Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política.De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre de 2025, la cual, al parecer, se llevó a cabo en las instalaciones de la Central de Transportes de la capital nortesantandereana.El ente de control indicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria y determinar si las funcionarias actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.La participación en política por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones está regulada por la normativa disciplinaria vigente en Colombia, que prohíbe el uso de cargos o escenarios institucionales para favorecer actividades o intereses de carácter político. De confirmarse los hechos, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad, según la gravedad de la falta.Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación y las implicadas cuentan con las garantías del debido proceso mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público.
Con globos, pancartas y fuertes abrazos fue recibido Julián Carvajal en el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, luego de permanecer cuatro meses detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocido como ICE, en Estados Unidos.El joven santandereano, de 28 años, fue arrestado el pasado 20 de octubre en una gasolinera del estado de Michigan. Según su testimonio, agentes migratorios rompieron los vidrios de su vehículo antes de llevarlo a un centro de detención en ese estado y, posteriormente, trasladarlo a Luisiana.“La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya llevaba cuatro meses detenido”, expresó Luis Fernando Carvajal, padre del joven, en medio del emotivo reencuentro.Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Julián relató que las condiciones fueron difíciles. "La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas”, aseguró.La comunicación con su familia fue limitada. Las videollamadas se convirtieron en el único puente para mantener la esperanza mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. En el centro de detención en Luisiana pasó su cumpleaños, la Navidad y enfrentó la distancia en momentos dolorosos, como la pérdida de seres queridos.El joven también narró los estrictos protocolos de traslado. “Me sacaron para el aeropuerto de Alexandria y nos dieron seis horas esposados dentro del bus. Nos esposaban desde la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo”, relató.Hoy, ya en la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y hasta sus mascotas, Julián asegura que su mayor deseo es que no se olviden de los colombianos que aún permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.“Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también, pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza”, señaló.Según datos conocidos por las familias afectadas, cuatro de cada cinco colombianos detenidos por temas migratorios no enfrentan investigaciones penales. Por eso, casos como el de Julián reavivan el llamado para que el Gobierno colombiano refuerce el acompañamiento consular y no olvide a quienes, tras buscar el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Sabana de Torres, estaría relacionado con disputas internas por el manejo de rentas criminales. Según la Policía, la orden del crimen habría sido dada por un cabecilla financiero de esa estructura que se hace pasar como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar.El hallazgo se produjo en la noche del jueves 12 de febrero de 2026, en la vereda Mata de Plátano, a un costado de la vía rural. La víctima, un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, sería conocida con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el hombre presuntamente hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y sería el encargado de recoger las rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.Las autoridades indicaron que esta persona ya está plenamente identificada. "Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados", señaló el coronel Arévalo.La Policía desplegó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
Al menos una persona ha muerto y otras dos se encuentran en estado grave tras ser alcanzadas por una avalancha mientras esquiaban fuera de pista este domingo en Courmayeur, en el norte de Italia, según informó el Servicio Alpino de Emergencias.El alud se produjo esta mañana en el canal del Vesses, en la provincia de Valle de Aosta (norte), y sepultó a varios integrantes de un grupo de esquiadores.Hasta el momento, los equipos de rescate han localizado el cuerpo del fallecido y a dos heridos en estado crítico, que han sido trasladados de urgencia al hospital.La operación de rescate, en la que participan 15 especialistas, unidades caninas y dos helicópteros, continúa en curso.Aunque no se ha precisado el número total de afectados, medios locales estiman que el grupo original podría estar formado por entre tres y seis personas.Por otro lado, este domingo se registró otra avalancha en la provincia de Trentino (norte), concretamente en la zona de Tesino, donde una persona quedó parcialmente sepultada, pero logró ser rescatada por sus propios compañeros sin necesidad de asistencia médica.Las autoridades mantienen la alerta por el riesgo de aludes en la zona alpina, agravado por las recientes nevadas y las fuertes rachas de viento en cotas altas.
