La Electrificadora de Santander (ESSA) informó que activó medidas operativas y legales para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en los 102 municipios donde opera, en medio del cese de actividades de la organización sindical Sintraelecol.A través de un comunicado, la empresa señaló que prioriza la operación en infraestructura crítica y mantiene habilitados sus canales oficiales de atención, aunque con restricciones en la modalidad presencial, con el fin de mitigar impactos en clientes y usuarios.La ESSA precisó que el pasado 20 de febrero el Ministerio del Trabajo inició una diligencia administrativa para determinar las actividades esenciales y el personal mínimo requerido para asegurar la prestación del servicio durante la huelga.En ese contexto, la empresa expuso ante la autoridad la necesidad de contar con la totalidad de su planta de personal para garantizar la operación integral. Sin embargo, recordó que es el Ministerio el que define las condiciones bajo las cuales deben mantenerse los procesos esenciales y el número de trabajadores requeridos.José Gregorio Ramírez, subgerente de Mantenimiento de ESSA, afirmó que la compañía continúa enfocada en asegurar la prestación del servicio. “Desde la Electrificadora de Santander queremos informar a la ciudadanía que continuamos con nuestro compromiso de prestar un servicio público esencial a todos los usuarios de manera continua, legal, confiable y segura. Mantenemos nuestros canales de atención con algunas restricciones en la parte presencial por las disposiciones del Ministerio del Trabajo con ocasión del cese de actividades”, explicó.El directivo agregó que la empresa manifestó tanto al Ministerio como al sindicato la necesidad de contar con la integralidad de los trabajadores para garantizar el servicio, aunque reiteró que la decisión final corresponde a la autoridad laboral.La compañía invitó a los usuarios a realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales y recordó que no se requieren intermediarios para gestionar solicitudes.Los canales disponibles son: emergencias, riesgos eléctricos o afectaciones del servicio: línea 115, línea gratuita de atención al cliente: 01 8000 97 19 03, asistente virtual Luisa (WhatsApp): 318 833 91 21 y portal web www.essa.com.co
Con miedo, los dueños de mascotas evitan sacar a pasear a sus animales por las calles del barrio Los Andes, en Floridablanca, luego de que en los últimos meses más de 30 perros y gatos murieran por un presunto envenenamiento. Según la comunidad, el químico estaría siendo esparcido en zonas verdes y arbustos, donde los animales suelen olfatear o hacer sus necesidades, lo que habría provocado las intoxicaciones.Perros y gatos presentan los mismos síntomas antes de fallecer, como vómito, sangrado y un rápido deterioro físico. Lo más preocupante, dicen los vecinos, es que no se trataría de alimento contaminado, sino de una sustancia tóxica aplicada en arbustos y zonas verdes, que afectaría a los animales con solo rozarlos u olfatearlos.Victoria Correa relató que el caso de su mascota fue fulminante y en menos de 5 horas falleció."Sacamos al perrito hacia las 11:00 de la noche, incluso llevábamos un rociador para limpiar cuando orinaba, pero sobre las 3:20 de la mañana tuvimos que salir de urgencia a la veterinaria, el perro estaba convulsionando y tuvo paro cardiaco, le hicieron pruebas de moquillo y otros exámenes, y el parte médico fue claro, murió por envenenamiento. El químico que están usando es tan fuerte que lo destruyó completamente por dentro”, afirmó.Le puede interesar: Investigan posible envenenamiento a habitantes de calle en VillavicencioLa residente expresó, además, su preocupación por el riesgo para la comunidad. “Por aquí transitan niños, adultos mayores y muchas personas tocan las plantas o se llevan las manos a la boca, cualquier cosa puede pasar”, advirtió.Autoridades de Alcaldía de Floridablanca investigan el presunto envenenamiento de mascotas y piden a la comunidad reforzar el cuidado de perros y gatos, confirmó Aura Carolina Parra directora de Seguridad y Sana Convivencia.Otros vecinos aseguran que la cifra de casos sigue aumentando.“Se han presentado casos en varias cuadras del barrio y en sectores aledaños, pero en nuestra calle van como 30, presentan alteración en la visión y el parte clínico de las veterinaria nos dicen que es enveneamiento y esto es preocupante porque salen niños, con pelotas, carritos y demás juguetes. Particularmente yo puse el denunció ante la Fiscalía General de la Nación, pero no nos han respondido”, afirmó Víctor Albarracín.La situación ha generado tal nivel de angustia que algunas familias han optado por no sacar a sus animales o, incluso, mudarse del sector.“Caminar por el barrio es como una ruleta rusa. Uno no sabe si su mascota va a regresar viva”, comentó otro residente.Los habitantes advierten que el problema no es nuevo, pero en la última semana se habrían registrado al menos tres muertes más, lo que incrementó la alarma comunitaria.“Quien es capaz de hacerle esto a un animal puede hacerlo con una persona. Necesitamos que investiguen y encuentren a los responsables”, agregó Correa.Los cuidadores y defensores de animales piden presencia de las autoridades, análisis toxicológicos en las zonas verdes y vigilancia para evitar que continúe lo que califican como un envenenamiento masivo y sistemático.
