Con disparos fueron recibidos el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, y técnicos de fauna silvestre de la dirección regional Almeidas y Guatavita. Los hechos sucedieron mientras realizaban labores de protección, monitoreo y conservación para un oso de anteojos.“Debo denunciar que estamos siendo también objeto de intimidaciones y calumnias por parte de miembros del Concejo Municipal de Villapinzón, situación que será denunciada a la Procuraduría General de la Nación y a las autoridades competentes",indicó Ballesteros.El director de la CAR añadió que los concejales son servidores públicos, que están obligados a respaldar la labor de las autoridades ambientales y no a calumniar y a poner en riesgo la vida de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional; además, pidió públicamente a esos funcionarios públicos respeto por la labor que la CAR está realizando en el municipio de Villapinzón.A finales del mes de enero, la CAR firmó el Pacto por la Protección del oso de anteojos, en donde autoridades ambientales, gobiernos locales y actores del territorio se comprometieron en reunir esfuerzos para la conservación, protección y manejo del corredor biológico de la especie emblemática como lo es el oso de anteojos. En aquella oportunidad, la CAR realizó la entrega de herramientas pedagógicas de monitoreo, entre ellas cuatro cámaras trampa FLEX-M, que permitirán fortalecer el seguimiento científico y comunitario del oso andino y de otras especies asociadas al corredor biológico.
Un bebé recién nacido fue encontrado con vida luego de haber sido abandonado dentro de una bolsa de basura en el barrio Obando, en el municipio de El Rosal, en la mañana de este 17 de febrero.De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la alerta inicial se produjo cuando vecinos del sector llamaron a los organismos de emergencia al creer que se trataba de un animal atrapado en una bolsa que estaba en el tejado de una vivienda.Fueron los mismos vecinos del sector de este municipio, al noroccidente de Bogotá, quienes, usando escaleras, subieron al techo de la casa y rescataron la bolsa. Al abrirla encontraron un bebé recién nacido que había sido abandonado. “Al llegar al lugar, ya la comunidad se había subido al techo de la casa; había un bebé que tenía pocas horas de nacido”, relató el sargento Rubén Masmela, comandante de Bomberos de El Rosal.Los habitantes del sector actuaron de inmediato y trasladaron al menor al Centro de Salud El Rosal, desde donde fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, donde permanece bajo observación médica. “El bebé es masculino y el Centro de Salud de El Rosal lo llevó al Hospital San Rafael de Facatativá; al niño lo tienen en la unidad de neonatos”, explicó Masmela, quien además aclaró que por ahora la información detallada de este caso es escasa.Al momento del hallazgo, la bolsa en la que fue abandonado aún presentaba rastros de sangre, lo que refuerza la hipótesis de que el nacimiento se habría producido pocas horas antes.
Un caso en Sibaté, Cundinamarca, ha generado temor en la comunidad por la gravedad de los hechos, convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores registrados recientemente en el municipio. Lo que inició como una discusión por el pago incompleto de un trabajo de carpintería terminó en homicidio y posterior desmembramiento.La víctima, un carpintero de 31 años y propietario del negocio, sostuvo una confrontación con su empleado, Carlos Eduardo Caro Herrera, por la elaboración de unas puertas. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, la pelea escaló en cuestión de minutos: pasó de reclamos verbales a agresiones físicas con un objeto contundente y luego con un arma cortopunzante.Fiscalía revela detalles de asesinato en SibatéDe acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre de 2025 en el mismo taller donde ambos trabajaban. Allí, Caro habría atacado a su jefe en varias ocasiones hasta ocasionarle la muerte.“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Eduardo Caro Herrera por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre de 31 años, perpetrado en Sibaté (Cundinamarca)”, informó la entidad.El caso no terminó únicamente en homicidio. La investigación señala que, utilizando herramientas del establecimiento, el agresor desmembró el cuerpo de su jefe y lo guardó en bolsas plásticas con el propósito de ocultar evidencias.Partes del cuerpo de la víctima fueron encontradas en SoachaTras la captura del señalado responsable, la Fiscalía detalló que partes del cuerpo fueron trasladadas hasta la vereda Alto del Cabra, en el vecino municipio de Soacha, donde fueron abandonadas envueltas en una cobija y dentro de una bolsa. El hallazgo se produjo el 18 de diciembre, un día después del asesinato.Durante el proceso judicial se conoció que, tras cometer el crimen, Caro habría hurtado:Una motocicleta de la víctima.Dinero en efectivo.Un celular y otras pertenencias.Los elementos fueron vendidos posteriormente en Bogotá, según la investigación.Las pruebas recolectadas en el taller y los hallazgos forenses resultaron determinantes para esclarecer el caso. El procesado aceptó los cargos, entre ellos homicidio agravado y hurto calificado.El hecho ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia con la que se perpetró, sino también por la frialdad evidenciada en el intento de ocultarlo. Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía confirmó que las pruebas permitieron sustentar la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el responsable.
