La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 3 de febrero:España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, generando debate en el mundo y el papel de los padres en la crianza de sus hijos.Android planea incursionar en los computadores y así competir con Microsoft en el área de sistemas operativos.Ximena Gómez, líder del Área Terapéutica de cáncer de mama y Diagnóstico de AstraZeneca, habló sobre cómo se está acelerando el proceso de diagnóstico de este cáncer.
Desde la Plaza de Lourdes, en la localidad de Chapinero en Bogotá, el candidato presidencial Iván Cepeda lanzó una advertencia directa al Consejo Nacional Electoral (CNE): si se le impide al Pacto Histórico participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, esa coalición se retirará de la misma y él se inscribirá directamente para la primera vuelta presidencial.“Con total firmeza y determinación, si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto Histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, afirmó Cepeda ante los simpatizantes que atendieron la convocatoria.El pronunciamiento se da en medio de una creciente tensión entre el Pacto Histórico y el CNE, luego de que este lunes la Sala Plena revocara la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, una decisión que, según la colectividad, podría extenderse a otros departamentos y afectar seriamente su participación en las elecciones legislativas.Cepeda denunció lo que calificó como una estrategia sistemática de persecución política. Aseguró que ya se han presentado al menos cinco hechos que buscan frenar el avance del Pacto Histórico, entre ellos intentos por impedir su surgimiento, bloquear la consulta interna realizada en octubre de 2025, intentar revocar su participación en la consulta del 8 de marzo y una posible anulación de las listas a la Cámara de Representantes en al menos 15 departamentos.“Se pretende ahora anular nuestra lista en Bogotá, y en este momento el Consejo Nacional Electoral examina la posibilidad también de impugnar nuestra lista en el Cauca, como otras 12 listas a la Cámara de Representantes”, señaló el candidato, quien insistió en que no permitirán que se “atropelle” a la coalición.La decisión que detonó la polémica fue adoptada por seis de los nueve magistrados del CNE, con ponencia de Álvaro Hernán Prada. El tribunal concluyó que la lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca habría superado el umbral máximo del 15 % de la votación obtenida en las elecciones anteriores, requisito clave para poder conformar una coalición entre partidos, en este caso entre el Pacto Histórico y Colombia Humana.De mantenerse este criterio, el impacto podría ser mucho mayor. Según los cálculos conocidos hasta ahora, al menos otras listas adicionales correrían el mismo riesgo, entre ellas las de Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Meta y Putumayo. Esto abriría un escenario de alta incertidumbre sobre la conformación de la Cámara de Representantes y el alcance real de la decisión del CNE.En paralelo a la movilización convocada por Cepeda, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral realizó ajustes clave en la conformación de los conjueces que estudian el caso. El organismo aceptó la renuncia del conjuez Manuel Antonio Avella, del Partido Liberal, por motivos de salud, y el impedimento de Alejandro Felipe Sánchez Cerón, del Centro Democrático, por haber hecho parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.Con estos cambios, los nuevos conjueces titulares son Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa y Libres, y Alberto Rojas Ríos, del Partido Liberal. El CNE dará a conocer la decisión definitiva sobre la participación de Cepeda en la consulta Frente por la Vida este miércoles 4 de febrero.Cepeda reiteró que, frente a lo que considera intentos de frenar el cambio social, la respuesta será la movilización pacífica y organizada. Además, insistió en que la coalición hará “todo lo que se requiera” para que sus listas participen el 8 de marzo y para consolidar una “poderosa bancada” en el Congreso, así como su aspiración de convertirse en el sucesor del presidente Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial.
