La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.
Una preocupante racha de accidentes de tránsito que involucran motocicletas se registró en los últimos días en el departamento de Santander, dejando como saldo dos personas muertas y un hombre gravemente herido. En varios de los casos, los conductores implicados huyeron del lugar, lo que ha generado indignación y llamados de las autoridades para fortalecer los controles viales.El primer caso cobró la vida de Angie Juliana Arboleda, una joven de 23 años que falleció tras un siniestro ocurrido la mañana del pasado viernes en la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, en el área metropolitana de Bucaramanga.El hecho se presentó hacia las 9:20 a.m., en cercanías al Estadio Álvaro Gómez Hurtado. De acuerdo con las autoridades de tránsito, la motocicleta en la que se movilizaba la joven, en calidad de parrillera, fue impactada por la parte trasera por un vehículo cuyo conductor habría huido del lugar.El choque provocó que los dos ocupantes fueran expulsados hacia la vía. Según las primeras investigaciones, Angie Juliana fue arrollada posteriormente por un tractocamión que transitaba por el sector. El conductor de la motocicleta resultó herido y es atendido por las autoridades competentes, mientras avanzan las indagaciones para identificar al responsable que se dio a la fuga.Un segundo hecho trágico se registró en la mañana de este domingo 22 de febrero en la vía que comunica a Nuevo Girón con Bahondo, específicamente en el sector conocido como la curva Los Cajones, en jurisdicción de Girón.En este punto, una mujer perdió la vida tras verse involucrada en un accidente cuando se desplazaba en motocicleta. De manera preliminar se conoció que otra persona resultó herida y recibió atención por parte de los organismos de emergencia que acudieron al sitio.Unidades de Tránsito realizaron el respectivo procedimiento y adelantaron las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.El tercer caso mantiene en vilo a una familia en el norte de Bucaramanga. Un hombre de 44 años se debate entre la vida y la muerte, luego de ser embestido por un vehículo que también huyó del lugar. El accidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche del sábado 21 de febrero en el barrio Chapinero.Según la información preliminar, la víctima fue arrollada por un conductor que no se detuvo a prestar auxilio. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no abandonar el lugar en caso de verse involucrados en un siniestro vial. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita ubicar a los responsables que escaparon, mientras se refuerzan los operativos de control en distintos corredores viales del departamento.
El monumento del Clavijero, ubicado en el parque de Los Niños y el monumento de La Puerta del Sol, situado en la carrera 27 con calle 56, una emblemática obra del artista Ricardo Gómez Vanegas que desde 1986 da la bienvenida a quienes ingresan a la ciudad, fueron los dos monumentos, patrimonio de la ciudad, vandalizados.Según denunció la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Nathalia Melissa Torres, los monumentos habían sido restaurados en 2025 por ese instituto con una inversión superior a los $150 millones con apoyo de la empresa privada, que se destinaron a la recuperación integral, incluyendo procesos técnicos especializados de conservación y restauración para proteger su valor histórico, arquitectónico y simbólico.“No solo se afectaron unos espacios físicos, se golpeó la memoria histórica y nuestra identidad cultural. Lo que ocurrió nos obliga ahora a aplicar primeros auxilios y adelantar nuevamente procesos de restauración, costos que no estaban contemplados y que, en última instancia, salen del bolsillo de todos los bumangueses”, señaló la directora de IMCT.La directora también hizo un llamado a la responsabilidad. “Esto para que entre todos cuidemos nuestros bienes de interés cultural y no permitamos que estos hechos se repitan. Desde el Instituto entablaremos todas las acciones legales correspondientes para dar con el paradero de los responsables”.La administración municipal anunció que activará los protocolos jurídicos y administrativos necesarios para identificar a los responsables y avanzar en los procesos sancionatorios correspondientes.“Estos actos no solo deterioran la estética urbana; desconocen la inversión pública, afectan la confianza institucional y envían un mensaje contrario al respeto por lo colectivo”, puntualizó la directora del IMCT, Nathalia Torres.
