El Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá falló a favor de Olmarlin Puccini Garcerant, quien interpuso una acción de tutela al considerar que el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza del ministro Edwin Palma, vulneró sus derechos fundamentales al no renovar su contrato de prestación de servicios pese a que la entidad tenía conocimiento de su estado de embarazo. La accionante buscaba la protección de sus garantías a la estabilidad laboral reforzada y especial protección a la maternidad, así como sus derechos al trabajo, mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida digna y seguridad social.Puccini firmó un contrato de prestación de servicios con el Ministerio el 24 de enero de 2025, vigente hasta el 23 de noviembre de ese mismo año, para apoyar la evaluación de procesos de la cadena de combustibles y aportar insumos para la actualización de políticas del sector downstream. El 18 de septiembre de 2025 fue informada de su embarazo y aseguró haber notificado formalmente a la entidad el 24 de septiembre, mediante correo electrónico.La accionante sostuvo que cumplió cabalmente con las obligaciones del contrato y entregó toda la documentación requerida para su eventual renovación. Sin embargo, el Ministerio decidió no suscribir un nuevo contrato. En la tutela, también expuso que es el único sustento económico de su hogar, compuesto por su hija de 10 años y su esposo, quien actualmente está desempleado.Por su parte, el Ministerio de Minas argumentó que no vulneró ningún derecho fundamental, pues el contrato terminó en la fecha pactada y su extinción obedeció al cumplimiento del plazo, sin que fuera necesario justificar una causa de despido ni reconocer indemnización, como alegaba la accionante.No obstante, el juzgado concluyó que la entidad sí vulneró los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de Puccini Garcerant. En su decisión, ordenó al Ministerio prorrogar el último contrato vigente hasta la finalización de la licencia de maternidad y pagar los honorarios dejados de percibir desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el reintegro efectivo.La decisión se sustenta en que la accionante es sujeto de especial protección constitucional por su estado de gestación y que la entidad conocía dicha condición desde el 24 de septiembre de 2025. Para el despacho, la terminación del vínculo sin autorización del Ministerio del Trabajo configura una presunción de despido discriminatorio, aun tratándose de un contrato de prestación de servicios.Se sustenta en la decisión: “En efecto, como se acreditó que el Ministerio de Minas y Energía desde el 24 de septiembre de 2024 conoció del estado de gestación de la accionante, ello en vigencia del contrato de prestación de servicios que se suscribió el 24 de enero de 2025 y que terminó el 23 de noviembre de 2025, se advierte que el accionado vulneró los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de Olmarlin Puccini Garcerant, al no mantener vigente el vínculo contractual que tenían y darlo por terminado sin mediar autorización del Ministerio del Trabajo, lo cual constituye presunción de un despido por razones de discriminación”.
La Fiscalía de Basilea-Campiña ha formalizado cargos contra Thomas, esposo de la ex finalista de Miss Suiza Kristina Joksimovic, por asesinato y alteración del orden público tras un atroz crimen en Binningen.El espeluznante caso de Kristina Joksimovic, la modelo y ex finalista del certamen Miss Suiza 2013, ha dado un giro definitivo. Tras más de un año de exhaustiva investigación, la Fiscalía local de Basilea-Campiña, Suiza, ha presentado cargos formales por homicidio contra su marido, Thomas. El suceso, ocurrido en septiembre de 2024 (aunque la Fiscalía lo sitúa en febrero de 2024 en su comunicado oficial), sacudió a toda la nación alpina no solo por la identidad de la víctima, representante de los cantones del norte, sino por los detalles de una brutalidad sin precedentes.El horrendo suceso en BinningenKristina Joksimovic, de 38 años y nacionalidad suiza, fue presuntamente asesinada por su esposo, un hombre de 43 años también suizo, en su domicilio conyugal en Binningen, una localidad cercana a la ciudad de Basilea. La conmoción inicial por el fallecimiento de la exreina de la belleza se transformó en horror a medida que trascendían los pormenores del crimen.Según reportes de medios de comunicación locales, el ataque se produjo cuando la modelo regresaba a casa. El nivel de violencia del asalto habría sido extremo, resultando en su muerte. Sin embargo, lo que eleva la naturaleza del caso a un nivel dramático y macabro son los hechos posteriores al crimen que se le imputan al cónyuge.El marido de la víctima, tras supuestamente quitarle la matriz a la mujer, habría procedido a desmembrar su cuerpo, decapitándola y luego pasando sus extremidades por una licuadora industrial y añadiendo químicos para diluirlos, con la aparente intención de hacer desaparecer los restos de manera definitiva y, presumiblemente, dificultar la investigación o la identificación.La clave para resolver el crimenEl presunto intento de encubrimiento del crimen por parte del acusado pudo haber tenido éxito de no ser por la tenacidad del padre de la modelo. De acuerdo con las mismas fuentes, la investigación se precipitó cuando el progenitor de Kristina encontró cabellos y parte de la piel de su hija en bolsas de basura. Esta prueba crucial fue determinante. Tras alertar inmediatamente a las autoridades, Thomas fue detenido. Inicialmente, el acusado alegó haber actuado en defensa propia, una coartada que no ha resistido el rigor de la investigación forense y penal.La acusación formal de la fiscalíaTras concluir las pesquisas, que se han extendido por más de un año, la Fiscalía de Basilea-Campiña ha formalizado la acusación, tal como lo ha informado el medio británico The Sun.La entidad judicial emitió una declaración oficial en la que confirma el avance del proceso: "La Fiscalía de Basilea-Campiña ha concluido la investigación penal sobre el presunto homicidio ocurrido en Binningen el 13 de febrero de 2024. Ha presentado cargos por asesinato y alteración del orden público contra un hombre de 43 años (de nacionalidad suiza) ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña. El acusado se encuentra detenido y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Con base en los resultados de la investigación penal, la fiscalía de Basilea-Campiña presume que el acusado asesinó a su esposa (de 38 años en el momento del crimen y de nacionalidad suiza) en su domicilio común en Binningen. La fiscalía no ha revelado más detalles sobre las circunstancias del crimen."La presentación de cargos por "alteración del orden público" está directamente relacionada con la presunta destrucción y desmembramiento del cuerpo, lo que añade una capa de gravedad a la acusación principal de asesinato. El caso ha reabierto un debate sobre la violencia de género y la seguridad en la Confederación Helvética, un país generalmente percibido como seguro. Ahora, el destino de Thomas, quien permanece en detención preventiva, se decidirá ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña, donde se espera que el juicio arroje luz completa sobre las circunstancias que rodearon este trágico y brutal homicidio.
