En una operación adelantada en el municipio de Santa Rosa del Sur, la Policía Nacional capturó a alias ‘Mirla’, presunto jefe de finanzas de la estructura Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.De acuerdo con el la Policía, el capturado era requerido por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mirla’ sería el responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública ocurridos en 2025 en Santa Rosa del Sur.En uno de los atentados murieron dos policías, mientras que en otro ataque fallecieron dos soldados y siete militares más resultaron heridos, hechos que generaron fuerte conmoción en la región.Las autoridades lo señalan como pieza clave en la planeación y financiación de estas acciones terroristas, así como en la dinamización de recursos ilícitos para fortalecer la capacidad logística de la estructura armada.La Policía indicó que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años, consolidándose como uno de los principales responsables de sostener las finanzas ilegales del grupo armado en el sur de Bolívar.Además, es investigado por su presunta participación en el secuestro de un ganadero ocurrido en 2020, quien posteriormente fue rescatado por las autoridades.El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que este resultado “representa un avance significativo en la ofensiva contra el ELN”, al afectar de manera directa sus redes financieras y logísticas.Con esta captura, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa del grupo armado en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, en una región históricamente afectada por acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.
Una preocupante racha de accidentes de tránsito que involucran motocicletas se registró en los últimos días en el departamento de Santander, dejando como saldo dos personas muertas y un hombre gravemente herido. En varios de los casos, los conductores implicados huyeron del lugar, lo que ha generado indignación y llamados de las autoridades para fortalecer los controles viales.El primer caso cobró la vida de Angie Juliana Arboleda, una joven de 23 años que falleció tras un siniestro ocurrido la mañana del pasado viernes en la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, en el área metropolitana de Bucaramanga.El hecho se presentó hacia las 9:20 a.m., en cercanías al Estadio Álvaro Gómez Hurtado. De acuerdo con las autoridades de tránsito, la motocicleta en la que se movilizaba la joven, en calidad de parrillera, fue impactada por la parte trasera por un vehículo cuyo conductor habría huido del lugar.El choque provocó que los dos ocupantes fueran expulsados hacia la vía. Según las primeras investigaciones, Angie Juliana fue arrollada posteriormente por un tractocamión que transitaba por el sector. El conductor de la motocicleta resultó herido y es atendido por las autoridades competentes, mientras avanzan las indagaciones para identificar al responsable que se dio a la fuga.Un segundo hecho trágico se registró en la mañana de este domingo 22 de febrero en la vía que comunica a Nuevo Girón con Bahondo, específicamente en el sector conocido como la curva Los Cajones, en jurisdicción de Girón.En este punto, una mujer perdió la vida tras verse involucrada en un accidente cuando se desplazaba en motocicleta. De manera preliminar se conoció que otra persona resultó herida y recibió atención por parte de los organismos de emergencia que acudieron al sitio.Unidades de Tránsito realizaron el respectivo procedimiento y adelantaron las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.El tercer caso mantiene en vilo a una familia en el norte de Bucaramanga. Un hombre de 44 años se debate entre la vida y la muerte, luego de ser embestido por un vehículo que también huyó del lugar. El accidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche del sábado 21 de febrero en el barrio Chapinero.Según la información preliminar, la víctima fue arrollada por un conductor que no se detuvo a prestar auxilio. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no abandonar el lugar en caso de verse involucrados en un siniestro vial. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita ubicar a los responsables que escaparon, mientras se refuerzan los operativos de control en distintos corredores viales del departamento.
