresa de seguridad en Emiratos Árabes, murió, al parecer, luego de que un artefacto explosivo impactará el lugar donde se encontraba.Y aunque en Yatí, el corregimiento ubicado a pocos minutos de Magangué, de donde es oriundo Sebastián y su familia, es poca la información que tienen sobre cómo ocurrieron los hechos, por ahora solo esperan que el cuerpo del exsoldado profesional sea repatriado lo más pronto posible.“Nosotros no teníamos contacto directo con él y al ver la situación allá en Medio Oriente, pues uno se desespera. Los mensajes solamente aparecían un chulito, un chulito, un chulito, y bueno después de 24 horas ellos se reportan, y nos notifican de lo que pasó”, dijo Álvaro Loaiza, hermano de Sebastián, en diálogo con BLU Radio.Según contó su hermano, tras permanecer un año y algunos meses en el Ejército, Sebastián Loaiza decidió irse a Emiratos Árabes buscando mejores oportunidades para él y su familia. Se preparó en paracaidismo, combate fluvial, rappel, entre otros entrenamientos militares.“Él hizo toda su documentación, gracias a Dios, todas las cosas se le dieron y pues ahí estaba hasta todo lo qué sucedió actualmente (…) Él era un profesional en su arte, era un comando, ese muchacho estaba preparado. Más de cinco o seis cursos de encima”, describió.Sebastián Loaiza deja dos hijas y una esposa con la que estaba establecido en la ciudad de Montería, a donde llegaba cada de mes de junio que tenía un periodo de descanso.Sus familiares y amigos lo describen como un hombre amable, agradable y sobretodo muy querido por todos.“Nosotros somos tres pero parecemos uno solo, éramos muy apegados. Mi hermano era una persona muy querida, se daba mucho a querer. Más que de pronto, una excelente persona, ese muchacho donde llegaba irradiaba la luz. Dios mío, bendito, no tengo palabras, y no porque era mi hermano, sino porque se daba a querer. Era un una gran persona, que verdaderamente nunca debió a haberle sucedido esto, pero bueno, a Dios le pedimos fuerza para soportar todo esto”, aseguró Álvaro Loaiza.Se espera que el cuerpo de Sebastian sea repatriado a Colombia aproximadamente en un mes.
El juez 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías legalizó la noche de este miércoles la captura de Juan David Taboada, alias ‘Tata’, el joven de 19 años señalado por el secuestro y asesinato de dos hermanas en el municipio de Malambo, Atlántico.Durante la audiencia se conoció un hecho particular: al momento de ser detenido por unidades del Gaula de la Policía, el señalado asesino se encontraba completamente indocumentado ante la Registraduría, ya que nunca fue registrado por sus padres al nacer y, al cumplir la mayoría de edad, tampoco había tramitado su cédula de ciudadanía.Así lo manifestó el propio procesado al momento de entregar sus datos ante el juez: “Buenas noches para todos los presentes, mi nombre es Juan David Taboada y no me sé el número de cédula porque apenas me la sacaron hoy. Como pueden ver, yo nunca fui registrado ni bautizado”, expresó durante la diligencia judicial.Esta situación fue utilizada por su abogado defensor, quien intentó que el juez declarara ilegal la captura y ordenara su libertad, argumentando que no era posible expedir una orden judicial en su contra sin contar con su número de documento de identidad.Sin embargo, el juez desestimó ese argumento y señaló que el procedimiento que llevó a la captura se realizó conforme a lo establecido en la ley, por lo que decidió legalizar la detención.Tras esta decisión, la audiencia de imputación de cargos por los delitos de homicidio y secuestro fue aplazada para el viernes 6 de marzo a las 8:00 de la mañana.Cabe recordar que, según la denuncia de la madre de las víctimas, alias ‘Tata’ sería la persona que enviaba videos en los que aparecía amenazando con un arma de fuego en la cabeza a una de las menores, de 14 años, mientras exigía una millonaria suma de dinero a cambio de liberarla y dejarla salir con vida.La detención de este hombre se produjo el martes a las 7:40 de la noche, cuando apenas había dado unos pasos fuera de la clínica Altos de San Vicente tras ser dado de alta. Alias ‘Tata’ estuvo hospitalizado en este centro asistencial desde el 27 de febrero a causa de múltiples golpes sufridos en medio de un accidente de tránsito por hacer piques ilegales.
La aprehensión de alias el ‘Mono’, de tan solo 17 años, no solo sacude a Barranquilla por el atroz crimen de las hermanas Keyla Nicolle y Sherydan Sofía Hernández Noriega quienes fueron encontradas enterradas en Malambo, sino porque siendo menor de edad, estuvo vinculado al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.Blu Radio conoció, en primicia, información que da cuenta que el adolescente ingresó a las filas de este frente guerrillero liderado por alias 'Primo Gay', bajo el mando de alias 'Calarcá' en el año 2025, por lo que permanecía en el departamento de Antioquia.Allí estuvo varios meses, hasta que se desvinculó luego de ser herido de un disparo en una pierna en combates con la séptima División del Ejército, en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Ante este episodio, alias ‘El Mono’ fue dejado a disposición de las entidades administrativas en Medellín, pero posteriormente logró salir y retornar a Barranquilla.Labores de inteligencia de las autoridades indican que este menor nuevamente se vinculó con esta estructura criminal, en esta ocasión dentro de una célula urbana en la capital del Atlántico con la intención de controlar el microtráfico en toda el área metropolitana.A pesar de sus 17 años, alias ‘El Mono’ tiene una amplia trayectoria criminal que inició en el año 2023, cuando solo tenía 14 años y fue reclutado por la banda criminal ‘Los Costeños’, donde rendía cuentas a Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’.Blu Radio conoció que para ese entonces empezó a abrirse camino como uno de los sicarios de esa organización. Un año después, en el 2024, las autoridades lo aprehendieron por el delito de homicidio y extorsión por lo que fue sancionado con 8 años de estancia en el centro de reclusión especializado para menores El Oasis.De allí se fugó el 8 de noviembre de 2024 y se fue rumbo al departamento de Antioquia, donde terminó enfilado en el frente 36 de las disidencias de las Farc.