La Fiscalía General de la Nación anunció órdenes de captura contra alias 'Iván Mordisco' y otros señalados cabecillas de las disidencias de las FARC por el genocidio contra el pueblo indígena Nasa, en hechos ocurridos en el norte y oriente del Cauca. La decisión se basa en una investigación que permitió identificar un patrón sistemático de violencia que, según el ente acusador, buscaba el exterminio de esta comunidad para facilitar el control territorial de estructuras armadas ilegales.El trabajo investigativo estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por analistas criminales, antropólogos y expertos, que en terreno recopiló información en coordinación y diálogo permanente con autoridades y comuneros Nasa. Este acercamiento ,permitió documentar 32 hechos delictivos entre homicidios, tentativas de homicidio y desplazamientos forzados, los cuales dejaron 43 víctimas desde 2022. Entre ellas se encuentran 16 comuneros, 14 líderes y autoridades indígenas, 8 firmantes del acuerdo de paz y 5 sabedores ancestrales.La Fiscalía estableció que estas conductas fueron cometidas por integrantes del Frente Dagoberto Ramos, del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias, en los municipios de Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló. La hipótesis central sostiene que la organización armada ejecutó un plan de exterminio para apoderarse de tierras ancestrales, debilitar la resistencia comunitaria e imponer condiciones de control social y criminal en la región.De acuerdo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la decisión surge de un proceso investigativo “muy juicioso”, en el que las distintas direcciones de la Fiscalía ‘entre ellas la Dirección Seccional Cauca, la Unidad Especial de Investigación (UEI) y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos,unificaron esfuerzos para presentar ante un juez de control de garantías la solicitud de capturas. Tras exponer las evidencias, el juez autorizó órdenes contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y 13 integrantes más del Estado Mayor Central, incluidos tres cabecillas, un cabecilla de frente, cinco comandantes de comisión, un comandante de milicias y tres militantes rasos.A estos señalados jefes disidentes, la Fiscalía les imputará delitos como genocidio, homicidio agravado, tentativa de homicidio y desplazamiento forzado, como presuntos responsables de los ataques documentados. Camargo destacó la gravedad de los hechos, en especial los asesinatos de sabedores ancestrales y el reclutamiento forzado de menores, prácticas que, según dijo, “minan la existencia misma de la comunidad Nasa”.
La Fiscalía General de la Nación adelantó nuevos interrogatorios dentro de la segunda línea de investigación por el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del director general de la Policía Nacional, general William Rincón, ocurrido en noviembre de 2024 en el sur de Bogotá. Estas diligencias buscan esclarecer posibles conductas adicionales relacionadas con tortura agravada y otros delitos que habrían rodeado los hechos.El abogado Saúl León, defensor de Andrés Camilo Sotelo Torres, inicialmente señalado como uno de los partícipes del crimen, y de su pareja Tatiana Vega, confirmó que estas nuevas diligencias obedecen al desarrollo paralelo de dos investigaciones. La primera se centra en el homicidio del joven; la segunda, en posibles actos de tortura y otras conductas punibles que habrían ocurrido en el contexto del ataque.En la línea principal por homicidio, el abogado León recordó que la Fiscalía ya había solicitado la preclusión a favor de Sotelo, tras determinar que el arma encontrada en su poder era inoperante, por lo que se descartó que él hubiera accionado el disparo mortal. Sin embargo, la solicitud fue negada por un juez de conocimiento, y la defensa está a la espera de que la Fiscalía decida si presentará nuevamente la petición.En cuanto a la segunda línea de investigación, la Fiscalía citó a Sotelo y Tatiana Vega a diligencia de interrogatorio. Según la defensa, ambos comparecieron y manifestaron su voluntad de colaborar.“Nos han citado a diligencia de interrogatorio a la cual comparecimos y básicamente dejamos constancia de que en todo lo que esté en procura de esclarecer la verdad y a la Administración de Justicia, pues básicamente se facilitará por parte de los procesados y estaremos compareciendo a todas las citaciones”.También se refirió sobre el motivo por el cual la pareja de Sotelo fue citada “Tatiana Vega la citan a interrogatorio porque estuvo presente en el lugar de los hechos, porque hay unos presuntos señalamientos de algunas personas que manifiestan que tuvo que ver con los hechos que rodearon el fallecimiento del joven y pues porque considera la Fiscalía que debe vincularse formalmente a una investigación penal”.Le puede interesar: Fiscalía cita a interrogatorio a 7 personas en el caso de Juan Felipe RincónParalelamente, la Fiscalía culminó la toma de los siete interrogatorios a testigos y vecinos del barrio donde ocurrió la agresión el 24 de noviembre de 2024. Este material probatorio será determinante para que el ente acusador evalúe una eventual imputación de cargos contra las personas involucradas en esta segunda línea de investigación.Por su parte, Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón, recientemente señaló que la investigación por tortura avanza desde comienzos de este año, en paralelo al expediente por homicidio. Según indicó, la Fiscalía ha recopilado pruebas documentales, técnicas y testimoniales que respaldarían la hipótesis de que las conductas investigadas no se limitaron al asesinato, sino que incluirían otros delitos graves. “Confiamos en que esta línea arrojará resultados conforme al derecho y con base en los elementos que reposan en el expediente”, afirmó.Con estas nuevas diligencias, el caso entra en una etapa decisiva en la que la Fiscalía deberá definir si existieron actos adicionales que agravaron el crimen y si hay más personas responsables de lo ocurrido. La familia de la víctima y las partes procesales esperan que las conclusiones se conozcan en las próximas semanas.