El monumento del Clavijero, ubicado en el parque de Los Niños y el monumento de La Puerta del Sol, situado en la carrera 27 con calle 56, una emblemática obra del artista Ricardo Gómez Vanegas que desde 1986 da la bienvenida a quienes ingresan a la ciudad, fueron los dos monumentos, patrimonio de la ciudad, vandalizados.Según denunció la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Nathalia Melissa Torres, los monumentos habían sido restaurados en 2025 por ese instituto con una inversión superior a los $150 millones con apoyo de la empresa privada, que se destinaron a la recuperación integral, incluyendo procesos técnicos especializados de conservación y restauración para proteger su valor histórico, arquitectónico y simbólico.“No solo se afectaron unos espacios físicos, se golpeó la memoria histórica y nuestra identidad cultural. Lo que ocurrió nos obliga ahora a aplicar primeros auxilios y adelantar nuevamente procesos de restauración, costos que no estaban contemplados y que, en última instancia, salen del bolsillo de todos los bumangueses”, señaló la directora de IMCT.La directora también hizo un llamado a la responsabilidad. “Esto para que entre todos cuidemos nuestros bienes de interés cultural y no permitamos que estos hechos se repitan. Desde el Instituto entablaremos todas las acciones legales correspondientes para dar con el paradero de los responsables”.La administración municipal anunció que activará los protocolos jurídicos y administrativos necesarios para identificar a los responsables y avanzar en los procesos sancionatorios correspondientes.“Estos actos no solo deterioran la estética urbana; desconocen la inversión pública, afectan la confianza institucional y envían un mensaje contrario al respeto por lo colectivo”, puntualizó la directora del IMCT, Nathalia Torres.
La muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia, sacudió al país esta semana y volvió a poner al sistema de salud en el centro de una discusión que dejó de ser técnica para convertirse en un drama profundamente humano. Lo que empezó como un caso médico terminó atravesado por el debate político, las responsabilidades institucionales y, sobre todo, el dolor de una familia que asegura que su hijo murió por no recibir a tiempo el medicamento que necesitaba.El tema fue abordado este domingo 22 de febrero de 2026 en Sala de Prensa, de Blu Radio, con dos voces clave: un experto en salud pública y el representante de los pacientes de alto costo. Ambos coincidieron en algo esencial: detrás de cifras, reformas y discursos, hay personas que están pagando el precio más alto.Ramón Abel Castaño: “La crisis fue deliberada”Para Ramón Abel Castaño, el caso de Kevin debe analizarse con respeto, pero también con una mirada estructural. “Esto hay que usarlo como un evento adverso para aprender como sistema y evitar que vuelva a pasar”, señaló, evitando entrar en detalles judiciales del caso puntual.Castaño fue claro en su diagnóstico: “El gobierno llegó con la intención de hacer una reforma estructural y para eso creó una crisis explícita cerrando la llave de la plata”. Según explicó, el desfinanciamiento deliberado de la UPC desde 2023 desencadenó una cadena de efectos: deudas crecientes, aumento de tutelas, colapso de contratos y dificultades para garantizar tratamientos continuos.Sobre la polémica declaración oficial que atribuyó la muerte del niño a un accidente, fue contundente: “Es muy reprochable que se asuma una actitud política frente a un tema humano y médico”. Para el experto, el famoso “chuchuchú” terminó afectando a toda la cadena del sistema, pero “al final, a los que más golpea es a los pacientes”.Néstor Álvarez: “A los pacientes les están violando un derecho humano”Desde la voz de quienes viven el sistema todos los días, Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, el mensaje fue aún más crudo. “La mayor violación sistemática de derechos humanos hoy en Colombia es el derecho a la salud”, afirmó. “Nos están matando”, dijo, al referirse a los retrasos en tratamientos, la falta de medicamentos y una crisis que, según él, se siente primero en los cuerpos de los más vulnerables. Álvarez explicó que en el país hay al menos 600.000 personas en tratamiento por enfermedades de alto costo y que muchas dependen de EPS intervenidas, donde “hay cero timón y una destrucción administrativa”. Sobre Kevin, reconoció que la hemofilia era una patología que había mejorado mucho en atención, por lo que el caso resultó aún más alarmante.“Ese niño no debía estar sin profilaxis ni pidiendo ayuda. Algo estaba funcionando muy mal”, dijo, al referirse a la ruptura de programas especializados tras cambios administrativos en la EPS. También cuestionó que se responsabilizara a la madre: “Las mamás de estos niños son las primeras que salvan vidas, no las culpables”. Ambos entrevistados coincidieron en que el caso de Kevin no puede quedar en el olvido.
