El informe fue dado a conocer por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante una sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI), donde se detalló que entre julio de 2021 y diciembre de 2022 se monetizaron más de 45.900 millones de pesos provenientes de estos activos.“Estos recursos han financiado 21 indemnizaciones colectivas y 2.335 individuales, además de la adquisición de 76 bienes de inversión destinados a fortalecer los procesos de reparación, beneficiando a 2.356 sujetos de reparación”.No obstante, el balance final muestra que los bienes efectivamente entregados y monetizados son menores frente al inventario reportado por las extintas Farc durante el proceso de dejación de armas.“Esta diferencia responde a diversas realidades del ejercicio, entre ellas, la ausencia de criterios técnicos para la realización del inventario, la imposibilidad de recuperar ciertos activos —especialmente inmuebles—, debido a condiciones de seguridad que impidieron las visitas de reconocimiento por parte de los firmantes y los funcionarios de la SAE S.A.S., y llevaron al hurto de algunos de ellos. Otros bienes no pudieron ser monetizados por estar destinados a la chatarrización o carecer de valor comercial”, aseguraron.El proceso, que se extendió por cerca de diez años y contó con la participación de entidades del Estado, los firmantes y el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, marca el cierre de una de las obligaciones del Acuerdo en materia de reparación material.Tras esta etapa, el Gobierno deberá avanzar en la monetización de los bienes restantes y su traslado al Fondo de Víctimas.“La CSIVI continuará verificando que la monetización de estos recursos se destine de manera ágil y efectiva a los programas de reparación integral, asegurando que el esfuerzo de coordinación entre el Estado y firmantes del Acuerdo Final de Paz se traduzca en beneficios tangibles para las víctimas del conflicto”.Finalmente, subrayaron que le corresponde a la JEP “pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones de las extintas Farc-EP y los resultados del proceso de justicia transicional previsto en el Acuerdo Final de Paz”.
Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
Un grupo de congresistas electos del Partido Conservador Colombiano prepara una carta al presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, en la que solicitan aplazar cualquier decisión sobre el candidato presidencial que respaldará el partido de cara a la primera vuelta prevista para el 31 de mayo.La misiva, firmada hasta ahora por 19 senadores y representantes a la Cámara elegidos para el período constitucional 2026-2030, plantea la necesidad de tomarse un tiempo prudente antes de definir una postura oficial. Según el documento, los legisladores consideran que no es conveniente adoptar una decisión inmediata sobre la Presidencia de la República y proponen esperar hasta después de la Semana Santa.En el texto, los congresistas argumentan que este plazo permitiría abrir un espacio adecuado para la reflexión interna, el análisis político y la construcción de consensos dentro del partido, tras las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo de 2026.Además, los firmantes hacen un llamado específico a la dirección del partido para que se abstenga de designar compromisarios mientras no se lleve a cabo una reunión formal entre los senadores y representantes electos.El objetivo, señalan, es garantizar una deliberación conjunta, ordenada e institucional antes de tomar decisiones clave sobre la estrategia electoral.Este martes se desarrolló una reunión interna de la colectividad, en un almuerzo en el salón Constitución del Capitolio Nacional, donde socializaron asuntos internos del partido, además de presentarse entre los congresistas electos y los que actualmente están en ejercicio.