Después de varios meses de incertidumbre por los derrumbes registrados en la Unidad Funcional 8 (UF8) de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que alcanzó un acuerdo con la interventoría y la concesionaria Ruta del Cacao para ejecutar la solución definitiva en el punto crítico ubicado entre el PR 100+590 y el PR 100+890.El tramo, afectado por un deslizamiento ocurrido el 1 de octubre de 2023 en el desmonte 7.2, ha sido uno de los principales obstáculos para cerrar completamente esta unidad del proyecto 4G Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó (BBY).El presidente de la ANI, Óscar Torres, explicó que el acuerdo fue posible tras la realización de más de 15 mesas de trabajo entre las partes, así como una auditoría adelantada por las vicepresidencias Jurídica, Ejecutiva y de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad, junto con la interventoría.El acuerdo establece la hoja de ruta para iniciar las actividades de preconstrucción, que incluyen estudios y diseños, y posteriormente avanzar hacia la construcción de la obra que estabilizará el talud y permitirá superar de manera definitiva la emergencia.Dentro de los compromisos pactados también se fijó un nuevo período especial en el marco del Evento Eximente de Responsabilidad otorgado por el panel de Amigable Componedor, lo que dará margen para culminar la Unidad Funcional 8 y formalizar su entrega.El deslizamiento ocurrido en octubre de 2023 comprometió aproximadamente 400 metros de vía en el sector PR 42, unidad funcional 8, lo que desde entonces ha impedido la puesta en funcionamiento de 4 kilómetros de doble calzada construida entre el intercambiador de Portugal y el cruce en Lisboa.Actualmente, el corredor vial registra un avance del 98,15%. Sin embargo, la imposibilidad de concluir este punto específico había impedido declarar la terminación total de la obra.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
La AmCham Colombia señaló que esta herramienta le permitiría al Gobierno de Estados Unidos imponer aranceles temporales de hasta el 15 %, según lo anunció el presidente Donald Trump, durante un periodo inicial de 150 días, bajo el argumento de corregir desequilibrios en la balanza de pagos.Aunque se trata de una medida transitoria, el gremio advirtió que su eventual aplicación podría generar impactos relevantes en el comercio bilateral. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y destino clave para exportaciones no minero-energéticas, por lo que cualquier incremento arancelario podría traducirse en mayores costos de ingreso, pérdida de competitividad y ajustes en contratos comerciales.Sectores como el agroindustrial, manufacturas, alimentos procesados y algunos bienes industriales serían especialmente sensibles a este tipo de decisiones, ya que compiten en precio dentro del mercado estadounidense.AmCham explicó que, más allá del porcentaje del arancel, el principal efecto inmediato sería la incertidumbre. Las empresas podrían aplazar inversiones, renegociar acuerdos o replantear proyecciones de exportación ante un entorno menos predecible.El gremio también subrayó que, en este contexto, cobra mayor relevancia el Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos, así como la necesidad de fortalecer la diplomacia comercial y avanzar en la diversificación de mercados para reducir la dependencia de un solo destino.
Este hurto se registró en el sector de Pescador, una zona de la vía Panamericana donde constantemente las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' instalan retenes ilegales. Tres hombres y dos mujeres, integrantes del frente 'Jaime Martínez', interceptaron este camión que transportaba bebidas.Una vez se conoció la situación, la guardia indígena que se encontraba en la zona reaccionó enfrentándose con estos sujetos, quienes les dispararon con fusiles y pistolas, logrando la recuperación del vehículo y la liberación del conductor. En medio de esta confrontación, dos integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca resultaron heridos."La guardia indígena actuó de manera inmediata, saliendo del sector de Pescador hacia la vereda Caimitos y otros alrededores. Interceptamos el camión de gaseosas y estos hombres, al verse acorralados por la guardia, usan las armas contra la guardia. Los armados huyen del lugar", narró un miembro del CRIC.Las comunidades indígenas y, en general, todos los habitantes del departamento del Cauca reiteran el llamado a las autoridades a desplegar más fuerza pública en la vía Panamericana, teniendo en cuenta que es el principal corredor del suroccidente del país.