La muerte de Cristian Martín, un joven de 16 años, ha generado consternación en todo el país. Su familia permanece inmersa en el dolor y las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido con el estudiante que salió de su casa en la madrugada, como hacía habitualmente para asistir a clases, pero por desgracia jamás regresó.Cristian cursaba el primer semestre del programa Ciencias y Matemáticas de la Universidad El Bosque. De acuerdo con sus familiares, era un alumno destacado que había obtenido el mejor puntaje del Icfes en su colegio, lo que le permitió acceder a una beca.El pasado lunes 16 de febrero, el joven salió de su casa a las 4:40 de la mañana. Se despidió de su mamá y, horas después, el silencio en su celular encendió las alarmas.GPS fue clave para ubicar al menor en GachancipáAnte la falta de respuesta, la familia intentó rastrear el celular del joven. Un detalle inesperado aclaró el caso. Cristian normalmente dejaba las sesiones abiertas en su computador. Esa costumbre permitió ingresar al correo electrónico y localizar el dispositivo.“Con el correo del portátil dimos con la ubicación del celular, cosas de Dios porque él siempre deja todo abierto. Y empezamos a buscar… y que Gachancipá. Y yo decía: ‘Pero, ¿por qué?’”, relató una familiar a Blu Radio.La señal revelaba que el joven estaba en el municipio de Gachancipá, en una zona rural boscosa. Los familiares se desplazaron rápidamente para encontrar el celular y, con suerte, al joven.Familia encontró el cuerpo de Cristian: computador fue claveLa búsqueda terminó entre lágrimas. De acuerdo con lo revelado, Cristian fue hallado sin vida hacia la 1:05 de la mañana del martes 17 de febrero en un cerro del sector rural.Ante esto, la familia asegura que no conocía amenazas, conflictos o situaciones que encendieran alertas previas. Lo describen como un joven disciplinado, juicioso y enfocado en sus estudios.Madre de joven dice que hay alguien involucradoEn conversación con Noticias Caracol, la madre de Cristian señaló que hay personas involucradas en la muerte de su hijo, una versión que contrasta con lo manifestado por el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, quien indicó que pudo tratarse de suicidio.“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario municipal.Ante esto, otra hipótesis apunta a un posible caso de extorsión, pues la hermana relató que cuando se dirigían al lugar donde estaba Cristian comenzaron a recibir llamadas en las que les exigían cerca de dos millones de pesos para devolverlo.“Cuando veníamos de camino para acá empezaron a llamar a mi mamá, que lo tenían, que un carro, que no sé qué, que plata, que dos millones de pesos”, relató.Ante ello, la madre del joven, en diálogo con Noticias Caracol, hizo un llamado a los presuntos responsables. “Yo sí quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que el que me le hizo eso a mi hijo pague, pague, y no me importa; me llegue el agua hasta donde me llegue”.Por su parte, la Universidad El Bosque se pronunció a través de sus redes sociales, donde expresó solidaridad con la familia y amigos del joven y pidió prudencia en medio de la investigación.{
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Luego de meses de inteligencia, en 2016 las autoridades dieron un golpe contra el crimen en Bogotá que quedó para la historia: el megaoperativo en el Bronx, en el corazón de la capital. Un sector que por años operó como el mayor centro de microtráfico y diversos actos ilícitos en la zona con casos confirmados de tortura, violación, entre otros.Allí existió ‘Pepe’, un cocodrilo que fue la mascota de la zona en donde, supuestamente, le echaban personas vivas para que se alimentara, en especial aquellos que no pagan la ‘vacuna’ (cuota) de los líderes de las bandas que operaban en la zona.Un especial de Los Informantes, de Caracol Televisión, entró a las entrañas de las historias y, allí, descubrieron una carta aterradora de un hombre que pidió a gritos que lo ayudaran a salvarse, algo que, probablemente, no terminó sucediendo.“Por favor sáquenme con vida de aquí. Me quieren hacer daño a mí y a mi mujer (…) Ojo, tendido en el piso. Hay personas delicadas arriba y piensan que yo soy sapo”, fueron las palabras que se encontraron en la carta, incluso, con sospechas de que podría ser un de menor de edad que habría estado secuestrado por las bandas de la zona.Y es que por toda esta zona operaron bandas muy fuertes que, prácticamente, controlaban el crimen organizado en toda la ciudad en este momento y quienes incumplían llegaban a este sector para “pagar” lo que “quedaba pendiente”. Una de las personas que se infiltró en la zona, contó en Los Informante aseguró que “eran más respetados que el presidente” y se hacía todo lo que ellos decían.Los mayores afectados en la zona eran menores de edad que fueron objeto de abusos, tortura y demás. Si bien operaba principalmente el microtráfico, se usó para el control organizado en donde se daba espacio a la prostitución, asesinatos y demás, incluso, algunos de los implicados, según autoridades, fueron las barras bravas que tenían como tarea llevar a las personas para cumplirle a los líderes y cada uno con espacios personalizados.