En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías Juan Carlos Escorcia de la Hoz, conocido como Juancharrasquiado, para responder por el delito de tentativa de feminicidio agravado luego de que el pasado 8 de febrero, en el municipio de Baranoa, le rociera alcohol a su compañera sentimental y luego le prendiera fuego, causándole graves quemaduras en todo su cuerpo.El señalado agresor se entregó a las autoridades, a donde llegó acompañado de un abogado.Daniel Gómez, director seccional de la Fiscalía, informó que la agresión se presentó luego de que la pareja estuviera compartiendo en una fiesta y se fueran a su casa, donde sostuvieron una acalorada discusión en la que hubo amenaza.“Empezaron a tener discusiones por una conducta celotípica y la discusión se fue calentando, llegaron a su casa, siguió la discusión y vino la fase de amenaza, de advertencias, de incriminación y tomó la decisión de coger un frasco con alcohol y rociarla y encender fuego y lo hizo delante de los dos hijos menores de edad de la joven”, detalló el director de fiscalía en el Atlántico. Gómez informó además que el señalado agresor al ver el daño causado a su pareja, incluso ayudó junto a vecinos a apagar el fuego, sin embargo luego huyó del sitio.Debido a la gravedad de las heridas, la mujer estuvo varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras de primer y segundo grado. Luego fue dada de alta con una incapacidad inicial de 25 días. Medicina Legal reportó que la víctima sufrió lesiones y cicatrices en su rostro, pecho y brazos.
La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación en el caso de Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y escolta del secretario de la Cámara de Representantes de Colombia, Jaime Lacouture, quien fue capturado en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.Según el ente acusador, una de las líneas busca establecer si hay un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino del dinero. La otra apunta a determinar un eventual caso de corrupción relacionado con una posible destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.La captura fue objeto de revisión en audiencia de legalización ante un juez de control de garantías, quien decidió dejar en libertad al escolta. De acuerdo con su abogado, Iván Cancino, la decisión obedeció a presuntas irregularidades en el procedimiento y fallas en la sustentación del ente acusador.“La defensa demostró que la captura fue ilegal en el procedimiento y que el dinero no tenía ningún motivo o circunstancia que lo vinculara con delito alguno, y se ordena también la devolución del dinero y de los vehículos. El debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia no son bienes que se puedan disponer a la ligera, como lo hemos visto hoy. La investigación obviamente seguirá, pero en Colombia llevar dinero en efectivo no es delito y no podemos permitir que eso se vuelva una costumbre. La Fiscalía obviamente tendrá que hacer sus procedimientos, sus indagaciones, pero lo importante es que hoy esas personas quedaron libres”, afirmó.El abogado también sostuvo que su defendido permaneció más de 30 horas capturado sin que avanzara la diligencia judicial y que inicialmente la Policía habló del delito por omisión de reporte sobre transacciones en efectivo.Por su parte, la Fiscalía explicó que la Policía tardó 24 horas en presentar el informe judicial, lo que generó retrasos en la legalización de la captura y en la evaluación del delito a imputar. Finalmente, en audiencia y tras una revisión de la información, el ente acusador sustentó la hipótesis de lavado de activos.Sin embargo, la jueza cuestionó que la Fiscalía no justificara adecuadamente las demoras y puso en duda la adecuación típica del delito planteado. Durante la diligencia también se conoció que el dinero estaba distribuido en siete paquetes con nombres que coinciden con políticos de La Guajira.
Venezuela volvió a mostrar cifras positivas en su economía. El Banco Central de Venezuela informó que el país creció 8,66 % en 2025, un repunte que atribuye principalmente al sector petrolero, incluso en medio de las sanciones de Estados Unidos que el año pasado fueron flexibilizadas tras la caída del mandatario Nicolás Maduro.El dato marca 19 trimestres consecutivos de crecimiento, según el ente emisor, y abre el debate sobre si la economía venezolana realmente está entrando en una etapa de recuperación sostenida o si se trata de un rebote estadístico después de una contracción histórica.Petróleo impulsa la economía tras cambios en el control del crudoEl informe del banco central señala que el impulso clave vino del petróleo. Aunque no se divulgaron los resultados completos del sector en 2025, sí se reportó un aumento de 13,41 % en el cuarto trimestre.El contexto político y económico cambió de forma drástica el 3 de enero, tras la incursión militar estadounidense que terminó con la captura de Maduro. Posteriormente, Venezuela cedió a Estados Unidos el control de la comercialización de su crudo y reformó su Ley de Hidrocarburos para permitir mayor participación privada.Las ganancias por la venta del petróleo ahora se depositan en un fondo en Catar, disponible para el nuevo gobierno encabezado por la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez.El BCV aseguró en un comunicado que “la economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación”. Además, analistas proyectan que en 2026 el crecimiento podría ubicarse entre 10 % y 15 %.Crecimiento económico en Venezuela no borra crisis salarialA pesar del repunte, la realidad diaria sigue siendo compleja para buena parte de la población. El PIB venezolano se redujo cerca de 80 % en una década y apenas comenzó a recuperarse desde el segundo trimestre de 2021, cuando se levantaron controles de precios y se permitió una dolarización informal.Hoy el ingreso promedio se ubica entre 100 y 300 dólares, muy por debajo de los 700 dólares que, según estimaciones privadas, se necesitan para cubrir la canasta alimentaria.Expertos advierten que en una economía que hoy es cinco veces más pequeña que en 2013, pequeñas variaciones pueden inflar los porcentajes de crecimiento.El balance deja dos lecturas claras:Hay expansión económica sostenida según cifras oficiales.El poder adquisitivo de los ciudadanos sigue siendo limitado.La pregunta sobre si Venezuela se está recuperando no tiene una respuesta simple. Las cifras muestran avance, pero la percepción ciudadana aún parece estar lejos de hablar de bonanza.