Hay conmoción en Ciudad de México por el asesinato de Juan Carlos Santiago Galván, conocido artísticamente como FroSan, cantante reconocido en la escena de los narcocorridos.De acuerdo con los reportes oficiales, el crimen ocurrió el pasado 11 de febrero, cuando el artista recibió un disparo en la cabeza en medio de una riña callejera. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de la herida. Un día después del homicidio, autoridades capitalinas confirmaron la captura de cuatro personas señaladas como presuntas responsables. Posteriormente, se conoció que los detenidos tendrían antecedentes judiciales por delitos relacionados con la venta de estupefacientes. En las últimas horas, el periodista mexicano Carlos Jiménez difundió en sus redes sociales un video que muestra el momento del ataque, material que ya hace parte de las pruebas en poder de la Fiscalía.En las imágenes se observa cómo un vehículo gris se estaciona a un costado de la avenida mientras al menos cuatro hombres rodean la zona. Minutos después, se aproxima otro automóvil, presuntamente en el que se movilizaba la víctima, momento en el que se escuchan las detonaciones. Tras el ataque, el cantante quedó gravemente herido sobre el andén.Según los primeros reportes, Santiago Galván habría salido de su vivienda hacia una tienda cercana para comprar bebidas alcohólicas cuando sostuvo una discusión con los hombres que, posteriormente, le dispararon.Juan Carlos Santiago Galván era conocido por interpretar temas como “En el Humo Radicamos”, “Gordo Caldos II”, “Pura FM del Fresa y Pescado” y “Trayectoria Arremangada”, canciones que le dieron reconocimiento dentro del género.Las autoridades continúan con la investigación y no descartan un posible vínculo del caso con estructuras criminales. En medio de la captura de uno de los señalados, se escuchó a una mujer gritar: “ES MI HIJO, ÉL NO HIZO NADA”, mientras agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaban el procedimiento. Según versiones preliminares, uno de los detenidos había salido recientemente de prisión y fue recapturado tras el operativo.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió, el 18 de febrero, la resolución que autoriza la operación aduanera internacional en el Aeropuerto Los Garzones de Montería, un requisito indispensable para habilitar vuelos desde y hacia el exterior.Con esta decisión, la capital de Córdoba entra en una nueva etapa para concretar la apertura de rutas internacionales, en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la conectividad aérea regional y ampliar las oportunidades económicas en el Caribe colombiano.A partir de esta decisión, el proceso para internacionalizar Los Garzones se enfocará en la asignación de trayectos y en los ajustes técnicos necesarios para cumplir con los estándares exigidos para vuelos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se trata de un paso clave para la región: “Montería da hoy un paso firme hacia su conexión internacional. La autorización aduanera era un requisito clave y lo estamos cumpliendo con hechos. Seguimos avanzando para que Córdoba tenga rutas internacionales que impulsen el turismo, el comercio y la generación de empleo en toda la región”.En paralelo, la Aeronáutica Civil continúa el trabajo técnico para la asignación de rutas internacionales y el acompañamiento a las aerolíneas interesadas. También se adelantan adecuaciones operativas dentro del aeropuerto, entre ellas la habilitación de espacios para Migración Colombia, la implementación de circuitos diferenciados para pasajeros nacionales e internacionales y ajustes en protocolos y equipamiento.Este avance se suma a la reciente modernización del aeropuerto, que tuvo una inversión cercana a $4.350 millones en infraestructura y equipos necesarios para cumplir con los requisitos de internacionalización.Con la resolución aduanera ya expedida y, de concretarse las rutas, Montería se sumaría al grupo de ciudades intermedias con operación internacional directa del país.