En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos compartió un poderoso mensaje basado en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan contempla el trono de Dios y un rollo sellado que contiene el destino de las naciones. La escena revela que nadie en el cielo ni en la tierra era digno de abrirlo, lo que llevó a Juan a llorar, hasta que apareció Jesucristo como el León de Judá y el Cordero inmolado. Esta revelación muestra la supremacía y autoridad de Cristo, quien, por su sacrificio, recibió el derecho de abrir los sellos y cumplir el plan divino. El pastor enfatizó que la dignidad de Jesús proviene de su obediencia y amor por la humanidad. Aunque es el mismo Dios, aceptó venir al mundo en forma humana para cumplir la misión de redimir al ser humano del pecado. Su sacrificio en la cruz no fue un acto de derrota, sino el cumplimiento del plan de salvación. Finalmente, el mensaje resaltó el valor de la oración y la intercesión como un acto espiritual poderoso que asciende ante Dios. Las copas de oro llenas de incienso simbolizan las oraciones de los creyentes, mostrando que el clamor del pueblo tiene impacto en el ámbito espiritual. Esta verdad reafirma la identidad del creyente y su propósito eterno, tal como lo expresa la Palabra: “Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” Escuche la reflexión completa aquí:
En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los fieles a reconocer que el verdadero alimento del ser humano es el espiritual, pues es el que da sentido, dirección y propósito a la vida. Basado en el Salmo 118, destacó que la felicidad auténtica nace de vivir según la voluntad de Dios: “Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor… enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón”.Monseñor explicó que Jesús, en el Evangelio de San Mateo, no vino a eliminar la ley, sino a llevarla a su plenitud, elevando el nivel de exigencia espiritual. Más allá de cumplir normas externas, el Señor invita a una transformación interior basada en el amor y la coherencia. Como afirma el Evangelio: “No crean que he venido a suprimir la ley… he venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo”, y también enseña: “Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio”. Finalmente, el mensaje subrayó que el verdadero cristiano está llamado a vivir con integridad, amor y verdad, reflejando a Dios en cada acción. La fe se manifiesta en el respeto por la vida, el cuidado de las relaciones y la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Por ello, Jesús enseña con claridad: “Digan sí cuando es sí y no cuando es no”. Escuche la reflexión completa aquí:
Con personal técnico y maquinaria amarilla autoridades de infraestructura en Antioquia siguen atendiendo emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias de los últimos días en diferentes vías del departamento.Según Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, aunque los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran habilitados, actualmente hay 39 frentes de obra activos atendiendo los puntos críticos por lo que varios de ellos pueden registrar cierres parciales o totales dependiendo de la magnitud de las novedades.En el caso de Urabá, una de las subregiones más afectadas, hay dificultades en los tramos: Carepa – Saiza; El Tres - San Pedro de Urabá; Apartadó - San José de Apartadó; San Pedro de Urabá – Pueblito; San Pedro de Urabá – San Juancito; además de Pueblito – Tres Esquinas y Pueblito – Filo Pancho en San Pedro de Urabá."Tenemos solamente dos vías cerradas, la vía entre Necoclí y San Pedro de Urabá, y la de San Pedro de Urab y Arboletes, por el frente frío que llegó del Norte, que nos tiene afectado a toda esta región. Allá tenemos 18 frentes de los 39 que tenemos en todo el departamento, para dar la solución pronta a la transitabilidad. Ya logramos tener una vía para llevar el gas domiciliario al municipio de Arboletes", destacó el uniformado.El funcionario recordó que hay restricción para vehículos pesados en la vía Puente Iglesias, en el Suroeste, y en general recomendó a los usuarios transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades.Por ahora varios de los esfuerzos de las autoridades en el departamento de Antioquia están centrados en 5 kilómetros de la vía Medellín - Bogotá en donde varios movimientos en masa afectan la normalidad en la circulación de vehículos.
