Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El sorteo 506 de MiLoto, realizado el lunes 23 de marzo de 2026, dejó miles de ganadores en Colombia y un nuevo acumulado que sigue creciendo. De acuerdo con la información oficial del operador del juego, 5.578 jugadores lograron algún tipo de acierto, mientras que el premio mayor quedó desierto al no registrarse ganadores con los cinco números.Los números ganadores del sorteo fueron: 01, 15, 30, 37, 38. Debido a que ningún participante acertó la combinación completa, el premio principal se acumula para el siguiente sorteo, que ahora alcanzará un acumulado de $300 millones. En total, la jornada de este lunes dejó una premiación global de $51.288.100, distribuida entre miles de apostadores que lograron desde dos hasta cuatro aciertos.Premios de MiLoto según número de aciertos5 aciertosGanadores: 0Premio total: $0Premio por ganador: $0Al no presentarse ganadores en esta categoría, el premio mayor continúa acumulándose.4 aciertosGanadores: 19Premio total: $11.228.050Premio por ganador: $590.950Los jugadores que acertaron cuatro números se llevaron uno de los premios más altos de la jornada, superando el medio millón de pesos cada uno.3 aciertosGanadores: 489Premio total: $19.780.050Premio por ganador: $40.450Esta categoría concentró una parte importante de los premios intermedios del sorteo.2 aciertosGanadores: 5.070Premio total: $20.280.000Premio por ganador: $4.000La mayor cantidad de ganadores se registró en esta categoría, lo que permitió que miles de jugadores recuperaran parte de su apuesta.Más de 5.500 ganadores en el sorteoEl balance general del sorteo refleja que 5.578 personas resultaron ganadoras en las distintas categorías del juego. La mayor parte de los premios se concentró entre quienes lograron dos y tres aciertos. MiLoto se ha consolidado como uno de los juegos de azar de mayor crecimiento en Colombia, debido a su formato de apuestas accesible y sorteos frecuentes. Cada jugador selecciona cinco números dentro de un rango determinado, y los premios se asignan según la cantidad de coincidencias con la combinación ganadora.El acumulado sube a $300 millonesTras quedar desierto el premio mayor del sorteo 506, el nuevo acumulado de MiLoto alcanza los $300 millones, cifra que estará en juego en el próximo sorteo. Este incremento en el acumulado suele atraer a más apostadores, ya que a medida que el premio crece aumenta también el interés de los jugadores en participar.Los sorteos de MiLoto se realizan varias veces por semana y los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados del operador del juego y las plataformas de loterías en Colombia. Los participantes deben verificar sus números con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.
El sorteo 2.634 del Baloto y su modalidad Revancha se realizó el lunes 23 de marzo de 2026 en Colombia. El sorteo dejó ganadores en diferentes categorías y acumulados que continúan creciendo para el próximo sorteo. A continuación, se detallan los números ganadores, así como el desglose de premios y estadísticas oficiales reportadas tras la jornada.Resultados del Baloto del 23 de marzo de 2026Los números ganadores del sorteo de Baloto fueron: 25 - 33 - 37 - 39 - 41, superbalota: 11. El acumulado del sorteo alcanzó los $28.400 millones, sin registrarse ganadores en la categoría principal (5 aciertos + superbalota), lo que implica que el premio mayor sigue creciendo.Resultados de la Revancha del 23 de marzo de 2026Los números ganadores de Revancha, por su parte, fueron: 04 - 11 - 12 - 23 - 28, Superbalota: 11. En esta modalidad, el acumulado inicial del sorteo fue de $18.700 millones, y tampoco se reportaron ganadores del premio mayor.
