Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
Los dos ocupantes de un pequeño helicóptero murieron este lunes al estrellarse la aeronave contra un almacén en Boynton Beach, en el sur de Florida (EE.UU.), a unos 90 kilómetros al norte de Miami.El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 hora local (16:30 GMT), según informaron las autoridades.De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), la aeronave, un helicóptero modelo Robinson R44, impactó contra el edificio, quedando parte de los restos visibles sobresaliendo del techo del almacén, como mostraron imágenes aéreas del lugar.El Departamento de Policía de Boynton Beach y el cuerpo de Bomberos y Rescate acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia hacia el mediodía.A su llegada, encontraron el helicóptero dentro de la estructura, tras haber atravesado el techo.Las autoridades indicaron que tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigarán las causas del siniestro.Este accidente se suma a otro ocurrido la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, donde un avión colisionó con un vehículo de bomberos, ocasionando la muerte del piloto y el copiloto, en un hecho que también está bajo investigación.
El despliegue tecnológico en los cielos de Oriente Medio ha dado un giro radical con la aparición en escena de herramientas de aviación no tripulada que parecen sacadas de una película de ingeniería avanzada. Recientemente, se ha difundido material audiovisual que pone el foco sobre el lanzamiento de una flotilla de drones de última generación, los cuales han sido protagonistas en acciones dirigidas hacia puntos estratégicos, específicamente en las inmediaciones del aeropuerto Ben Gurión, la principal terminal aérea de Israel.Estamos hablando de piezas de alta tecnología diseñadas para cubrir distancias que desafían la logística convencional. Uno de los nombres que más resuena en estos reportes es el del Arash 2.Este dron no solo destaca por su diseño aerodinámico, sino por una capacidad operativa impresionante: posee un alcance de 2.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esa distancia permite que el equipo sea lanzado desde puntos muy remotos y aun así logre alcanzar objetivos precisos, como ocurrió con una instalación vinculada a la industria aeronáutica situada justo al lado del aeropuerto Ben Gurión.Las imágenes captadas por la Guardia Revolucionaria muestran el momento exacto en que decenas de estos aparatos son enviados al aire, creando una estampa que subraya la magnitud del arsenal disponible. Lo que hemos visto hasta ahora, según fuentes locales, es apenas la punta del iceberg de un inventario mucho más vasto. La operación no se limitó a un par de unidades aisladas, sino que se describió como una auténtica lluvia de proyectiles y dispositivos que cruzaron el firmamento. Este evento no ocurrió en el vacío, ya que se enmarca en una serie de intercambios de fuerza donde también se ha mencionado el uso de misiles capaces de evadir sistemas de defensa tradicionales como los Patriot.La sofisticación de estos ataques sugiere que la tecnología de drones ha alcanzado un nivel de madurez donde la detección y la intercepción se vuelven retos constantes para cualquier sistema de seguridad.El panorama se vuelve aún más complejo cuando observamos las reacciones en otros puntos del mapa. Mientras estos drones surcaban el aire, se reportaban acciones contra complejos estratégicos, incluyendo centros de energía nuclear en territorio iraní por parte de fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel, a lo cual Teherán respondió alcanzando ciudades con centros nucleares importantes.La escala de estas operaciones ha llevado a que se hable de ataques de gran envergadura contra la capital iraní, Teherán, marcando un ritmo de eventos que no da respiro a los analistas internacionales.Incluso dentro de las esferas militares de las potencias involucradas, como en el caso de Estados Unidos, existe un debate interno sobre las estrategias a seguir. Algunos efectivos han manifestado sus dudas respecto a las tácticas implementadas en esta región, lo que añade una capa de incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación en los próximos días.Lo cierto es que el Arash 2 y sus contrapartes han demostrado que la distancia ya no es un impedimento para la proyección de fuerza. Con un alcance tan extendido, estos drones de última generación se posicionan como el elemento central de una nueva era tecnológica donde la precisión y el largo alcance definen quién tiene la ventaja en el aire