La parálisis de las obras en el kilómetro 18 de la vía al Llano, donde un derrumbe de enormes proporciones mantuvo cerrado este tramo por varios meses, despertó la preocupación de la veeduría por la vía al Llano.Según explican en un comunicado, durante el mes de enero no se aprovechó la temporada seca para realizar las obras de estabilización.“No se han desarrollado acciones en la instalación del tablestacado anunciado para la estabilidad de los taludes generados, ni se han iniciado los diseños programados”, señala el documento.La veeduría también advierte que la temporada de lluvias que se aproxima podría afectar gravemente la vía, provocando un nuevo deslizamiento de tierra y obligando a cerrar nuevamente el corredor vial.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que el país está en "calma" tras un mes del ataque de Estados Unidos en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores."El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores", manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.En una transmisión del canal estatal VTV, la presidenta encargada indicó que en "estos días", sin precisar detalles, conversó por teléfono con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio, y abogó porque el "camino" sea el respeto."Si hay algo que ha unido a los venezolanos es el rechazo a este tipo de agresión (...), es que las diferencias, las controversias, las divergencias con el Gobierno de los Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político", subrayó Delcy Rodríguez.Asimismo, afirmó que Venezuela "ha transmutado y ha madurado", luego de un mes del ataque de Estados Unidos -que dejó un saldo de más de un centenar de fallecidos, entre ellos civiles y militares- y apostó por "trabajar con esfuerzo" para "superar" las "diferencias".Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.Rodríguez inició un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones diplomáticas con EE.UU., se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.
Permanece el despliegue militar en el norte del departamento del Cauca, tras el último ataque terrorista perpetrado por las disidencias de las Farc en la tarde de este martes, cuando explosivos fueron activados desde una volqueta en el crucero de Gualí, en la vía entre los municipios de Villa Rica y Caloto.Según el Ejército, los responsables de este ataque eran integrantes del frente Dagoberto Ramos Ortiz, al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Por fortuna, en el hecho no resultaron civiles ni uniformados heridos o fallecidos, aunque sí se registraron varias viviendas afectadas por la onda explosiva.“En una segunda acción criminal, en zona urbana del mismo municipio, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 12, con apoyo del binomio canino, neutralizaron un artefacto explosivo tipo cilindro, sin afectaciones a la población ni daños materiales. Además, nuestras tropas ubicaron y destruyeron de forma controlada otro artefacto explosivo tipo cilindro en la vía que comunica San José con Taminango, en el municipio de Santander de Quilichao, sin afectar la movilidad en el sector”, indicó el general Alirio Aponte, comandante de la Brigada 29 del Ejército.El despliegue de las tropas se mantiene en todo el departamento del Cauca, especialmente en el municipio de Caloto, con el fin de evitar más ataques contra la fuerza pública e identificar a los responsables de este último atentado.
Blu Radio tuvo acceso a un documento de inteligencia de autoridades en Colombia que da evidencia no solo de la existencia de la llamada ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, sino de toda su estructura que delinque bajo un esquema asociativo horizontal.Según el documento, esta estructura, que en el pasado operó como una poderosa mafia ya extinta, ha resurgido bajo un esquema sofisticado, integrando a viejos capos reincidentes, sectores vinculados con las esmeraldas, ganaderos y nuevas generaciones de delincuentes nacionales y extranjeros. El informe describe que este entramado no solo busca controlar la producción de cocaína en Colombia, sino también articular alianzas con mafias internacionales para garantizar la expansión de sus negocios y el flujo de armas.Entre enero y agosto de 2025, las autoridades han capturado a 20 narcotraficantes extranjeros en territorio colombiano, varios de ellos asociados al Cartel de los Balcanes y a la mafia italiana ‘Ndrangheta, lo que evidencia la consolidación de un “portafolio criminal” con nuevos mecanismos como el uso de criptomonedas para mover dinero y expandir redes.