Un hecho alarmante se registró en el municipio de Uribia, en La Guajira, donde una joven psicóloga de 27 años de edad fue atacada a tiros mientras dialogaba con otra mujer sentada en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Venezuela del municipio guajiro.La víctima en estado de embarazo fue sorprendida por un sicario en motocicleta que le disparó por la espalda en varias oportunidades, causando que esta quedara tendida en el piso con graves heridas.La psicóloga fue auxiliada por familiares y vecinos que la trasladaron hasta el hospital de Uribia y, posteriormente, fue remitida a un centro asistencial del municipio de Maicao, donde lograron salvarle la vida a la madre y a su hija.Aunque el estado de las dos en estos momentos es delicado, el parte médico indica que podrían salir adelante, pese a la gravedad de las heridas y quebrantos que han registrado durante el proceso asistencial.La Policía desplegó a un grupo de la Sijín para investigar y dar con el responsable de este hecho que mantiene bajo conmoción a la comunidad en La Guajira.El impactante momento quedó registrado en un video de una de las cámaras de seguridad de la vivienda donde ocurrieron los hechos.Vea el video aquí:
El accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó 69 militares muertos y 57 heridos tras el siniestro del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.Las Fuerzas Militares confirmaron que en la aeronave viajaban 126 personas: 11 tripulantes, 113 integrantes del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional. El accidente ocurrió el 23 de marzo de 2026 en inmediaciones de este municipio del sur del país.En la zona del siniestro, las autoridades hallaron restos del avión dispersos, incluyendo partes del fuselaje, motores, cola y tren de aterrizaje. Equipos técnicos y judiciales continúan con la inspección para determinar las causas del hecho.Cómo quedó el avión tras el accidente en PutumayoDe acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave presentó daños estructurales severos tras el impacto. Las labores en terreno se concentran en la recolección de evidencia y en la recuperación total de las víctimas.Las autoridades han dispuesto maquinaria para remover partes de gran tamaño del avión y facilitar las tareas de búsqueda en el área.Balance oficial de víctimas y atención a heridosEl comunicado actualizado de las Fuerzas Militares señala que 69 personas fallecieron y 57 resultaron heridas. Los lesionados fueron evacuados y reciben atención médica en centros como el Hospital Militar Central en Bogotá y otras instituciones en Florencia, Caquetá.Asimismo, las autoridades avanzan en los procesos de identificación de las víctimas con apoyo de Medicina Legal, mientras equipos institucionales brindan acompañamiento psicológico y social a los familiares.Las Fuerzas Militares expresaron su solidaridad con las familias y reiteraron su compromiso de esclarecer lo ocurrido en este accidente.
En medio de las constantes polémicas arbitrales en el fútbol colombiano, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, salió al paso de los rumores y respaldó la continuidad del exárbitro Imer Machado al frente de la Comisión Arbitral.En conversación con Blog Deportivo, el máximo dirigente de la FCF dejó claro que Machado seguirá en su cargo, destacando su trabajo y cuestionando las críticas que ha recibido cada vez que se presentan errores arbitrales en el torneo local. "Es un gran trabajador. Yo no entiendo porqué cada vez que un árbitro se equivoca le echan la culpa a Imer Machado”, afirmó Jesurún.El presidente también afirmó que, contrario a lo que muchos creen, Machado es quien más sufre cuando se presentan fallas en el arbitraje colombiano, tanto en primera como en segunda división."El tipo que más sufre cuando los errores arbitrales suceden es el director de árbitro, que es el señor Imel Machado. Entonces es también una, es un odio, porque es odio de algunas personas por alguien que está ahí y que ellos quisieran estar ahí", agregó.Jesurún también criticó lo que considera ataques injustificados hacia el exárbitro, sugiriendo que detrás de muchas críticas habría intereses personales de quienes aspiran a ocupar ese cargo.“Es un hombre honesto, serio, que trabaja enormemente para que los arbitrajes sean buenos”, agregó.Defiende el arbitrajeEn esa misma línea, el presidente de la FCF defendió el arbitraje colombiano, por lo que dijo que hay una estigmatización contra los árbitros y sus actuaciones. De hecho, expuso como ejemplo que en una jornada se pueden presentar 18 partidos con dos malos arbitrajes, pero se hace énfasis en esas polémicas y no en el resto del nivel de los jueces."Cuando un árbitro pita bien no es noticia. Aquí es noticia, y lo convertimos en deporte primordial, hablar mal de un árbitro, cuando una jugada se da o no. Sí, hay errores, pero no podemos decir que el arbitraje es malo por una jugada. Estamos estigmatizando el arbitraje", agregó Jesurún en charla con Fabio Poveda, periodista de Blog Deportivo.