La Administración Distrital de Barrancabermeja advirtió que, pese a múltiples alertas y reportes de avistamientos de hipopótamos en zonas rurales y humedales del municipio, la autoridad ambiental regional no ha activado el protocolo de captura y reubicación de estos animales, considerados una especie invasora y de alto riesgo para la comunidad.El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, aseguró que la alcaldía ha cumplido con las acciones preventivas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como jornadas de ahuyentamiento, capacitación comunitaria y articulación con la Policía Ambiental.“Hemos hecho lo que nos corresponde acciones de prevención, pedagogía con la comunidad y monitoreo constante, pero no contamos con presupuesto ni logística para capturar un animal de este tamaño. Ese procedimiento le corresponde a la autoridad ambiental”, explicó el funcionario.Granados enfatizó que el hipopótamo es uno de los animales más peligrosos de África y puede atacar por comportamiento territorial, no por hambre, lo que incrementa el riesgo para habitantes de sectores cercanos a ciénagas y humedales.Según la alcaldía, se han identificado ejemplares en Cuatro Bocas, la ciénaga del Opón, Tierra Adentro y un humedal que conecta con el caño La Cira Infantas. Además, advierten que los animales se desplazan principalmente en horas nocturnas y cerca de escuelas y viviendas rurales.El secretario señaló que ya hay presencia de al menos dos hipopótamos y que estos estarían descendiendo desde zonas como Doradal por el río Magdalena. Incluso, se reportó otro ejemplar en Yondó, municipio ubicado frente a Barrancabermeja.La administración local también alertó por los daños ecológicos que causa la especie invasora, como la destrucción de humedales, alteración de ecosistemas estratégicos y afectación de fauna nativa, enfatizando que cada animal puede consumir más de 200 kilos de pasto al día y generar alta contaminación en fuentes hídricas.Además, señalaron el riesgo para especies como el manatí antillano en vía de extinción o el jaguar y otras que habitan estos corredores biológicos, ya que los mata por apropiarse de sus territorios.Granados insistió en que se debe aplicar el principio de precaución y no esperar a que ocurra un ataque. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS sólo realizaron videos de la situación, pero no han hecho nada más.“No debemos esperar a que un niño o un habitante resulte herido, lo responsable es capturarlos y reubicarlos, por ejemplo, en zoológicos o sitios autorizados como la Hacienda Nápoles”, afirmó.Recordó que la captura de un hipopótamo puede superar los 100 millones de pesos, recursos con los que no cuenta el municipio.Finalmente, la alcaldía anunció que evalúa acciones jurídicas contra la autoridad ambiental y el Gobierno Nacional por omisión.“Nos vemos en la obligación de tomar acciones legales, no vamos a permitir que nuestra comunidad siga en riesgo por una problemática heredada desde la época del narcotráfico, cuando Pablo Escobar introdujo estas especies al país. Hemos denunciado desde el mes de diciembre y no han hecho nada, hoy estamos viviendo las consecuencias, pero eso no es excusa ante la falta de respuesta institucional”, concluyó el secretario.
Jonathan Gamboa, completa 60 días retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la correccional de Jackson Parish, en el estado de Luisiana. Desde ese centro de detención, él y un grupo de connacionales están haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Cancillería para que agilicen su regreso a Colombia.El bumangués salió de la capital santandereana el 31 de diciembre de 2022 junto a su esposa e hija en busca de mejores oportunidades laborales en Estados Unidos. Según su familia, trabajaba en dos empleos: en una ferretería y realizando entregas de paquetes para Amazon.En un video enviado a sus familiares y medios de comunicación, el joven aseguró que permanece retenido desde hace dos meses, pese a que ya firmó una orden de deportación y salida voluntaria emitida por un juez de migración.“Somos un grupo de colombianos detenidos por ICE aquí en la correccional Jackson Parish, en Luisiana. Hoy 18 de febrero de 2026 solicitamos al Gobierno colombiano y a los medios que nos brinden ayuda. Llevamos entre 60 y 90 días esperando ser repatriados. Ya firmamos órdenes de deportación y salida voluntaria. Yo soy Jonathan Gamboa y llevo 60 días retenido”, expresó.De acuerdo con su testimonio, en el centro de reclusión hay 14 celdas con más de 100 personas cada una, de diferentes nacionalidades. Además, denunció presuntas condiciones deficientes de salud, alimentación e higiene, y aseguró que temen represalias por hacer pública su situación.“No estamos pagando condena ni detenidos por delitos. Tenemos miedo a las represalias que puedan tomar ICE y la correccional en nuestra contra por este video”, afirmó.Desde Bucaramanga, su madre, Rosa Milena Torres Traslaviña, también elevó una petición al presidente de la República, a la Cancillería y a organizaciones de derechos humanos para que gestionen el regreso de los colombianos que permanecen en ese centro.La mujer explicó que su hijo acudió a una cita con ICE el 18 de noviembre de 2025 y que el 11 de diciembre, en audiencia ante un juez de migración, solicitó la salida voluntaria, la cual le fue concedida al no tener antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Colombia.Según relató, Jonathan tenía previsto viajar en vuelos programados para el 8 y el 15 de enero, pero ambos fueron cancelados y desde entonces no aparece en nuevas listas de repatriación.“Le pido al señor presidente y a la Cancillería que nos ayuden a traer a nuestros familiares. Somos un grupo de 30 mamás, esposas y familiares desesperados. Hay casos de personas que llevan meses retenidas. Ellos no son delincuentes, son trabajadores que salieron a buscar un mejor futuro”, manifestó.La madre aseguró que, aunque desconocen las razones de la demora en los vuelos humanitarios, la angustia crece con el paso de los días ante la falta de información clara sobre las fechas de retorno.Otro de los casos es el de Ángel Estiben Restrepo, un cucuteño de 24 años que hace dos años migró a Estados Unidos. El 10 diciembre fue detenido por ICE, hoy su familia denuncia que su estado de salud se está deteriorando.“A la cancillería, a la canciller, al consulado de Colombia en Estados Unidos es que por favor reactive los vuelos humanitarios que no sea uno a la semana, un solo vuelo no es suficiente para la cantidad de detenidos que hay. Yo hoy no hablo solamente como la mamá de Steven, sino como la mamá de otras personas que estamos pasando por eso”, dijo Johanna Milena Cárdenas, madre de joven detenido en Estados Unidos.Los casos de Jonathan y el de Estiben, quienes se fueron en busca un mejor futuro, son algunos de los tantos que muestran el drama familiar de decenas de colombianos detenidos por ICE a la espera de retornar rápidamente al país.
