La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja lanzó una alerta preventiva ante la disminución de las lluvias en la región, situación que ya empieza a reflejarse en el descenso del nivel del río Magdalena y en un mayor riesgo de incendios por las altas temperaturas.De acuerdo con Ramón Padilla, funcionario de la entidad, el país ya superó la segunda temporada de lluvias y actualmente atraviesa un período de temporada seca, lo que incrementa la probabilidad de incendios forestales y estructurales.“Estamos entrando en una temporada seca que exige mayor responsabilidad de todos para prevenir incendios y proteger la vida”, señaló el funcionario.Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para extremar las medidas de prevención, entre ellas evitar la quema de basura, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas verdes, abstenerse de realizar quemas controladas, las cuales están prohibidas, y no dejar fogones encendidos durante paseos de olla o actividades recreativas a orillas del río.En cuanto al comportamiento del río Magdalena, la Dirección de Gestión del Riesgo informó que el nivel del afluente presenta un descenso paulatino y actualmente se encuentra en alerta blanca. Por ello, se recomendó a las comunidades ribereñas mantenerse atentas, ya que podrían registrarse crecientes súbitas que generen emergencias en las orillas del río.La Alcaldía Distrital recordó que las emergencias pueden ser reportadas las 24 horas a la línea de la Dirección de Gestión del Riesgo: 324 380 8821, e insistió en que la prevención y el autocuidado son claves para evitar situaciones de riesgo durante la temporada seca.
Lo que debía ser una celebración de esperanza y unión familiar se transformó en dolor para decenas de hogares en el departamento. A pesar de los esfuerzos institucionales y las campañas de prevención, Santander cerró las festividades de año nuevo con un balance preocupante: 16 personas resultaron lesionadas con pólvora entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.Con estos nuevos reportes, el departamento alcanzó un total acumulado de 53 casos durante la temporada decembrina, superando los 51 registros de la anualidad anterior. Este incremento del 3.9% rompe la tendencia de reducción que las autoridades locales esperaban consolidar.Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), el comportamiento de la accidentalidad muestra que el 31 de diciembre se presentaron dos casos de personas quemadas con pólvora y el primer día del año 2026 se registraron 14 más.El informe técnico revela consecuencias físicas irreversibles para los afectados. Del total de 53 lesionados en la temporada, el 35% sufrió quemaduras de Grado 2. Sin embargo, las cifras de daños específicos son aún más alarmantes: 62% presentaron laceraciones, 9% sufrieron daños oculares y 6% terminaron en amputaciones, marcando de por vida a los ciudadanos involucrados.Dos datos generan especial alarma entre los expertos en salud pública. Primero, la persistencia de 18 menores de edad lesionados, una cifra idéntica a la del año pasado que demuestra que el mensaje de protección hacia la infancia no está calando lo suficiente.Segundo, el reporte destaca que 14 adultos resultaron quemados bajo la influencia del alcohol, confirmando que la mezcla de bebidas embriagantes y pirotecnia sigue siendo la principal causa de imprudencias.Afortunadamente, Santander registra cero fallecidos hasta la fecha, un dato positivo en medio de este panorama.La situación en Santander es un reflejo de lo que ocurre en el resto del país. En Colombia, el corte al 1 de enero arroja un saldo de 1.419 lesionados, lo que representa un incremento nacional del 10.4% respecto al periodo anterior.