Una decisión de la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia permitir que José Ismael Peña Reyes asuma como rector para el período 2024-2027 y dio un plazo de 48 horas para cumplir la decisión, al concluir que se vulneró su derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido.La determinación se tomó dentro de una acción de tutela en la que el tribunal revisó la controversia sobre la rectoría de la universidad. En primera instancia, un juzgado laboral de Bogotá había negado el amparo, pero esa decisión fue revocada por el tribunal. Según la sentencia, la elección de Peña Reyes realizada en marzo de 2024 sigue vigente porque no ha sido anulada por un juez. Por eso, impedirle posesionarse equivale a desconocer un acto oficial que aún tiene efectos legales y afecta su derecho a desempeñar funciones públicas.En su análisis, los magistrados señalaron que, aunque las universidades públicas tienen autonomía para organizarse, esa facultad no permite ignorar decisiones administrativas válidas. El fallo enfatiza que la institución debe respetar la elección mientras no exista una orden judicial que diga lo contrario y que la protección de los derechos fundamentales exige una solución inmediata.Con esta orden, el Consejo Superior Universitario deberá adoptar en dos días las medidas necesarias para hacer efectiva la posesión del rector. Si la decisión no se cumple, podrían iniciarse sanciones por desacato contra los funcionarios responsables. El expediente será remitido a la Corte Constitucional de Colombia para su eventual revisión, y al tratarse de un fallo de segunda instancia en tutela, no admite nuevas impugnaciones.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La incertidumbre terminó. Millonarios FC publicó el parte médico oficial de Radamel Falcao García tras su salida por lesión el pasado fin de semana y confirmó que el delantero presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de la pierna derecha. El club informó además que el jugador ya inició trabajos de rehabilitación, aunque no precisó un tiempo exacto de incapacidad."Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha", se lee en la página oficial del embajador.¿Cómo se lesionó Falcao?La molestia se produjo en la victoria 2-1 ante Llaneros en El Campín de Bogotá. Ese partido Falcao abandonó en una camilla el campo al final del primer tiempo por problemas musculares tras un pique que intentó realizar. La baja de Falcao se suma a la de Rodrigo Contreras, quien encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por el argentino Fabián Bustos, especialmente por tratarse de un referente ofensivo en el esquema del equipo.Aunque el comunicado no establece una fecha concreta de regreso, al tratarse de una lesión muscular leve en los isquiotibiales, el tiempo estimado de incapacidad suele oscilar entre una y tres semanas, dependiendo de la evolución del jugador y la respuesta al tratamiento. Todo quedará sujeto al seguimiento médico y a cómo avance en los próximos días el proceso de recuperación.La noticia llega en un momento de mejora para el cuadro embajador, que sumó su segunda victoria consecutiva y logró alejarse de los últimos puestos de la tabla. Los goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro permitieron asegurar tres puntos importantes, pero la preocupación por el estado físico de Falcao opacó parcialmente la celebración.Ahora, la prioridad en Millonarios será recuperar al experimentado atacante sin apresurar su regreso, pensando en la exigente agenda que se avecina, incluyendo la Copa Sudamericana.
Este jueves, 27 de abril, en horas de la madrugada, se registró un fuerte accidente de tránsito en la vía Melgar-Bogotá, que dejó una persona herida que fue atendida por el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.El reporte a la unidad de bomberos llegó sobre las 03:40 de la mañana por parte de la concesión vía 40 express, que informó un fuerte choque a la altura de Chinauta, Cundinamarca, sector quebrada seca, el cual invólucro un tractocamión.Según el reporte de las autoridades, la unidad de Fusagasugá se desplazaron a la zona para emprender labores de rescate y, allí, ayudaron al conductor del tractocamión que quedó atrapado en la cabina del vehículo, por lo que, según ellos, fue complejo sacarlo para el desplazamiento a un centro hospitalario. En videos compartidos por el equipos de Bomberos de Cundinamarca se ve cómo, entre al menos seis uniformados, intentan sacar a este hombre retirando escombros y partes del vehículo para poder ser atendidos por los paramédicos.Finalmente, este hombre fue extraído del vehículo con vida y enviado a un hospital, en donde a esta hora se recupera de las heridas que dejó este aparatoso accidente en Cundinamarca.Otro accidente se registró en la vía Bogotá-VilletaUn aparatoso accidente se registró en la mañana de este sábado, 22 de abril, en la vía Bogotá-Villeta. Bomberos de Cundinamarca atienden a esta hora la emergencia. La emergencia se registró específicamente en el Km 47+450 en el sector Alto de Minas en el municipio de San Francisco que involucró un bus de turismo de la empresa Tour Star de placas SZU 432 con 40 pasajeros pertenecientes a una iglesia cristiana. Según se conoció en el primer informe de las autoridades, al parecer, el vehículo perdió el control y se salió de la vía.El cuerpo de Bomberos de Cundinamarca llevó a cabo el rescate de los pasajeros y realizaron la respectiva valoración. De los pasajeros, 24 fueron remitidos a centros asistenciales de la zona según su complejidad.Le puede interesar: '¿Volverán las vallas a los estadios?'