Con el difícil panorama que enfrentan los colombianos ante la posible suspensión del aumento del salario mínimo, muchos han mostrado preocupación frente a la inflación durante el resto del año. Si llegara a caerse el incremento del SMMLV propuesto por Gustavo Petro, el ahorro podría convertirse en una tendencia clave a lo largo de 2026.Ante ese escenario, una de las alternativas es invertir en un CDT (Certificado de Depósito a Término). En ese contexto, los bancos han buscado ofrecer opciones atractivas; uno de ellos es Bancolombia que, según lo registrado en enero, se presenta como una alternativa interesante para inversiones entre $500.000 y $5.000.000 de pesos.Por lo tanto, si una persona decide invertir alrededor de $1.000.000 en un CDT físico a un plazo de 120 días en Bancolombia, contaría con una rentabilidad anual del 7,05 %, lo que daría un total aproximado de $1.022.049. De igual manera, si el ahorro se proyecta a 180 días, la rentabilidad anual sería de 7,35 %, alcanzando un total cercano a $1.034.654.¿Cómo están las tasas de otros bancos?Si bien Bancolombia ofrece tasas competitivas, no son las más altas del mercado. Existen otras entidades que presentan porcentajes que podrían representar ganancias más significativas e incentivar la inversión en CDT: Banco de Occidente (10,29 %), BBVA (10,28 %) y Banco de Bogotá (10,25 %), seguidos por Davivienda (10,16 %), MiBanco (10,15 %) y Banco W (10,05 %).Sin embargo, para inversiones más extensas, como a 360 días, MiBanco y AV Villas encabezan la lista con 12,69 % y 12,06 %, respectivamente, seguidos por Davivienda, Banco Finandina, Bancolombia y BBVA, con rendimientos cercanos o superiores al 11 %.Esta información puede brindar a la ciudadanía herramientas para enfrentar la inflación y la volatilidad del mercado. Los CDT se perfilan como una opción segura y rentable para los ahorradores, ya que no solo ofrecen tasas de interés atractivas, sino que también consolidan inversiones estables que no afectan el bolsillo de los colombianos.Por otro lado, este fenómeno impulsa una mayor competencia entre las entidades financieras, que buscan ofrecer mejores condiciones para captar a quienes desean estabilidad económica. En ese sentido, bancos como Nu Colombia ofrecen tasas entre 9,7 % y 10,5 % para periodos entre 60 y 180 días.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
El alto tribunal dejó en firme la nulidad de la elección de Eduar Abril Borrero; la decisión quedó en firme mediante providencia de la Sección Quinta del alto tribunal, que notificó oficialmente a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía municipal para que se proceda con la separación inmediata del mandatario.Con esta determinación, Abril Borrero pierde la investidura y el gobernador deberá nombrar un alcalde encargado mientras se organiza el calendario de elecciones atípicas para elegir a su reemplazo.El fallo judicial señala que contra esta decisión no procede ningún recurso adicional, por lo que su cumplimiento es obligatorio.La decisión quedó consignada en el auto emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fechado el 11 de febrero, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado por la defensa del mandatario.En la providencia, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, el alto tribunal precisó que la solicitud no tenía sustento jurídico y advirtió que “contra esta decisión no procede recurso alguno”, dejando en firme la nulidad de la elección y ordenando su inmediata separación del cargo.El caso de Concepción no es aislado; la justicia electoral ha endurecido el control sobre la doble militancia en el departamento.En los últimos años, decisiones similares han provocado la salida de varios mandatarios locales. En Bucaramanga, la elección de Jaime Andrés Beltrán fue anulada por el Consejo de Estado tras comprobarse apoyos a candidatos de otras colectividades, lo que obligó a convocar elecciones atípicas en la capital santandereana; de igual forma, en Girón también se presentó la pérdida de credencial de su alcalde por la misma causal.Los alcaldes de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta también fueron investigados por doble militancia.Estos fallos evidencian la estricta aplicación de las normas electorales y envían un mensaje de cero tolerancia frente a la doble militancia, una de las principales faltas que hoy termina sacando del cargo a mandatarios elegidos en las urnas.Mientras tanto, en Concepción crece la expectativa por la designación del alcalde encargado y la fecha en la que se realizarán las nuevas elecciones para definir el futuro político del municipio.