“Negra, papito Dios me quiso dar una segunda oportunidad de vida y estoy vivo de milagro”, fueron las primeras palabras que le dijo el soldado profesional Jhony Ortiz a su esposa, Natalia Micanquer, minutos después de que el avión en el que se transportaba se accidentó en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo.En diálogo exclusivo con Blu Radio, la señora Micanquer aseguró que su esposo se encuentra estable. “Simplemente me ha dicho que él se encuentra bien, pero no me ha dicho más. El estado no es de gravedad, pero fue trasladado al Hospital Militar Central de Bogotá”, comentó.Relató que su esposo la llamó desde Puerto Leguízamo hacia las 6:00 de la mañana para decirle que salía de permiso y que viajaría hacia Ricaurte, donde viven. “Como a las seis o siete de la mañana se volvió a comunicar y me dijo que ya había llegado el avión Hércules y que llegaría a Bogotá sobre las ocho o nueve de la mañana”, recordó.En medio del llanto, Natalia relató que su esposo le dijo: “Bueno, me voy a subir al avión”. Minutos después, recibió la noticia del accidente. “En ese momento de desespero no sabía nada de él, ni cómo estaba”, expresó.Según contó, desde el batallón le informaron inicialmente que la aeronave se había accidentado, pero no tenía detalles sobre su estado. “Pasó más de media hora hasta que él me llamó y me dijo: ‘El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza’”, relató.El soldado le contó que tiene varios puntos en la cabeza y una fractura en el brazo, motivo por el cual fue trasladado a Bogotá. “No sé qué tan grave sea la fractura, pero me dijo que está estable”, añadió.En su testimonio, Ortiz describió los momentos de angustia dentro de la aeronave: “Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme, pero tenía la pierna atrapada porque llevábamos mucho equipaje. Había soldados encima mío, me pisoteaban. Con todas las fuerzas que me dio papito Dios logré salir”.Agregó que, aunque ya tenía el brazo fracturado, logró arrastrarse hasta salir. “Le pedí mucho a Dios y logré salir por un hueco. Tenía la pierna atascada, pero con la fuerza que me dio papá Dios logré salir. Estoy bien, solo tengo fracturas en el brazo y varios puntos en la cabeza”, le dijo a su esposa.Natalia también contó que horas antes del accidente sintió una especie de presentimiento. “Mi bebé se levantó a las cinco de la mañana y no podía dormir. Yo sentía una fatiga extraña. Mi bebé tiene apenas tres meses”, dijo.Finalmente, relató que su esposo le aseguró que sobrevivir fue un milagro: “Me dijo que fue un milagro de Dios, porque cuando él logró salir, el avión explotó. Dice que había mucha bulla y que al instante en que salió fue cuando explotó la aeronave. Había muchos muertos. Por eso dice que Dios le dio otra oportunidad de vida”.Hasta el momento, la comunicación con el soldado ha sido limitada debido a su traslado y atención médica en el Hospital Militar Central de Bogotá. “Solo me ha dicho: ‘Negra, estoy bien. Papá Dios es muy grande y me dio otra oportunidad de vida’”, concluyó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno contempla la posibilidad de retirar directamente el uranio enriquecido de Irán en caso de concretar un acuerdo entre ambos países. La declaración se produce en medio de un contexto internacional marcado por tensiones recientes y contactos indirectos entre las partes.Durante una intervención pública, el mandatario explicó que, de alcanzarse un entendimiento, Washington asumiría un papel activo en la gestión del material nuclear. Según indicó, la operación sería directa y ejecutada por Estados Unidos, lo que representaría un elemento central dentro de las condiciones del eventual pacto.En la misma línea, Trump señaló que su administración ha identificado una serie de avances en las conversaciones, mencionando la existencia de 15 puntos clave que habrían sido acordados o discutidos con Teherán. Entre estos aspectos, destacó la garantía de que Irán no desarrollaría armamento nuclear, una condición que calificó como prioritaria en cualquier negociación.El planteamiento del mandatario también incluyó referencias al mercado energético. Trump expresó su interés en que el petróleo iraní se incorpore nuevamente a los circuitos internacionales, independientemente de los beneficios económicos que pueda recibir el país productor. En ese sentido, hizo mención a la reciente decisión de permitir temporalmente la comercialización de crudo iraní, como parte de una medida que busca incrementar la disponibilidad global del recurso.De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es evitar que el petróleo permanezca almacenado sin uso, favoreciendo su circulación en el sistema energético mundial. Esta postura se enmarca en un escenario donde los precios del combustible han experimentado variaciones significativas debido a las tensiones geopolíticas en la región.Sin embargo, desde Irán han surgido versiones distintas sobre el estado de las conversaciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, desmintió que existan negociaciones directas en curso con Estados Unidos. Según explicó, lo que sí se ha producido es el intercambio de mensajes a través de países intermediarios, en los que Washington habría manifestado su interés en abrir un canal de diálogo.El funcionario iraní indicó que su país ha respondido a estas comunicaciones conforme a sus principios, sin confirmar la existencia de un proceso formal de negociación. Esta diferencia en las versiones refleja la complejidad del escenario diplomático actual.El contexto en el que se producen estas declaraciones está marcado por una escalada reciente en la región. A finales de febrero, fuerzas de Estados Unidos e Israel llevaron a cabo operaciones militares contra territorio iraní, con el objetivo declarado de neutralizar amenazas estratégicas. Estas acciones provocaron una respuesta por parte de Teherán, que incluyó el lanzamiento de misiles y drones hacia objetivos vinculados a sus adversarios.Las consecuencias del conflicto han sido significativas en términos humanos y materiales, con miles de infraestructuras afectadas y un alto número de personas heridas. Además, la situación ha tenido impacto en rutas clave para el comercio energético, como el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito se ha visto restringido, generando efectos en el mercado global.En este escenario, las declaraciones de Trump sobre un posible acuerdo y la gestión del uranio enriquecido introducen un nuevo elemento en el desarrollo de la crisis, mientras continúan las tensiones y los contactos diplomáticos en la región.