A pocos días de las elecciones del próximo 8 de marzo, las autoridades anunciaron un refuerzo de seguridad y medidas logísticas especiales para garantizar una jornada electoral tranquila en Barrancabermeja.Durante el Comité de Seguimiento Electoral Departamental, en el que participaron la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Santander, la fuerza pública, la Procuraduría y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se confirmó el aumento del pie de fuerza con 86 uniformados adicionales de la Policía Nacional.El despliegue contempla acompañamiento permanente en los seis corregimientos y presencia reforzada en las siete comunas urbanas, especialmente en sectores de difícil acceso como Ciénaga del Opón y San Rafael de Chucurí, que anteriormente habían sido catalogados con riesgo electoral.“Para el 8 de marzo vamos a contar con más pie de fuerza de la Policía Nacional, lo cual permitirá acompañar más puestos de votación y garantizar los derechos electorales de los ciudadanos”, aseguró la alcaldesa (e), Laura Cotrina.En materia logística, las autoridades confirmaron el traslado de un puesto de votación del corregimiento El Llanito; la mesa que funcionaba en la sede preescolar de la Institución Educativa San Marcos fue reubicada en el antiguo casino La Troco.Asimismo, se realizó la inspección de los lugares de escrutinio, que este año se concentrarán en la Megaludoteca, y se designaron 15 funcionarios públicos como garantes del proceso. También se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender cualquier eventualidad en tiempo real.Desde la Gobernación de Santander, el secretario del Interior, Óscar Hernández, indicó que existe articulación total entre las instituciones para asegurar la normalidad de la jornada.Las autoridades reiteraron que, por ahora, no hay alertas que comprometan el desarrollo de las elecciones y que el objetivo es brindar plenas garantías para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con tranquilidad.
Sigue la preocupación por el enorme deslizamiento que taponó la autopista Medellín - Bogotá a la altura del municipio de San Luis el pasado martes, que deja graves pérdidas económicas para los transportadores de pasajeros y de carga y afectaciones para las comunidades que deben hacer largos trasbordos y tener recorridos más largos por los desvíos.El Invías confirmó que en el sitio continúan las labores para dar apertura a la vía, que inicialmente estaba presupuestado para el sábado, pero las lluvias continúan y no lo han permitido. El balance hasta ahora es de 13.000 metros cúbicos de tierra removidos de los 60.000 que se estima cayeron a la altura del km 50 del tramo Santuario - Caño Alegre.Para restablecer la normalidad del tránsito en la zona lo antes posible, las labores de remoción se extenderán durante todo el fin de semana en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.Todavía no hay fecha en la que haya apertura de la vía. Según confirmó la entidad del Gobierno nacional, un equipo de especialistas en geotecnia realizó una visita de inspección técnica en el punto crítico, y tras la evaluación, los expertos emitieron una serie de recomendaciones para el manejo de la inestabilidad localizada y que se logre la apertura gradual de la vía de forma segura.Por lo pronto las vías alternas son la comprendida entre Medellín – Cisneros – Puerto Berrío, y Medellín – Manizales - Bogotá.Afectaciones al transporteSamir Echeverri, director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, aseguró que hay 15 empresas de buses afectadas y que, incluso, no solo por las personas que están dejando de transportar, sino que tienen que pagar un peaje más de lo habitual."Los que van de Medellín a Bogotá, pues tienen un insumo diferente y son más kilómetros de recorrido, pero también un peaje adicional que incrementa los sobrecostos de las empresas. Esto repercute en que son cerca de 100 millones de pesos de pérdidas económicas de las empresas que hacen uso de este corredor”, expresó.
Un nuevo elemento revelado por las autoridades se convirtió en pieza determinante para esclarecer el crimen que estremeció a una familia y causó conmoción en la opinión pública. Se trata de una fotografía que el secretario de Gobierno municipal Thales Machado envió a su esposa minutos antes de que ocurriera el crimen. El registro fue hallado durante el análisis de los dispositivos móviles del funcionario y permitió a los investigadores reconstruir los momentos previos a la tragedia.El caso ocurrió en el municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, en Brasil, donde la Policía Civil de Goiás confirmó el cierre de la investigación tras establecer que el propio funcionario fue el responsable de la muerte de sus dos hijos y posteriormente falleció en la misma vivienda. La alerta inicial fue emitida por vecinos del sector que escucharon detonaciones y notificaron a las autoridades, que al llegar encontraron la escena dentro de una de las habitaciones.¿Cuál es la imagen que envió el secretario municipal antes de cometer el crimen?Fue en el tercer análisis del material digital cuando los investigadores confirmaron el contenido de la imagen enviada. En la fotografía aparecían sus hijos, Miguel Araújo Machado, de 12 años, y Benício Araújo, de 8, mientras descansaban en su habitación. Este elemento permitió establecer con mayor precisión la cronología de los hechos y reforzó la conclusión de que no hubo participación de otras personas en el crimen.La imagen fue enviada a Sarah Tinoco, quien en ese momento se encontraba de viaje en São Paulo. Según el reporte oficial, este mensaje fue clave para confirmar que el funcionario se encontraba solo con los menores en la vivienda y que los acontecimientos ocurrieron en un corto intervalo de tiempo. El arma fue hallada junto al cuerpo del funcionario, lo que también respaldó la hipótesis principal de los investigadores.El jefe de la Policía, Pedro Sala, explicó que el análisis incluyó la revisión de mensajes, publicaciones en redes sociales y otros documentos. Entre ellos, se encontró un escrito divulgado por el funcionario en el que expresaba su situación personal y emocional en los días previos.De acuerdo con las autoridades, el caso también estuvo marcado por una crisis familiar. El expediente señala que el funcionario habría recibido previamente imágenes que sugerían una relación entre su esposa y otro hombre, identificado como Jhonathan Ribeiro. Este hecho habría afectado profundamente su estado emocional, según los investigadores.Otra de las líneas examinadas fue la posible contratación de un investigador privado para confirmar sus sospechas. Aunque este aspecto continúa bajo verificación, no cambia la conclusión central del caso, que ya fue cerrado oficialmente.La tragedia ha generado una fuerte reacción en la comunidad, donde el funcionario era conocido por su rol público.