La entrega voluntaria permitió que la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) devolvieran las tortugas a su hábitat natural. La especie está catalogada como vulnerable a la extinción.Más de 60 tortugas morrocoy regresaron a la vida silvestre luego de permanecer en cautiverio dentro de una vivienda en Barrancabermeja. El operativo fue liderado por el Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en articulación con la CAS Regional Mares, como parte de las acciones de conservación de fauna en Santander.El intendente Juan Pablo Hernández Caballero, jefe del Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Animal, explicó que la intervención evitó que estas especies continuaran en condiciones inadecuadas. “Se logra la entrega voluntaria de 61 tortugas que se encontraban en una vivienda en Barrancabermeja. Desde allí son llevadas a la CAS para su valoración y posterior liberación. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tráfico de flora y fauna silvestre para proteger nuestros recursos naturales”, señaló.Los animales fueron entregados voluntariamente por un ciudadano a las autoridades ambientales. Tras la recepción, los ejemplares fueron trasladados a los centros de valoración de la CAS, donde recibieron revisión médica, evaluación nutricional y verificación de condiciones físicas, con el fin de garantizar que estuvieran aptos para su retorno seguro al entorno natural.La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es una especie nativa de bosques y sabanas que enfrenta alta presión por el tráfico ilegal, el consumo de carne y huevos y su comercialización como mascota.De acuerdo con el Instituto Humboldt, está clasificada como vulnerable a la extinción; fuera de su ecosistema natural, estos animales suelen sufrir desnutrición, enfermedades y estrés, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia y comercialización de fauna silvestre y denunciar cualquier actividad ilegal que atente contra la biodiversidad. Cada rescate, advierten, es clave para proteger el equilibrio ambiental de la región.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Corporación El Minuto de Dios distribuyeron mercados y elementos básicos para más de 200 familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija. La Segunda División mantendrá presencia permanente en la zona.Las ayudas humanitarias siguen llegando a Lebrija en medio de la emergencia provocada por la fuerte ola invernal. En las últimas horas se entregaron 1,5 toneladas de alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad destinados a las familias que lo perdieron todo por las inundaciones y el desbordamiento del río Lebrija.La jornada se desarrolló en articulación con la administración municipal y la Corporación El Minuto de Dios, con el apoyo logístico de tropas de El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, que han estado desplegadas en la zona rural desde los primeros días de la emergencia, apoyando evacuaciones, transporte de ayudas y verificación de las afectaciones a familias del corregimiento Vanegas, damnificadas por el frente fríoDe acuerdo con las autoridades locales, solo en este municipio más de 200 familias resultaron damnificadas por las crecientes súbitas, pérdida de cultivos y daños en viviendas. La presencia de la fuerza pública ha sido clave para garantizar la distribución segura de la asistencia y el acompañamiento a las comunidades más golpeadas.El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, aseguró que el respaldo institucional continuará mientras persista la emergencia.“Nosotros velamos siempre por la protección de la población civil. Estamos acompañándolos desde la emergencia en la vereda Vanegas y con nuestros batallones, tropas de la Quinta Brigada y la Fuerza Aérea hemos consolidado un esfuerzo no armado. El Ejército está acompañando, diciéndole: alcalde, no está solo; la comunidad no está sola. Seguimos pendientes para atender cualquier emergencia”, afirmó.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reiteró que las lluvias podrían continuar en varios sectores del departamento, por lo que no se descarta mayor atención de los organismos de socorro y despliegues humanitarios para atender a las comunidades afectadas por la temporada invernal.
Las lluvias no dan tregua en San Vicente de Chucurí y la emergencia vial ya se siente como una crisis humanitaria. En cuestión de horas, deslizamientos de tierra, caída de rocas de gran tamaño y el colapso de varios tramos de carretera dejaron incomunicadas entre 400 y 500 familias campesinas, especialmente en zonas rurales donde el acceso depende de vías terciarias que hoy están completamente taponadas.De acuerdo con la administración municipal, la pérdida de la banca es total en algunos sectores y la maquinaria disponible no ha sido suficiente para restablecer el paso. Las veredas Campoalegre, Guacamaya, Santa Bárbara, Quináles, Palmira, Palestina y Barro Amarillo presentan los mayores daños, con comunidades aisladas, dificultades para el transporte de alimentos y restricciones para el ingreso de ayudas.El alcalde Óscar San Miguel alertó que la situación se agrava por una falla geológica histórica a la que, según dijo, no se le ha prestado atención técnica, “el invierno ha sido bastante complejocon cada aguacero la montaña se desprende, tenemos derrumbes constantes y pérdida total de la vía; hay una falla geológica que está arrasando con todo, incluso con puentes”, afirmó. El mandatario explicó que una estructura artesanal construida por la propia comunidad para sacar sus cultivos también fue destruida por la fuerza del terreno.La afectación golpea directamente la economía local, San Vicente de Chucurí es considerado la despensa agrícola y cacaotera del departamento, con una economía 100 % agropecuaria. Hoy toneladas de cacao, naranja, banano y yuca permanecen represadas en las fincas, sin posibilidad de transporte, lo que expone a los productores a pérdidas millonarias y al riesgo de que las cosechas se dañen.Mientras continúan las precipitaciones, los habitantes piden intervención urgente del Gobierno departamental y nacional para estabilizar la falla, reforzar taludes y habilitar corredores alternos. Entre tanto, cientos de familias siguen incomunicadas, a la espera de que las vías vuelvan a abrirse y el campo pueda volver a moverse.