El sorteo 506 de MiLoto, realizado el lunes 23 de marzo de 2026, dejó miles de ganadores en Colombia y un nuevo acumulado que sigue creciendo. De acuerdo con la información oficial del operador del juego, 5.578 jugadores lograron algún tipo de acierto, mientras que el premio mayor quedó desierto al no registrarse ganadores con los cinco números.Los números ganadores del sorteo fueron: 01, 15, 30, 37, 38. Debido a que ningún participante acertó la combinación completa, el premio principal se acumula para el siguiente sorteo, que ahora alcanzará un acumulado de $300 millones. En total, la jornada de este lunes dejó una premiación global de $51.288.100, distribuida entre miles de apostadores que lograron desde dos hasta cuatro aciertos.Premios de MiLoto según número de aciertos5 aciertosGanadores: 0Premio total: $0Premio por ganador: $0Al no presentarse ganadores en esta categoría, el premio mayor continúa acumulándose.4 aciertosGanadores: 19Premio total: $11.228.050Premio por ganador: $590.950Los jugadores que acertaron cuatro números se llevaron uno de los premios más altos de la jornada, superando el medio millón de pesos cada uno.3 aciertosGanadores: 489Premio total: $19.780.050Premio por ganador: $40.450Esta categoría concentró una parte importante de los premios intermedios del sorteo.2 aciertosGanadores: 5.070Premio total: $20.280.000Premio por ganador: $4.000La mayor cantidad de ganadores se registró en esta categoría, lo que permitió que miles de jugadores recuperaran parte de su apuesta.Más de 5.500 ganadores en el sorteoEl balance general del sorteo refleja que 5.578 personas resultaron ganadoras en las distintas categorías del juego. La mayor parte de los premios se concentró entre quienes lograron dos y tres aciertos. MiLoto se ha consolidado como uno de los juegos de azar de mayor crecimiento en Colombia, debido a su formato de apuestas accesible y sorteos frecuentes. Cada jugador selecciona cinco números dentro de un rango determinado, y los premios se asignan según la cantidad de coincidencias con la combinación ganadora.El acumulado sube a $300 millonesTras quedar desierto el premio mayor del sorteo 506, el nuevo acumulado de MiLoto alcanza los $300 millones, cifra que estará en juego en el próximo sorteo. Este incremento en el acumulado suele atraer a más apostadores, ya que a medida que el premio crece aumenta también el interés de los jugadores en participar.Los sorteos de MiLoto se realizan varias veces por semana y los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados del operador del juego y las plataformas de loterías en Colombia. Los participantes deben verificar sus números con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia aseguró este jueves que la primera sentencia restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contra 12 exmilitares colombianos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, "contribuye a superar posturas negacionistas"."Esta sentencia contribuye a superar posturas negacionistas sobre graves violaciones de derechos humanos, que revictimizan a las víctimas y provocan más dolor en sus vidas", afirmó la Oficina en un comunicado.La JEP condenó hoy a doce exmilitares colombianos a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de guerra y de lesa humanidad como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005, en el conflicto armado colombiano.En ese sentido, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que "la articulación y la incorporación de los saberes propios y el diálogo con los sistemas de justicia étnicos en el marco de la justicia transicional resultan esenciales para la dignificación y restauración de sus derechos".La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas guerrillas de las FARC en 2016.La oficina de la ONU destacó que la sentencia reconoce "la victimización individual y colectiva que sufrieron de manera desproporcionada los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo (caribe) y los consejos comunitarios Kusuto MaGende y José Prudencio Padilla y sus territorios".Los condenados, todos miembros del Batallón de Popa, son responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país. El fallo ordena su participación en proyectos como la construcción y el mantenimiento de memoriales y centros culturales, o su apoyo en obras de infraestructura y adecuación de espacios productivos, en colaboración directa con comunidades indígenas y afrodescendientes.