Un adinerado empresario finlandés ha sido multado con 120.000 euros por exceso de velocidad tras ser sorprendido por la Policía conduciendo a 59 kilómetros por hora, 29 más de lo permitido, en una zona urbana de Mariehamn, en el archipiélago de Åland.Los 120.000 euros en pesos colombianos se traducirían a un poco más de 500 millones, dependiendo de la TRM del día y, aunque en Colombia es una multa costosa, sí hay una gran diferencia con el sistema finlandés de tránsito.Según informó este martes el diario local 'Nya Åland', Anders Wiklöf, millonario dueño de un holding compuesto por más de 20 empresas, admitió su error y reconoció al citado medio que conducía "un poco demasiado rápido", por lo que no recurrirá la multa ante la Justicia y la pagará íntegramente."Los agentes me preguntaron si quería llevar el caso al juzgado, pero ¿por qué iba a hacerlo? Si he cometido un error, lo he cometido, así que lo acepto, no hay más que decir. Eran chicos educados y simpáticos y sólo hacían su trabajo", afirmó Wiklöf.Si hubiera rebasado el límite de velocidad en un kilómetro por hora más, el millonario habría cometido una infracción de tráfico muy grave, por lo que, además de los 120.000 euros de multa, le habrían retirado el permiso de conducir durante varios meses.¿Por qué es tan costosa la multa por velocidad en Finlandia?La cifra de 120.000 euros se explica por la ley finlandesa, que contempla un sistema de multas proporcionales a los ingresos del infractor y que se calculan a partir de la última declaración de la renta disponible.La ley considera un exceso de velocidad grave rebasar en más de 20 kilómetros por hora el límite establecido y lo castiga con un número de "días de multa" (los ingresos anuales divididos entre los días laborables del año) que aumenta cuanto más grave es la infracción.No es la primera vez que Wiklöf, el hombre más adinerado de la región autónoma de Åland y uno de los más ricos de Finlandia, es sancionado por incumplir el código de circulación.En 2023 ya cometió una infracción de tráfico muy grave y fue castigado con una multa de 121.000 euros y la retirada temporal del permiso de conducir.Según el 'Nya Åland', Wiklöf es multireincidente, a pesar de las elevadas cuantías de las sanciones, y en los últimos trece años ha desembolsado cerca de 400.000 euros en multas de tráfico.¿Cuánto cuesta la multa por velocidad en Colombia?Con un sistema completamente diferente en Colombia, las multas están definidas en SMDLV, aunque calculadas mayoritariamente con base en la Unidad de Valor Básico (UVB) desde 2024, para evitar aumentos desproporcionados con el salario mínimo.En otras palabras, la infracción que castiga el exceso de velocidad es la C29, según el Código Nacional de Tránsito, que corresponde a "conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida" y es sancionada con 633.232 pesos para todo infractor, y no dependiendo de los ingresos de este.
En medio de la consternación que ha generado su repentina partida, este mièrcoles se llevará a cabo en Bucaramanga el homenaje póstumo y sepelio de Santiago Castrillón, la joven promesa del fútbol colombiano que falleció a sus 18 años.El trágico hecho ocurrió durante un partido de fútbol en el que el joven deportista de Millonarios recibió un fuerte impacto de balón en el pecho mientras disputaba un encuentro frente a Santa Fe. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el joven perdió la vida, generando profundo dolor en la comunidad deportiva.Santiago Castrillón era considerado un talento en ascenso. Desde los 14 años hacía parte de las divisiones formativas de Millonarios, donde venía consolidando su proceso deportivo con disciplina y proyección profesional.Familiares, amigos, entrenadores y compañeros lo recuerdan como un joven comprometido con su carrera, apasionado por el fútbol y con un futuro prometedor dentro del deporte nacional.Su partida ha dejado un vacío enorme en quienes lo vieron crecer dentro y fuera de la cancha, desde muy pequeño, Santiago soñaba con llegar al fútbol profesional, un camino que comenzó a construir en el club Águilas Santander, donde su talento empezó a brillar.Su entrenador, Hermes Fernando García, lo recuerda con emoción como un joven diferente: “Tenía un talento que nace en pocos, sabía mucho con la pelota, pero más allá de eso, era un muchacho sano, humilde y con una familia siempre pendiente de él”.Las honras fúnebres se desarrollarán en la capital santandereana, donde se espera la asistencia de allegados y miembros del entorno futbolístico que desean darle el último adiós y acompañar a su familia en este difícil momento.La muerte de Santiago ha generado reacciones de pesar en distintos sectores del fútbol colombiano, donde su historia deja un mensaje sobre la fragilidad de la vida y la importancia de acompañar a los jóvenes deportistas en su formación integral.