Los ataques con arma de fuego se han multiplicado en San Gil, generando miedo entre habitantes y turistas. Según las autoridades, bandas criminales y líderes de estas estructuras han comenzado a establecerse en la región, dinamizando la violencia y la criminalidad en el municipio.En las últimas horas, un nuevo intento de sicariato en pleno centro dejó tres personas heridas, todas con más de 18 antecedentes judiciales. Los atacantes se movilizaban en motocicletas y abrieron fuego contra las víctimas en plena vía pública, obligando a un traslado de emergencia al hospital local.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, confirmó que estos ataques forman parte de un patrón coordinado desde las cárceles del país. “Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, señaló el oficial.La violencia alcanzó un nuevo nivel con el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Suescún fue atacado a tiros mientras se encontraba en una tienda del municipio, un hecho que ha encendido las alarmas en la comunidad turística.En lo que va del mes, San Gil ya registra tres intentos de sicariato en distintos barrios, incluyendo Villa Olímpica y Villa Laura, donde los ataques han dejado heridos y víctimas mortales. Los habitantes denuncian la falta de control y la ausencia de un esquema preventivo que proteja a los ciudadanos.Las autoridades refuerzan operativos en puntos estratégicos del municipio y mantienen coordinación con el Inpec para frenar la ola de sicariatos. Sin embargo, la comunidad permanece en alerta máxima, temerosa de salir a las calles, mientras los sicarios continúan aprovechando la movilidad de las motocicletas y la presencia de bandas organizadas en la región.
Lo que comenzó como una jornada habitual de cosecha terminó en tragedia. Seis campesinos fueron alcanzados por un rayo en plena madrugada, cuando intentaban resguardarse de un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del Páramo de Santurbán.La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado. Entre los heridos se encuentran un niño de 10 años, Leonardo Dugarte, de 34 años, y Suleima del Carmen Rivas, también de 34, quienes sufrieron quemaduras y lesiones de consideración. Todos fueron trasladados inicialmente al Hospital Santa Ana de Guaca, pero la mujer y el menor debieron ser remitidos al Hospital Universitario de Santander por la gravedad de su estado.Clemencia Jaimes, habitante del sector, relató los momentos de angustia tras el impacto. “Estaban escampando mientras trabajaban y de un momento a otro cayó el rayo. Todos quedaron tendidos en el suelo. La señora y el niño son los más graves”, contó.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento. “Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.Las autoridades continúan el monitoreo de las condiciones climáticas y pidieron a las comunidades rurales evitar actividades a la intemperie durante lluvias intensas, así mismo para los habitantes que se encuentran cerca a ríos y quebradas, estar atentas al comportamiento d elas fuentes hídricas y activas los planes de contingencia.