Cuando un vehículo permanece estacionado bajo el sol, la temperatura en el interior puede subir a niveles incómodos en cuestión de minutos. En contextos de calor intenso, esa acumulación térmica obliga a muchos conductores a encender de inmediato el aire acondicionado para intentar recuperar una temperatura soportable. Sin embargo, existe un método físico simple, que permite reducir varios grados la sensación térmica dentro del automóvil antes de usar cualquier sistema de climatización.¿Cómo enfriar el carro sin aire acondicionado?De acuerdo con el siguiente video de TikTok, el procedimiento se basa en un principio de dinámica de fluidos: mover el aire atrapado dentro del carro para reemplazarlo rápidamente por aire exterior, que, aunque también caliente, suele estar menos concentrado que el aire acumulado en la cabina cerrada.Según la explicación, el proceso arranca con un paso simple: abrir una de las ventanas, sin importar cuál. Ese punto es clave porque permite establecer una salida o entrada principal para acelerar el intercambio de aire. Luego, la persona debe ubicarse en la puerta que queda en dirección opuesta de manera diagonal —por ejemplo, si la ventana abierta es la delantera izquierda, la puerta a manipular sería la delantera derecha—.Una vez allí, el método descrito consiste en abrir y cerrar esa puerta dos o tres veces con rapidez. En el video detalla que ese movimiento genera una zona de baja presión que impulsa el flujo de aire hacia afuera, obligando al aire caliente concentrado a salir por la ventana abierta. Es, en esencia, una forma manual de crear circulación interna sin activar sistemas del vehículo.El medio señala que, en la prueba realizada, la cabina registraba inicialmente más de 42 grados. Después de aplicar este procedimiento durante unos segundos, el termómetro descendió hasta unos 36 grados aproximadamente. No se trata de un enfriamiento drástico, pero sí de una diferencia alcanzada en apenas 20 segundos y sin consumo de energía del carro.Una vez se reduce esa primera carga térmica, el video indica que el conductor puede encender el aire acondicionado si lo desea, con la ventaja de que el sistema tendrá que trabajar menos para alcanzar una temperatura estable. El truco está pensado para situaciones habituales del verano o días de fuerte radiación, cuando el vehículo queda expuesto durante largos periodos.
Hace unos meses, el nombre de la jueza Marianela Cabrera Mosquera sonó con fuerza tras una polémica investigación disciplinaria en su contra por una serie de vídeos que subió a su cuenta personal de la red social TikTok donde se le ve bailando. En ese sentido, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá resolvió formular pliego de cargos contra la jueza, lo que en la práctica significa un llamado a juicio disciplinario por presuntas acciones sugestivas y provocativas.En el fallo de 59 páginas se relata cómo supuestamente la funcionaria habría vulnerado el decoro y la moralidad exigidos a la función judicial, al ‘exhibirse’ en redes sociales resaltando su condición de jueza y difundiendo contenido considerado inapropiado.“En algunos videos e imágenes se ilustra con frases sobre el cargo de juez, que ratifican su carácter de funcionaria judicial; también se tiene que en un número considerable de imágenes y videos, la funcionaria aparece mostrando partes de su cuerpo no cubiertas por sus ropas como la región pectoral, o estando vestida, se muestra asumiendo posiciones que destacan esa y otras partes de su cuerpo, como los glúteos, que entonces se constituyen en imágenes ‘provocativas’, que por su condición de funcionaria judicial traspasan las prerrogativas de la condición de género, a lo sensual, cuestionable para la servidora judicial”, se lee en el fallo.Durante la investigación fueron practicadas múltiples pruebas testimoniales y documentales, en las que varios funcionarios judiciales destacaron el desempeño laboral de la jueza y señalaron que no presenciaron la grabación de videos en audiencias ni interrupciones en el servicio de justicia.Con este llamado a juicio disciplinario contra la jueza del Caquetá, inicia un proceso donde ella podrá defenderse y controvertir las pruebas en su contra.
El gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar en Estados Unidos, según un aviso oficial.Bajo las nuevas reglas propuestas, la recopilación de datos de redes sociales pasaría a ser una parte "obligatoria" en las solicitudes del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA). Los solicitantes tendrían que proporcionar sus historiales de redes sociales de los últimos cinco años, de acuerdo con el aviso.También tendrían que presentar otros "campos de datos de alto valor", incluidos números de teléfono de los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década, datos personales de familiares e información biométrica.Junto con México y Canadá, el país será sede del Mundial de 2026, lo que seguramente atraerá a un gran número de aficionados del fútbol en todo el mundo.¿Qué turistas deberán mostrar sus historiales de redes sociales para entrar a EEUU?La administración Trump ha endurecido las restricciones para entrar a Estados Unidos, como parte de una amplia ofensiva contra la migración.La propuesta, detallada en un aviso publicado el miércoles, 10 de diciembre, en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que estén exentos de visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile (único latinoamericano en la lista), Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso en el ESTA, que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales. Además, el aviso precisa que el texto se aplicará dentro de 60 días salvo que sea impugnado en la justicia.
Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el cofundador y codirector de Insight Crime, Jeremy McDermott, explicó por qué, según un reciente informe de esa organización, la negociación de paz con el ELN nunca tuvo una posibilidad real de éxito mientras la guerrilla mantenga su estructura y respaldo en Venezuela.McDermott señaló que actualmente el ELN debe entenderse como un grupo colombo-venezolano, con presencia en ocho de los 24 estados de Venezuela, donde no solo se ha expandido territorialmente, sino que ha consolidado centros de entrenamiento, logística, liderazgo e ingresos.“Hoy en día el ELN es un grupo colombo-venezolano, entonces es imposible hacer la paz solo de un lado. Eso tiene que ser algo acordado entre Venezuela y Colombia”, afirmó.Relación con el régimen venezolanoSegún el investigador, la presencia del ELN en territorio venezolano ha sido posible por acuerdos locales con sectores de las Fuerzas Armadas, los cuales se han fortalecido por la crisis económica que atraviesa el país vecino. McDermott explicó que, ante la imposibilidad del Gobierno de Nicolás Maduro de sostener económicamente a sus generales, se les ha permitido el acceso a rentas criminales, muchas de ellas controladas por la guerrilla colombiana.En ese contexto, se refirió al denominado Cartel de los Soles, al que describió como una estructura de narcotráfico manejada desde el Estado venezolano, principalmente por sectores militares, cuya operación se remonta incluso a antes del gobierno de Hugo Chávez.