La noche del 27 de febrero, Bogotá volvió a vivir una escena de terror en la localidad de Kennedy, al sur de la capital. Se encontró un cuerpo sin vida abandonado en plena vía pública, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.Las imágenes, que se encuentran en poder de las autoridades, muestran cómo cuatro personas descendieron de un vehículo y dejaron el cadáver sobre la calle en apenas un par de segundos.El hecho ocurrió en una zona con vegetación, donde el carro se detuvo brevemente antes de abandonar el cuerpo. Según los registros, permaneció alrededor de un minuto y medio antes de que el vehículo huyera del lugar.Cuatro personas dejaron un cadáver en vía públicaEn los videos se observa a dos hombres y dos mujeres bajar del carro y, para cubrir parcialmente lo que ocurría, utilizar una colchoneta mientras dejaban el cadáver sobre el asfalto.De acuerdo con lo revelado por CityTV, un testigo, quien protegió su identidad por seguridad, aseguró que el vehículo “parqueó en una zona llena de pasto” y que las cuatro personas actuaron con precisión y rapidez. El comportamiento encendió la alerta de los vecinos, que hicieron un llamado inmediato a la Policía.Según el relato, el carro se estacionó brevemente; al descender, las cuatro personas sacaron una colchoneta, dejaron el cuerpo frente al punto donde se detuvieron y, en menos de dos minutos, huyeron del lugar.Ante esto, los videos de seguridad han sido claves en la investigación para esclarecer lo ocurrido la noche del 27.Investigación está en manos de las autoridadesLa Fiscalía General de la Nación adelanta la recolección de pruebas para establecer la identidad tanto de la víctima como de los presuntos responsables. Por su parte, Medicina Legal aún debe confirmar la causa de la muerte, dato determinante para plantear una hipótesis sobre el caso.El hallazgo se produjo semanas después de otro hecho violento en la capital, cuando en Barrios Unidos encontraron restos humanos en un canal del río Arzobispo, situación que también sigue bajo investigación.Ante ello, Kennedy vuelve a sentir temor, pues habitantes del sector aseguraron que en las últimas semanas los episodios de inseguridad han sido recurrentes. Aunque se ha buscado mayor presencia de las autoridades y respuestas frente a estructuras criminales, Bogotá continúa golpeada por la inseguridad.
Un operativo militar de escala, con más de 150 unidades desplegadas, se adelanta desde la tarde del pasado 28 de febrero en zona de media y alta montaña de Tuluá, como parte de una ofensiva del Estado para reducir la presencia de grupos armados ilegales que operan en esta región del centro del Valle del Cauca.Las acciones son ejecutadas por tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, que realizan operaciones de control, búsqueda y ubicación de las disidencias de las Farc, estructuras que, según las autoridades, mantienen una disputa territorial que ha incrementado los hechos violentos en esta zona del departamento.Uno de los principales objetivos del operativo es alias 'Óscar Barreto', señalado como cabecilla del frente 57 y considerado objetivo prioritario del Estado. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Este hombre cuenta con más de 15 años de vida criminal, integrando tanto al ELN, las Farc y las disidencias, donde ahora es cabecilla de uno de sus frentes; a su vez es acusado de delitos como tráfico de estupefacientes y armas, reclutamiento forzado, extorsión, terrorismo y desplazamiento forzado, entre otros.Este sujeto tendría injerencia en los municipios de Sevilla, Tuluá, Guacarí, Ginebra, Buga, Palmira y Cerrito.Tras finalizar un consejo de seguridad realizado en Cartago, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el alcance del operativo y envió un mensaje directo a este cabecilla: “Por alias 'Óscar Barreto', cabecilla de la estructura criminal del frente 57, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado. El mensaje es claro: existen todas las garantías constitucionales y legales para que se entregue. De no hacerlo, enfrentará la fuerza legítima del Estado. No le haga más daño al país, no le haga más daño a Colombia. Esta puede ser una oportunidad para cambiar el rumbo de sus acciones. De lo contrario, será neutralizado con toda la fuerza legítima del Estado”.Por su parte, el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, advirtió que estas estructuras armadas no solo sostienen una disputa territorial, sino que además estarían vinculadas con el homicidio de líderes y lideresas sociales, así como con múltiples afectaciones a la comunidad en general.Las autoridades confirmaron que la intervención militar se mantendrá en esta zona montañosa del centro del Valle del Cauca y que, de acuerdo con los resultados operacionales, se extenderá hacia el norte del departamento, con el objetivo de restablecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades.
Un fuerte cruce de declaraciones protagonizaron el ministro de Educación, Daniel Rojas, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a raíz de la financiación del nuevo edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS).El rifirrafe comenzó cuando el mandatario departamental, en rueda de prensa con periodistas, aseguró que la mayor parte de los recursos para la obra provienen de la UIS y de los aportes que la Gobernación hace cada año a la institución.“De ese Instituto de Lenguas que es espectacular, 20 mil millones de pesos los pone la UIS, que son de los recursos que nosotros giramos. Nosotros hemos girado 135 mil millones de pesos y el gobierno nacional solo pone 5 mil millones”, señaló Díaz.El gobernador aprovechó además para pedir un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro sobre otras necesidades del departamento, como la vía de los Comuneros, la vía Yuma, el colegio de Vélez, el acueducto de ese mismo municipio y el anillo vial externo metropolitano.Ante esas afirmaciones, el ministro Rojas reaccionó en su cuenta de X, donde sostuvo que el proyecto contó con aportes de la Nación y recursos propios de la universidad, pero no de la administración departamental.“El nuevo edificio de lenguas de la UIS fue financiado con recursos del Ministerio de Educación y recursos propios de la universidad (…) Recursos propios jamás serán recursos de la gobernación”, enfatizó.La respuesta no se hizo esperar. El gobernador Díaz replicó al ministro recordando que la Gobernación aporta casi 90.000 millones de pesos al año a la UIS.“Claro que somos nosotros los santandereanos los que ayudamos a fondear los recursos propios de la UIS”, escribió, y aprovechó para insistir en el bajo apoyo del Gobierno Nacional al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander. “Cubrimos el 100 % con un apoyo del 17,3 % del Gobierno Nacional, porcentaje muy por debajo del apoyo a otros departamentos (…) no vaya a dejar a los niños más pobres sin comida”, advirtió.El cruce de mensajes dejó en evidencia la tensión entre el Gobierno Nacional y la administración departamental sobre la financiación de la educación en Santander, en un contexto en el que la UIS busca consolidar nuevos proyectos académicos e infraestructura para ampliar su cobertura.