“Estos capos, especialmente de mafias europeas, evidenciarían nuevos portafolios criminales y movimiento en criptomonedas. Mafias internacionales garantizarían la demanda y expansión del mercado, así como la interconexión con centros financieros, disponibilidad de armas y tecnologías”, indica el informe de inteligencia.Estas estructuras han extendido sus tentáculos a ciudades clave como Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla y Pasto, donde se han detectado contactos directos con redes de Europa.El alcance de la Junta trasciende América Latina. Grupos logísticos dominicanos y ecuatorianos han asumido el papel de compradores directos, creando rutas hacia la península balcánica, Oceanía y Medio Oriente, mientras que el Clan del Golfo articula buena parte de la cooperación criminal para abastecer de cocaína al continente europeo. Las capturas en Abu Dabi de alias ‘El Gerente’, un ecuatoriano vinculado a los Comandos de Frontera, y del albanés Dritan Gjika, confirmaron la magnitud de estas conexiones.Los carteles mexicanos mantienen un rol determinante en la ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, el Cártel de Sinaloa controla la compra de cocaína en la frontera del Catatumbo, mientras que el Jalisco Nueva Generación ha instalado redes en Putumayo y Nariño para enviar cargamentos a Estados Unidos. En paralelo, Bogotá, Cali y Medellín se consolidan como centros urbanos estratégicos para la articulación de operaciones internacionales.La violencia sigue siendo el combustible de esta reconfiguración criminal, el informe describe como extraditados reincidentes y exjefes de bandas en el Valle y el Eje Cafetero han conformado nuevas oficinas de sicariato, como La Alianza y Rastrojos Nueva Generación, encargadas de ajustes de cuentas, recuperación de bienes y control de rentas ilícitas. De igual forma, las autoridades han identificado negocios de trueque de cocaína por armas en regiones como Amazonas, Vichada y Chocó, con carteles mexicanos y organizaciones ecuatorianas como principales proveedores.El impacto de esta recomposición se refleja en el terreno, teniendo en cuenta que según describe el documento, el 32 % de las acciones armadas en 2025 se han concentrado en 60 municipios con más de mil hectáreas de coca, escenarios donde además se han registrado 112 enfrentamientos entre bandas. Todo esto confirma, indica el informe conocido por este medio, que la ‘Junta del Narcotráfico’ delinque como un consejo criminal global, en el que confluyen capos nacionales, redes europeas y carteles mexicanos, reciclándose en nuevas generaciones pero manteniendo intacta su capacidad de violencia y corrupción.
El subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, uno de los soldados que resultó gravemente herido luego de que los quemaran vivos en zona rural de Villagarzón, Putumayo, ya está en el Hospital Militar Central de Bogotá.El traslado se dio en la tarde de este viernes con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana luego de que en un primer intento, el pasado miércoles, no se lograra su evacuación por problemas en la conexión con el ventilador del avión medicalizado.El subteniente Mejía Gutiérrez, según informó el hospital, permanece en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico, con pronóstico reservado y bajo estricta observación.Mejía es quién está más grave luego del vil ataque con gasolina del que blanco él y otro compañero cuando terminaban una operación de destrucción de laboratorios de cocaína en zona rural de Villagarzón, Putumayo.Allí, campesinos instrumentalizados por las disidencias ‘Comandos de Frontera’ según varias denuncias, rociaron gasolina contra los militares y luego les encendieron fuego.El otro militar que resultó herido de manera directa fue el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya y el soldado Daniel Fierro Rubiano, también tiene quemaduras provocadas cuando intentó auxiliar a sus compañeros.Ambos, según el hospital, han presentado evolución satisfactoria y están hospitalizados, en condiciones clínicas estables bajo supervisión médica permanente.