En el barrio La Meseta de Soacha, Cundinamarca, se registró un caso de sicariato que ha conmocionado a la comunidad. Según testigos, el objetivo del asesinato fue Alexander Díaz, quien, al parecer, se encargaba de la distribución de drogas en la zona.El crimen ocurrió cuando un hombre desconocido llegó al lugar y abrió fuego contra Díaz, quien recibió varios disparos y falleció en el acto. Los vecinos alertaron a las autoridades al escuchar los disparos y la policía encontró el cuerpo sin vida de Díaz en el lugar de los hechos.Durante la investigación, la policía descubrió que Díaz tenía antecedentes por porte de armas y tráfico de drogas, y había sido detenido en varias ocasiones. Se presume que el homicidio se debió a un ajuste de cuentas por el control de las ganancias generadas por la venta de drogas en la zona.El microtráfico de drogas es un problema creciente en Soacha y en muchas otras ciudades de Colombia. Este delito se ha convertido en una fuente de ingresos para las bandas criminales y ha generado violencia en las comunidades donde se lleva a cabo.
En la noche del lunes, 24 de abril, los habitantes de la comuna tres del municipio de Soacha, al sur de Bogotá, denunciaron un caso de presunto abuso contra un menor de tan solo cuatro años de edad. La comunidad llegó al jardín ubicado en la transversal 7 con diagonal 30, donde supuestamente habrían ocurrido los hechos, con palos y otros elementos, exigiendo justicia.Al lugar tuvieron que llegar miembros de la Policía para evitar que el jardín, que queda en una casa de tres pisos. fuera vandalizado, ya que, según la familia, el abuso habría ocurrido allí, y al punto llegaron cerca de 100 personas. El suceso fue identificado por la madre del menor, luego de que el niño se quejara de un dolor en su cola y fuera llevado a un hospital del vecino municipio, donde le practicaron los respectivos exámenes."Estamos esperando una respuesta, la verdad en este momento está lloviendo y ya hay muy poca gente. La comunidad nos colaboró llamando la atención para que hubiera una respuesta, y estamos esperando la emisión de la orden de captura por parte de la Fiscalía para que el presunto abusador sea capturado", señaló Katherine Rojas, tía del menor.La familia del menor está a la espera de que se emita una orden de captura contra el presunto abusador, quien sería un hombre mayor de edad y familiar de la dueña del jardín donde ocurrieron los hechos.La Policía, la Fiscalía y Bienestar Familiar ya tienen conocimiento de lo ocurrido en el municipio de Soacha e incluso ya están adelantando la respectiva investigación para dar con el responsable del presunto abuso.Puede ver:
Finalizó el rescate de las siete víctimas mortales que dejó la emergencia presentada en Cucunubá, Cundinamarca, aparentemente por una explosión de gas metano en unas minas de carbón.Durante un trabajo ininterrumpido, los socorristas lograron el rescate de los cuerpos de las víctimas fatales, las últimas dos en la tarde de este sábado, 22 de abril. Los cuatro mineros que se salvaron continúan en recuperación tras el accidente que se dio en la madrugada del jueves.Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería, hizo un llamado para que se inviertan más recursos en acciones de seguridad minera y también para que acaten las órdenes de suspensión y cierre por parte de la entidad, cuando los títulos así lo requieran.“La seguridad de las personas que trabajan en las minas es responsabilidad de los titulares mineros, nosotros como entidad lo que hacemos es trabajo de control y fiscalización de esas obligaciones legales y contractuales”, aseguró el presidente de la ANM, Álvaro Pardo.También, enfatizó que, en el caso de este título en Cucunubá, desde el mes de diciembre las minas habían sido cerradas por no ofrecer condiciones de seguridad para trabajar y para los mineros.Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolas García, agradeció los cuerpos operativos y de socorro que se encuentran haciendo acompañamiento a las familias de las víctimas.“Un total de 170 personas están en el sitio, donde además realizamos apoyo psicosocial y de primeros auxilios a los familiares de los mineros afectados por esta emergencia”, dijo el gobernador desde su cuenta de Twitter.La ANM iniciará un proceso de investigación para determinar qué fue lo que ocurrió con la Fiscalía, ya que las primeras versiones indican que desde el pasado diciembre se había ordenado la suspensión de todas las actividades en esa mina.No se pierda: Simon McBride, guitarrista de Deep Purple, habla en exclusiva con Blu Radio
Un aparatoso accidente se registró en la mañana de este sábado, 22 de abril, en la vía Bogotá-Villeta. Bomberos de Cundinamarca atienden a esta hora la emergencia. La emergencia se registró específicamente en el Km 47+450 en el sector Alto de Minas en el municipio de San Francisco que involucró un bus de turismo de la empresa Tour Star de placas SZU 432 con 40 pasajeros pertenecientes a una iglesia cristiana. Según se conoció en el primer informe de las autoridades, al parecer, el vehículo perdió el control y se salió de la vía.El cuerpo de Bomberos de Cundinamarca llevó a cabo el rescate de los pasajeros y realizaron la respectiva valoración. De los pasajeros, 24 fueron remitidos a centros asistenciales de la zona según su complejidad.La emergencia fue atendida por los Bomberos de San Francisco con apoyo de Bomberos El Rosal con equipos de rescate vehicular, además del cuerpo de Bomberos de Nocaima, la Cruz Roja, la Defensa Civil, Crue de Cundinamarca, Policía y miembros de la concesión de la vía.