No es un secreto que el costo de la energía en Colombia es un factor que golpea el bolsillo de millones de familias. Cada aumento en la factura de la luz se siente de manera inmediata. Ante esto, el Gobierno Nacional dio un paso que transforma el panorama a largo plazo: firmó un memorando de entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica para impulsar la energía nuclear en Colombia.Eso sí, el objetivo no es de corto plazo ni traerá rebajas inmediatas en la factura, pero sí fortalecería el suministro eléctrico y la seguridad energética en el país, evitando temores de que los hogares colombianos se queden sin luz.Así será la energía nuclear en Colombia: acuerdo con OIEAEl acuerdo abre la puerta a un programa amplio de cooperación técnica. De acuerdo con el comunicado, ahora se permitirá consolidar capacidades científicas, regulatorias e institucionales en materia nuclear, en línea con la transición energética global.Según lo revelado desde la Red Nuclear Colombiana, su director Camilo Prieto Valderrama señaló que tener una Ley Nuclear “permitirá fortalecer la capacidad institucional del país y ampliar el acceso a tecnologías nucleares aplicadas a la generación de energía y a la salud, particularmente en la lucha contra el cáncer”.Por su parte, el director del OIEA, Rafael Marino Grossi, aseguró que “Colombia está avanzando en la dirección correcta hacia una planeación integral de la implementación de la energía nuclear”. La hoja de ruta incluye modernizar el marco regulatorio, fortalecer la autoridad competente y alinearse con estándares internacionales de seguridad.¿Cuánto bajará el costo de la factura de la luz con energía nuclear?De momento no hay confirmación de cuánto podrían reducirse los costos en las facturas de la luz; sin embargo, esta es una estrategia para evitar que el país se quede sin el servicio a futuro. En ese sentido, el año 2038 se proyecta como posible ingreso de la energía nuclear a la matriz energética nacional. De esa manera, no es una decisión improvisada, sino que el proceso contempla:Aprobación de la Ley Nuclear en el Congreso.Formación de talento humano especializado en ciencias e ingenierías nucleares.Adecuación de infraestructura e integración a las redes eléctricas.La apuesta está ligada a la descarbonización y a la reducción de emisiones, pero también a la estabilidad del sistema eléctrico. En un país vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño, diversificar la matriz energética es una estrategia para evitar racionamientos.
Colombia puso en marcha uno de los planes más ambiciosos para modernizar el transporte público individual. El Ministerio de Transporte abrió oficialmente el programa Transporte Sostenible: Taxis Eléctricos, con el que busca acelerar la renovación de vehículos antiguos por unidades 100 % eléctricas.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó la iniciativa como “lo más grande que se ha hecho hasta ahora en Colombia en modernización de vehículos de servicio público individual” y aseguró que no se trata de una propuesta futura, sino de un esquema que ya está habilitado para postulaciones.¿Cuánto dinero podrán recibir los taxistas y cuáles son los requisitos?Para 2026, el Ministerio dispone de $12.842 millones destinados a propietarios que tengan entre uno y tres taxis.El incentivo económico se estructura así:Hasta $34 millones para taxis con entre 10 y 20 años de operación.Un adicional de $7,5 millones si el vehículo supera los 20 años.Hasta $10 millones para instalar infraestructura de recarga domiciliaria.En el escenario más alto, el apoyo puede superar los $51,5 millones por beneficiario.La ministra explicó que el componente de recarga es clave para que el modelo sea viable en el día a día. “No queremos que la gente se vare, pues el tema de la recarga le puede hacer poco viable utilizarlo en el día a día. No es un papel, no es una idea, es algo a lo que la gente ya se puede postular”, afirmó.¿Habrá créditos adicionales para completar la compra?Sí. El programa incluye una línea de financiación respaldada por Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías.Los propietarios podrán solicitar hasta $92,4 millones adicionales para adquirir el taxi eléctrico. La línea contempla tres meses de gracia y un plazo de cinco años.Según José Alberto Garzón, presidente de Bancóldex, actualmente hay $14.800 millones disponibles y el monto podría ampliarse. Detalló que el crédito no solo cubre el vehículo, sino también el costo de oportunidad durante la reposición, la matrícula y la infraestructura de carga.¿Qué impacto tendría en el bolsillo de los conductores?Desde el Gobierno sostienen que la transición también tiene un componente económico. Rojas aseguró que los costos mensuales podrían pasar de alrededor de $1,8 millones a aproximadamente $636.000, dependiendo del modelo elegido.“Sobre todo los conductores o propietarios de taxis entienden lo que es bajar la tercera parte de ese costo, hasta 40 % por kilómetro de los costos globales”, señaló la ministra.Aclaró, no obstante, que los valores finales dependerán de la referencia escogida, razón por la cual el Ministerio organizó espacios de exhibición donde las marcas presentan sus propuestas.El objetivo oficial es que para 2036 circulen 54.000 taxis eléctricos bajo este esquema. El plan se enmarca en la estrategia de transición energética del país, en un contexto en el que el transporte representa cerca del 12 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Un soldado profesional del Batallón de Policía Militar No. 24 fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria por decisión de un juez, tras verse involucrado en un hecho que terminó con la muerte de un presunto ladrón en Bogotá.Los hechos se registraron en la madrugada del primero de marzo de 2025, cuando, según la información conocida, el uniformado habría sido abordado con intención de hurto. En medio de la situación se produjo una riña y el militar sacó su arma personal, con la que disparó contra el supuesto asaltante.El impacto le ocasionó la muerte a la persona señalada de intentar cometer el robo. El caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que el soldado no se encontraba en actos del servicio al momento de los hechos.De acuerdo con lo establecido, el uniformado estaba en su período de descanso y utilizó un arma de su propiedad, no la de dotación oficial. Por esta razón, la competencia del proceso recayó en la justicia ordinaria y no en la jurisdicción penal militar.En audiencia realizada en Bogotá, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.
Las alertas por posibles riesgos electorales asociados a compra de votos golpean a la región Caribe, ya no solo por la polémica incautación realizada en La Guajira, sino también en Córdoba. Precisamente, la reciente incautación de más de $400 millones en efectivo abren el debate por el posible uso político que se le iba a dar a ese dinero. El vaso comunicante en esta polémica es Misael Augusto Villarreal Jorge, quien fue capturado junto a una mujer por transportar el dinero. Él, quien es exconcejal de Montelíbano, es primo de Jhon Adolfo Correa Villarreal, ex secretario de Infraestructura de este municipio. Estos nombre no serían relevantes, de no ser porque el senador y actual candidato a repetir curul Julio Elías Chagui, recientemente publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento dirigo a 'Kuko' Correa, es decir, al mismo Jhon Adolfo que es primo del hoy capturado. "Gracias, Kuko Correa, gracias a sus líderes y a todo su equipo de respaldo por la asistencia masiva, por abrirnos los brazos y creer con firmeza en este proyecto", publicó el senador el pasado martes en su cuenta de Instagram.Dichas palabras acompañaron una publicación con las fotos de un evento de cierre de campaña que habría contado con la asistencia de unas 5 mil personas en un coliseo cubierto de Montelíbano. Ahora bien, a Misael Augusto también lo señalan de haber sido muy cercano durante esta época de campaña a la actual representante a la Cámara por Córdoba y candidata al Senado, Ana Paola García. Aunque sobre ambos casos no hay ninguna prueba que los relacione con el destino de este recurso, sus nombres salen a flote a partir de la cercanía manejada con quienes hoy están capturados por esta millonaria incautación.