En un operativo de control en la localidad de Santa Fe, fue hallado un niño de cuatro años en estado de abandono y en aparentes condiciones de desnutrición dentro de un pagadiario del sector Alameda.La intervención fue liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Alcaldía Local, como parte de una estrategia para combatir delitos como el homicidio y la extorsión en la zona.Según detalló la Secretaría, el menor fue encontrado completamente solo en una habitación, en condiciones precarias y sin la presencia de un adulto responsable. El espacio era reducido y no evidenciaba ningún tipo de cuidado adecuado. Además, el niño presentaba signos visibles de descuido y posible desnutrición, lo que llevó a activar de inmediato la ruta de protección.De manera preliminar, se conoció que la madre del menor sería trabajadora sexual en el sector. Tras el hallazgo, el niño fue trasladado y quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos.Además, en el operativo, tres personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de hurto, luego de que una víctima alertara a los uniformados sobre el robo de su celular. Los presuntos responsables fueron ubicados en un hotel cercano, donde se les encontró el celular robado, lo que permitió su judicialización inmediata.“Estos operativos no solo están enfocados en combatir delitos como el hurto o la extorsión, sino también en proteger a las poblaciones más vulnerables. El hallazgo de este menor nos obliga a actuar con toda la capacidad institucional para garantizar sus derechos y su integridad”, dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron nueve establecimientos tipo pagadiario, de los cuales dos fueron suspendidos por incumplir la normativa vigente.Además, en vía pública se incautaron armas blancas y dosis de marihuana. En uno de los establecimientos intervenidos también fueron encontrados licor y cigarrillos de contrabando, así como bebidas alcohólicas vencidas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúa la posibilidad de citar como testigo a Héctor Germán Buitrago, alias 'Martín Llanos', excomandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). La decisión se estudia tras los testimonios de campesinos de Recetor y Chameza (Casanare), quienes pidieron ser reconocidos como víctimas dentro del macrocaso 08, que investiga desapariciones forzadas.Llanos, uno de los jefes paramilitares más temidos de los Llanos Orientales, es señalado de más de 10.000 crímenes, incluidos asesinatos y desplazamientos en Meta, Casanare y Vichada.El magistrado Óscar Javier Parra explicó que el eventual llamado dependerá de las condiciones de contraste de la información y de que no exista riesgo de revictimización. Recordó que en procesos anteriores, como Justicia y Paz, Llanos se negó a aportar verdad plena, lo que genera reservas frente a su utilidad como testigo.Durante la audiencia, las víctimas expresaron temor ante versiones que apuntan a una posible libertad del exjefe paramilitar, pese a las múltiples condenas que pesan en su contra por los crímenes cometidos bajo su mando.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para que sea liberado Samuel Londoño, hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca, quien fue secuestrado por hombres armados en la zona rural de Miranda, norte del departamento. El joven, de 17 años, fue interceptado en las afueras del municipio y desde entonces se desconoce su paradero.En su pronunciamiento, la entidad manifestó su disposición a activar funciones humanitarias con el fin de facilitar el pronto regreso del menor a su hogar en óptimas condiciones de salud. Asimismo, expresó solidaridad con sus familiares, quienes atraviesan una situación de angustia tras el plagio.La Defensoría recordó que los menores de edad deben gozar de especial protección, conforme lo establece la Constitución Política de Colombia. Subrayó además que este hecho vulnera de manera directa el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que obliga a las estructuras armadas ilegales y grupos criminales a excluir de sus acciones a niños, niñas y adolescentes, respetándolos como población civil.El Cauca, uno de los departamentos más afectados por la violencia y la presencia de disidencias y bandas criminales, ha registrado en los últimos años un aumento en hechos de secuestro y extorsión que golpean a las comunidades y generan temor en la población. Ante esta situación, la Defensoría reiteró su exigencia de que los actores armados respeten de manera estricta los principios humanitarios y liberen sin condiciones al joven Londoño.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció este martes a 104 hombres como víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano, de los cuales al menos 35 eran niños cuando ocurrieron los hechos, según ese tribunal.Estos hechos de violencia sexual fueron "perpetrados por grupos paramilitares con la posible tolerancia de integrantes de la fuerza pública" y la acreditación de las víctimas se hizo como parte del Caso 11 de la JEP, que investiga violencias de género cometidas por la fuerza pública contra civiles."Los hechos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado ocurrieron entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba", los tres situados del Caribe colombiano, explicó en un comunicado la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 para juzgar crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.Según la información, estos hombres y niños "fueron sometidos a actos de violencia sexual que fueron utilizados deliberadamente como mecanismos de castigo, humillación y control, enmarcados en dinámicas de poder de género".De las víctimas reconocidas, 19 tenían entre cinco y 14 años de edad, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años, agregó el tribunal."Esta decisión marca un precedente histórico en Colombia y en el ámbito internacional de la justicia transicional, al visibilizar de manera clara los patrones, las causas y los impactos específicos de la violencia sexual contra hombres y niños en el marco del conflicto armado", señala el comunicado.Manto de silencio por miedo y vergüenzaLa Sala de Reconocimiento de Verdad constató que muchas de las víctimas "permanecieron en silencio durante años, por miedo, vergüenza y la ausencia de garantías institucionales estructurales", razones por las cuales no denunciaron la violencia sexual sufrida.Para la JEP, la violencia sexual contra hombres, adolescentes y niños en el conflicto armado colombiano "fue una forma específica de violencia basada en género, usada estratégicamente por actores armados para imponer control social, económico y territorial"Con esta forma de violencia los agresores buscaban atacar "la masculinidad de las víctimas mediante prácticas orientadas a humillar, someter y despojarlas de atributos socialmente asociados a la virilidad, reforzando un modelo de masculinidad hegemónica, dominante y violenta".La JEP investiga 11 macrocasos de violencia en el conflicto armado, tales como "toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes" cometidos por la guerrilla de las FARC; "asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado", conocidos como 'falsos positivos', y "victimización de miembros de la Unión Patriótica", partido de izquierdas exterminado en los años 80 y 90.Las investigaciones también abarcan el "reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado", "crímenes contra pueblos y territorios étnicos" y la "violencia basada en género", así como crímenes no amnistiables cometidos por agentes del Estado y por miembros de las FARC, entre otros.