Pese a la solicitud radicada ante la Procuraduría General de la Nación donde se abrió la investigación disciplinaria y adopción de medidas preventivas al alcalde de Barbosa, Marco Cortés, por el evento taurino que no contaba con todos los requerimientos legales, el líder del municipio hizo caso omiso a la circular del ente de control.En video quedó registrado cómo el alcalde, quien se encontraba en aparente estado de embriaguez, insulta y agrede a la comunidad, lanzando objetos, ante los reclamos que le realizaban por el maltrato animal que estaban sufriendo los toros.El evento que terminó en riña, fue denunciado por el diputado Danovis Lozano, “eso es algo de verdad de las peores cosas que hemos visto aquí y los pobres toros, los pobres toros maltratados. Ayer, pues intentamos a toda costa evitar que asesinaran a estos pobres animales que el único delito que cometieron fue haber nacido”.La polémica logró que los animales que se encontraban en la feria, no fueran sacrificados. Danovis Lozazon, afirmó que días anteriores Marco Cortés había hecho comentarios despectivos por las redes institucionales de la alcaldía a quienes rechazaban la “Temporada taurina”.“Un alcalde borracho, un alcalde que insultaba, que hacía señas, gestos con los dedos de forma obscena, eso da para una investigación en Procuraduría y también con las escenas que grabamos del maltrato a los animales también la ley tiene que entrar en acción”, indicó Lozano.El Representante a la Cámara junto con el congresista Cristian Avendaño, el concejal Camilo Machado y Carlos Parra y mi persona están elaborando un informe completo, para radicar ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por maltrato animal, con evidencias de videos."También ante la Procuraduría vamos a extender esta denuncia que habíamos hecho porque las evidencias están. La gente nos contó que no tenían una póliza para poder realizar este evento", señaló el diputado Lozano.
El inicio de año en Barbosa, Santander, se vio empañado por un escándalo. Lo que debía ser una jornada de festividades se transformó en un escenario de confrontación, presuntas agresiones y una crisis institucional que hoy tiene al alcalde Marco Alirio Cortés en el ojo del huracán.Pese a la advertencia preventiva emitida por la Procuraduría General de la Nación el pasado 29 de diciembre, la administración municipal siguió adelante con la corrida de toros programada para el 1 de enero. La jornada estuvo marcada por un clima de hostilidad contra activistas, animalistas y figuras políticas, entre ellos el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano; el concejal de Bucaramanga Camilo Machado y el exconcejal Carlos Parra, quienes se congregaron para protestar pacíficamente contra el evento.La polémica escaló tras la difusión de material audiovisual en redes sociales. En los videos, se observa al alcalde Cortés en un aparente estado de alicoramiento, haciendo ‘pistola’ con la mano en varias oportunidades. En otra de las grabaciones, se escucha a uno de los manifestantes pidiéndole al alcalde que salga y éste le responde “maric*n”.Según los denunciantes, la actitud del mandatario no solo fue impropia de su cargo, sino que actuó como un catalizador que exacerbó las agresiones por parte de algunos asistentes a la corrida hacia quienes realizaban el plantón, incluso, en uno de los videos se ve cómo le lanzan latas y botellas al representante Avendaño y por poco lo golpean en la cabeza.Sin importar la protesta, el alcalde Marco Alirio Cortés ingresó al escenario con una actitud burlesca y la corrida se hizo. El diputado Danovis Lozano publicó un video en el que se observa una violenta pelea entre los asistentes. Además, denunció que el alcalde de Barbosa permitió la entrada de niños a la corrida de toros y dijo que llevará esas pruebas a la Procuraduría. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que el alcalde de Barbosa sea judicializado por este acto tan miserable que cometió el día de hoy”, expresó Lozano.Como bien se ha señalado en debates previos sobre la administración pública, una cosa es la elección popular de los gobernantes y otra, muy distinta, es el ejercicio estricto de sus funciones y competencias. En este caso, la senadora Andrea Padilla y colectivos ciudadanos sostienen que Cortés habría desbordado sus facultades al “patrocinar espectáculos bárbaros” que, según la Ley 2385 de 2024 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, serían ilegales en Barbosa al no ser un municipio con tradición taurina ininterrumpida.A este panorama se suma el malestar de 370 comerciantes de la plaza de mercado, quienes denuncian que fueron desplazados por orden directa del alcalde para dar lugar a una exposición equina, afectando su sustento económico.Mientras el municipio permanece dividido entre quienes defienden la reactivación turística y quienes rechazan el maltrato animal, la justicia deberá determinar si el decreto emitido por el alcalde tiene validez legal o si, por el contrario, Barbosa se convirtió en el escenario de un desafío abierto a las autoridades de control.