“Para mantener la lealtad de los generales, se les ha otorgado acceso a rentas criminales. Y quien maneja muchas de esas rentas es la guerrilla, particularmente el ELN”, indicó. No obstante, aclaró que no se trata de una estructura unificada a nivel nacional, sino de relaciones negociadas de forma local entre militares y frentes guerrilleros.Un aliado del régimen en VenezuelaMcDermott fue enfático al señalar que el ELN no actúa como una fuerza insurgente contra el Gobierno venezolano, sino como un grupo aliado al régimen de Nicolás Maduro.“En Colombia el ELN es una fuerza insurgente. En Venezuela es un grupo paramilitar pro régimen”, afirmó. En caso de un cambio violento de poder en Venezuela, el experto advirtió que el estatus del ELN podría cambiar radicalmente, pasando a convertirse en una fuerza insurgente dentro de ese país, lo que generaría riesgos de conflicto civil con posibles repercusiones para Colombia.El ELN pierde terreno en Colombia y se fortalece en VenezuelaEl directivo de Insight Crime explicó que mientras en Colombia el ELN ha venido perdiendo fuerza, especialmente frente a estructuras como el Clan del Golfo en regiones como Chocó y el sur de Bolívar, en Venezuela su crecimiento ha sido sostenido.“Donde está más creciendo el ELN no es en Colombia, es en Venezuela, y eso tiene implicaciones para cualquier proceso de paz”, señaló. Por esta razón, concluyó que ningún proceso de negociación será viable si no se aborda de manera conjunta la dimensión binacional del grupo armado, ya que una parte significativa de su poder hoy se encuentra fuera del territorio colombiano.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 10 de diciembre de 2025:Julián Sánchez, alcalde de Soacha, Cundinamarca, se pronunció sobre el caso del inspector de la Policía que acoso a una vigilante.Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, dio detalles sobre el aumento del salario mínimo.Fabio Arias, presidente de la CUT, profundizó sobre la propuesta de concertación del salario mínimo.Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló sobre los productos que están indexados al aumento del salario mínimo.Escuche el programa completo aquí:
Hay una crisis interna en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por cuenta de las diferencias de dos magistrados que la integran. Cristina Lombana y César Reyes han tenido varios desencuentros que han sido de conocimiento público; sin embargo, la queja por presunto acoso laboral que la magistrada Lombana interpuso contra el presidente de esa Sala deja entrever además una serie de presuntas irregularidades allí en la Sala de Instrucción que se encarga de investigar a los congresistas que incurran en la presunta comisión de delitos.Este medio conoció detalles de la ampliación de la queja de la magistrada Cristina Lombana contra su colega, en donde se relatan una serie de episodios que darían luces a una supuesta animadversión del magistrado Reyes contra su compañera al quitarle procesos que por sorteo le correspondieron a ella.Según la denuncia de la magistrada Lombana, el presidente de la Sala de Instrucción César Reyes le retiró de manera irregular el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a haberle sido asignado por reparto aleatorio y sin que existiera una causal legal de impedimento o recusación.El documento también detalla lo ocurrido en el proceso contra el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, donde la magistrada afirma que, tras presentar un proyecto de definición de situación jurídica con medida de aseguramiento, fue recusada de manera sorpresiva horas antes de la discusión.Según señala, el despacho del magistrado Reyes Medina tardó más de dos meses en resolver el incidente y luego remitió el expediente a la Fiscalía, decisión que afirma excedía sus competencias. Por ello, para la magistrada Cristina Lombana, esa serie de actuaciones terminó apartándola del caso mediante argumentos que considera jurídicamente improcedentes.Adicionalmente, la magistrada alerta que, desde mayo de 2024, el expediente volvió al despacho del magistrado Reyes y permanece sin decisión de fondo; además, Cristina Lombana relata exclusión en decisiones administrativas, falta de rotación en la presidencia de la Sala, cargo que, asegura, ha sido ocupado reiteradamente por magistrados hombres y la adopción de medidas internas sin su participación.Este pleito escaló y llegó hasta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la ausencia del magistrado Reyes en una diligencia de conciliación con la magistrada Lombana.
Cinco personas fueron detenidas en España y otras cuatro fueron imputadas en Dinamarca por secuestrar y asesinar a un hombre para robarle sus criptomonedas, informó este miércoles la Policía Nacional española.Los hechos ocurrieron en abril en el sur de España, cuando "los arrestados asaltaron a una pareja y, tras disparar al varón" en una pierna cuando trataba de huir, les secuestraron e "introdujeron en una vivienda donde permanecieron retenidos durante varias horas, mientras trataban de acceder a sus wallets con el fin de sustraer criptoactivos", indica el comunicado.La mujer fue liberada a medianoche y denunció los hechos, pero su pareja "permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de la localidad de Mijas", en la provincia de Málaga.En el marco de la operación, la policía, que no precisó cuando tuvieron lugar las detenciones, registró viviendas en Madrid y Málaga, y se incautó de pistolas y "numerosos efectos relacionados con el crimen", como un pantalón con restos de sangre.De las cuatro personas imputadas en Dinamarca, dos estaban en prisión por delitos similares. Los secuestros y robos relacionados con las criptomonedas han crecido en paralelo a la popularidad de estos activos.Particularmente recordado es el caso del secuestro en enero en Francia del cofundador de Ledger, David Balland, y su pareja. La alerta la dio el otro cofundador de esta empresa especializada en carteras de criptoactivos, Eric Larchevêque, que recibió un vídeo en el que se veía un dedo cortado de Balland, acompañado de una importante demanda de rescate en criptomonedas.Finalmente, Balland fue liberado y su pareja fue encontrada atada en un vehículo. También en Francia, en París, tuvo lugar en mayo el intento de secuestro de la hija y el nieto del director general de la empresa especializada Paymium, inmortalizado en un vídeo que se hizo viral. Las víctimas lograron, con la ayuda de los vecinos, ahuyentar a sus agresores.
Tras llegar a un acuerdo, la Justicia Penal Militar y Policial condenó a ocho meses de prisión al soldado Anderson Orlando Franco, quien quedó registrado en video cuando consumía estupefacientes mientras cumplía su labor en Suárez, Cauca.La infracción se registró en la madrugada del 22 de julio en la vía que lleva al corregimiento de Playa Rica, donde el soldado se encontraba de servicio de seguridad perimetral, y fue visto inhalando sustancias estupefacientes.La condena se dio por el delito de abandono de puesto.El caso fue ampliamente conocido en ese momento pues el video de cámara de seguridad se difundió alertando la irregularidad del soldado y otros compañeros que hacían parte del Batallón Terrestre N.º 13.Aquí el video del soldado:Por ese caso, el Ejército también inició su propia investigación disciplinaria con el fin de determinar las responsabilidades a la que haya lugar.