La JEP emitió su segunda sentencia, esta vez contra 12 militares que hicieron parte del Batallón La Popa entre 2002 y 2005. Las 12 personas, que son responsables de 135 casos de falsos positivos, no pagarán cárcel y deberán cumplir unas sanciones restaurativas para reparar a las víctimas, la mayoría de ellas del Magdalena y Cesar.Laura Piña es la hija de Adolfo Piña, quien fue llevado de Barranquilla a Codazzi, Cesar, por medio de engaños. Piña le señaló a Blu Radio que esta sentencia es una demostración de que los falsos positivos sí existieron."Con respecto a los daños de las víctimas lo deja muy claro que en el fenómeno macrocriminal se haya agregado persecución y tortura que no habían quedado inicialmente me parece fundamental porque fue una solicitud que hicimos las víctimas. Me parece interesante los exhortos que hace a que el Gobierno pida perdón por estos crímenes, se trata de decir que hay que abolir el discurso negacionista, estos crímenes existieron", dijo Piña.Mónica Márquez es hermana de Jesús Emilio Márquez y, al pronunciarse sobre esta sentencia, dijo que empieza a darse una claridad sobre la verdad con esta sentencia y que se proyectan unas sanciones propias que buscan dignificar a las víctimas de estos crímenes."Es positivo ver cómo la JEP reconoció los daños sufridos por las víctimas, también los proyectos de sanción propia son valiosos porque están enfocados en la memoria, la cultura y la armonización, pero quisiera decir en esta parte que no queden en el papel, sino que se concreten con la participación activa con las víctimas y en cuanto al cumplimiento que sea real", dijo Márquez.Estos militares cumplirán sus sanciones desde Valledupar, quienes no residen allá tendrán que quedarse en unidades militares, aunque también se está gestionando un predio de la SAE para que allí se puedan alojar los militares mientras cumplen la sanción. Ellos tendrán un dispositivo electrónico para vigilarlos mientras cumplen las sentencias.Franklin Flórez, hermano de Albeiro Flórez Hernández, hizo varias observaciones a las sanciones de la JEP. Dice que tiene una posición crítica, ya que aunque se conoce la verdad considera que la sentencia no es proporcional al daño que se hizo. Agrega que siente que los proyectos están dirigido a ciertas comunidades y que algunas víctimas no fueron reconocidas. Tampoco le parece justo que a algunos militares se les haya impuesto la sanción por menos de ocho años."Siempre he pensado que a veces vemos que son más escuchados los victimarios que las víctimas, creemos que debemos ser nosotros los protagonistas de esta historia, no los actores de reparto o los extra, sería bueno la participación activa de todas las víctimas, de todas las personas a las que les arrebataron sus familiares", agregó Flórez.