Minutos después de recibir el Año Nuevo, una niña de solo tres años resultó herida en su hombro izquierdo por una bala perdida en Santo Tomás, Atlántico.El hecho se presentó en la calle 6 con carrera 9, barrio La Granada, en este municipio ubicado en el oriente del departamento, según confirmaron vecinos del sector.La Policía del Atlántico informó que la niña se encontraba dentro de su vivienda, pero minutos después de la llegada de 2026 salió con uno de sus familiares para observar los fuegos artificiales que se veían en diferentes puntos del municipio.Fue en ese momento cuando la menor fue impactada por el proyectil. Consternados por la situación, sus padres la trasladaron al Hospital Municipal de Santo Tomás, donde recibe atención médica.“De acuerdo con el reporte inicial, la menor se encuentra estable, a la espera de la realización de estudios médicos para determinar el tratamiento a seguir”, comunicó la Policía.Frente a estos hechos, el Departamento de Policía del Atlántico adelanta las actividades investigativas correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y establecer posibles responsabilidades.La institución hizo un llamado a la ciudadanía para no hacer uso irresponsable de armas de fuego, especialmente durante celebraciones, e invitó a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.
Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de este 1 de enero en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.Todos los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres.A este respecto, la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que "es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación" de las víctimas mortales, pero aseguró que se ha puesto en marcha un dispositivo muy importante de especialistas en medicina legal que están haciendo todo lo posible para acelerar este trabajo.Los esfuerzos están puestos en "dar una respuesta a las familias lo más rápido posible", recalcó.La procuradora indicó que la pista principal de la tragedia consiste en "un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial del fuego todavía no se ha podido determinar de manera oficial.Frente a las insistentes preguntas sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, la procuradora sostuvo que no podía pronunciarse sobre elementos como el tamaño de la escalera de acceso al bar, que se situaba en un subsuelo.Otro elemento que añade dolor en Suiza ante esta tragedia es la edad probable de las víctimas, las que podrían ser muy jóvenes.Sobre las informaciones que a lo largo del día indicaban que se trataba de un centro nocturno con una clientela entre quince y veinte años, el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, dijo que no se podía todavía hablar con ese nivel de precisión.No obstante, admitió que los asistentes que estaban celebrando correspondían probablemente a ese tramo de edad.
Uno de los asuntos más polémicos establecidos por parte del Gobierno nacional en el decreto de emergencia económica está relacionado con el aumento de impuestos a los licores, bebidas cuyas ventas representan ingresos vitales para la salud y la educación en los departamentos del país.El incremento del 5% al 19% del IVA en este tipo de productos motivó en las últimas horas el rechazo por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia, desde donde manifestaron su preocupación por la carga tributaria de hasta un 90% que se avecina para la industria y pondría en serias dificultades la operación.En el caso de la empresa antioqueña, una botella de aguardiente de 750 ml que pagaba por impuestos un valor de 17.500 pesos ahora tendrá que pagar un valor total de 33.000 pesos, un incremento cercano al 50% en el precio para el consumidor, mientras que en el del ron sería del 48%.Esteban Ramos, gerente de la FLA, destacó que esta realidad no solo pone en riesgo las finanzas de las diferentes regiones del país, sino que además podría incentivar otros fenómenos como la producción y consumo de licor adulterado y de contrabando."Esto disparará el consumo y producción de licor adulterado en Colombia, y por supuesto, el contrabando. De manera que el llamado es para que rápidamente todos los problemas de control, incluido, por supuesto, la Corte Constitucional, declare medidas cautelares para poder, de alguna forma, controvertir este decretazo que el gobierno nacional ha hecho", expresó Ramos.El directivo también criticó que recursos recaudados en el contexto de la emergencia económica se usen en rubros que contempla el Presupuesto General de la Nación.El Ministerio de Hacienda ha proyectado un recaudo adicional superior a los 6 billones de pesos en 2026 con todas las medidas adoptadas y en el caso de las bebidas alcohólicas la cerveza, por su consumo generalizado, sería el único producto exento de nuevos gravámenes.