Tras una paciente labor de inteligencia y luego de recibir información de una fuente humana, unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.° 20, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, lograron la ubicación de un depósito ilegal para almacenar morfina, la cual posteriormente era enviada a Ecuador y, de allí, a los mercados negros de Centroamérica y Estados Unidos.El comandante de esa unidad militar, general Juan José Guzmán Ramírez, dijo a Blu Radio que la acción militar y de Policía se cumplió en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en el norte de Nariño, límites con el sur del Cauca.El oficial advirtió que en esta zona hay una amplia presencia del frente Manuel Vásquez Castaño de la guerrilla del ELN y que no se descarta que esta bodega haya sido vigilada por los subversivos. Además, se investiga si el cargamento de más de un millón 800 mil dosis de morfina que estaban listas para ser transportadas hasta Ecuador pertenecería a esa agrupación ilegal.Según el oficial, la operación se desarrolló mientras las unidades adelantaban tareas ofensivas y de control militar de área en zona rural del mencionado municipio. Gracias a labores de inteligencia militar, se localizó el depósito clandestino, en el que fueron hallados 26 kilogramos de opiáceos (morfina), distribuidos en dos bultos conformados por paquetes de diferentes tamaños, los cuales contenían una sustancia de color café claro, con características similares a la morfina y sus derivados.De acuerdo con la información obtenida, este alcaloide pertenecería al frente Manuel Vásquez Castaño del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN y tendría como finalidad ser transportado desde zonas de producción en Nariño hacia la frontera colombo-ecuatoriana para su posterior procesamiento en heroína y distribución en mercados ilícitos de Centroamérica y Estados Unidos, en articulación con carteles internacionales.Señaló el comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional que la incautación de este depósito ilegal de morfina, avaluado en más de 7 millones de dólares, representa un duro golpe a las finanzas del grupo armado ELN que opera en esa región del suroccidente de Colombia.Dijo Guzmán que, con esta incautación, se evitó la potencial comercialización de 1,8 millones de dosis de heroína que pretendían ser distribuidas por carteles internacionales en mercados de Centroamérica y Estados Unidos.
Momentos de angustia vivieron los habitantes de Iquira, en el departamento del Huila, luego de que tropas del Ejército detectaran el sobrevuelo de un dron mientras realizaban el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.Ante este hecho, los soldados, al intentar neutralizar la amenaza que ponía en riesgo a la población civil y al personal militar, dispararon contra la aeronave no tripulada, lo que generó temor entre los habitantes de la localidad.“En el desarrollo de operaciones militares, hacia la medianoche, al término de una tarea táctica adelantada por el Grupo de Caballería Liviano N.° 11 en la zona urbana del municipio de Íquira, donde se realizó el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, nuestras tropas detectaron el sobrevuelo de un dron en el área intervenida. Los soldados reaccionaron mediante disparos como medida para neutralizar la amenaza”, confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Asimismo, el alto oficial reiteró que el compromiso de las unidades militares y de Policía es garantizar la seguridad y tranquilidad de los huilenses.“Cada decisión que se toma en el desarrollo de nuestras operaciones tiene como prioridad la salvaguarda de la vida de los habitantes del Huila. Actuamos en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, con profesionalismo, experiencia y pleno respeto por los derechos humanos”, indicó el comandante de la Novena Brigada.Finalmente, aclaró que estas operaciones tácticas tienen como objetivo neutralizar las acciones terroristas de los grupos disidentes que operan en la región.
Después de varios meses de incertidumbre por los derrumbes registrados en la Unidad Funcional 8 (UF8) de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que alcanzó un acuerdo con la interventoría y la concesionaria Ruta del Cacao para ejecutar la solución definitiva en el punto crítico ubicado entre el PR 100+590 y el PR 100+890.El tramo, afectado por un deslizamiento ocurrido el 1 de octubre de 2023 en el desmonte 7.2, ha sido uno de los principales obstáculos para cerrar completamente esta unidad del proyecto 4G Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó (BBY).El presidente de la ANI, Óscar Torres, explicó que el acuerdo fue posible tras la realización de más de 15 mesas de trabajo entre las partes, así como una auditoría adelantada por las vicepresidencias Jurídica, Ejecutiva y de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad, junto con la interventoría.El acuerdo establece la hoja de ruta para iniciar las actividades de preconstrucción, que incluyen estudios y diseños, y posteriormente avanzar hacia la construcción de la obra que estabilizará el talud y permitirá superar de manera definitiva la emergencia.Dentro de los compromisos pactados también se fijó un nuevo período especial en el marco del Evento Eximente de Responsabilidad otorgado por el panel de Amigable Componedor, lo que dará margen para culminar la Unidad Funcional 8 y formalizar su entrega.El deslizamiento ocurrido en octubre de 2023 comprometió aproximadamente 400 metros de vía en el sector PR 42, unidad funcional 8, lo que desde entonces ha impedido la puesta en funcionamiento de 4 kilómetros de doble calzada construida entre el intercambiador de Portugal y el cruce en Lisboa.Actualmente, el corredor vial registra un avance del 98,15%. Sin embargo, la imposibilidad de concluir este punto específico había impedido declarar la terminación total de la obra.