Ante el riesgo por la presencia de disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales en el Magdalena Medio, las autoridades activaron un plan especial de seguridad en Barrancabermeja de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.La estrategia fue definida durante el más reciente Comité de Seguimiento Electoral, liderado por la alcaldesa encargada Laura Cotrina, con participación del Ministerio Público, la fuerza pública y delegados de los movimientos políticos. Allí se revisaron los dispositivos de protección y las medidas preventivas que regirán antes, durante y después de la jornada democrática.El plan contempla presencia reforzada del Ejército, la Armada y la Policía con patrullajes permanentes por tierra y por los corredores fluviales del río Magdalena, instalación de puestos de control, acompañamiento a la Registraduría y custodia a candidatos y líderes políticos, especialmente en zonas rurales donde históricamente se han registrado amenazas y presiones armadas.“De manera articulada con la Policía, el Ejército y la Armada, hemos garantizado rutas de acompañamiento y presencia de la Fuerza Pública para que todos los ciudadanos puedan participar con tranquilidad”, señaló la mandataria.Las autoridades buscan evitar cualquier intento de intimidación o alteración del orden público en una región donde operan estructuras ilegales que disputan control territorial y economías ilícitas.Son varios grupos armados organizados que buscan ampliar su influencia en el departamento, por lo que el dispositivo prioriza zonas estratégicas del norte de Santander y el sur del Cesar, donde se ha detectado la presencia simultánea del ELN, el frente Camilo Torres, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, intensificando controles, bloqueos y patrullajes permanentes para evitar su expansión hacia territorio santandereano.De manera paralela, las fuerzas armadas concentran esfuerzos en el occidente del departamento, especialmente en Barrancabermeja y Puerto Wilches, con operaciones coordinadas contra el Clan del Golfo para golpear economías ilegales como el microtráfico, mientras que en el sur avanza la Operación Campaña N.º 5 junto a la Policía, enfocada en desarticular redes de apoyo y corredores de movilidad que conectan con Boyacá y Norte de Santander.Según las autoridades, el objetivo es cerrar el paso a estas estructuras, recuperar el control territorial y brindar mayores garantías de seguridad a la población civil.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a Jaiver Bohórquez Nieto, señalado de participar en el homicidio de una mujer de 27 años, ocurrido en zona rural de Floridablanca.El crimen se registró la noche del 14 de octubre de 2024, cuando la víctima, identificada como Karlys Nayerlin Reyes Lugo, de nacionalidad venezolana, se movilizaba como parrillera en una motocicleta hacia el sector de Ruitoque. Según la investigación, al descender del vehículo fue interceptada por varios hombres y atacada en repetidas ocasiones con arma cortopunzante y arma de fuego. La gravedad de las heridas le causó la muerte en el lugar.El conductor de la motocicleta también fue blanco de disparos. Uno de los proyectiles impactó su casco y otro le causó una lesión en el brazo. El hombre logró huir y alertó a las autoridades.De acuerdo con el expediente, la mujer habría salido del barrio La Cumbre rumbo a la parte baja de Ruitoque y, durante el trayecto, habría acordado encontrarse con varias personas. En el punto señalado fue rodeada por el grupo de atacantes.La captura de Bohórquez Nieto se produjo en la vía Zapatoca–Girón, durante un procedimiento de verificación de antecedentes realizado por uniformados de la Policía Nacional de Colombia, quienes confirmaron que tenía una orden judicial vigente.La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos.Según las autoridades, el detenido también estaría vinculado al grupo delincuencial Los Claverianos, donde presuntamente cumplía funciones relacionadas con la distribución de estupefacientes y la coordinación de acciones violentas.
Una preocupante escalada de violencia sacudió a Bucaramanga y su área metropolitana en los últimos dos días, luego de una seguidilla de ataques sicariales que dejaron cinco personas muertas y tres más heridas en hechos registrados en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.La mayoría de los casos se concentraron en la capital santandereana. La noche del domingo 14 de diciembre, en plena zona de Puerta del Sol, fue asesinado Josep Jesús Linares Urbina, quien se movilizaba en compañía de Andrea Lizeth Parra Serrano. Ambos fueron interceptados por sujetos que se desplazaban en motocicleta y abrieron fuego contra ellos. Linares Urbina murió en el lugar, mientras que la mujer resultó herida con un impacto de bala en un costado de la espalda.Otro ataque se registró en la calle 48 con carrera 10 occidente, en el barrio Campo Hermoso, donde sicarios asesinaron a Jorge Armando Peña Esteban, tras llegar hasta el sitio y dispararle en repetidas ocasiones.A estos hechos se suman dos personas heridas con arma de fuego en Bucaramanga durante la tarde de este martes 16 de diciembre. Una de las víctimas es Sonia Smith Toloza Martínez, de 29 años, quien fue baleada mientras se movilizaba en motocicleta por la carrera 15 con calle 21.La mujer fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Santander (HUS). En un caso distinto, otra persona resultó herida en el barrio El Porvenir, y también fue remitida a un centro asistencial.Frente a esta cadena de hechos violentos, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, convocó a un consejo de seguridad con las autoridades. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló:“He convocado a una reunión urgente con el General Quintero para definir las estrategias inmediatas en materia de seguridad. Los hechos sicariales de los últimos días nos ocupan en enfrentar a los bandidos con toda la fuerza. Mi prioridad es la seguridad de Bucaramanga”.La violencia también se extendió a municipios del área metropolitana. En el barrio Los Olivos de Floridablanca, fue asesinado Jorge Eduardo Almeida Barajas, habitante de calle conocido con el alias de ‘Kawai’. De acuerdo con las autoridades, al parecer se encontraba comercializando estupefacientes cuando un hombre se le acercó y le disparó.En otro hecho ocurrido en el mismo municipio, un hombre armado llegó hasta una droguería ubicada en la calle 108 #44-12, sector El Campanazo, y asesinó por la espalda a Gleider Alexis Robles Pabón.Finalmente, en Piedecuesta, en el barrio San Antonio, fue asesinado Harold Alexis Almeida Aguillón, quien murió tras recibir siete impactos de bala.Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de estos crímenes y dar con los responsables, mientras se anuncian medidas de refuerzo en seguridad ante la creciente ola de violencia.