El departamento de Antioquia se rajó en el tema de la pólvora durante el 2025 y muestra de ello es que, según las cifras oficiales entregadas por la Gobernación, entre las 8:00 de la mañana del 31 de diciembre y las 8:00 de la mañana del 1 de enero, se reportaron 26 personas lesionadas con elementos pirotécnicos, para un total de 173 quemados en la región. El más reciente reporte muestra que 14 de los 26 heridos de las últimas horas son de municipios del Valle de Aburrá.Los datos dejan ver que en la celebración del Año Nuevo hubo siete lesionados en Medellín, de los cuales seis son menores de edad con quemaduras, fracturas de huesos y hasta la amputación de varios dedos de la mano en un joven de 17 años que estaba manipulando voladores. Además, en La Estrella (2) y Bello (2) también tuvieron menores quemados, como un bebé de un año con heridas en su cara.La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, lamentó que el departamento haya tenido un incremento en los quemados con pólvora que llega casi al 30 %, a la vez que encendió las alarmas por la situación de los menores de edad."Pero lo más lamentable es que fueron nueve menores de catorce años de edad lesionados por pólvora, la mayoría en condición de observadores, y es inadmisible que un niño de un año, solo un año, haya resultado afectado", indicó Ramírez.Por su parte, hay que mencionar que con los datos entregados por la Gobernación de Antioquia se deja ver que Medellín tuvo 70 casos de quemados y que sumados a los demás municipios del Área Metropolitana, hicieron que el Valle de Aburrá superará los 100 lesionados con pólvora durante la época decembrina de 2025.Finalmente, hay que mencionar que de los 173 quemados que hay en el departamento de Antioquia, es decir, 33 casos más que el año inmediatamente anterior, 57 de los afectados son menores de edad y 17 necesitaron de amputación de alguna parte de su cuerpo.
Las autoridades dispusieron una serie de medidas para garantizar la seguridad y la movilidad durante la tradicional verbena popular que se realiza en el barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente de Cali, celebración que reúne a miles de personas cada 1 de enero.En el sector hay presencia de agentes de tránsito, con un plan especial de movilidad que se implementó durante varias cuadras de la zona para evitar congestiones vehiculares.“Por parte de los agentes de tránsito tenemos un cubrimiento de este servicio que va desde la carrera 25 hasta la diagonal 15 sobre la calle 70, y sobre la avenida Ciudad de Cali entre las calles 73 y 75. Contamos con un pie de fuerza importante y, en horas de la tarde y la noche, realizaremos operativos de alcoholemia”, explicó Jorge Vergara, de la gestión operativa de la Secretaría de Movilidad.Adicionalmente, se adoptaron otras medidas para reforzar la seguridad durante el evento, con uniformados de la Policía y funcionarios de la Secretaría de Seguridad, quienes adelantan controles y requisas a los asistentes.“Tenemos un dispositivo de 750 policías que estarán cubriendo la seguridad del evento, el cual tradicionalmente tiene una alta asistencia de personas, tanto residentes como visitantes. El año pasado participaron cerca de 7.000 personas y, por ello, desde el Puesto de Mando Unificado se definió el cierre de algunas vías. En total serán siete cierres y ocho filtros de ingreso, para que la actividad se desarrolle en absoluta tranquilidad”, expresó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad y a la autorregulación, especialmente en el consumo de licor, teniendo en cuenta que más de 2.500 personas asisten de manera habitual a esta celebración, que se extiende hasta altas horas de la noche.