El Gaula de Santander adelanta las investigaciones para establecer la identidad de varios hombres armados con fusiles que fueron grabados en video mientras hacían presencia en zona rural del municipio de Lebrija, situación que generó preocupación entre las comunidades y encendió las alertas de las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga.Las imágenes, que comenzaron a circular recientemente por WhatsApp, muestran a los sujetos portando armas largas entre las veredas Uribe Uribe y Guzamán, hecho que llevó a un refuerzo inmediato de la seguridad en la región con presencia de la Policía y el Ejército.El gobernador de Santander, general en retiro Juvenal Díaz, aseguró que no se permitirá que estas acciones pretendan intimidar a la población.“No vamos a permitir que se pretenda intimidar a los santandereanos. Hemos activado todos los mecanismos de reacción y articulación institucional”, indicó el mandatario, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar de manera categórica estos hechos y confiar en la institucionalidad.De acuerdo con las comunidades, también se habrían registrado avistamientos de hombres armados en sectores como Topocoro y la vía que conduce a San Vicente de Chucurí. Las autoridades buscan establecer si se trata de delincuencia común o de estructuras armadas que estarían intentando expandir su presencia hacia el área metropolitana.Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, reiteró su preocupación frente a este fenómeno y advirtió sobre el riesgo de expansión de grupos ilegales desde el Magdalena Medio y el Catatumbo hacia la capital santandereana.“Hoy hemos hecho un llamado de atención al Gobierno Nacional para que entienda que esa realidad puede estar tocando muy pronto las áreas urbanas. Por eso hemos fortalecido las estrategias tanto en Bucaramanga como en el área metropolitana para contener cualquier acción de estas estructuras delincuenciales”, expresó.El mandatario local señaló que se han creado planes de contingencia en articulación con la Gobernación, el Ejército y la Policía, y que se mantiene un trabajo coordinado con la Policía Militar y el Gaula para blindar la seguridad en Bucaramanga y los municipios cercanos.Mientras avanzan las indagaciones, la prioridad de las autoridades es preservar la convivencia y la tranquilidad de la ciudadanía.
Un grupo de paleontólogos descubrieron en Zapatoca, Santander el fósil más antiguo de Colombia hasta el momento. De acuerdo con la investigación, se trata de la vértebra de un reptil marino que vivió en esta región del país hace 135 millones de años.El hallazgo se produjo en las profundidades de la tierra, en capaz de roca formadas hace 135 millones de años en lo que hoy es Zapatoca y hace muchísimo tiempo antes, la cima de los mares tropicales. Hábitat ideal para el Pliosáurido, reptil marino del que encontraron rastro.“Corresponde a una vértebra cervical o del cuello de un de un gran reptil marino que pertenece a un grupo conocido como los pliosáuridos que habitaron la gran mayoría de los océanos particularmente durante los periodos jurásico y cretácico. Lo interesante es que se convierte en el registro más antiguo hasta ahora encontraba en Colombia”, explicó Edwin Cadena, paleontólogo e investigador de la Universidad del Rosario.Luego de una investigación demás de 10 años, los paleontólogos confirmaron que se trataba del pliosáurido, que se alimentaba de tiburones y poseía una gigantesca mandíbula.“Poderosos cuellos cortos y robustos y aletas en forma de remo que les permitía desplazarse con facilidad por debajo del agua. Algunos de ellos lograron alcanzaron más de 10 metros de longitud considerados los súper depredadores de su tiempo”, dijo Javier García, investigador de Uniagraria.El descubrimiento científico significa comprender lo complejo que era para estos animales sobrevivir en medio de una cadena alimenticia de depredadores y otros datos sobre el continente.“También nos da indicaciones de cómo fue la dispersión durante la apertura del océano Atlántico de este grupo de toto y los particularmente en el norte de Suramérica”, agregó Cadena.El preciado fósil se encuentra en la colección Paleontológica de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad del Rosario.
En Santander durante la IV Mesa Técnica de la Comisión Accidental Minera de la Cámara de Representantes, un espacio que reunió a alcaldes, congresistas, gremios y comunidades mineras de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Boyacá, los líderes reclamaron que la nueva Ley Minera sea concertada con las regiones.Los participantes advirtieron que la imposición de la Zona de Reserva Temporal (ZRT) en el macizo de Santurbán ha vulnerado el derecho de participación ciudadana, desconoce el Acuerdo de Escazú y pone en riesgo la actividad formal de la que dependen más de 25 mil santandereanos.Según señalaron, esta medida ha impedido la formalización de al menos 26 mineros en Vetas y California, al tiempo que abre espacio para el avance de la minería ilegal.La alcaldesa de Vetas, Angélica García, sostuvo que “las comunidades merecen que se les escuche y se construyan soluciones técnicas y viables, no imposiciones que ponen en riesgo la economía y el futuro de nuestras familias”.La mandataria recordó que la Agencia Nacional de Minería negó las solicitudes de formalización por efecto de la ZRT, lo que deja en la incertidumbre a decenas de trabajadores que buscan operar bajo la legalidad.Fabio Maldonado, director del Consejo de Soto Norte, también alertó sobre los riesgos de la política minera actual. “Es el mismo Estado el que está poniendo en jaque al medio ambiente al negarle licenciamientos a la minería formal. Eso incrementa la ilegalidad y, además, contribuye a la contaminación del río Suratá, que abastece hasta un 18 % del agua de Bucaramanga”, señaló.Por su parte, el representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, denunció que “el Gobierno ha criminalizado la minería formal, mientras los grupos armados ilegales se apropian de minas de oro. Santander enfrenta riesgos crecientes como la presencia de banderas del ELN en zonas mineras y resoluciones de reservas temporales que afectan no solo el oro, sino también materiales esenciales para vivienda, vías e infraestructura”.El encuentro concluyó con un llamado al Gobierno Nacional para que la nueva Ley Minera sea construida con las comunidades y los verdaderos actores del sector, garantizando sostenibilidad ambiental, desarrollo regional y estabilidad económica para miles de familias.