En la mira del Instituto Nacional de Salud en Colombia está la masiva dinámica de entrada y salida de colombianos y turistas que se avecina en los próximos meses con el inicio del Mundial de fútbol de la Fifa 2026, debido a la alarma epidemiológica que hay en sus países anfitriones Estados Unidos, Canadá y México en el aumento de los casos de Sarampión.Desde el Norte-Centro Histórico de Barranquilla afirmó la directora de la INS, Diana Pava, que es casi inevitable el aumento de los casos de Sarampión en el territorio nacional por la alta demanda migratoria que habrá en ese tiempo. En efecto, actualmente hay tres reportes de contagio importados, todos provenientes de México: dos atendidos en Bogotá y uno en Bucaramanga.“A epidemiológico, un riesgo representa una probabilidad. Es decir, evaluando el comportamiento de la región, sí podemos esperar que ingresen más casos porque va a haber movilización de personas. Por eso es importante revisar las medidas epidemiológicas con anticipación, pero la alerta está omitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para todos los países, incluso hay países de Europa que ya han perdido la certificación. Ósea, el riesgo y la probabilidad es latente, estamos preparados”, declaró a Blu Radio.Desde que se conoció el primero de estos contagios se activó una articulación con las secretarías de salud departamentales para la identificación de más casos. Ahora mismo, no hay fallecimientos, ni hospitalizaciones y tampoco han presentado síntomas las personas que han establecidos contacto con los tres afectados.La recomendación clara del Instituto es a la vacunación, pues el sarampión puede agravarse si los afectados no tienen las dosis de triple viral: sarampión, rubéola y paperas. Los síntomas empiezan con brotes, siguen con afectaciones neurológicas o incluso la muerteAdemás, emitieron una recomendación en los hogares para evitar la recolección de aguas que deriven en criaderos del mosquito Aedes aegypti, cuyas picaduras producen dengue, y con él fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares/articulares y erupciones cutáneas.Lanzamiento Las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, fueron entregadas en medio del lanzamiento de los tres nuevos programas de posgrado de la Universidad Simón Bolívar.Estos son: doctorado en Virología, primero en Latinoamérica en ser ofrecido; doctorado en Inteligencia Artificial, único en la región Caribe; y Maestría en Derecho Público y Privado.Estos programas serán ofrecidos en modalidad presencial en Barranquilla y fueron concedidos por un término de siete (7) años, cada uno, mediante las resoluciones 5301 y 5303 del 25 de febrero de 2026, firmadas por el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño.El Doctorado en IA fue aprobado con un plan de estudios de 90 créditos académicos, una duración de tres años y admisión anual de doce (12) estudiantes. El título que otorgará será el de Doctor(a) en Inteligencia Artificial. Por su parte, el Doctorado en Virología contará con 110 créditos académicos, una duración estimada de cuatro años y la admisión anual de 10 estudiantes.El rector José Consuegra Bolívar señaló que la aprobación de ambos programas representa un paso en el fortalecimiento de la investigación de alta calidad en la región Caribe y el país. "Con estos dos nuevos doctorados, la Universidad Simón Bolívar reafirma su compromiso con la formación doctoral y la generación de conocimiento en áreas que inciden directamente en el desarrollo científico, tecnológico y sanitario del país”, afirmó.Con los nuevos doctorados, la Universidad Simón Bolívar amplía su oferta académica a 140 programas en sus sedes de Barranquilla y Cúcuta: 39 pregrados y 101 posgrados, incluyendo 30 maestrías y 12 doctorados. Desde la próxima semana estarán abiertas las inscripciones para el mismo.
De la manera más impensada cayeron, literalmente, los dos primeros implicados en el secuestro y posterior crimen de las hermanas Sherydann Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle, de 17, halladas enterradas en el municipio de Malambo, Atlántico.Alias 'Tata', hoy capturado, y otro adolescente involucrado fueron ubicados en la Clínica Altos de San Vicente de Barranquilla el pasado viernes en la madrugada, minutos después de sufrir un accidente en motocicleta cuando, al parecer, realizaban piques ilegales en Puerto Colombia y terminaron estrellados contra el pavimento, lo que incluso dejó a uno de ellos con fractura en una de sus piernas.Mientras eran atendidos por los médicos, en la clínica encendieron los celulares de ambos jóvenes para ubicar a los parientes e informarles su estado de salud, pero los primeros en llegar fueron las unidades del Gaula que les seguían la pista hacía más de una semana por la desaparición de las dos hermanas."Nuestro Gaula, a través de unas órdenes de Policía Judicial, intercepta unas líneas telefónicas y encuentra que se activa un teléfono de estos. Al ir a verificar dónde estaba el teléfono, pues estaba ubicado en un centro hospitalario y la persona que lo tenía era el hoy capturado e, igualmente, había otra persona que lo estaba acompañando, un menor de edad", informó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.Interrogatorio y recompensaUna vez ubicaron a estos jóvenes, las autoridades comenzaron un interrogatorio en el que lograron conocer la ubicación de las menores, que para entonces ya habían sido asesinadas y sepultadas en una zona enmontada. Con estas coordenadas, se realizó la exhumación y se logró hallar a ambos cadáveres.Así, la recolección de pruebas ha avanzado, permitiendo materializar la captura de alias 'Tata' en las últimas horas, eso sí, solo por el delito de secuestro extorsivo, pues los cargos por homicidio sólo se podrán anexar cuando Medicina Legal culmine el proceso de identificación plena de los cuerpos.A su vez, se avanza en el proceso para judicializar al menor de edad involucrado, cuya aprehensión todavía no se habría dado por algunos trámites y confirmaciones pendientes, inclusive su verdadera edad que aún sería una incógnita.Lo cierto es que en el caso habría al menos otros cuatro involucrados y por eso la Alcaldía de Barranquilla anunció una recompensa que permita ubicarlos."Hacemos un aporte de hasta 20 millones de pesos para todos aquellos ciudadanos que puedan facilitar información que nos permitan la captura de la o las personas que participaron con los capturados y aprehendidos en este hecho, donde lamentablemente dos menores pierden la vida en el municipio de Malambo", informó Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.La principal hipótesisEntretanto, el director seccional de Fiscalía en Atlántico, Daniel Gómez, confirmó que la principal hipótesis de este doble homicidio gira en torno a una retaliación en contra de las víctimas, luego de que una de ellas, aparentemente, intentara delatarlos con una banda enemiga."Al parecer, uno de los sujetos identificó una serie de mensajes de una de las niñas hacia unas personas integrantes de una estructura criminal, donde se interpretó por esta persona que era que ellas se habían metido con él para ubicarlos y colocarlos en algún lado, y que este sufriera una retaliación por una estructura del crimen", dijo el director.