En la noche de Año Nuevo, en el municipio de Floridablanca, se presentó un incendio de grandes proporciones en un taller mecánico ubicado en el barrio Prados del Sur, que generó importantes daños materiales.El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del jueves 31 de diciembre, tras la alerta de vecinos del sector, quienes informaron a los organismos de socorro sobre una densa columna de humo y llamas que rápidamente se extendieron por el establecimiento.Según el reporte oficial, el taller de latonería y pintura quedó completamente destruido por la acción de las llamas. Al interior del lugar se encontraban varios vehículos que también resultaron calcinados, así como cilindros de CO₂ y gas propano, lo que incrementó el riesgo durante las labores de control.Entre tanto, se evalúan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro, que dejó daños en la infraestructura y en los bienes que se encontraban en el lugar. El origen de la conflagración es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que adelantan las inspecciones técnicas para determinar qué provocó el incendio.A pesar de la intensidad de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, gracias a la oportuna evacuación del área y a la rápida respuesta de los organismos de socorro.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en desarrollo de los planes de control del escuadrón antipólvora durante el mes de diciembre, impuso 10 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la comercialización de artículos pirotécnicos en el área metropolitana.De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, se incautaron más de 300 kilogramos de pólvora, lo que representa un aumento de 30 kilogramos frente a lo incautado en el año 2024. Los controles se realizaron en distintos puntos estratégicos de Bucaramanga y su área metropolitana, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la vida, especialmente la de niños, niñas y adolescentes.El coronel Diego Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana, hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar las festividades de manera responsable: “La Policía Nacional de los colombianos invita a continuar celebrando de manera responsable, especialmente de cara a la festividad de Reyes, adoptando comportamientos seguros, respetando las normas de tránsito, evitando el consumo excesivo de alcohol y denunciando oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y la tranquilidad ciudadana”, señaló.Por su parte, el Instituto Nacional de Salud reportó que durante diciembre de 2025 se presentaron ocho casos de menores lesionados por el uso de pólvora, lo que representa una disminución de cuatro casos frente al año 2024. Muchos de estos incidentes ocurrieron bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez, una situación que continúa generando preocupación entre las autoridades.La Policía reiteró que los controles continuarán en los primeros días del año, con especial énfasis en la celebración del Día de Reyes, e insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana para prevenir tragedias asociadas al uso indebido de pólvora.
Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.
El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
La Unidad de Víctimas continúa avanzando en su compromiso con los sobrevivientes del conflicto armado, destinando importantes recursos en indemnizaciones y ayudas humanitarias para las comunidades del país, especialmente en los territorios más alejados de las zonas urbanas de las capitales de los 32 departamentos. En lo corrido del año, se han entregado 29.810 cartas de indemnización administrativa a víctimas en diferentes municipios de Colombia, de las cuales 25.970 correspondieron a los últimos tres meses, representando una inversión superior a los $293 mil millones, reportó la entidad.La Unidad para las Víctimas reportó que ha entrega de cerca de 600 mil cartas de indemnización durante el actual Gobierno Nacional, con una inversión que supera los $4,6 billones. Los últimos actos de entrega de cartas de indemnización se realizaron en los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja luego de un proceso de verificación de documentos que acreditan a las personas beneficiadas como víctimas del conflicto armado.“Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta priorizada o en la general. También, estamos actualizando los datos”, dijo Adith Romero, director de la entidad a nivel nacional.En Puerto Wilches, Santander, la Unidad de Víctimas entregó 278 cartas de indemnización, con más de $3.950 millones para dignificar a las víctimas. “Esta jornada benefició a sobrevivientes de Puerto Wilches, Morales, San Pablo, Santa Rosa y Simití, reafirmando nuestro compromiso con la reparación integral”, señaló la entidad.Para Cecilia Rodríguez, quien vivió el horror del paramilitarismo en San Pablo, sur de Bolívar, recibir la carta de indemnización “es un alivio al alma”.“Desde hace casi dos décadas estábamos esperando que el proceso por lo que ocurrió en la finca de nuestro padres se diera y por fin la actual administración de la Unidad de Víctimas revisó nuestro caso y ya estamos en la ruta de la reparación”, aseguró la mujer en la entrega de cartas realizada en Puerto Wilches.Además, la entidad reanudó jornadas presenciales de atención de víctimas del conflicto en Colombia que viven en Venezuela. “Acompañamos en los procesos de indemnización a 246 personas víctimas fueron acompañadas en Maracaibo, Caracas y San Cristóbal, marcando un avance en la atención transnacional”. Manifestó el director Romero.Por otra parte, la entidad viene gestionando la entrega de bienes incautados por la DIAN a organizaciones de víctimas en nueve departamentos. En lo corrido de 2025, la entidad entregó 29.810 indemnizaciones administrativas, de las cuales el 87 % se realizaron en los últimos tres meses, lo que equivale a más de $293 mil millones distribuidos en todo el país.