La Policía Nacional de Colombia incautó 5.560 kilogramos de permanganato de potasio durante labores de patrullaje y control vial en jurisdicción del municipio de Taminango, en el departamento de Nariño. El procedimiento se realizó en una vía terciaria del corregimiento El Tablón Panamericano, donde los uniformados hallaron un camión abandonado que transportaba 107 bultos de fibra con el químico en su interior.De acuerdo con las primeras indagaciones, el permanganato de potasio es un insumo utilizado por estructuras criminales en la cristalización y purificación del clorhidrato de cocaína, ya que permite oxidar impurezas y mejorar la apariencia del estupefaciente, razón por la cual su comercialización y transporte están sometidos a controles especiales por parte de las autoridades.La acción policial se produjo tras información suministrada por la comunidad, que alertó sobre la presencia sospechosa del vehículo en la zona. El material incautado y el caso quedaron a disposición de la Fiscalía URI Pasto para establecer su procedencia y destino.El director de Tránsito y Transporte de la Policía, el coronel Jair Alonso Parra Archila, señaló que la incautación representa un golpe significativo contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, al afectar directamente el suministro de insumos químicos empleados en la producción de estupefacientes.
Un juez penal de conocimiento condenó a 18 años de prisión a David Acosta Díaz, tras avalar un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, en el que el procesado aceptó su responsabilidad en el homicidio de un ciudadano mexicano en Medellín.De acuerdo con la investigación, Acosta Díaz fue uno de los articuladores del acto sicarial contra Horacio Pérez Ledesma, ocurrido el 30 de junio de 2024 en un restaurante del exclusivo sector de Provenza, en El Poblado.Las pruebas señalan que el ahora condenado viajó desde Bogotá para coordinar las acciones previas y definir el momento exacto en el que debía ejecutarse el crimen contra la víctima, quien comercializaba artículos de tecnología.Por estos hechos, Acosta Díaz deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también en modalidad agravada.En el mismo proceso, la Fiscalía recordó que ya fueron sentenciados, igualmente mediante preacuerdos, Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico, quienes recibieron 25 años de prisión, así como Anthony Tobar Ponceleón, condenado a 18 años.Por su parte, hasta ahora solo ha sido judicializado por la presunta planeación del hecho Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, pieza clave vinculada al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Más de 20 emergencias por lluvias fueron atendidas en el Distrito, principalmente en las comunas Siete y Tres, así como en el corregimiento El Centro, tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada de este domingo.De acuerdo con el reporte oficial, la alcaldía activó de inmediato el protocolo de respuesta junto a organismos de socorro como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con el fin de verificar afectaciones y brindar apoyo a las familias damnificadas.El director encargado de Gestión del Riesgo, Eduardo Ramírez, confirmó que más de 23 familias resultaron afectadas por las intensas precipitaciones, que ocasionaron daños en viviendas y enseres.“Asimismo, la Dirección de Gestión del Riesgo realizó verificaciones en territorio y, de manera articulada con la Secretaría de Infraestructura, avanzamos en poda de árboles y acciones preventivas”, explicó el funcionario tras la llegada de las primeras ayudas humanitarias.Ramírez detalló que el equipo técnico adelantó el proceso de caracterización de las familias impactadas para agilizar la entrega de asistencia. “Llegan las ayudas para más de 23 familias caracterizadas que lastimosamente vieron afectadas sus viviendas y sus enseres, con ocasión a unas lluvias muy fuertes durante la madrugada de este domingo. Estamos trabajando en campo con los demás organismos de socorro”, señaló.El funcionario advirtió que, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias continuarán durante la semana, por lo que se mantiene la alerta y el monitoreo permanente en distintos puntos del casco urbano y la zona rural.“Queremos que hoy mismo esas familias sientan que esas ayudas las van a proteger, porque, por supuesto, continuaremos en fase de lluvia durante toda la semana”, agregó.Desde la administración distrital informaron que, a través del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, se mantienen activos los equipos de respuesta y el grupo de arborización de la Secretaría de Infraestructura, que adelanta labores de poda y tala preventiva en sectores donde se ha identificado riesgo inminente.