A alias 'El Mono' y alias 'El Tata' un accidente de tránsito les puso el 'tatequieto' a las maniobras que venían realizando para evadir las autoridades, luego de presuntamente asesinar a las hermanas Sheridan y Keyla, de 14 y 17 años, respectivamente. La historia se remonta a una pista que se les escapó a los jóvenes tras extorsionar a María Noriega, madre de las menores, a quien le pidieron hasta $50 millones de pesos en pago por un supuesto rescate de sus hijas, siendo que al menos una de estas ya había sido asesinada. El contacto con los presuntos delincuentes fue realizado inicialmente por María, quien logró acceder a las cuentas de whatsapp de sus hijas, donde pudo establecer quiénes las habían citado a una fiesta el pasado 17 de febrero, de la cual no volvieron. Sin embargo, solo recibía fotos de su hija con pistolas en la cabeza y mensajes amenazantes de que si no pagaba, iban a matarlas a ambas. Debido a la desesperación que enfrentó la madre de las adolescentes, quien reconoció no tener dinero para pagar monto alguno por el rescate, decidió denunciar ante el Gaula lo sucedido. Fue entonces cuando la intervención de las autoridades fue clave para intentar durante días rastrear la ubicación del teléfono del que habían sido realizadas las llamadas extorsivas. Aunque fueron días de angustia, la paciencia dio sus frutos la semana pasada cuando fue nuevamente encendido el teléfono celular. El rastreo de las llamadas y mensajes enviados desde el teléfono celular de alias ‘Tata’, permitió a las autoridades establecer que esta persona se encontraba hospitalizada en la clínica Altos de San Vicente por un accidente de tránsito.Este revelador detalle llevó al esclarecimiento de la doble desaparición de las hermanas Hernández Noriega, pues al incautar el equipo de comunicaciones fueron halladas fotos y videos que permitieron comprobar, en aquel momento, que las jóvenes habían sido asesinadas. Los señalados asesinos tenían varios videos en los que se observaban a las víctimas, incluso, registraron el momento en que las menores fueron asesinadas. Posteriormente, lograron dar con la ubicación de los cuerpos, los cuales fueron sepultados en zona rural de Malambo. El material, ahora en mano de las autoridades, servirá de elemento de prueba para judicializar a los criminales.
Un doble homicidio cometido con sevicia contra dos hermanas de 14 y 17 años a las afueras de Barranquilla, está dejando al descubierto un entramado de conflictos entre bandas delincuenciales locales, pero también la posible injerencia y reclutamiento de menores por parte de grupos armados al margen de la ley. La situación se da a partir de la aprehensión de un menor de 17 años identificado con el alias de 'El Mono', quien habría participado en el asesinato de ambas adolescentes. Este joven, quien tiene un amplio prontuario delictivo, pues las autoridades identifican que su actividad delincuencial se remonta desde que este tenía 8 años, llevaba casi dos años como prófugo de la ley tras haber escapado del Centro de Atención Especializado (CAE) "El Oasis", en 2024. Desde entonces, el joven intentó huir de Barranquilla, lo que lo llevó a viajar al interior del país donde fue reclutado por el frente 33 de las disidencias de las Farc. Al menos, durante un año estuvo con este grupo y recién hace unas semanas volvió a la capital del Atlántico, donde habría establecido amistad con las hermanas Keyla y Shelidan. Aunque su presunta participación en este crimen no tendría que ver con una orden de las disidencias de las Farc, si daría cuenta de un fuego cruzado entre miembros de bandas como 'Los Pepes' y 'Los Costeños', pues al parecer 'El Mono' era buscado por hombres que están bajo el mando de alias 'Castor', por crímenes cometidos en el pasado. Según conoció Blu Radio, Keyla, la adolescente de 17 años, fue señalada durante una fiesta en la que participó el pasado 17 de febrero de estar presuntamente aliada con una de estas bandas y de pretender algo en contra de 'El Mono'. Esto la llevó a ser acusada de delatora, lo que terminó en su asesinato y, posteriormente, en el de su hermana. Aunque sigue siendo motivo de investigación la causa de estos crímenes, esta es una de las principales hipótesis manejadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla, lo que se espera esclarecer durante la judicialización de 'El Mono' y también de 'El Tata', un joven de 18 años presuntamente implicado en estos homicidos quien también está bajo el poder de las autoridades.