Dos soldados profesionales fueron asesinados en medio de combates que el Ejército sostuvo en la tarde de este jueves, 4 de septiembre, contra las disidencias en el departamento de Cauca.La confrontación se dio puntualmente en la vereda Cascadas del municipio Sucre entre militares del batallón de Alta Montaña y miembros de las disidencias ‘Carlos Patiño’ que tienen alta injerencia en la zona.Las víctimas fueron identificadas como Jaduer Córdoba Ruiz, José Puchaina Barliza y de acuerdo con la información preliminar, se solicitó el apoyo aéreo para su evacuación de la zona.Allí, persisten las operaciones en contra de esta estructura que se ha convertido en uno de los grupos ilegales con mayor control de la región con su poder sobre las rutas del narcotráfico y la confrontación con otros grupos ilegales.Justamente esa facción es la responsable del atentado con explosivos contra la estación de Policía del corregimiento de Piedra Sentada en El Patía, donde murió el subintendente Jeiner Lucumí Caracas.En los últimos días, por ejemplo, se entregaron a las autoridades los cabecillas disidentes alias ‘Kevin’ y alias ‘Giovanni’, luego de que el máximo jefe de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ ordenara asesinarlos por la pérdida de un cargamento de cocaína.La entrega de ambos jefes criminales marca un giro en el control del frente ‘Carlos Patiño’, debilitando una de las estructuras más violentas en el suroccidente del país. Las autoridades sostienen que la orden de asesinato impartida por ‘Iván Mordisco’ evidencia fracturas internas en las disidencias, donde la pérdida de cargamentos de droga se paga con la vida y los cabecillas optan por entregarse antes de ser ejecutados por sus propios compañeros.
Un oficial y un soldado profesional, integrantes de la Brigada 27 del Ejército, resultaron gravemente heridos luego de que civiles les rociaron combustible y les prendieron fuego en la vereda Siloé de Villagarzón, Putumayo.El grave ataque se dio en medio de operaciones contra laboratorios de procesamiento de droga que la comunidad pretendió detener.“Nuestro subteniente, quien presenta quemaduras en el 75 % de su cuerpo en tercer grado, y nuestro soldado profesional, quien presenta quemaduras en aproximadamente el 30%, están fuera de peligro. Son atendidos en una clínica en Florencia, y estamos haciendo las gestiones para evacuarlos hacia Bogotá y atenderlos en nuestro hospital militar”, contó el general Erick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional.Uno de los agravantes, según denunció la Defensoría, es que este hecho habría sido cometido por civiles amenazados por las disidencias Comandos de la Frontera, que hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo en conversación de paz con el Gobierno.En esa medida, la Defensoría además de expresar su solidaridad con los heridos, planteó la necesidad de suspender los diálogos con el grupo ilegal asegurando que el constreñimiento a civiles va en contra de los principios de buena fe, humanidad y compromiso con el desescalamiento de la violencia.“En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición”, agregaron en el comunicado.Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional ofreció una recompensa de hasta $200 millones para ubicar a los dos responsables.“Estas dos personas incurrieron en delitos, entre muchos otros, tentativa de homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público y concierto para delinquir. No podemos permitir que mientras las tropas se arriesgan y cumplen la misión constitucional para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz en las regiones más afectadas del país, nuestros soldados sean atacados de esta manera y que haya participación de la población civil en ello”, puntualizó Rodríguez.
Integrantes de la subestructura 28 de las disidencias de las Farc, que están bajo el mando de alias ‘Iván Medina’, estarían planeando un nuevo atentado contra la fuerza pública en Arauca. De acuerdo con el Ejército, tras varios combates sostenidos en zona rural de Puerto Rondón, lograron la incautación de un poderoso arsenal listo para ser usado.En un punto de la vereda Palmar, los soldados hallaron escondidas entre la maleza, 40 balones bomba, cada uno con 20 kilos de explosivos, y 31 canecas con Anfo, y otros artefactos que ya tenían todas las condiciones para ser lanzados con ayuda de drones o rampas.Además, incautaron cuatro fusiles, dos escopetas, más de 650 cartuchos de diferentes calibres, proveedores y 30 uniformes camuflados, una antena satelital con equipos de comunicación, un tractor con tráiler, víveres, cuadernos con información manuscrita y dos plantas eléctricas portátiles.El general Samuel Salinas, comandante de la Brigada 18 del Ejército, confirmó que producto de estos combates fueron abatidos tres integrantes de las disidencias.“Esta estructura hace parte de las disidencias de la FARC, cuyo cabecilla es alias Antonio Medina. Con este resultado se afecta de manera estratégica la estructura criminal y se frustran las acciones terroristas que pretendían ejecutar”, agregó Salinas.En las operaciones participaron además la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.