Una interesante sentencia profirió la Corte Constitucional tras fallar a favor de una menor indígena que perdió el año lectivo tras reprobar la materia de inglés; en ese sentido, el alto tribunal concluyó que la institución educativa desconoció su obligación de aplicar un enfoque diferencial acorde con su pertenencia étnica.La decisión se adoptó tras una tutela presentada por Yuliana en favor de Remedios, una adolescente de 16 años perteneciente al pueblo wayuu, quien terminó abandonando el sistema educativo por voluntad propia luego de reprobar el año académico.Según se estableció, aunque la joven intentó aprender inglés como segunda lengua, su arraigo cultural y la exigencia de mantener activa su lengua originaria dificultaron el proceso, sin que el colegio implementara estrategias pedagógicas diferenciadas.Allí, la Corte Constitucional fue clara en señalar que la etnoeducación es una garantía constitucional que exige a las instituciones educativas respetar y desarrollar la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas.En ese sentido, reiteró el alto tribunal mediante su fallo de tutela que el Decreto 804 de 1995 obliga a aplicar pautas etnodiferenciadas no solo en territorios indígenas, sino en cualquier establecimiento con estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas.Para la Corte, el colegio ubicado en La Guajira, departamento con amplia presencia del pueblo wayuu, debió flexibilizar su modelo educativo y permitir que la estudiante acreditara el dominio de dos lenguas, en lugar de imponer barreras que terminaron vulnerando su derecho a permanecer en el sistema educativo.Por ello, la Corte Constitucional ordenó que, si ‘Remedios’ eventualmente decide retomar sus estudios en la misma institución, se garantice su matrícula, permanencia y proceso formativo, así como la formulación de una estrategia pedagógica intercultural que tenga en cuenta su pertenencia étnica.
Hay una nueva polémica que tiene como epicentro la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, esta vez, por cuenta de la radicación de una queja por presunto acoso laboral que elevó la magistrada Cristina Lombana contra el presidente de la Sala, César Reyes.Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron los encargados de radicar esta queja ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se trata de Carlos Roberto Solórzano y Marjorie Zúñiga Romero.Esto, luego de que el pasado viernes 5 de diciembre el presidente de la Sala de Instrucción, César Reyes, no asistiera a la audiencia de conciliación con la magistrada Cristina Lombana que estaba agendada para las 11:00 a.m.“En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Comité agotó la etapa de diálogo y gestión conciliatoria prevista en la normativa vigente, se configura el fracaso de la conciliación, razón por la cual se procede a la correspondiente remisión del asunto a la autoridad competente”, se lee en el documento radicado.Altas fuentes consultadas por Blu Radio confirman que los choques entre los magistrados Lombana y Reyes no son nuevos, y que por esa razón la togada decidió interponer una queja ante la Corte Suprema de Justicia.“En consecuencia, se remite el expediente correspondiente para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, se sirva adelantar las actuaciones a que haya lugar”, aseveró el documento.
El caso de Samuel Guerrero, el bebé de 15 meses hallado sin vida en las playas de Buritaca, Santa Marta, continúa generando conmoción en el país.A la reciente condena de 36 años de prisión contra su madre, Jenny Zúñiga, se suma ahora el testimonio del padre, Edwin Guerrero, quien habló en Más Allá del Silencio Podcast y reveló nuevos detalles que calificó como un acto de “venganza y egoísmo”.Según Guerrero, el crimen ocurrió después de que solicitara al ICBF y a la comisaría de familia la regulación de las visitas, debido a que Zúñiga —según afirma— no le permitía ver al niño. También señaló que la mujer lo denunció por violencia intrafamiliar, hecho que él asegura nunca ocurrió.Estos son los chats en los que el padre reclamaba a su expareja“Por favor, regúlenme las visitas; la mamá no me lo deja ver”, fue la petición que, según él, desencadenó la decisión de Zúñiga de viajar desde Bogotá hacia la costa con el menor.Días antes del viaje, la mujer le había enviado una fotografía del niño con la cabeza completamente afeitada. Tras varios días sin comunicación y sin conocer el paradero del menor, la confirmación llegó de la peor manera.Guerrero asegura que, al ver la foto difundida por los medios sobre el hallazgo de un bebé muerto en la playa, supo de inmediato que se trataba de su hijo. “Me derrumbé completamente. Lo único que dije fue: ‘Esa bruja lo mató’”, relató.Según su testimonio, Zúñiga presuntamente habría entrado al mar con el niño y lo habría sumergido hasta causarle la muerte. El cuerpo apareció desnudo y boca abajo en la arena. “Al niño no lo botó el mar. Al niño lo dejaron ahí. El mar no hace eso”, afirmó.Dijo que, tras salir del mar, la mujer fue recogida por un mototaxista y llevada a la casa de unos familiares. Cuando le preguntaron si tenía hijos, respondió: “Gracias a Dios, no tengo ninguno”.Edwin también aseguró que, una vez en la terminal de Bogotá, la mujer cambió el número de cédula. “Jenny se fue y lo único que dejó fue una toalla que decía ‘mamá perdón’”, recordó. Añadió que, aunque fue capturada en junio, el proceso se estancó y quedó en libertad por vencimiento de términos.Un video al que tuvo acceso Más Allá del Silencio muestra el momento en el que la mujer desciende de un taxi y camina hacia la playa con el menor. Actualmente, Jenny Zúñiga se encuentra prófuga de la justicia.“Mi hijo cumpliría 5 años. Esta es una historia como de terror porque saber que Samuel no está y que este año cumpliría cinco duele mucho, pero duele más la forma en que murió. Llevo esa herida en el corazón, porque no pude verlo ni en el entierro ni en el velorio. La fiscal me dijo que no estaba en condiciones de verlo, entonces lo único que pude darle fue un abrazo al ataúd”, concluyó Guerrero.