Más de 20 emergencias por lluvias fueron atendidas en el Distrito, principalmente en las comunas Siete y Tres, así como en el corregimiento El Centro, tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada de este domingo.De acuerdo con el reporte oficial, la alcaldía activó de inmediato el protocolo de respuesta junto a organismos de socorro como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con el fin de verificar afectaciones y brindar apoyo a las familias damnificadas.El director encargado de Gestión del Riesgo, Eduardo Ramírez, confirmó que más de 23 familias resultaron afectadas por las intensas precipitaciones, que ocasionaron daños en viviendas y enseres.“Asimismo, la Dirección de Gestión del Riesgo realizó verificaciones en territorio y, de manera articulada con la Secretaría de Infraestructura, avanzamos en poda de árboles y acciones preventivas”, explicó el funcionario tras la llegada de las primeras ayudas humanitarias.Ramírez detalló que el equipo técnico adelantó el proceso de caracterización de las familias impactadas para agilizar la entrega de asistencia. “Llegan las ayudas para más de 23 familias caracterizadas que lastimosamente vieron afectadas sus viviendas y sus enseres, con ocasión a unas lluvias muy fuertes durante la madrugada de este domingo. Estamos trabajando en campo con los demás organismos de socorro”, señaló.El funcionario advirtió que, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias continuarán durante la semana, por lo que se mantiene la alerta y el monitoreo permanente en distintos puntos del casco urbano y la zona rural.“Queremos que hoy mismo esas familias sientan que esas ayudas las van a proteger, porque, por supuesto, continuaremos en fase de lluvia durante toda la semana”, agregó.Desde la administración distrital informaron que, a través del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, se mantienen activos los equipos de respuesta y el grupo de arborización de la Secretaría de Infraestructura, que adelanta labores de poda y tala preventiva en sectores donde se ha identificado riesgo inminente.
La red pública hospitalaria de Santander comenzó a recibir recursos adeudados por la atención en salud a población migrante, luego de varios años en los que no se habían auditado ni girado completamente estos dineros por parte del Ministerio de Salud.Así lo confirmó el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, quien explicó que al inicio de la actual administración encontraron rezagos significativos en la revisión de cuentas correspondientes a vigencias anteriores.“Durante las vigencias 2022 y 2023 no habían auditado las cuentas de migrantes correspondientes a parte de 2021 y todo el 2024. Además, no teníamos presupuesto en 2024 para hacer esas auditorías”, indicó el funcionario.Según Prada, fue solo hasta 2025, gracias a recursos asignados por la Gobernación de Santander, que se pudo adelantar el proceso de auditoría de estas cuentas, lo que permitió gestionar los pagos ante el Ministerio de Salud.Como resultado, al cierre del año anterior el departamento recibió $94.000 millones, a los que se suman otros $17.000 millones girados recientemente, para un total de $111.000 millones destinados a la red pública hospitalaria.Estos recursos, explicó el secretario, llegaron en un momento clave para las instituciones de salud del departamento, que han asumido la mayor carga en la atención de población migrante.Una de las entidades beneficiadas con estos giros fue el Hospital Universitario de Santander, que recibió cerca de $66.000 millones correspondientes a deudas acumuladas por la atención a migrantes.De acuerdo con el secretario, este desembolso permitió aliviar la situación financiera del hospital y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a esta población.Prada recordó que, en muchos casos, las instituciones privadas no atienden a población migrante, por lo que la red pública ha asumido esta responsabilidad.El secretario de Salud aseguró que el departamento continuará con el proceso de auditoría de cuentas para gestionar ante el Ministerio de Salud el pago de los recursos que aún están pendientes. "Seguiremos auditando estos recursos para que el Ministerio nos ayude con los pagos a la red pública que todavía le deben”, puntualizó.