La Fiscalía General de la Nación informó que abrió una iniciativa investigativa relacionada con las denuncias de presunto acoso sexual reveladas por Caracol Televisión, las cuales involucran a dos periodistas y presentadores. Según explicó la entidad en un comunicado, la decisión se tomó tras las denuncias que circularon en redes sociales y en distintos medios de comunicación durante los últimos días, relacionadas con presuntos casos de acoso sexual en ámbitos laborales.La Fiscalía anunció que habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir información y denuncias relacionadas con estos hechos.De acuerdo con el comunicado, el objetivo es dirigir y coordinar las investigaciones que correspondan con enfoque de género y así brindar garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización.La entidad también informó que abrió una investigación frente a las denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual. Las autoridades indicaron que estas actuaciones buscan establecer si existen hechos que ameriten investigaciones penales, a partir de la información que ha sido difundida públicamente.Cambio en proceso por injuria y calumnia contra Lina CastilloAdicionalmente, la fiscal general dispuso modificar la asignación del proceso por injuria y calumnia, interpuesta por Hollman Morris, director de RTVC, que cursa contra Lina Marcela Castillo. El caso será asumido por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá aplicar lineamientos de abordaje para procesos relacionados con posibles denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género.Contra Lina Castillo, la Fiscalía Seccional de Bogotá había presentado escrito de acusación el 10 de marzo de 2023, dentro de una investigación por injuria y calumnia. Según la entidad, el pasado 18 de marzo un juzgado de conocimiento rechazó la solicitud de preclusión de la investigación presentada por la defensa, decisión que posteriormente fue apelada.El caso se remonta al 28 de enero de 2019, cuando algunos medios difundieron una denuncia en la que Castillo hacía referencia a acciones violentas, acoso laboral y sexual perpetrados por Hollman Morris en contra de las mujeres de su equipo de trabajo. Morris aseguró que estas afirmaciones eran difamatorias y afectan su buen nombre.Ante estos hechos, la Fiscalía asegura que la investigación solo se ocupó de la denuncia formulada por Morris Rincón en contra de Lina Marcela Castillo y que, en cambio, nunca abordó la denuncia relativa a actos de acoso laboral y sexual, por lo cual es necesario variar la asignación del proceso con el fin de asegurar que la respuesta institucional sea coherente con la aplicación del enfoque de género.