Ante la alerta por el paro armado del ELN y los recientes hechos de violencia registrados en el departamento, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita frustrar acciones terroristas y proteger a la población civil y a la Fuerza Pública.La medida se adopta luego de una serie de eventos que han encendido las alarmas de las autoridades: la activación de una motobomba en el peaje La Lizama, sobre la vía Bucaramanga–Barrancabermeja; la detonación de un artefacto explosivo contra dos policías en el barrio Miradores del Lago, en la Comuna Siete de Barrancabermeja; y el hallazgo de una bandera y un cilindro marcados por el ELN en la vía San Gil–Bucaramanga.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información oportuna y confiable que permita evitar nuevos ataques.“A aquellas personas que puedan evitar acciones terroristas en territorio santandereano. Esa sí es una recompensa de hasta 50 millones de pesos de la Gobernación de Santander. El canal de comunicación más asertivo para nosotros es la línea 123”, señaló el funcionario.Las autoridades reiteraron que toda información será manejada con reserva absoluta y que se mantiene un reforzamiento de la seguridad en corredores viales, centros urbanos y puntos estratégicos del departamento, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional.Desde la Gobernación se insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para anticipar y neutralizar cualquier amenaza, en medio del clima de tensión generado por el anuncio del paro armado del ELN en la región.
La situación de orden público registrada en varias regiones del país durante los últimos días comenzó a reflejarse en la comercialización de alimentos en la Central de Abastos de Bucaramanga, donde se reportaron afectaciones tanto en el ingreso de productos como en los despachos hacia otros mercados.De acuerdo con el informe del mercado emitido por el coordinador de operaciones de Centroabastos, Alfonso Peñaloza, las dificultades en la movilidad y el transporte generaron una disminución en la llegada de productos provenientes del departamento de Norte de Santander.Entre los alimentos más afectados se encuentran la papa amarilla y varias hortalizas de hoja, como apio en rama, lechuga, brócoli, coliflor, además de productos como apio arracacha y mazorca. La reducción en la oferta de estos alimentos, que abastecen a distintos mercados del departamento de Santander, provocó incrementos significativos en sus precios dentro del comercio mayorista.En contraste, Peñaloza indicó que también se evidenció una caída en los despachos y en el ingreso de compradores provenientes de mercados de la costa norte del país, lo que derivó en una menor demanda de varios productos agrícolas.Esta situación afectó la comercialización de alimentos como limón Tahití, mandarina, naranja, tangelo, tomate Río Grande, habichuela, fríjol verde, piña oro miel, piña perolera, así como papa pastusa, papa superior y papa única, destinados a ciudades y poblaciones de los departamentos de Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y Córdoba.La disminución en la rotación de estos productos generó descensos en sus cotizaciones, reflejando el impacto directo que los problemas de orden público tienen sobre la dinámica del comercio mayorista y la cadena de abastecimiento de alimentos.Desde Centroabastos Bucaramanga reiteraron el llamado a garantizar la seguridad en las vías y la movilidad de carga, con el fin de evitar mayores afectaciones al abastecimiento, los precios y la estabilidad del mercado de alimentos en la región.