La motivación para cumplirse el sueño de ver a los aviones de cerca fue suficiente para un niño menor de 10 años en Barranquilla, de quien se supo este miércoles que burló toda la seguridad del aeropuerto Ernesto Cortissoz y logró quedarse durante varios minutos en el pista de aterrizaje de esta terminal, hecho que coincidió con que justo en esos instantes no hubo tránsito de aviones.Al respecto se refirió inmediatamente la Aeronáutica Civil indicando que en realidad fue un caso ocurrido el pasado 23 de enero y por el que fue necesario un refuerzo para el cerramiento perimetral, mayor presencia de personal motorizado, fortalecimiento de cámaras de seguridad y hasta la agilización de un contrato para la instalación de luminarias adicionales.El menor fue visto por los bomberos del lugar y fue puesto en un lugar seguro mientras la Policía de Infancia y Adolescencia ubicó a su madre, residente en un sector aledaño, y garantizó su retorno seguro al hogar.“Según lo manifestado por el propio menor, su ingreso se habría producido por el sector contiguo a la base aérea, con la intención de acercarse a los aviones. Desde el momento del incidente, el área de Seguridad, en articulación con la base aérea y la empresa de vigilancia, adelantó una revisión exhaustiva para determinar el punto de acceso y fortalecer los controles existentes”, se puede leer en un comunicado de la entidad.“Es importante resaltar que la situación fue controlada de manera inmediata, no se registraron afectaciones operacionales ni riesgos para la seguridad aérea, y el menor en ningún momento sufrió daño alguno”, agregan.Dice al Aerocivil que no hubo afectaciones operacionales ni riesgos para la seguridad aérea, que el niño no sufrió daños y que incrementaron presencia del área social para sensibilizar a padres y cuidadores sobre los riesgos que implica la entrada no autorizada a las instalaciones aeroportuarias.“La entidad reitera su compromiso con la seguridad operacional y con el trabajo articulado con las autoridades y la comunidad, reafirmando que, ante cualquier eventualidad, existen protocolos claros y efectivos que permiten actuar de manera rápida, responsable y coordinada”, finalizan.Vea el video aquí:
En la Clínica San Vicente, en el norte de Barranquilla, se adelanta en la mañana de este miércoles la captura, por parte del personal del Gaula de la Policía, Juan David, alias 'Tata', y también fue aprehendido un adolescente de 17 años conocido con el alias del ‘Mono’. Ambas personas son señalados como presuntos responsables del asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años respectivamente.Las investigaciones apuntan a que las jóvenes habrían salido de sus casas el pasado martes 17 de febrero, hacia la medianoche, a una fiesta a las que fueron invitadas por unos jóvenes que habían conocido recientemente a través de redes sociales y con quienes habían compartido el sábado de Carnaval. Los jóvenes les manifestaron inicialmente que no querían que asistieran porque en la fiesta había otros amigos "de su trabajo". Al menos así lo recuerda María Noriega, madre de las jóvenes. "Yo escuché que él les dijo que no querían que fueran que no querían ponerlas a ellas. Yo les pregunté que eso qué significaba y la más chiquita me dijo que tranquila. Que no iban a ir porque no se iban a hacer matar", contó la mujer en entrevista dada a medios. Pero Keyla y Sheridan sí asistieron al encuentro y allí, al parecer, la joven de 17 años fue señalada como supuesta delatora y colaboradora de una banda delincuencial contraria a la que hacen parte sus amigos. Como resultado de la pelea, Keyla habría sido asesinada a sangre fría, ante la mirada de su hermana Sheridan, quien fue retenida por al menos tres días, hasta que fue asesinada y enterrada junto a su hermana en una zona enmontada ubicada en el municipio de Malambo.Llama la atención que el menor de edad capturado, conocido con el alias de ‘El Mono’, sería la persona que le disparó a las hermanas. Este joven, en el año 2025, se habría fugado de un centro de detención de menores y desde entonces estuvo prófugo de la justicia.
A pocos días de las elecciones de este 8 de marzo, la Fuerza Pública confirmó un amplio despliegue de seguridad en los 266 municipios de la región Caribe, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad.En total, más de 35.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares estarán distribuidos en toda la región norte del país , donde el censo electoral se acerca a los 10 millones de votantes, según indicó el mayor general Juan Carlos Correa, inspector general de las Fuerzas Militares, quién estuvo en Barranquilla liderando una jornada de coordinación entre el Comando Conjunto N.º 1, las divisiones del Ejército, la Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional.“Aquí en esta región que tiene ocho departamentos, 266 municipios y casi 10 millones de censo electoral, hemos desplegado más de 35 000 hombres y mujeres, más de 15 aeronaves de diferente tipo y más de 30 elementos fluviales y navales que dan la garantía de esa seguridad a nivel regional. Por eso también los queremos invitar a presentar este escenario para que denuncien. Estamos aquí para fortalecer la seguridad de manera conjunta y coordinada, como le he comentado anteriormente”, expresó el oficial.El oficial hizo un llamado directo a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad que pueda afectar la jornada democrática. Recordó que la línea 157 está habilitada para reportar delitos electorales; el 165 para alertar sobre posibles actos terroristas; y el 147 para denunciar casos de extorsión o secuestro.“La seguridad de las elecciones es un compromiso de todos”, reiteró el general, al señalar que la Fuerza Pública trabaja de manera articulada con la Registraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación que se adelantaba contra los magistrados del Tribunal Superior de Santa Marta Carlos Milton Fonseca Lidueña, José Alberto Dietes Luna y Juan Bautista Baena Meza, indiciados por los presuntos delitos de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público y cohecho propio.El caso se originó por la pérdida del cuaderno de segunda instancia dentro del proceso penal contra Hugo Quintero Cervantes, condenado en 2010 por peculado por apropiación, involucrado en el millonario desfalco al Instituto de Seguros Sociales en Ciénaga, Magdalena. En octubre de 2011, el Tribunal confirmó la condena y revocó el beneficio de prisión domiciliaria, ordenando su captura.Sin embargo, posteriormente se advirtió la desaparición del cuaderno que contenía la decisión de segunda instancia. A raíz de ello se promovió una investigación penal en contra de los magistrados.La Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema solicitó la preclusión al concluir que, tras el análisis de los elementos materiales probatorios, no existía evidencia que demostrara la intervención de los magistrados en la pérdida del expediente ni en un eventual pago para propiciar su desaparición.La Sala Especial determinó que el expediente fue remitido a la Secretaría del Tribunal el mismo día en que se profirió la sentencia y que, a partir de ese momento, los magistrados perdieron control material sobre el proceso. Según el análisis judicial, las irregularidades se produjeron con posterioridad, en la fase administrativa.La Corte también cuestionó la credibilidad del testimonio que originó los señalamientos, al advertir ausencia de corroboración objetiva y circunstancias que afectaban su imparcialidad. En consecuencia, la Sala resolvió precluir la indagación a favor de los magistrados, decisión contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación.
Un nuevo hecho de intolerancia en contra de los trabajadores de la empresa Air-e se registró en el barrio El Prado, de Santa Marta, donde un usuario amenazó a un operario con un arma de largo alcance para evitar un corte de energía.Le puede interesar: El caso quedó registrado en un par de videos en los que se observa cuando el usuario, en plena calle, apunta con el arma al trabajador, sin embargo, este no se queda callado y le responde que prefiere morir antes que dejarse amedrentar.Los videos fueron difundidos en redes sociales por el agente interventor de Air-e, Edwin Palma, quien aseguró que este usuario le adeuda a la compañía “más de 10 millones de pesos” por el servicio de energía y que, ante semejante cartera en mora, este “humilde trabajador solo fue a cumplir su labor”.En ese sentido, Palma exigió a las autoridades actuar con todo el peso de la ley ante esta situación.“Ruego a la Policía de Colombia y a la Fiscalía investigar y sancionar ejemplarmente esa conducta y acompañar la diligencia que se enmarca en la ley”, dijo.“Mi solidaridad con el trabajador y mi rechazo enérgico a este acto de violencia extrema. Como empresa procederemos conforme a la ley”, agregó.