Un nuevo escándalo político rodea al actual alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, quien intentó incluir en la lista al Senado por el Pacto Histórico a su esposa Laura Cristina Ahumada. Vázquez quien logró después de tres intentos quedarse con la Alcaldía del Puerto Petrolero en medio de denuncias e investigaciones por posible compra de votos, ahora pretende ingresar al partido de la izquierda tras haber luchado políticamente siempre como 'independiente' en Santander.El Comité Nacional de Ética y Garantías Electorales del Pacto Histórico emitió un alcance al acta del 16 de septiembre de 2025, en el que realizó ajustes y verificaciones sobre las precandidaturas al Senado y a la Presidencia de la República en el marco del proceso de consulta interna de la coalición no le otorgó certificación favorable a la postulación de Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez. Según el acta, Ahumada no cumplió con los requisitos éticos y morales exigidos por el reglamento interno, lo que le impide participar en la consulta del Pacto Histórico.Laura Cristina Ahumada, postuló su nombre para participar en las elecciones al Congreso de la República por el Pacto Histórico con el aval del Movimiento Independientes del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, según acta del Comité de Ética del Pacto Histórico, conocida por Blu Radio. El Comité de Ética del Pacto Histórico también decidió retirar la candidatura de la santandereana Gloria Inés Flórez al Senado, debido a que en el sistema se registró doble postulación, tanto para la Presidencia como para la Cámara Alta. El Comité aclaró que Flórez, reconocida dirigente del movimiento, únicamente había formalizado su aspiración presidencial y por ello eliminó la segunda inscripción.La exclusión de estas candidaturas ha suscitado debate dentro y fuera de la coalición que respalda al gobierno de Petro. En el caso de Gloria Flórez, la decisión responde a un ajuste administrativo derivado de un error de digitación, mientras que en el de Ahumada, se trata de un pronunciamiento político y ético frente a los cuestionamientos que pesan sobre su proyecto político familiar.El Comité de Ética informó que contra esta decisión procede recurso de apelación hasta el 20 de septiembre, y remitió el acta al Comité Político Nacional para que continúe el trámite correspondiente.La aspiración política de Laura Cristina Ahumada, esposa del actual alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, ha despertado polémica y preocupación en el escenario nacional. "Esos son los afanes que tienen los políticos mandones en Santander que quieren perpetuarse en el poder a través de familiares, en este acaso a través de su esposa, incluso con el apoyo del ministro de Minas. Son candidaturas en 'cuerpo ajeno' y estructuras al estilo de un 'clan'", aseguró el reconocido veedor ciudadano Ramiro VásquezEl senador santandereano Fabián Díaz, en sus redes sociales cuestionó fuertemente la postulación de la esposa del alcalde de Barrancabermeja en la lista al Senado por el Pacto Histórico. "La candidatura de Laura Cristina Ahumada al Senado, esposa del alcalde de Barrancabermeja, enciende las alarmas: su aspiración se interpreta como la extensión de un proyecto político cuestionado que busca abrirse paso en el Congreso", escribió en X el congresista.La candidatura de Laura Cristina Ahumada al Senado es interpretada por sectores políticos y de la opinión pública de Santander como la continuidad de un proyecto cuestionado que busca extender su influencia más allá del Puerto Petrolero. "La posible candidatura de la esposa del alcalde de Barrancabermeja reaviva el debate sobre las dinámicas clientelistas que han permeado algunos procesos electorales en la región, en esta ocasión sería al Pacto Histórico, que inicialmente negó esa postulación", señaló a Blu Radio un integrante del Pacto Histórico en Santander.