Crece la preocupación en algunas regiones del país a raíz de hechos de orden público que se han presentado en los últimos meses, en materia de seguridad y violencia. Pero la situación no se ve mejor y, ahora, por tercer año consecutivo Colombia ocupó el primer lugar del ranking del estudio de la organización internacional Global Witness sobre el hostigamiento y crímenes contra líderes sociales."La investigación que aquí se presenta demuestra que en todas las regiones del mundo hay personas que alzan la voz para denunciar los daños causados por las industrias extractivas (como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras) y se enfrentan por ello a actos violentos, discriminación y amenazas", indicó el estudio.Ante esto, Indepaz fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse y recordó que, en 2025, van 117 líderes sociales asesinados en todo el país. Según el director de la organización, Leonardo González, esta situación va creciendo y se necesita mayor presencia, transparencia y rigurosidad de las autoridades. Además, recordó el trágico caso de Luis Fernando Sánchez Caicedo, asesinado el 8 de septiembre, a manos de la Armada Nacional: "Han dicho que fue un accidente, la alcaldesa tiene otra versión. Dice que los vieron pasar, pero el hecho es que la Armada disparó contra la lancha donde iban", dijo en diálogo con Noticias Caracol.A nivel mundial, el 82 % de asesinatos de líderes sociales se concentra en Latinoamérica, de la cual el 48 % lo ocupa Colombia por encima de países como México, Guatemala, Brasil, Filipinas, entre otros, que no superan ni el 20 %."Implementar el acuerdo de paz, implementar el plan de acción oportuna", añadió. Asimismo, el exprocurador delegado de Asuntos Ambientales Gustavo Guerrero dijo que no puede seguir siendo objeto de trámite la solicitud de una protección, en el caso de esta criminalidad y estas personas que representan una comunidad y/o región.
El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la denominados Grupos Armados Organizados Residuales, a los que se les acusa de utilizar a civiles en actos de asonada ocurridos en diferentes regiones del país.De acuerdo con la denuncia, uno de los hechos señalados ocurrió el pasado 2 de agosto en la vereda Balén, municipio de La Plata, departamento de Huila. Según el funcionario, la población civil fue “amedrentada y coaccionada por las disidencias de las Farc para marchar a un destacamento militar y obligar a las tropas del Ejército a ausentarse del lugar”.Por el caso detallado señala a la estructura Hernando González Acosta, parte del Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, que tiene varias células divididas, pero el cabecilla principal en el país es alias ‘Iván mordisco”.Los casos no se limitan solo al Huila, el viceministro instó a la Fiscalía a extender la revisión de estos casos a situaciones similares que han estado ocurriendo en otros territorios.“Estos graves hechos configuran una grave violación al ordenamiento interno y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como al Estatuto de Roma”, dice.Agregó que se estarían cometiendo delitos como concierto para delinquir y asonada, además de transgredir convenios internacionales que prohíben el uso de civiles como escudo frente a operaciones militares.La denuncia incluye un llamado a las autoridades judiciales para que reconozcan a las víctimas de estos hechos como sujetos de especial protección constitucional. Rondón sostuvo que esta protección debe enmarcarse en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a la primera sentencia de la JEP, emitida en las últimas horas contra el último secretariado de las Farc.Guterres asegura que esta decisión representa un paso clave para los mecanismos de justicia transicional, contemplados en el acuerdo de paz.“Estas decisiones deben implementarse plenamente y traducirse en acciones de reparación en favor de las víctimas. Hace un llamado a todas las personas sancionadas a mantener su compromiso con la paz y cumplir plenamente con sus sentencias, y a las autoridades gubernamentales y estatales de Colombia a garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la ejecución de las sentencias”, señaló Guterres.Es importante recordar que los siete exjefes de las Farc deberán cumplir durante ocho años sanciones restaurativas, es decir, que deberán adelantar proyectos para reparar a las víctimas de secuestro.“Las Naciones Unidas permanecen firmemente comprometidas a apoyar a Colombia en su camino hacia la paz, justicia y reconciliación, incluso a través de la Misión de Verificación de la ONU mandatada para verificar el cumplimiento y la implementación de las sanciones”, señaló Guterres en su declaración
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia emitieron un comunicado conjunto en el cual se refieren a la primera sentencia de la JEP, que fue presentada este martes en horas de la mañana. Esa jurisdicción sentenció a siete exjefes de las extintas Farc por más de 20.000 casos de secuestro que se presentaron durante el conflicto."El reconocimiento de verdad y responsabilidad que han realizado los comparecientes ante la JEP constituye un hito en los procesos de paz. Reconociendo este avance, es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad y que las personas sancionadas continúen manteniendo su compromiso con la justicia y la paz, como esperan las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Así mismo, es fundamental que el Gobierno garantice las condiciones para la implementación de estas sanciones, incluidos los recursos financieros y la seguridad", dice el comunicado de la ONU.Desde Naciones Unidas también dicen que confían en que la materialización de las sanciones pueda contribuir a la reparación de las víctimas, a la reconciliación y a la construcción de paz."Las sentencias restaurativas son fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación. El modelo innovador de justicia transicional que encarna la JEP busca garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición", agregan desde la ONU.