“Sobre las 6:59 de la mañana se recibe un reporte sobre un accidente de tránsito en la autopista Bogotá-Medellín exactamente en el km 47 + 450 metros, se hace la activación de todos los organismos de primera respuesta. Al llegar al sitio vemos que se trata de un que involucró un bus de turismo de la empresa Tour Star que llevaba 40 pasajeros que son valorados inicialmente y 24 de ellos fueron trasladados a hospitales. Continuamos en este momento en la atención de la emergencia para poder establecer, en coordinación con las autoridades de tránsito, las causas del siniestro”, señaló el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca.En este momento la vía funciona a un solo carril mientras las autoridades sacan del abismo el bus siniestrado. Además, se iniciaron las investigaciones para conocer las causas del accidente.Le puede interesar:
La Universidad El Bosque de Bogotá se pronunció en la mañana de este martes 17 de febrero sobre la muerte de Cristian Sneyder Martín, estudiante de primer semestre que fue hallado sin vida en Gachancipá.A través de un comunicado oficial, la institución informó que “lamenta profundamente el fallecimiento de Cristian Sneyder Marín, uno de nuestros estudiantes del programa de Matemáticas y Ciencias de Datos, becado del programa Jóvenes a la E”.La universidad añadió: “Extendemos un mensaje de solidaridad a su familia, compañeros y profesores en este momento de dolor. La Universidad dispondrá de canales de apoyo psicosocial para quienes requieran acompañamiento ante estas circunstancias”.Además, hizo un llamado a evitar especulaciones y a mantener el respeto por la familia y allegados en este difícil momento. “Hacemos un especial llamado a la prudencia y al respeto por la memoria del estudiante, su familia y por el proceso que adelantarán las autoridades, evitando especulaciones o la difusión de información que no sea confirmada”, señaló la institución.El menor desapareció el lunes 16 de febrero luego de salir hacia la universidad. Según relató su madre, durante todo el día no respondió el celular, por lo que hacia las 6:00 de la tarde decidieron acudir a la Policía.Uno de los datos clave fue que el celular del joven registraba su ubicación. De acuerdo con su madre, el dispositivo marcaba señal en Gachancipá, municipio ubicado a cerca de 50 minutos de su casa. Hasta ese lugar se desplazaron las autoridades y la familia.“Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.Tras la búsqueda, el cuerpo fue localizado, lo que generó profunda conmoción en la comunidad y en sus familiares. Además, según contó la hermana en Noticias Caracol, la familia habría recibido mensajes extorsivos.En uno de los audios revelados, se escucha cuando la madre pregunta: “¿Cuánto?”, y el presunto extorsionador responde: “Dos millones de pesos”.
En la noche de este lunes 16 de febrero de 2026, una tragedia sacudió a una familia en el sur de Bogotá. Un joven de 16 años, estudiante de la Universidad El Bosque desde hace pocas semanas y becado por haber obtenido el mejor puntaje Icfes de su colegio, fue hallado sin vida en el municipio de Gachancipá, a varios minutos de su lugar de residencia.Según confirmó su madre al programa El Ojo de la Noche, el menor salió de su casa con destino a la universidad, pero nunca regresó. Aunque su familia perdió contacto con él, el celular permanecía encendido, lo que permitió rastrear su última ubicación. El joven, identificado como Cristian Sneyder Marín, cursaba estudios en Ciencias y Matemáticas. “Él se despidió de mí: ‘Mami, nos vemos’. Yo le dije: ‘Bueno, que la Virgen te proteja’”, relató su madre sobre la última conversación que sostuvo con su hijo.De acuerdo con el testimonio de la mujer, hacia las 4:00 de la tarde intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta. Ante la preocupación, sobre las 6:00 p. m. dieron aviso a la Policía. Horas después, familiares, amigos y su novia, junto con el equipo de El Ojo de la Noche, se trasladaron a Gachancipá, donde se registraba la última ubicación del joven. “Llegamos a la estación de Policía, mi esposo y mi hermano estaban por allá en el cerro con los uniformados buscándolo”, contó.Sobre la 1:05 de la madrugada, Cristian fue encontrado sin vida en medio de la vegetación. “Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.La familia aseguró que, pocas horas después de la desaparición, recibieron llamadas en las que les exigían dinero a cambio de su supuesta liberación. “Cuando veníamos de camino para acá empezaron a llamar a mi mamá, que lo tenían, que un carro, que no sé qué, que plata, que dos millones de pesos”, afirmó la hermana del menor en declaraciones a Noticias Caracol. En uno de los audios revelados, se escucha el momento en que la madre pregunta: “¿Cuánto?”, y el presunto extorsionador responde: “Dos millones de pesos”.Entre el dolor y la indignación, la mujer responsabilizó a presuntos implicados en el hecho: “Me mataron mi corazón en vida, me mataron mi vida”, dijo al referirse a los responsables de la muerte de su hijo. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Un impresionante incendio en el municipio de Soacha, Cundinamarca, dejó a los residentes del barrio La Despensa sumidos en el miedo debido a las altas llamas que consumieron por completo una bodega dedicada al almacenamiento de colchones.La emergencia obligó a la movilización de varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, que lograron contener la conflagración y evitar que el fuego se expandiera y generara una tragedia mayor.Según lo informado, las llamas avanzaron con rapidez por el material altamente inflamable que se encontraba en el lugar. El incendio fue tan intenso que la estructura terminó en pérdida total. Las grandes columnas de humo fueron visibles desde varios puntos del municipio, lo que aumentó la preocupación entre los habitantes de La Despensa.De acuerdo con lo revelado por el ‘Ojo de la Noche’, el incendio se habría originado por un cortocircuito. La comunidad reaccionó rápidamente e intentó sacar parte de lo almacenado, pero no fue suficiente para impedir que las llamas arrasaran con todo. “Acabaron con esa bodega, pero por fortuna no hubo personas lesionadas”, señaló Edward Porras.Para controlar la emergencia, 12 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, con apoyo de voluntarios de las estaciones de Compartir y Ciudad Verde, llegaron al lugar para frenar el avance del fuego. La reacción oportuna y coordinada evitó que las llamas alcanzaran viviendas y establecimientos comerciales cercanos.¿Incendio dejó heridos?Tal como indicó Edward Porras, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales. Asimismo, señalaron que se iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del incendio.Aunque la situación fue controlada tras varias horas de trabajo, las autoridades continúan monitoreando la zona para descartar puntos calientes que puedan reactivar las llamas.Bogotá enfrentó una noche complicadaAdemás del incendio en Soacha, el 'Ojo de la Noche' reportó que en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá, la Policía capturó a ocho personas relacionadas con el robo de motocicletas, luego de perseguir a un sospechoso que intentó esconderse en una vivienda.Según informó Edward Porras, las autoridades ingresaron a la casa y se llevaron una sorpresa: "Moto robada, partes de motocicletas, de todo había en esa vivienda y al parecer ahí desbarataban las motos robadas en Bogotá"; aparentemente, las piezas de los vehículos eran distribuidas en sectores del centro y sur de la ciudad.Otro caso que marcó la noche en la ciudad fue la recaptura de un delincuente. El hombre tenía antecedentes penales por hurto agravado y calificado, por los cuales enfrentó condena en 2019; sin embargo, volvió a las andanzas. "Ayer lo cogieron con las manos en la masa robando en un local, robando a varias personas y otra vez lo volvieron a recapturar", señaló Porras.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Cundinamarca llevaron a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento a emitir varias alertas por riesgo de crecientes súbitas, deslizamientos de tierra, incendios de la cobertura vegetal y descensos significativos de la temperatura del aire.Según informó la entidad a través de su cuenta oficial en X, se han presentado precipitaciones intensas en sectores del occidente del departamento, mientras que el Ideam prevé lloviznas en el oriente en las próximas horas. A esto se suma una alerta amarilla por bajas temperaturas nocturnas y de madrugada en al menos 40 municipios, especialmente en zonas de altiplano.La alerta más crítica se concentra en la cuenca baja del río Bogotá, donde se declaró alerta roja por niveles elevados y alta probabilidad de crecientes súbitas en ríos y quebradas afluentes como Apulo, Lindo, La Palma y Cachimbula. Las autoridades pidieron especial atención en municipios como San Antonio del Tequendama, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot, entre otros.Además, se mantiene alerta naranja en la cuenca alta del río Bogotá, en sectores del Medio Magdalena y en la cuenca del río Negro, donde existe riesgo de crecientes súbitas en múltiples ríos y quebradas que atraviesan municipios del occidente y norte del departamento.En ese mismo sentido, las lluvias persistentes también han generado saturación de humedad en los suelos, aumentando el riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de ladera y alta pendiente. En este contexto, Supatá se encuentra en alerta roja, mientras que otros municipios como Anapoima, La Vega, Pacho, Villeta, Viotá y San Francisco están en alerta naranja.Aunque las lluvias predominan en gran parte del departamento, también se emitieron alertas por incendios de cobertura vegetal debido a variaciones en la precipitación y la temperatura. Guayabetal permanece en alerta roja, mientras que Fosca, Gutiérrez, Paratebueno, Quetame y Une están en alerta naranja.De forma paralela, se mantiene la alerta amarilla por descensos de temperatura en 40 municipios del altiplano cundiboyacense, donde se esperan madrugadas frías que podrían afectar la salud y los cultivos.La Unidad de Gestión del Riesgo advirtió que el pronóstico nacional para las próximas 24 horas indica la posibilidad de mayores volúmenes de lluvia acumulada en Cundinamarca, por lo que, en coordinación con el gobernador Jorge Emilio Rey, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y los organismos de respuesta, se mantiene monitoreo constante en los 116 municipios del departamento.Por su parte, el gobernador Jorge Emilio Rey expresó su solidaridad con el departamento de Córdoba, uno de los más afectados por la temporada invernal, y anunció una campaña de recolección de ayudas humanitarias desde la Gobernación de Cundinamarca para apoyar a más de 120.000 personas damnificadas.
El Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses confirmó que la Unidad Básica de Ubaté ya recibió los cuerpos de las seis personas fallecidas, en medio de la explosión en la mina Mata Siete ubicada en el municipio de Guachetá, Cundinamarca, el pasado jueves 5 de febrero, la cual fue ocasionada presuntamente por acumulación de gases.Aseguraron que luego de los análisis técnicos - científicos establecieron que los seis cuerpos corresponden a hombres mayores de edad, quienes ya fueron identificados como Celso Murcia, de 28 años, Manuel Medina, de 44 años, Arnold Arias, de 29 años, Iván Martínez, de 45 años, William Montaño, de 35 años, y Óscar Castrillón, de 31 años, que ya fueron entregados a sus familiares.Recordemos que estos rescates se dieron luego de casi 40 horas de labores, por parte de la delegación de Bomberos de Cundinamarca, debido a la presencia de gas metano en el interior de la mina, lo que según expresaron representaba un alto riesgo para los rescatistas.Por el momento, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes, para determinar las responsabilidades legales de quienes permitieron la operación de esta mina, la cual ya contaba con proceso sancionatorios por falta de permisos.¿Cómo fue el proceso de rescate de los mineros?Durante la mañana del sábado 7 de febrero, la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó la terminación de las labores de rescate en la mina, tras la ubicación de las últimas dos personas que se encontraban al interior de esta.Según el sexto informe del cuerpo de Bomberos, el operativo de rescate se reactivó desde muy temprano, pues a las siete de la mañana ingresó a la mina el equipo de socorristas especializados, que continuó con las labores técnicas en lugar hasta las 10 de la mañana, aproximadamente, cuando se confirmó oficialmente la finalización del rescate.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso medidas preventivas y suspendió la actividad de fundición a tres empresas ubicadas en la vereda La Chacua, en el municipio de Soacha. La suspensión se dio después de que la autoridad ambiental evidenciara presuntas infracciones a la normativa ambiental relacionadas con la contaminación del aire y la operación de hornos sin los permisos requeridos.De acuerdo con la autoridad ambiental, durante una visita técnica se evidenció que las tres empresas operaban hornos sin contar con permisos de emisiones atmosféricas, situación que estaría generando afectaciones tanto al recurso aire como al suelo. Además, las empresas no suministraron información sobre su capacidad diaria de fundición, datos importantes para determinar el tipo de autorización ambiental que deben tramitar.El director de la regional Soacha de la CAR, César Augusto Rico Mayorga, señaló que “la afectación principal y directa es al recurso aire, al no cumplir con los parámetros ambientales. La medida tiene como objetivo la suspensión inmediata”. Es decir, las actividades de las empresas deberán permanecer detenidas mientras se adelantan las actuaciones correspondientes.En una de las empresas, la CAR encontró que el horno no cuenta con chimenea ni con un sistema de control de emisiones que permita reducir las concentraciones de material particulado ni de los gases generados durante la combustión, lo que representa un riesgo directo para la calidad del aire del municipio.En otra de las fundidoras sancionadas, el humo producto de la combustión era conducido hacia un sistema de control artesanal, que funciona mediante un aumento del caudal de la emisión por un dispositivo tipo ciclón. Según el informe técnico, este sistema presenta una velocidad menor en su parte central, lo que provoca el sedimento del material particulado y permite la salida de las emisiones por la parte superior, a través de una chimenea igualmente artesanal, construida con tambores metálicos usados que presentan fisuras.En el caso de la tercera empresa, la CAR estableció que estaba operando hornos sin demostrar cumplimiento normativo. La fundidora no presentó resultados que permitieran verificar la calidad del aceite usado que consumía, no acreditó su capacidad de producción, no contaba con permiso de emisiones atmosféricas, incumplió las mediciones obligatorias de contaminantes y presentó un manejo inadecuado de residuos peligrosos.Aunque las empresas no entregaron información técnica sobre sus procesos, la Corporación presume que la capacidad de los hornos estaría entre dos y tres toneladas diarias por cada fundidora, lo que implica, según la normativa vigente, la obligación de contar con permiso de emisiones atmosféricas. El informe técnico también advierte que ninguna de las compañías cuenta con registro como generador de residuos peligrosos.Finalmente, la CAR advirtió que el incumplimiento de la medida preventiva impuesta será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, dentro de los procesos sancionatorios que se adelanten por estas presuntas infracciones.