Las autoridades de Santander confirmaron que, en diferentes operativos contra el Clan del Golfo en el departamento, dejan como resultado 51 capturas, la incautación de 730 kilos de cocaína, así como armas y municiones en poder de la estructura criminal.De acuerdo con la Gobernación, la acción fue posible gracias al trabajo coordinado entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI y el Gaula. “Este resultado demuestra el compromiso de nuestras instituciones en la lucha frontal contra el narcotráfico y la extorsión, que tanto daño le hacen a la seguridad y tranquilidad de nuestra gente”, señaló el mandatario departamental.Las autoridades confirmaron que entre los capturados figuran cabecillas de la organización, quienes se dedicaban a extorsionar y coordinar el tráfico de estupefacientes en la región. El golpe, según destacaron, debilita de manera significativa las finanzas de este grupo ilegal.El último capturado es alias 'Faber', quien era buscado por participar presuntamente en un ataque terrorista donde murieron dos policías en Simití, sur de Bolívar. "También este delincuente era buscado por el feminicidio de su compañera sentimental en Girón, Santander", señalaron las autoridades. “Seguiremos actuando con decisión para garantizar la convivencia y la tranquilidad en todo el territorio santandereano”, concluyó el gobernador Juvenal Díaz Mateus.
Un grave accidente de un bus afiliado a la empresa Libertadores que cayó a un abismo dejó a dos personas muertas y varias heridas. El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes 2 de marzo en la vía de la Soberanía, entre Pamplona y Saravena, en el sector conocido como La Piasola hacia el Alto la Virgen.En el bus que había salido de Bucaramanga con destino a Yopal, viajaban nueve personas, según el reporte inicial. Dos ambulancias, una del corregimiento de Samoré del municipio de Toledo y otra del hospital de Cubará, Boyacá, llegaron hasta el punto de la emergencia y trasladaron a los heridos a centros asistenciales.Las autoridades investigan las causas del accidente, en el sitio realizan el levantamiento de los cuerpos de las dos víctimas fatales que dejó este siniestro vial.En desarrollo...
Más de 8.000 habitantes de la zona rural del municipio de La Paz cuentan desde ahora con un paso seguro sobre el río Quiratá, tras la instalación de un puente metálico modular en el sector Bocas del Opón, un punto crítico que durante más de 30 años representó riesgo permanente en temporadas de lluvias.La estructura, puesta en servicio por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conecta a La Paz con los municipios de Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón, facilitando la movilidad en esta zona estratégica que comunica con la Troncal del Carare.“Pudimos culminar el puente modular metálico en Bocas del Opón que va a beneficiar a más de 8.000 personas. Tiene una inversión del Gobierno Nacional de más de 4.700 millones de pesos”, señaló Julián Barajas, asesor de la dirección de la UNGRD.Durante años, las crecientes súbitas del río Quiratá provocaron aislamientos prolongados, emergencias y dificultades para el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. En temporada invernal, el paso se convertía en un riesgo constante para las comunidades.“Esto era algo que estábamos esperando desde hace 30 añosy hoy es una realidad. Acá hicimos un trabajo donde las comunidades aportamos más de 3.500 jornales en obras de mano que equivale a más de $500 millones de pesos junto con la Gobernación de Santander y gracias a Dios pudimos obtener esta obra”, manifestó Ariosto Duarte, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Opón.El puente corresponde a un sistema modular tipo Bailey, tiene 64 metros de longitud y 4,20 metros de ancho, con tránsito en una sola calzada. Su configuración de panel simple reforzado le permite soportar hasta 52 toneladas, lo que garantiza el paso de vehículos pesados, maquinaria, transporte agrícola y unidades de emergencia.La instalación estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N. 90 del Ejército Nacional. A esta inversión se suman aproximadamente $2.400 millones en obras civiles de cimentación y cerca de 500 millones en maquinaria amarilla para la adecuación de accesos y conformación de terraplenes. En total, el proyecto representa una inversión cercana a los $8.000 millones.
Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego, luego de ser atacada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y vestían ropa similar a la de repartidores de domicilios en Bucaramanga.Estos hombres dispararon en su contra, mientras esperaba un pedido en el sector norte de Bucaramanga, informaron las autoridades.El hecho se presentó alrededor de las 11:10 de la noche del sábado 28 de febrero, en el barrio Campo Madrid, conocido como Las Escaleras, donde la joven se encontraba junto a su hermana cuando fue alcanzada por uno de los disparos.Testigos y familiares señalaron que uno de los ocupantes de la motocicleta sacó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó, impactando a la adolescente en el pecho, tras el ataque, los agresores huyeron hacia un parqueadero cercano, perdiéndose su rastro.La menor fue auxiliada de inmediato por vecinos y trasladada inicialmente a un centro asistencial del norte de la ciudad, pero debido a la gravedad de su lesión fue remitida al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Le puede interesar: Mujer de 24 años fue asesinada en Barranquilla por supuesto falso domiciliario tras recibir un ramoSegún fuentes médicas, la joven presenta una lesión que está siendo valorada de cerca por el equipo de especialistas, sin embargo, su estado actual no ha sido confirmado oficialmente por la entidad.La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que se encuentran recopilando evidencia y revisando cámaras de seguridad para dar con los responsables. Aunque no se ha establecido una causa concreta, una de las hipótesis que se analiza es que el ataque podría estar relacionado con intolerancia social, situación que sigue en verificación.Este ataque se suma a otro ocurrido en Bucaramanga contra otra mujer en menos de 24 horas.Este otro hecho ocurrió en el barrio Estoraques, donde una mujer de 50 años fue asesinada por un sicario, y el viernes ya se habría registrado un ataque en iguales circunstancias en un parque que dejó varios heridos, incluida una menor de edad.La Policía mantiene operativos especiales y aún no descartan ajustes de cuentas o feminicidio dado que las victimas son mujeres, hicieron un llamado la comunidad a colaborar con información que pueda ayudar a identificar y judicializar a los agresores.