Mientras el Gobierno Nacional sostiene conversaciones con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Catar, en Cúcuta el Clan del Golfo anuncia públicamente la creación de un nuevo comando urbano. La denuncia fue hecha por el defensor de derechos humanos Wilfredo Cañizares, presidente de la Fundación Progresar, quien advirtió que los diálogos no pueden convertirse en una estrategia para que estas estructuras criminales continúen expandiéndose y consolidando su control en los territorios.Según Cañizares, la presencia del Clan del Golfo en el área metropolitana de Cúcuta se remonta a diciembre de 2020, cuando alrededor de 60 hombres ingresaron por el corregimiento de Palmarito. Desde entonces, la organización ha desplegado un proceso de expansión que hoy se refleja en su consolidación en Cúcuta, Los Patios y El Zulia, tanto en zonas urbanas como rurales.El defensor precisó que actualmente mantienen células armadas en estos tres municipios: entre 15 y 20 hombres en Cúcuta, agrupados en el recién anunciado comando urbano que apareció en un video difundido en redes sociales hace menos de ocho días; cerca de 10 en Los Patios; y unos 20 en El Zulia. Todo ello responde a un plan de expansión diseñado por 'Otoniel', antes de su entrega a las autoridades, y que hoy ejecuta su sucesor, 'Chiquito Malo', en la región nororiental del país.El interés estratégico del Clan del Golfo en el área metropolitana está centrado en el control del microtráfico, particularmente en los cerca de 90 puntos de expendio de droga que existen en la zona. Según Cañizares, la organización busca monopolizar este mercado local como fuente principal de financiamiento.Pese a la cercanía con Venezuela, hasta el momento no hay evidencias de que estas estructuras hayan intentado establecerse del otro lado de la frontera. Sin embargo, Cañizares alertó que la verdadera amenaza radica en la contradicción entre los anuncios de paz y la expansión criminal en terreno.“El Gobierno debe decidir si permitirá que, mientras negocian en Catar, estas organizaciones usen el diálogo como un salvavidas para crecer, desaparecer personas, desplazar comunidades y seguir controlando el narcotráfico”, señaló. Agregó que es urgente exigir a los grupos armados un cese de hostilidades y una disminución real de la violencia contra la población civil.La advertencia de Cañizares refleja un escenario complejo: el riesgo de que los procesos de diálogo, en lugar de traer alivio a las comunidades, terminen siendo instrumentalizados por las estructuras armadas para legitimarse y expandirse.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó en audiencia a exintegrantes del Ejército involucrados en graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta en 1990. Aunque algunos reconocimientos fueron presentados, los mamos y familiares de las víctimas manifestaron su inconformidad por considerar que aún persisten silencios y evasivas frente a la verdad plena.El coronel (r) Luis Fernando Urrego aceptó su responsabilidad en la tortura de los hermanos Amado y Vicente Villafañe, así como en el asesinato de tres líderes espirituales de la comunidad. Este reconocimiento se dio en la última oportunidad de aporte a la verdad ante la JEP, que deberá definir si el exmilitar mantiene su permanencia en la justicia transicional o es remitido a la justicia ordinaria.Por su parte, el mayor (r) Hernán Carrera también reconoció su participación en los hechos, señalando además al entonces capitán Pedro Antonio Fernández como uno de los involucrados directos en las torturas, pese a que este ha negado su responsabilidad. Sin embargo, para los mamos arhuacos, las versiones entregadas por los comparecientes siguen siendo insuficientes, pues consideran que no se ha esclarecido en su totalidad cómo y porqué se ejecutaron estos crímenes, ni se ha señalado con claridad la cadena de mando que los permitió.La JEP, de hecho, ha verificado un posible incumplimiento de los exmilitares dentro del régimen de condicionalidad, al identificar contradicciones y vacíos en los aportes hechos en la audiencia dialógica. Según el tribunal, las omisiones podrían poner en riesgo los beneficios judiciales que los comparecientes reciben en la justicia transicional.En este escenario, la voz de las víctimas sigue reclamando verdad y coherencia en los relatos de quienes participaron en los crímenes.“No estamos satisfechos con las versiones que entregaron los militares”, afirmaron los líderes arhuacos, insistiendo en que sin un aporte pleno y sincero no habrá garantías de no repetición ni reparación real para la comunidad.
Las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los casos de secuestros y falsos positivos aún no han podido consolidarse jurídicamente. Estos fallos se dirigen contra exintegrantes de las antiguas Farc-EP, responsables de retenciones ilegales y secuestros masivos, y contra miembros de la fuerza pública, vinculados a ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.De acuerdo con la información conocida, se han interpuesto ocho apelaciones y siete solicitudes de aclaración, lo que impide que los fallos queden en firme. Mientras estos recursos no sean resueltos, los comparecientes no podrán iniciar los proyectos restaurativos contemplados como parte de las sanciones impuestas.Esta situación genera incertidumbre tanto en las víctimas, que ven retrasada la materialización de la justicia restaurativa, como en los responsables, que permanecen a la espera de la ejecución de las decisiones. El aplazamiento también supone un desafío para la JEP, pues prolonga la percepción de lentitud en el cumplimiento de sus fallos, a pesar de que estos recursos hacen parte de las garantías procesales establecidas en el sistema de justicia transicional.