En una jornada realizada este 2 de septiembre en la capital nariñense, la Unidad para las Víctimas entregó 431 cartas de indemnización administrativa a personas afectadas por el conflicto armado en varios municipios del departamento. El monto total superó los $5.264 millones.¿Quiénes fueron beneficiados?Los pagos llegaron a ciudadanos de Pasto, San Pablo, Sandoná y Yacuanquer, priorizados por criterios como edad avanzada, problemas de salud y discapacidad. Estas indemnizaciones hacen parte de los mecanismos de reparación individual contemplados en la Ley de Víctimas y buscan ofrecer un alivio económico tras años de violencia y despojo.Más allá del dineroAdemás de la entrega de recursos, los beneficiarios participaron en una jornada de orientación sobre cómo invertir de manera responsable el dinero. La estrategia busca que las víctimas puedan destinar los montos a vivienda, educación, ahorro, emprendimientos o fortalecimiento familiar, y no únicamente al gasto inmediato.“Es una ayuda enorme porque, en mi posición de estudiante, me brinda tranquilidad. Este recurso lo voy a usar para pagar mi universidad”, dijo Brigitte Hernández, una joven víctima que recibió la indemnización.Contexto de la reparaciónAunque las indemnizaciones no compensan las pérdidas sufridas, representan un paso en el proceso de reparación integral. En Nariño, cientos de familias esperan aún acceder a estos pagos, mientras organizaciones sociales insisten en que la reparación debe ir acompañada de garantías reales de no repetición y de inversión en proyectos comunitarios que fortalezcan el tejido social.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) instó este viernes al Estado colombiano a crear una alternativa humanitaria para atender a las 2.144 personas, en su mayoría civiles, que han desaparecido después de la firma del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC.Entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2025, el CICR documentó que sólo 764 de esos casos han tenido respuesta: 574 personas fueron halladas con vida y se reencontraron con sus familias, y 190 fallecieron y sus cuerpos fueron recuperados e identificados.Sin embargo, 1.380 casos permanecen sin esclarecer, lo que mantiene a sus familias en la incertidumbre, indicó el CICR en un comunicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se celebra este sábado 30 de agosto."En este día (...) acompañamos a las familias que llevan años, incluso décadas, esperando noticias de sus seres queridos, y también a aquellas que hoy enfrentan desapariciones recientes. Todas ellas nos recuerdan que cada búsqueda es urgente y que no podemos dejar de estar a su lado", señaló el coordinador adjunto de Protección del CICR en Colombia, Cleber Kemper.El organismo humanitario advirtió que las desapariciones posteriores a 2016 a día de hoy no cuentan con un mecanismo estatal de búsqueda, pues el mandato de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) se limita a los hechos ocurridos antes de esa fecha.Por ello, llamó a ajustar los mecanismos existentes para que también cubran los casos recientes y se garantice el derecho de las familias a saber qué ocurrió con sus seres queridos.El CICR alertó además sobre el rezago en la identificación de cuerpos en el país, pues miles de personas que murieron en distintas situaciones de violencia no han sido identificadas y permanecen bajo custodia de Medicina Legal."No saber qué pasó con un ser querido es una herida abierta. Esa incertidumbre prolongada es un dolor que no termina", agregó Kemper.El CICR recordó que, de acuerdo con el derecho internacional humanitario (DIH), todas las partes en los conflictos armados están obligadas a prevenir las desapariciones, garantizar el contacto de las personas privadas de la libertad con sus familias y asegurar la adecuada gestión, identificación y entrega digna de los fallecidos.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.