Las autoridades de salud reportaron seis casos confirmados de tosferina, tres de ellos en menores de edad, en la comunidad indígena U’wa del municipio de El Cerrito, Santander, donde desde hace más de un mes se han venido presentando síntomas respiratorios persistentes, principalmente en niños y lactantes.De acuerdo con líderes locales y denunciantes, los contagios han aumentado progresivamente, pero el acceso a jornadas de vacunación y brigadas médicas ha sido limitado. El alcalde Luis Felipe Rivera explicó que las cifras podrían ser mayores a las oficialmente registradas.“Según el cabildo de los U’wa, son más de 100 personas infectadas, pero en los datos de quienes sí han llegado al hospital tenemos seis casos, incluidos niños; por eso no tenemos certeza y pedimos la intervención de la Secretaría de Salud Departamental para abrir el diálogo con la comunidad y permitir la vacunación”, señaló el mandatario.Además, persisten barreras culturales dentro del territorio que dificultan la aplicación de biológicos.Habitantes del sector han manifestado preocupación por la falta de campañas activas de inmunización, la ausencia de brigadas permanentes de salud pública y la escasa información oficial sobre el alcance del brote; además, no existe un cerco epidemiológico efectivo y si podría haber subregistro de pacientes.La tosferina es una infección respiratoria que puede generar complicaciones graves en menores de edad, por lo que las autoridades buscan reforzar la atención médica y establecer acuerdos con la comunidad para prevenir nuevos contagios.Desde la administración municipal reiteraron el llamado a la Secretaría de Salud de Santander para acompañar las acciones en territorio y evitar que la situación se agrave.
Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego tras un ataque cometido por hombres que se hacían pasar por domiciliarios en el barrio Campo Madrid, en Bucaramanga.El hecho ocurrió hacia las 11:10 de la noche del sábado, cuando la menor se encontraba junto a su hermana en el sector conocido como las escaleras, esperando un pedido a domicilio. Según versiones preliminares, dos hombres llegaron en motocicleta, con prendas alusivas a entregas de comidas rápidas, descendieron de la motocicleta y, sin mediar palabra, uno de ellos accionó un arma de fuego y disparó contra la joven.Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras familiares y vecinos auxiliaron a la adolescente y la trasladaron a un centro asistencial, psteriormente fue remitida al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.La Policía Metropolitana inició operativos de búsqueda y la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los atacantes y esclarecer los móviles del caso, por ahora nose descarta un ajuste de cuentas e intolerancia.Este hecho se suma a otros ocurridos durante el fin de semana en la ciudad, el primero ocurrió la noche de este viernes en el parque La Corona, en inmediaciones del barrio La Ceiba, donde donde hombres en motocicleta llegaron al parque donde se jugaba un partido de voleybol y dispararon contra los presentes.El ataque dejó cuatro personas heridas, entre ellas una adolescente de 13 años que permanece en estado crítico. Y el tercer hecho una mujer de 50 años, quién fue asesinada en otro sector de la capital santandereana, en el barrio Estoraques. Un sicario llegó hasta el barrio donde vivía Alejandrina Gaona Lizarazo quién era ama de casa y le disparó más de 9 veces, hasta acabar con su vida. Las autoridades investigan estos tres casos pues todos son violencia desmedida contra la mujer y menores de edad en diferentes zonas.
Las autoridades encendieron las alarmas en Santander tras identificar una nueva modalidad de hurto de vehículos pesados que estaría siendo utilizada por bandas organizadas para robar volquetas y mezcladoras de concreto y trasladarlas hacia zonas de frontera.Durante el fin de semana, más de siete hombres armados ingresaron a empresas en San Gil y Barbosa, donde intimidaron y amarraron a vigilantes y trabajadores para cometer el hurto de ocho vehículos, entre volquetas, mezcladoras y un automóvil.El último caso ocurrió en Barbosa, donde los delincuentes ingresaron durante la noche del sábado a la empresa de concreto Concremex y sustrajeron tres volquetas y un carro. El vigilante logró soltarse y alertar a la Policía, lo que permitió activar el “plan candado”.Al notar la presencia de las autoridades, los ladrones abandonaron varios de los vehículos en la vía hacia Vélez. El comandante de la Policía Nacional del departamento, Néstor Arévalo, explicó que se trata de una modalidad previamente estudiada por los delincuentes.“Normalmente hurtan entre las 9 y 11 de la noche para poder avanzar y, muchas veces, llegar a zonas del Catatumbo, Ocaña y la frontera con Venezuela, donde tenemos conocimiento de volquetas que son trasladadas tras ser hurtadas en Santander”, señaló el oficial.Según la investigación, los delincuentes realizan seguimientos previos a las empresas, ingresan en horas nocturnas, inmovilizan al personal y luego huyen por corredores viales que conducen hacia el Catatumbo, donde estos vehículos serían comercializados o utilizados ilegalmente.Gracias al operativo, las tres volquetas fueron ubicadas abandonadas en la vereda Los Guayabos, jurisdicción de Vélez, mientras que el automóvil fue recuperado posteriormente en el barrio Centro de Barbosa.Las autoridades revisan cámaras de seguridad y adelantan labores de investigación para identificar a los responsables.No se descarta que se trate del mismo grupo delincuencial implicado en el hurto ocurrido la noche anterior en otra empresa de concreto en San Gil, donde también fueron robadas varias volquetas.Empresarios del sector de maquinaria pesada pidieron mayores controles y presencia policial, al advertir que estos hechos afectan la operación de las compañías y generan preocupación por la seguridad en el departamento de Santander.Las autoridades también confirmaron la captura de dos personas en operativos coordinados y mantienen controles en las principales vías del departamento para evitar que más automotores sean sacados de la región.La Policía anunció que reforzará la vigilancia en zonas industriales y pidió a los empresarios fortalecer medidas de seguridad y sistemas de rastreo satelital para reaccionar con mayor rapidez ante cualquier hurto.
La Policía logró recuperar los vehículos que habían sido hurtados durante un violento hurto a la empresa Concretos El Nogal, ubicada en el kilómetro 5 de la vía San Gil – Charalá, hecho en el que varios trabajadores fueron amordazados por delincuentes que ingresaron de madrugada a las instalaciones.Según el reporte oficial, cerca de diez hombres irrumpieron por la parte posterior del establecimiento, redujeron al vigilante y retuvieron a los empleados mientras se llevaban dos vehículos tipo mezcladora, un camión turbo, una motocicleta, equipos tecnológicos, celulares, el DVR de las cámaras de seguridad y un arma de fuego del servicio de vigilancia.Tras la denuncia, las autoridades activaron un plan candado y, con apoyo de la empresa de monitoreo satelital, accedieron a la geolocalización de los automotores, lo que permitió su recuperación en diferentes municipios.Un vehículo fue hallado en Piedecuesta, Santander, donde fue capturado su conductor; otro en Ubaté, Cundinamarca, con un segundo detenido; y un tercero apareció en un parqueadero de Sutatausa.El mayor Alejandro Esteban Cortinez Villa, comandante del Distrito de Policía San Gil, explicó que “gracias al monitoreo satelital se logró la ubicación en tiempo real de los vehículos. Con el plan candado y la articulación con la empresa de monitoreo se pudo frustrar el robo. La investigación continúa para judicializar a los demás responsables”.Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado y agravado, mientras la Policía mantiene operativos para identificar a los demás implicados en este hecho que genera preocupación entre el sector empresarial de la región, quienes exigen más seguridad de las autoridades.