Momentos de tensión se vivieron en la comuna siete de Barrancabermeja luego de la explosión de un artefacto en una vía del barrio Miradores del Lago. El hecho dejó dos agentes de la Policía heridos y generó afectaciones en la infraestructura del sector.Según informaron las autoridades, una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia y control en la zona cuando fue activada la carga explosiva.El artefacto explosivo fue instalado a un poste de servicio eléctrico, al estallar lo tumbó afectando varias líneas de energía en barrios aledaños. La situación también dejó a los habitantes sin redes de comunicación.La Alcaldía de Barrancabermeja rechazó el nuevo atentado terrorista en la región y se adelantó una reunión extraordinaria de seguridad.“Rechazo por ataque con carga explosiva contra una patrulla policial. Los dos uniformados afectados se encuentran estables. Llegamos hasta el centro asistencial en solidaridad con los dos uniformados de la Policía que resultaron lesionados tras el atentado con una carga explosiva, al paso de una patrulla, ocurrido en la Vía Nacional – Antiguo Basurero, en nuestro Distrito”, escribió la Alcaldía de Barrancabermeja en un comunicado.Por la detonación del artefacto explosivo fue suspendido el servicio eléctrico en el barrio Miradores del Lago.“Igualmente nos trasladamos junto a la Fuerza Pública y de Policía hasta el sector donde ocurrieron los hechos, en donde se realiza la inspección y se definen acciones tendientesa proteger a la ciudadanía y contener cualquier otra situación de riesgo”, agregó la Alcaldía.
Momentos de pánico se vivieron en la comuna siete de Barrancabermeja luego de la explosión de un artefacto en una vía del barrio Miradores del Lago. El hecho dejó dos agentes de la Policía heridos y generó afectaciones en la infraestructura del sector.Según informaron las autoridades, una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia y control en la zona cuando fue activada la carga explosiva. El artefacto explosivo fue instalado a un poste de servicio eléctrico, al estallar lo tumbó afectando varias líneas de energía en barrios aledaños. La situación también dejó a los habitantes sin redes de comunicación.De manera preliminar se conoció que los dos policías lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica. El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, rechazó este atentado e informó que los agentes de policía no presentan heridas de gravedad.Tras la explosión, el área fue acordonada y se desplegó un amplio operativo de seguridad para proteger a la comunidad y adelantar las investigaciones correspondientes. Unidades especializadas de la Policía y el Ejército avanzan en la recopilación de información y en la persecución de los posibles responsables del atentado.Habitantes del sector aseguraron haber escuchado disparos y ráfagas de fusil tras la detonación. Además, reportan fallas en el servicio de energía eléctrica y en las redes de comunicación, lo que ha incrementado el temor entre la comunidad.Las autoridades permanecen en máxima alerta mientras se espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer lo ocurrido y confirmar las causas del ataque.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander y tres empleados de una fundación social, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con un contrato por 3.138 millones de pesos, destinado a programas culturales en el departamento.Entre los procesados se encuentra Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura Departamental de Santander, junto a Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica del convenio, y Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora del contrato.También fueron judicializados Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista, y los coordinadores de eventos Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz.De acuerdo con la Fiscalía, los investigados deberán responder, según su presunta participación individual, por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad material en documento público y falsedad personal.Las investigaciones señalan que en 2022 se implementó el proyecto “Cultura Ciudadana Siempre por Santander”, cuyo objetivo era promover actividades artísticas en Bucaramanga y su área metropolitana. Para su ejecución, la Secretaría de Cultura suscribió un convenio con una fundación social bajo la modalidad de contratación directa.Sin embargo, análisis contables y labores de policía judicial evidenciaron que los valores facturados no coincidían con los precios reales del mercado, lo que habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 968 millones de pesos.Además, según el ente acusador, los procesados habrían hecho firmar facturas y cuentas de cobro en blanco a artistas, quienes recibían pagos entre $100.000 y $400.000, mientras que, posteriormente, esos documentos eran legalizados por valores cercanos a 4 millones de pesos.Este caso tuvo como antecedente investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, que formuló cargos contra varios de los exfuncionarios por presuntas irregularidades en la adjudicación, supervisión y ejecución del convenio, y remitió el expediente a la Fiscalía para el avance del proceso penal.Dentro de esas actuaciones disciplinarias, la Procuraduría también advirtió presuntos sobrecostos en la adquisición de elementos, entre ellos juegos de parqués facturados por más de 700.000 pesos cada uno y tablets reportadas por cerca de 2 millones de pesos, cuyos valores comerciales, según los análisis, no superarían los 476.000 pesos.