Un nuevo capítulo del caso de la licitación de pasaportes se desarrolló ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción. El exfuncionario no aceptó los cargos. La audiencia estuvo a cargo de la fiscal Sandra Helena Portillo, quien expuso los argumentos con los que el ente acusador sostiene que presuntamente Leyva habría actuado de manera contraria a la ley durante el proceso contractual adelantado en 2023 para la fabricación y expedición de las libretas de pasaporte.Según la Fiscalía, Leyva habría desconocido los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación 001-2023, cuyo valor ascendía a cerca de 600.000 millones de pesos. La fiscal Portillo afirmó que la decisión del entonces canciller careció de fundamento legal, pues el único oferente habilitado, Thomas Greg and Sons, cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Para el ente acusador, la resolución mediante la cual se declaró desierto el proceso fue “a juicio de la Fiscalía, es manifiestamente contraria a derecho, en la medida que, primero, vulneró de manera abierta, caprichosa e irrelevante lo dispuesto en el artículo 25, número 18 de la Ley 80-93, en relación con los principios de economía y selección objetiva”.Durante la imputación, la representante de la Fiscalía sostuvo que la actuación del exministro configuró un abuso del cargo y una desviación de poder, pues reasumió la dirección del proceso contractual únicamente para impedir la adjudicación al proponente habilitado. Portillo señaló que Leyva no hizo uso de sus facultades para modificar o revocar el proceso en las etapas iniciales, ni planteó reparos en reuniones con entidades de control, sino que intervino cuando el proceso ya había sido evaluado y solo restaba adjudicar.La Fiscalía también argumentó que no existía ninguna causa objetiva que justificara declarar desierta la licitación, ya que la normativa únicamente lo permite cuando ninguna propuesta cumple los requisitos, cuando no se presentan oferentes o cuando existe un impedimento objetivo para seleccionar al contratista, condiciones que, según el ente acusador, no se presentaban en este caso. La decisión de Leyva, insistió la fiscal, se basó en apreciaciones subjetivas relacionadas con supuestas irregularidades en beneficio de la firma Thomas Greg & Sons, contratista del servicio por 17 años, pero que no habían sido advertidas ni documentadas durante el proceso.La defensa del exministro, a cargo del abogado Roberto Badel, rechazó la calificación de la Fiscalía y aseguró que Leyva actuó dentro del marco legal. Según Badel, la decisión de declarar desierta la licitación buscaba garantizar la pluralidad de oferentes y asegurar un proceso de selección más competitivo. Señaló que el juicio deberá centrarse en la interpretación de las normas y en determinar si el exministro aplicó de manera correcta los principios que rigen la contratación estatal. Agregó que “lo que se busca es mirar dos aspectos fundamentales, no fue grosero, no fue grotesco, no fue arbitrario y mucho menos si ustedes se dan cuenta no hay un solo hecho de corrupción que se pueda llevar a inferir ese capricho abiertamente expresado como lo infiere la Fiscalía”.
El pasado 1 de diciembre de 2025, un juez sentenció a 33 años y 8 meses de cárcel a Jenny Alexandra Higuera Casallas, de 28 años, por acabar con la vida de su hijo de 18 meses, Samuel Guerrero, en una playa de Santa Marta el 20 de abril de 2022.En entrevista con Más Allá del Silencio Podcast, de Rafael Poveda, Edwin Guerrero, padre del menor, reveló detalles del crimen. Según dijo, todo se trató de un acto de “venganza y egoísmo”.Recordó que la última vez que vio a su hijo “él se acostó en mi pecho. Recuerdo mucho ese momento porque ya tenía un añito. Apenas llegó y me vio, me saludó como si todavía me recordara. Se recostó sobre mi pecho y yo lo acaricié mientras le decía: ‘Hijo, prometo que nos vamos a volver a ver’. Lo abracé con fuerza, y así nos quedamos unos tres minutos, hasta que Jenny nos dijo que era hora de despedirnos”.Señaló que la mujer no le permitía ver a su hijo con frecuencia y que incluso le interpuso una demanda por violencia intrafamiliar, aunque asegura que nunca ocurrió. Recordó un episodio en el que “no llegué a la casa. Ese día decidí quedarme en mi vivienda; ella pensó que estaba con otra mujer. Al día siguiente la llamé, pero no obtuve respuesta. Solo hasta las seis de la tarde me envió un mensaje: era una foto del niño, completamente rapado, con la cabeza afeitada”.Edwin contó que se conocieron en el barrio donde vivían y que, tras meses de relación, ella quedó embarazada. Aunque intentaron continuar, dijo que vivió episodios de violencia por parte de la mujer, como una ocasión en la que presuntamente le quemó la cara con una arepa.Afirmó que, luego de varios episodios fuertes, decidió terminar la relación, pero ella le insistía repetidamente en que regresaran. Al negarse, le escribió que no podía ver a su hijo porque lo había demandado por golpearla, algo que él negó rotundamente.“Empecé a poner denuncias por ejercicio arbitrario de la custodia. Llamaba al ICBF, a Bienestar Familiar y a la comisaría. Les mandé muchos correos: ‘Por favor, regúlenme las visitas de mi hijo; la mamá no me lo deja ver’. Mi hijo cumplía años en diciembre; lo vi ese año. La última vez fue el 16 de diciembre: lo vi poquito”, relató.También recordó que ella le decía que, si volvían, retiraba la denuncia. “Yo accedí a lo que ella me pidió; que tenía que verlo por horas, accedí. Yo quería ver a mi hijo. Yo luché”, comentó.Indicó que pasaron varios días sin saber nada de la mujer ni de Samuel, por lo que fue a la casa de la familia, quienes le negaron tener información. Posteriormente, “me envían una foto de una noticia de El Espectador donde habían encontrado el cuerpo de un niño en las playas. Me derrumbé completamente. Lo único que dije fue: ‘Esa bruja lo mató’”.Entre lágrimas expresó: “Lo que Jenny le hizo a mi hijo fue desaparecerlo para siempre. Los días que pasé en Santa Marta no se los deseo a nadie. Fue algo muy cruel”.“Al niño no lo botó el mar. Al niño lo dejaron ahí, en la playa. El mar no llega a botar los restos así. Ahí fue donde lo encontraron: totalmente desnudo, boca abajo”, dijo, indicando que lo más probable es que la mujer lo haya ahogado.Finalmente, relató que “a Jenny la recogió un mototaxista y la llevó a su casa, donde vivía con su mamá. Él le dijo a la señora que había encontrado a Jenny sola en la calle. Mientras conversaban, la señora le preguntó de dónde era, y Jenny le contó que venía de Bogotá. Cuando la mujer le preguntó si tenía hijos, Jenny respondió que, gracias a Dios, no tenía ninguno".