Tres soldados del Ejército Nacional permanecen bajo atención especializada en Bucaramanga, luego de resultar heridos en un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra tropas que operaban en la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar.El ataque habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mediante drones cargados con explosivos que impactaron tanto el helicóptero que se encontraba en operación como la base militar en la Serranía de San Lucas; modalidad, cada vez más frecuente, que genera preocupación por el riesgo que representa para las tropas y la población.Los uniformados ingresaron hacia las 2:00 de la tarde del sábado al Hospital Universitario de Santander, donde recibieron atención especializada por lesiones de consideración, siendo uno de ellos el caso más delicado.En medio de la emergencia, la aeronave logró aterrizar de forma forzosa en el municipio de Santa Rosa del Sur.De manera paralela, en la base militar San Lucas, un suboficial y tres soldados fueron alcanzados por otro artefacto explosivo cuando se disponían a abordar un helicóptero. En total, el balance preliminar habla de al menos 14 militares lesionados, varios de ellos por esquirlas.Tres de los casos de mayor complejidad fueron remitidos a Bucaramanga para manejo especializado y cirugías correspondientes.Según el parte médico, un soldado presenta múltiples traumas en la cavidad toracoabdominal, comprometiendo parte de sus órganos, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencias y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos; otro tiene lesiones por esquirlas en el abdomen y el tercero sufrió la onda explosiva, cayó al suelo y presenta una lesión en el hombro izquierdo, con fractura de húmero.Los demás uniformados fueron atendidos inicialmente en centros asistenciales del sur de Bolívar, y varios de ellos fueron remitidos al Hospital Militar en Bucaramanga de la Segunda División, donde se encuentran en recuperación.Por ahora, los soldados permanecen bajo observación médica en la capital santandereana, mientras se espera un nuevo parte oficial sobre su evolución.
En la madrugada de este domingo 1 de marzo de 2026, los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registraron un temblor de magnitud considerable que despertó a los habitantes del noreste del país. Según el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:12 de la mañana, con una magnitud de 5.3 en la escala de Richter.Detalles técnicos del eventoEl epicentro se localizó exactamente a 13 kilómetros del municipio de Salazar, en el departamento de Norte de Santander. Los datos técnicos proporcionados por el SGC sitúan las coordenadas del evento en la latitud $7.71$ norte y longitud $-72.91$ oeste. Un factor determinante en la percepción de este sismo fue su profundidad de 179 kilómetros, lo que técnicamente se clasifica como un sismo de profundidad intermedia.Debido a esta profundidad, las ondas sísmicas lograron propagarse a través de la corteza terrestre afectando no solo al municipio del epicentro, sino también a localidades cercanas como:Arboledas: a 14 km del epicentro.Gramalote: a 23 km del epicentro.Cúcuta: capital del departamento, donde se reportó una fuerte percepción.Bucaramanga: en el departamento de Santander, debido a su proximidad geográfica y geológica.Contexto geológico de la regiónLa zona donde se registró el evento es reconocida por su alta actividad sísmica. El departamento de Norte de Santander, y particularmente su cercanía con el Nudo de Santurbán y el departamento de Santander, se encuentra en una región de alta complejidad tectónica. Colombia, al estar situada en el llamado "Cinturón de Fuego del Pacífico", experimenta una interacción constante entre las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y del Caribe.Es importante destacar que el departamento vecino, Santander, alberga el Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los puntos con mayor concentración de sismos de profundidad intermedia en el mundo. El sismo registrado hoy en Salazar comparte características con la actividad típica de esta región, donde la profundidad de los eventos suele amortiguar los daños superficiales directos, aunque permite que el movimiento sea sentido en áreas muy extensas del territorio nacional.
Una nueva controversia rodea al sistema de transporte masivo de Bucaramanga, luego de que circulara en redes sociales un video grabado en una estación de Metrolínea que habría sido utilizada para la producción de contenido para adultos.La situación fue denunciada por el concejal Diego Lozada quién cuestionó la falta de control en la infraestructura fuera de servicio y advirtió que el abandono ha facilitado hechos delictivos “nos preocupa que estas estaciones se estén convirtiendo en escenarios de desidia, primero fueron atracos, luego las viviendas de habitantes de calle y ahora grabaciones de contenido para adultos”, afirmó.En un llamado puntual a las autoridades e incluso al gerente dle sistema el cabildante agregó que se han dedicado al prestamo de buses pero que pasa con la seguridad del sistema y lo que está generando estos entornos de abandono lo que resulta realmente preocupante para la población.Tras la polémica, Metrolínea emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente lo ocurrido y aclaró que los hechos no se registraron en una estación en funcionamiento ni durante la operación del servicio.“La conducta no ocurrió en una estación activa del sistema, ni durante la prestación del servicio de transporte masivo. Se trata de una infraestructura que se encuentra fuera de operación desde hace varios años”, señaló la entidad.Según el ente gestor, estas estaciones cerradas han sido blanco recurrente de ocupaciones indebidas, vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas y otros comportamientos ilegales.Además, advirtió que la falta de vigilancia permanente y de acompañamiento institucional ha facilitado este tipo de situaciones.“Metrolínea, como ente gestor, no cuenta con facultades de policía ni fuerza coercitiva”, explicó la empresa, al tiempo que pidió mayor presencia de la Fuerza Pública y de las autoridades municipales para proteger el patrimonio público.La entidad solicitó acciones urgentes de control, vigilancia y judicialización frente a quienes utilicen estos espacios para actividades irregulares, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la infraestructura del sistema.El caso reabre el debate sobre la seguridad y el estado de varias estaciones fuera de operación en el área metropolitana, mientras usuarios y autoridades piden soluciones estructurales para evitar nuevos episodios.