En iglesias, colegios, y hasta en el centro de salud del corregimiento de Paraíso, en zona rural del municipio de Montecristo, permanece desde hace cinco días más de 300 personas provenientes de las veredas de Mina Gorila y Mina Plana, que tuvieron que abandonar sus hogares por cuenta de la escalada violenta de los grupos armados en el sur de Bolívar.Le puede interesar: El alcalde de Montecristo, Luis Baldovino, quien aseguró que esta situación supera las capacidades del municipio, explicó que hasta el momento son 170 familias desplazadas de las veredas de Mina Gorila y Mina Plana y 120 confinadas en Mina Piojo.“Recibieron unas llamadas donde les exigían que dejaran la población sola, que no respondían, eran llamadas de grupos ilegales, específicamente del ELN, y pues las familias, todos, se desplazaron al corregimiento de Paraíso. Esto es una disputa de estos grupos por el territorio, estos son territorios mineros, de esas economías, y, al parecer, por esa situación están batallando esos grupos armados”, señaló en diálogo con Blu radio el mandatario.Aunque desde la administración municipal, la iglesia católica, y la Personería, se está brindando asistencia humanitaria y médica a las familias afectadas, insisten en que no es suficiente y no alcanzan a suplir todas las necesidades de las comunidades.“La verdad como municipios estamos agotados, hemos logrado atenderlos, pero no hemos logrado abastecerlos de todo lo que necesitan estas comunidades, y por eso estamos pidiendo ayuda al Gobierno Nacional, Al gobierno departamental y a la Unidad de Víctimas, para que tomen cartas en el asunto porque al ser un municipio de sexta categoría, somos de bajos recursos, ya no tenemos capacidad, hicimos lo que podíamos”, indicó el alcalde Baldovino.En medio de la incertidumbre por no saber cuándo podrán retornar a sus hogares, estas familias por su parte claman por ayudas de los gobiernos departamental y nacional.“Hay ancianos, hay personas ya de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños, tenemos personas aquí con problemas de salud, y sería bueno que el gobierno departamental y el gobierno nacional, ya todo en general, que nos presten esas ayudas que estamos necesitando porque en verdad las necesitamos. Nos tocó venir a incomodar a la comunidad de Paraíso, ya que nosotros somos vereda y ellos nos han acogido con cariño y nos han brindado todos esos espacios, pero por la seguridad de nosotros mismos nos desplazamos”, relató José Domingo Barrios, presidente de la Junta de Acción Comunal de Mina Gorila.A su vez, la iglesia católica hizo un llamado a respetar la vida y los derechos de estas comunidades a permanecer en sus territorios.“El llamado que nosotros hacemos es un llamado a la paz, es un llamado al cese de fuego, un llamado a que no se vulnere los derechos, a las personas que están allí con deseos de trabajar, con deseos de superarse, de salir adelante, ese el llamado hoy como iglesia, cómo diócesis de Magangué, y lo hacemos también viendo las necesidades de nuestros hermanos, porque es muy difícil ver en la situación en la que se encuentran en este momento”, aseguró Luis Eduardo Arroyo, párroco de la iglesia católica de Montecristo.De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de este 2025 se han producido cuatro desplazamientos masivos y más de cinco confinamientos en el sur de Bolívar, donde hacen presencia el ELN, las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ Córdoba autodenominadas ‘Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF)’ y el llamado ‘Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).Además, vienen en aumento los homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, el reclutamiento de menores de edad, y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.
Los presuntos nexos del ‘Papa Pitufo’ con funcionarios del Gobierno habría sido causal de retiro reciente de dos uniformados de la Policía, vinculados a la seccional de Aduanas en Cartagena y Barranquilla, a quienes les abrieron investigaciones por presunto apoyo a redes de contrabando.Se trata del capitán Faudel Salazar y del mayor Royce Javier Díaz Munive, ambos estuvieron vinculados a la Policía de Aduanas de Cartagena y Barranquilla, respectivamente, y fueron retirados en abril de 2024 por “voluntad del Gobierno nacional” al considerar que estaban incurriendo en posibles prácticas de corrupción.Sus nombres salieron a relucir públicamente en abril de 2024, luego de ser mencionados durante una audiencia en la que la Fiscalía establecía las relaciones que Diego Marín Buitrago, alias ‘Papa Pitufo’, tendría con funcionarios del Gobierno para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando al país, entre los que se encontraban ambos uniformados, para mover mercancía de manera irregular por ambos puertos.La revelación no fue nueva, un año atrás ya venía siendo investigado Díaz Munive, a partir de una denuncia realizada por la Brigadier General Sandra Hernández, entonces directora nacional de la Polfa, quien pedía revisar si este se encontraba ligado a una presunta red criminal. Meses después, el mayor fue grabado en un hotel de Cartagena compartiendo con ‘Papa Pitufo’ y compartiendo abrazos junto a este y otras personas más; lo que estableció una posible conexión en medio de la investigación.Sin embargo, poco o nada se sabía del ‘modus operandi’ con el posiblemente se movía mercancía ilegalmente, al menos, a través del puerto de Barranquilla, la cual no se descarta que pertenecía a ‘Papa Pitufo’.De acuerdo con información conocida por Blu Radio, Díaz Munive fue acusado de presuntamente presionar a sus subalternarnos, abusando de su posición, para que funcionarios de la Dian y de la Policía permitieran el ingreso de contenedores con mercancía, que no era revisada, tal y como establece la ley, a los cuales les hacían acta de control aduanero para luego “coordinar con los contrabandistas el envío de la mercancía terrestre”, tras pagar hasta $5 millones de pesos por cada contenedor que salía. Las actividades, al parecer, las coordinaba con un exmiembro de la Policía, quien se encargaría de dar las órdenes por él.“Le daban información al ex-patrullero Danny Albarracín, los movimientos de dicha carga y rutas internacionales para llevar un registro y control de dichas vías y valor a pagar por la salida sin problemas del puerto, en una relación de 2 a 5 millones por contenedor con contrabando (…) se hace mención de otra alianza con braseros de contenedores que se paga por la extracción que puede ser desde 150 a 300 millones por contenedor con mercancía de contrabando que se traslada a otras ciudades del país”, indica una comunicación enviada en marzo de 2024 al general Salamanca, en la que solicita la salida del funcionario.Entre los elementos que se revela en esta carta, que fue trascendental para la decisión del retiro del mismo, se establece que tanto Díaz como su colaborador llevaban registro de lo que entraba y lo que salía. Entre estos, se hallaban contenedores con mercancía como “calzado, confecciones, cigarrillos, licores, celulares, accesorios, oro, divisas por carga o pasajeros internacionales”.Aunque en el documento de la queja que llegó a manos del general Salamanca no se mencionó directamente a Diego Marín Buitrago, no se descartan los nexos que habría entre ambos a partir de lo revelado en abril pasado por la Fiscalía.Al respecto, Díaz Munive apeló a su retiro y actualmente cursa una solicitud de nulidad ante un Juzgado de Florencia. En su defensa señala que lo dicho contra él es falso y que es un funcionario con una carrera intachable.Por lo pronto, el capitán (r) Faudel Salazar se encuentra retirado, mientras avanza la investigación penal en su contra por haber presuntamente permitido situaciones similares en el puerto de Cartagena.