Un video que hoy hace parte de una investigación judicial destapó el aterrador testimonio de Selena Monsalve, una vigilante de 23 años que denunció haber sido víctima de agresión y acoso sexual por parte de un inspector de Policía en Soacha. Las imágenes, conocidas por Noticias Caracol, se han convertido en una de las principales pruebas contra José Arturo Figueredo, funcionario que, por su cargo, debía garantizar los derechos de la ciudadanía.Los hechos quedaron registrados la tarde del martes 3 de junio de 2025, cerca de las 5:00 de la tarde, en la Inspección Sexta de Policía de Soacha. Según el relato de la víctima, todos los funcionarios ya se habían retirado del lugar, salvo ella y el inspector. Tras meses de acoso constante, ella decidió grabar con su celular mientras cumplía con sus labores. Minutos después, el hombre se le acercó y comenzó la agresión, pese a los reiterados intentos de la joven por detenerlo.En el video se observa cómo el inspector le besa la cabeza a la fuerza, la toca sin su consentimiento y la hostiga verbalmente, mientras la víctima le suplica que pare. De hecho, le coge una de sus manos e intenta acercarla a su partes íntimas, mientras ella opone resistencia.La joven asegura que ese comportamiento no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repitió desde enero, poco después de haber iniciado su trabajo en ese lugar. Según su testimonio, el funcionario la tocaba en la cara, los senos y otras partes del cuerpo, al tiempo que le hacía comentarios de carácter sexual.No sería la única víctimaSelena también afirmó que no fue la única víctima. Otras vigilantes habrían sufrido agresiones similares y algunas accedieron a declarar a Noticias Caracol de manera anónima por temor a represalias. En sus relatos coinciden en que el inspector Figueredo se insinuaba, se exhibía y aprovechaba los momentos en que quedaban solas para acosarlas. Una de ellas incluso decidió renunciar ante el miedo constante de volver a ser atacada.El caso fue denunciado ante la Fiscalía y la Alcaldía de Soacha a comienzos de junio. Noticias Caracol tuvo acceso al expediente que se abrió en la oficina de control interno disciplinario del municipio, el cual luego fue remitido a la Personería de Soacha para que continúe con el proceso. Mientras avanzan las investigaciones, la víctima confesó que el impacto psicológico fue devastador, al punto de intentar quitarse la vida.¿Qué responde el inspector?El inspector José Arturo Figueredo, abogado y funcionario público desde hace varios años, negó los señalamientos y aseguró ser inocente. Sin embargo, se abstuvo de dar explicaciones sobre el delicado contenido del video, limitándose a decir: "Esa es su percepción señor periodista".
La reforma pensional ha tenido varios traspiés durante 2025. A las acusaciones del Gobierno contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se suman recusaciones que tienen frenado el debate sobre si la Ley 2381 de 2024, o reforma pensional, es constitucional o no.Una de estas recusaciones es contra el magistrado Héctor Carvajal, presentada por la senadora y hoy precandidata presidencial Paloma Valencia, quien pide apartarlo del debate por haber emitido conceptos sobre la pensional cuando fue contratista de Colpensiones.En este contexto, el pasado 6 de noviembre, el magistrado Ibáñez le dio 24 horas a la entidad para entregar las copias originales de los conceptos emitidos por Carvajal y compulsó copias a la Procuraduría ante un presunto incumplimiento de la orden.Blu Radio conoció un documento con la respuesta de Colpensiones al magistrado Ibáñez, en el que cuestionan la orden y aseguran que sí cumplieron desde el primer momento, y que nunca han querido “dilatar” el trámite, sino que desde siempre han colaborado."Por esta razón, lo ventilado por su despacho ante la opinión pública podría dar lugar a que se entienda que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, al responder el auto del 27 de octubre, actuó de mala fe, con deslealtad procesal, desconociendo los preceptos constitucionales de colaboración armónica entre entidades y especialmente con la administración de justicia, cuando ello no fue así; toda vez que se ciñó al cumplimiento estricto del mencionado auto", se lee en el documento.Colpensiones también sostiene que las copias electrónicas son válidas dentro de un trámite de recusación y citan una sentencia de 2022 del mismo alto tribunal: "Por esta razón, la orden se cumplió como fue pedida, pero no como hoy lo solicita el magistrado sustanciador, puesto que la misma no iba con destino a una investigación penal o disciplinaria por falsedad documentaria, caso en el cual debían satisfacerse los protocolos propios en estos escenarios", señaló la entidad.Este medio conoció además que antes de que fueran publicadas en el sistema de la Corte Constitucional las pruebas enviadas nuevamente por Colpensiones, ya existía una comunicación previa que aseguraba que la entidad no había allegado documento alguno tras el auto emitido el 6 de noviembre, mientras que la notificación formal de Colpensiones tiene fecha del 10 de noviembre."En la fecha, se informa al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar que, vencido el término ordenado en el auto del seis (6) de noviembre de 2025, no se recibió documento alguno", dice la comunicación de la Corte Constitucional.¿Qué viene para la reforma pensional en la Corte Constitucional?En el orden del día de la Corte, el cuarto punto es la discusión sobre la pensional. La Sala Plena deberá reunirse y debatir si la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal prospera o no. Esto quiere decir que esta semana podría definirse si el togado se mantiene o no en la discusión de la reforma pensional.Si la recusación es improcedente, el magistrado Carvajal podrá participar con voz y voto en el debate. Por el contrario, si prospera, se tendría que elegir a un conjuez por sorteo para definir el futuro de una de las reformas de mayor interés para el Gobierno.
La Sala de Casación Penal confirmó la condena contra Gustavo Tapia, quien fue hallado responsable de ser el determinador del delito de homicidio agravado de su madre, ocurrido en El Guamo (Tolima) en agosto de 2016. El fallo ratificó la decisión del Tribunal Superior de Ibagué, que en noviembre de 2022 revocó la absolución emitida en primera instancia por un juez.De acuerdo con la investigación, el señalado ofreció la suma de 2 millones de pesos y una motocicleta a César Tulio Herrera, quien fue el encargado de ejecutar el crimen al ingresar a la casa de la víctima bajo engaños y herirla con una navaja hasta causarle la muerte.En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia logró demostrar, con base en el testimonio del autor material respaldado por otras pruebas indirectas, que Tapia planeó detalladamente el homicidio, fijando el recorrido, la hora y el arma que se iba a utilizar para llevar a cabo el crimen. Además, el alto tribunal señaló que el procesado actuó con plena conciencia y voluntad, motivado por un interés económico relacionado con una supuesta herencia.Por ello, Gustavo Tapia deberá permanecer recluido en una cárcel durante 35 años y 10 meses. Asimismo, quedó inhabilitado por 20 años para ejercer funciones públicas, ya que trabajaba en el Tolima como bombero voluntario. Incluso, quien asesinó a su madre era uno de sus compañeros, y en videos de cámaras de seguridad quedó evidenciado cómo ambos tuvieron varios acercamientos, lo que para la justicia fue la antesala y la planeación del crimen de la mujer.