Durante la transmisión de mando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y de Santander, el director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables de la reciente escalada terrorista registrada en el departamento del Cauca.Los hechos más graves ocurrieron en el municipio de Puerto Tejada, donde el patrullero Jasmir Gustavo Ortiz perdió la vida tras recibir un impacto de bala en la cabeza.El uniformado fue sorprendido cuando conducía una motocicleta en compañía de otro policía, en medio de un plan pistola ordenado por grupos armados ilegales que delinquen en la zona, y se dirigían a atender una supuesta alteración del orden público.“El asesinato de nuestro patrullero fue un acto vil y cobarde. Rechazamos de manera categórica estas acciones violentas que también han afectado a la población civil. A su familia extendemos nuestras más sentidas condolencias y ratificamos que la institución tiene toda la capacidad en inteligencia e investigación criminal para dar con el responsable. Por eso ofrecemos hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a su captura”, declaró el general Triana.Además del homicidio del uniformado, en Morales y Miranda se reportaron otros hechos violentos, entre ellos la incineración de un bus, lo que ha generado voces de rechazo y preocupación en el norte del Cauca.El director de la Policía destacó que ya se trabaja de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo ocurrido y frenar los ataques contra la fuerza pública.
Hacia las 2:30 de la mañana, se registró un doble homicidio en la carrera 50 con calle 18 del barrio Albania parte Baja, donde dos hombres fueron atacados con arma de fuego por hombres que huyeron del lugar tras cometer el crimen.Las víctimas fueron identificadas como Óscar Mauricio Sandoval Camacho, de 39 años, conductor de transporte informal, y Ludwing Alexander Gutiérrez Sandoval, de 21 años, auxiliar de servicios farmacéuticos.De acuerdo con el reporte forense, Sandoval Camacho recibió heridas en la cabeza, brazo y tórax, mientras que Gutiérrez Sandoval presentó lesiones en el cuello, la espalda y el pecho. Ambos fallecieron debido a la gravedad de los impactos de bala.Según la versión de la compañera sentimental de Óscar Mauricio, las víctimas salieron de un establecimiento conocido como Toriles y se dirigieron en un vehículo particular hacia su residencia.Al llegar a la zona peatonal de la carrera 50 con calle 19, fueron interceptados por dos hombres armados que, tras advertir a las acompañantes con la frase “tírese a los lados, vamos es por ellos”, abrieron fuego contra los dos hombres.Óscar Mauricio murió en el lugar, mientras que Ludwing Alexander alcanzó a ser trasladado a la Clínica Chicamocha, donde falleció minutos después.Las autoridades informaron que Sandoval Camacho tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, hurto y lesiones personales. Incluso, se conoció que ya había sido víctima de dos atentados previos con arma de fuego.Por su parte, Gutiérrez Sandoval registraba una anotación por porte de arma blanca en el año 2023.De manera preliminar, la Policía y la Fiscalía manejan como hipótesis que se trató de un caso de sicariato relacionado con problemas pasionales, aunque las investigaciones continúan para esclarecer el crimen y dar con los responsables.Lo alarmante es que este hecho se suma al intento de homicidio por sicariato en pleno sector de Sotomayor, donde un empresario fue atacado a tiros cuando se movilizaba en una camioneta.Las autoridades analizan cámaras de seguridad y refuerzan los operativos, ante la creciente ola de violencia que golpea la capital santandereana en cuestión de horas.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.