La JEP realizará este martes 30 de septiembre, en Bogotá, una audiencia dialógica transicional de construcción de verdad y rehabilitación de confianza. El espacio busca esclarecer un posible incumplimiento al régimen de condicionalidad de seis comparecientes de la fuerza pública, quienes habrían omitido su deber de aportar verdad sobre graves violaciones cometidas contra comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.Los hechos investigados corresponden al secuestro, tortura y desaparición de los Mamos Arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, así como a la tortura de Amado Villafañe y Vicente Villafañe, ocurridos en 1990. Estos crímenes, que afectaron a todos los pueblos de la Sierra, permanecieron más de tres décadas en la impunidad y han sido objeto de pronunciamientos de la ONU, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de la Verdad, que los incluyó en su informe final.Cinco de los seis comparecientes citados hicieron parte del Batallón de Artillería No. 2 La Popa: coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, coronel Rafael Mejía Roa, capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo, mayor Hernán Carrera Sanabria y sargento viceprimero Cosme García Camacho. También fue convocado el coronel Luis Fernando Urrego Ávila, entonces oficial de la Brigada Móvil No. 1. La diligencia definirá si incurrieron en engaño o distorsión dolosa de la verdad, lo que podría derivar en su exclusión del Sistema Integral para la Paz.El caso también involucra a civiles, entre ellos empresarios y hacendados del Cesar, cuyas investigaciones fueron remitidas a la Fiscalía. Además, la JEP ordenó la extinción de dominio de la hacienda Bethania, sitio donde fueron retenidos y torturados los Mamos, y en el cual se han hallado restos forenses de posibles víctimas de desaparición forzada.La audiencia, que hace parte del Subcaso Sierra Nevada del caso 09 sobre crímenes contra pueblos y territorios étnicos, contará con la presencia de víctimas y autoridades espirituales y tradicionales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Será presidida por la magistrada Caterina Heyck Puyana, de la Sección de Revisión, y transmitida en vivo por el canal oficial de la JEP en YouTube.Con esta diligencia, la JEP busca determinar si los comparecientes cumplieron su obligación de aportar verdad plena y sincera, requisito indispensable para permanecer en la justicia transicional.
El crimen organizado en Colombia ya no se explica en los términos de los grandes carteles de los años ochenta y noventa. Hoy, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en alianza con el Diálogo Interamericano, el país enfrenta la cuarta generación del crimen organizado, caracterizada por un modelo en red, más horizontal y dinámico, en el que múltiples estructuras criminales controlan diferentes eslabones de las rentas ilegales.La FIP advierte que Colombia vive un contexto de seguridad híbrido, donde la línea entre grupos insurgentes y crimen organizado es cada vez más difusa. Estas organizaciones han aprendido a adaptarse a los cambios políticos y sociales, pero también a las formas de acción del Estado.De los carteles al crimen en redLa investigación explica que de los carteles de Medellín y Cali se pasó a “cartelitos” como el del Norte del Valle y La Oficina de Envigado. Luego surgieron las Bacrim, tras la desmovilización de las AUC, herederas del paramilitarismo. Hoy, la cuarta generación está integrada por grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y bandas urbanas como La Oficina, El Mesa, los Costeños o los Pepes, que han consolidado un modelo en red con alcance nacional, regional y local.Rasgos de la nueva criminalidadDe acuerdo con la FIP, el crimen actual en Colombia tiene al menos nueve características centrales:Modelo en red: estructuras flexibles que colaboran o compiten en mercados ilegales.Reciclaje criminal: reclutamiento de excombatientes y miembros de otros grupos, lo que garantiza resiliencia.Gobernanza criminal: algunas estructuras ejercen funciones de autoridad local, imponen normas y cobran tributos.Especialización: no buscan controlar toda la cadena, sino participar como proveedores en segmentos específicos.Violencia “domesticada”: reducen ataques a la Fuerza Pública, pero aumentan las amenazas, confinamientos y desplazamientos.Proveedores más que distribuidores: su protagonismo en el mercado internacional de cocaína ha disminuido, dejando espacio a intermediarios centroamericanos.Relaciones indirectas con mafias extranjeras: los carteles mexicanos y europeos no operan directamente en Colombia.Instrumentalización del Estado: usan corrupción y cooptación para que las instituciones sean funcionales a sus intereses.Uso de tecnología: emplean drones, plataformas digitales y comunicaciones avanzadas para operaciones y control social.El rezago del EstadoEl informe subraya que, aunque el Estado colombiano ha desplegado estrategias contra el crimen por más de cinco décadas, su capacidad de adaptación ha sido limitada. Las políticas siguen concentradas en acciones militares y policiales reactivas, sin suficiente articulación institucional ni enfoque estructural. Para la FIP, combatir el crimen “no es solo una cuestión de fuerza”, sino de combinar represión con fortalecimiento institucional, lucha anticorrupción y alternativas socioeconómicas para las comunidades más golpeadas por la violencia.Recomendaciones de la FIPLa Fundación propone una agenda de diez puntos para enfrentar el fenómeno:Un marco legal realista de sometimiento a la justicia.Reformar la arquitectura institucional para mayor flexibilidad y coordinación.Atacar de manera sistemática la corrupción.Mejorar la caracterización y comprensión del crimen organizado.Cambiar los indicadores de éxito hacia resultados estratégicos.Priorizar la investigación y judicialización de macrocriminalidad.Generar información pública y confiable sobre seguridad.Fortalecer capacidades de alcaldías y gobernaciones.Reformar el sistema penitenciario.Abordar el reciclaje criminal para frenar la recomposición de grupos.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
Las labores se concentraron en 17 sitios de interés forense dentro del cementerio, donde, según la entidad, habrían sido inhumadas clandestinamente personas desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, muchos de los cuerpos fueron enterrados en condiciones precarias: algunos dentro de cajones de madera improvisados y otros envueltos en plástico, sin registros ni rituales funerarios que permitieran su identificación.El cementerio está ubicado frente al mar Caribe y la erosión costera comenzó a afectar la zona, poniendo en riesgo los sitios donde podrían encontrarse más restos humanos. Según la entidad, el avance del mar amenaza con arrastrar parte del terreno y borrar posibles evidencias clave para la búsqueda.En total, la UBPD ha realizado tres fases de intervención en este lugar. En la primera, desarrollada en 2025, se recuperaron seis cuerpos. En la segunda fase se hallaron 16 más y, finalmente, en febrero de 2026, se logró la recuperación de otros 19.La mayoría de las personas inhumadas en este lugar provenían de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Muchos eran habitantes de los propios corregimientos del municipio de Necoclí, lo que evidencia el impacto del conflicto en las comunidades de esta región costera”, afirma la UBPD.“A hoy seguimos buscando a los más de 1000 desaparecidos de la zona norte, y además agradeciendo a cada familia, a cada líder, a cada lideresa y a cada persona que se ha unido a la búsqueda por el avance que hoy estamos teniendo y continuamos fortaleciendo el plan regional para seguir dándole resultados y aliviar el sufrimiento de las familias”, aseguró Marly Lozada, funcionaria de la UBPD.Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde avanzan los procesos de identificación. Una vez se logre establecer su identidad, la Unidad de Búsqueda iniciará los procedimientos para la entrega digna a sus familias.