La senadora Paloma Valencia, a través de su apoderado Pedro Gutiérrez, presentó una demanda de simple nulidad ante el Consejo de Estado contra las resoluciones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció y confirmó la personería jurídica del partido político Progresistas de María José Pizarro.Sobre esto, el Consejo de Estado determinó que estudiará la acción de Valencia, que pide la nulidad de las resoluciones con las cuales se le otorgó la personería jurídica a este partido.Según la demanda, el reconocimiento de la personería jurídica al nuevo partido Progresistas, surgido de la escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), se habría realizado pese a la existencia de procesos sancionatorios en curso contra el Mais, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011.Esa norma establece que “no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio”, se lee en la demanda.La demanda también pide una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de las resoluciones, mientras se decide de fondo la nulidad del acto administrativo.La controversia jurídica busca que la jurisdicción determine si el Consejo Nacional Electoral actuó dentro del marco legal al reconocer la personería jurídica del partido Progresistas, pese a los procesos sancionatorios pendientes contra el Mais.
Siguen los avances en el caso del estudiante de la Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno. Recientemente, se confirmó que se entregó el segundo implicado en su asesinato.Se trata de Ricardo González, quien se entregó a las autoridades en Cartagena esta mañana. De acuerdo con la defensa, el joven, identificado como Ricardo González, oriundo de Cartagena, nunca salió del país ni tenía intención de viajar a Venezuela, como se había especulado en días recientes.Le puede interesar: Sellan el bar Before Club, donde estuvo Jaime Esteban Moreno minutos antes de ser asesinadoLa penalista Gladys Marcela López, apoderada de González, confirmó que fue ella quien coordinó los mecanismos para su entrega. El joven permanece bajo custodia mientras avanzan los trámites judiciales.Según informó la Fiscalía, ya está plenamente identificado como la persona que aparece en los videos en los que se observa la agresión contra Moreno en las afueras de la discoteca Before, en la noche del 31 de octubre. Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá.Este es el segundo presunto agresor en entregarse después del ataque que terminó con la muerte de Moreno, quien falleció tras recibir una herida de arma blanca.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, negó que esté intentando retrasar el fallo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional aprobada en 2024 y cuya vigencia comenzó desde julio de 2025.Ibáñez explicó que, aunque es el magistrado ponente de la demanda, las decisiones sobre este proceso corresponden a la Sala Plena del alto tribunal, por lo que su papel se limita a sustanciar y cumplir las determinaciones que esta adopte.“Se han decretado y pedido unas pruebas y en la medida en que los que tienen la obligación de tener las pruebas no las han entregado oportunamente, es la responsabilidad de ellos y no es ni siquiera de toda la Corte, motivo por el cual nos ha tocado requerir permanentemente para que nos entreguen las pruebas que fueron debidamente decretadas”, reiteró Ibáñez.Su pronunciamiento se dio luego de ordenar a Colpensiones enviar, en un plazo máximo de 24 horas, los archivos electrónicos originales relacionados con los contratos de prestación de servicios del magistrado Héctor Carvajal dentro del trámite de recusación que pide apartarlo de la discusión de la reforma pensional.El magistrado Ibáñez, en esa solicitud, advirtió que la documentación enviada por Colpensiones no cumple con los requisitos de autenticidad e integridad, porque Colpensiones envió reproducciones gráficas de los documentos y no los archivos digitales originales, lo que impide verificar su autoría y trazabilidad.Incluso, compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue una posible falta de colaboración de la entidad.
La audiencia clave en el proceso judicial contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado por su presunta participación en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, fue suspendida inesperadamente este viernes luego de que el juez 37 de control de garantías de Bogotá sufriera un accidente que le impidió asistir a la diligencia. La suspensión de la audiencia se produjo justo cuando se esperaba la decisión sobre si Suárez sería enviado o no a prisión preventiva, tras las solicitudes de medida de aseguramiento presentadas por la Fiscalía y la representación de las víctimas.El despacho judicial informó que el juez sufrió un golpe considerable que requiere una evaluación médica completa.“No sabemos el estado actual del doctor; fue un golpe bastante duro y, además, por su condición de discapacidad, amerita una revisión profunda. Entonces, la audiencia quedaría reprogramada para el próximo miércoles 12 de noviembre”, señaló el comunicado oficial. Este nuevo aplazamiento retrasa nuevamente la definición del futuro judicial del joven implicado en el caso que ha conmocionado a Bogotá.¿Suárez no era estudiante de Los Andes?Mientras tanto, el abogado de la familia Moreno denunció que la defensa de Juan Carlos Suárez habría mentido durante la audiencia anterior, al afirmar que su cliente continuaba siendo estudiante activo de la Universidad de Los Andes, con el propósito de obtener una medida menos restrictiva. Sin embargo, una respuesta oficial de la universidad desmintió esa versión. En el documento, la institución confirmó que Suárez Ortiz no está matriculado desde el segundo semestre de 2023, fecha en la que finalizó su vínculo académico.El oficio, firmado por las directivas universitarias, señala textualmente: “Me permito informarle que el señor Juan Carlos Suárez Ortiz estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”.Durante la última audiencia, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas insistieron en que Suárez debe permanecer detenido en establecimiento carcelario, señalando que su comportamiento representa un riesgo para la sociedad y que los elementos probatorios muestran una clara intención de causar la muerte de Moreno. Por su parte, la defensa solicitó la libertad condicional del procesado, argumentando que no existe evidencia de un acuerdo previo ni de una acción dolosa encaminada al homicidio.El abogado defensor intentó restar gravedad a las pruebas, señalando que expresiones como “si yo quiero” no pueden interpretarse como una intención real de matar. Sin embargo, con la reciente revelación sobre la falsedad de su presunto vínculo universitario, varios de los argumentos que buscaban evitar la prisión de Suárez pierden sustento. Ahora, la decisión sobre la medida de aseguramiento dependerá de la próxima audiencia, en la que el juez deberá evaluar no solo las pruebas del caso, sino también la veracidad de la información presentada por la defensa.