La red pública hospitalaria de Santander comenzó a recibir recursos adeudados por la atención en salud a población migrante, luego de varios años en los que no se habían auditado ni girado completamente estos dineros por parte del Ministerio de Salud.Así lo confirmó el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, quien explicó que al inicio de la actual administración encontraron rezagos significativos en la revisión de cuentas correspondientes a vigencias anteriores.“Durante las vigencias 2022 y 2023 no habían auditado las cuentas de migrantes correspondientes a parte de 2021 y todo el 2024. Además, no teníamos presupuesto en 2024 para hacer esas auditorías”, indicó el funcionario.Según Prada, fue solo hasta 2025, gracias a recursos asignados por la Gobernación de Santander, que se pudo adelantar el proceso de auditoría de estas cuentas, lo que permitió gestionar los pagos ante el Ministerio de Salud.Como resultado, al cierre del año anterior el departamento recibió $94.000 millones, a los que se suman otros $17.000 millones girados recientemente, para un total de $111.000 millones destinados a la red pública hospitalaria.Estos recursos, explicó el secretario, llegaron en un momento clave para las instituciones de salud del departamento, que han asumido la mayor carga en la atención de población migrante.Una de las entidades beneficiadas con estos giros fue el Hospital Universitario de Santander, que recibió cerca de $66.000 millones correspondientes a deudas acumuladas por la atención a migrantes.De acuerdo con el secretario, este desembolso permitió aliviar la situación financiera del hospital y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a esta población.Prada recordó que, en muchos casos, las instituciones privadas no atienden a población migrante, por lo que la red pública ha asumido esta responsabilidad.El secretario de Salud aseguró que el departamento continuará con el proceso de auditoría de cuentas para gestionar ante el Ministerio de Salud el pago de los recursos que aún están pendientes. "Seguiremos auditando estos recursos para que el Ministerio nos ayude con los pagos a la red pública que todavía le deben”, puntualizó.
Un incendio registrado en horas de la noche del pasado domingo en el Portal de Girón dejó como saldo la destrucción de 14 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea, según confirmaron las autoridades.La emergencia se presentó al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón, y obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la infraestructura.De acuerdo con los reportes preliminares, los vehículos afectados correspondían a buses que se encontraban fuera de operación. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el portal.Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las respectivas inspecciones técnicas para determinar el origen de la conflagración y establecer posibles responsabilidades.A través de una comunicado, Metrolínea mostró su solidaridad frente a los hechos con al empresa Metro 5 Plus, dueña de los buses que hacen parte de un proceso de liquidación.Desde la administración de Metrolínea se indicó que se mantiene coordinación con los entes de control y se entregará información oficial una vez avancen las investigaciones.El hecho genera preocupación frente al estado actual del sistema de transporte masivo en el área metropolitana, mientras se evalúan los impactos operativos y financieros derivados de la pérdida de los vehículos.
Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció que este domingo 23 de noviembre, desde las 5:00 a. m., se implementarán varios cierres viales en sectores claves de la ciudad debido a la realización de la carrera atlética Running Life, un evento deportivo que reúne a cientos de corredores y que recorrerá las principales arterias de la meseta.Las autoridades informaron que las restricciones se extenderán hasta aproximadamente las 10:00 a.m., tiempo durante el cual se mantendrán cerradas vías estratégicas como la carrera 27, la carrera 30, y las calles 10, 14, 67 y 68. Estos cierres se aplicarán en ambos sentidos, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y permitir el desarrollo logístico de la competencia.El recorrido de 12 kilómetros, el más largo del evento, partirá de la carrera 30 con calle 11 y descenderá por la calle 10 hasta la glorieta del Caballo de Bolívar. Desde allí los deportistas avanzarán al sur por la carrera 27, atravesando el deprimido de Mesón de los Búcaros para luego subir hasta la calle 56 y empalmar con la calle 67 en el barrio La Victoria, punto desde el cual retornarán hacia el sector de la calle 10 y la carrera 33A, donde finalizará la prueba. El director de Tránsito, Jhair Manrique, advirtió que durante ese lapso solo habrá dos pasos habilitados entre el oriente y el occidente de la ciudad, la Avenida Quebradaseca y la calle 68, por lo que recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y evitar quedar atrapados en los puntos de mayor congestión.Adicionalmente, se prevén afectaciones en intersecciones de alto flujo vehicular como las avenidas González Valencia, La Rosita y la calle 45. Por ello, la entidad sugirió rutas alternas como la vía antigua hacia Floridablanca, la carrera 33, la autopista, la carrera 21, la diagonal 15 y los corredores habilitados para los barrios San Francisco, Alarcón, San Alonso y La Victoria.La situación ha generado molestia entre habitantes y conductores, quienes en redes sociales cuestionan que casi todos los fines de semana la ciudad enfrente cierres viales por eventos deportivos.Señalan que estas restricciones “sitiaron” nuevamente la movilidad, recordando que el fin de semana pasado una carrera ciclística también afectó el paso de viajeros que se dirigían al aeropuerto.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de la República condenó a 12 años de prisión a Jhurgent Harley Laguado Pinto, responsable de instigar el asesinato de Andrea Paola Salazar Uribe, ocurrido el 15 de diciembre de 2024 en el barrio Ciudadela Café Madrid, en el norte de Bucaramanga.El hombre aceptó los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, tras ser capturado el 16 de agosto de 2025.La investigación estableció que, horas antes del homicidio, la víctima y otra mujer identificada como Yuli, pareja sentimental de Laguado Pinto, se enfrentaron en una violenta riña con armas cortopunzantes.Según testigos, las dos mujeres sostuvieron una acalorada discusión que terminó en agresiones físicas y amenazas mutuas. Aunque varias personas intervinieron para separarlas, el conflicto no quedó ahí.Minutos después, Yuli regresó al sector acompañada de Laguado Pinto, lo que escaló la situación. Ambos encontraron a Andrea Paola Salazar compartiendo con amigos en la zona pública del barrio.De acuerdo con la Fiscalía, fue en ese momento cuando Laguado Pinto instigó a su compañera para que disparara contra Salazar Uribe. La agresora sacó un arma de fuego y atacó a la joven de 29 años, quien murió casi de inmediato debido a la gravedad de las heridas.La escena quedó registrada en parte por cámaras de seguridad y corroborada por testimonios de la comunidad, claves para reconstruir la secuencia de los hechos.Tras varios meses de investigación, seguimiento y análisis de evidencias, el CTI logró capturar a Laguado Pinto el 16 de agosto de 2025.Durante el proceso penal, el hombre admitió su responsabilidad ante la contundencia del material probatorio.Su aceptación de cargos permitió avanzar hacia una sentencia anticipada que concluyó con la imposición de 12 años de cárcel, pena que deberá cumplir en un centro de reclusión.La Fiscalía continúa el proceso contra la mujer implicada en haber ejecutado el disparo.