Este martes, a las 9:00 de la mañana, se reanudó la audiencia preparatoria de juicio a Nicolás Petro y, en el inicio, el abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa del hijo del presidente en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dijo que son especulaciones los señalamientos que indican que Nicolás está buscando salir del país a través de la solicitud de asilo. Le puede interesar: Esto, luego de que pidiera a la fiscal Lucy Laborde que, si tiene alguna prueba en este sentido, la aporte ante el juez, dado que en un medio de comunicación salió que fuentes judiciales revelaron las supuestas pretensiones de Nicolás."Hago en este momento una solicitud muy especial, porque si la Fiscalía General de la Nación es la única opción que se tiene, que sea la fuente judicial reservada de semana, como lo dice el reportaje, no le ha descubierto a la defensa algún elemento que indique que Nicolás Petro está buscando asilo en otro país, por eso, con base en el artículo 90 del Código de Procedimiento Penal, yo quiero solicitar entonces que se me entregue aquí en audiencia ante un juez autónomo imparcial y en este escenario en donde sí hay igualdad de armas", solicitó Carranza.Por solicitud del abogado fue sacado de la sala el investigador Juan Camilo López Linares, quién llegó como apoyo de la fiscal, pues consideró que, al ser uno de los testigos que ella utilizaría en el juicio, podía contaminar las pruebas, sin embargo, minutos después, cuando ya la fiscal Lucy Laborde se encontraba detallando cada uno de los elementos que usará en el proceso, el juez segundo especializado Hugo Carbonó interrumpió la diligencia para preguntar al abogado Carranza si Laura Ojeda, pareja de Nicolás, quién también se encontraba sentada en la sala, era una de sus testigos, por lo que, al tener una respuesta afirmativa, le ordenó a Laura, con una señal con su mano, que también saliera.La audiencia fue suspendida a la 1:00 de la tarde de este martes y se reanudara el miércoles 12 de febrero a las 8:30 de la mañana.
Héctor Amaris, quien fue hombre de confianza del tres veces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció públicamente este lunes 10 de febrero que decide "romper" su silencio para entregar información a la Fiscalía General de la Nación sobre "casos de corrupción sistemática" en los que habría participado el mandatario y de los que este tendría pruebas. Desde Miami, ciudad en la que Amaris tiene establecido su domicilio, reveló que tiene pruebas documentales, registros financieros y testimonios con los que no solo demostraría la presunta culpabilidad del mandatario barranquillero, sino que también limpiaría el nombre de su padre, quien murió, según sus palabras, tras ser condenado "injustamente". "Fui testigo directo de prácticas corruptas lideradas por Alejandro Char, con sus socios estratégicos, testaferros, colaboradores cercanos, directores de su partido, funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla y diversas empresas fachada", señaló Amaris en su carta. Entre los temas por lo que anunció entrega de información se encuentra el de la Triple A, por supuesto desvío de recursos, siendo que el pasado 31 de enero tuvo que nuevamente presentarse ante la Fiscalía para entregar detalles sobre la contratación del Megatanque 7 de abril. También sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Aida Merlano y supuesto lavado de activos a través de empresas. Expuso que durante años decidió guardar silencio, pero que consideró que era hora de exponer la verdad, debido a las persecuciones, hostigamiento y escarnio público por la que su familia se encontraba afectada. "Entiendo que esta decisión conlleva riesgos considerables para mi seguridad y la de mi familia, motivo por el cual he solicitado formalmente a la Fiscalía garantías de protección integral", expone Amaris en la carta, con la que se puso a disposición de las autoridades.
Una tensa calma es la que se percibe en la vía La Cordialidad, a la altura del municipio de Baranoa (Atlántico), donde la concesión Autopistas del Caribe retomó el cobro en el peaje tras dos semanas y media de protestas lideradas por la comunidad.El Comité No al Peaje se tomó la caseta de Galapa el pasado 22 de enero y desde entonces había mantenido las talanqueras arriba para evitar el cobro a los vehículos; sin embargo, este lunes decenas de trabajadores de la concesión respondieron con otra masiva manifestación para pedir que cesara la toma de este peaje y les permitieran laborar.Luego, la comunidad se retiró a unos metros de la caseta, bloqueó la vía por varias horas y finalmente decidió suspender la protesta, por lo menos, hasta el próximo miércoles, cuando esperan reunirse con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).Rubén Llanos, líder del Comité No al Peaje, afirma que desde la Gobernación del Atlántico les confirmaron esta reunión y que durante el encuentro insistirán en la tarifa cero para vehículos de categorías C1 y C2, tanto en la caseta que está instalada en Baranoa, como la de Sabanagrande."Queremos tarifa cero, porque nosotros estamos al final de la concesión. Nosotros no viajamos a Cartagena todos los días, sino a Barranquilla, que está a 15 y a 17 kilómetros respectivamente, y allí no vamos a tener construcción de obra nueva, simplemente mantenimiento", dijo. "Entonces, ese mantenimiento que lo paguen los carros pesados, nosotros no tenemos por qué financiar obras que no nos van a construir a nosotros", agregó.Sin embargo, BLU Radio conoció que la propuesta que traería la ANI al peaje de Baranoa sería una tarifa diferencial de 2.600 pesos para vehículos de categorías 1 y 2.Hasta el momento, dicha tarifa diferencial está fijada en 4.500 pesos y beneficia a 5.310 usuarios de los municipios de Baranoa, Usiacurí y Polonuevo.