Un incendio registrado en horas de la noche del pasado domingo en el Portal de Girón dejó como saldo la destrucción de 14 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea, según confirmaron las autoridades.La emergencia se presentó al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón, y obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la infraestructura.De acuerdo con los reportes preliminares, los vehículos afectados correspondían a buses que se encontraban fuera de operación. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el portal.Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las respectivas inspecciones técnicas para determinar el origen de la conflagración y establecer posibles responsabilidades.A través de una comunicado, Metrolínea mostró su solidaridad frente a los hechos con al empresa Metro 5 Plus, dueña de los buses que hacen parte de un proceso de liquidación.Desde la administración de Metrolínea se indicó que se mantiene coordinación con los entes de control y se entregará información oficial una vez avancen las investigaciones.El hecho genera preocupación frente al estado actual del sistema de transporte masivo en el área metropolitana, mientras se evalúan los impactos operativos y financieros derivados de la pérdida de los vehículos.
Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
El hallazgo de una granada lacrimógena en inmediaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, en hechos ocurridos en la noche del jueves, encendió las alarmas de las autoridades y generó preocupación entre la ciudadanía.Tras el descubrimiento del artefacto, el alcalde encargado, Javier Sarmiento, entregó un contundente mensaje en el que advirtió que no permitirá que la ciudad sea intimidada por estructuras delincuenciales que buscan sembrar zozobra y afectar la tranquilidad en plena temporada de fin de año.Sarmiento aseguró que los responsables no lograrán su propósito de generar miedo.“Los que pretendan intimidarnos a través de redes sociales o con estos posibles atentados no lo van a lograr. Aquí estamos más unidos: la Alcaldía, la Gobernación, el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales para combatir todas las amenazas que puedan llegar a existir”, afirmó.El mandatario insistió en que la institucionalidad está fortalecida y actuará con firmeza frente a cualquier acto contra la seguridad de Bucaramanga.El alcalde encargado también hizo un llamado a la calma, señalando que los organismos de seguridad están en máxima alerta para reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.“Un llamado a la tranquilidad: estaremos muy atentos para reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación”, dijo. Agregó que serán la Fiscalía y la Sijín las entidades encargadas de determinar el origen del artefacto y establecer si se trató de un intento de intimidación contra la administración local.Finalmente, Sarmiento les pidió a la ciudadanía colaborar con las autoridades y reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso a la Fuerza Pública.Indicó que la participación de la comunidad es clave para mantener la tranquilidad y evitar que estos hechos afecten la vida cotidiana o la llegada de turistas durante las festividades de fin de año.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el alcalde encargado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendy, por presunta indebida participación en política y posibles irregularidades administrativas relacionadas con decisiones adoptadas en ese municipio del área metropolitana.De acuerdo con información del ente de control, uno de los primeros aspectos que será verificado es si se presentaron anomalías en la designación del alcalde encargado de Girón, proceso que estuvo a cargo del mandatario de los santandereanos. La denuncia señala que la escogencia de Cáceres Arismendy pudo haber estado influenciada por criterios ajenos a los exigidos por la ley.La investigación también incluye presuntas actuaciones de Díaz Mateus y Cáceres Arismendy que configurarían intervención indebida en asuntos políticos. Según la queja presentada ante la Procuraduría, ambos funcionarios habrían tenido una “indebida injerencia en asuntos electorales”, lo cual, de comprobarse, constituye una falta disciplinaria grave para los servidores públicos.Adicionalmente, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa revisa posibles irregularidades en varias declaratorias de insubsistencia realizadas por el alcalde encargado de Girón. Estas decisiones habrían afectado a distintos servidores municipales y podrían haber vulnerado derechos laborales.Cabe recordar que Cáceres Arismendy asumió el despacho municipal por encargo del gobernador Juvenal Díaz tras la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez por doble militancia, según fallo del Consejo de Estado. Sin embargo, su llegada estuvo acompañada de un remezón en la administración local.Al llegar, el mandatario encargado solicitó las renuncias protocolarias de los secretarios y directores que venían del gobierno anterior. Aunque inicialmente había manifestado que no aceptaría ninguna de esas dimisiones y mantendría al gabinete, finalmente sí lo hizo y, además, declaró insubsistentes a varios funcionarios.En total, se aceptaron 11 renuncias y dos cargos fueron declarados insubsistentes. Uno de los casos que más generó indignación fue el de la secretaria Administrativa, Jessica Alejandra Pinzón Jiménez, quien fue retirada de su cargo pese a estar en periodo de lactancia materna. Documentos internos evidencian que, el 24 de octubre —día en que Cáceres asumió el cargo—, la funcionaria había solicitado formalmente el permiso correspondiente para atender a su hija prematura.No obstante, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girón falló a favor de Jessica Alejandra Pinzón Jiménez y concluyó que el despido vulneró sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y a la lactancia materna, y ordenó su reintegro.La Procuraduría continuará recaudando pruebas y escuchando testimonios para determinar si existe mérito para avanzar hacia un eventual pliego de cargos. Entretanto, tanto el gobernador como el alcalde encargado deberán rendir explicaciones sobre su actuación en los hechos cuestionados.