El hallazgo de una granada lacrimógena en inmediaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, en hechos ocurridos en la noche del jueves, encendió las alarmas de las autoridades y generó preocupación entre la ciudadanía.Tras el descubrimiento del artefacto, el alcalde encargado, Javier Sarmiento, entregó un contundente mensaje en el que advirtió que no permitirá que la ciudad sea intimidada por estructuras delincuenciales que buscan sembrar zozobra y afectar la tranquilidad en plena temporada de fin de año.Sarmiento aseguró que los responsables no lograrán su propósito de generar miedo.“Los que pretendan intimidarnos a través de redes sociales o con estos posibles atentados no lo van a lograr. Aquí estamos más unidos: la Alcaldía, la Gobernación, el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales para combatir todas las amenazas que puedan llegar a existir”, afirmó.El mandatario insistió en que la institucionalidad está fortalecida y actuará con firmeza frente a cualquier acto contra la seguridad de Bucaramanga.El alcalde encargado también hizo un llamado a la calma, señalando que los organismos de seguridad están en máxima alerta para reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.“Un llamado a la tranquilidad: estaremos muy atentos para reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación”, dijo. Agregó que serán la Fiscalía y la Sijín las entidades encargadas de determinar el origen del artefacto y establecer si se trató de un intento de intimidación contra la administración local.Finalmente, Sarmiento les pidió a la ciudadanía colaborar con las autoridades y reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso a la Fuerza Pública.Indicó que la participación de la comunidad es clave para mantener la tranquilidad y evitar que estos hechos afecten la vida cotidiana o la llegada de turistas durante las festividades de fin de año.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el alcalde encargado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendy, por presunta indebida participación en política y posibles irregularidades administrativas relacionadas con decisiones adoptadas en ese municipio del área metropolitana.De acuerdo con información del ente de control, uno de los primeros aspectos que será verificado es si se presentaron anomalías en la designación del alcalde encargado de Girón, proceso que estuvo a cargo del mandatario de los santandereanos. La denuncia señala que la escogencia de Cáceres Arismendy pudo haber estado influenciada por criterios ajenos a los exigidos por la ley.La investigación también incluye presuntas actuaciones de Díaz Mateus y Cáceres Arismendy que configurarían intervención indebida en asuntos políticos. Según la queja presentada ante la Procuraduría, ambos funcionarios habrían tenido una “indebida injerencia en asuntos electorales”, lo cual, de comprobarse, constituye una falta disciplinaria grave para los servidores públicos.Adicionalmente, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa revisa posibles irregularidades en varias declaratorias de insubsistencia realizadas por el alcalde encargado de Girón. Estas decisiones habrían afectado a distintos servidores municipales y podrían haber vulnerado derechos laborales.Cabe recordar que Cáceres Arismendy asumió el despacho municipal por encargo del gobernador Juvenal Díaz tras la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez por doble militancia, según fallo del Consejo de Estado. Sin embargo, su llegada estuvo acompañada de un remezón en la administración local.Al llegar, el mandatario encargado solicitó las renuncias protocolarias de los secretarios y directores que venían del gobierno anterior. Aunque inicialmente había manifestado que no aceptaría ninguna de esas dimisiones y mantendría al gabinete, finalmente sí lo hizo y, además, declaró insubsistentes a varios funcionarios.En total, se aceptaron 11 renuncias y dos cargos fueron declarados insubsistentes. Uno de los casos que más generó indignación fue el de la secretaria Administrativa, Jessica Alejandra Pinzón Jiménez, quien fue retirada de su cargo pese a estar en periodo de lactancia materna. Documentos internos evidencian que, el 24 de octubre —día en que Cáceres asumió el cargo—, la funcionaria había solicitado formalmente el permiso correspondiente para atender a su hija prematura.No obstante, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girón falló a favor de Jessica Alejandra Pinzón Jiménez y concluyó que el despido vulneró sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y a la lactancia materna, y ordenó su reintegro.La Procuraduría continuará recaudando pruebas y escuchando testimonios para determinar si existe mérito para avanzar hacia un eventual pliego de cargos. Entretanto, tanto el gobernador como el alcalde encargado deberán rendir explicaciones sobre su actuación en los hechos cuestionados.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.