Un juez de control de garantías ordenó medida de internamiento preventivo contra tres adolescentes, de entre 15 y 16 años, señalados como presuntos responsables del homicidio de un hombre que viajaba como polizón en un tractocamión en la vía Bogotá–Villavicencio.El hecho ocurrió el pasado 31 de enero, a la altura del municipio de Quetame, en Cundinamarca, y en un primer momento fue reportado por las autoridades como un accidente de tránsito. Sin embargo, el caso dio un giro tras las primeras verificaciones adelantadas por la Fiscalía, que permitieron establecer que se trató de un ataque violento.De acuerdo con la investigación, los menores habrían abordado el vehículo de carga y, al notar la presencia de dos hombres que se movilizaban de manera clandestina, los intimidaron con el propósito de despojarlos de sus pertenencias. Durante el forcejeo, uno de los adultos resultó herido en una pierna, mientras que el otro fue atacado con arma blanca y posteriormente arrojado del camión en movimiento, lo que le causó la muerte.La versión inicial del accidente fue descartada tras el análisis de videos captados por las cámaras de seguridad de la concesionaria vial, material que registró el momento del asalto y permitió identificar a los presuntos agresores. Tras el hecho, los adolescentes intentaron huir hacia una zona boscosa cercana, pero fueron ubicados y capturados por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la URI de Cundinamarca imputó a los menores los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos en modalidad agravada. Ninguno aceptó los cargos. “Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados por los adolescentes, que deberán cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada”, se señaló desde el ente acusador.
Después de una mañana de operativos de rescate, las autoridades confirmaron la recuperación de los dos mineros que permanecían atrapados en la mina La Vidriosa, en zona rural del municipio de Guachetá, Cundinamarca. Las víctimas fueron identificadas como William Montaño, de 35 años, y Óscar Castrillón, de 31 años. De acuerdo con las autoridades, ambos trabajadores fueron hallados sin vida.Según el sexto informe de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el operativo de rescate se reactivó desde muy temprano. A las siete de la mañana ingresó a la mina el equipo de socorristas especializados, que continuó con las labores técnicas en el interior del lugar hasta las 10 de la mañana, aproximadamente, cuando se confirmó oficialmente la finalización del rescate.Las autoridades informaron que los cuerpos serán entregados al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que se adelanten los procedimientos judiciales y forenses correspondientes, mientras se avanza en el proceso legal.Con la recuperación de los dos últimos cuerpos, las autoridades confirmaron que ya fueron identificadas las seis personas que quedaron sepultadas en el lugar. Se trata de Celso Murcia, de 28 años, y Manuel Medina, de 44 años, encontrados el viernes 6 de febrero, así como de Arnold Arias, de 29 años, e Iván Martínez, de 45 años, recuperados en la madrugada de este sábado 7 de febrero.
En las últimas horas fue enviado a la cárcel un hombre señalado de abusar sexualmente de su propia sobrina, de tan solo 13 años.Los hechos sucedieron en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Según informó la Policía, el hombre se aprovechaba de ser el familiar de la menor y tocarla en varias ocasiones en sus partes íntimas.Además, para evitar que la menor contara lo que le sucedía, el capturado se valía de amenazas constantes para callarla.En medio de este silencio y los reiterados abusos, el hombre terminó trasladándose hacia Fusagasugá, a tres horas de Villapinzón.Y justo cuando creyó que se libraría de la situación, una denuncia ciudadana llevó a la Policía Nacional a desarrollar una línea de investigación para destapar el aberrante caso.Por medio de entrevistas a testigos y la recopilación del material probatorio, la Policía logró concluir que el capturado si realizaba estos actos abusivos con la menor y procedieron a capturarlo para presentarlo ante la justicia.“El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y reiteramos el llamado a los ciudadanos a no guardar silencio”, afirmó el Coronel Mauricio Herrera, Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.
Tras la exploción registrada en la tardes del jueves 5 de febrero en la mina Mata Siete del municipio de Guachetá, Cundinamarca, la Corporación Autonomar Regional del de partamento (CAR) confirmó que el resultado de la inspección arrojo que el sito operaba sin licencia minera. Sin embargo, ese sitio ya estaba en la mira de las autoridades ambientales, puesto que fuentes le confirmaron a este medio que la mina ya tenía proceso sancionatorios por falta de permisos.Entre tanto, aún permanecen a más de 170 metros bajo tierra seis mineros que ejercían su turno en la tarde cuando por una presunta acumulación de gas metano se produjo la explosión sobre las 5:30 p.m. A lo largo de la mañana de este viernes 6 de febrero, bomberos de Cundinamarca y técnicos de las Agencia Nacional de Hidrocarburos llegaron a la zona colocando unos ductos de ventilación y así lograr tener contaco con las personas atrapadas, que como lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, no se ha logrado.“Se hace un proceso de evaluación en la mina donde se establece que hay acumulación de gas metano, lo cual hace necesario la movilización de un ventilador especializado para poder sacar este gas y poder iniciar los procesos operacionales de rescate del personal. Al momento no se ha tenido contacto ni comunicación con los mineros y continuamos en este proceso de labor de búsqueda y rescate de los mismos", concluyó el capitan de Bomberos de Cundinamarca, Alvaro Farfán.Por ahora, se completan más de 12 horas de trabajo para lograr ubicar a los mineros atrapados. Y es que a las afueras de sitio, donde además también hay cierre total por parte de las autoridades, las familias de los atrapados esperan respuestas. Sin embargo, el temor de las autoridades, es que por la inhalación de gas metano pudiera ocasionar el peor desenlace.