En una operación conjunta desarrollada en los municipios de Aguachica y San Martín, en el sur del departamento del Cesar, tropas del Batallón Ricaurte, en coordinación con la Policía Nacional, lograron ubicar y neutralizar 11 válvulas ilícitas instaladas en la ruta del sistema de transporte de hidrocarburos Pozos Colorados–Galán. Estos dispositivos eran utilizados por estructuras criminales para el hurto de hidrocarburos, una actividad que alimenta las finanzas de Grupos Armados Organizados que operan en la región.Según información oficial, tras la intervención militar y policial, los técnicos de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial del Grupo Ecopetrol, llevaron a cabo reparaciones provisionales en la infraestructura afectada e instalaron capuchones de seguridad para evitar fugas. Los elementos hallados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación como parte del proceso judicial correspondiente.Las autoridades destacaron que esta acción coordinada no solo golpea las economías ilícitas, sino que también previene millonarias pérdidas económicas, reduce los riesgos ambientales asociados a las fugas y fortalece la estabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos, considerado estratégico para la seguridad energética del país.Cabe resaltar que estas acciones obedecen a un plan conjunto que se desplegó de manera simultánea en Arauca, Antioquia, Cesar, Santander y el sur de Bolívar, bajo las operaciones Refinadores, Ciénega y Hefesto XII, con intervención en los ejes oleoducto Caño Limón–Coveñas, Galán–Sebastopol y el ya mencionado Pozos Colorados–Galán.De acuerdo con las investigaciones previas, el robo de hidrocarburos en estos puntos financiaba al ELN y al Clan del Golfo, por lo cual se logra afectar sus rentas criminales, calculadas en más de $4.700 millones al mes.En el balance general entregado por las autoridades, en las tres operaciones se lograron 12 capturas; se incautaron 1.000 galones de gasolina, un vehículo cisterna, un surtidor, equipos de comunicación y aproximadamente $23 millones en efectivo. Además, se realizó la anulación de 28 válvulas ilícitas, con las cuales no solo se obtenía un beneficio económico, sino que también se generaba una fuente de contaminación.
Un operativo interinstitucional permitió desarticular parte de una presunta red dedicada al hurto de ganado en Santander. Tres hombres fueron capturados y 70 terneros de raza cebú, reportados como robados, fueron hallados en predios rurales del municipio de Sabana de Torres.La acción policial se inició luego de la denuncia interpuesta por el propietario del ganado, que había sido sustraído en zona rural de Puerto Wilches. A partir de esta alerta, unidades de la Policía desplegaron un plan candado que incluyó verificaciones, seguimiento de rutas y trabajo coordinado con la Seccional de Carabineros, unidades de Protección Ambiental, el Ejército Nacional y los departamentos policiales de Santander, Magdalena Medio y Cesar.Las labores de búsqueda condujeron a los uniformados hasta tres veredas del municipio de Sabana de Torres: La Irlanda (finca Magnolia), La Gómez (finca La Esmeralda) y La Musanda (finca La Esterlina). En estos lugares fueron encontrados los 70 semovientes ocultos, presuntamente con el fin de facilitar su posterior comercialización ilegal.Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de abigeato. Las investigaciones continúan para determinar si los capturados hacen parte de una estructura más amplia que estaría operando en diferentes zonas ganaderas del departamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo articulado de las instituciones: “Este resultado evidencia la capacidad de reacción de nuestra Policía Nacional. La denuncia oportuna permitió actuar con rapidez y recuperar el patrimonio de los ganaderos. En Santander, la lucha contra el abigeato es una prioridad. Seguiremos desplegando capacidades para proteger la seguridad rural y llevar ante la justicia a quienes afectan la tranquilidad de nuestros campesinos”, afirmó.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.